B.IA.LEGAL

SCP 1180/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 20 de octubre de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
20 de octubre de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
57392-2023-115-AAC
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La impetrante de tutela, alega la lesión de sus derechos a la vida, a la salud, al trabajo, a la estabilidad laboral e inamovilidad laboral por discapacidad; toda vez que fue despedida de manera intempestiva de su fuente laboral por parte de la entidad demandada, la CNS Regional La Paz; motivo por el cual, acudió ante la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz que emitió la Conminatoria de Reincorporación Laboral MTEPS-DNC-REDLAB-086-2023 de 6 de febrero, en la que se determinó su inmediata reincorporación laboral, en las mismas condiciones anteriores al momento de su injustificado despido, así como el pago de sus salarios devengados por el tiempo que duró la suspensión de la relación laboral y la restitución de los derechos a la seguridad social a corto y largo plazo; determinación administrativa que en principio si bien se cumplió fue dejada sin efecto a mérito de su revocatoria ordenada por Resolución Ministerial 515/23 de 17 de abril de 2023. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se abordarán los siguientes temas: 1) La garantía de inamovilidad laboral de las personas con discapacidad o de aquéllos trabajadores que tengan personas con discapacidad bajo su dependencia: Distinción en las modalidades de acceso a la justicia constitucional y unificación del problema jurídico material; y, 2) El análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 158/2023 de 31 de julio, cursante de fs. 106 a 111 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo la reincorporación laboral de la accionante a su fuente de trabajo que ocupaba antes de su desvinculación debiéndose procederse al pago de sus sueldos devengados y beneficios sociales que la ley establece, por el tiempo que estuvo desvinculada de su fuente laboral. 2° Exhortar a la Caja Nacional de Salud-Regional La Paz, que en el marco de la protección reforzada a la inamovilidad laboral de la que gozan las personas con discapacidad, contenido en el art. 71.II de la Constitución Política del Estado, en la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad y en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otros instrumentos internacionales, así como en la Ley General para Personas con Discapacidad, a adoptar medidas de protección respecto de este grupo de atención prioritaria, así como medidas encaminadas a capacitar a los profesionales encargados de Recursos Humanos sobre el enfoque constitucional de la discapacidad y las obligaciones concretas que emergen en relación a la estabilidad laboral reforzada. A este efecto, deberá remitirse a este Tribunal un informe dentro de los dos meses de notificado con esta Sentencia Constitucional Plurinacional, que dé cuenta sobre las referidas medidas que se hayan adoptado.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La garantía de inamovilidad laboral de las personas con discapacidad o de aquéllos trabajadores que tengan personas con discapacidad bajo su dependencia: Distinción en las modalidades de acceso a la justicia constitucional y unificación del problema
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1180/2023-S1 Sucre, 20 de octubre de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 57392-2023-115-AAC Departamento La Paz En revisión la Resolución 158/2023 de 31 de julio, cursante de fs. 106 a 111 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jannette Gutiérrez Belzu contra Rubén Richard Mamani Condori, Administrador de la Caja Nacional de Salud Regional La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memoriales presentados el 2 y 19 junio de 2023, cursantes de fs. 47 a 53; y, 56 a 59 respectivamente, la accionante expuso los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Emergente de una contratación preferente, en cumplimiento al art. 71.II de la Constitución Política del Estado (CPE) -acciones positivas para promover la efectiva integración de las personas con discapacidad-, resulta que fue recomendada por el Director General de Servicio Civil del Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, por lo que su persona se encontraba desempeñando laboralmente en la Caja Nacional de Salud (CNS) regional La Paz, bajo la modalidad de contrato a plazo fijo, siendo en total cinco contratos desde la gestión 2021, teniendo como fecha de vencimiento el último de ellos, el 30 de junio de 2023; no obstante a ello, afirma que fue despedida intempestivamente. Por tal motivo, el 6 de enero de 2023, denunció dicho despido ante la Jefatura de Trabajo de La Paz, entidad administrativa que una vez corridos los traslados de ley, emitió la Conminatoria de Reincorporación Laboral MTEPS-DNC-REDLAB-086-2023, de 6 de febrero del mismo año, por la que se dispuso su inmediata reincorporación laboral, en las mismas condiciones anteriores al momento de su injustificado despido, así como el pago de sus salarios devengados por el tiempo que duró la suspensión de la relación laboral y la restitución de los derechos a la seguridad social a corto y largo plazo. Contra dicha resolución administrativa, la apoderada legal de la CNS Regional La Paz, interpuso el recurso de revisión, emergente de ello, se pronunció la Resolución Ministerial 515/23 de 17 de abril de 2023, que de manera sorpresiva revocó totalmente la Conminatoria de Reincorporación Laboral, emitida a su favor, determinando el rechazo de la denuncia interpuesta por su persona el 6 de enero de 2023, decisión que acusó de lesiva a sus derechos como persona con discapacidad. Sostiene que la Resolución de reincorporación laboral emitida en su favor no ha sido cumplida por la CNS-Regional La Paz, vulnerando de esa manera sus derechos constitucionales, puesto que, al momento de su reincorporación, tampoco se procedió al pago de sus salarios devengados; por lo que, ante el incumplimiento de la reincorporación instruida, corresponde la interposición de las acciones constitucionales que correspondan.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Denuncia la lesión de sus derechos fundamentales a la vida, a la salud, al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral por discapacidad; citando al efecto de los arts. 14.I.II y III, 15.I y III, 18.I, 46.I.II, 48.I.II.III y IV; y, 49.III de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, disponiendo en consecuencia que la CNS Regional La Paz, proceda al cumplimiento inmediato de la Conminatoria de Reincorporación Laboral MTEPS-DNC-REDLAB-086-2023.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Verificada la audiencia de acción de amparo constitucional el 31 de julio de 2023 según consta en acta cursante de fs. 100 a 105, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La accionante a través de su abogado, en el desarrollo de la audiencia se ratificó en todos los argumentos contenidos en el memorial de acción de tutela formulada, así como en el memorial de subsanación.

Rubén Ramírez Conde, Vocal miembro de la Sala Constitucional, con el fin de absolver algunos puntos, preguntó a la accionante cual sería el acto lesivo, ante lo cual respondió que el acto lesivo es la emisión de la Resolución Ministerial 515, misma que fue emitida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. El Vocal precitado realizó otra consulta, en relación a cuál sería la participación de la CNS Regional La Paz en la vulneración de sus derechos fundamentales, ya que esa es la entidad demandada dentro de la presente acción tutelar, considerando que la Resolución que supuestamente lesionó los derechos de la accionante sería la Resolución Ministerial 515, que fue emitida por la precitada autoridad ministerial; a dicha pregunta, la impetrante de tutela señaló que, dicho ente de salud fue el causante para que se materialice la Resolución vulneradora a sus derechos, dado que la señalada resolución administrativa fue pronunciada precisamente en mérito a un recurso de revisión que fue interpuesto por la abogada apoderada de dicha entidad en Salud. El mencionado Vocal de la Sala Constitucional Cuarta, preguntó si acaso en su momento dicha entidad no dio cumplimiento a lo resuelto por la Jefatura del Trabajo; respondiendo a ello, la impetrante contesto que la CNS cumplió cuando se emitió la Conminatoria de Reincorporación Laboral a su favor, sin embargo, cuando salió la Resolución del Ministerio de Trabajo, de forma inmediata le pidieron que cese en la prestación de sus servicios laborales, hecho por el cual, considera que es dicha entidad de salud la que le está ocasionando las conculcaciones a sus derechos; por ello, considera que debe ser reincorporada a su fuente laboral pese a existir una Resolución Ministerial que anuló totalmente la Conminatoria de Reincorporación Laboral emitida a su favor.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Rubén Richard Mamani Condori, Administrador de la Caja Nacional de Salud Regional La Paz, a través de sus abogados, mediante Informe escrito de 31 de julio de 2023 cursante de fs. 91 a 93, y en audiencia de la presente acción de amparo constitucional, manifestó los siguientes argumentos: a) Emergente del pronunciamiento de la Conminatoria de Reincorporación Laboral MTEPS-DNC-REDLAB-086-2023 de 6 de febrero, se emitió el Memorando ADMR-M240-2023 de 10 del mismo mes y año, generándose en consecuencia, el Contrato de Prestación de Servicios C-6227/2022 de 1 de marzo de 2023, mediante el cual, la accionante fue reincorporada; b) Sin perjuicio a haber dado cumplimiento a la Conminatoria de Reincorporación Laboral individualizada en líneas precedentes, y en el marco de la Ley 1178, interpusieron el recurso de revisión contra dicha Conminatoria; producto de ello, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, por Resolución Ministerial 515/23 de 17 de abril de 2023, resolvió Revocar totalmente y por ende rechazó la denuncia interpuesta por la ahora accionante; c) Afirmó que el ente en salud, únicamente acató y dio cumplimiento a cada una de las Resoluciones pronunciadas por el Ministerio, señalados previamente; y, d) Sostiene que su persona en calidad de representante de la CNS Regional La Paz, no tiene legitimación pasiva en la presente acción de amparo constitucional; por ello, solicitó se deniegue la tutela.

I.2.3. Intervención de la tercera interesada

Verónica Patricia Navia Tejada, Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social a través de su representante legal en audiencia de la presente acción tutelar señaló que: 1) No considera que dicha cartera del Estado, tenga calidad de tercero interesado, dado que, la resolución a emitirse en la presente acción de defensa no afecta el interés legítimo de la titular de dicha repartición estatal, debido a que la Resolución Ministerial no es el acto que estuviese siendo demandado; y, 2) La Resolución emitida en virtud del recurso de revisión fue bajo el alcance del Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales -Ley 1468 de 30 de septiembre de 2022- y tomando en consideración lo resuelto en la SCP “0238/2019-4”.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Cuarta del departamento de La Paz, a través de la Resolución 158/2023 de 31 de julio, cursante de fs. 106 a 111 vta., denegó la tutela solicitada, determinación que fue asumida sobre la base de los siguientes fundamentos: i) Dentro del presente caso se concluye que existe falta de legitimación pasiva, invocando al efecto lo establecido en la SCP 0158/2002-R de 27 de febrero, que dentro la construcción de la interpretación constitucional, ha logrado desarrollar que la legitimación pasiva logra constituirse en la capacidad jurídica que se otorga al funcionario público o persona particular para ser recurrido sobre un acto, decisión u omisión que lesiona los derechos o garantías constitucionales de una persona; ii) Por otra parte, también la jurisprudencia constitucional ha sentado base en cuanto a criterios de interpretación constitucional estableciendo los presupuestos procesales para la legitimación pasiva, tanto de forma como de fondo; en el caso de análisis, las de forma habrían sido cumplidas con la presentación de éste recurso, la capacidad procesal que tendría la parte accionante y la competencia, -Sala de control de garantías-; respecto a los presupuestos de fondo que recaerían sobre la existencia de derecho a ser tutelado y de pretensión también se darían por cumplidos; iii) En relación a la legitimación pasiva misma que debe recaer sobre la autoridad que presuntamente vulneró el derecho alegado; en el caso en análisis, se convocó equivocadamente al Administrador de la CNS Regional La Paz, quién no emitió la resolución señalada por el accionante como la vulneradora de sus derechos fundamentales en materia laboral; por ello, el demandado carece de legitimación pasiva; y, iv) En cuanto al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que fue llamado como tercero interesado, dentro de la presente acción tutelar, se tiene que ese no puede ser considerado como tal, bajo lo previsto en el art. 31 del Código Procesal Constitucional (CPCo), dado que el tercero interesado, debe ser quién se vea de alguna manera afectado con la resolución a emitirse en la presente acción de amparo constitucional, extremo que en el presente caso no se cumple.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa carnet de discapacidad físico motora con grado de discapacidad grave perteneciente a Jannette Gutiérrez Belzu -ahora accionante- (fs. 3). II.2. Constan Contratos de Prestación de Servicios realizados por la Caja Nacional de Salud y la solicitante de tutela, detallados de la siguiente manera: a) Contrato C-3737/21 de 12 de abril del 2021; mediante el cual, la mencionada fue contratada como Fonoaudióloga en el Geriátrico, desde el 5 de abril al 30 de junio de ese año; b) Contrato C-5146/21 de 30 de junio de 2021; por la que, fue contratada como Técnica Fonoaudióloga, del 5 de julio al 30 de septiembre de 2021; c) Contrato MAT: 666123GBJ de 1 de febrero de 2022 como Técnica Fonoaudióloga, del 14 de enero al 30 de junio de 2022; d) Contrato MAT: 666123GBJ de 12 de agosto de 2022, en el cargo de Técnica Fonoaudióloga, del 2 de agosto al 28 de octubre de 2022; y, e) Contrato MAT: 666123GBJ de 1 de marzo de 2023; mediante el cual, la accionante fue contratada como Técnica Fonoaudióloga, de ese mismo día al 30 de junio de igual año (fs. 19 a 28). II.3. Cursa Conminatoria de Reincorporación Laboral MTEPS-DNC-REDLAB-086-2023 de 6 de febrero, emitida por Julia Elena Condori Montevilla, Jefa Departamental de Trabajo de La Paz, mediante la cual dispuso la inmediata reincorporación laboral de Jannette Gutiérrez Belzu, en las mismas condiciones anteriores al momento de su injustificado despido, así como el pago de sus salarios devengados por el tiempo que duró la suspensión de la relación laboral y la restitución de los derechos a la seguridad social a corto y largo plazo (fs. 10 a 12 vta.). II.4. Consta contrato a plazo fijo de 1 de marzo de 2023 que se suscribió entre la Caja Nacional de Salud y la accionante a mérito al memorando Cite ADMR-M-240-2023 de 10 de febrero y en cumplimiento de la Conminatoria de Reincorporación Laboral MTEPS-DNC-REDLAB-086-2023 de 6 de febrero (fs. 79 a 81). II.5. Por Resolución Ministerial 515/23 de 17 de abril de 2023, emitida por Verónica Patricia Navia Tejada, Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social -ahora tercera interesada-, se resolvió REVOCAR TOTALMENTE la Conminatoria de Reincorporación Laboral MTEPS-DNC-REDLAB-086-2023 de 6 de febrero, pronunciada a favor de Jannette Gutiérrez Belzu, y por ende RECHAZAR la denuncia interpuesta por la señalada contra de la Caja Nacional de Salud Regional La Paz; dicha determinación, se basó en que la autoridad a quo no consideró la disposición contenida en el art. 13 de la Ley General del Trabajo, ni la temporalidad del último contrato de trabajo, aspectos que merecían un tratamiento distinto a la administrativa; correspondiendo, dilucidar tales extremos a la judicatura laboral (fs. 14 a 17 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La impetrante de tutela, alega la lesión de sus derechos a la vida, a la salud, al trabajo, a la estabilidad laboral e inamovilidad laboral por discapacidad; toda vez que fue despedida de manera intempestiva de su fuente laboral por parte de la entidad demandada, la CNS Regional La Paz; motivo por el cual, acudió ante la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz que emitió la Conminatoria de Reincorporación Laboral MTEPS-DNC-REDLAB-086-2023 de 6 de febrero, en la que se determinó su inmediata reincorporación laboral, en las mismas condiciones anteriores al momento de su injustificado despido, así como el pago de sus salarios devengados por el tiempo que duró la suspensión de la relación laboral y la restitución de los derechos a la seguridad social a corto y largo plazo; determinación administrativa que en principio si bien se cumplió fue dejada sin efecto a mérito de su revocatoria ordenada por Resolución Ministerial 515/23 de 17 de abril de 2023. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se abordarán los siguientes temas: 1) La garantía de inamovilidad laboral de las personas con discapacidad o de aquéllos trabajadores que tengan personas con discapacidad bajo su dependencia: Distinción en las modalidades de acceso a la justicia constitucional y unificación del problema jurídico material; y, 2) El análisis del caso concreto.

III.1. La garantía de inamovilidad laboral de las personas con discapacidad o de aquéllos trabajadores que tengan personas con discapacidad bajo su dependencia: Distinción en las modalidades de acceso a la justicia constitucional y unificación del problema

jurídico material

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0311/2020-S1 de 12 de agosto, asumió el siguiente razonamiento: Corresponde distinguir las dos modalidades diferenciadas de protección constitucional que proceden y que están en la tradición jurisprudencial ante la vulneración de la garantía de la inamovilidad laboral de las personas con discapacidad o de aquéllos trabajadores que tengan personas con discapacidad bajo su dependencia, como son: i) La tutela directa a través de la acción de amparo constitucional, sin la exigencia del agotamiento de ninguna vía judicial o administrativa o, en su caso; y, ii)

La tutela a través de la acción de amparo constitucional, vía cumplimiento de la conminatoria de reincorporación emitida por la Jefatura Departamental del Trabajo. La distinción mencionada, permite visualizar claramente que ante despidos producidos en el sector público o privado, la búsqueda de la protección de la garantía de inamovilidad de las personas con discapacidad o de aquéllos trabajadores que tengan personas con discapacidad bajo su dependencia, formalmente puede tener dos procedimientos disímiles, por cuanto algunas veces el o la justiciable opta por acudir directamente a la justicia constitucional vía acción de amparo constitucional sin que exista ninguna conminatoria de reincorporación emitida por la autoridad administrativa laboral y, otras veces, elige acudir previamente a la vía administrativa, esto es, ante la Jefatura Departamental del Trabajo y en este camino procesal, obtiene una conminatoria de reincorporación y, ante su incumplimiento por el empleador, interpone acción de amparo constitucional buscando precisamente se cumpla tal conminatoria. En ese orden, si bien formalmente se plantean dos actos lesivos distintos ante la justicia constitucional, esto es: a) La denuncia de incumplimiento de la conminatoria de reincorporación emitida por la Jefatura Departamental del Trabajo de Santa Cruz por el empleador, quien se niega a reincorporar a las personas con discapacidad o de aquéllos trabajadores que tengan personas con discapacidad bajo su dependencia o, en su caso; y, b) La denuncia de despido de estas personas pertenecientes a un grupo de atención prioritaria, a ser valorado 2Sobre esta vía de protección pueden consultarse las SSCCP 015/2018-S4 de 23 de febrero y 0123/2018-S4 de 16 de abril, 060/2018-S2 de 15 de marzo, y 058/2018 de 15 de marzo, entre otras.

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en numerosas oportunidades se pronunció sobre el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral dispuesta por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, señalando que en estos casos procede directamente la acción de amparo constitucional. Así, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0138/2012 de 4 de mayo y 0177/2012 de 14 de mayo, establecen que debe hacerse abstracción del principio de subsidiariedad en aquellos casos en los que una trabajadora o trabajador demande la reincorporación a su fuente laboral ante un despido sin causa legal justificada, con el único requisito previo de recurrir a las Jefaturas Departamentales o Regionales de Trabajo denunciando este hecho, a objeto que estas entidades, una vez establecido el retiro injustificado, conminen al empleador la reincorporación inmediata, en los términos previstos por el DS 0495 de 1 de mayo de 2010; y ante su incumplimiento, se hace viable la tutela constitucional a través de la acción de amparo constitucional; efectivamente, la señalada SCP 0177/2012, tuvo el siguiente razonamiento en el Fundamento Jurídico III.3:

1) En caso de que una trabajadora o un trabajador, ante un eventual retiro intempestivo sin causa legal justificada opte por su reincorporación, deberá denunciar este hecho ante las Jefaturas Departamentales de Trabajo; entidades que deberán asumir el trámite previsto por el DS 0495, emitiendo si corresponde la conminatoria de reincorporación en los términos previstos en esta norma, y en caso de que el empleador incumpla la conminatoria, el trabajador o trabajadora podrá interponer la acción de amparo constitucional, misma que resulta más idónea en estos casos por las razones antes expuestas.

2)Aclarando que la conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, en los alcances del DS 0495, no constituye una resolución que defina la situación laboral de la trabajadora o el trabajador, por cuanto el empleador puede impugnar ésta determinación en la justicia ordinaria, conforme previene el referido Decreto Supremo; vale decir interponiendo una acción laboral dentro los alcances establecidos por el art. 65 del Código Procesal del Trabajo (CPT), precepto que otorga la posibilidad al empleador de constituirse en parte demandante en una acción social, instancia en la que en definitiva se establecerá si el despido fue o no justificado, esto debido a que la justicia constitucional sólo viabiliza la tutela inmediata ante la decisión unilateral del empleador que opta por un despido intempestivo sin causa legal justificada.

3) En aquellos casos en que la trabajadora o trabajador, fuera sometido a un proceso interno dentro el cual se determine su despido por una de las causales establecidas en el art. 16 de la LGT y art. 9 del DR, en su caso por vulneración a su Reglamento Interno, el procedimiento previsto por el DS 0495, no será aplicable; debiendo la trabajadora o trabajador, que estime que su destitución fue ilegal o injustificada, incoar la correspondiente demanda de reincorporación ante la judicatura laboral.

directamente por la justicia constitucional, sin que exista de por medio una conminatoria de autoridad administrativa que cumplir; sin embargo, en ambos casos existe, en realidad, un mismo acto lesivo esencial vinculado al despido de las personas con discapacidad o de aquéllos trabajadores que tengan personas con discapacidad bajo su dependencia y en ambos casos se busca la protección de la garantía de inamovilidad. De ello se desprende que existe un mismo problema jurídico; pues, se trata de un mismo acto lesivo esencial, con los mismos o similares derechos supuestamente vulnerados y la misma petición.

III.1.1. Aspectos sustantivos sobre la garantía de inamovilidad laboral de las personas con discapacidad o de aquéllos trabajadores que tengan personas con discapacidad bajo su dependencia

A partir de la promulgación de la Constitución Política del Estado el 7 de febrero de 2009, los derechos de las personas con discapacidad, son reconocidos en la Norma Suprema de manera específica y en los Instrumentos Internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad.

En efecto, la garantía de inamovilidad laboral de este grupo de atención prioritaria está consagrado en el art. 70 de la CPE; en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Disposición contenida en los arts. II y III); la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (art. 4.1); la Observación General 5 emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC); la 3La SCP 0015/2018-S2 de 28 de febrero, en su FJ III.2.1, citando la SCP 0367/2012, enfatizó que tanto los jueces o tribunales de garantías y el Tribunal Constitucional Plurinacional ante de realizar la fundamentación normativa y la motivación fáctica de las resoluciones constitucionales que emitan, deben identificar de manera resumida y clara el o los problemas jurídicos que deberán resolver, en cuya formulación, “…deben tomarse en cuenta tres elementos que conforman un problema jurídico, esto es, los actos u omisiones ilegales denunciados por la parte accionante (acto lesivo), en los que hubiera incurrido la o las autoridades o persona o personas demandadas, vinculadas con los derechos o garantías supuestamente lesionados, suprimidos o amenazados de restricción o supresión, con el amparo solicitado; es decir, la petición”. 4El Estado boliviano con relación a las personas con discapacidad, ratificó a través de Ley 4024 de 15 de abril de 2009, la Convención Internacional sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y su Protocolo Facultativo. El art. II, indica: “Los objetivos de la presente Convención son la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad. Asimismo, el art. III, refiere que: “Para lograr los objetivos de esta Convención, los Estados parte se comprometen a:“1. Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad…”. 5Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, suscrita en Guatemala, el 7 de junio de 1999 y aprobada mediante Ley 2344 promulgada el 26 de abril de 2002. Depósito del instrumento de ratificación el 30 de mayo de 2003. En ese orden, el art. 4.1, señala: “Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen a: a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención; b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad”.

Declaración de los Derechos de los Impedidos, proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mediante Resolución 3447 del 9 de diciembre de 1975; y, El Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); que son Instrumentos Internacionales que reflejan el compromiso de eliminar situaciones discriminatorias contra las personas con discapacidad, procurando la creación de oportunidades de trabajo para este grupo vulnerable. La garantía de inamovilidad laboral en la ley, está instituida en el art. 34.II de la Ley General para Personas con Discapacidad (LGPD) -Ley 223 de 2 de marzo de 2012- a favor del cónyuge, padre, madre y/o tutor de las personas con discapacidad, ante un despido injustificado, protección que no es absoluta por cuanto se mantiene en tanto el trabajador no incurra en las causales de despido contempladas por la Ley General del Trabajo. Es decir, la garantía de inamovilidad laboral del trabajador, es para sí cuando tiene alguna discapacidad y/o cuando tiene una persona dependiente con discapacidad, que encuentra su fundamento en la dignidad humana, así como en la no discriminación, con el objetivo de lograr la igualdad material en las oportunidades de trabajo y la satisfacción de los derechos involucrados, como parte de las obligaciones del Estado. Así el Tribunal Constitucional a través de la SC 0235/2007-R de 10 de abril, tuteló la garantía de inamovilidad funcionaria y laboral de estos trabajadores, en el entendido que la ruptura de la continuidad de la relación laboral, puede afectar no solo al trabajador sino también a un dependiente con discapacidad; por lo que, la protección otorgada a los trabajadores o servidores públicos que presten servicios en los sectores público o privado, se extiende a este dependiente discapacitado, instituyendo así una tutela reforzada, en razón a la discapacidad de la persona que tenga bajo su dependencia, con la salvedad que su despido se opere por las causas señaladas por ley a través de un debido proceso. Razonamiento jurisprudencial que fue reiterado posteriormente, por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0391/2012 de 22 de junio, 0614/2012 de 23 de julio y 0390/2014 de 25 de febrero, entre otras. En consecuencia, esta protección conlleva obligaciones pasivas para el empleador, de abstenerse a realizar cualquier medida que limite el ejercicio de estos derechos, entendiendo que, de la vulneración del derecho al trabajo y otros derechos laborales conexos, que corresponden al trabajador, deriva la lesión al ejercicio de los derechos de aquella persona dependiente con discapacidad, que atañen a su dignidad e igualdad. Al contrario, le corresponde al empleador tanto en las entidades públicas y privadas, asegurar al trabajador a cargo de la asistencia y manutención de esta persona, la permanencia en su fuente de trabajo. Sin embargo, esta protección no es absoluta, toda vez que, está condicionada a una buena conducta del trabajador en su desempeño laboral, ya que el retiro se justifica si éste incurre en una causal de despido establecido conforme a ley.

III.1.2. La concesión de la tutela debe disponer los efectos jurídicos más favorables, independientemente de la modalidad de acceso a la justicia constitucional de las personas con discapacidad o de aquéllos trabajadores que

tengan personas con discapacidad bajo su dependencia

Conforme se señaló anteriormente, el problema jurídico material es el mismo cuando se busca la protección de la garantía de inamovilidad laboral de las personas con discapacidad o de aquéllos trabajadores que tengan personas con discapacidad bajo su dependencia. Esto significa que, independientemente de la modalidad de acceso a la justicia constitucional que elija la o el justiciable (denunciando incumplimiento de conminatoria de reincorporación o, en su caso, despido vía tutela directa), la concesión de la tutela, en uno u otro caso, debe ordenar los efectos jurídicos más favorables, asumiéndose como criterio orientador el principio de prevalencia del derecho sustancial respecto al formal (Por todas, la SC 0897/2011 de 6 de junio y SCP 1662/2012 de 1 de octubre), toda vez que la forma de acceso a la justicia constitucional no puede prevalecer sobre los derechos sustanciales. Estos son:

a) La concesión de la tutela de las personas con discapacidad o de aquéllos trabajadores que tengan personas con discapacidad bajo su dependencia, tiene efectos de una tutela definitiva, vía cumplimiento de una conminatoria de reincorporación o a través de una tutela directa. La concesión de la acción de amparo constitucional -ordenando el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral y demás derechos sociales, emitida por la Jefatura Departamental del Trabajo o, en su caso, a través de una tutela directa por la justicia constitucional que ordene la reincorporación- tiene efectos de una tutela definitiva, hasta que no existan causales que justifiquen debidamente su despido, conforme lo dispuesto en el art. 34.II LGPD.

En efecto, la eficacia de la concesión de la tutela a las personas con discapacidad o de aquéllos trabajadores que tengan personas con discapacidad bajo su dependencia es definitiva, contrariamente a lo que ocurre con el resto de los trabajadores a quienes sí se les otorga únicamente una tutela provisional y transitoria hasta que la jurisdicción laboral defina su situación, conforme lo entendió la SCP 0177/2012.

8El principio de prevalencia del derecho sustancial respecto al formal se vincula con el principio de verdad material, conforme lo entendió la SCP 1662/2012 de 1 de octubre, al sostener: “(…) el principio de verdad material consagrado por la propia Constitución Política del Estado, corresponde ser aplicado a todos los ámbitos del derecho; en ese orden, debe impregnar completamente la función de impartir justicia. Por ende, no es posible admitir la exigencia de extremados ritualismos o formalismos, que eclipsen o impidan su materialización, dado que todo ciudadano tiene derecho a una justicia material, como se desprende de lo estipulado por el art. 1 de la CPE, por lo que, debe garantizarse que las decisiones de las autoridades jurisdiccionales a cargo del proceso, sean producto de apreciaciones jurídicas, procurando la resolución de fondo de las problemáticas sometidas a su jurisdicción y competencia; pues si bien, las normas adjetivas prevén métodos y formas que aseguren el derecho a la igualdad de las partes procesales, para garantizar la paz social evitando cualquier tipo de desorden o caos jurídico; sin embargo, los mecanismos previstos no pueden ser aplicados por encima de los deberes constitucionales, como es la de otorgar efectiva protección de los derechos constitucionales y legales, accediendo a una justicia material y por lo tanto, verdaderamente eficaz y eficiente. Todo ello con el objetivo final de que el derecho sustancial prevalezca sobre cualquier regla procesal que no sea estrictamente indispensable para resolver el fondo del caso sometido a conocimiento del juez”.

9La SCP 177/2012, en el FJ. III.3. señala que la competencia de la jurisdicción constitucional se limita a verificar el incumplimiento de la conminatoria, sin que corresponda analizar la fundamentación o la legalidad de dicha determinación; pues, esa labor es propia de la jurisdicción laboral, que podrá ser activada por el empleador si considera que la conminatoria resulta ilegal, con independencia de la concesión de la tutela por la justicia constitucional; pues esta concesión –se reitera- resulta provisional, hasta que la jurisdicción laboral defina la situación de la o el trabajado. Por ello, “… aplicando las normas legales relativas a la estabilidad laboral descritas, se debe considerar los siguientes supuestos: “2) Aclarando que la conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, en los alcances del DS 0495, no constituye una resolución que defina la situación laboral de la trabajadora o el trabajador, por cuanto el empleador puede impugnar ésta determinación en la justicia ordinaria, conforme previene el referido Decreto Supremo; vale decir interponiendo una acción laboral dentro los alcances establecidos por el art. 65 del Código Procesal del Trabajo (CPT), precepto que otorga la posibilidad al empleador de constituirse en parte demandante en una acción social, instancia en la que en definitiva se establecerá si el despido fue o no justificado, esto debido a que la justicia constitucional sólo viabiliza la tutela inmediata ante la decisión unilateral del empleador que opta por un despido intempestivo sin causa legal justificada”.

De otro lado, la inexigibilidad de agotar las vías administrativas o judiciales laborales por las personas con discapacidad o de aquéllos trabajadores que tengan personas con discapacidad bajo su dependencia, es porque estas vías no resultan eficaces para reparar la afectación de la garantía de inamovilidad laboral, eficacia del medio (administrativo o judicial) medido después del examen de la condición de vulnerabilidad de los justiciables que pertenecen a grupo de atención prioritaria y de protección reforzada. Un entendimiento en contrario, los condenaría a una protección tardía.

En ese orden, es necesario aclarar que ocurre cuando el empleador impugna a través de los recursos de revocatoria y jerárquico la conminatoria laboral de reincorporación y, en ese sentido está pendiente de resolución o, en su caso, a tiempo de la interposición de la acción de amparo constitucional ya existe una resolución administrativa emitida por el Ministerio del Trabajo Empleo y Previsión Social, que revocó tal conminatoria. Al respecto, corresponde señalar que la tutela que se otorgue en favor de las personas con discapacidad o de aquéllos trabajadores que tengan personas con discapacidad bajo su dependencia, tiene efectos de una tutela definitiva, por las siguientes razones:

1) Si bien el el DS 0495 de 1 de mayo de 2010, reconoce el derecho del empleador a impugnar la conminatoria de reincorporación a través de los recursos de revocatoria o jerárquico, conforme lo entendió la SCP 0591/2012 de 20 de julio en una acción concreta de inconstitucionalidad, razonamiento jurisprudencial refrendado por la SCP 177/2012 que de igual forma reconoció que el 10La SCP 0366/2016-S3 de 15 de marzo, cita la SCP 0591/2012 de 20 de julio y señala: “No obstante lo anterior, es preciso aclarar que ambos razonamientos jurisprudenciales al presente, precisan ser adecuados a la declaración de inconstitucionalidad de la palabra ‘únicamente’ del parágrafo IV del artículo 10 del DS 28699, incorporado por el DS 0495; y de la RM 868/10 (SCP 0591/2012 de 20 de julio); declaración que de manera provisional, esto es ‘…hasta que el Órgano Legislativo dicte las normas específicas que requiere la potestad administrativa de resolver conflictos laborales’, derivó la eventual impugnación de la Conminatoria de reincorporación, en sede administrativa, a través del trámite previsto por los arts. 56 a 68 de la LPA, lo que por cierto no es óbice, como lo aclara la referida SCP 0591/2012, para la ejecución inmediata de la Conminatoria de reincorporación, una vez que ésta fue pronunciada”. 11La SCP 0177/2012. Señala: “2) Aclarando que la conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, en los alcances del DS 0495, no constituye una resolución que defina la situación laboral de la trabajadora o el trabajador, por cuanto el empleador puede impugnar ésta determinación en la justicia ordinaria, conforme previene el referido Decreto Supremo; vale decir interponiendo una acción laboral dentro los alcances establecidos por el art. 65 del Código Procesal del Trabajo (CPT), precepto que otorga la posibilidad al empleador de constituirse en parte demandante en una acción social, instancia en la que en definitiva se establecerá si el despido fue o no justificado, esto debido a que la justicia constitucional sólo viabiliza la tutela inmediata ante la decisión unilateral del empleador que opta por un despido intempestivo sin causa legal justificada.

empleador puede a acudir tanto a la vía administrativa como la jurisdiccional laboral, para hacer valer sus derechos, subrayando que la concesión de la tutela es solo provisional; sin embargo, dichas sentencias fueron pronunciadas en base a la norma reglamentaria prevista en el DS 0495, aplicable únicamente a trabajadores comunes, esto es, que no están bajo la garantía de inamovilidad que les asiste a las personas con discapacidad o de aquéllos trabajadores que tengan personas con discapacidad bajo su dependencia.

2) El DS 0495 mencionado, es norma reglamentaria general respecto de la norma especial contenida en el art. 34.II de la LGPD que reconoce la garantía de inamovilidad a favor del cónyuge, padre, madre y/o tutor de las personas con discapacidad, ante un despido injustificado, protección que no es absoluta por cuanto se mantiene en tanto el trabajador no incurra en las causales de despido contempladas por la Ley General del Trabajo y, por lo mismo, en mérito al principio de especialidad de la norma, que determina que “…ante una concurrencia aparente de disposiciones legales sobre una materia, surge el principio de especialidad de la norma, por el cual una normativa especial prevalece sobre una de carácter general por ser la más adecuada al caso…” (SCP 2569/2012 de 21 de diciembre y SCP 0023/2018-S2, de 28 de febrero) se aplica norma especial.

3) La justicia constitucional, abre su competencia para hacer cumplir únicamente decisiones administrativas de reincorporación, lo que supone que así esté pendiente de resolución un recurso de revocatoria o jerárquico, o exista una resolución que hubiere revocado una conminatoria de reincorporación, o finalmente se hubiere abierto la vía jurisdiccional laboral por el empleador, estas vías son independientes de la tutela directa y definitiva que otorga la justicia constitucional a las personas con discapacidad o de aquéllos trabajadores que tengan personas con discapacidad bajo su dependencia, criterio además que es coherente cuando la jurisprudencia es uniforme en señalar que no es necesario agotar ninguna vía administrativa o judicial antes de interponer el amparo.

b) La concesión a las personas con discapacidad o de aquéllos trabajadores que tengan personas con discapacidad bajo su dependencia, debe reconocer todos los derechos involucrados, vía cumplimiento de una conminatoria de reincorporación o, a través de una tutela directa

Anteriormente se subrayó que la protección de la garantía de inamovilidad a las personas con discapacidad o de aquéllos trabajadores que tengan personas con discapacidad bajo su dependencia, implica además la protección de todos los derechos involucrados en esta garantía, que trascienden el derecho al trabajo, sumándose el derecho a la salud, el derecho a seguridad social, el derecho a la vida digna. Ahora bien, la conminatoria de reincorporación emitida por la Jefatura Departamental del Trabajo puede proteger todos los derechos involucrados, o puede tutelarlos de manera parcial o, en su caso, de manera distorsionada. Frente a ello, la jueza, el juez o tribunal de garantías y el Tribunal Constitucional Plurinacional en revisión, no están impedidos por el contrario, pueden y deben ordenar -producto de la concesión de la tutela-: i) El cumplimiento total de la conminatoria, cuando esta reconoce todos los derechos involucrados; ii) Ampliar la protección a otros derechos que no se hubieran reconocido en la conminatoria laboral; y, iii) Reconducir los efectos jurídicos de la conminatoria, cuando protege de manera distorsionada los derechos involucrados. En suma, pueden y deben modificar los efectos jurídicos de la conminatoria, siempre y cuando la modificación sea más favorable a lo asumido por la Jefatura Departamental del Trabajo, al amparo de los criterios de interpretación pro homine y de favorabilidad contenidos en los arts. 13.IV y 256 de la CPE.

En ese orden, la conminatoria de reincorporación no dispone el pago de sueldos devengados desde el día de la desvinculación laboral de las personas con discapacidad o de aquéllos trabajadores que tengan personas con discapacidad bajo su dependencia, conforme la jurisprudencia uniforme contenida en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0058/2018-S2, 0060/2018-S2, ambas de 15 de marzo y 0108/2018-S2, de 11 de abril, entre otras, corresponde a la justicia constitucional disponer su pago.

III.2. Análisis del caso concreto

La impetrante de tutela, alega la lesión de sus derechos a la vida, a la salud, al trabajo, a la estabilidad laboral e inamovilidad laboral por discapacidad; toda vez que fue despedida de manera intempestiva de su fuente laboral por parte de la entidad demandada, la CNS Regional La Paz; motivo por el cual, acudió ante la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz que emitió la Conminatoria de Reincorporación Laboral MTEPS-DNC-REDLAB-086-2023 de 6 de febrero, en la que se determinó su inmediata reincorporación laboral, en las mismas condiciones anteriores al momento de su injustificado despido, así como el pago de sus salarios devengados por el tiempo que duró la suspensión de la relación laboral y la restitución de los derechos a la seguridad social a corto y largo plazo; determinación administrativa que en principio si bien se cumplió fue dejada sin efecto a mérito de su revocatoria ordenada por Resolución Ministerial 515/23 de 17 de abril de 2023. Con carácter previo, se debe aclarar que la legitimación pasiva resulta de la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción -SSCC 0691/2001-R y 0192/2010-R, entre muchas otras-. En ese orden, dependiendo del acto lesivo concreto denunciado, la legitimación pasiva puede variar o flexibilizarse, dado que, el legitimado pasivo principal es el empleador del sector público o privado, quien causó la violación de la garantía de inamovilidad de las personas con discapacidad o de aquellos trabajadores que tengan personas con discapacidad bajo su dependencia; consecuentemente, dicha persona o autoridad resulta la llamada a reparar tal garantía y los derechos involucrados en ella; empero, ello no excluye que, en los casos en que se revoque la correspondiente conminatoria de reincorporación por el titular del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, corresponderá la flexibilización de la legitimación pasiva, debido a que se trata de la protección de un grupo de atención prioritaria. Hecha esta aclaración, se tiene que la entidad demandada en su defensa sostuvo que inicialmente, en cumplimiento a la Conminatoria de Reincorporación se contrató nuevamente a la impetrante de tutela generándose en consecuencia, el Contrato de Prestación de Servicios C-6227/2022 de 1 de marzo de 2023, mediante el cual, la accionante fue reincorporada; y, que sin perjuicio de ello, se interpuso el recurso correspondiente contra la misma. A tal efecto, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, por Resolución Ministerial 515/23 de 17 de abril de 2023, resolvió revocar totalmente y por ende rechazar la denuncia interpuesta por la ahora accionante, por lo que la merituada Conminatoria quedó sin efecto. Bajo ese marco, de acuerdo a los antecedentes adjuntos al expediente constitucional, se puede advertir que la peticionante de tutela se constituye en una persona con discapacidad; toda vez que, cuenta con el correspondiente carnet que demuestra una inhabilidad física motora grave de cincuenta por ciento, lo cual le permitió acceder a la resolución administrativa MTEPS/VESCyCOOP/DGSC 06 de 7 de diciembre de 2021 pronunciada por el Director General de Servicio Civil dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social que recomienda a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la Caja Nacional de Salud Regional de La Paz la contratación preferente de la demandante de tutela, elementos que demuestran que se constituye en una persona que forma parte de un grupo vulnerable y prioritario en su atención, y por lo tanto, de protección reforzada en la vigencia de sus derechos como a la inamovilidad laboral, asumiéndose como criterio orientador el principio de prevalencia del derecho sustancial respecto al formal, toda vez que la forma de acceso a la justicia constitucional no puede prevalecer sobre los derechos sustanciales conforme al desarrollo del entendimiento asumido en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional.

En ese contexto, y de acuerdo a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional, la accionante se encuentra salvaguardada por el régimen de protección laboral diseñado por el orden constitucional, ello, por su condición de discapacidad; puesto que, el hecho en sí mismo de haber existido una relación laboral, genera en favor de la trabajadora un régimen de protección en correspondencia al deber que impone al Estado de otorgar protección, cualquiera sea la modalidad de la forma de trabajo. Estado de protección patentizado por la vinculatoriedad de los principios laborales, como el de protección tutelar, de primacía de la relación laboral, continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba, que se encuentran constitucionalizados; en cuyo mérito, se garantiza la protección de la impetrante de tutela en su calidad de trabajadora. Por lo mencionado, si bien hubo una conminatoria de reincorporación y ésta fue cumplida por el servicio de salud demandado mediante el contrato a plazo fijo de 1 de marzo de 2023 que se suscribió entre la Caja Nacional de Salud y la accionante a mérito al memorando Cite ADMR-M-240-2023 de 10 de febrero de 2023 (Conclusiones II.4), empero, ésta fue dejada sin efecto como consecuencia de la Resolución Ministerial 515/23 de 17 de abril emitida por la titular del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Ahora bien, en el entendido que la justicia constitucional debe hacer cumplir únicamente decisiones administrativas de reincorporación, debe tomarse en cuenta que lo resuelto en revocatoria o jerárquico, o aún exista una resolución que hubiere revocado una conminatoria de reincorporación, o finalmente se hubiere abierto la vía jurisdiccional laboral por el empleador, se constituyen en vías independientes de la tutela directa y definitiva que otorga la justicia constitucional a las personas con discapacidad o de aquéllos trabajadores que tengan personas con discapacidad bajo su dependencia, criterio además que es coherente con la jurisprudencia desplegada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional que es uniforme en señalar que no es necesario agotar ninguna vía administrativa o judicial antes de interponer la acción de amparo constitucional. En el caso particular, se evidencia que la peticionante de tutela en su condición de persona discapacitada; no obstante, de encontrarse vigente el contrato a plazo fijo de 1 de marzo de 2023 que suscribió con la Caja Nacional de Salud fue despedida intempestivamente; por lo que, cumpliendo el procedimiento sumarísimo exigido por el DS 0495 acudió ante la autoridad laboral administrativa para obtener una Conminatoria de reincorporación a su favor y que si bien -se reitera- mediante Resolución Ministerial 515/23 de 17 de abril fue revocada, ello no quiere decir, que no pueda tutelarse sus derechos que claramente se vieron afectados, al haberse corroborado su condición de discapacidad grave que sobre ella pesa, y que necesariamente debe ser objeto de tutela, pues se afectó su derecho a la inamovilidad laboral, que según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional citada en el Fundamento Jurídico del presente fallo constitucional, protege a todas las personas con discapacidad, puesto que, la garantía de la inamovilidad laboral implica la continuidad y estabilidad laboral. De tal modo que, la entidad empleadora no puede cesar de sus funciones a la accionante, aun se haya revocado la repetida resolución de reincorporación laboral; dado que, la justicia constitucional, abre su competencia para hacer cumplir únicamente decisiones administrativas de reincorporación, lo que supone que así esté pendiente de resolución un recurso de revocatoria o jerárquico, o exista una resolución que hubiere revocado una conminatoria de reincorporación, o finalmente se hubiere abierto la vía jurisdiccional laboral por el empleador, estas vías son independientes de la tutela directa y definitiva que otorga la justicia constitucional a las personas con discapacidad o de aquéllos trabajadores que tengan personas con discapacidad bajo su dependencia.

Así en el caso en particular, evidenciándose que esta medida afectó a la trabajadora, que como tantas veces se indicó, es una persona discapacitada; estas razones dan mérito para otorgar la tutela, respecto a la garantía de la inamovilidad laboral.

Consecuentemente, en el caso analizado, se advierte que la autoridad administrativa ahora demandada, no consideró en absoluto la observancia de los principios laborales constitucionalizados respecto a la garantía de la inamovilidad laboral, que impone su aplicación en los casos controvertidos privilegiando la protección de los trabajadores, como se tiene explicitado en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; por ello, corresponde otorgar la tutela solicitada por la impetrante de tutela; toda vez que le asiste el derecho a la inamovilidad laboral en razón a su discapacidad; situación que viabiliza la concesión de tutela a través de la presente acción de amparo constitucional, al haberse vulnerado los derechos reclamados; sin perjuicio de que, la parte demandada pueda desvirtuar ése estado de protección, en sede judicial. Por todo lo expuesto, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, no obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 158/2023 de 31 de julio, cursante de fs. 106 a 111 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo la reincorporación laboral de la accionante a su fuente de trabajo que ocupaba antes de su desvinculación debiéndose procederse al pago de sus sueldos devengados y beneficios sociales que la ley establece, por el tiempo que estuvo desvinculada de su fuente laboral. 2° Exhortar a la Caja Nacional de Salud-Regional La Paz, que en el marco de la protección reforzada a la inamovilidad laboral de la que gozan las personas con discapacidad, contenido en el art. 71.II de la Constitución Política del Estado, en la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad y en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otros instrumentos internacionales, así como en la Ley General para Personas con Discapacidad, a adoptar medidas de protección respecto de este grupo de atención prioritaria, así como medidas encaminadas a capacitar a los profesionales encargados de Recursos Humanos sobre el enfoque constitucional de la discapacidad y las obligaciones concretas que emergen en relación a la estabilidad laboral reforzada. A este efecto, deberá remitirse a este Tribunal un informe dentro de los dos meses de notificado con esta Sentencia Constitucional Plurinacional, que dé cuenta sobre las referidas medidas que se hayan adoptado. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Notas al pie

1 En ese sentido están las SSCCPP 0595/2015-S2 de 28 de mayo, 282/2013 de 13 de marzo, 0108/2018-S2, de 11 de abril y 0134/2018-S3, de 20 de abril, entre otras.

6 El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, de las normas precedentemente señaladas se infiere que, el ámbito de protección de los trabajadores o funcionarios que presten servicios en los sectores público o privado, no sólo se refiere al trabajador en si mismo sino que en prevención a que una ruptura de la relación laboral pueda llegar a afectar a un dependiente discapacitado de ese trabajador o funcionario, garantizando su inamovilidad, instituyendo así una tutela reforzada del derecho al trabajo de las personas, en razón de su discapacidad o de la discapacidad de la persona que tenga bajo su dependencia, excepto que su despido se opere por las causas señaladas por ley y previo proceso que determine haberse incurrido en dichas causales”.

7 El principio de prevalencia del derecho sustancial respecto al formal, conforme lo entendió la SC 0897/2011 de 6 de junio, “(…) se desprende del valor-principio justicia, que es uno de los pilares fundamentales del Estado Constitucional y Democrático de Derecho, que se encuentra consagrado por el art. 8.II de la CPE, pues en mérito a éste los ciudadanos tienen derecho a la justicia material. Así se ha plasmado en el art. 180.I de la CPE que ha consagrado como uno de los principios de la justicia ordinaria el de ‘verdad material’, debiendo enfatizarse que ese principio se hace extensivo a todas las jurisdicciones, también a la justicia constitucional. De este modo se debe entender que la garantía del debido proceso, con la que especialmente se vincula el derecho formal, no ha sido instituida para salvaguardar un ritualismo procesal estéril que no es un fin en sí mismo, sino esencialmente para salvaguardar un orden justo que no es posible cuando, pese a la evidente lesión de derechos, prima la forma al fondo, pues a través del procedimiento se pretende lograr una finalidad más alta cual es la tutela efectiva de los derechos”.

12 Sobre la aplicación del principio de especialidad de la norma, en problemas de relevancia, ver la SCP 0023/2018-S2, de 28 de febrero, en su FJ.III.6.

13 La SCP 0987/2017-S2 de 18 de septiembre –en un caso de reincorporación laboral de un trabajador que pese a que no era progenitor- entendió que la conminatoria de reincorporación, debe cumplirse en su totalidad y, en ese sentido, si esta dispone el pago de salarios devengados, no puede cumplirse la reincorporación dejando de lado dicho pago. En efecto, en su FJ.III.2 señaló: “(…) cuando se disponga el cumplimiento de una conminatoria, por parte de la jurisdicción constitucional, la misma debe ser entendida en el sentido que debe cumplirse la totalidad y no en una parte u otra, en observancia del parágrafo IV del art. 10 del DS 28699 de 1 de mayo de 2006, incorporado por el DS 0495, que dice: ‘IV. La conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a partir de su notificación…’; así como de los principios de protección de los trabajadores e in dubio pro operario, más aún si la concesión de tutela resulta ser provisional, lo que significa que podrá ser modificada posteriormente en la vía administrativa y/o judicial, en lo que respecta a la reincorporación del puesto de trabajo, a los sueldos devengados u otros derechos sociales que hubiesen sido dispuestos por la conminatoria’”.

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1180_2023-S1.pdf · páginas 1 a 19.

Huella digital del PDF (SHA-256): 4e829d08ca4f67f6d486915c555e0c28e412a3b5ca69d639200de2a6215e4534

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