B.IA.LEGAL

SCP 1175/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 30 de septiembre de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
30 de septiembre de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
57776-2023-116-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, dentro de proceso ejecutivo seguido por él contra Abigail Calzadilla Vda. de Morales -ahora tercera interesada-, denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa, impugnación, acceso a la justicia, tutela judicial efectiva y al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia y los principios de legalidad, verdad material y seguridad jurídica, porque las autoridades demandadas, a tiempo de resolver la apelación de aquella contra la Sentencia definitiva que declaró improbada su excepción de falsedad e inhabilidad en el título -letra de cambio- anularon obrados hasta que se lleve a cabo la prueba pericial, resolviendo aspectos no contenidos en la apelación y omitiendo la valoración probatoria. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución S-69 de 30 de junio de 2023, cursante de fs. 414 vta. a 416 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Jurisprudencia reiterada sobre la revisión de la actividad jurisdiccional de otros tribunales
  2. III.2. Del elemento congruencia del debido proceso
  3. III.3. De la protección de los principios mediante la acción de amparo constitucional
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1175/2025-S3 Sucre, 30 de septiembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de amparo constitucional Expediente: 57776-2023-116-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución S-69 de 30 de junio de 2023, cursante de fs. 414 vta. a 416 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Herlan Romero Rosel contra José Ernesto Aponte Ribera y Marcelo Velásquez Molina, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 6 de junio de 2023, cursantes de fs. 382 a 399, el accionante manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Habiendo planteado demanda ejecutiva contra Abigail Calzadilla Vda. de Morales -tercera interesada- ante el Juzgado Público Civil y Comercial Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, con la pretensión de cobrar una letra de cambio 068847 “Serie A 2008” de 16 de noviembre de 2020, girada y aceptada por dicha ejecutada por el monto de $us100 000.- (cien mil dólares estadounidenses); la referida demandada opuso extinción de la acción por inactividad y a la vez excepción de falsedad e inhabilidad del título, señalando que la firma estampada no le pertenecía, endilgándolo de dicho acto o a otra persona su realización; en ese orden, solicitó la realización de una pericia grafológica de la referida letra de cambio, y que se designe a Cristian Sánchez Rodríguez como perito; ante ello, el Juez de la causa ordenó la remisión de oficio al Instituto de Investigación Técnico Científicos de la Policía (IITCUP) para que remita una terna de peritos grafológicos al efecto. De acuerdo a documental referente a un proceso penal seguido por Abigail Calzadilla vda. de Morales en su contra, por la presunta comisión de los delitos de falsedad material e ideológica y uso de instrumento falsificado, remitida al Juzgado señalado, consta un informe pericial grafológico elaborado por Carlos Eduardo Calvo Morales, con relación a las firmas de dicha querellante. Por otro lado, en respuesta a la solicitud de terna de peritos, se respondió al Juez de la causa civil que Carlos Eduardo Calvo Morales era el único perito del referido Instituto. Consiguientemente, objetó el posible nombramiento de dicho perito y a la vez solicitó se oficie al IDIF, porque el perito ya había vertido opinión sobre las firmas de la indicada excepcionista, tercera interesada; en ese marco, se designó a Stefanie Mariam Álvarez Mora como perita para que realice la pericia documentológica. En la Sentencia Definitiva 05/22 de 6 de junio de 2022, resolvió que se debía continuar con el proceso ejecutivo. Ante ello, la referida ejecutada -tercera interesada- planteó apelación solicitando que se declare la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, por haber sido dejada en indefensión en la tramitación del señalado proceso ejecutivo, en lo relativo a la prueba pericial. Sin embargo, el mencionado recurso no contenía los mínimos requisitos para ser admitido, pues no contaba con argumentos jurídicos. No obstante, mediante Auto de Vista 59-2022 de 1 de diciembre, dictado por José Ernesto Aponte Ribera y Marcelo Velásquez Molina, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -demandados-, se anularon obrados, dejando sin efecto la Sentencia 05/22, con lo que actuaron al margen de sus obligaciones constitucionales, como la establecida en el art. 235.1 de la CPE, señalando que no se había resuelto la objeción al perito que efectuó. Sin embargo, dicho Auto de Vista no advirtió: a) Que se procedió a resolver la objeción contra el perito ofrecido por la ejecutada –tercera interesada-, que no fue un aspecto observado por los sujetos procesales y tampoco formó parte del recurso de apelación de la parte perdidosa, por lo que dicho Auto de Vista incurrió en incongruencia extra petita; b) Que la audiencia del 26 de mayo de 2022, no fue cuestionada y que la ejecutada desistió de producir su prueba pericial solicitada y en su lugar pidió que se tome en cuenta la prueba pericial corrida en traslado emergente del proceso penal; c) En fecha 26 de mayo de 2022, la parte ejecutada -tercera interesada- solicitó que se señale nueva fecha de audiencia para resolver su incidente y excepción, petición que fue resuelta mediante providencia de 27 de dicho mes y año rechazándose su petición, empero no cursa en el expediente la transcripción de la primera audiencia de data 26 de mayo de 2022; d) Que se pretendió que el Juez a quo realice la carga de la prueba, supliendo la negligencia de la parte interesada en lo relativo a la prueba pericial ofrecida por ella; y, e) Bajo el pretexto de averiguar la verdad material, los Vocales pretenden desconocer el proceso ejecutivo. El Auto de Vista 59-2022 vulneró su derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia, acceso a la justica y aplicación objetiva de la norma y los principios de legalidad y seguridad jurídica, convalidación, preclusión y extemporaneidad, pues no se realizó la valoración de la prueba y aplicación objetiva de la norma en lo concerniente al pago de “…la tercería preferente (…) y sus intereses” (sic). Asimismo, es incongruente, pues ingresó a aspectos no expuestos por la parte apelante -tercera interesada- y menoscabó la verdad material.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la defensa, impugnación, acceso a la justica, tutela judicial efectiva y al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia y los principios de legalidad, verdad material y seguridad jurídica, a cuyo efecto citó los arts. 115.II, 117.I, 119.I, 120.I, 178.I y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y se disponga la nulidad del Auto de Vista 59-2022 y ordene se emita uno nuevo, pronunciándose respecto de los puntos expuestos en la presente acción de amparo constitucional, con costas.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 30 de junio de 2023, según consta en acta cursante de fs. 413 a 414, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de sus apoderados, ratificó el contenido íntegro de la acción de amparo constitucional y ampliándola señaló que: a) Ante la solicitud de la ejecutada de suspensión de audiencia para producir la prueba pericial solicitada, el Juez de la causa le denegó, respuesta que no fue confutada, por lo que dio por bien hecho lo dispuesto; y, b) El recurso de apelación solo tenía tres puntos de base, entre ellos, que no se le permitió la realización del peritaje.

I.2.2. Informe de los demandados

Marcelo Velásquez Molina y Mirael Salguero Palma -actual- Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no presentaron informe escrito ni comparecieron a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante de fs. 403 a 404. 1.2.3. Intervención de la tercera interesada Abigail Calzadilla Vda. de Morales, a través de su abogado en audiencia señaló: 1) Si bien se presentó solicitud de suspensión de audiencia, antes de la misma, se presentaron las pruebas de diligencia de notificación a la perita designada, “…pero en la audiencia que se dictó sentencia hizo caso omiso a eso…” (sic), lo que los dejó en total indefensión; y, 2) Se debe rechazar la presente acción de amparo constitucional, pues no se agotaron todas las instancias, ya que después del Auto de Vista 59-2022, el 29 de marzo de 2023, se solicitó que se tomen en cuenta las pruebas arrimadas, pero hasta la fecha pasaron tres meses y no existe respuesta alguna al respecto. 1.2.4. Resolución La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución S-69 de 30 de junio de 2023, cursante de fs. 414 vta. a 416 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) El Auto de Vista 59/2022 ahora cuestionado consideró los agravios expuestos por las partes y fundó su decisión en la SCP 0153/2018-S3 de 2 de mayo, en el sentido de que los tribunales de alzada al resolver los recursos de apelación, pueden apartarse del cumplimiento del principio de congruencia ante la obligación que tienen de revisar actuaciones procesales de oficio, a efectos del saneamiento del proceso, siendo oportuno aclarar que el cumplimiento de los principios de congruencia y pertinencia pueden ser pasados por alto en un solo caso, y es el referido a la obligatoriedad que tienen las autoridades de revisar de oficio las actuaciones procesales a efectos del saneamiento del proceso, en virtud al cual, cuando se adviertan vulneraciones de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales, queda plenamente justificada la falta de pronunciamiento sobre los puntos impugnados; ii) En el presente caso, los Vocales demandados advirtieron que se dictó una Resolución sobre una excepción de nulidad de título sin haber tenido la prueba principal para establecer si la firma de la obligada -tercera interesada- con la letra de cambio era de ella, siendo esa la fundamentación y motivación de los Vocales demandados, quienes señalaron que: ‘“…a pesar de estar pendiente la elaboración del dictamen pericial y siendo que fue el mismo juez quien aceptó dicha proposición probatoria, corresponde corregir el procedimiento, ya que la normativa de manera clara dispone en el art. 208 del Código Procesal Civil, parágrafo II, que la autoridad judicial tendrá el deber de ordenar las medidas necesarias para posibilitar que la producción de la prueba para mejor proveer sean incorporadas con la antelación debida, aspecto de vital importancia, puesto que permitirá conocer a ciencia cierta si la firma estampada en el título valor, corresponde o no a la demandada, permitiéndose procesalmente, según se desprende del art. 208 par I del mismo cuerpo legal, la posibilidad de postergación de audiencia”’ (sic); y, iii) El Tribunal de alzada advirtió que existían vicios, y dispuso retrotraer el proceso hasta el vicio más antiguo; en ese marco, existió una clara explicación y exposición de los motivos por los cuales tomaron esa decisión de anular obrados, hasta que la tercera interesada provea la prueba que propuso, con el fin de demostrar si es o no suya la firma estampada en la letra de cambio que ese está ejecutando; consiguientemente, no se evidenció la vulneración del debido proceso en los elementos señalados por la parte accionante.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta demanda ejecutiva planteada el 1 de diciembre de 2020, por Herlan Romero Rosel -ahora accionante- contra Abigail Calzadilla Vda. de Morales -hoy tercera interesada-, sobre la base de una letra de cambio que no fue cancelada a su vencimiento, por la suma adeudada de $us100 000.- radicada ante en el Juzgado Público de Partido Civil y Comercial Decimotercero de la Capital del departamento de Santa Cruz (fs. 10 a 12). II.2. Cursa Sentencia Inicial 146-20 de 9 de diciembre de 2020, que declaró probada la demanda ejecutiva señalada (fs. 13 y vta.). II.3. Se verifica memorial de la ejecutada -tercera interesada-, presentado el 12 de noviembre de 2021, dentro del referido proceso civil, mediante el cual presentó incidente de extinción por inactividad y excepción de falsedad o inhabilidad del título con que se pidió la ejecución (fs. 32 a 34 vta.). II.4. Consta memorial del ejecutante presentado el 21 de enero de 2022 en el proceso ejecutivo referido supra, mediante el cual objetó la remisión de posible nombramiento de perito. Ante ello, el Juez a quo emitió decreto de 25 de dicho mes y año, por el cual dispuso que se tenía presente dicha objeción, corriéndose traslado de ello y ordenó que se oficie al IDIF para que remitan una terna de peritos “…que se tendrá como ofrecimiento por parte del ejecutante, en cuanto al principio dispositivo dispuesto en el Art. 1.3, en relación con el Art. 193 y 194 del CPC” (sic [fs. 197 a 199]). II.5. Consta Sentencia Definitiva 05/22 de 6 de junio de 2022, dictado por el Juez a quo, mediante la que declaró improbado el incidente de extinción por inactividad procesal e improbada la excepción de falsedad e inhabilidad del título, confirmando la Sentencia inicial, con base en los siguientes fundamentos en lo que respecta a la referida excepción: a) Se advirtieron las fotocopias legalizadas del cuaderno de investigación dentro de la denuncia de Abigail Calzadilla Vda. de Morales -tercera interesada- contra Herlan Romero Rosel -accionante-, por la presunta comisión de los delitos de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, dentro de las cuales se evidencia fotocopias del dictamen pericial realizado por Carlos Eduardo Calvo Morales, en cuya parte final se evidencia la conclusión de que la firma cuestionada diagramada a nombre de Abigail Calzadilla Vda. de Morales “es firma falsa”; b) El ejecutante -solicitante de tutela- objetó el posible nombramiento del profesional perito Carlos Eduardo Calvo Morales, pidiendo que se oficie IDIF; producto de ello, dicho Instituto envió una terna, de la cual se designó a Stefanie Mariam Álvarez Mora como perita; c) No consta ninguna actuación que dé cuenta del cumplimiento y resultado de dicha pericia dispuesta por el Juez a quo a partir del 18 de mayo de 2022; d) El proceso penal referido fue declarado nulo en relación a la etapa de investigación hasta el Auto de 22 de marzo de 2022, por el Juez de Instrucción Penal Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, por lo que quedan ineficaces las pruebas allí obtenidas en especial la pericia o el dictamen pericial realizado en dicha instancia; y, e) Se deben probar las afirmaciones realizadas por las partes, empero en el presente caso una prueba es ineficaz y la ordenada no ha sido concluida; consiguientemente, el proceso ejecutivo en su estructura monitoria debe continuar hasta que una sentencia definitiva ejecutoriada con calidad de cosa juzgada material diga lo contrario, en el sentido de que en esas vías competentes se pueda determinar definitivamente si la firma puesta en la letra de cambio objeto del proceso ejecutivo resulta falsa o no (fs. 254 a 256 vta.) II.6. Consta memorial de Abigail Calzadilla Vda. de Morales –ahora tercera interesada- presentado el 20 de junio de 2022, por el cual interpuso recurso de apelación contra la señalada Sentencia 05/22, en el que solicitó que se anule obrados hasta el vicio más antiguo o en su caso resuelva lo que corresponda, sobre la base de los siguientes argumentos: 1) No fue notificada con la Sentencia; 2) Sin que se haya designado al perito, este fue objetado y el Juez de la causa dio curso a dicha objeción, “…evidenciándose una parcialidad con la parte ejecutante” (sic); asimismo, de acuerdo a decreto de 25 de enero de 2022, era el ahora accionante quien tenía la carga de obtener la prueba pericial que efectuara la experta Stefanie Mariam Álvarez Mora; y, 3) La nulidad de obrados solicitada obedece a que fue dejada en indefensión en cuanto “…en la tramitación del presente proceso, en cuanto a la PRUEBA PERICIAL…” (sic) y aún así se dictó Sentencia, a pesar de que se encontraba en trámite el diligenciamiento del peritaje pretendido, por lo cual debe ser declarada “NULA” dicha Sentencia apelada, en aplicación del art. 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ [fs. 259 a 263]). II.7. Cursa memorial de la ahora tercera interesada presentado el 9 de noviembre de 2022, ante la Sala Civil y Comercial, Familia Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por el cual se ratificó en su recurso de apelación y presentó prueba, en cuyo otrosí primero señaló que con relación a la letra de cambio 068847, documento base y objeto del proceso ejecutivo, se realizaron dos dictámenes periciales, por diferentes peritos y en fechas distintas, y ambos llegaron a una misma conclusión, que la firma estampada a nombre de Abigail Calzadilla Vda. de Morales en el documento señalado, era falsa, prueba adjuntada a dicho memorial; asimismo, en el otrosí segundo, señaló que adjuntó Sentencia 35/2022 de 16 de agosto, mediante la cual se condenó a Ilonka Guiovamna Morales Calzadilla a tres años de reclusión (fs. 362 a 368). II.8. Se advierte Auto de Vista 59-2022 de 1 de diciembre, por el cual los Vocales ahora demandados declararon anular obrados hasta fs. 250, dejando sin efecto la Sentencia 05/2022 y dispuso que la autoridad judicial de primera instancia, señale nueva audiencia en la cual se cumpla con el trámite establecido en los arts. 195, 196, 197, 198 y 208 del Código Procesal Civil (CPC), con relación a lo establecido en el art. 366.I.5 de dicha norma, bajo los siguientes fundamentos: 1) El Auto Supremo (AS) 1222/2018 de 11 de diciembre, señaló que: “‘…por lo que en el caso de que un Juez o Tribunal advierta algún vicio procesal, este en virtud del principio constitucional de eficiencia de la justicia ordinaria puede tomar una decisión anulatoria”’; por su parte, la SCP 0153/2018-S3 de 2 de mayo señaló “‘…el cumplimiento de los principios de congruencia y pertinencia pueden ser pasados por alto en un solo caso, y es el referido a la obligatoriedad que tienen las autoridades que conocen un asunto en alzada, de revisar de oficio las actuaciones procesales a efectos del saneamiento del proceso, atribución conferida por el Art. 17.I de la Ley del Órgano Judicial (…) porque si en cumplimiento de la labor fiscalizadora, constata la presencia de las lesiones, entonces aún de oficio, podrá determinar nulidades de acuerdo a los límites establecidos en la ley…”’ (sic); 2) La parte demandada sostuvo que la firma cursante en el título valor sería falsa, por lo que, la autoridad demandada debió procurar obtener la verdad material, más aún cuando la misma aceptó el diligenciamiento de prueba pericial y dispuso que se suspendan las actuaciones hasta que se tenga el resultado de dicha pericia; 3) Si bien el Juez de la causa tuvo presente la objeción del ejecutante contra la designación de Carlos Eduardo Calvo Morales como perito porque ya había efectuado la pericia pretendida, no fue resuelta por dicho Juez, con lo que no se siguió el trámite previsto en el art. 195 del CPC; 4) La parte demandada solicitó nuevo día de audiencia para resolver su incidente y excepción, pues señaló que estaba a la espera de la emisión del Informe pericial, ante lo que el Juez a quo dispuso que esa solicitud sería tratada en audiencia; sin embargo, dictó resolución prescindiendo de dicha prueba, pese a la constancia de su diligenciamiento; 5) La parte demandada -tercera interesada- propuso un perito, que no fue aceptado por el Juez de la causa, sino que decidió que se oficie al IITCUP para la remisión de un perito y una vez remitido el nombre de quien podría realizar el trabajo pericial, fue el propio demandante -ahora tercero interesado- quien lo observó, lo que ocasionó que se oficie al IDIF y se nombre a una perita de Cochabamba, lo que implicó una serie de gastos y responsabilidades que no pueden ser endilgados a la excepcionista -tercera interesada-, pues se acudió a profesionales de otros departamentos, por lo que al no haber la autoridad judicial procedido a señalar nueva audiencia, a pesar de haberse demostrado que la parte demandada -hoy tercera interesada- ya había diligenciado las notificaciones en el departamento de Cochabamba, se constituye en un acto que generó indefensión a dicha demandada, lesionando el debido proceso, pues la prueba pericial era fundamental para acreditar si la firma consignada era falsa o no, más aun cuando en el expediente ya había un dictamen pericial que sostenía que dicha firma era falsa, aunque haya sido invalidado después por defectos de forma en el proceso penal pertinente; y, 6) Al haberse demostrado que el Juzgador asumió la decisión de rechazar la excepción de falsedad o inhabilidad de título, a pesar de estar pendiente la elaboración del dictamen pericial y siendo que fue el mismo Juez quien aceptó dicha proposición probatoria, corresponde corregir el procedimiento, ya que la normativa de manera clara dispone en el art. 208 del CPC que la autoridad judicial tendrá el deber de ordenar las medidas necesarias para posibilitar que la producción de la prueba para mejor proveer sean incorporadas con la antelación debida, aspecto de vital importancia, pues permitirá conocer a ciencia cierta si la firma estampada en el título valor corresponde o no a la demandada, siendo posible la postergación de la audiencia (fs. 372 a 375 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, dentro de proceso ejecutivo seguido por él contra Abigail Calzadilla Vda. de Morales -ahora tercera interesada-, denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa, impugnación, acceso a la justicia, tutela judicial efectiva y al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia y los principios de legalidad, verdad material y seguridad jurídica, porque las autoridades demandadas, a tiempo de resolver la apelación de aquella contra la Sentencia definitiva que declaró improbada su excepción de falsedad e inhabilidad en el título -letra de cambio- anularon obrados hasta que se lleve a cabo la prueba pericial, resolviendo aspectos no contenidos en la apelación y omitiendo la valoración probatoria. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Jurisprudencia reiterada sobre la revisión de la actividad jurisdiccional de otros tribunales

En relación al tema anunciado, la SCP 1631/2013 de 4 de octubre, citada por la SCP 0378/2024-S2 de 15 de julio determinó que: “La jurisprudencia del Tribunal Constitucional desde sus inicios ha sido categórica en afirmar que a la jurisdicción constitucional no le corresponde juzgar el criterio jurídico empleado por otros tribunales para fundar su actividad jurisdiccional, pues ello implicaría un actuar invasivo de las otras jurisdicciones (SC 1031/2000-R de 6 de noviembre), no obstante, es indudable también que desde sus inicios este Tribunal determinó que sí procede la tutela constitucional si en esa actividad interpretativa se lesionan derechos fundamentales y garantías constitucionales, incluso a efectos de revisar ‘cosa juzgada’. De donde se puede concluir que la jurisdicción constitucional respetando el margen de apreciación de las otras jurisdicciones precisó en la jurisprudencia que la acción de amparo constitucional no se activa para reparar incorrectas interpretaciones o indebidas aplicaciones del Derecho, pues no puede ser un medio para revisar todo un proceso judicial o administrativo, revisando la actividad probatoria y hermenéutica de los tribunales, ya que se instituyó como garantía no subsidiaria ni supletoria de otras jurisdicciones.

Más adelante y en ese mismo contexto jurisprudencial, el Tribunal Constitucional hace extensible la línea jurisprudencial de revisión de la legalidad ordinaria a eventuales violaciones de los derechos y las garantías constitucionales a la verificación de si en la interpretación, no se afectaron principios constitucionales informadores del ordenamiento jurídico (así ver la SC 1846/2004-R de 30 de noviembre, que cita los principios de legalidad, seguridad jurídica, igualdad, proporcionalidad, jerarquía normativa y debido proceso). De donde determinó que un mecanismo de control de la actividad interpretativa de la jurisdicción ordinaria resulta que ésta se someta a ‘reglas admitidas por el Derecho’ (SC 1846/2004-R de 30 de noviembre), por ello planteó una relación de causalidad entre el sometimiento de las autoridades a los estándares interpretativos y la vigencia de derechos, garantías, principios y valores en la actividad hermenéutica, con la conclusión que la interpretación de una norma no puede conducir a la creación de una norma distinta de la interpretada.

Sin embargo, posteriormente vía jurisprudencia se determinó que la errónea interpretación debe ser invocada por el accionante a efectos de abrir la jurisdicción constitucional para la verificación de la actividad interpretativa de la jurisdicción común, y más adelante se precisó que la parte procesal que se considera agraviada con los resultados de la interpretación debe expresar de manera adecuada y precisar los fundamentos jurídicos que sustenten su posición, en ese sentido se estableció que ante la ausencia de carga argumentativa corresponde denegar la tutela solicitada. Esta línea se profundizó señalando que es atribución del Tribunal Constitucional interpretar la Constitución, y de la jurisdicción común, interpretar el resto del ordenamiento jurídico; o lo que es lo mismo, la legalidad infra constitucional u ordinaria, precisando que ello no implica llegar a la conclusión tajante de que la labor interpretativa de la legalidad ordinaria no está sujeta al control constitucional para verificar la vulneración de derechos y garantías de la Constitución, ante ello la SC 0085/2006-R de 25 de enero, precisó que el accionante que pretende la revisión de la legalidad ordinaria debe: 1) Explicar por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo; y; 2) Precise los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, estableciendo el nexo de causalidad entre éstos y la interpretación impugnada; dado que sólo de esta manera la problemática planteada por el recurrente, tendrá relevancia constitucional, la SC 0194/2011-R de 11 de marzo, incorporó el tercer elemento que debe contener la exposición señalando: ‘3) Establezca el nexo de causalidad entre la ausencia de motivación, arbitrariedad u otra situación absurda, por no aplicar la interpretación que considera debió efectuarse, y los derechos y/o garantías que conforman el bloque de constitucionalidad, y que han sido lesionados con dicha interpretación, explicando sí el resultado, cuál la relevancia constitucional’” (las negrillas pertenecen al texto original y el subrayado fue añadido).

III.2. Del elemento congruencia del debido proceso

Al respecto, se cita el art. 115.II de la CPE que establece: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, gratuita, transparente y sin dilaciones” (las negrillas fueron añadidas).

En cuanto al elemento congruencia del enunciado derecho, la SCP 1548/2014 de 1 de agosto -citada por la 0519/2024-S2 de 22 de agosto- determinó que: “La abundante jurisprudencia constitucional, ha señalado que una de las derivaciones del debido proceso es el principio de congruencia entendido en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, sino que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que además debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume. De acuerdo a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes. El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia (SSCC 0486/2010-R, 1619/2010-R y SCP 0387/2012, entre otras)” (las negrillas fueron añadidas).

III.3. De la protección de los principios mediante la acción de amparo constitucional

En relación a ello la SCP 0364/2019-S4 de 18 de junio determinó: «Luego, a través de la SCP 0096/2012 de 19 de abril, se señaló que la seguridad jurídica podrá ser tutelable a través de la acción de amparo constitucional cuando esté directamente vinculada a un derecho fundamental, en los siguientes términos: “Ahora bien, el art. 178 de la Norma Fundamental, reconoce a la seguridad jurídica como un principio constitucional, sobre el cual se sustenta la potestad de impartir justicia, así lo entendió la SC 0070/2010-R de 3 de mayo, al afirmar: ‘…la seguridad jurídica como principio emergente y dentro de un Estado de Derecho.’

Razonamiento que nos lleva a concluir que a través de los principios y valores contenidos en la norma fundamental, se busca la eficacia máxima de los derechos fundamentales y garantías constitucionales; por cuanto, su resguardo sólo podrá hacerse efectiva cuando se advierta su vinculación con un derecho fundamental objeto de tutela constitucional”» (las negrillas fueron añadidas).

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante, dentro de proceso ejecutivo seguido por él contra Abigail Calzadilla Vda. de Morales, ahora tercera interesada, denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa, impugnación, al acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia y los principios de legalidad, verdad material y seguridad jurídica, porque las autoridades demandadas, a tiempo de resolver la apelación de aquella contra la Sentencia definitiva que declaró improbada su excepción de falsedad e inhabilidad en el título -letra de cambio- anularon obrados hasta que se lleve a cabo la prueba pericial, resolviendo aspectos no contenidos en la apelación y omitiendo la valoración probatoria. Establecido el planteamiento del problema, concierne contextualizar el mismo; en ese orden, se advierte que consta demanda ejecutiva planteada por el accionante contra la ahora tercera interesada, con relación al cobro de una letra de cambio por $us100 000.- ante el Juzgado Público Civil y Comercial Decimotercero de la Capital del departamento de Santa Cruz (Conclusión II.1), que fue resuelta por Sentencia Inicial 146-20 de 9 de diciembre de dicho año, declarándola probada (Conclusión II.2). El 12 de noviembre de 2021, la ejecutada -tercera interesada- planteó incidente de extinción por inactividad y excepción de falsedad o inhabilidad de título (Conclusión II.3), a cuyo efecto fue emitida Sentencia Definitiva 05/22 de 6 de junio de 2022 que declaró improbado dichos incidente y excepción (Conclusión II.5); sin embargo, apelada que fue dicha Sentencia, los Vocales demandados emitieron el Auto de Vista 59/2022 de 1 de diciembre, que anuló obrados y dispuso que el Juez a quo señale nueva audiencia para que se cumpla con la prueba pericial solicitada por la ejecutada -tercera interesada- (Conclusiones II. 6 y 8). Ahora bien, de la revisión de los alegatos de la presente demanda, se evidencia que el accionante denunció que las autoridades demandadas no consideraron que la audiencia de 26 de mayo de 2022, no fue cuestionada por la ahora tercera interesada, lo que habría implicado que desistió de la producción de su prueba pericial, que se rechazó su solicitud de suspensión de audiencia, que hizo la fecha señalada; asimismo, que dichos Vocales pretendieron que el Juez a quo produzca la prueba de descargo, supliendo la negligencia de la ejecutada en relación a su prueba pericial y, finalmente, que se desconoció la naturaleza del proceso ejecutivo. Al respecto, se evidencia que el accionante no relacionó dichos cuestionamientos con la afectación de algún derecho constitucional de manera particular, pues solo se advierte una denuncia general sobre la afectación de derechos, lo que no es suficiente para ingresar a su análisis en esta jurisdicción; en ese marco, se entiende que el accionante está cuestionando los actos de los demandados como si la presente se tratara de una etapa más del proceso ejecutivo activado, pretendiendo que se pase a revisar la actividad jurisdiccional desarrollada por los demandados, sin considerar lo que la jurisprudencia constitucional estableció al respecto, como se tiene citado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, en la que se indica claramente que dicha revisión solo es posible si se da una relación entre la actividad jurisdiccional observada y el menoscabo de derechos fundamentales, situación que -se reitera- el impetrante de tutela no ha establecido, con relación a los enunciados cuestionamientos; consiguientemente, corresponde denegar la tutela en lo atinente a la denuncia de vulneración de los derechos a la defensa, impugnación, acceso a la justicia, tutela judicial efectiva y al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación. Distinta es la situación planteada por el solicitante de tutela con relación al hecho de que los referidos Vocales incluyeron en su Auto de Vista 59-2022 el tema sobre la objeción del ejecutante contra la posible designación del perito que elaboró su peritaje relativo a la firma que constaba en la letra de cambio objeto del proceso ejecutivo, pues al respecto denunció que se trataba de un aspecto que no fue planteado en el recurso de apelación, por lo que se habría constituido en un pronunciamiento extra petita; en ese orden, la relación establecida entre el acto vulnerador y el elemento congruencia del debido proceso, cuyo alcance fue abordado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, merece un pronunciamiento en el fondo, a cuyo efecto se puede referir que la apelación de la ahora tercera interesada abordó el tema de la objeción del accionante en cuanto al perito propuesto por la tercera interesada, como se puede advertir de los alegatos citados en la Conclusión II.6 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, lo que ameritó que el referido Auto de Vista contenga ese aspecto y se enmarque en el elemento congruencia del debido proceso; sin embargo, no anuló obrados hasta esa objeción -la cual fue planteada el 21 de enero de 2022 y corrida en traslado, mediante decreto de 25 de dicho mes y año (Conclusión II.4)-, sino hasta la Sentencia Definitiva 05/22, a cuyo efecto dispuso que las autoridades demandadas debían señalar nueva audiencia y cumplir con los arts. 195, 196, 198 y 208 del CPC, los cuales están relacionados con el trámite procesal para la obtención de la prueba pericial, lo que estaba relacionado con el informe que debía elaborar la designada perita de Cochabamba y ese aspecto, a su vez respondió al propósito buscado por el medio de impugnación de la tercera interesada, como se advierte de su recurso de apelación y así fue reconocido por el impetrante de tutela en el planteamiento de su demanda y en su ampliación oral; consiguientemente, el Auto de Vista cuestionado actuó en el marco del elemento congruencia del debido proceso. Asimismo, el solicitante de tutela cuestionó que el Auto de Vista analizado, no efectuó la correspondiente valoración probatoria, empero no especificó qué prueba era la que consideraba que no fue valorada, por lo que su argumento al respecto no es posible atenderlo. Finalmente, el impetrante de tutela denunció la vulneración de los principios de legalidad y seguridad jurídica, empero dado que estos son atendibles en una acción de amparo constitucional siempre y cuando estén relacionados con derechos fundamentales, como lo analizó la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, al haberse denegado la tutela por los indicados derechos, esa denegatoria impide ingresar a analizar de forma aislada la denuncia de afectación de los señalados principios, por lo que corresponde su denegatoria. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución S-69 de 30 de junio de 2023, cursante de fs. 414 vta. a 416 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Notas al pie

1 El Código Procesal Civil regula la prueba pericial a partir del art. 193 al 203.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1175_2025-S3.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): a11ba60e57d03d0b2bd2bea3104f2b8bfe27a82b6cc652fa06222fb15a155496

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