Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 20 de octubre de 2023
Concede la tutela
La parte accionante, denuncia la lesión de sus derechos a la inamovilidad laboral, maternidad segura, salud, seguridad social y vida; toda vez que, se encontraba desempeñando funciones en el puesto de Profesional VI - Responsable de Comisión Nacional de Refugiados (CONARE), dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores; sin embargo, el 6 de enero de 2022 fue notificada con el Memorándum CITE: GM-DGAA-URH-Me-19/2022 de 6 de enero; por el cual, el Director General de Asuntos Administrativos, le comunicó que se determinó su desvinculación laboral de esa Cartera de Estado; por lo que mediante nota de 11 de enero de igual año, reiterada el 21 del mismo mes y año; y, el 22 de febrero de igual año, solicitó que se deje sin efecto el referido Memorándum de desvinculación y se disponga su reincorporación, pidiendo que se respete su derecho a la inamovilidad laboral por encontrarse en estado de gestación, adjuntando documentación que certifica su estado de gestación; finalmente, el 18 de marzo de citado año, recibió como respuesta, que no correspondía la Revocatoria del Memorándum, en vista a que ejerció un cargo de confianza de naturaleza provisoria. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los hechos denunciados son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para dicho fin inicialmente se verificará: 1) La garantía de inamovilidad laboral de mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo; 2) De las asignaciones familiares: Subsidios devengados; 3) Del cumpl…
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 215/2022 de 15 de agosto, cursante de fs. 128 a 134, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada, respecto a los derechos a la inamovilidad laboral, maternidad segura, salud, seguridad social y vida, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2º Disponer, que el Ministerio de Relaciones exteriores restituya de forma inmediata a la peticionante de tutela a su puesto de trabajo, conforme a los fundamentos desarrollados en el presente fallo constitucional. Asimismo, se proceda al pago de todos los beneficios sociales a su favor, como el pago de los sueldos devengados y asignaciones familiares; salvo que la ahora accionante, hubiese adquirido el referido beneficio de las asignaciones familiares en razón del cargo público del padre.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1173/2023-S1 Sucre, 20 de octubre de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 50486-2022-101-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 215/2022 de 15 de agosto, cursante de fs. 128 a 134, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Nadia Alejandra Cruz Tarifa, Defensora del Pueblo a.i. del Estado Plurinacional de Bolivia en representación de Nohelia Criales Parra contra Rogelio Mayta Mayta, Ministro y Edwin Efrain Contreras Mamani, Director General de Asuntos Administrativos, ambos del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Mediante memoriales presentados el 6 y 20 de julio de 2022, cursantes de fs. 51 a 63; y, 66 a 70; la parte accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Ingresó a trabajar al Ministerio de Relaciones Exteriores el 11 de marzo de 2019, en el cargo de Primer Secretario, con el ítem 48, Responsable IV de la Comisión Nacional del Refugiado (CONARE), dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos; posteriormente, el Ministro de Relaciones Exteriores firmó el Memorándum GM Me-1360/2020 de 31 de diciembre, a través del cual comunicó a la Directora General de Asuntos Jurídicos que sería designada como Secretaria Técnica de la CONARE, y se emitió la Resolución Ministerial 186/2020 de 31 de diciembre. Por Memorándum CITE: GM-DGAA-Me123/2021 de 26 de febrero, se la reasignó en el puesto de Profesional VI - Responsable del CONARE, dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos.
El 6 de enero de 2022 fue notificada con el Memorándum CITE: GM- DGAA-URH- Me-19/2022 de la misma fecha; por el cual, el Director General de Asuntos Administrativos, le comunicó que se determinó su desvinculación laboral de esa Cartera de Estado. El 11 de enero de 2022, presentó una Nota dirigida al Ministro de Relaciones Exteriores, adjuntando la documentación que certifica su estado de gestación, solicitando se deje sin efecto el Memorándum GM-DGAA-URH-Me-19/2022 de 6 de igual mes y año, y se disponga su reincorporación, pidiendo que se respete su derecho a la inamovilidad laboral por encontrarse en estado de gestación. El 14 de enero de 2022, Edwin Efarín Contreras Mamani Director General de Asuntos Administrativos -ahora demandado- mediante Nota GM- DGAA-URH-Cs- 21/2022, le solicitó que remita la documentación original en el marco del art. 3 del Decreto Supremo (DS) 012 de 19 de febrero de 2009 (Certificado médico de embarazo extendido por el ente gestor de salud o por establecimientos públicos de salud); en cumplimiento a dicho requerimiento, el 21 de igual mes y año, presentó una nota remitiendo la documentación original requerida. Al no recibir respuesta a su solicitud; el 22 de febrero de 2022, dirigió una nota al Ministro de Relaciones Exteriores, para que deje sin efecto el Memorándum de desvinculación laboral y se proceda a su reincorporación. Por Nota GM-DGAA-URH-Cs-190/2022 de 18 de marzo, Edwin Efraín Contreras Mamani Director General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores -ahora demandado-, respondió a su solicitud, señalando que no corresponde la revocatoria del Memorándum GM-DGAA-URH-Me-19/2022 de 6 de enero, adjuntando el Informe Jurídico GM-DGAJ-UGJ-ln-107/2022 de 11 de marzo, el cual señala que al haber ejercido el cargo de Secretaria Técnica del CONARE, respondía a un cargo de confianza de naturaleza provisoria; sin embargo, no se tomó en cuenta que fue reasignada a un puesto de trabajo inferior de acuerdo a la escala salarial y nivel jerárquico, habiendo adquirido la condición de servidora pública provisoria. La Defensoría del Pueblo tomó conocimiento de su denuncia a través del número de caso DP/SSP/5900/2022; por lo que, el 25 de mayo de 2022, mediante Cite: DP/SSP/RIE/LPZ/2542/2022, se presentó el Requerimiento de Información Escrita (RIE) ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, sin que hasta el presente se hubiese dado respuesta.
La parte peticionante de tutela alegó como vulnerados sus derechos a la inamovilidad laboral, maternidad segura, salud, seguridad social y vida; citando al efecto los arts. 15, 45 y 48 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Pidió se conceda la tutela, disponiendo que: a) Se deje sin efecto el Memorándum GM-DGAA-URH-Me-19/2022 de 6 de enero, y retorne al desempeño de sus funciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores en el puesto de Profesional VI-Responsable del CONARE, dependiente de la Dirección de Asuntos Jurídicos, sin afectar su ubicación ni su nivel salarial; b) Se ordene el pago de salarios devengados desde el 7 de mismo mes y año, hasta la fecha que se haga efectiva su reincorporación; y, c) Demás derechos que le corresponden.
La audiencia virtual de la presente acción de defensa, se celebró el 15 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 121 a 127 vta., produciéndose los siguientes actuados:
La parte impetrante de tutela, por intermedio de su abogado y el representante de la Defensoría del Pueblo, en audiencia ratificó los argumentos expuestos en su acción de amparo constitucional, y ampliando los mismos, agregó que: 1) Realizó su trabajo de manera normal sin ser sometida a proceso interno y menos una llamada de atención; y, 2) Dio a conocer su estado de embarazo terminando la gestión 2021; sin embargo, le notificaron el 2022 con el Memorándum de desvinculación, situación completamente arbitraria que va en contra del art. 48.6 de la CPE.
Rogelio Mayta Mayta, Ministro de Relaciones Exteriores, mediante informe escrito presentado el 22 de julio de 2022, cursante de fs. 414 a 418 vta.; y, en audiencia de la presente acción tutelar, a través de su representante, manifestó que: i) Conforme a los arts. 22, 23 y 25 de la Ley de Protección a las Personas Refugiadas -Ley 251 de 20 de junio de 2012- el cargo de Secretaria Técnica de la CONARE es clasificado como “Designado” dadas las características de sus funciones las cuales revisten una gran importancia a nivel institucional, por tal motivo se establece la necesidad de su designación a través de una Resolución Ministerial; ii) Del Memorándum GM-DGAA-URH-ME-100/2019 (Incorporación), Resolución Ministerial 186/2020 (Designación), Memorándum GM-DGAA-URH-ME-352/2019 (Actualización) y Memorándum GM-DGAA-URH-ME-123/2021 (Nueva Escala Salarial), en primera instancia se incorpora y posteriormente se la designa, en el marco del artículo 4.II núm. 28 y 42.I. núm. 2 de la Ley 465, en condición de “servidora pública de Libre nombramiento y posteriormente servidora pública Designado” (sic); iii) En cumplimiento de la Ley 1356 - Ley del Presupuesto General del Estado- para la gestión 2021, se elaboró una nueva Escala Salarial, aspecto comunicado a la accionante mediante Memorándum GM-DGAA-URH-ME-123/2021, lo cual no fue un acto de reasignación sino de conocimiento de la nueva escala salarial; por lo que, en ningún momento la misma dejó de ocupar el cargo de Secretaria Técnica, máxime cuando la Resolución Ministerial 86/2020 de 31 de diciembre, no fue dejada sin efecto; iv) Respecto al Punto IV.2 “Sobre el Derecho de las Asignaciones Familiares” contendida en la acción de amparo constitucional, causa extrañeza la alusión a la vulneración de dicho derecho; toda vez que, no se advierte una exposición que precise de qué forma se lo habría vulnerado; v) Llama la atención que no se puso en conocimiento del Tribunal de Garantías, que el esposo de la peticionante de tutela trabaja en la Defensoría del Pueblo y que la tiene como asegurada beneficiaria; vi) Debido a que la impetrante de tutela pretende ejercer el cargo de secretaria, se debió notificar a la presidencia del CONARE, ya que se necesita su pronunciamiento expreso en consulta con el nivel ejecutivo conformado por los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Gobierno y de Justicia; vii) Causa extrañeza que no sea parte accionante la misma peticionante de tutela, ya que tiene la profesión de abogada; viii) La gran debilidad de su acción es que el referido cargo es de confianza, de designación y por lo tanto no está bajo los alcances de inamovilidad por embarazo; ix) Los designados directamente por una autoridad elegida, para realizar labores de dirección, tienen características específicas que mal podrían ser equiparables a la generalidad de servidores públicos y trabajadores que gozan de la garantía de la inamovilidad en las condiciones establecidas por la Constitución y la Ley; por lo que, esta garantía, no puede ser aplicada en todos los casos; y, x) Solicitó que se deniegue la tutela. Edwin Efrain Contreras Mamani, Director General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de su abogado, manifestó que: a) La accionante suscribió como secretaria técnica en varios documentos, como ser la solicitud de servicios gastronómicos de 29 de diciembre de 2021; el acta de devolución de sellos a la conclusión de su trabajo como servidora en el Ministerio de Relaciones Exteriores de 11 de enero de 2022; y, el Memorándum de desvinculación de similar mes y año; y, b) Solicitó que se deniegue la tutela.
La Sala Constitucional Cuarta del departamento de La Paz, mediante Resolución 215/2022 de 15 de agosto, cursante de fs. 128 a 134, denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: 1) La protección de inamovilidad laboral alcanza a todos los trabajadores, pero en la función pública se estableció algunos límites respecto a los funcionarios electos o de confianza; 2) Si bien la parte accionante señaló que cambió de cargo, el cual ya no sería de confianza y que se la habría bajado de Responsable VI a Responsable IV; de la revisión de antecedentes, no existe ninguna prueba clara que haga establecer esta hipótesis, existiendo en contrario, que no se modificó la asignación de responsable del CONARE, y que ejerció en el cargo de Secretaria Técnica; 3) El CONARE es una instancia que funciona con características específicas previstas en la Ley 251, de Protección a Personas Refugiadas, que en su art. 26 refiere que “...el cargo de Secretaria Técnica o Secretario Técnico será ejercido por una Servidora Pública o Servidor Público designado que debe contar con experiencia, conocimiento e idoneidad en la materia cuya designación corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores de acuerdo a reglamentación...” (sic), en consecuencia se entiende que la parte peticionante de tutela es una funcionaria en un cargo de confianza; 4) Que si bien se encontró en un estado de gravidez que requiere protección del Estado; no habría acudido ante la Dirección de Servicio Civil o por lo menos no de manera idónea para hacer prevalecer este derecho; 5) Después de su desvinculación presentó notas al Ministro de Relaciones Exteriores, en las que de manera expresa solicitó su reincorporación en alguna dependencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero no solicitó su reincorporación al mismo cargo y al mismo nivel salarial, porque se entiende que la parte impetrante de tutela conociendo su situación de una designación en un cargo de confianza, acudió a una solicitud alterna como es la reincorporación en cualquier dependencia del Ministerio de Relaciones Exteriores; 6) La modificación del ítem en cuanto a la denominación e inclusive la asignación de Profesional IV a VI, no se debió un cambio de funciones, sino a una reestructuración presupuestaria, en la cual se acondicionaron temas de presupuesto y denominaciones, pero los cargos continuaron siendo los mismos; 7) Siendo la naturaleza del cargo de confianza, la desvinculación realizada no se constituiría en vulneración de derecho, máxime si la parte accionante, una vez recibido el Memorándum de Desvinculación, de manera posterior recién puso en conocimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores su situación de gravidez; y, 8) El menor no se encuentra en una desprotección total, ya que se goza con atención de seguridad social, salud y subsidios en razón a la función del progenitor; por lo que, no corresponde pronunciarse sobre dichos subsidios; por lo cual, no podría darse una protección doble o innecesaria. En vía de complementación, aclaración y enmienda, la parte accionante, en audiencia, refirió: i) Si las SCP 0548/2016-S2 de 27 de mayo; 0125/2019-S2 de 17 de abril; y la 0148/2019-S2 de citada fecha, tutelaron la inamovilidad laboral de personas que formaban parte de cargos de confianza, porqué se apartó del estándar jurisprudencial más alto; y, ii) Respecto al no aviso previo a la desvinculación, aclare por qué también se apartó del estándar jurisprudencial más alto previsto en la SCP 2557/2012 de 21 de diciembre. A lo cual la Sala Constitucional, mantuvo su decisión desestimando el pedido de complementación, bajo los siguientes argumentos: a) No toda la Sentencia tiene un carácter vinculante sobre las decisiones de un Tribunal de Garantías; la vinculatoriedad y la obligatoriedad de una acción se aplica a través del establecimiento de presupuestos análogos a la acción que se va a resolver; b) La jurisprudencia citada no tiene analogía con los presupuestos fácticos, porque devienen de una situación diferente como es el incumplimiento a Conminatorias de Reincorporación emitidas por Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; y, c) “…en ciertas circunstancias no es necesario avisar con antelación el estado de gravidez a la entidad porque se entiende que existe un seguro, que existe una relación o vinculo obrero-patronal que en seguridad social pues son naturales las consecuencias y los hechos que se suscitan entre las partes, se entiende pero ante la evocación de jurisprudencia específica como es la Sentencia Constitucional Nº 02557/2012 se debe establecer que tampoco existe una analogía fáctica con el caso, porque en este caso el punto, el núcleo es que se trata de un cargo de confianza y la jurisprudencia que ha sido evocada pues no corresponde a esta cualidad de funcionario…” (sic).
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursa en el expediente, se establece las siguientes conclusiones:
marzo, emitido por Ruddy Velásquez Encinas, Director General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores, dirigido a Nohelia Criales Parra -ahora accionante-; por el que, se le comunicó que de acuerdo a Memorándum GM-Me-77/2019 de 6 de marzo, se dispuso su incorporación a partir del 11 de marzo de igual año, en el cargo de Primer Secretario con el ítem 48, puesto Responsable IV de la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE), con un haber mensual de Bs13 210.-(trece mil doscientos diez bolivianos), en condición de servidor público de libre nombramiento (fs. 9). II.2. A través de la Resolución Ministerial 186/2020 de 31 de diciembre, emitida por Rogelio Mayta Mayta, Ministro, suscrita conjuntamente con Eva Gloria Chuquimia Mamani, Viceministra de Gestión Institucional y Consular; y, Claudia Ximena Barrionuevo Romero, Directora General de Asuntos Jurídicos, todos del Ministerio de Relaciones Exteriores, se designa a Nohelia Criales Parra como Secretaria Técnica del CONARE a partir del 31 de diciembre de 2020 (fs. 11 a 12).
febrero, emitido por Edwin Efrain Contreras Mamani, Director General de Asuntos Administrativos a.i. del Ministerio de Relaciones Exteriores, dirigido a Nohelia Criales Parra, señala que en aplicación de la Ley 1356, Ley del Presupuesto General del Estado gestión 2021, de 28 de diciembre de 2020, a partir del 29 de enero del mismo año, ocupa el puesto de Profesional VI-Responsable del CONARE en el ítem 136 con un haber mensual de Bs11 362.-(once mil trescientos sesenta y dos bolivianos) (fs. 13).
II.4. Se advierte Memorándum CITE: GM-DGAA-URH-Me-19/2022 de 6 de enero, dirigido a Nohelia Criales Parra, quien lo recibió en la misma fecha; por el que, Edwin Efrain Contreras Mamani, Director General de Asuntos Administrativos a.i. del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante la facultad otorgada por la Resolución Ministerial 146/2021 de 7 de octubre, señala que se determinó su desvinculación de dicha Cartera de Estado al 6 de enero de igual año, siendo ese su último día laboral (fs. 14).
II.5. Se evidencia Nota con cargo de recepción de 11 de enero de 2022, presentada por Nohelia Criales Parra, dirigida al Ministro de Relaciones Exteriores, adjuntando documentación que certifica su estado de gestación de nueve semanas, señalando que no lo hizo con anterioridad debido a que el Consultorio 8 del Policlínico Manco Kapac de la Caja Nacional de Salud le señaló que recién el 4 de abril de 2022, le otorgaría su Historia Clínica Prenatal, solicitando se deje sin efecto el Memorándum CITE: GM-DGAA-URH-Me-19/2022 de 6 de enero y se disponga su reincorporación en alguna dependencia del referido Ministerio (fs. 15 y vta.).
II.6. Por Nota GM-DGAA-URH-Cs-21/2022 de 13 de enero, emitida por Edwin Efrain Contreras Mamani, Director General de Asuntos Administrativos a.i. del Ministerio de Relaciones Exteriores, dirigido a Nohelia Criales Parra, solicitó la remisión de documentación original en el marco del art. 3 del Decreto Supremo 012 de 19 de febrero de 2009, a efecto de solicitar el criterio legal a la Dirección General de Asuntos Jurídicos (fs. 20).
II.7. Consta Nota con cargo de recepción de 21 de enero de 2022, dirigida al Director General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores; a través del cual, Nohelia Criales Parra, dando cumplimiento a la Nota GM-DGAA-URH-Cs-21/2022 de 13 de enero, remitió Certificado Médico de Salud (original) emitido por el CIMFA Manco Kapac, Caja Nacional de Salud (fs. 22); Certificado Médico de 19 de enero de 2022, emitido por la Caja Nacional de Salud, que señala que Nohelia Criales Parra, tiene un embarazo de 9,5 semanas (fs. 35).
dirigida a Rogelio Mayta Mayta, Ministro de Relaciones Exteriores; por la que, Nohelia Criales Parra, señala que en vista a que no recibió ninguna respuesta sobre su solicitud de inamovilidad laboral, reitera la misma, que fue realizada el 11 de enero de 2022 (fs. 24).
II.9. Mediante Nota GM-DGAA-URH-Cs-190/2022 de 18 de marzo, emitida por el Director General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores, dando respuesta a la solicitud de Nohelia Criales Parra, señaló que no corresponde la revocatoria al Memorándum GM-DGAA-URH-Me-19/2022 de 6 de enero (fs. 25); para lo cual, hizo referencia al Informe Jurídico GM-DGAJ-UGJ-In-107/2022 H.R.: 3378.22 de 11 de marzo, emitido por el Marco Antonio Taborga Coca, Jefe de la Unidad de Gestión Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores, señaló:
“II. ANÁLISIS Y CONSIDERACIONES LEGALES
(…)
2.2. La Ley Nº 251 de 20 de junio de 2012, de Protección a personas refugiadas, (…) artículo 26 establece “(Designación) El cargo de Secretaria Técnica o Secretario Técnico será ejercido por una servidora pública o servidor público designado, que debe contar con experiencia, conocimiento e idoneidad en la materia, cuya designación corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo a reglamentación.” [Énfasis agregado].
Concordante con esta disposición normativa, el Artículo 21 del Reglamento a la Ley Nº 251, de 20 de junio de 2012, de Protección a personas refugiadas, señala que el cargo de Secretaria o Secretario Técnico de la CONARE se ejercerá por una servidora o servidor público, cuya designación compete al Ministro de relaciones Exteriores
(…).
(…)
3.1. La solicitud de consideración de inamovilidad laboral efectuada por la señora Nohelia Criales Parra, mediante Nota s/n de 11 de enero de 2022 y complementada mediante Nota s/n de 21 de enero de 2021, no puede ser atendida, toda vez que la misma al haber ejercido el cargo de Secretaría Técnica de la Comisión Nacional del Refugiado-CONARE, respondía a un cargo designado de confianza y asesoramiento técnico, de naturaleza esencialmente provisorio y/o temporal, por lo que, no gozaba de la garantía constitucional de inamovilidad laboral como mujer embarazada al momento de haberse efectuado el cese de sus funciones. 3.2. La Dirección General de Asuntos Administrativos, debe responder la solicitud efectuada por la señora Nohelia Criales Parra en base a los fundamentos técnicos y legales expuestos en el Informe Técnico GM-DGAA-URH-ln-15/2022 de 2 de febrero de 2022 y el presente Informe Jurídico, considerando al efecto la calidad de ex servidora pública de la peticionante.
Se recomienda que el presente Informe Jurídico sea puesto en conocimiento de la Dirección General de Asuntos Administrativos” (sic [fs. 26 a 31]). II.10. Se advierte Nota con CITE: DP/SSP/RIE/LPZ/2542/2022 con cargo de recepción de 25 de mayo, dirigida al Ministro de Relaciones Exteriores; a través de la cual, la Defensoría del Pueblo, realizó un requerimiento de informe escrito, como consecuencia de la denuncia de Nohelia Criales Parra, por vulneración a su derecho a la inamovilidad laboral en su calidad de mujer en estado de gestación (fs. 32 a 34).
II.11. Se evidencia Memorial con cargo de recepción de 15 de agosto de 2022; por el que, Juan Felipe Pinilla, en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores, solicitó la suspensión de la audiencia de amparo constitucional a efecto de que se disponga la notificación expresa a la Presidencia de la CONARE como tercero interesado; toda vez que, la acción tutelar vislumbra la pretensión del ejercicio del cargo de Secretaría Técnica de la referida Comisión, lo cual es de interés de su Presidencia; ya que, el fallo a emitirse conlleva un directo interés por el nivel de coordinación entre la referida Secretaría Técnica y la Presidencia (fs. 82 a 83).
II.12. A través de Nómina de Personal Institucional extraída de la dirección https://sisdp.defensoria.gob.bo/PersonalVigente/; se advierte que Reynaldo Rodrigo Choque Vicente figura como Personal de Planta de la Oficina Nacional en el cargo de profesional III de Sistemas y Redes (fs. 105 a 114).
La parte accionante, denuncia la lesión de sus derechos a la inamovilidad laboral, maternidad segura, salud, seguridad social y vida; toda vez que, se encontraba desempeñando funciones en el puesto de Profesional VI - Responsable de Comisión Nacional de Refugiados (CONARE), dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores; sin embargo, el 6 de enero de 2022 fue notificada con el Memorándum CITE: GM-DGAA-URH-Me-19/2022 de 6 de enero; por el cual, el Director General de Asuntos Administrativos, le comunicó que se determinó su desvinculación laboral de esa Cartera de Estado; por lo que mediante nota de 11 de enero de igual año, reiterada el 21 del mismo mes y año; y, el 22 de febrero de igual año, solicitó que se deje sin efecto el referido Memorándum de desvinculación y se disponga su reincorporación, pidiendo que se respete su derecho a la inamovilidad laboral por encontrarse en estado de gestación, adjuntando documentación que certifica su estado de gestación; finalmente, el 18 de marzo de citado año, recibió como respuesta, que no correspondía la Revocatoria del Memorándum, en vista a que ejerció un cargo de confianza de naturaleza provisoria. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los hechos denunciados son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para dicho fin inicialmente se verificará: 1) La garantía de inamovilidad laboral de mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo; 2) De las asignaciones familiares: Subsidios devengados; 3) Del cumplimiento y ejecución de las resoluciones constitucionales en resguardo del derecho de acceso a la justicia y su tutela judicial efectiva en acciones constitucionales; y, 4) Análisis del caso concreto.
El orden constitucional establecido en la Constitución Política del Estado aprobado en Referéndum Nacional de 25 de enero y promulgado por el 7 de febrero, ambos del 2009, consagra la garantía de la inamovilidad laboral de mujeres en estado de embarazo y progenitores, hasta un año de edad de los hijos, disponiendo en forma expresa en el art. 48.VI:
“Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos. Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad” (las negrillas son agregadas).
En sintonía con el citado mandato constitucional, la jurisprudencia constitucional desde el anterior Tribunal Constitucional hasta el actual, ha consolidado el régimen reforzado de protección por la garantía de inamovilidad laboral en favor de mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo; en esa comprensión, en un caso de despido injustificado de una dependiente laboral que se encontraba en estado de embarazo, el Tribunal Constitucional ha razonado que no solamente se debe proteger el derecho al trabajo, sino otros derechos primarios de la accionante y el ser en gestación, quienes necesitan protección urgente e inmediata, puesto que el retiro intempestivo de la accionante también implica la supresión del derecho a la seguridad social que resguarda y garantiza el derecho a la salud, poniendo en riesgo el derecho primario a la vida. En la misma línea el actual Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 1245/2014 de 16 de junio, refirió que esta garantía está referida a la protección de trabajadores en su fuente de empleo, su permanencia, sin que el empleador pueda despedirlos, rescindir unilateralmente el contrato de trabajo o modificar desfavorablemente las condiciones laborales para obligarlos a su renuncia de manera encubierta, en ese entendido, la pérdida del puesto de trabajo, cuando un niño o niña está por nacer, puede suponer una terrible afectación a la estabilidad económica y emocional de la familia, con incidencia directa principalmente en el nuevo ser a quien el Estado Plurinacional tiene la intención de proteger. En el mismo sentido, la SCP 0059/2015-S1 de 10 febrero, en lo que atañe a la inamovilidad laboral del progenitor, expresó textualmente:
“En esencia, el derecho a la estabilidad laboral reconocida en favor del trabajador, no se limita a la protección de los derechos del sujeto de la relación laboral, sino que, pretende asegurar y garantizar los derechos fundamentales de la minoridad, permitiendo el afianzamiento de las condiciones para el sustento vital y el desarrollo armónico e integral, debido a su condición de vulnerabilidad física y mental, habida cuenta que desde el momento de la concepción, el ser en proceso de gestación es sujeto de derecho; de ahí que surge la necesidad de establecer una protección reforzada del derecho al trabajo de los progenitores hasta que el hijo o hija cumpla el primer año de edad; en consecuencia, una ruptura abrupta de la relación laboral de los progenitores, implica la directa vulneración de los derechos a la vida, la salud, la integridad física y el desarrollo integral del menor...” (las negrillas fueron adicionadas).
Respecto al ámbito de protección de la inamovilidad laboral de la mujer embarazada la SC 0505/00-R de 24 de mayo de 2000, señaló expresamente:
“…por cuanto el derecho que se debe proteger no es solamente al trabajo, sino otros derechos primarios de la recurrente y el ser en gestación, los cuales necesitan protección urgente e inmediata, ya que el retiro intempestivo de la recurrente importa también la supresión del derecho a la seguridad social que a su vez, resguarda y garantiza el derecho a la salud, derechos que con la medida adoptada ponen en riesgo el primer derecho, la vida, que no puede estar pendiente de otros recursos o vías administrativas que establece la Ley” (las negrillas son añadidas). El desarrollo de la jurisprudencia constitucional también ha establecido la excepción a la subsidiariedad de manera implícita desde la citada SC 505/00-R de 24 de mayo de 2000, señalando que la protección de una dependiente laboral en estado de embarazo despedido indebidamente no puede estar pendiente de otros recursos o vías administrativas establecidas por ley, puesto que se encuentran comprometidos no solo el derecho al trabajo, sino el derecho a la seguridad social, salud y vida, de la mujer embarazada y del ser en gestación, que requiere protección inmediata, urgente. En el mismo sentido la jurisprudencia constitucional pronunciada en la SCP 0785/2003-R de 10 de junio, resalta la procedencia excepcional y extraordinaria del amparo constitucional señalando:
“Si bien el amparo constitucional tiene naturaleza subsidiaria, por ello antes de plantearlo se deben agotar las vías ordinaria de defensa; no es menos cierto que agotar esos medios ordinarios implican para la gestante un perjuicio que podría ser irreparable proveniente de una acción ilegal e indebida de la autoridad recurrida. En tal situación, es viable este amparo como mecanismo rápido y eficaz para proteger prioritariamente los derechos de la recurrente que se encuentra en estado de gravidez y del ser en gestación” (las negrillas nos pertenecen).
La procedencia excepcional y extraordinaria de la acción de amparo constitucional o la excepción a la subsidiariedad, fue establecida de manera expresa en la SC 0530/2010-R de 12 de julio, SCP 0158/2018-S3 de 7 de mayo, entre otras.
“Otro aspecto de relevancia constitucional según la SC 0771/2010-R de 2 de agosto , la no exigencia del requisito dar aviso del estado de embarazo o de la existencia de una hija o hijo menor a un año al empleador, para acceder a la protección de la garantía constitucional. Por otra parte es necesario destacar el deber del Estado de otorgar especial asistencia y protección durante el embarazo, parto y en los periodos prenatales y posnatal previsto en el art. 45.V de la CPE (las negrillas nos pertenecen). El presente razonamiento fue desarrollado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0285/2021-S1 y 0346/2021-S1.
Subsidios devengados
En el ámbito social, el derecho a la seguridad social adquiere una importancia fundamental debido a que tiene por objeto proteger la salud del capital humano, la continuidad de sus medios de subsistencia, la aplicación de medidas adecuadas para la rehabilitación de las personas inutilizadas y la concesión de los medios necesarios para el mejoramiento de las condiciones de vida del grupo familiar; razón que hace que el derecho a la seguridad social se constituya en un derecho humano reconocido en varios instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos , el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, y el Protocolo Adicional a la Convención Americana 4 El FJ III.3, cambiando el entendimiento jurisprudencial contenido en la SC 1416/2004-R, estableció que: “…no está supedita a determinadas condiciones o requisitos que deben ser cumplidos por la mujer o el hombre y, por lo mismo, para su ejercicio, no se requiere el previo aviso al empleador del estado de embarazo o de la existencia de un hijo o hija menor a un año. (…) Efectivamente, el requisito formal de dar aviso a su empleador acerca de su estado de gravidez, sin el cual no existiría la protección estatal en lo que respecta a su inamovilidad laboral, carece de relevancia frente a una necesidad indubitable, que es precisamente asegurar el derecho a la vida y a la salud de la madre y el menor, ya que con una fuente laboral, al menos se asegurará a la madre el poder agenciar los medios necesarios para proteger las necesidades más premiosas que demande el niño o niña recién nacidos”. 5 En el mismo sentido de la no exigencia del requisito formal de dar aviso al empleador del estado de gravidez o la existencia de hijo menor a un año de edad, la SCP 1043/2013 de 27 de junio, expreso en los siguientes términos: “… este beneficio no sólo garantiza la estabilidad laboral de la mujer en estado de gravidez, sino sus alcances se extienden en las mismas condiciones de igualdad al progenitor varón, independientemente de que se tratasen de empleadas (os) del sector privado o funcionarias (os) del sector público; norma constitucional que al ser de aplicación directa por mandato de la propia norma fundamental, no se encuentra supeditada al cumplimiento de exigencias previas para su ejercicio, como el requisito formal de dar aviso al empleador del estado de gravidez o de la existencia del hijo o hija menor de un año antes de gozar de este derecho, aspecto que resulta irrelevante al momento de ejercer esta garantía, al estar frente a una necesidad prioritaria como es el de asegurar el derecho a la vida y a la salud de la madre y el menor materializadas con la garantía de contar con una fuente de trabajo”. 6 La Declaración Universal de Derechos Humanos establece: “Artículo 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.” (el énfasis es añadido). 7 El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales determina: “Artículo 9. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social incluso al seguro social” (negrillas agregadas). 8 La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre establece: “Artículo XVI. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia.” (énfasis añadido).
sobre los Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”. Por su parte, en nuestra legislación doméstica observamos que, el derecho a la seguridad social dentro del bagaje de derechos sociales y económicos, estableciéndose expresamente que:
“Artículo 45 I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social.
social.
empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales. IV. El Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo.
V. Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural; gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatal y posnatal. VI. Los servicios de seguridad social pública no podrán ser privatizados ni concesionados” (negrillas añadidas). Contenido normativo que en primer lugar garantiza el acceso al derecho a la seguridad social para todas las bolivianas y los bolivianos bajo los principios de cubrir de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia; y, en segundo lugar, bajo una cláusula abierta establece que el régimen de seguridad social cubrirá la atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, y las asignaciones familiares.
Las asignaciones familiares –tal como se observó precedentemente– forman parte del sistema de seguridad social, ya que su objeto es proteger a la madre y al ser en gestación y/o bebé durante los periodos prenatal y posnatal en los que se presenta un alto grado de vulnerabilidad de los mismos, otorgando al efecto una asignación en dinero o en especie. Bajo esa precisión, con el objeto de establecer cuál es el marco legal que rigen el tema de las asignaciones familiares resulta imperioso hacer un recuento de su evolución y desarrollo normativo; de ahí que, se tiene que, fue en la Constitución Política de 1947 que por primera vez se incluyó el régimen de las asignaciones familiares como una contingencia debía ser cubierta por la seguridad social; siendo a partir de dicha previsión constitucional que el Código de Seguridad Social promulgado en 1956 estableció que:
“Artículo 4°.- Las Asignaciones Familiares comprenden: 1. El subsidio matrimonial; 2. El subsidio de natalidad; 3. El subsidio de lactancia; 4. El subsidio familiar; y 5. El subsidio de sepelio”.
Clasificación a la que mediante el Decreto Supremo (DS) 4677 de 29 de junio de 1957 se añadió el subsidio pre-familiar, estableciéndose que el mismo se otorgaría a los trabajadores incorporados al régimen de seguridad social que no percibían los subsidios matrimonial, de natalidad, de lactancia, familiar y de sepelio. No obstante, posteriormente, con la entrada en vigencia del DS 21637 de 25 de junio de 1987, se estableció que el régimen de asignaciones familiares estaría comprendido únicamente por los subsidios prenatal, de natalidad, de lactancia y de sepelio, de acuerdo al siguiente texto:
“ARTÍCULO 25.-A partir de la vigencia del presente Decreto, se reconocerán las siguientes prestaciones del Régimen de Asignaciones Familiares que serán pagadas, a su cargo y costo, directamente por los empleadores de los sectores público y privado: a. Subsidio PRENATAL, consistente en la entrega a la madre gestante asegurada o beneficiaria, de un pago mensual, en dinero o especie, equivalente a un salario mínimo nacional durante los cinco últimos meses de embarazo, independientemente del subsidio de incapacidad temporal por maternidad. b. Subsidio de NATALIDAD, por nacimiento de cada hijo: un pago único a la madre, equivalente a un salario mínimo nacional. c. Subsidio de LACTANCIA, consistente en la entrega a la madre de productos lácteos u otros equivalentes a un salario mínimo nacional por cada hijo, durante sus primeros doce meses de vida. d. Subsidio de SEPELIO, por fallecimiento de cada hijo calificado como beneficiario menor de 19 años: un pago único a la madre, equivalente a un salario mínimo nacional. Las Cajas de Salud serán las encargadas de velar por el fiel cumplimiento de estas prestaciones” (las negrillas son agregadas). Ahora bien, considerando que la disposición legal citada precedentemente sólo estipulaba que las asignaciones familiares serían pagadas por los empleadores de los sectores público y privado, mediante el DS 2892 de 1 de septiembre de 2016 se modificó dicho texto normativo, estableciéndose que los empleadores de las cooperativas mineras también efectuarían el pago de las asignaciones familiares. Posteriormente, mediante el DS 3546 de 1 de mayo de 2018 se efectuó una segunda modificación del art. 25 del DS 21637, esta vez, estableciendo un monto fijo para el pago de los subsidios, señalando textualmente que:
“ARTÍCULO 25.- Se reconocen las siguientes prestaciones del Régimen de Asignaciones Familiares que serán pagadas, a su cargo y costo, directamente por los empleadores de los sectores público y privado y de las cooperativas mineras: a) Subsidio Prenatal, consistente en la entrega a la madre gestante asegurada o beneficiaria, de un pago mensual, en dinero o especie, equivalente a Bs2.000.- (Dos mil 00/100 bolivianos)
durante los cinco (5) últimos meses de embarazo, independientemente del subsidio de incapacidad temporal por maternidad; b) Subsidio de Natalidad, por nacimiento de cada hijo: un pago único a la madre, equivalente a Bs2.000.- (Dos mil 00/100 bolivianos); c) Subsidio de Lactancia, consistente en la entrega a la madre de productos lácteos u otros equivalentes a Bs2.000.- (Dos mil 00/100 bolivianos) por cada hijo, durante sus primeros doce meses de vida; d) Subsidio de Sepelio, por fallecimiento de cada hijo calificado como beneficiario menor de 19 años: un pago único a la madre, equivalente a Bs2.000.- (Dos mil 00/100 bolivianos) El Ministerio de Salud, a través de las instancias correspondientes, será el encargado de velar por el fiel cumplimiento de estas prestaciones.” En efecto, del texto normativo citado precedentemente, el equivalente del monto a pagar sería de Bs2 000.- (dos mil bolivianos) los cuales serían cubiertos en dinero o en especie; así, el subsidio prenatal podrá ser en dinero o en especie; el subsidio de natalidad y sepelio en dinero; y, el subsidio de lactancia en especie. Ahora bien, en ese marco normativo, debe señalarse que, en el transcurso del tiempo, se fueron aprobando varios reglamentos con el objeto de normar, garantizar y controlar la otorgación o entrega de las asignaciones familiares; no obstante, a fin de no ser ampulosos en cuanto a su cita y desarrollo, se considerará dos reglamentos; el primero, que en su momento perduró por un largo periodo; y, el segundo que se encuentra vigente; así tenemos: i. El Reglamento de Asignaciones Familiares aprobado por el Ministerio de Salud y Deportes a través de la Resolución Ministerial 1676 de 22 de noviembre de 2011, se constituyó en el primer Reglamento cuya eficacia se conservó durante varios años. Este Reglamento que, de manera inicial, en su art. 3 al momento de definir las asignaciones familiares establece expresamente que cada una de las prestaciones será equivalente a un salario mínimo nacional (variable en cada gestión por el incremento) de acuerdo a las condiciones requeridas para las mismas; determinando además que, el subsidio de natalidad será otorgado en dinero; y, los subsidios prenatal y lactancia en especie, estos últimos respecto a los que se prohíbe su entrega en dinero. Ahora bien, en el Reglamento de Asignaciones Familiares en el Capítulo V determina que en el procedimiento de entrega y efectivización de los subsidios es posible que se presenten casos particulares como la cesantía, muerte o divorcio del trabajador, y la doble percepción de subsidios; asimismo, puede darse el caso particular que deba efectuarse una compensación retroactiva de las asignaciones familiares que se daría excepcionalmente, ya que los empleadores tienen la obligación de cubrir las asignaciones de manera oportuna , y el Instituto Nacional de Seguros de equivalente a un salario mínimo nacional. La duración del subsidio prenatal comienza a partir del primer día del quinto mes de embarazo y fenece al nacimiento de la (s) niña (s) o niño (s).
3. Subsidio de Lactancia. Consiste en la entrega mensual de productos alimenticios de alto valor nutritivo inocuos, no transgénicos de origen nacional; equivalente a un salario mínimo por cada hijo (a) durante sus primeros doce meses de vida.
4. Subsidio de Natalidad. Consistente en la otorgación a los beneficiarios (as), de una cancelación única en dinero, equivalente a un salario mínimo nacional por el nacimiento de cada hija (o). Para recibir este beneficio el progenitor deberá presentar el Certificado de Nacimiento del recién nacido al Ente Gestor, al que se encuentra asegurado, que le dará derecho al subsidio de natalidad.
5. Subsidio de Sepelio. Consiste en el pago a los beneficiarios (as) de un desembolso único en dinero, equivalente a un salario mínimo nacional por el fallecimiento de cada hija (o) menor de 19 años. Para recibir este beneficio, la trabajadora o el trabajador debe acreditar éste derecho con la entrega de una fotocopia del Certificado de Defunción al empleador.” 13 Ibid. “Artículo 21. (PROHIBICIONES). En el marco del presente Reglamento se establecen las siguientes prohibiciones:
1. A los empleadores:
a) Otorgar el subsidio prenatal y lactancia en dinero
(…)
2. A las beneficiarias:
a) Recibir el subsidio prenatal y lactancia en dinero” (las negrillas son agregadas). 14 Ibid. “Artículo 16. (DE LA CESANTÍA DEL TRABAJADOR (A). En caso de que el trabajador, trabajadora quedare cesante por la voluntad propia, continuará recibiendo las asignaciones familiares durante los dos siguientes meses a la fecha de su renuncia. En caso de despido el trabajador (a) debe acudir al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. 15 Ibid. “Artículo 17.- (MUERTE O DIVORCIO DEL TRABAJADOR (A). De comprobarse los siguientes extremos, como los casos que se señalan:
1. En caso de muerte del trabajador (a), las asignaciones familiares no se interrumpen y se otorga al progenitor o cónyuge supérstite o a la persona que acredite la tenencia de la niña (o) huérfana (o) hasta que éste cumpla un año de vida.
2. En caso de divorcio o separación de los padres o progenitores, la otorgación de las asignaciones familiares se realizará a la madre o a la persona que acredite la tutela de la niña (o) hasta que éste cumpla un año de vida.” 16 Ibid. “Artículo 18. (DOBLE PERCEPCIÓN DE SUBSIDIOS). Cuando ambos progenitores trabajen en instituciones, públicas o privadas, las prestaciones de las asignaciones familiares serán percibidas sólo por uno de los progenitores.” 17 Ibid. “Artículo 9. (DE LOS EMPLEADORES). Las obligaciones de los empleadores son:
(…)
2. Depositar mensualmente a la distribuidora un monto equivalente a un salario mínimo nacional por cada trabajador destinado a cubrir la otorgación de asignaciones familiares (prenatal y lactancia).
Salud (INASES) debe ejercer su función de fiscalización y supervisión; no obstante, es posible que deba entregarse dicha compensación y para ello el Reglamento estableció de manera explícita:
“Artículo 19. (COMPENSACIÓN RETROACTIVA). Las compensaciones retroactivas de las asignaciones familiares se efectuarán en los siguientes casos: 1. La compensación del subsidio en especie y en dinero se realizará con carácter retroactivo, a los meses correspondientes, en caso que el empleador hubiese incumplido la otorgación de las asignaciones familiares de manera oportuna. 2. El retroactivo del subsidio en especie es otorgado al primer mes de cada año de acuerdo al incremento del Salario Mínimo Nacional”.
Ahora bien, en sintonía con dicho texto normativo, la jurisdicción constitucional fue desarrollando una línea jurisprudencial uniforme respecto a la compensación retroactiva, así, en los casos que se denunció la lesión del derecho a la seguridad social –entre otros– por una falta de entrega o pago de las asignaciones familiares, de evidenciarse dicha vulneración, se concedió la tutela disponiendo que los subsidios devengados se efectúen conforme lo establecido en el Reglamento de Asistencia Familiar aprobado por Resolución Ministerial 1676, lo que significó que, dicha compensación se efectuaría en especie y en dinero de acuerdo a los meses adeudados que correspondieran; no obstante, a través de la SCP 0894/2018-S3 de 31 de octubre, que resolvió una acción de amparo constitucional en la que se denunció que el empleador incumplió con la otorgación de las asignaciones familiares adeudando un subsidio prenatal y doce subsidio lactancia, esta jurisdicción constitucional sostuvo que:
“…corresponde al empleador, del sector público o privado, cumplir con la prestación de las asignaciones familiares correspondientes; consistentes en subsidios, prenatal, de natalidad y de lactancia, relativas a la maternidad hasta que el niño cumpla un año de edad y demás derechos laborales. Esto se justifica, en la prioridad de resguardar el derecho a la salud y a la vida del recién nacido hasta que cumpla un año de edad y ante todo, precautelando por su interés superior, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados -art. 60 de la CPE-…” (las negrillas son nuestras [SCP 0367/2015-S3 de 10 de abril]); el tal sentido, la otorgación de las asignaciones familiares son de cumplimiento obligatorio por parte del empleador, pues se trata de la seguridad social que está relacionada con el ejercicio del derecho a la salud del ser gestante y a la vida del recién nacido hasta que cumpla un año de edad, sustentado en el principio del interés superior del niño y niña, de manera que el subsidio prenatal se cumple con la entrega de una asignación mensual a los beneficiarios consistente en productos alimenticios inocuos, no transgénicos, con valor nutritivo de origen nacional acorde a las necesidades de la madre gestante, equivalente a un salario mínimo nacional, siendo la duración del mismo de carácter temporal, el cual comienza a partir del primer día del quinto mes de embarazo y fenece en la fecha de nacimiento de la niña o niño; el subsidio de natalidad que consiste en el pago de un salario mínimo nacional por nacimiento de cada hija o hijo; y, el subsidio de lactancia se materializa con la entrega mensual de productos alimenticios de alto valor nutritivo inocuos, no transgénicos de origen nacional equivalente a un salario mínimo nacional por cada hija o hijo, durante los primeros doce meses de vida. En ese sentido, el deber de acatar estrictamente la provisión de las asignaciones familiares, por el empleador, permite la materialización del derecho a la seguridad social de la madre y del recién nacido, que se concreta en los derechos a la vida y a la salud; implicando lo contrario vulneración del contenido esencial de ambos derechos, sea destruyendo o debilitándolos, por la falta de provisión oportuna de asignaciones familiares, que por ley se encuentran previstas. En ese contexto, la falta oportuna de las prestaciones subsidiarias en favor del accionante que le corresponden en su condición de padre progenitor, generó vulneración de los derechos constitucionales invocados; siendo viable determinar su pago en forma monetaria, porque en especie resultaría inoportuno, desactualizado y no cumpliría su finalidad, debido a que la entrega de productos con valor nutritivo se encuentran acordes tanto para el desarrollo de la madre como del niño hasta el primer año de edad; y, siendo que al presente, la hija del accionante cuenta con un año y más de ocho meses de edad, corresponde según la previsión del Reglamento de Asignaciones Familiares, comprendido en el art. 19 de la RM 1676 de 22 de noviembre de 2011, disponer las compensaciones retroactivas de las asignaciones familiares en dinero (las negrillas pertenecen al texto original). Razonamiento que estableció que con el objeto de resguardar el derecho a la salud y a la vida del recién nacido hasta que cumpla un año de edad y ante todo, precautelando por su interés superior, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, el empleador del sector público y privado y las cooperativas mineras tiene la obligación de cumplir con las asignaciones familiares (subsidio prenatal, de natalidad y lactancia); empero, ante una falta de entrega oportuna de las asignaciones familiares es viable determinar el pago en forma monetaria, ello comprendiendo que la otorgación en especie resultaría inoportuna, desactualizada y no cumpliría su finalidad, debido a que la entrega de productos con valor nutritivo se encuentran acordes tanto para el cuidado de la madre y el desarrollo del niño hasta el primer año de edad. Así, con ese razonamiento se consideró que si las asignaciones familiares (prenatal y lactancia) no eran entregadas en especie hasta que el niño o niña cumpla el año de edad, su otorgación se efectuaría de forma monetaria. ii. El Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares aprobado por la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (ASUSS) a través de la Resolución Administrativa ASUSS 0101/2021 de 31 de diciembre, se constituye en único instrumento normativo sobre el régimen de asignaciones familiares vigente, ya que conforme fue establecido en su Disposición Derogatoria Única:
“De acuerdo a la disposición final segunda del Decreto Supremo N° 3561 de 16 de mayo de 2018 de creación de la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo - ASUSS, el presente Reglamento con todas sus modificaciones queda establecido como el único instrumento normativo sobre el Régimen de Asignaciones Familiares vigente y de cumplimiento obligatorio, quedando derogadas todos Reglamentos anteriores y/o contrarios al presente Reglamento” (las negrillas fueron añadidas). Ahora bien, tomando en cuenta que el presente Reglamento es el único instrumento que tiene por objeto –entre otros– el normar la fiscalización y control de la entrega de las prestaciones del régimen de asignaciones familiares por parte de los empleadores, los deberes de los entes gestores, y la distribución de los subsidios prenatal y lactancia por parte del SEDEM, resulta necesario precisar que su estructura contempla –en sus puntos más relevantes– las disposiciones generales; el control y fiscalización; las prohibiciones y sanciones; y, la excepción y casuística. Así, refiriéndonos a la parte de Disposiciones Generales se tiene que en el art. 4 se establece las definiciones de los subsidios prenatal, de lactancia y natalidad, estableciendo:
d) Subsidio Prenatal. Prestación que consiste en la entrega a la madre gestante, de una asignación mensual de productos alimenticios inocuos, no transgénicos, con alto valor nutritivo de origen nacional acorde a las necesidades de la gestante, equivalente al pago de Bs. 2.000 (Dos Mil 00/100 Bolivianos) acorde a normativa vigente, a partir del primer día del quinto mes de gestación, feneciendo al nacimiento de la niña (o). e) Subsidio de Lactancia. Prestación en especie que consiste en la entrega a la madre, de productos alimenticios inocuos, no transgénicos, con alto valor nutritivo de origen nacional, equivalente al pago de Bs. 2.000 (Dos Mil 00/100 Bolivianos) acorde a normativa vigente, por cada hijo (a) vivo, desde la afiliación del menor al Ente Gestor y durante sus primeros doce (12) meses de vida. f) Subsidio de Natalidad. Prestación que consiste en un pago único a la madre en dinero equivalente a Bs. 2.000 (Dos Mil 00/100 Bolivianos) acorde a normativa vigente, por el nacimiento de cada hijo (a)” (las negrillas son añadidas). Definiciones a partir de las cuales, se establece que las asignaciones familiares serán entregadas en un equivalente de Bs2 000.-(dos mil bolivianos), conforme se estableció en el DS 3546, además que, el subsidio de natalidad será entregado en dinero y los subsidios prenatal y lactancia constituyen prestaciones en especie, otorgación de asignaciones según los requisitos previstos en el art. 14 de dicho Reglamento
Ahora bien, en cuanto al procedimiento de distribución de los subsidios, el Reglamento establece la posibilidad que en dicho procedimiento se presenten distintas situaciones tales como la cesantía, muerte o divorcio del trabajador, y la interrupción de la cesantía; asimismo, se prevé el pago simultaneó de los subsidios y el pago retrasado de subsidios este último respecto al cual expresamente se establece que:
“ARTÍCULO 35. (PAGO RETRASADO DE SUBSIDIOS EN ESPECIE O EN DINERO). a) En caso de que el empleador hubiese incumplido la otorgación de las Asignaciones Familiares de manera oportuna, el pago de los subsidios adeudados en especie o en dinero según corresponda se realizará con carácter retrasado a los meses correspondientes. b) El SEDEM independientemente de la fecha de pago de los subsidios por parte del empleador, queda facultado a realizar la entrega de los paquetes de subsidios prenatal y de lactancia a la beneficiaria” (las negrillas son agregadas). Previsión normativa, que establece que las asignaciones familiares que no fueron entregadas de manera oportuna serán proporcionadas de forma retrasada según corresponda; por lo que, en el caso de los subsidios prenatal y lactancia su otorgación se efectuará en especie con la entrega de productos alimenticios inocuos, no transgénicos, con alto valor nutritivo de origen nacional. Aunado a lo anterior, es preciso señalar que: a) En cuanto al subsidio prenatal, el Reglamento establece que excepcionalmente podrá ser otorgado en dinero en los casos que no se hubiese procedido con su entrega de manera 22 El Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares aprobado a través de la Resolución Administrativa ASUSS 0101/2021 establece: “ARTÍCULO 30. (DE LA CESANTÍA DEL TRABAJADOR).
I. En caso de que la trabajadora o el trabajador quedaren cesantes por voluntad propia continuarán recibiendo las Asignaciones Familiares hasta los dos (2) meses a contar del primer día del mes siguiente de la fecha de la cesantía.
II. En caso de que la trabajadora o el trabajador quedaren cesantes por causa ajena a su voluntad deberán acudir al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.” 23 Ibid. “ARTÍCULO 32. (MUERTE DEL TRABAJADOR (A). En caso de muerte del trabajador (a), las Asignaciones Familiares que correspondan no se interrumpen y se otorga al cónyuge supérstite o a la persona que acredite la tenencia del lactante huérfano (a) durante sus primeros doce (12) meses de vida.” 24 Ibid, “ARTÍCULO 33. (DIVORCIO DEL TRABAJADOR (A). En caso de divorcio o separación de los progenitores, la otorgación de las Asignaciones Familiares que correspondan se realizará a la madre o a la persona que acredite la tutela del lactante durante sus primeros doce (12) meses de vida.” 25 Ibid. “ARTÍCULO 31. (INTERRUPCIÓN DE LA CESANTÍA). En caso de que la trabajadora o el trabajador iniciaren una nueva relación de dependencia laboral, se interrumpirá la percepción de subsidios en el periodo de cesantía.” 26 Ibid. “ARTÍCULO 36. (PAGO DE SUBSIDIO DE NATALIDAD Y LACTANCIA). En caso de adelantarse el parto y no haber trascurrido un mes desde el último control prenatal realizado corresponderá simultáneamente el pago de los susidios de natalidad y lactancia.”
oportuna, debiendo para ello requerir autorización de la ASUSS , criterio concordante con lo establecido en el DS 3546 que en esencia refiere que el pago será en dinero o especie ; y, b) En lo concerniente al subsidio de lactancia el Reglamento prohíbe que el empleador otorgue el subsidio en dinero ; y, que el beneficiario lo reciba ; previsión normativa que conlleva un mandato de cumplimiento obligatorio, debido a que, este subsidio debe ser cubierto en especie. Ahora bien, no obstante lo señalado, resulta necesario remitirnos a lo sostenido en la SCP 0894/2018-S3 de 31 de octubre (emitido en vigencia del Reglamento de Asignaciones Familiares aprobado por Resolución Ministerial 1676) que respecto a los subsidios devengados estableció expresamente que en el caso que no se hubiera cubierto los subsidios prenatal y lactancia de manera oportuna es viable el pago en forma monetaria, ello comprendiendo que la otorgación en especie resultaría inoportuna, desactualizada y no cumpliría su finalidad, debido a 27 Ibid. “ARTÍCULO 28. (EXCEPCIÓN).
III. Para la entrega excepcional del subsidio prenatal en dinero, el empleador deberá realizar el trámite de autorización ante la ASUSS quien emitirá una Resolución Administrativa expresa, por beneficiaria, con los siguientes requisitos:
a) Fotocopia simple de la Matricula de Comercio emitida por FUNDEMPRESA actualizado.
b) Fotocopia simple de Afiliación al Ente Gestor.
c) Certificado de atención prenatal de la beneficiaria con los respectivos visados del médico tratante del Ente Gestor.
d) Nota fundamentada sobre las razones basadas en el incumplimiento del pago de subsidios por parte del empleador para acceder al pago excepcional en dinero.
A efectos de verificación se podrá solicitar la documentación original.
IV. Una vez iniciado el trámite tendrá una duración de diez (10) días hábiles, si la solicitud fuese observada el empleador podrá subsanar las observaciones en un lapso de tres (3) días hábiles posteriores al recojo de su respuesta ante oficinas de la ASUSS.
V. Si el trámite fuese denegado, el empleador podrá presentar por única y última vez el trámite de autorización excepcional de pago de subsidio prenatal en dinero, fundamentando con nuevos argumentos. Si la solicitud fuese aceptada, la ASUSS remitirá los antecedentes y la Resolución de Autorización Excepcional de Pago de Subsidio Prenatal en dinero ante el solicitante.
VI. El empleador será el encargado del pago del subsidio prenatal en dinero, debiendo remitir los descargos correspondientes ante la ASUSS. VII. El recojo del subsidio prenatal en dinero, será realizado de forma personal o apoderado legalmente acreditado por la beneficiaria.
28 El DS 3546 establece: “Artículo Único.- Se modifica el Artículo 25 del Decreto Supremo Nº 21637, de 25 de junio de 1987, modificado por el Parágrafo I del Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 2892, de 1 de septiembre de 2016, con el siguiente texto:
“ARTÍCULO 25.- Se reconocen las siguientes prestaciones del Régimen de Asignaciones Familiares que serán pagadas, a su cargo y costo, directamente por los empleadores de los sectores público y privado y de las cooperativas mineras:
a) Subsidio Prenatal, consistente en la entrega a la madre gestante asegurada o beneficiaria, de un pago mensual, en dinero o especie, equivalente a Bs2.000.- (DOS mil 00/100 BOLIVIANOS) durante los cinco (5) últimos meses de embarazo, independientemente del subsidio de incapacidad temporal por maternidad;
29 Ibid. “ARTÍCULO 20. (PROHIBICIONES A LOS EMPLEADORES).
a) Otorgar el subsidio de lactancia en dinero. (negrillas añadidas). 30 Ibid. “ARTÍCULO 22. (PROHIBICIONES DE LAS BENEFICIARIAS). Los beneficiarios están prohibidos a:
a) Recibir el subsidio de lactancia en dinero.” (las negrillas nos corresponden).
que la entrega de productos con valor nutritivo se encuentran acordes tanto para el cuidado de la madre y el desarrollo del niño hasta el primer año de edad. En tal sentido, en caso que el beneficiario no haya recibido los subsidios prenatal y de lactancia de forma oportuna y habiendo transcurrido más de un año desde el nacimiento del hijo o hija, corresponderá que su otorgación sea monetaria.
Consecuentemente, siendo que la jurisprudencia constitucional contiene entendimientos progresivos en cuanto al pago retrasado de los subsidios; en mérito al carácter vinculante de dicha jurisprudencia, debe considerarse que cuando los subsidios (prenatal, natalidad y lactancia) no sean cubiertos de manera oportuna y habiendo transcurrido más de un año desde el nacimiento del hijo o hija, será viable el pago en forma monetaria.
Previamente, es necesario dejar en claro que, el Tribunal Constitucional Plurinacional se constituye en el supremo guardián y máximo intérprete de la Constitución Política del Estado, al tener la potestad exclusiva de ejercer el control de constitucionalidad sobre las diferentes modalidades de acciones constitucionales y de defensa conforme prevé el art. 202 de la CPE, emitiendo resoluciones con un conjunto de razonamientos relacionados al estudio sobre los supuestos que son de su conocimiento que, en muchos de los casos se constituyen en precedentes en materia de derechos fundamentales y garantías constitucionales; bajo esa comprensión, el constituyente ha previsto que toda persona, grupo social o autoridad con legitimación activa reconocida que se sientan perjudicadas en el ejercicio material de sus derechos, pueden interponer las acciones constitucionales contra los actos u omisiones que consideren lesivas buscando la tutela constitucional en resguardo de sus derechos, ejerciendo de esta forma su pleno derecho de acceso a la justicia conforme prevé el art. 115.I de la Norma Suprema, arts. 8.1 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH); y, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Bajo ese entender, y en cuanto a la comprensión sobre el derecho al acceso a la justicia, la SC 600/2003-R de 6 de mayo, manifestó lo siguiente:
“…según la norma prevista por el art. 8.1 del Pacto de San José de Costa Rica, ‘toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecidas con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter´, como podrá advertirse la norma transcrita consagra dos derechos humanos de la persona: 1) el derecho de acceso a la justicia; y 2) el derecho al debido proceso, entendiéndose por aquélla la potestad, capacidad y facultad que tiene toda persona para acudir ante la autoridad jurisdiccional competente para demandar que se preserve o restablezca una situación jurídica perturbada o violada que lesiona o desconoce sus derechos e intereses, a objeto de lograr, previo proceso, una decisión judicial que modifique dicha situación jurídica. Conocido también en la legislación comparada como ´derecho a la jurisdicción´ (art. 24 de la Constitución Española), es un derecho de prestación que se lo ejerce conforme a los procedimientos jurisdiccionales previstos por el legislador, en los que se establecen los requisitos, condiciones y consecuencias del acceso a la justicia; por lo mismo, tiene como contenido esencial el libre acceso al proceso, el derecho de defensa, el derecho al pronunciamiento judicial sobre el fondo de la pretensión planteada en la demanda, el derecho a la ejecución de las sentencias y resoluciones ejecutoriadas, el derecho de acceso a los recursos previstos por ley. Finalmente, este derecho está íntimamente relacionado con el derecho al debido proceso y la igualdad procesal” (el resaltado es nuestro). Por su parte, la SCP 1388/2010-R de 21 de septiembre, en su Fundamento Jurídico III.3.4 epigrafiado como “Derechos a la tutela judicial efectiva”, manifestó que:
“La tutela judicial efectiva comprende la posibilidad de activar o iniciar ante los órganos jurisdiccionales un proceso, en el que obtenga una sentencia fundamentada que declare el derecho de cada una de las partes conforme corresponda en justicia, además implica la posibilidad de poder interponer los recursos que la ley establezca y la eventualidad de obtener el cumplimiento efectivo de la sentencia, con el objeto de garantizar el restablecimiento de una situación jurídica vulnerada, evitando la indefensión, involucrando el acceso a los tribunales; la efectividad de las decisiones judiciales; y el ejercicio del recurso previsto en la ley” (el resaltado nos corresponde). De dicha jurisprudencia, se extrae que, el acceso a la justicia no solamente gravita en acudir a las instancias jurisdiccionales o administrativas competentes invocando se resguarden sus derechos mediante una resolución, sino que estas decisiones a ser emitidas deben ser ejecutadas y cumplidas en su verdadera dimensión y precisión; toda vez que, al no materializarse dicha ejecución y cumplimiento efectivo de lo dispuesto se desconoce y vulnera el derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, generando contrariamente incertidumbre y desamparo en las personas que obtuvieron resguardo de sus derechos mediante resoluciones que en muchas ocasiones son cumplidas parcialmente o en definitiva no son cumplidas totalmente, o en la tarea de cumplirlas otorgan un alcance diferente desfigurando lo establecido en el fallo conforme lo señaló la SCP 1206/2010-R de 6 se septiembre; así, en el caso de las demandas constitucionales emergentes de las diferentes acciones constitucionales, el art. 203 de la CPE prevé que “Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario alguno” (las negrillas y subrayado son adicionados), al respecto la SCP 1787/2014 de 19 de septiembre, indicó que las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, revisten una gran importancia por su carácter vinculante para la jurisdicción ordinaria, uso profesional y estudio general, que luego recogiendo estos entendimientos, la SCP 1032/2015-S3 de 29 de octubre , concluyó que, la parte vinculante de una Resolución Constitucional es la ratio decidendi, constituyéndose en la parte más relevante de toda la fundamentación dentro de la sentencia, generando precedentes obligatorios. En ese marco, incumbe precisar respecto a lo previsto por el mencionado art. 203 de la Norma Suprema, ya que de ella se extrae dos principios o características elementales relacionados a la vinculatoriedad y la obligatoriedad que si bien a primera vista supondría un alcance similar; sin embargo, las mismas difieren conforme se verá seguidamente, pero antes incumbe señalar que toda resolución constitucional, se funda en razones o reflexiones (ratio decidendi) desarrolladas que sirven de sustento para la decisión final expresada en la parte resolutiva -por tanto-. Bajo esa comprensión: a) El carácter vinculante de las decisiones constitucionales, se encuentra en los razonamientos desarrollados, que 31 “En consecuencia, se desconoce y vulnera el derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva y a razón de ello, el derecho a la eficacia jurídica de los fallos ejecutoriados pasados en autoridad de cosa juzgada consagrados en el art. 115.I de la CPE, cuando los mismos no son acatados, y si son cumplidos parcialmente, se les da un alcance diferente al establecido en el fallo, es decir, no son concretados en la medida de lo determinado, o cuando su cumplimiento es tardío; esto, en razón a que el acceso a la justicia no implica sólo la posibilidad de presentar una causa ante un tribunal y que éste emita una sentencia definitiva sobre el asunto planteado sino que, además, tal acceso debe ser efectivo. Es por eso, que la CIDH, determinó que el Estado, tiene la obligación de implementar todas las medidas para dar pleno cumplimiento a las sentencias de sus órganos judiciales y no puede apartarse del cumplimiento de éstas, so pena de incurrir en violación a la protección judicial prevista en el art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y al deber derivado del art. 2 del mismo instrumento internacional. Es decir, la inejecución de sentencias, su ejecución parcial, distorsionada o tardía, acarrea la violación del derecho fundamental de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, y dentro de éste a la eficacia jurídica de los fallos ejecutoriados pasados en autoridad de cosa juzgada y la protección judicial por parte del Estado”. 32 El FJ III.1 señala que: “El carácter vinculante y obligatorio de las Resoluciones pronunciadas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, según lo previsto por el art. 203 de la CPE, de forma taxativa, determina lo siguiente ‘Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno’; así también el art. 15.II del Código Procesal Constitucional (CPCo), refiere que: ‘Las razones jurídicas de la decisión, en las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, constituyen jurisprudencia y tienen carácter vinculante para los Órganos del poder público, legisladores, autoridades, tribunales y particulares’, y en concordancia con el art. 19 del citado código, establece: ‘Las Sentencias, declaraciones y autos constitucionales se publicaran en la Gaceta Constitucional Plurinacional, cuya periodicidad será mensual. El Tribunal Constitucional Plurinacional difundirá sus resoluciones, además de los mecanismos electrónicos, a través de los medios que vea conveniente’, cuyo entendimiento permite especificar que la publicación de las Resoluciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, revisten importancia ya que no sólo son de carácter ilustrativo o de información, sino por su carácter vinculante el conocimiento oportuno de las mismas es imprescindible, especialmente para la jurisdicción ordinaria, para el uso profesional y el estudio en genera”. 33 El FJ III.1 indicó que: “Así, podemos advertir que la parte vinculante de una Sentencia Constitucional Plurinacional es la ratio decidendi, que en otras palabras es la parte relevante de la fundamentación de la sentencia, que tiene la capacidad de generar precedentes obligatorios, los cuales deben ser aplicables por los Jueces y Tribunales que forman parte del Órgano Judicial en la resolución de todos los casos que presenten supuestos fácticos análogos, además de todos los administradores de justicia, conforme la línea jurisprudencial que se encuentre vigente a momento de su aplicación.”
deben ser aplicados por los jueces y tribunales a casos análogos; esto implica que, las reflexiones o razones desplegadas en las resoluciones deben ser aplicadas a otros casos con hechos similares o análogos, otorgando de esta forma certeza y seguridad jurídica a los justiciables en el entendido que al tener conocimiento que el Tribunal Constitucional dio una determinada solución a un caso parecido al suyo, con seguridad acudirá a la misma instancia constitucional para obtener similar solución (pretensión que posteriormente deberá ser compulsada por la instancia constitucional a objeto de verificar la analogía o no del caso concreto). En ese marco, el carácter vinculante de las decisiones constitucionales se constituye en un principio relevante dentro la justicia constitucional y debe ser entendida desde dos dimensiones, la dimensión horizontal y la vertical; en tal sentido, la primera se refiere a que las sentencias y decisiones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional son también vinculantes para ella misma u otras instancias de igual jerarquía; la segunda, referida a que dichas decisiones pronunciadas por la máxima instancia de control constitucional son vinculantes para los jueces y tribunales ordinarios de menor jerarquía; y, por su parte, b) El carácter obligatorio de las decisiones constitucionales, se encuentra en la parte dispositiva-por tanto- de las resoluciones, misma que debe ser cumplida por las partes procesales de forma obligatoria; es decir, en este caso, la obligatoriedad del cumplimiento de la decisión asumida está prevista para las partes intervinientes dentro los procesos constitucionales o excepcionalmente para aquellas no intervinientes que la instancia constitucional así lo justifique en cada caso concreto; extremo, que cobra mayor relevancia en amparos constitucionales y acciones de libertad como muestras, donde se dilucidan derechos subjetivos que merecen tutela inmediata que conlleva a la obligatoriedad del cumplimiento de la resolución constitucional conforme prevén los arts. 125.IV y 129.IV de la CPE. Consecuentemente, y a efectos de ahondar en el verdadero acceso a la justicia y su tutela efectiva, incumbe focalizar sobre el carácter obligatorio de las resoluciones constitucionales y su ejecución, que conllevan un cumplimiento inmediato, conforme prevé el art. 15. del Código Procesal Constitucional (CPCo), que bajo el epígrafe (CARACTER OBLIGATORIO, VINCULANTE Y VALOR JURISPRUDENCIAL DE LAS SENTENCIAS), en su parágrafo I, prevé que: “Las sentencias, declaraciones y autos del Tribunal Constitucional Plurinacional son de cumplimiento obligatorio para las partes intervinientes en un proceso constitucional; excepto las dictadas en las acciones de inconstitucionalidad y recurso contra tributos que tienen efecto general”, contenido legal que tiene su sustento constitucional en el citado art. 203 de la CPE que dice: “Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario alguno” (resaltado añadido); en tal sentido, como se vio la obligatoriedad como característica esencial de las resoluciones constitucionales radica en que las partes procesales cumplan inmediatamente con lo dispuesto en las resoluciones emergentes de las acciones constitucionales como amparos constitucionales, acciones de libertad, acción de protección de privacidad, acción de cumplimiento o acciones populares. No obstante, ante el incumplimiento de las decisiones constitucionales, el legislador ordinario mediante los arts. 16 y 17 del CPCo. han previsto la ejecución y cumplimiento de las resoluciones bajo los siguientes términos:
“Artículo 16.- (Ejecución) I. La ejecución de una Resolución Constitucional con calidad de cosa juzgada, corresponde al juzgado o tribunal que inicialmente conoció la acción. II. Corresponderá al Tribunal Constitucional Plurinacional conocer y resolver las quejas por demora o incumplimiento en la ejecución antes referida; asimismo corresponde la ejecución en los procesos que directamente se presenten ante el mismo. Artículo 17.- (Cumplimiento de resoluciones) I. El Tribunal Constitucional Plurinacional y las Juezas, Jueces y Tribunales de garantías constitucionales adoptarán las medidas que sean necesarias para el cumplimiento de sus resoluciones. II. Podrán requerir la intervención de la fuerza pública o la remisión de antecedentes ante la autoridad administrativa a fin de la sanción disciplinaria que corresponda. III. Podrán imponer multas progresivas a la autoridad o persona individual o colectiva, que incumpla sus decisiones, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieran emerger.” De las normas procesales constitucionales descritas, se extrae inicialmente que, la ejecución de toda resolución constitucional con calidad de cosa juzgada corresponde al juzgado o tribunal que conoció la acción y en casos de demora o incumplimiento en la ejecución, el Tribunal Constitucional Plurinacional tiene la atribución de conocer y resolver las mismas a través del instituto procesal denominado “queja”; empero, en esta parte incumbe precisar dos aspectos que tienen relación con el cumplimiento y ejecución inmediata de las resoluciones constitucionales emergentes de aquellas que previamente son resueltas por los jueces y tribunales de garantías; primero, una resolución constitucional adquiere la calidad de cosa juzgada cuando en revisión es emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional ratificando o revocando la inicial decisión asumida por el juez o tribunal de garantías, sólo después de este acto procesal emerge el tratamiento del instituto procesal de la “queja” para verificar la demora o su incumplimiento; y, segundo, cuando una resolución emerge del desarrollo de la audiencia efectuada ante el juez o tribunal de garantías, su ejecución es inmediata conforme lo prevén los arts. 126.IV (acción de libertad), 129.V (acción de amparo constitucional), 131.III y IV (acción de protección y privacidad), 134.IV y V (acción de cumplimiento), y 136 (acción popular), todos de la CPE, ello supone que no es exigible la remisión previa de la resolución al Tribunal Constitucional Plurinacional para ejecutar las decisiones emitidas por los jueces y tribunales de garantías. Ahora bien, con referencia al cumplimiento (art. 17 CPCo), la disposición procesal refiere que, tanto los jueces, tribunales y el Tribunal Constitucional Plurinacional, adoptaran las medidas necesarias para el cumplimiento de sus resoluciones, pudiendo requerir la intervención de la fuerza pública o remitir antecedentes ante la autoridad administrativa con la finalidad de imponer las sanciones que correspondan; asimismo, tienen la potestad de aplicar multas progresivas a la autoridad o persona (individual o colectiva), sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran emerger; regulación, que encuentra sustento constitucional en el carácter inmediato de las acciones de defensa que por su naturaleza protectiva de las garantías y derechos fundamentales, merecen atención prioritaria y reparación inmediata de los derechos vulnerados. Consecuentemente, está claro que los jueces, tribunales y el propio Tribunal Constitucional Plurinacional, tienen las amplias prerrogativas para ejercer las acciones necesarias a efectos de hacer cumplir sus decisiones acudiendo a la fuerza pública e imponer multas progresivas o inclusive remitir antecedentes al Ministerio Público para su procesamiento por atentado a las garantías constitucionales, conforme dispone el art. art. 127 de la Norma Suprema, que señala:
decisiones judiciales en los casos previstos por esta acción, serán remitidos por orden de la autoridad que conoció de la acción ante el Ministerio Público para su procesamiento penal por atentado contra las garantías constitucionales. II. La autoridad judicial que no proceda conforme con lo dispuesto por este artículo quedará sujeta a sanción, de acuerdo con la Constitución y la ley” (resaltado ilustrativo). Previsión constitucional, que es aplicable para todas las acciones de defensa por mandato de la misma Norma Suprema. De lo ampliamente descrito, es posible concluir en que, se desconoce y vulnera el derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva y a razón de ello, el derecho a la eficacia jurídica de los fallos constitucionales, cuando los mismos: 1) No son acatados, 2) Son cumplidos parcialmente, 3) Se les da un alcance diferente al establecido en el fallo, al no ser concretados en la medida de lo determinado; y, 4) Cuando su cumplimiento es tardío (SC 1206/2010-R de 6 de septiembre); consecuentemente, una vez puestas en conocimiento de los jueces, tribunales y el Tribunal Constitucional Plurinacional, estas instancias, se encuentran facultadas para adoptar las medidas necesarias que sean requeridas para el cumplimiento efectivo de las resoluciones, pudiendo asumir las siguientes acciones: i) Requerir la intervención de la fuerza pública, ii) Remitir antecedentes ante la autoridad administrativa en busca de la sanción disciplinaria que corresponda, iii) Imponer multas progresivas a la autoridad o persona individual o colectiva, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieran emerger; y, iv) Remitir antecedentes al Ministerio Público para su procesamiento penal por atentado contra las garantías constitucionales, precisando que la autoridad judicial que no proceda conforme a lo dispuesto estará sujeta a sanción conforme la Norma Suprema y la ley (art. 127 de la CPE). Consecuentemente, tratándose de resoluciones emergentes de procesos constitucionales en las cuales se compulsan denuncias sobre conculcaciones a derechos y garantías constitucionales, su cumplimiento por parte de los demandados o accionados debe ser inmediato conforme a la naturaleza de las acciones de defensa; toda vez que, al no efectivizar o materializar dicho cumplimiento se vulnera el derecho al acceso a la justicia y su tutela efectiva conforme prevé el art. 115.I de la CPE, concordante con los arts. 8.1 y 25 de la CADH, y 14.1 del PIDCP. En ese orden, conforme a lo ampliamente desarrollado y en estrecha relación con el art. 9.4 de la Norma Suprema, que prevé como uno de los fines y funciones esenciales del Estado: “Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución”, las autoridades constitucionales (jueces y tribunales) al ser parte integrante del Estado como operadores de la justicia constitucional, tienen el deber constitucional y legal de ejercer todas las acciones necesarias destinadas a garantizar la ejecución y cumplimiento inmediato de sus resoluciones en resguardo de los accionantes que acudieron a la justicia constitucional en busca de tutela, so pena de ser sancionados conforme a la Norma Suprema y disposiciones legales.
La parte accionante, denuncia la lesión de sus derechos a la inamovilidad laboral, maternidad segura, salud, seguridad social y vida; toda vez que, se encontraba desempeñando funciones en el puesto de Profesional VI-Responsable de la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE), dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores; sin embargo, el 6 de enero de 2022 fue notificada con el Memorándum CITE: GM-DGAA-URH-Me-19/2022 de 6 de enero; por el cual, el Director General de Asuntos Administrativos, le comunicó que se determinó su desvinculación laboral de esa Cartera de Estado; por lo que, mediante nota de 11 de enero de igual año, reiterada el 21 del mismo mes y año; y, el 22 de febrero de similar año, solicitó que se deje sin efecto el referido Memorándum de desvinculación y se disponga su reincorporación, pidiendo que se respete su derecho a la inamovilidad laboral por encontrarse en estado de gestación, adjuntando documentación que certifica su estado de gestación; finalmente, el 18 de marzo de citado año, recibió como respuesta, que no correspondía la Revocatoria del Memorándum, en vista a que ejerció un cargo de confianza de naturaleza provisoria. Precisado el problema jurídico de esta acción de defensa, previo a su respectivo análisis, resulta necesario contextualizar los antecedentes de la que emerge la misma; así, conforme la descripción realizada en las Conclusiones de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; se tiene que, la ahora accionante, fue designada a partir del 11 de marzo de 2019 como Primer Secretario con el ítem 48 en el puesto Responsable IV del CONARE mediante Memorándum CITE: GM-DGAA-URH-Me-100/2019 (Conclusión II.1); posteriormente, el 31 de diciembre de 2020, mediante Resolución Ministerial 186/2020, se la designó como Secretaria Técnica del CONARE (Conclusión II.2); habiéndosele comunicado mediante Memorándum CITE: GM-DGAA-Me-123/2021, que a partir del 29 de enero de 2021, ocupa el puesto de Profesional VI-Responsable del CONARE en el ítem 136 (Conclusión II.3); el 6 de enero de 2022, a través del Memorándum CITE: GM-DGAA-URH-Me-19/2022, se le comunicó que era su último día laboral (Conclusión II.4); ante lo cual la accionante presentó el 11 de enero de igual año una nota, solicitando que se deje sin efecto el Memorándum de Desvinculación, y se disponga su reincorporación en alguna dependencia del referido Ministerio, ya que se encontraba en estado de gestación de nueve semanas (Conclusión II.5); el 13 de enero de citado año, el Director General de Asuntos Administrativos a.i. del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante nota, le solicitó que remita documentación original a fin de solicitar criterio legal (Conclusión II.6); el 21 de enero de igual año, a través de una nota, la impetrante de tutela remitió Certificado Médico de Salud original emitido por el CIMFA Manco Kapac, Caja Nacional de Salud (Conclusión II.7); ante la falta de respuesta, la peticionante de tutela reiteró su solicitud de inamovilidad laboral mediante nota presentada el 22 de febrero de mismo año (Conclusión II.8); la cual fue respondida mediante nota de 18 de marzo de similar año, en la que el Director General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores, señaló que no corresponde la revocatoria al Memorándum GM-DGAA-URH-Me-19/2022, conforme el Informe Jurídico GM-DGAJ-UGJ-In-107/2022 H.R.: 3378.22 de 11 de igual mes (Conclusión II.9); finalmente, la Defensoría del Pueblo, habiendo recibido la denuncia de Nohelia Criales Parra, por vulneración a su derecho a la inamovilidad laboral en su calidad de mujer en estado de gestación, solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores, un requerimiento de informe escrito.
Antes de ingresar a efectuar el análisis de la problemática planteada, corresponde referirnos al principio de subsidiariedad excepcional que rige en las acciones de amparo constitucional; en ese entendido, se debe enfatizar que al ser la accionante una dependiente laboral en estado de embarazo, de acuerdo a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, corresponde aplicar la excepción al referido principio; toda vez que, justamente por el estado en el cual se encuentra merece la protección inmediata de sus derechos y los del niño en gestación; por lo que, tal protección no se encuentra supeditada previamente al cumplimiento de otros recursos o vías administrativas establecidas por ley; en consecuencia, incumbe ingresar al análisis de dicha problemática a fin de comprobar si son evidentes o no las lesiones a los derechos que denuncia la peticionante de tutela. De otra parte, cabe aclarar con carácter previo a ingresar al análisis de la problemática que plantea la presente acción de amparo constitucional, que la parte demandada mediante Memorial con cargo de recepción de 15 de agosto de 2022, solicitó la suspensión de la audiencia de amparo constitucional a efecto de que se disponga la notificación expresa a la Presidencia de la CONARE como tercero interesado; toda vez que, la acción tutelar vislumbra la pretensión del ejercicio del cargo de Secretaría Técnica de la referida Comisión, lo cual es de interés de su Presidencia (Conclusión II.11); criterio ratificado en la audiencia virtual de la presente acción tutelar, agregando que se necesita su pronunciamiento expreso en consulta con el nivel ejecutivo conformado por los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Gobierno y de Justicia. Sobre la intervención del tercero interesado en las acciones de defensa, la SCP 0824/2013 de 11 de junio, señaló lo siguiente:
“…el art. 31 del Código de Procesal Constitucional (CPCo) expresamente señala: “I. La persona natural o jurídica que pruebe interés legítimo en una Acción de Defensa podrá presentarse ante la Jueza, Juez o Tribunal, que de estimarlo necesario, admitirá sus alegaciones en audiencia. II. La Jueza, Juez o Tribunal, de oficio o a petición de parte cuando considere necesario podrá convocar a terceros interesados”.
A partir de la vigencia del Código Procesal Constitucional, la intervención del tercero interesado en las acciones de defensa, no es obligatoria, conforme se tiene del texto transcrito de la norma citada, una persona natural o jurídica que tenga en una acción tutelar un interés legítimo debidamente acreditado, puede apersonarse y exponer sus fundamentos en audiencia; del mismo modo, el citado texto normativo faculta al Juez o Tribunal de garantías, de oficio o a solicitud de parte, convocar a terceros interesados, si acaso considera pertinente; potestad que permite en la admisión de la acción de amparo, determinar si es necesaria su intervención o no lo es, teniendo en cuenta los hechos denunciados por el accionante y las pruebas aportadas, que denoten en forma clara la vulneración de los derechos o garantías y sea previsible que la prueba que pudiese aportar el tercero interesado o los argumentos que pueda exponer no sean suficientes para desvirtuar la presunta vulneración denunciada en las acciones de defensa, por lo que a partir de la vigencia del nuevo texto procesal constitucional, la no citación al tercero interesado no constituye un aspecto que motive el rechazo in límine de la acción o la nulidad, como ocurría anteriormente, en vigencia de la derogada Ley del Tribunal Constitucional, que en su art. 77.2, establecía como requisito de presentación de la acción de amparo constitucional, la identificación y domicilio de los terceros interesados” (las negrillas nos pertenecen). Aclarada la intervención de los terceros interesados, se tiene que en la presente acción de amparo constitucional, a pesar de que la parte demanda solicitó la notificación expresa a la Presidencia de la CONARE como tercero interesado; dicha notificación no fue dispuesta por la Sala Constitucional; ahora bien, de las conclusiones que informan la presente causa, se evidencia que la incorporación de la ahora accionante en el cargo de Primer Secretario, se realizó mediante Memorándum CITE: GM-DGAA-URH-Me-100/2019 de 11 de marzo, emitido por el Director General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores (Conclusión II.1); mientras que su designación como Secretaria Técnica del CONARE, se realizó mediante la Resolución Ministerial 186/2020 de 31 de diciembre, suscrita por el Ministro de Relaciones Exteriores (Conclusión II.2); asimismo, mediante el Memorándum CITE: GM-DGAA-Me-123/2021 de 26 de febrero, se le comunicó respecto al puesto que ocupa de Profesional VI-Responsable del CONARE, el cual fue emitido por el Director General de Asuntos Administrativos a.i. del Ministerio de Relaciones Exteriores (Conclusión II.3). De otra parte, de la Conclusión II.4 del presente fallo Constitucional, se tiene que el Memorándum CITE: GM-DGAA-URH-Me-19/2022 de 6 de enero, emitido por el Director General de Asuntos Administrativos a.i. del Ministerio de Relaciones Exteriores, señala que la desvinculación de dicha Cartera de Estado se la realiza por la facultad otorgada por la “Resolución Ministerial 146/2021 de 7 de octubre” (sic). Habiéndose realizado las designaciones por el Ministro de Relaciones Exteriores y el por Director General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores; mientras que la desvinculación se la efectuó por esta última autoridad; al respecto, conforme a la normativa y antecedentes señalados, no se advierte que la Presidencia del CONARE tenga incidencia en los nombramientos y remociones con relación al personal del Ministerio de Relaciones Exteriores; por lo que, su intervención como tercero interesado, no hubiese repercutido de modo alguno en desvirtuar el acto lesivo denunciado; en este sentido, la Sala Constitucional en su potestad de considerar la no pertinencia de convocar al referido tercero interesado, obró de forma correcta respecto a este asunto, correspondiendo ingresar al análisis de la problemática planteada.
Respecto al derecho a la inamovilidad laboral Con relación situación laboral en la que se encontraba la ahora peticionante de tutela, de antecedentes se tiene que, conforme se tiene descrito en la Conclusión II.3; mediante Memorándum CITE: GM-DGAA-Me-123/2021 de 26 de febrero, emitido por el Director General de Asuntos Administrativos a.i. del Ministerio de Relaciones Exteriores, se dispuso que ocuparía el puesto de Profesional VI-Responsable del CONARE con el ítem 136 a partir del 29 de enero de 2020, de donde se tiene que la impetrante de tutela es una funcionaria de libre nombramiento. Ahora bien, de acuerdo al Memorándum CITE: GM-DGAA-URH-Me-19/2022 de 6 de enero (Conclusión II.4), se dispuso su desvinculación de dicha Cartera de Estado; sin embargo, para la referida fecha, la accionante ya se encontraba en estado de gestación; por lo que, el 11 de enero de 2022 mediante nota dirigida al Ministro de Relaciones Exteriores, solicitó se deje sin efecto el Memorándum de desvinculación y se la reincorpore al referido Ministerio (Conclusión II.5); posteriormente, el 21 del mismo mes y año, adjuntó el Certificado Médico de Salud (original) emitido por el CIMFA Manco Kapac, Caja Nacional de Salud (Conclusión II.7), en cumplimiento a la Nota GM-DGAA-URH-Cs-21/2022 de 13 de enero emitida por el Director General de Asuntos Administrativos a.i. del Ministerio de Relaciones Exteriores (Conclusión II.6). Respecto a esta protección reforzada en favor de la madre gestante, del ser por nacer o nacido vivo incluso hasta el cumplimiento de un año de edad, en la que se garantiza la inamovilidad laboral del padre progenitor, los derechos conexos relacionados a la maternidad y las asignaciones familiares previstas en favor de la madre y el nuevo ser, conforme el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, refiriéndose a la SCP 0059/2015-S1 de 10 febrero, señaló que la jurisprudencia constitucional desde el anterior Tribunal Constitucional hasta el actual, ha consolidado el régimen reforzado de protección por la garantía de inamovilidad laboral en favor de mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo; en esa comprensión, en un caso de despido injustificado de una dependiente laboral que se encontraba en estado de embarazo, el Tribunal Constitucional ha razonado que no solamente se debe proteger el derecho al trabajo, sino otros derechos primarios de la impetrante de tutela y el ser en gestación, quienes necesitan protección urgente e inmediata, puesto que el retiro intempestivo de la accionante también implica la supresión del derecho a la seguridad social que resguarda y garantiza el derecho a la salud, poniendo en riesgo el derecho primario a la vida; asimismo, haciendo mención a la SC 0771/2010-R de 2 de agosto, señaló que no es necesaria la exigencia del requisito dar aviso del estado de embarazo o de la existencia de una hija o hijo menor a un año al empleador para acceder a la protección de la garantía constitucional. De donde se tiene que la autoridad demandada, ante el conocimiento de que la ahora accionante se encontraba en estado de gestación, debió priorizar el estándar superior como es la vida, la salud y el bienestar de la madre gestante y del ser en gestación. En consecuencia, corresponde conceder la tutela respecto al derecho a la inamovilidad laboral hasta que su hija o hijo cumpla un año de edad. Respecto a los derechos a la maternidad segura, salud, seguridad social y vida En virtud al precedente jurisprudencial contenido en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, las asignaciones familiares forman parte del sistema de seguridad social; ya que, su objeto es proteger a la madre y al ser en gestación y/o bebé durante los periodos prenatal y posnatal en los que se presenta un alto grado de vulnerabilidad de los mismos, otorgando al efecto una asignación en dinero o en especie. Es así que, mediante el DS 3546 de 1 de mayo de 2018, se estableció un monto fijo para el pago de los subsidios, cuyo equivalente del monto a pagar sería de Bs2 000.-(dos mil bolivianos), los cuales serían cubiertos en dinero o en especie; así, el subsidio prenatal podrá ser en dinero o en especie; el subsidio de natalidad y sepelio en dinero; y, el subsidio de lactancia en especie. Asimismo, el Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares aprobado a través de la Resolución Administrativa ASUSS 0101/2021 de 31 de diciembre, constituido en el único instrumento normativo sobre el régimen de asignaciones familiares vigente, estableció que las asignaciones familiares que no fueron entregadas de manera oportuna serán proporcionadas de forma retrasada según corresponda; por lo que, en el caso de los subsidios prenatal y lactancia su otorgación se efectuará en especie con la entrega de productos alimenticios inocuos, no transgénicos, con alto valor nutritivo de origen nacional. En cuanto al subsidio prenatal, excepcionalmente podrá ser otorgado en dinero en los casos que no se hubiese procedido con su entrega de manera oportuna, debiendo para ello requerir autorización de la ASUSS; y, respecto al subsidio de lactancia el Reglamento prohíbe que el empleador otorgue el subsidio en dinero; y, que el beneficiario lo reciba; no obstante lo señalado, la SCP 0894/2018-S3 de 31 de octubre, estableció que cuando los subsidios (prenatal, natalidad y lactancia) no sean cubiertos de manera oportuna y habiendo transcurrido más de un año desde el nacimiento del hijo o hija, será viable el pago en forma monetaria; extremo que por su carácter vinculante, debe ser considerado. En ese marco jurisprudencial, es deber acatar estrictamente la provisión de las asignaciones familiares, por parte del empleador, ya que estas permiten la materialización del derecho a la seguridad social de la madre y del recién nacido, que se concreta en los derechos a la maternidad segura, vida y salud; implicando lo contrario vulneración del contenido esencial de estos derechos, por la falta de provisión oportuna de asignaciones familiares, que por ley se encuentran previstas; en ese sentido, los subsidios -de prenatalidad, natalidad y de lactancia- deben ser entregados de forma oportuna; ya que, el objetivo de dicha entrega es proporcionar tanto a la madre como al recién nacido, alimentos con los nutrientes necesarios para un normal desarrollo, lo cual quiere decir que, estos deben ser entregados en un lapso de tiempo que permita cumplir el fin para el cual están destinados, que en este caso es la protección del ser en gestación y el recién nacido hasta que cumpla un año de vida, lo cual implica que las asignaciones familiares de subsidio prenatal, de natalidad y de lactancia pueden y deben pagarse hasta que el menor nacido cumpla su primer año de vida. Bajo esos entendimientos y considerando la vulneración al derecho a la seguridad social, reclamada por la accionante en la presente acción de defensa; se tiene que, la protección reforzada a favor de la madre gestante y del ser por nacer o nacido vivo incluso hasta el cumplimiento de un año de edad, garantiza los derechos conexos relacionados a la maternidad y las asignaciones familiares previstas en favor de la madre y el nuevo ser, de modo tal, que la referida protección reforzada de la mujer embarazada y gestante, no protege únicamente al derecho al trabajo, sino que es integral; toda vez que, precautela y evita posibles daños a la vida de la gestante, su salud, su integridad física así como la protección en el buen desarrollo del ser en gestación o bien del recién nacido, lo que involucra la etapa de gestación, el nacimiento, recuperación y lactancia; aspectos que dan lugar a una protección especial y tanto diferencial precisamente por la vulnerabilidad en la que se encuentra la madre gestante o bien el nacido vivo cumpla un año de edad. De lo precedentemente analizado, concierne señalar que las asignaciones familiares como el subsidio de lactancia forman parte del derecho a la seguridad social y se encuentran directamente vinculados a la vida y a la salud tanto de la madre como fundamentalmente de su hijo o hija, precautelando el interés superior de estos, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia y más aún en los primeros años de vida, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados -art. 60 de la CPE-; en ese sentido, el deber de acatar estrictamente la provisión de las asignaciones familiares; por el empleador, permite la materialización del derecho a la seguridad social para este sector, que se concreta en los derechos a la vida y a la salud; lo contrario, implicaría vulnerar el contenido esencial de ambos derechos, sea destruyendo o debilitándolos, por la falta de provisión oportuna de asignaciones familiares, que por ley se encuentran previstas, y como se dijo son de cumplimiento obligatorio e inmediato para el empleador, dada la finalidad de los mismos. En el presente caso, la autoridad demandada, desconoció los derechos que protegen a la mujer en estado de embarazo; por lo que, debe repararse las lesiones producidas a fin de precautelar la vida de la madre y del ser en gestación, incluso hasta que el niño cumpla un año de edad, conforme se tiene anotado; por lo cual, corresponde conceder la tutela solicitada respecto a los derechos a la maternidad segura, vida y a la seguridad social. No obstante la tutela concedida, se debe tomar en cuenta que en audiencia de la presente acción tutelar; la parte demandada señaló que, no se puso en conocimiento del Tribunal de Garantías, que el esposo de la accionante trabaja en la Defensoría del Pueblo y que la tiene como asegurada beneficiaria, a dicho efecto se adjuntó al expediente una Nómina de Personal Institucional extraída de la dirección https://sisdp.defensoria.gob.bo/PersonalVigente/; donde se advierte que Reynaldo Rodrigo Choque Vicente figura como Personal de Planta de la Oficina Nacional en el cargo de profesional III de Sistemas y Redes (Conclusión II.12), quien sería el padre progenitor; sin embargo, no se acreditó ninguna prueba que respalde lo aseverado; en consecuencia, si bien a través de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional se dispuso el cumplimiento de las asignaciones familiares a favor del menor nacido, las que deberán ser otorgadas aún hubieran transcurrido más de un año de su nacimiento; por el mismo tiempo que fue privado de su beneficio; sin embargo, en el caso de que la ahora accionante, hubiese adquirido en dicho lapso, dicho beneficio en razón del cargo público del padre, solo será efectivo el cumplimiento de su inamovilidad laboral
Finalmente, en el marco de lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, las resoluciones asumidas dentro las acciones constitucionales conforme al art. 203 de la CPE y los arts. 16 y 17 del CPCo, son de cumplimiento obligatorio por las partes procesales y ejecución inmediata; lo cual, conlleva a que en el caso presente, la parte demandada o las autoridades en actuales funciones, están impelidas a dar cumplimiento total, efectivo, cabal e inmediato a lo dispuesto por esta instancia constitucional, so pena de ser inclusive sancionado por la Sala Constitucional Cuarta del departamento de La Paz, conforme dispone el indicado art. 17 del CPCo, que con la finalidad de garantizar el cumplimiento podrá efectuar las siguientes sanciones: i) Requerir la intervención de la fuerza pública; ii) Remitir antecedentes ante la autoridad administrativa en busca de la sanción disciplinaria que corresponda; iii) Imponer multas progresivas a la autoridad o persona individual o colectiva, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieran emerger; y, iv) Remitir antecedentes al Ministerio Público para su procesamiento penal por atentado contra las garantías constitucionales, precisando que la autoridad judicial que no proceda conforme a lo dispuesto estará sujeta a sanción conforme establece la Norma Suprema y la Ley en base a lo determinado por el art. 127 de la CPE ; consecuentemente, en el caso de un supuesto incumplimiento por parte del demandado, la Sala Constitucional referida que conoció la acción, debe activar las medidas requeridas; máxime, cuando en el caso presente, la decisión asumida otorga la tutela sobre los derechos a la maternidad segura, a la vida, seguridad social y a la inamovilidad laboral, que afectan directamente a la familia de la impetrante de tutela. Por los fundamentos expuestos, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 215/2022 de 15 de agosto, cursante de fs. 128 a 134, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada, respecto a los derechos a la inamovilidad laboral, maternidad segura, salud, seguridad social y vida, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2º Disponer, que el Ministerio de Relaciones exteriores restituya de forma inmediata a la peticionante de tutela a su puesto de trabajo, conforme a los fundamentos desarrollados en el presente fallo constitucional. Asimismo, se proceda al pago de todos los beneficios sociales a su favor, como el pago de los sueldos devengados y asignaciones familiares; salvo que la ahora accionante, hubiese adquirido el referido beneficio de las asignaciones familiares en razón del cargo público del padre. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Se hace constar que la MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo es de Voto Aclaratorio.
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
1 Respecto al ámbito de protección de la inamovilidad laboral de la mujer embarazada la SC 505/00-R de 24 de mayo de 2000, ha señalado expresamente: “… por cuanto el derecho que se debe proteger no es solamente al trabajo, sino otros derechos primarios de la recurrente y el ser en gestación, los cuales necesitan protección urgente e inmediata, ya que el retiro intempestivo de la recurrente importa también la supresión del derecho a la seguridad social que a su vez, resguarda y garantiza el derecho a la salud, derechos que con la medida adoptada ponen en riesgo el primer derecho, la vida, que no puede estar pendiente de otros recursos o vías administrativas que establece la Ley”. Citado por las SSCC 0434/2010-R, 0581/2010-R, 1043/2010-R, 0610/2010-R, 0771/2010-R, 1330/2010-R y 1205/2010-R, entre otras.
2 Respecto a la inamovilidad laboral la jurisprudencia constitucional textualmente expresa en la SCP 1245/2014 de 16 de junio: “… la inamovilidad laboral está referida a la protección del trabajador o trabajadora en su fuente de empleo, respecto a su permanencia, sin que el empleador pueda despedirlos, rescindir unilateralmente el contrato de trabajo o modificar las condiciones laborales en condiciones desventajosas para obligar al trabajador o trabajadora a que renuncie, pues perder el trabajo cuando un niño o niña está por nacer, puede suponer una terrible afectación a la estabilidad económica y emocional de la familia, con incidencia directa principalmente en el nuevo ser a quien el Estado Plurinacional tiene la intención de proteger”, citado por la SCP 0059/2015-S1 de 10 de febrero, SCP 0324/2018-S3 de 29 de junio, entre otros.
3 En el mismo sentido de la excepción a la subsidiariedad en caso de la inamovilidad laboral por mujer embarazada y padre progenitor de hijos menores hasta la edad de un año, se pronunció la SCP 0198/2013 de 27 de febrero.
9 El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” estipula: “Artículo 9. Derecho a la seguridad Social 1. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes. 2. Cuando se trate de personas que se encuentran trabajando, el derecho a la seguridad social cubrirá al menos la atención médica y el subsidio o jubilación en casos de accidentes de trabajo o enfermedad profesional y, cuando se trate de mujeres, licencia retribuida por maternidad antes y después del pacto.” (negrillas añadidas).
10 La Constitución Política de 1947 establece: “Artículo 175.- El Estado protegerá la salud del capital humano del país, asegurará la continuidad de sus medios de subsistencia y la rehabilitación de las personas inutilizadas; y, propenderá al mejoramiento de las condiciones de vida del grupo familiar. Los regímenes de seguridad social se inspirarán en los principios de universalidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad y eficacia, cubriendo las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos profesionales, invalidez, vejez, muerte, paro forzoso, asignaciones familiares y vivienda de interés social.” (las negrillas son agregadas).
11 El DS 2892 establece: Artículo 3°.- (Modificaciones) I. Se modifica el primer párrafo del Artículo 25 del Decreto Supremo Nº 21637, de 25 de junio de 1987, con el siguiente texto: “ ARTÍCULO 25.- A partir de la vigencia del presente Decreto Supremo, se reconocerán las siguientes prestaciones del Régimen de Asignaciones Familiares que serán pagadas, a su cargo y costo, directamente por los empleadores de los sectores público, privado y de las cooperativas mineras:” (negrillas añadidas).
12 El Reglamento de Asignaciones Familiares aprobado por la Resolución Ministerial 1676 establece: “Artículo 3. (DEFINICIONES). Para efectos de la presente norma se entenderá por: 1. Asignaciones Familiares. Es un Régimen conformado por prestaciones en especie (prenatal-lactancia) y en dinero (natalidad-sepelio), que son otorgados por los empleadores a las beneficiarias (os) de acuerdo a disposiciones legales vigentes que regulan este beneficio en todo el territorio nacional. 2. Subsidio Prenatal. Consiste en la entrega a las beneficiarias de una asignación mensual en productos alimenticios inocuos, no transgénicos con valor nutritivo de origen nacional acorde a las necesidades de la gestante,
3. Realizar el pago en dinero por concepto de natalidad y/o sepelio que serán otorgadas directamente por el empleador a la beneficiaria (o) equivalente a un salario mínimo nacional.”
18 Ibid.“Artículo 6. (DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS DE SALUD). La Unidad de Asignaciones Familiares dependiente del Departamento Técnico de Salud del INASES conformará un equipo técnico para la administración, fiscalización y supervisión a los Entes Gestores, empleadores, beneficiarios, proveedores y distribuidores, garantizando el cumplimiento del Régimen de Asignaciones Familiares”.
19 Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0221/2017-S2 de 24 de marzo, 0416/2017-S3 de 12 de mayo, 0836/2017-S3 de
28 de agosto,
20 La Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (ASUSS) fue creada a través del DS 3561 de 16 de mayo de 2018, con la finalidad de regular, controlar, supervisar y fiscalizar la seguridad social de corto plazo, protegiendo los intereses de los trabajadores asegurados y beneficiarios en el marco del Código de Seguridad Social su Reglamento y normas conexas.
21 El Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares prevé: “ARTÍCULO 14. REQUISITOS PARA ASIGNACIONES FAMILIARES. I. SUBSIDIO PRENATAL. a) Presentar Certificado de Control Prenatal a partir del 5to mes de gestación, visado por el médico tratante del Ente Gestor de manera mensual al empleador. II. SUBSIDIO DE NATALIDAD. a) Presentar al empleador fotocopia simple del Certificado de Nacimiento, Certificado de Nacido Vivo o autorización del pago del subsidio emitida por el Ente Gestor. III. SUBSIDIO DE LACTANCIA. a) Presentar al empleador la autorización del pago de subsidio emitida por el Ente Gestor y la afiliación del hijo (a).”
34 Constitución Política del Estado “Artículo 127. I. Los servidores públicos o personas particulares que resistan las decisiones judiciales en los casos previstos por esta acción, serán remitidos por orden de la autoridad que conoció de la acción ante el Ministerio Público para su procesamiento penal por atentado contra las garantías constitucionales. II. La autoridad judicial que no proceda conforme con lo dispuesto por este artículo quedará sujeta a sanción, de acuerdo con la Constitución y la ley”.
35 Constitución Política del Estado “Artículo 127. I. Los servidores públicos o personas particulares que resistan las decisiones judiciales en los casos previstos por esta acción, serán remitidos por orden de la autoridad que conoció de la acción ante el Ministerio Público para su procesamiento penal por atentado contra las garantías constitucionales. II. La autoridad judicial que no proceda conforme con lo dispuesto por este artículo quedará sujeta a sanción, de acuerdo con la Constitución y la ley”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1173_2023-S1.pdf · páginas 1 a 39.
Huella digital del PDF (SHA-256): a33db55f945ba1a7c7275219b6f891349478c604dbe1e3afeefed3cb581792d5
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