B.IA.LEGAL

SCP 1179/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 16 de septiembre de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
16 de septiembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
55151-2023-111-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la defensa, al debido proceso en su elemento de celeridad, a una justicia pronta, oportuna, gratuita y sin dilaciones; además, de los principios de legalidad y seguridad jurídica; puesto que, hasta la interposición de esta acción de libertad no se remitió el legajo del recurso de apelación incidental, resuelto por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz al Juzgado de Sentencia Penal Octavo de El Alto del citado departamento, transcurriendo desde la celebración de la audiencia de recurso de apelación incidental de 20 de marzo de 2023, más de “dieciocho días” hábiles. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo en el que el Tribunal de apelación debe devolver los antecedentes ante el Juzgado de origen; 2) De la legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional; y, 3) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 020/2023 de 13 de abril, cursante de fs. 11 a 12 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto al Secretario de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por la vulneración de los derechos, al debido proceso en su elemento de celeridad, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

a) Disponiendo que el Secretario de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el plazo de veinticuatro horas de su notificación con el presente fallo constitucional remita los antecedentes ante el Juzgado de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz, salvo que por el transcurso del tiempo ya se hubiese cumplido ese acto procesal como efecto de la conminatoria del Juez de garantías. 2º DENEGAR la tutela solicitada, respecto a la “Auxiliar Dactilógrafa” de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en cuanto a los derechos a la libertad, a la defensa, a una justicia gratuita; además, de los principios de legalidad y seguridad jurídica; asimismo, con relación a la solicitud de remisión de antecedentes ante el Consejo de la Magistratura, .

conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo en el que el Tribunal de apelación debe devolver los antecedentes ante el Juzgado de origen
  2. III.2. De la legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1179/2025-S1 Sucre, 16 de septiembre de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 55151-2023-111-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 020/2023 de 13 de abril, cursante de fs. 11 a 12 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ramiro Flores Pacompia contra Yuri Jesús Gómez Pérez, Secretario; y, Beatriz María Condori Choque, Oficial de Diligencias “Auxiliar Dactilógrafa”, ambos de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante por memorial presentado el 12 de abril de 2023, cursante a fs. 2 y vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona por la presunta comisión del delito relacionado con la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, el Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz, mediante Auto Interlocutorio 131/2023 de 16 de marzo, dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de ese departamento, contra dicho Auto Interlocutorio formuló recurso de apelación incidental, remitiéndose su causa ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento, donde se celebró su audiencia el 20 de marzo de 2023; sin embargo, “hasta la fecha” -se entiende de interposición de esta acción de defensa-transcurrieron más de “dieciocho días” hábiles sin que se transcriba el acta de audiencia, el auto de vista y se remita el legajo del recurso de apelación incidental al Juzgado de origen, vulnerándose sus derechos constitucionales.

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I.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados

El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la defensa, al debido proceso en su elemento celeridad, a una justicia pronta, oportuna, gratuita y sin dilaciones; además, de los principios de legalidad y seguridad jurídica; citando al efecto los arts. 8.I, 22, 23, 115.I y 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga que: a) En el día se remita el legajo del recurso de apelación incidental al Juzgado de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz; y, b) Se remitan antecedentes al Consejo de la Magistratura a objeto de su conocimiento.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 13 de abril de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 10, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogado, en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad.

I.2.2. Informe de los funcionarios de apoyo jurisdiccional accionados

Yuri Jesús Gómez Pérez, Secretario de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Informe de 13 de abril de “2022” -siendo lo correcto 2023-, cursante a fs. 9, manifestó que: 1) Las audiencias se graban a través del sistema Cisco Webex; sin embargo, en esa fecha -se entiende 20 de marzo del igual año- se presentaron dificultades que impidieron la descarga en el día del -archivo- de audio y video; 2) Posteriormente, una vez subsanado el problema, se efectuó la descarga, la cual fue puesta en conocimiento de la “Auxiliar Dactilógrafa” para su transcripción; no obstante, debido a la recarga laboral no fue remitido en el día, más aun existiendo problemas técnicos; y, 3) Se informa que el legajo del recurso de apelación incidental cuenta con la correspondiente “resolución” trascrita y firmada por el “vocal relator” encontrándose en auxiliatura de la referida Sala Penal Segunda, en proceso de devolución al Juzgado de origen; asimismo, no tuvo conocimiento de algún reclamo o queja por parte del accionante para tomar acciones pertinentes; además, se está efectuando la devolución en la brevedad posible; por lo que, solicita se deniegue la tutela solicitada. Beatriz María Condori Choque, Oficial de Diligencias de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Informe de 13 de abril de 2022, cursante a fs. 8, manifestó que: i) En cuanto a la grabación de la audiencia, se presentó un corte en el sistema .

Cisco Webex, que no es atribuible a su persona; empero, ya se emitió una “Resolución” que fue puesta en conocimiento del accionante; ii) Debido a la recarga laboral las resoluciones de las audiencias son transcritas de acuerdo a tablilla y fecha; asimismo, se celebran más de quince audiencias diarias de manera continua; y, iii) Las remisiones las realiza auxiliatura; por cuanto, pide se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 020/2023 de 13 de abril, cursante de fs. 11 a 12 vta., denegó la tutela solicitada; sin embargo, conminó a los funcionarios de apoyo jurisdiccional hoy accionados a devolver el legajo del recurso de apelación incidental en el plazo de veinticuatro horas, bajo los siguientes fundamentos: a) Se establece que el legajo del recurso de apelación incidental no fue devuelto “hasta la fecha” -se entiende de interposición de esta acción de defensa- al Juzgado origen; sin embargo, es de conocimiento que el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, atraviesa una excesiva carga procesal y que el sistema Cisco Webex presenta falencias; b) Bajo el principio de buena fe, se acepta como justificación los informes presentados por los funcionarios de apoyo jurisdiccional ahora accionados, llegándose a establecer que no incurrieron en ninguna dilación indebida, no retardaron el proceso penal y tampoco evitaron que se resolviese la situación jurídica del accionante; y, c) Los problemas técnicos nos son atribuibles a los funcionarios de apoyo jurisdiccional hoy accionados y existiendo una “resolución” transcrita y notificada a las partes procesales.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Informe de 13 de abril de “2022” -siendo lo correcto 2023-, dirigido al Juez de Sentencia Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz -constituido en Juez de garantías-, elaborado por Yuri Jesús Gómez Pérez, Secretario de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de dicho departamento -ahora accionado-, refiriendo que se presentaron dificultades que imposibilitaron la descarga de -archivo de- audio y video -de la audiencia de apelación incidental-; además, refirió que se cuenta con la correspondiente “resolución” transcrita y firmada por el “vocal relator”; asimismo, no tuvo conocimiento de reclamo o queja alguna por parte de Ramiro Flores Pacompia -hoy accionante- para tomar las acciones pertinentes (fs. 9). II.2. Consta Informe de 13 de abril de 2023, dirigido al Juez de garantías, elaborado por Beatriz María Condori Choque, Oficial de Diligencias de la .

Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -hoy coaccionada-, indicando que se presentó un corte en el “sistema cisco Webex” que no es atribuible a su persona; empero, ya se tiene una “Resolución” que fue puesta en conocimiento del accionante; así también, señaló que se celebran alrededor de quince audiencias diariamente y que las remisiones las realiza “auxiliatura” de la indicada Sala Penal Segunda (fs. 8 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la defensa, al debido proceso en su elemento de celeridad, a una justicia pronta, oportuna, gratuita y sin dilaciones; además, de los principios de legalidad y seguridad jurídica; puesto que, hasta la interposición de esta acción de libertad no se remitió el legajo del recurso de apelación incidental, resuelto por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz al Juzgado de Sentencia Penal Octavo de El Alto del citado departamento, transcurriendo desde la celebración de la audiencia de recurso de apelación incidental de 20 de marzo de 2023, más de “dieciocho días” hábiles. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo en el que el Tribunal de apelación debe devolver los antecedentes ante el Juzgado de origen; 2) De la legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional; y, 3) Análisis del caso concreto.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo en el que el Tribunal de apelación debe devolver los antecedentes ante el Juzgado de origen

La SCP 0385/2025-S1 de 2 de mayo, citando a su vez a la SC 0465/2010-R de 5 de julio, establece que: “Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, (…) este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas son nuestras).

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La SCP 0205/2025-S1 de 25 de marzo, citando a la SCP 2077/2012 de 8 de noviembre, señala que: “…respecto a la falta de remisión del expediente principal por el Tribunal de apelación hacia el juzgado de origen, habiéndose llevado acabo la audiencia de apelación, existiendo una Resolución y un acta, no se justifica que a más de un mes el Tribunal ad quem, no haya devuelto dicho expediente, y tal como referimos que el art. 251, modificado e incorporado por la Disposición final segunda de la LSNSC, señala que una vez remitido el expediente ante el Tribunal de apelación, éste ‘resolverá, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior’, debiendo incluirse dicho entendimiento bajo los argumentos expuestos del principio de celeridad, debido proceso y prohibición de dilación en el proceso, indicando que una vez el Tribunal de apelación dentro del plazo de tres días de recibidas las actuaciones, resuelva la apelación; deberá remitir el expediente, el acta y la Resolución correspondiente al Juzgado o Tribunal de origen dentro del plazo máximo de 24 horas” (las negrillas nos pertenecen).

III.2. De la legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional

La SCP 0043/2018-S1 de 12 de marzo, establece que: “De las citadas líneas jurisprudenciales, respecto a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos o de apoyo jurisdiccional, se concluye como subregla que los mismos carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos; sin embargo, existe la excepción a esta subregla, es decir, que adquieren legitimación pasiva y por consiguiente pueden ser demandados en acciones tutelares en tres supuestos, cuando: a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; si concurren alguno de estos supuestos, los funcionaros subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva” (las negrillas nos corresponden). Asimismo, la SCP 0223/2018-S2 de 22 de mayo, señala que: “…a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente .

acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado…”.

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la defensa, al debido proceso en su elemento de celeridad, a una justicia pronta, oportuna, gratuita y sin dilaciones; además, de los principios de legalidad y seguridad jurídica; puesto que, hasta la interposición de esta acción de libertad no se remitió el legajo del recurso de apelación incidental, resuelto por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz al Juzgado de Sentencia Penal Octavo de El Alto del citado departamento, transcurriendo desde la celebración de la audiencia de recurso de apelación incidental de 20 de marzo de 2023, más de “dieciocho días” hábiles. De la revisión de los antecedentes se tiene Informe de 13 de abril de 2023, dirigido al Juez de garantías, por el Secretario ahora accionado, refiriendo que se presentaron dificultades que impidieron la descarga del archivo de audio y video de la audiencia de apelación incidental; además, refirió que se cuenta con la correspondiente “resolución” transcrita y firmada por el “vocal relator”; asimismo, no tuvo conocimiento de reclamo o queja por parte del accionante para tomar las acciones pertinentes (Conclusión II.1.); asimismo, consta Informe de 13 de abril de 2023, dirigido al referido Juez por la Oficial de Diligencias de la Sala .

Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, indicando que se presentó un corte en el “sistema cisco Webex” que no es atribuible a su persona; empero, ya se tiene una “Resolución” que fue puesta en conocimiento del accionante; así también, señaló que se celebran alrededor de quince audiencias diariamente y que las remisiones las realiza “auxiliatura” de la indicada Sala Penal Segunda (Conclusión II.2.). En ese contexto, de conformidad con el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene como finalidad acelerar los trámites judiciales ante una dilación indebida en el proceso penal, siendo un mecanismo idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad de la persona; en ese sentido, una vez resuelto el recurso de apelación incidental el Tribunal de alzada tiene un plazo de veinticuatro horas máximo para remitir el expediente, el acta y la resolución correspondiente al Juzgado o Tribunal de origen, evitando dilaciones indebidas. Conforme al análisis realizado, a efectos de resolver la problemática planteada en esta acción de libertad, se procederá a analizar las actuaciones del Secretario hoy accionado. Respecto al Secretario ahora accionado De acuerdo a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional, los funcionarios de apoyo jurisdiccional adquieren la legitimación pasiva cuando: “a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; si concurren alguno de estos supuestos, los funcionaros subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva” (SCP 0043/2018-S1 de 12 de marzo); asimismo, la legitimación se activa ante el incumplimiento o la inobservancia de las obligaciones y funciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional o del incumplimiento de las ordenes, instrucciones impartidas por el superior en grado, aclarando que el acto ilegal no necesariamente debe ser jurisdiccional, también incluye omisiones de diligencias administrativas, de esa manera el servidor público adquiere la legitimación pasiva. En ese contexto, se advierte que el accionante formuló recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 131/2023, que dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, .

siendo remitida su causa a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, donde se llevó a cabo su audiencia el 20 de marzo de 2023; empero, desde esa fecha hasta la interposición de esta acción tutelar, no se remitieron los antecedentes al Juzgado de origen tal como se evidencia del Informe de 13 de abril de 2023, presentado por el Secretario hoy accionado, quien señaló que se presentaron problemas con la descarga del archivo de audio y video de la audiencia de recurso de apelación incidental en el Sistema Cisco Webex sin demostrar ello; empero, una vez efectuada la descarga puso dichos archivos en conocimiento de la “Auxiliar Dactilógrafa” para su transcripción; además, refiere que no tuvo conocimiento de algún reclamo o queja por parte del accionante para tomar las acciones pertinentes, también menciona que el legajo del recurso de apelación incidental cuenta con la “resolución” transcrita y firmada, la cual se encuentra en auxiliatura de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz para su devolución en la mayor brevedad posible. Bajo esos antecedentes se puede evidenciar que el Secretario hoy accionado incumplió sus funciones, más específicamente con la obligación establecida por el art. 94.I.4 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-; “Labrar las actas de audiencias y otros”; emergiendo un evidente incumplimiento y desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a su cargo; asimismo, se advierte que hasta la interposición de esta acción de defensa no se efectuó la devolución del legajo del recurso de apelación incidental al Juzgado de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz, trascurriendo más del plazo de veinticuatro horas establecido por la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, no realizando el control correspondiente de plazos, ocasionando con ello una dilación injustificada, lo que conllevó a la vulneración de los derechos, al debido proceso en su elemento celeridad, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones del accionante; por lo que, el Secretario ahora accionado adquiere legitimación pasiva en esta acción de libertad; por lo tanto, se debe conceder la tutela solicitada en cuanto al nombrado. Respecto a la Oficial de Diligencias hoy coaccionada De la revisión de antecedentes, si bien el accionante no identificó a la “Auxiliar Dactilógrafa” en su memorial de 12 de abril de 2023, cursante a (fs. 2 y vta.); consta Informe de 13 de igual mes y año, presentado ante el Juez de garantías, por Beatriz María Condori Choque, Oficial de Diligencias de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz ahora coaccionada (fs. 8 y vta.); asimismo, cursa notificación personal efectuada a la nombrada, el 25 del mismo mes y año, con el “AUTO CONSTITUCIONAL” (fs. 14); a pesar que a través de dicho Informe y notificación se identificó su nombre y cargo; no .

obstante, la obligación de labrar las actas de audiencias le corresponde al Secretario hoy accionado conforme al art. 94.I.4 de la LOJ y no a la Oficial de Diligencias hoy coaccionada; por lo que, carece de legitimación pasiva, debiendo denegarse la tutela solicitada respecto a la nombrada. Con relación a la solicitud del accionante que se remitan antecedentes al Consejo de la Magistratura para el establecimiento de responsabilidad ante la dilación indebida generada, se aclara al nombrado que puede acudir directamente a esa instancia o a la que considere pertinente. Finalmente, al no haberse fundamentado la vulneración de los derechos a la libertad, defensa, a una justicia gratuita; además, de los principios de legalidad y seguridad jurídica, por las determinaciones asumidas por el Secretario ahora accionado no corresponde emitir un pronunciamiento sobre los mismos, debiendo denegarse la tutela respecto a ellos. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 020/2023 de 13 de abril, cursante de fs. 11 a 12 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto al Secretario de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por la vulneración de los derechos, al debido proceso en su elemento de celeridad, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

a) Disponiendo que el Secretario de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el plazo de veinticuatro horas de su notificación con el presente fallo constitucional remita los antecedentes ante el Juzgado de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz, salvo que por el transcurso del tiempo ya se hubiese cumplido ese acto procesal como efecto de la conminatoria del Juez de garantías. 2º DENEGAR la tutela solicitada, respecto a la “Auxiliar Dactilógrafa” de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en cuanto a los derechos a la libertad, a la defensa, a una justicia gratuita; además, de los principios de legalidad y seguridad jurídica; asimismo, con relación a la solicitud de remisión de antecedentes ante el Consejo de la Magistratura, .

conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1179_2025-S1.pdf · páginas 1 a 10.

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