B.IA.LEGAL

SCP 1178/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 30 de septiembre de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
30 de septiembre de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
57640-2023-116-AAC
Departamento
Tarija
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denunció la lesión de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a la dignidad y a una vida digna de su familia, refiriendo que en su calidad de médico pediatra del Hospital Regional San Juan de Dios, su persona es víctima de acoso laboral y hostigamiento sistemático, cometido por parte del Director Técnico codemandado, quien dispuso de forma arbitraria y unilateral su traslado a la comunidad de Yunchará, y procedió a eliminar su acceso al biométrico y consultorio, restringiendo su salario; por RM 1035/23 de 26 de junio de 2023, se dispuso el cese inmediato del acoso laboral en su contra, ratificando dicha determinación mediante Auto de 12 de julio de igual año; no obstante, pese a la notificación del 26 del citado mes y año, el Director Técnico y el Gobernador de Tarija demandados persistieron en incumplir la conminatoria, manteniendo la vulneración de sus derechos fundamentales. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 67/2023 de 15 de agosto, cursante de fs. 159 a 166 vta., pronunciada por el Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y, en consecuencia:

1° CONCEDER la tutela solicitada en relación a los derechos al trabajo y la estabilidad laboral, disponiendo el cumplimiento de la Resolución Ministerial 1035/23 de 26 de junio de 2023; 2° DENEGAR la tutela impetrada respecto a los derechos a la dignidad y a la vida digna de su familia, conforme los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La estabilidad laboral, el ejercicio del “ius variandi” y el principio de razonabilidad como elemento rector del ejercicio de los derechos sociales
  2. III.2. El acoso laboral y su vinculación con la amenaza y/o lesión de otros derechos
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1178/2025-S3 Sucre, 30 de septiembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 57640-2023-116-AAC Departamento: Tarija En revisión la Resolución 67/2023 de 15 de agosto, cursante de fs. 159 a 166 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jakeline Velasco Arteaga contra Oscar Gerardo Montes Barzón, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija; y, Nils Alberto Cassón Rodríguez, Director Técnico del Servicio Departamental de Salud (SEDES) del referido departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 11 de agosto de 2023, cursante de fs. 39 a 45, la accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Prestaba servicios como Médico Pediatra en el Hospital Regional San Juan de Dios; desde hacía aproximadamente cinco años fue víctima de hostigamiento y actitudes de fijación personal por Nils Alberto Cassón Rodríguez, Director Técnico del SEDES Tarija -codemandado-, quien a partir de octubre de 2022, inició en su contra una serie de actos arbitrarios que calificó como acoso laboral, consistentes en la asignación de guardias excesivas, la exclusión de capacitaciones y la emisión de comentarios que afectaban su dignidad como profesional. El 25 de noviembre del mismo año, al ingresar a su fuente laboral constató que su nombre y huella digital fueron eliminados del registro biométrico y se le impidió el ingreso a su consultorio, comunicándosele verbalmente su transferencia a la comunidad de Yunchará, pese a que, no existía ítem de pediatra especialista en dicha localidad; de igual manera, afirmó que, al negarse a acatar la disposición, desde diciembre de ese año, se le suspendió el pago de salarios, lo que le generó graves afectaciones psicológicas, emocionales y económicas, además de comprometer el bienestar de sus dos hijas menores de edad. Sostuvo que, interpuso recursos administrativos contra la resolución de traslado, que fueron rechazados; por lo que, acudió ante la Jefatura Departamental de Trabajo Tarija del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que en primera instancia también rechazó su denuncia de acoso laboral; no obstante, en recurso jerárquico mediante Resolución Ministerial (RM) 1035/23 de 26 de junio de 2023, la Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social dispuso el cese inmediato del acoso laboral en su contra; posteriormente, el Director Técnico codemandado formuló solicitud de complementación, que fue declarado improcedente mediante Auto de 12 de julio del mismo año. Pese a que, el Director del SEDES como el Gobernador de Tarija demandados fueron notificados el 26 de julio de 2023, con la nota CITE: MTEPS-JDT TA-RPT-0119/23 que conminó al cumplimiento inmediato de la RM 1035/23, dichas autoridades persistieron en su incumplimiento, manteniendo la vulneración de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a la dignidad y a una vida digna junto a su familia, situación que la mantenía sin percibir remuneración alguna desde diciembre de 2022.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Denuncio la lesión de sus derechos al trabajo, estabilidad laboral, a la dignidad y a una vida digna de su familia, citando al efecto los arts. 8.II, 46.I.1 y 49.III de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga el cumplimiento inmediato de la conminatoria de cese de acoso laboral nota CITE: MTEPS-JDT TA-RPT-0119/23 de 26 de julio de 2023 y por ende la inmediata reincorporación a su lugar habitual de trabajo en el Hospital Regional San Juan de Dios y el pago correspondiente a los salarios devengados desde el mes de diciembre de 2022 “a la fecha”.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 15 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 156 a 158 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogado, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, señaló que: a) El Director Técnico codemandado sostuvo que su persona no habría retornado a su fuente laboral tras la disposición de traslado a la localidad de Yunchará; sin embargo, demostró que desde noviembre de 2022 los roles de turno del Hospital Regional San Juan de Dios no la incluían, evidenciando que la medida adoptada tuvo como verdadero objetivo persistir en un acoso laboral, amedrentando y coaccionando su voluntad; b) Al intentar registrarse en el biométrico del citado Hospital, el sistema de reconocimiento facial determinó que no figura en la base de datos, lo que confirmó que desde el memorándum de transferencia se le impide el acceso a su fuente laboral; c) La justificación dada por la autoridad codemandada -la supuesta necesidad de cubrir la atención pediátrica en Yunchará- carece de sustento, pues hasta la fecha no se demostró la creación de un ítem permanente de pediatría en dicha localidad; en consecuencia, la medida de traslado fue arbitraria, persistiendo el acoso laboral, pese a la nota de conminatoria emitida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; y, d) En la presente acción tutelar no se cuestionó ni discutió la existencia del acoso laboral; pues aquello, ya fue determinado por la autoridad competente; lo que solicita es su restitución efectiva a su fuente laboral habitual en el mencionado Hospital, la regularización de sus haberes y el cese del hostigamiento en cumplimiento de la nota de conminatoria de cese de acoso laboral dispuesta en la RM 1035/23.

I.2.2. Informe de los demandados

Oscar Gerardo Montes Barzón, Gobernador del Gobierno Autónomo de Departamental de Tarija, a través de su representante legal, en audiencia, señaló lo siguiente: 1) Solicitó se tome en cuenta el contenido de la RM 1035/23, cuyo punto resolutivo conminó al Director Técnico codemandado al cese inmediato del acoso laboral, precisando que dicha conminatoria no fue dirigida contra su persona, pues no se encuentra relacionado ni implicado con los actos denunciados, en consecuencia, la obligación derivada de la mencionada resolución corresponde exclusivamente a la Dirección Técnica del SEDES Tarija; y, 2) Pidió a los Vocales Constitucionales que realicen una revisión correcta e íntegra de la documentación presentada por el SEDES Tarija, a efectos de corroborar los extremos expuestos en el informe y defensa institucional, pidiendo que la decisión jurisdiccional se emita en sujeción al derecho, a la lógica y a la verdad material comprobable. Nils Alberto Cassón Rodríguez, Director Técnico del SEDES Tarija, por informe escrito presentado el 15 de agosto de 2023, cursante de fs. 135 a 143, señaló que: i) Los hechos denunciados por la accionante carecían de sustento fáctico y probatorio, señalando que las alegaciones de hostigamiento y acoso laboral se basaban únicamente en apreciaciones subjetivas sin respaldo documental, aclaró que su designación se produjo legalmente mediante Decreto Ejecutivo Departamental 015/2022 de 17 de octubre, y que el ejercicio de sus funciones se encontraba plenamente respaldado por el Decreto Supremo (DS) 25233 de 27 de noviembre de 1998, que le otorgaba atribuciones de dirección, coordinación y potestad administrativa sobre el personal de salud; ii) En cuanto a las acusaciones de asignación arbitraria de guardias, exclusión de capacitaciones y comentarios que lesionaban la dignidad de la accionante, negó la veracidad de tales extremos, afirmando que la trabajadora no adjuntó prueba idónea que los acreditara; respecto a que el 25 de noviembre de 2022, se llevó la sorpresa de constatar que su huella fue eliminada del sistema biométrico, indicó que, aquello no era cierto, puesto que la accionante había tomado conocimiento del Memorándum 376/22 el 23 de igual mes y año, aunque se rehusó a recibirlo formalmente; iii) La medida cuestionada no constituía un despido ni un acto de persecución, sino una transferencia temporal por noventa días a la Red de Salud de Yunchará, emitida en el marco de sus competencias y orientada a garantizar atención pediátrica en una zona carente de especialistas; señaló además que, el traslado no significaba reducción salarial ni perjuicio económico; puesto que, el coordinador de la Red de Salud de Yunchará había ofrecido alojamiento y alimentación durante el tiempo de la designación, con el fin de facilitar la adaptación de la profesional; iv) Fue la propia accionante quien decidió no acatar la disposición administrativa, rehusándose a cumplir con el traslado temporal y a reincorporarse posteriormente a su fuente laboral en el Hospital Regional San Juan de Dios, pese a que el plazo de la transferencia venció en febrero de 2023, recalcó que, conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo -Ley 2341 de 25 de abril de 2002-, el memorándum reunía todos los requisitos de validez y legitimidad de un acto administrativo y, por tanto, era obligatorio y ejecutable; v) La RM 1035/23 dispuso el cese del acoso laboral, misma que fue cumplida; toda vez que, el memorándum había perdido vigencia al concluir los noventa días de temporalidad, y que la citada Resolución no implicaba orden de reincorporación ni pago de salarios devengados; asimismo, afirmó que nunca existió desvinculación laboral y que la solicitante de tutela, en calidad de funcionaria provisoria, pudo haber sido retirada sin causal, lo cual no ocurrió; y, vi) Cuestionó la validez del informe psicológico presentado por la prenombrada, señalando que no cumplía los requisitos técnicos ni formales exigidos para constituirse en prueba objetiva, además que la fecha de inicio de la supuesta terapia resultaba dudosa. Asimismo, en audiencia, el Director Técnico codemandado, mediante su abogada, refirió que: a) El acto que dio lugar a la RM 1035/23 de cese de acoso laboral tenía carácter temporal, y el SEDES Tarija en cumplimiento del art. 18 de la CPE y la aludida Resolución Ministerial, adoptó medidas para resguardar derechos, sin emitir posteriormente actos constitutivos de acoso laboral; b) Conforme la cartilla del Defensor del Pueblo, la cual señaló que actos como circulares, memorándums administrativos o la asignación de deberes extras para asegurar la continuidad institucional no se constituyen en acoso laboral; c) Asimismo, citó el Auto Supremo de 1 de julio de 2015, que establece para configurarse el acoso laboral deben concurrir conductas hostiles concretas, indubitables, que afecten las condiciones laborales al punto de hacer insostenible la relación de trabajo, poniendo en riesgo la salud o integridad de la persona trabajadora; y, d) Cuestionó la validez del informe psicológico acompañado por la parte accionante, señalando que diagnósticos como depresión o ansiedad deben ser emitidos por un médico psiquiatra para tener eficacia legal.

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

“Luis Gutiérrez”, en representación del Ministerio Público, en audiencia, manifestó que: 1) Su institución tiene como función esencial el ejercicio de la acción penal pública y la dirección funcional de la misma, en el marco de los principios de legalidad, oportunidad y objetividad; 2) Enfatizó que el acoso laboral constituye una realidad social que no debe pasar inadvertida y es el núcleo de análisis de la presente acción tutelar; 3) Recordó que el art. 49.III de la CPE, prohíbe toda forma de acoso laboral, mientras que el art. 21 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, impone al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social y la obligación de establecer medidas y procedimientos para su denuncia, investigación y sanción; 4) Señaló que esta conducta vulnera el derecho fundamental a un trabajo en condiciones dignas y el derecho a la dignidad; y, 5) Hizo referencia a la “SC Nº 0232/2008-S3” que exhortó al referido Ministerio de Trabajo a regular un procedimiento específico para atender las denuncias de acoso laboral.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, mediante Resolución 67/2023 de 15 de agosto, cursante de fs. 159 a 166 vta., concedió la tutela solicitada en los “mismos términos establecidos en la Resolución Ministerial 1035/23 de 26 de junio de 2023”, determinación asumida bajo los siguientes fundamentos: i) Atendiendo al principio de subsidiariedad, previsto en los arts. 129.I de la CPE y 54 del Código Procesal Constitucional (CPCo), indican que, la acción de amparo constitucional procede únicamente cuando no exista otro recurso legal idóneo para proteger derechos o garantías, no obstante, destacó que la jurisprudencia constitucional estableció excepciones en situaciones de vulneración de la estabilidad laboral, dado que, este derecho afecta directamente otros derechos fundamentales, como la subsistencia y la vida de los trabajadores y sus familias, considerando que la protección del trabajo constituye un derecho humano esencial, la SCP 0177/2012 de 14 de mayo, estableció que, en casos de despido o retiro injustificado, es viable acudir a la acción de amparo constitucional tras la denuncia previa ante las Jefaturas Departamentales de Trabajo, y ante el incumplimiento de la conminatoria a reincorporación, en cuyo caso, la tutela constitucional se hace procedente; ii) Analizando el elemento del ius variandi conforme la SCP 1025/2013 de 27 de junio, señaló que, si bien, el empleador puede variar las condiciones de trabajo; empero, debe hacerse dentro del marco constitucional y respetando los derechos del trabajador, en ese marco, se consideró que el cambio unilateral de lugar o modo de prestación laboral es arbitrario e irrazonable cuando: ii.a) No se obtiene consentimiento previo del empleado; ii.b) Genera mayores gastos o esfuerzo económico; ii.c) Implica disgregación familiar o disminución de horas de descanso; y, ii.d) Afecta de manera negativa la subsistencia o ingresos del trabajador; iii) Determinó que la accionante había sido transferida mediante el Memorándum 376/22 de transferencia temporal del Hospital Regional San Juan de Dios a la Red de Salud Yunchará, decisión adoptada por el Director Técnico codemandado, y la Jefa de Recursos Humanos (RR.HH.), sin el consentimiento de la accionante y de manera unilateral, vulnerando lo dispuesto en el art. 49.III de la CPE, que regula sobre la protección de la estabilidad laboral, el DS 0495 de 1 de mayo de 2010 y Ley de Procedimiento Administrativo; iv) Se valoró como elementos de prueba la RM 1035/23 la cual revocó totalmente la Resolución Administrativa (RA) MTEPS-JDT TA 002/2023 de 3 de febrero y el Auto de 16 de diciembre de 2022, y conminó al Director del SEDES al cese inmediato del acoso laboral, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado, Ley 348 y los Decretos Supremos (DDSS) 2145 de 14 de octubre de 2014, 3106 de 8 de marzo de 2017 y 4857 de 6 de enero de 2023, así como, la RM 196/21 de 8 de marzo de 2021, que estableció el carácter obligatorio e inmediato de la conminatoria sobre acoso laboral; v) La parte demandada alegó que no se había vulnerado la RM 1035/23, argumentando que la trabajadora no se había presentado en instalaciones de la Red de Salud Yunchará y que no había sido desvinculada, sin embargo, aclaró que no correspondía revisar el fondo sobre la existencia o no del acoso laboral, pues esa competencia ya correspondió a la instancia administrativa; lo que sí debía cumplirse de inmediato era la conminatoria, que implicaba dejar sin efecto el memorándum de traslado y reincorporar a la trabajadora a su puesto original, incluyendo habilitación de su registro biométrico y consultorio, con el pago de haberes desde la fecha de su apartamiento; y, vi) Determinó que el cese inmediato del acoso laboral implicaba restituir plenamente las condiciones laborales previas al traslado, garantizando así los derechos de la trabajadora y la ejecución de la mencionada Resolución Ministerial, reafirmando la fuerza restitutoria de las decisiones del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social en la protección de la estabilidad. Resolviendo la solicitud de complementación planteada por el apoderado del Gobernador demandado, y por el SEDES Tarija, la referida Sala Constitucional Primera, por Auto 169/2023 de 15 de agosto, indicó lo siguiente: 1) Respecto al primero, determinó que no existía fundamento para atribuirle responsabilidad en los hechos denunciados, pues en la demanda no se especificó cómo habría incurrido en acoso laboral ni la RM 1035/23 lo vinculaba directamente, motivo por el cual se declaró ha lugar a la complementación y se dispuso su expresa exclusión como legitimado pasivo; y, 2) En cuanto a lo referido por el SEDES Tarija, concerniente a precisar los periodos de pago de sueldos, señaló que, la decisión constitucional ya había sido clara y suficiente al respecto; por lo que, declaró no ha lugar la complementación solicitada.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta Memorándum 28/21 de 1 de marzo de 2021 de designación; por el que, Jakeline Velasco Arteaga -accionante- es designada como Médico Especialista en Pediatría del Hospital Regional San Juan de Dios dependiente del SEDES Tarija, con el ítem de la Gobernación PFHTNSJ-B-5-7, debiendo enmarcar sus funciones en la Ley de Administración y Control Gubernamentales -Ley 1178 de 20 de julio de 1990-, la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz -Ley 004 de 31 de marzo de 2010- y demás disposiciones legales vigentes (fs. 9). II.2. Mediante Memorándum 376/22 de 21 de noviembre de 2022, de transferencia temporal; Nils Alberto Cassón Rodríguez, Director Técnico del SEDES de Tarija -codemandado- comunicó a la peticionante de tutela que fue transferida por el lapso de noventa días a la Red de Salud Yunchará en calidad de médico pediatra (fs. 11). II.3. Cursa RA 003/2022 de 27 de diciembre, emitida por el Director Técnico codemandado; por la cual, resolvió el recurso de revocatoria presentado por la impetrante de tutela, y determinó confirmar el Memorándum 376/22, de transferencia temporal (fs. 53 a 65). II.4. Por RA 219/2023 de 25 de mayo, Oscar Gerardo Montes Barzón, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija -demandado-, resolvió el recurso jerárquico presentado por la solicitante de tutela, rechazándolo y confirmando la RA 003/2022 (fs. 65 bis a 93). II.5. Consta RM 1035/23 de 26 de junio de 2023, emitido por la Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que resolvió el recurso jerárquico presentado por la accionante contra la RA MTEPS-JDT TA 002/2023 de 3 de febrero, disponiendo revocar totalmente la Resolución Administrativa confutada y conminó al Director Técnico codemandado el cese inmediato del acoso laboral denunciado (fs. 1 a 4 vta.). II.6. Mediante nota CITE: MTEPS-JDT TA-RPT- 0119/23 de 26 de julio de 2023, Richard Pilco Tapia, Jefe Departamental de Trabajo Tarija del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social comunicó al Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, que por RM 1035/23 se determinó por conminar al Director Técnico codemandado el cese inmediato del acoso laboral contra la impetrante de tutela (fs. 5).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denunció la lesión de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a la dignidad y a una vida digna de su familia, refiriendo que en su calidad de médico pediatra del Hospital Regional San Juan de Dios, su persona es víctima de acoso laboral y hostigamiento sistemático, cometido por parte del Director Técnico codemandado, quien dispuso de forma arbitraria y unilateral su traslado a la comunidad de Yunchará, y procedió a eliminar su acceso al biométrico y consultorio, restringiendo su salario; por RM 1035/23 de 26 de junio de 2023, se dispuso el cese inmediato del acoso laboral en su contra, ratificando dicha determinación mediante Auto de 12 de julio de igual año; no obstante, pese a la notificación del 26 del citado mes y año, el Director Técnico y el Gobernador de Tarija demandados persistieron en incumplir la conminatoria, manteniendo la vulneración de sus derechos fundamentales. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La estabilidad laboral, el ejercicio del “ius variandi” y el principio de razonabilidad como elemento rector del ejercicio de los derechos sociales

Al respecto, la SCP 1025/2013 de 27 de junio de 2013, señaló que:

La Constitución Política del Estado, consagra derechos fundamentales del trabajador, entre ellos, en el acápite del derecho al trabajo y al empleo, el art. 46.I., señala que: “Toda persona tiene derecho:

(…)

2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias”.

En ese mismo sentido, el art. 48.II de la Norma Suprema, establece: “Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador”.

La estabilidad laboral sin la menor duda, es el estandarte de los derechos sociales, pues se constituye en una garantía del trabajo, en cuya virtud el obrero no puede ser despedido sin una causa legítima y sin el desarrollo imparcial de un proceso, donde tenga el pleno ejercicio de su derecho a la defensa; estableciéndose así que, la disolución del vínculo laboral no dependa únicamente del empleador, pudiendo desvincularse de la relación laboral de manera excepcional ante la concurrencia de las causas que efectivamente hagan imposible su continuación, previo desarrollo de los procesos establecidos al efecto y en resguardo de los derechos y garantías reconocidos a favor del procesado.

Desde la concepción doctrinal, la estabilidad laboral puede ser comprendida desde sus dos acepciones; la primera, absoluta, referida a la conservación del empleo durante el periodo para el que fue contratado o toda la vida laboral, hasta que adquiera el derecho a la jubilación o pensión, no pudiendo ser despedido hasta ese momento, salvo que existan causas legítimas que medien en la desvinculación laboral. Segunda, relativa, a que, no obstante de haberse adquirido el derecho a la estabilidad laboral; empero, el obrero se encuentra sujeto a la voluntad del empleador, de ahí que, ante la materialización de la desvinculación laboral, tiene derecho a la indemnización, cuya finalidad es cubrir o justificar la pérdida de su fuente de trabajo. Entonces, cualquier determinación de despido o desvinculación sin previo proceso, claramente implica vulneración de los derechos del trabajador, tornándolo en un acto en arbitrario, discrecional y unilateral.

Ahora bien, la doctrina laboral ha desarrollado el “ius variandi” (el derecho de variación que le asiste al empleador de cambiar las condiciones de trabajo), cuyo ejercicio faculta al empleador variar las modalidades de prestación de las tareas del trabajador; es decir, es una prerrogativa excepcional que le asiste al empleador, para alterar ciertos aspectos del contrato dentro de ciertos límites, lo cual no limita al trabajador a oponerse cuando la misma resulte ser perjudicial, arbitraria y discriminatoria. En este sentido, la jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, en la SC 1579/2011-R de 11 de octubre, señaló: “…conviene en que conforme al principio ius variandi, el empleador tiene la facultad de cambiar el lugar de trabajo del empleado; es decir, puede trasladarlo a otro asiento laboral; sin embargo, esa facultad no es absoluta ni mucho menos se puede utilizar de forma caprichosa y bajo ningún concepto, mucho menos como forma de sanción o como un mecanismo de amedrentamiento…”. Por otro lado, es menester recurrir a la jurisprudencia comparada; así, la Corte Constitucional de Colombia, en la Sentencia T-797 de 3 de agosto de 2005, precisó que el ius variandi: “es una de las manifestaciones del poder de subordinación que ejerce el empleador sobre sus empleados, y se concreta en la facultad de variar las condiciones en que se realiza la prestación personal del servicio, es decir, la potestad de modificar el modo, el lugar, la cantidad o el tiempo de trabajo”.

Según se acaba de decir, el ejercicio del “ius variandi” no es una prerrogativa discrecional, absoluta ni caprichosa del empleador; es decir, si bien tiene la potestad de instrucción y decisión respecto a ciertos cambios relativos a la modalidad de trabajo, horario, lugar, cantidad o tiempo de trabajo, la misma no debe exceder los marcos de razonabilidad, en el entendido que, la modificación del curso de la relación laboral o las condiciones de trabajo, pueden ser lesivas a los derechos fundamentales del trabajador, si la decisión se adopta en forma arbitraria sin previo consenso ni justificación del por qué se dan los cambios o cuál la necesidad de implementarlos. Así, para ampliar este entendimiento, es menester acudir nuevamente a la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia, que en la Sentencia T-483 del 27 de octubre de 1993, estableció: “El jus variandi no es absoluto. Está limitado, ante todo, por la norma constitucional que exige para el trabajo condiciones dignas y justas…, así como por los principios mínimos fundamentales… Y, por supuesto, su ejercicio concreto depende de factores tales como las circunstancias que afectan al trabajador, la situación de su familia, su propia salud y la de sus allegados, el lugar y el tiempo de trabajo, sus condiciones salariales, la conducta que ha venido observando y el rendimiento demostrado. En cada ejercicio de su facultad de modificación el empleador deberá apreciar el conjunto de estos elementos y adoptar una determinación que los consulte de manera adecuada y coherente'. En esa línea, la misma Corte, en la Sentencia T-543/09 de 6 de agosto de 2009, retomando los razonamientos de la Sentencia T-483 de 27 de octubre de 1993, señaló: 'frente al ejercicio del ius variandi, en cada caso particular el empleador tiene la carga de observar el conjunto de estos condicionamientos, y en especial de los derechos fundamentales del empleado y tomar una decisión que los consulte de forma adecuada y coherente, teniendo siempre presente que dicha potestad no lo reviste 'de atribuciones omnímodas que toman al trabajador como simple pieza integrante de la totalidad sino como ser humano libre, responsable y digno en quien debe cristalizarse la administración de justicia distributiva a cargo del patrono'”.

(…)

Entonces, el ejercicio del “ius variandi” también debe ser desplegado en el marco del principio de razonabilidad; es decir, si bien el empleador tiene la atribución de variar las condiciones de prestación de trabajo, ello debe efectuarse en el estricto marco de las disposiciones constitucionales inherentes a los derechos reconocidos a favor de los trabajadores, lo cual supone el respecto y la observancia de los valores, los principios y, particularmente la vigencia de los derechos laborales, en la medida que las decisiones del empleador no repercutan de manera negativa en el ejercicio de sus derechos -no precisamente laborales o sociales, sino también los conexos con ellos- del trabajador;

consiguientemente, en lo concerniente al cambio del lugar y modo de prestación o trabajo, la misma será considerada arbitraria e irrazonable, cuando: sin previo consentimiento, el empleador de manera unilateral y omnímoda decida el desplazamiento del trabajador o cambio del modo de prestación, para el que fue contratado, siendo así que, la nueva asignación o nuevo destino signifique mayores gastos para su subsistencia y disminución en sus ingresos; asimismo, implique un cambio en el modo de vida del trabajador, de manera que, con la nueva forma de prestación o su desplazamiento tenga que trasladarse grandes distancias erogando mayores gastos para ello o, cuando la variación implique mayor esfuerzo a menor compensación, lo cual puede traducirse en mayor costo de transporte debido a que el trabajador para asistir a su nuevo destino tenga que recorrer considerables distancias; asimismo, el desplazamiento o el cambio de asignación signifique la disminución en las horas de descanso, distracción, o implique disgregación familiar para el trabajador. Frente a estas situaciones, el ejercicio del ius variandi será considerado ilegal, arbitrario, caprichoso y lesivo a los derechos del trabajador o de la trabajadora (las negrillas son agregadas).

III.2. El acoso laboral y su vinculación con la amenaza y/o lesión de otros derechos

Al respecto, la SCP 0232/2018-S3 de 20 de abril 2018, indicó que: [H]einz Leymann doctor en psicología europeo y pionero en la materia, determinó, una lista de cuarenta y cinco acciones que definió como aquellas conductas que podían considerarse acoso laboral; comportamiento que pueden diferenciarse en cinco tipos de actividades de acoso: para reducir las posibilidades de la víctima de comunicarse de forma adecuada con los demás -incluido el acosador-; para evitar que la víctima tenga la posibilidad de mantener contactos sociales; actividades dirigidas a desacreditar o impedir a la víctima mantener su reputación personal o laboral; actividades dirigidas a reducir la ocupación de la víctima y su empleabilidad mediante la desacreditación profesional; actividades que afectan a la salud física o psíquica de la víctima. Siguiendo tal razonamiento, según los estudios de Leymann, los comportamientos que pueden constituir acoso laboral incluyen, entre otros, los siguientes: ataques verbales, insultos, ridiculización, críticas injustificadas, desacreditación profesional, amenazas constantes de despido, sobrecarga de trabajo, aislamiento social, falsos rumores, acoso sexual, no tener en cuenta problemas físicos o de salud del trabajador y hasta agresiones físicas. Las víctimas, a su vez, suelen sufrir, entre otros síntomas, los siguientes: trastornos de sueño, dolores, síntomas psicosomáticos del estrés, pérdida de memoria, crisis nerviosa, síndrome de fatiga crónica, depresión y afectación de las relaciones familiares.

Conductas que fueron complementadas posteriormente por autores como Gonzáles de Rivera, Van Dick, Wagner, Zapf, Knorz y Kulla, de forma que una lista similar fue empleada por el Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo del Ministerio de la materia en España, para elaborar la nota Técnica de Prevención NTP 476. Destaca que el Parlamento Europeo adoptó en 2001 una resolución sobre el acoso moral en el lugar de trabajo, en tanto que el Consejo de la Unión Europea expidió la Directiva 2000/78/CE, encaminada a diseñar un marco general para alcanzar la igualdad de trato en el empleo, texto en el cual se propone una definición de acoso laboral. Cabe resaltar que respecto a las consecuencias del acoso laboral la francesa Marie-France Hirigoyen y el español Iñaki Piñuel y Zabala (autores destacados en el estudio del acoso moral y del “mobbing”), señalaron que el desenlace habitual de la situación de acoso laboral suele significar la salida de la víctima de la organización de manera voluntaria o forzosa. Otras consecuencias pueden ser el traslado e inclusive -en muchos casos-, el mobbing persiste incluso después de la salida de la víctima de la empresa, con informes negativos o calumniosos a futuros empleadores, eliminando así la empleabilidad externa de la víctima.

En Latinoamérica, no obstante a que queda un camino largo por recorrer respecto al tema, existen ya normas que buscan evitar y sancionar las formas de acoso laboral: en Colombia, la Ley 1010 del 2006; en Brasil la Ley 2120 de la Administración Municipal de Ubatuba del 2001, la Ley Complementaria 212.561 de Río Grande do Sul del 2006; y, la Ley contra el asedio moral, formulada en el Estado de Sao Paulo el 2007.

Ahora bien, para el contexto boliviano “…el acoso laboral es una realidad social cotidiana que pasó inadvertida. Hasta hace muy pocas décadas era una conducta ignorada (…) situación que se debe a la escasa conciencia que se tenía y se tiene todavía del carácter anómalo de tales prácticas y sus consecuencias…” . Sin embargo, la Asamblea Constituyente no ha sido indiferente a dicha realidad, de forma que los bolivianos y bolivianas se encuentran protegidos del acoso laboral a través del art. 49.III de la CPE que establece: “El Estado protegerá la estabilidad laboral. Se prohíbe el despido injustificado y toda forma de acoso laboral. La Ley determinará las sanciones correspondientes”.

El art. 21.I.4 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013- señala que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social debe adoptar medidas de protección contra toda forma de acoso sexual o acoso laboral y adoptar procedimientos internos y administrativos para su denuncia, investigación, atención, procesamiento y sanción.

Ahora bien, a partir de las consecuencias del acoso laboral o su finalidad general, que es la renuncia o abandono del cargo por parte de la víctima; se tiene que, respecto a la estabilidad laboral -que manifiesta el derecho que tiene el trabajador de conservar su empleo durante su vida laboral, salvo que existan causas legales que justifiquen el despido-, es posible establecer que el acoso laboral se constituye en un factor determinante que busca la desvinculación laboral; por lo que, las actividades de acoso se manifiestan como una amenaza cierta, grave y evidente a la estabilidad laboral de las personas.

En tal sentido, el acoso laboral (según su tipo y gravedad) puede constituir un atentado contra la integridad psicológica y moral de las personas a quienes se somete al acoso laboral, y consecuentemente, configurar una transgresión a la Norma Suprema; no sólo respecto al art. 49.III de la CPE; sino que también -como se refirió precedentementeen relación a la dignidad como valor y derecho que acompaña a los bolivianos y bolivianas. Resulta igualmente evidente que someter al trabajador o trabajadora a maltratos deliberados de sus superiores o compañeros, puede conllevar perjuicios psíquicos y en algunos casos incluso físicos al agredido (especialmente respecto a manifestaciones de estrés laboral, cefaleas y otros) que en muchos casos obligan a la persona a renunciar. Bajo tal razonamiento, se debe considerar que el art. 49.III de la CPE al prohibir el acoso laboral, se vincula inexorablemente (en cuanto a los bienes jurídicos protegidos por el constituyente) con el art. 46.I.1 de la CPE, por el cual se reconoce el derecho de toda persona: “Al trabajo digno (…) sin discriminación (…) que le asegure para sí y su familia una existencia digna”, de forma que la protección de ese trabajo digno implícitamente exige la prohibición de toda forma de acoso laboral, en cumplimiento de parte de los fines y funciones esenciales del Estado, como lo son: Constituir una sociedad justa y armoniosa, fomentar el respeto mutuo, reafirmar y consolidar la unidad del país (art. 9 de la CPE).

Por otra parte, el art. 8.II de la CPE, dejó establecido que la dignidad es uno de los valores en el cual se sustenta el Estado; por ende tiene por fin y función esencial garantizar, el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe. A partir de lo indicado, la exigencia del respeto de la dignidad igualmente alcanza al trabajador ante los efectos nocivos que produce el acoso laboral sobre su integridad moral y psicológica, e incluso sobre el respeto ajeno que debe acompañar a todo ser humano.

A partir de lo indicado, se debe considerar que el acoso laboral, constituye una conducta reñida con la Norma Suprema que lesiona el derecho fundamental a gozar de un trabajo en condiciones dignas, la garantía y derecho a la dignidad; y, se constituye en una amenaza para la estabilidad laboral; además de que (dependiendo de su tipo y gravedad) en algunos casos puede llegar incluso a afectar el derecho a la salud (física y psicológica) de la persona por lo que, una vez determinada su existencia en la vía administrativa o judicial, corresponde a la vía constitucional brindar tutela contra los actos que pretendan perpetuar el acoso laboral (las negrillas corresponden al texto original).

III.3. Análisis del caso concreto

La accionante en su calidad de médico pediatra del Hospital Regional San Juan de Dios, denunció ser víctima de acoso laboral, por parte del Director Técnico codemandado, quien ordenó arbitrariamente su traslado a la Red de Salud de Yunchará por Memorándum 376/22 de transferencia temporal, restringiendo su acceso al biométrico de la institución, a su consultorio, y la percepción de su salario, lo que afectó su estabilidad laboral, dignidad y la subsistencia de sus hijas menores, tanto el Gobernador demandado como el Director codemandado incumplieron la RM 1035/23 de 26 de junio de 2023 y la nota CITE: MTEP-JDT TA-RPT- 0119/23, la cual les conmina al cese inmediato del acoso laboral ejercido. En virtud a ello, la impetrante de tutela acudió a la Jefatura Departamental de Trabajo Tarija, instancia administrativa que, si bien, en primera instancia, rechazó su denuncia de acoso laboral, contra dicha determinación interpuso recurso jerárquico, que fue resuelto por la Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, quien mediante RM 1035/23, ordenó el cese inmediato del acoso laboral; sin embargo, aun después de la notificación del 26 de julio 2023, mediante nota CITE: MTEPS-JDT TA-RPT- 0119/23, el Director Técnico codemandado y el Gobernador demandado incumplieron la conminatoria, prolongando la vulneración de sus derechos fundamentales. De los antecedentes cursantes en el expediente, se tiene que mediante Memorándum 28/21 la accionante fue designada como médico especialista en pediatría en el Hospital Regional San Juan de Dios, dependiente del SEDES Tarija, bajo el ítem de la Gobernación PFHTNSJ-B-5-7, disponiéndose que sus funciones se enmarquen en la Ley 1178, y demás disposiciones legales vigentes (Conclusión II.1) Posteriormente, mediante Memorándum 376/22, la accionante fue transferida temporalmente por el lapso de noventa días a la Red de Salud de Yunchará en calidad de médico pediatra, manteniendo el mismo ítem y nivel salarial, con la obligación de realizar entrega de los bienes y documentación bajo su custodia, conforme al marco normativo de la Ley 1178 y demás ordenamiento legal (Conclusión II.2). Contra dicha determinación, la accionante interpuso recurso de revocatoria, resuelto mediante RA 003/2022 emitida por el Director Técnico codemandado, que resolvió confirmar el Memorándum 376/22, concluyendo que no existía agravio ni arbitrariedad en la disposición de traslado temporal, contra el que interpuso recurso jerárquico, que fue resuelto por el Gobernador demandado mediante RA 219/2023, determinando rechazar el recurso y confirmar la Resolución Administrativa impugnada, justificando el mismo en el alcance del ius variandi, concluyendo que el traslado temporal a la Red de Salud Yunchará no resultaba lesivo a los derechos de la servidora pública, puesto que, no implicaba disminución salarial ni cambio de ítem, y que la distancia (135 km) podía ser cubierta mediante transporte disponible; por lo que, no se acreditaron condiciones de perjuicio ni acoso laboral (Conclusiones II.3 y II.4) En paralelo, la accionante acudió a la vía administrativa laboral, presentando el 2 de diciembre de 2022, denuncia por acoso laboral ante la Jefatura Departamental de Trabajo Tarija contra el Director Técnico codemandado, y Gonzalo Ríos León, Jefe de RR.HH. del Hospital Regional San Juan de Dios, que si bien en primera instancia se rechazó la denuncia, en resolución del recurso jerárquico la Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, mediante RM 1035/23, resolvió revocar totalmente la RA MTEPS-JDT TA 002/2023, conminando al Director Técnico codemandado al cese inmediato de las conductas de acoso laboral denunciadas (Conclusión II.5). Es así que, en cumplimiento de lo dispuesto, cursa en antecedentes la nota CITE: MTEPS-JDT TA-RPT-0119/23, dirigida al Gobernador demandado, mediante la cual se comunica formalmente la decisión contenida en la RM 1035/23, que dispuso el cese inmediato del acoso laboral contra la accionante (Conclusión II.6). De la valoración conjunta de los antecedentes, se concluye que la instancia administrativa laboral competente, representada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, por RM 1035/23, determinó la existencia de acoso laboral contra la accionante y conminó al Director Técnico codemandado al cese inmediato de dicha conducta; resolución que, de acuerdo con los arts. 4.5 y 7 de la RM 196/21, estipula el Procedimiento para la Atención de Denuncias sobre Acoso Laboral y Acoso Sexual a mujeres en el Ámbito Laboral, reviste carácter de cumplimiento obligatorio e inmediato. En ese marco, la inobservancia de dicha conminatoria ordenada por la RM 1035/23, por el Director codemandado, y comunicada el Gobernador demandado a través de la nota CITE: MTEPS-JDT TA-RPT-0119/23, constituye una inejecución de la resolución emitida, lo que se traduce en una vulneración al derecho al trabajo de la accionante, en tanto la negativa injustificada de acatar una resolución ejecutoriada impidiendo el restablecimiento efectivo de las condiciones laborales reconocidas en sede administrativa, afectando la eficacia y la protección material del derecho reconocido. En mérito a lo previamente detallado, en los casos en los que la denuncia se trate sobre acoso laboral contra de mujeres, y la autoridad administrativa constate tales extremos, corresponde que la conminatoria emitida sea acatada de manera inmediata para lo cual incluso la parte accionante podía acudir directamente a la vía constitucional denunciando la falta de acatamiento establecida, esto a efecto que se protejan provisionalmente sus derechos y en suma se evite cualquier daño irreparable e irremediable que se le pudieran causar; aquello tomando en cuenta que, la protección en este caso del derecho a la estabilidad laboral, no solo se limita a los casos donde exista una desvinculación laboral; sino que, también alcanza a casos donde se genera algún despido indirecto; más aún, si en el transcurso del proceso, la parte demandada ejerció su derecho a la defensa agotando los medios y mecanismos de impugnación previstos en la normativa, donde alegó que el cambio de puesto laboral efectuado a la accionante se dio en aplicación del ius variandi; el cual, en mérito a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, debe ser aplicada en torno al principio de razonabilidad; es decir, el mismo debe efectuarse en el marco de las disposiciones constitucionales inherentes a los derechos reconocidos a favor de las trabajadoras y trabajadores. En tal sentido, al no estar debidamente justificado el incumplimiento de la referida conminatoria determinada por la RM 1035/23 y reiterada por la nota CITE: MTEPS-JDT TA-RPT-0119/23, de cese de acoso laboral, se tiene que, efectivamente las autoridades demandadas lesionaron los derechos al trabajo y la estabilidad laboral de la solicitante de tutela.

Por consiguiente, corresponde conceder la tutela solicitada únicamente respecto al cumplimiento de la RM 1035/23, disponiendo que las autoridades demandadas, en el marco de sus competencias, acaten de forma inmediata la conminatoria de cese de acoso laboral dispuesta por la instancia administrativa laboral, garantizando la plena efectividad de los derechos reconocidos a la accionante en dicha Resolución. Respecto a los derechos a la dignidad y a una vida digna de su familia invocados por la parte accionante, se advierte que fueron alegados de manera genérica, sin respaldo fáctico ni probatorio que permita establecer con claridad la forma concreta en que habrían sido lesionados por las autoridades demandadas; por lo que, al no haberse demostrado la existencia de actos u omisiones que vulneren de manera directa tales derechos, corresponde denegar la tutela en relación a ellos. Finalmente, en cuanto a lo manifestado por el Gobernador demandado, respecto a que no contaba con legitimación pasiva dentro de la presente acción constitucional al no haber sido denunciado en el proceso administrativo laboral ni estar dirigida la RM 1035/23 a su persona, corresponde precisar que conforme lo dispuesto por el art. 4.5 de la RM 196/21, el pronunciamiento emitido por el Jefe Departamental o Regional de Trabajo debe ser de obligatorio cumplimiento tanto para el trabajador o servidor público denunciado como para el empleador o, en su caso, la máxima autoridad ejecutiva de la entidad pública. En ese entendido, al ser el Gobernador demandado la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija y constar en antecedentes que fue debidamente puesto a su conocimiento la RM 1035/23, a través de la nota CITE: MTEPS-JDT TA-RPT-0119/23, que dispuso el cese inmediato del acoso laboral, se establece que tenía la obligación legal de hacer cumplir dicha determinación, razón por la cual, se evidenció que goza de legitimación pasiva para ser parte demandada en la presente acción de amparo constitucional. En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 67/2023 de 15 de agosto, cursante de fs. 159 a 166 vta., pronunciada por el Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y, en consecuencia:

1° CONCEDER la tutela solicitada en relación a los derechos al trabajo y la estabilidad laboral, disponiendo el cumplimiento de la Resolución Ministerial 1035/23 de 26 de junio de 2023; 2° DENEGAR la tutela impetrada respecto a los derechos a la dignidad y a la vida digna de su familia, conforme los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

1 Rolando Villena Villegas, -Defensor del Pueblo-. Presentación de la Cartilla Informativa: El Acoso Laboral Vulnera los Derechos Humanos. Editorial ABBASE (2014). La Paz- Bolivia.

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1178_2025-S3.pdf · páginas 1 a 16.

Huella digital del PDF (SHA-256): 0bc403d2627871c22b06b21c1198f5159626d8594791962005818c182586287f

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