Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 4 de agosto de 2026
Deniega la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 010/2024 de 19 de abril, cursante de fs. 72 a 75 vta., pronunciada por el Juez de Ejecución Penal Cuarto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1174/2026-S2 Sucre, 4 de agosto de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 63527-2024-128-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 010/2024 de 19 de abril, cursante de fs. 72 a 75 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Mary Elizabeth Carrasco Condarco en representación sin mandato de Pascual Castaños Quispe contra Margot Pérez Montaño; y, Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
El accionante a través de su representante sin mandato, denunció la lesión de la garantía del debido proceso y de su derecho a la defensa; aduciendo que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de estelionato; las Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -demandadas-; en cumplimiento al Auto Supremo 650/2023-RRC de 14 de junio, que declaró fundado el recurso de casación interpuesto, mediante nuevo Auto de Vista 173/2023 de 20 de octubre, determinaron confirmar la Sentencia 022/2011 de 29 de julio; empero, la notificación con dicho Auto de Vista, fue realizada a un número de celular distinto al que su persona proporcionó en los memoriales que presentó; esa irregularidad le impidió plantear recurso de casación; además, provocó la ejecutoria de la referida Sentencia y posterior ejecución del mandamiento de captura para cumplimiento de condena, a través del cual se le privó de libertad. Por lo que, solicitó se ordene su libertad en el día; asimismo, se disponga la correcta notificación con el indicado Auto de Vista. Las Vocales demandadas, sostuvieron que, si bien emitieron el Auto de Vista 173/2023, la notificación correspondía ser efectuada por el personal de apoyo jurisdiccional.
El Juez de Ejecución Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, denegó la tutela solicitada; al efecto, sostuvo que las demandadas carecen de legitimación pasiva, al no estar dentro de sus atribuciones la notificación de actuados procesales. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se determinó la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Por ello, el formato del presente fallo se ajusta a lo precedentemente determinado.
La SC 0008/2010-R de 6 de abril, refiriéndose a la excepcionalidad del principio de subsidiariedad en relación a la acción de libertad determinó que: “…esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas” (las negrillas pertenecen al texto original).
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia que las Vocales demandadas, al emitir el Auto de Vista 173/2023 de 20 de octubre, en cumplimiento del Auto Supremo 650/2023-RRC de 14 de junio, confirmaron nuevamente la Sentencia 022/2011 de 29 de julio; sin embargo, la notificación con dicho Auto de Vista fue a un número de celular distinto al que proporcionó durante la tramitación del proceso penal, irregularidad que le impidió interponer recurso de casación y ocasionó la ejecutoria de la referida Sentencia, derivando posteriormente en la ejecución del mandamiento de captura para cumplimiento de condena y su privación de libertad. En ese sentido, pretende que se disponga su libertad y se ordene la correcta notificación con el citado Auto de Vista. Al respecto, conforme se estableció en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, si bien la acción de libertad, por su naturaleza, no se encuentra sometida de manera general al principio de subsidiariedad, excepcionalmente corresponde acudir previamente a los mecanismos específicos de defensa previstos por el ordenamiento jurídico cuando estos resultan idóneos, eficaces y oportunos para restituir el derecho cuya vulneración se denuncia. En el caso concreto, la lesión denunciada se encuentra vinculada directamente con la supuesta irregularidad en la notificación del Auto de Vista 173/2023, a partir de la cual el accionante sostiene que se vio impedido de ejercer su derecho a recurrir y que, como consecuencia de ello, se produjo la ejecutoria de la Sentencia 022/2011 y su posterior privación de libertad. Por consiguiente, la controversia planteada no se origina en un acto autónomo de privación de libertad, sino en una actuación procesal desarrollada dentro del proceso penal cuya validez es cuestionada por el accionante. En ese sentido, la denuncia relativa a la defectuosa notificación, la eventual afectación del derecho a la defensa y las consecuencias procesales que el accionante atribuye a dicha actuación, debe ser planteada inicialmente ante la autoridad jurisdiccional que ejerce el control del proceso penal, a través del incidente de nulidad por actividad procesal defectuosa, prevista en el art. 169 del Código de Procedimiento Penal (CPP), mecanismo idóneo para cuestionar actos procesales que se consideren realizados con inobservancia de las formas y garantías establecidas por el ordenamiento jurídico. Ahora bien, de la revisión de los antecedentes remitidos, no se advierte que el accionante hubiera promovido dicho incidente de nulidad, pese a que la irregularidad que ahora denuncia -la supuesta defectuosa notificación con el Auto de Vista 173/2023- puede ser sometida a conocimiento de la jurisdicción ordinaria, conforme se explicó. Asimismo, cabe señalar, que la circunstancia de que el impetrante de tutela actualmente se encuentre privado de libertad no determina, por sí misma, la procedencia directa de la acción de libertad, cuando la lesión alegada a este derecho se encuentra vinculada con una actuación procesal cuya validez puede ser examinada y, eventualmente, reparada por la autoridad jurisdiccional competente mediante un mecanismo específico. Por ello, corresponde que sea la jurisdicción ordinaria la que, en primer término, determine si la notificación cuestionada fue realizada conforme a las reglas procesales aplicables y si la misma produjo una afectación a sus derechos. Tampoco se advierte que el solicitante de tutela hubiera acreditado alguna circunstancia excepcional que torne inidóneo, ineficaz u inoportuno el incidente de nulidad por actividad procesal defectuosa, ni que justifique prescindir de su activación previa. En consecuencia, al no haber acudido al mecanismo procesal idóneo para cuestionar la actuación que considera lesiva, corresponde aplicar la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad y denegar la tutela sin ingresar al análisis de fondo de la problemática expuesta, pues ello implicaría que esta jurisdicción constitucional se constituya en una instancia adicional o supletoria de la jurisdicción ordinaria. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, obro de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 010/2024 de 19 de abril, cursante de fs. 72 a 75 vta., pronunciada por el Juez de Ejecución Penal Cuarto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1174_2026-S2.pdf · páginas 1 a 4.
Huella digital del PDF (SHA-256): 61aa39d95c6dc519f9e15d8e6e5be4f20487857f987a97e73cc467fac5dbe7dd
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