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SCP 1173/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 4 de agosto de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
4 de agosto de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
63489-2024-127-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 12/2024 de 16 de abril, cursante de fs. 44 a 47 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital, del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática expuesta.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Del principio de subsidiariedad excepcional
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1173/2026-S2 Sucre, 4 de agosto de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 63489-2024-127-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 12/2024 de 16 de abril, cursante de fs. 44 a 47 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Marcos Aruquipa Copana y Augusto Ángel Ortiz Peñaranda en representación sin mandato de Romario Monroy Cárdenas contra Javier Flores Mamani y Lucia Jeanette Monzón Viveros, Juez y Secretaria respectivamente del Juzgado de Ejecución Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz; Iván Elmer Perales Fonseca, Harry Nelson Canales Aranda y Johana Madeleine Roldan Machicado, Juez, Secretario y Auxiliar del Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital del mismo departamento.

I. OBJETO PROCESAL

El accionante, a través de sus representantes sin mandato, denunció la lesión de sus derechos a la defensa y a la libertad; puesto que, el 4 de abril de 2024, fue aprehendido de forma ilegal, en virtud al Mandamiento de Captura para Cumplimiento de Condena de 21 de febrero de igual año, emitido por el Juez de Ejecución Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz -demandado-, sin haber sido legalmente notificado con la Sentencia Condenatoria 115/2023 de 19 de septiembre; toda vez que, del formulario de notificación de 10 de noviembre de 2023, advirtió que dicha diligencia habría sido practicada en un domicilio que no le correspondía. En ese entendido, solicitó que se declare la nulidad de la citada notificación y todos los actuados posteriores; en consecuencia, se deje sin efecto el indicado Mandamiento; y, se disponga su inmediata libertad. Javier Flores Mamani, Juez de Ejecución Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz -demandado-, señaló que carece de legitimación pasiva; debido a que el 20 de febrero de 2024, el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante, fue radicado en su despacho para que realice el control de cumplimiento de la pena; en consecuencia, el 21 de dicho mes y año, emitió el correspondiente Mandamiento de Captura para Cumplimiento de Condena; asimismo, la supuesta notificación irregular fue practicada por personal que no se encontraba bajo su dependencia; finalmente, el nombrado, no indicó cómo su persona lesionó los derechos que reclama; por lo que, solicitó que la tutela sea denegada. Lucia Jeanette Monzón Viveros, Secretaria del supra citado Juzgado -codemandada-, sostuvo que, el impetrante de tutela no estaba cumpliendo la pena que le fue impuesta mediante la Sentencia Condenatoria 115/2023; por lo que, en el marco del art. 430 del Código de Procedimiento Penal (CPP), se libró el respectivo Mandamiento de Captura para Cumplimiento de Condena, que fue ejecutado el 4 de abril de 2024; en tal sentido, carece de legitimación pasiva para ser demandada; por lo que, solicitó que la tutela sea denegada. Iván Elmer Perales Fonseca, Juez del Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital del departamento de La Paz -codemandado-; indicó que, el accionante pretende que en la vía constitucional se analice y valore prueba inherente a causales de nulidad de un hecho en particular, sin haber activado previamente los mecanismos intraprocesales idóneos; por lo que, pidió que la tutela sea denegada. Harry Nelson Canales Aranda y Johana Madeleine Roldan Machicado, Secretario; y, Auxiliar del indicado Tribunal -codemandados-, no presentaron informe alguno ni asistieron a la audiencia de garantías pese de su notificación cursante a fs. 27 y 28. El Juez de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital, del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 12/2024 de 16 de abril, cursante de fs. 44 a 47 vta., denegó la tutela solicitada, aseverando que, el accionante contra la diligencia de notificación de 10 de noviembre de 2023 -que cuestiona-, pudo interponer incidente de actividad procesal defectuosa; al no hacerlo Inobservó el principio de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

II. TRÁMITE PROCESAL

En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se determinó la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Por ello, el formato del presente fallo se ajusta a lo precedentemente determinado.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. Del principio de subsidiariedad excepcional

La SC 0008/2010-R de 6 de abril, señaló que: “El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas” (las negrillas nos pertenecen).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante, cuestiona la validez de la diligencia de notificación de 10 de noviembre de 2023 -mediante la cual fue notificado con la Sentencia Condenatoria 115/2023 de 19 de septiembre- y, a partir de ello, los efectos procesales posteriores que condujeron a la emisión y ejecución del Mandamiento de Captura para Cumplimiento de Condena de 21 de febrero de 2024; al efecto, sostiene que la referida diligencia fue practicada en un domicilio distinto al que le correspondía, por lo que, no habría adquirido conocimiento legal de la citada Sentencia; en consecuencia, pretende que se declare la nulidad de dicha notificación y de los actuados posteriores, incluido el indicado Mandamiento; y, se disponga su libertad. Al respecto, corresponde señalar que la determinación de si la diligencia de notificación fue practicada en un domicilio distinto al que correspondía al accionante, así como la eventual incidencia de ese defecto en la validez de los actos procesales posteriores, constituyen cuestiones que, en principio, deben ser conocidas y resueltas por la autoridad jurisdiccional que conoce o conoció el proceso penal, mediante los mecanismos procesales previstos por el ordenamiento jurídico para reclamar la existencia de actividad procesal defectuosa y, en su caso, obtener la nulidad del acto cuestionado.

En ese marco, una vez que el impetrante de tutela advirtió la presunta irregularidad de la notificación, tenía la posibilidad de acudir previamente ante la autoridad jurisdiccional competente, mediante la activación del incidente de actividad procesal defectuosa, solicitando, en su caso, la nulidad de la diligencia de notificación cuestionada y de los actos que considerara afectados por ella. Este mecanismo constituía la vía procesal idónea para que la autoridad judicial examine la regularidad de la diligencia, determine si existió o no indefensión y, de corresponder, adopte las medidas necesarias para restituir los derechos que el nombrado consideraba vulnerados. Sin embargo, de los antecedentes del caso no se advierte que el solicitante de tutela hubiera activado previamente dicho mecanismo procesal ni que concurriera alguna circunstancia excepcional que demostrara que esa vía resultaba inidónea, ineficaz o inoportuna para la restitución de los derechos denunciados. En consecuencia, al acudir directamente a la acción de libertad sin haber planteado previamente ante la autoridad jurisdiccional competente la irregularidad que ahora cuestiona, inobservó la subsidiariedad excepcional que rige esta acción de defensa, conforme al entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Ahora bien, el accionante vincula la presunta irregularidad de la notificación con la emisión y ejecución del Mandamiento de Captura para Cumplimiento de Condena y, por ende, con su privación de libertad, dicha circunstancia no determina, por sí sola, la procedencia directa de la acción de libertad cuando existe un mecanismo procesal específico que debe ser activado previamente y respecto del cual no se acreditó su ineficacia o falta de idoneidad. Por consiguiente, al no haberse activado previamente el mecanismo procesal específico e idóneo para cuestionar la presunta irregularidad denunciada, corresponde denegar la tutela solicitada, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática expuesta. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 12/2024 de 16 de abril, cursante de fs. 44 a 47 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital, del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática expuesta. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1173_2026-S2.pdf · páginas 1 a 5.

Huella digital del PDF (SHA-256): 7a03830584c3e676919340cd89ce60ae564e73a808887ad14e2b5fad5ce01795

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