B.IA.LEGAL

SCP 1168/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 6 de octubre de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
6 de octubre de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
58069-2023-117-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus componentes valoración razonable de la prueba; congruencia interna y externa; y, fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales; y, los principios de verdad material e igualdad; toda vez que, el Auto de Vista 169/2023: i) No valoró de forma integral los depósitos bancarios ni la documentación que acreditan las excepciones de pago documentado parcial y de compromiso documentado de pago; ii) Omitió aplicar las normas y principios jurídicos alegados -como el principio de verdad material, la teoría de los actos propios y los arts. 1356 del CCo y 148.II del CPC- para la valoración de la prueba; y, iii) No motivó adecuadamente por qué las excepciones planteadas serían incompatibles, rechazando las pruebas de forma genérica y sin un análisis específico. Las autoridades demandadas no presentaron informe escrito alguno ni participaron de la audiencia de garantías. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 055/2023 de 28 de agosto, cursante de fs. 278 a 284 vta.; y, en consecuencia, DENEGAR, aclarando que no se ingresó al fondo de la problemática; sin embargo por el tiempo transcurrido y a efectos de no generar distorsiones procesales conforme al art. 28.II del CPCo. se mantienen los efectos de la decisión del tribunal de garantías.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre el alcance del principio de subsidiariedad en la revisión constitucional de las decisiones de los procesos ejecutivos
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1168/2025-S2 Sucre, 6 de octubre de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 58069-2023-117-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 055/2023 de 28 de agosto, cursante de fs. 278 a 284 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por José Corral Romero contra Marisol Ortiz Hurtado y Walter Pérez Lora, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 21 de agosto de 2023, cursante a fs. 1 y 84 a 100 vta., el accionante manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Con base en la declaración unilateral de promesa de pago y reconocimiento de deuda de 7 de octubre de 2021, que suscribió en favor de la Sociedad Agroindustrial del Valle Limitada (Ltda.) -entidad tercera interesada-, esta instauró un proceso ejecutivo civil en su contra; es así que, se emitió la Sentencia Inicial 131/2022 de 19 de julio, que declaró probada la demanda en la suma de $us545 646.- (quinientos cuarenta y cinco mil seiscientos cuarenta y seis dólares estadounidenses); habiendo sido citado con tal determinación, el 4 de octubre de 2022, opuso las excepciones de: a) Falta de personería; b) Pago documentado parcial, sustentado en los depósitos bancarios realizados y aceptados por la entidad tercera interesada que ascienden a $us186 361,85.- (ciento ochenta y seis mil trescientos sesenta y un dólares estadounidenses); y, c) Compromiso documentado de pago, sustentado en la entrega de un inmueble y tres vehículos amortizables a la deuda con anuencia de la prenombrada -entidad ejecutante-;

por lo que, la Sentencia Definitiva 43/2023 de 30 de enero, declaró improbada la primera y, probadas la segunda y la tercera excepciones opuestas. Sin embargo, la entidad tercera interesada interpuso recurso de apelación contra la Sentencia Definitiva 43/2023, producto del cual, se emitió el Auto de Vista 169/2023 de 17 de mayo que confirmó la determinación respecto a la excepción de falta de personería; empero, revocó la decisión sobre las excepciones de pago documentado parcial y compromiso documentado de pago, declarándolas improbadas. Así, dicha determinación vulneró los siguientes derechos y garantías constitucionales: 1) El debido proceso por omisión e irrazonable valoración de la prueba, apartándose de las reglas de razonabilidad y equidad; debido a que: i) En cuanto a la excepción de pago documentado parcial, no consideraron en su integralidad los depósitos bancarios cursantes de fs. “52 a 67”que fueron declarados y aceptados por la entidad ejecutante, ni realizaron una valoración individualizada de cada uno de los depósitos y certificaciones bancarias cursantes de fs. “186 a 538”, los cuales suman $us193 743.- (ciento noventa y tres mil setecientos cuarenta y tres dólares estadounidenses) amortizables a la deuda principal que daría como saldo el monto de $us439 975.- (cuatrocientos treinta y nueve mil novecientos setenta y cinco dólares estadounidenses); y, ii) En cuanto a la excepción de compromiso documentado de pago, no valoraron las documentales cursantes de fs. “563 a 577”que acreditan dicho compromiso; el correo de respuesta cursante a fs. “537” de aceptación del mismo; la recepción acreditada del pago de un inmueble, enseres, muebles de oficina y tres vehículos cursantes de fs. “537 a 562”; y, el avalúo de estos cursante de fs. “2063 a 2094”; 2) El debido proceso por incongruencia interna y externa, apartándose de los precedentes en vigor y estándares jurisprudenciales: a) Con relación a la incongruencia interna, por aplicación incompleta de la premisa normativa a la premisa fáctica; es decir, del art. 1356 del Código de Comercio (CCo) referido a las previsiones de la prueba de los depósitos y pagos a la valoración de la documentación adjunta como prueba de las excepciones opuestas; y, b) Con relación a la incongruencia externa, por no considerar el principio de verdad material que fue invocado en el recurso de apelación interpuesto por la entidad ejecutante y el art. 148.III del Código Procesal Civil (CPC) que invocó en la contestación del recurso de apelación; y, 3) El debido proceso por motivación arbitraria en cuanto a las resolución de las excepciones de pago documentado parcial y de compromiso documentado de pago, ya que, no se justifican las razones por las cuales estas serían incompatibles, sin considerar que las pruebas de cada una de estas son distintas y que la valoración de las mismas fue genérica, además, se invocó la teoría de los actos propios que da cuenta de la aceptación de las mismas por la entidad ejecutante sobre las cuales no existió pronunciamiento alguno. Finalmente, a efectos de la competencia territorial para conocer y resolver la presente acción tutelar, tiene su domicilio en la ciudad de Potosí, tal como lo demuestra la demanda ejecutiva seguida en su contra.

I.1.2. Derecho y principios supuestamente vulnerados

El accionante alega la lesión de su derecho al debido proceso en sus componentes valoración razonable de la prueba; congruencia interna y externa; y, fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales; y, los principios de verdad material e igualdad; citando al efecto, los arts. 14, 115, 117 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada, disponiendo que: 1) Se deje sin efecto el Auto de Vista 169/2023 de 17 de mayo; y, 2) Se emita un nuevo pronunciamiento en resguardo de los derechos constitucionales alegados.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 28 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 258 a 277 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional y, ampliando en audiencia de garantías, señaló que: i) Con relación a la excepción de pago documentado parcial, las autoridades demandadas omitieron valorar los depósitos bancarios adjuntos bajo el argumento de que estos no se constituyen en recibos “civiles”, sin considerar que, los mismos se constituyen en recibos comerciales, puesto que, no emergen de una obligación civil sino de una obligación comercial; por lo que, debían valorarse conforme los parámetros del art. 1346 del CCo y el principio de verdad material previsto en el art. 180.I de la CPE; además, la entidad ejecutante es quien también realizó un análisis de estos para establecer la liquidación de lo adeudado y solicitó se oficie para la designación de un perito que realice un análisis contable de los mismos que el Juez ad quo determinó se calcularán en ejecución de sentencia; empero, cuando su persona pretende lo mismo, el Tribunal ad quem no los valora; ii) Con relación a la excepción de compromiso documentado de pago, las autoridades demandadas omitieron un pronunciamiento de fondo sobre esta, ya que, los documentos de transferencia sobre los mismos presentados por la entidad ejecutante, dan cuenta de su entrega; el correo electrónico evidencia su aceptación y conformidad para que sea amortizable a la deuda principal; y, de acuerdo a lo que dispuso el Juez de primera instancia, su valoración final será determinada en ejecución de sentencia; sin embargo, el Tribunal de alzada estableció que el mismo no podía analizarse porque sería contradictoria con la excepción de pago documentado parcial opuesta; y, iii) El recurso de apelación planteó cuatro agravios que no fueron analizados por las autoridades demandadas. Ante las preguntas realizadas por la Sala Constitucional respecto a si existía otra relación civil o comercial con la entidad ejecutante a las que sean atribuibles los pagos referidos y sobre la posibilidad que tienen de plantear lo reclamado en un proceso ordinario ulterior, contestó que: “…es la única relación que tengamos con SAIV” -se entiende la Sociedad Agroindustrial del Valle Ltda.- (sic [fs. 264]) y que al no existir pronunciamiento sobre las pruebas no existe base sobre el cual pueda instaurar el proceso ordinario ulterior que refiere.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Marisol Ortiz Hurtado y Walter Pérez Lora, ambos Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no presentaron informe escrito alguno ni se presentaron a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 165 y 189.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

La Sociedad Agroindustrial del Valle Ltda., a través de su representante legal, solicitó se deniegue la tutela solicitada, señalando que: a) La justicia constitucional no es una instancia casacional para realizar una revisión de fondo de la decisión asumida en el proceso ejecutivo civil, más aún, cuando no se agotó el principio de subsidiariedad, ya que, conforme establece el art. 386 del CPC, el accionante podría formalizar el proceso ordinario posterior que este omitió agotar; b) La entidad ejecutante tiene una relación comercial con el impetrante de tutela de la cual emergen dos obligaciones, una de las cuales, fue reconocida por el peticionante de tutela el 7 de octubre de 2021, la cual no se cumplió; por lo que, no es cierto que sólo exista una relación “civil” como el prenombrado afirma; c) De la documentación adjunta a las excepciones opuestas, cursa una auditoria por la que se determinó a cual obligación son imputables las mismas, pretendiéndose que se consideren comprobantes que corresponden a otra obligación; d) Ninguna autoridad jurisdiccional puede desnaturalizar la exigencia de la suma líquida del proceso ejecutivo, es así que, el accionante no especificó el monto definitivo de la excepción de pago documentado parcial aludido; e) La excepción de compromiso de pago no está reconocida en nuestro ordenamiento jurídico y si se pretendía una modificación de la deuda principal debía realizarse de forma expresa mediante documento público y no comprometer un pago mediante una prestación diversa a la debida; f) De los bienes ofrecidos como pago, se evidenció que ninguno era de titularidad del impetrante de tutela, pretendiéndose disponer de algo que no le pertenecía a este; y, g) El Auto de Vista 169/2023, se encuentra debidamente fundamentado y motivado, y es congruente; además, la pretensión de la aplicación de los arts. 1356 del CCo y “148.3” del CPC, para determinar el monto final amortizable a la deuda principal no correspondía, ya que, con estas se pretendía que el Juez ad quo supla tal labor atribuible al peticionante de tutela. Ante las preguntas realizadas por la Sala Constitucional, respecto a la vía para resolver la controversia relacionada a la valoración de las pruebas adjuntas a las excepciones opuestas y sobre la prueba de las dos obligaciones existentes entre las partes, señaló que ello debe ser dilucidado en un proceso ordinario ulterior y que el accionante no negó las dos obligaciones existentes con la entidad ejecutante.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, por Resolución 055/2023 de 28 de agosto, cursante de fs. 278 a 284 vta., concedió en parte la tutela solicitada por evidenciar la lesión del derecho al debido proceso en sus componentes valoración de la prueba y motivación de las resoluciones judiciales, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 169/2023 y ordenando la emisión de un nuevo pronunciamiento en el plazo de quince días desde la notificación de dicha determinación, con base en los siguientes fundamentos: 1) En cuanto a la excepción de pago documentado parcial, la Sentencia Definitiva 43/2023 estableció que los documentos presentados están referidos a los pagos en cuenta de la entidad ejecutante; por lo que, para determinar si son válidos se debe considerar que la obligación de donde nace el título base está referida a una relación comercial; es así que, al existir una relación comercial entre las partes, en aplicación del art. 1346 del CCo y el principio de verdad material, estos son amortizables a la deuda cuyo monto final se debe determinar en ejecución de sentencia; sin embargo, el Auto de Vista 169/2023 concluyó que en aplicación del art. 316.I del CC, ninguna de tales documentales se refieren o vinculan con el título ejecutivo; y, en cuanto a la excepción de compromiso documentado de pago, la resolución de primera instancia determinó que mediante auditoria se deberá averiguar en ejecución de sentencia el valor de los bienes entregados; empero, la decisión de segunda instancia no resolvió la misma al considerarla contradictoria, ya que, debían entregarse los documentos de recepción de los bienes y, en todo caso, de considerar que estos cubrían el monto adeudado, plantear la excepción de pago documentado total; 2) La determinación asumida por el Auto de Vista 169/2023 no coincide con los agravios expuestos por el apelante, más aún cuando deducen que existen otras obligaciones a las que se imputarían tales documentales sin especificar cuáles serían estas; 3) No existe una valoración de las “…más de 1504 pruebas…” (sic [fs. 283]) adjuntas al proceso tanto por el Juez ad quo como por el Tribunal ad quem, lo que implica una falta de motivación en el Auto de Vista; y, 4) Tratándose del derecho material, a pesar que podría resolverse en un proceso ordinario ulterior al proceso ejecutivo, dado que, se vulneró el debido proceso en sus elementos de motivación y valoración probatoria, no es posible aplicar el principio de subsidiariedad.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por declaración unilateral de promesa de pago y reconocimiento de deuda de 7 de octubre de 2021, José Corral Romero -ahora accionante- reconoció adeudar la suma de $us633 718,74.- (seiscientos treinta y tres mil setecientos dieciocho 00/74 dólares estadounidenses) en favor de la Sociedad Agroindustrial del Valle Ltda. -ahora entidad tercera interesada-(fs. 4 a 5); el cual, mediante Formulario 0559781 de 8 del mismo mes y año, fue reconocido en sus firmas y rúbricas ante Sarita Cuellar Roca, Notaria de Fe Pública 13 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (fs. 3). II.2. Consta correo electrónico de 21 de marzo de 2022 remitido por Gustavo Córdova, Director Administrativo Financiero de la entidad tercera interesada dirigido al accionante, por el cual, se remite un contrato que “…establecen 6 documentos que lo conforman para perfeccionar las transferencias y el saldo de la deuda” (sic [fs. 45]). II.3. Dentro del proceso ejecutivo civil instaurado por la entidad tercera interesada contra el impetrante de tutela por la suma de $us545 646.-, el Juez Público Civil y Comercial Decimosexto de la Capital del departamento de Santa Cruz emitió la Sentencia Inicial 131/2022 de 19 de julio, la cual declaró probada la demanda (fs. 9 y vta.); ante ello, el peticionante de tutela opuso las excepciones de falta de personería, pago documentado parcial y compromiso documentado de pago; ante las cuales se emitió la Sentencia Definitiva 43/2023 de 30 de enero, que declaró improbada la primera y probadas las dos últimas (fs. 72 y vta.). II.4. Cursan declaraciones voluntarias notariadas: de 9 de septiembre de 2022, concerniente a Jhovana Condori Mamai y Jessica Martínez Gutiérrez; de 12 del mismo mes y año, correspondiente a Nancy Noemi Copa Sardinas; de 14 de dicho mes y año, perteneciente a Katerine Fabiola Cáceres Pérez; y, de 23 de igual mes y año, propia a Edwin Luis Sarabia Calvo. La primera declaró haber realizado depósitos bancarios entre octubre de 2021 y febrero de 2022; la segunda entre octubre de 2021 y noviembre de 2021; la tercera entre octubre de 2021 y febrero de 2022; la cuarta entre octubre de 2021 y marzo de 2022; y, el quinto, desde el mes de febrero de 2022, todo a nombre del peticionante de tutela en favor de la entidad tercera interesada (fs. 40 a 44). II.5. Contra la Sentencia Definitiva 43/2023, la empresa tercera interesada, interpuso recurso de apelación, en virtud del cual, Marisol Ortiz Hurtado y Walter Pérez Lora, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -ahora demandados-, emitieron el Auto de Vista 169/2023 de 17 de mayo, que confirmó la determinación respecto a la excepción de falta de personería; empero, revocó la decisión sobre las excepciones de pago documentado parcial y compromiso documentado de pago, declarándolas improbadas (fs. 80 a 82 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus componentes valoración razonable de la prueba; congruencia interna y externa; y, fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales; y, los principios de verdad material e igualdad; toda vez que, el Auto de Vista 169/2023: i) No valoró de forma integral los depósitos bancarios ni la documentación que acreditan las excepciones de pago documentado parcial y de compromiso documentado de pago; ii) Omitió aplicar las normas y principios jurídicos alegados -como el principio de verdad material, la teoría de los actos propios y los arts. 1356 del CCo y 148.II del CPC- para la valoración de la prueba; y, iii) No motivó adecuadamente por qué las excepciones planteadas serían incompatibles, rechazando las pruebas de forma genérica y sin un análisis específico. Las autoridades demandadas no presentaron informe escrito alguno ni participaron de la audiencia de garantías. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre el alcance del principio de subsidiariedad en la revisión constitucional de las decisiones de los procesos ejecutivos

Por un lado, el art. 129.I de la CPE, establece que la acción de amparo constitucional procede: “…siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”, criterio reiterado por el art. 54.I del Código Procesal Constitucional (CPCo). Por otro lado, el art. 376.1 del CPC configura al proceso ejecutivo como un proceso de estructura monitoria. Esta configuración confiere al proceso ejecutivo una finalidad orientada a la celeridad en la satisfacción del derecho de crédito, reservando la eventual discusión plena sobre el derecho material antes referido al proceso ordinario posterior, conforme al art. 386.I del citado Código, que establece: “Lo resuelto en el proceso ejecutivo podrá ser modificado en proceso ordinario posterior, siempre que la acción tenga por objeto el derecho material y de ninguna manera el procedimiento del proceso ejecutivo”. Sin embargo, si bien el proceso ordinario posterior constituye la vía idónea para debatir el derecho sustantivo subyacente a la obligación ejecutada, no se configura como una instancia adicional del trámite ejecutivo que permita reexaminar sus actuaciones procesales. En ese sentido, corresponde efectuar las siguientes precisiones: a) En primer lugar, el proceso ejecutivo tiene por objeto efectivizar un derecho insatisfecho sustentado en un título que goza de los requisitos de exigibilidad y liquidez, junto con su reconocimiento legal, los cuales constituyen presupuestos indispensables para su configuración, que debido a su finalidad, no requiere un debate amplio sobre el derecho material dentro del propio trámite ejecutivo -lo mismo puede decirse respecto a las excepciones que mantienen sus propios presupuestos-. En ese marco, debido al diseño procesal restringido del trámite ejecutivo, la decisión que se adopta produce únicamente cosa juzgada formal, quedando abierta la revisión del derecho sustantivo a través del proceso ordinario posterior; y, b) En segundo lugar, el proceso ordinario posterior tiene por objeto el examen pleno del derecho material debatido en el proceso ejecutivo, así discutir su certeza, incluida la relación jurídica o económica subyacente que le da origen, aspectos que no pueden ser objeto de un debate suficiente en sede ejecutiva. Por ello, en el proceso ordinario posterior, las partes pueden alegar y producir prueba sin las restricciones propias de la vía monitoria, desarrollando un contradictorio amplio, cuya resolución adquiere calidad de cosa juzgada material al resolver de manera definitiva sobre el fondo del litigio.

En este contexto, el alcance del principio de subsidiariedad en la revisión constitucional de las decisiones de los procesos ejecutivos supone la activación del proceso ordinario posterior cuando conforme al art. 386.I del CPC se debate el derecho material y no el procedimiento.

III.2. Análisis del caso concreto

Del análisis del expediente constitucional, se evidencia que, producto de la relación comercial entre José Corral Romero -ahora accionante- y la Sociedad Agroindustrial del Valle Ltda. -ahora entidad tercera interesada-, el primero suscribió el documento de declaración unilateral de promesa de pago y reconocimiento de deuda de 7 de octubre de 2021, por la suma de $us633 718,74.- en favor de la segunda (Conclusión II.1), ante su incumplimiento, previa liquidación, la entidad tercera interesada instauró proceso ejecutivo civil contra el accionante por la suma de $us545 646.-; dentro del cual, el Juez Público Civil y Comercial Decimosexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, emitió la Sentencia Inicial 131/2022, declarando probada la misma; y, ante la oposición de las excepciones de: 1) Falta de personería, sustentada en la ausencia de facultades del representante legal de la entidad ejecutante; 2) Pago documentado parcial, sustentada en depósitos bancarios a cuenta de la misma; y, 3) Compromiso documentado de pago, sustentada en la dación de bienes en forma de pago, emitió la Sentencia Definitiva 43/2023, que declaró improbada la primera y, probadas la segunda y tercera excepciones opuestas, disponiendo el cálculo de la suma total amortizable a la deuda principal para la etapa de ejecución (Conclusión II.3). Determinación que, fue impugnada por la entidad tercera interesada mediante recurso de apelación, alegando que, los depósitos bancarios presentados corresponderían a otras obligaciones y los bienes ofrecidos en dación no serían de titularidad del impetrante de tutela, producto del cual, los Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Quinta del Tribunal Departamental del señalado asiento judicial -ahora demandados-, emitieron el Auto de Vista 169/2023, que confirmó la decisión respecto a la excepción de falta de personería; empero, revocó la decisión sobre las excepciones de pago documentado parcial y compromiso documentado de pago, declarándolas improbadas (Conclusión II.5); sobre cuya decisión, el peticionante de tutela alega se han vulnerado sus derechos y garantías constitucionales. Ahora bien, en el presente caso se plantean tres aspectos como cargos: i) El primer punto, se centra en la ausencia de una valoración integral de las premisas fácticas -esto es, los hechos considerados probados por el prenombrado, como la existencia del pago parcial a través de los depósitos bancarios y el compromiso de pago por medio de las documentales de dación de bienes a favor de la entidad tercera interesada-; ii) El segundo punto, trata sobre la omisión en la aplicación de las premisas normativas para la valoración probatoria requeridas por el impetrante de tutela -en este caso, el principio de verdad material, la teoría de los actos propios y los arts. 1356 del CCo y 148.II del CPC-; y, iii) El tercer punto, versa sobre la falta de motivación de la conclusión probatoria derivada de ambas excepciones opuestas por el peticionante de tutela que el Tribunal ad quem declaró incompatibles, las rechazó genéricamente y sin sustento especifico alguno. Conforme al Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, resulta necesario determinar si los cargos planteados recaen sobre el derecho material objeto del proceso ejecutivo, en cuyo caso, corresponde plantear el proceso ordinario posterior previamente a acudir a la justicia constitucional. En este sentido, sobre la excepción de pago documentado parcial sustentada en los certificados de depósitos bancarios adjuntos por el accionante, el Auto de Vista 169/2023, en aplicación del art. 316.I del Código Civil (CC) que refiere: “El deudor de muchas deudas de la misma especie frente al mismo acreedor, puede declarar cuando paga cuáles quiere satisfacer”, señaló que: “…en ninguno [de los depósitos bancarios adjuntos] se demuestra que dichos pagos u abonos fueron realizados a cuenta de la obligación objeto de la presente ejecución” (sic [fs. 82]); por lo que, afirmó que era deber del impetrante de tutela declarar -a momento de realizar los pagos- a que deuda iban dirigidos los mismos; y, dado que, ello no habría ocurrido, descartó la consideración de tales documentales. En ese tenor, la premisa normativa empleada por el Tribunal ad quem para proceder con la valoración probatoria de los depósitos bancarios que sustentaron la excepción de pago documentado parcial fue la forma y el momento de la imputación de pago; es decir, razonó que dicha imputación debía realizarse de manera expresa en los depósitos bancarios y al momento de efectuarse los pagos ante las respectivas entidades financieras, debiendo vincularse estos con la obligación objeto del proceso ejecutivo; extremo que, a su criterio, no habría ocurrido, motivo por el cual descartó su consideración.

Es así que, si bien el peticionante de tutela cuestionó la inaplicación de los parámetros normativos contenidos en los arts. 1356 del CCo y 148.II del CPC -en virtud de los cuales alegó que los depósitos bancarios realizados tendrían un régimen de valoración especializado en materia comercial-, además del principio de verdad material y la teoría de los actos propios, al considerar que dichos depósitos habrían sido aceptados por la entidad tercera interesada, adjuntando incluso declaraciones notariadas voluntarias respecto a pagos efectuados en su nombre a cuentas de la mencionada entidad (Conclusión II.4), lo cierto es que, tal cuestionamiento guarda estrecha relación con el derecho material relativo a la satisfacción del derecho de crédito que constituye el objeto de la excepción de pago documentado parcial opuesta. Esta conclusión se ve reforzada al advertirse la controversia existente respecto de otros derechos de crédito entre las mismas partes, circunstancia que genera la necesidad de una imputación de pago cuya forma y oportunidad -conforme lo expuesto ut supra- deben ser determinadas en el marco del contradictorio y del correspondiente debate probatorio. Ello resulta aún más relevante si se considera la presentación de un informe con “…más de 1500 fojas que desvirtúan cada uno de los comprobantes de pago que presenta el ejecutado de fs. 186 a 536…” (sic [fs. 74 vta.]). A esto se suma la necesidad de establecer la pertinencia de los demás parámetros normativos de valoración probatoria invocados por el prenombrado.

Por otro lado, respecto a la excepción de compromiso documentado de pago sustentada en las documentales de aceptación, recepción y avalúo señaladas por el accionante -en particular, el correo electrónico que, según afirma, demostraría la aceptación por parte de la entidad tercera interesada de la entrega de tres vehículos y un bien inmueble como forma de satisfacer la totalidad de la obligación (Conclusión II.2)-, el Auto de Vista 169/2023 consideró que dicho planteamiento resultaba contradictorio con la primera excepción opuesta, puesto que, de ser cierto, correspondía más bien la interposición de la excepción de pago documentado total. Asimismo, observó que debió adjuntarse el documento de entrega y recepción de los bienes ofrecidos como compromiso de pago; sin embargo, advirtió la existencia de controversia respecto de la titularidad de dichos bienes, ya que, no pertenecerían al impetrante de tutela. Por ello, descartó su consideración. Siguiendo ese mismo tenor, si bien no se advierte un parámetro normativo expreso de valoración probatoria aplicado por el Tribunal ad quem que permita analizar los hechos que el peticionante de tutela consideró probados respecto de esta excepción, se entiende que, cuando el art. 381.II.9 del CPC admite la excepción de “compromiso documentado”, esta implica la acreditación de determinados elementos. Sobre ello, las autoridades demandadas interpretan que deben presentarse documentos expresos que acrediten la entrega y recepción de los bienes ofrecidos como pago, así como la inexistencia de controversia respecto de la titularidad de dichos bienes.

En ese sentido, si bien el accionante, plantea cuáles serían los parámetros de valoración probatoria que las autoridades demandadas debieron emplear para considerar la alegada dación de bienes destinada al pago de la deuda contraída con la entidad tercera interesada -aludiendo al principio de verdad material y a la teoría de los actos propios-, se advierte que, a partir de las documentales presentadas, en particular del correo electrónico mediante el cual se habría aceptado la dación de los bienes ofrecidos en pago, así como de la controversia existente respecto de su titularidad, emergen cuestiones -tales como la pertinencia o conducencia de dicho correo electrónico para acreditar la entrega y recepción efectiva de los bienes, y la resolución de la controversia sobre la titularidad de los mismos- que exceden el ámbito de valoración probatoria propio del proceso ejecutivo y, con mayor razón, el ámbito de control de tales determinaciones por la justicia constitucional. Es así que, si bien el análisis de ambas excepciones -pago documentado parcial y compromiso documentado de pago- podría vincularse, la primera, con la interpretación de la legalidad ordinaria y, la segunda, con la valoración probatoria -componentes de la garantía del debido proceso que, en principio, habilitarían su revisión por la justicia constitucional-, lo cierto es que existe controversia no solo respecto de los parámetros normativos aplicables a la actividad de valoración probatoria, sino también respecto de toda la actividad probatoria (incluyendo el ofrecimiento, la oposición, el diligenciamiento y la valoración de las documentales presentadas), estrechamente vinculada con el derecho material que exceden los contornos del proceso ejecutivo, en cuanto a la determinación de la satisfacción del derecho de crédito. Por ello, la dilucidación de tales cuestiones requiere un debate amplio, propio del proceso ordinario ulterior. En consecuencia y considerando que todos los cargos están relacionados al derecho material, corresponde denegar la tutela en aplicación del principio de subsidiariedad. Finalmente, en cuanto a la presunta lesión de los principios de verdad material e igualdad, el primero, se halla vinculado con el objeto sustancial del proceso ejecutivo; y, el segundo, no ha merecido mayor fundamentación a efectos de constatar su eventual vulneración; por lo que, no corresponde realizar mayor análisis al respecto. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder en parte la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 055/2023 de 28 de agosto, cursante de fs. 278 a 284 vta.; y, en consecuencia, DENEGAR, aclarando que no se ingresó al fondo de la problemática; sin embargo por el tiempo transcurrido y a efectos de no generar distorsiones procesales conforme al art. 28.II del CPCo. se mantienen los efectos de la decisión del tribunal de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1168_2025-S2.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): 950b93032d75c0cb047024db4c2b1b8c25d51c6410ab29f93f38526cd9229670

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