B.IA.LEGAL

SCP 1167/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 4 de agosto de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
4 de agosto de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
62701-2024-126-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la petición, a una justicia plural pronta y oportuna; y, de la garantía del debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación; toda vez que, en ejecución de sentencia del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la comisión del delito de manipulación informática y otros, presentó memorial el 29 de enero de 2024, solicitando la emisión de mandamiento de libertad por cumplimiento de la pena de seis años de privación de libertad que le fue impuesta; ante ello, la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, en suplencia legal de su similar Segundo, emitió el decreto de 30 de enero de 2024 por el cual dispuso “…estese a providencia de fecha 01/12/2023…” (sic); empero, dicha providencia -la cual determinó que no se cumplió con la pena impuesta-, emitida por la autoridad judicial demandada, únicamente tomó en cuenta el informe de cómputo de pena de 30 de noviembre de 2023 emitido por Secretaría del despacho judicial a su cargo y no así la Certificación de Permanencia y Conducta de 7 de diciembre de igual año, de acuerdo a la cual, su quinto ingreso al Centro Penitenciario Palmasola del señalado departamento data del 14 de abril de 2018, el cual -a su criterio- demuestra que estuvo detenido por seis años, cuatro meses y dieciocho días. Ante ello, la Jueza demandada señala que la Secretaria del despacho a su cargo emitió el informe de cómputo de pena de 30 de noviembre de 2023 con base en los antecedent…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 06/2024 de 17 de febrero, cursante de fs. 45 a 48, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la subsidiariedad excepcional ante solicitudes relacionadas al cumplimiento de condena
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1167/2026-S2 Sucre, 4 de agosto de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 62701-2024-126-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 06/2024 de 17 de febrero, cursante de fs. 45 a 48, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Melisa Scarlet Cuellar Roca, abogada del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP) en representación sin mandato de Luis Manuel Villanueva Mendoza contra Cinthia María Mamani Ibarra, Jueza de Ejecución Penal Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 16 de febrero de 2024, cursante de fs. 11 a 14, el accionante, a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Por memorial presentado el 29 de enero de 2024, solicitó ante la Jueza de Ejecución Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, en suplencia legal de su similar Segundo, la emisión de mandamiento de libertad debido a que cumplió la condena de seis años de privación de libertad impuesta a su persona mediante Sentencia 18/2023 de 24 de octubre. No obstante, por decreto de 30 de enero de 2024, la Jueza de Ejecución Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, determinó “…estese a providencia de fecha 01/12/2023, referente al cómputo de la pena realizado por la Secretaria del Juzgado 2° de ejecución penal…” (sic), omitiendo pronunciarse respecto al fondo de la solicitud de mandamiento de libertad; posteriormente, se remitió el escrito al Juzgado de origen el 2 de febrero del mismo año, sin que exista respuesta alguna sobre lo solicitado. El referido cómputo, realizado el 30 de noviembre de 2023, tomó en consideración cuatro fechas; el 15 de febrero de 2017 -ingreso con mandamiento de detención preventiva-, el 7 de julio del mismo año -salida con medidas cautelares personales-, el 7 de septiembre de 2018 -mandamiento de detención por revocatoria de medidas cautelares-; y, el 30 de noviembre de 2023 -sobre su privación de libertad actual-. Sin embargo, dicho cómputo no convalidó el tiempo de su detención domiciliaria ni consideró la Certificación de Permanencia y Conducta de 7 de diciembre de 2023, que menciona su quinto ingreso al Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, el 14 de abril de 2018, por la comisión de un nuevo delito, lo cual acredita que estuvo detenido preventivamente por seis años, cuatro meses y dieciocho días. Conforme a los arts. 238 y 247 del Código de Procedimiento Penal (CPP), 19.5 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS), quienes están facultados para revocar y solicitar la revocatoria de medidas cautelares son las autoridades judiciales, el Ministerio Público y la parte víctima, no así la parte imputada; en ese sentido, debió considerarse la fecha de su quinto ingreso en el cómputo, sin que la falta de informe y de una solicitud de revocatoria puedan perjudicarle o desfavorecerle. En consecuencia, el decreto de 1 de diciembre de 2023, emitido por Cinthia María Mamani Ibarra, Jueza de Ejecución Penal Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz -hoy demandada- es arbitrario y no cuenta con fundamentación y motivación, ya que la prenombrada únicamente tomó en cuenta el informe de cómputo de pena de 30 de noviembre de igual año, emitido por Secretaría del despacho a su cargo y no así el Certificado de Permanencia y Conducta -no especifica cual-, por lo que no realizó un análisis de los elementos probatorios desde una perspectiva diferenciada e interseccional, considerando que es un migrante extranjero de nacionalidad peruana.

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a la petición, a una justicia plural pronta y oportuna; y, de la garantía del debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación; citando al efecto los arts. 23, 73 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, “…12 de la Convecino Interamericana…” (sic).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga la restitución de su libertad.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 17 de febrero de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 42 a 44 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante, a través de su representante sin mandato, ratificó in extenso el contenido de su memorial acción de libertad; y, ampliando en audiencia de garantías, señaló que se vulneró la protección judicial efectiva que debía realizar la Jueza demandada.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Cinthia María Mamani Ibarra, Jueza de Ejecución Penal Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, por informe escrito cursante de fs. 18 a 19 vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada, manifestando que: a) El 30 de noviembre de 2023, el impetrante de tutela solicitó mandamiento de libertad definitiva; en ese entendido, ordenó que por Secretaría del Juzgado a su cargo se elabore el cómputo de pena, lo cual fue realizado con base en los antecedentes procesales y la Certificación de Permanencia y Conducta extendida por la Dirección Penitenciaria de Palmasola; b) En dicha Certificación se evidencia que el accionante ingresó con detención preventiva al Centro Penitenciario Palmasola del mencionado departamento el 15 de febrero de 2017, de acuerdo a lo ordenado por el “…Juez 14avo. De Instrucción en lo Penal…” (sic), por el delito de manipulación informática y apropiación indebida de fondos financieros y otros; además, recobró su libertad en esa causa el 7 de julio de igual año; posteriormente, el 7 de septiembre de 2018 se revocaron las medidas cautelares personales impuestas; en consecuencia, hasta el 17 de febrero de 2024 suman cinco años, diez meses y dos días que estuvo detenido; c) Por lo referido, todavía faltaba un mes y veintiocho días para que el peticionante de tutela cumpla la pena de reclusión que le fue impuesta; d) Se pretende que el tiempo de detención preventiva ordenada dentro de otro proceso, por otro tipo de delito sea tomado en cuenta dentro del “presente proceso”, alegando que el control no es atribuible al condenado sino al juez de ejecución penal, desconociendo que el accionante fue beneficiado con medidas cautelares personales, entre ellas la detención domiciliaria, a través del Auto Interlocutorio de 26 de junio de 2017; y, que luego fue detenido preventivamente dentro de otro proceso penal por los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y delito financiero; y, e) Pretender conmutar o permutar el cumplimiento de la condena que tiene por otro delito sin fundamento legal alguno, avalaría el accionar del condenado en la comisión de hechos delictivos, contraviniendo el art. 3 de la LEPS, el cual establece que la pena tiene por finalidad proteger a la sociedad, readaptar y reinsertar al condenado a la sociedad.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 06/2024 de 17 de febrero, cursante de fs. 45 a 48, denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: 1) La Jueza demandada señaló que hay una confusión ya que se realizó un cómputo personal sobre dos casos diferentes; además, todavía no se cumplió la condena de seis años en el caso a su cargo; 2) El accionante da la razón a lo manifestado por la autoridad judicial demandada ya que pide tutela respecto a dos casos; 3) La acción de defensa planteada fue confusa ya que no se adjuntó “…ningún elemento probatorio…” (sic) ni se menciona a qué autoridad debió solicitarse documentación; 4) El impetrante de tutela adjuntó documentación referente al cómputo de la pena que contradice sus argumentos; 5) No se planteó recurso de impugnación, de apelación o queja ante la Jueza demandada contra el “informe” presentado, tampoco se apeló el decreto emitido por la autoridad judicial demandada, por lo que existiría un acto consentido; y, 6) El peticionante de tutela fue procesado por una autoridad competente, su vida no corre peligro al encontrarse en un lugar de seguridad, no se encuentra ilegalmente perseguido, ni indebidamente procesado; tampoco es evidente que esté indebidamente privado de libertad ya que utilizó los recursos establecidos por ley; por lo que no se cumplen los presupuestos establecidos en el art. 125 de la CPE.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se determinó la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada, con la facultad de las Salas a de probar, modificar, complementar o sustituir el proyecto, disponiendo la emisión de una resolución bajo el formato distinto cuando las particularidades del caso así lo requieran. Por ello, el formato del presente fallo se ajusta a lo precedentemente determinado.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por informe de cómputo de pena de 30 de noviembre de 2023, Edith Dalia Vásquez Ali, Secretaria del Juzgado de Ejecución Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, refirió que Luis Manuel Villanueva Mendoza -hoy accionante- cumplió con cinco años, siete meses y quince días de la pena de seis años impuesta por el Juzgado de Sentencia y Partido Penal Liquidador Séptimo de la Capital y departamento señalados; además, indicó que la fecha de cumplimiento de la pena es el 15 de abril de 2024 (fs. 4).

II.2. Mediante decreto de 1 de diciembre de 2023, Cinthia María Mamani Ibarra, Jueza de Sentencia Penal Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandada- señaló que de acuerdo al informe de cómputo de pena referido en la Conclusión II.1, el impetrante de tutela no cumplió su condena corporal, por lo que declaró “no ha lugar” a su solicitud de mandamiento de libertad definitiva realizada mediante memorial presentado el 30 de noviembre del citado año (fs. 4 vta.). II.3. Consta Certificación de Permanencia y Conducta de 7 de diciembre de 2023, emitido por el Director del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, correspondiente al peticionante de tutela; dicho informe indica lo siguiente “…CUARTO INGRESO el 15 de febrero de 2017, ordenado por el JUEZ 14avo. De INSTRUCCIÓN EN LO PENAL, por el delito de MANIPULACIÓN INFORMÁTICA Y APROPIACIÓN INDEBIDA DE FONDOS FINANCIEROS Y OTROS. CASO FELCC SC-1606289 (…) Salió en libertad el 7 de julio de 2017 (…) QUINTO INGRESO:- En fecha 14 de abril de 2018, con MANDAMIENTO DE DETENCIÓN PREVENTIVA, ordenado por el Dr. Luis Esteban loza Quaglini, JUEZ ONCEAVO DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL, por el delito de FALSEDAD MATERIAL, FALSEDAD IDEOLOGICA, USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO, DELITOS FINANCIEROS. CASO CEIP-FIS-SCZ-1806499 (…) Cursa MANDAMIENTO DE DETENCION PREVENTIVA, librado en fecha 7 de septiembre de 2018 (…) CASO: FELCCSCZ 1606289…” (sic [fs. 5 a 6]). II.4. A través de memorial presentado el 29 de enero de 2024 ante el Juzgado de Ejecución Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, el impetrante de tutela señaló que le fue impuesta una condena de seis años de presidio y que cumplió con seis años, dos meses y quince días de detención preventiva, en ese entendido, solicitó se libre mandamiento de libertad definitiva por cumplimiento de la condena (fs. 2 y vta.). II.5. Por decreto de 30 de enero de 2024, la Jueza de Ejecución Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, determinó que el accionante “…deberá estar a la providencia de fecha 01 de diciembre [de] 2023, conforme al cómputo de pena realizado por la secretaria del juzgado 2do Ejecución Penal…” (sic [fs. 3]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la petición, a una justicia plural pronta y oportuna; y, de la garantía del debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación; toda vez que, en ejecución de sentencia del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la comisión del delito de manipulación informática y otros, presentó memorial el 29 de enero de 2024, solicitando la emisión de mandamiento de libertad por cumplimiento de la pena de seis años de privación de libertad que le fue impuesta; ante ello, la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, en suplencia legal de su similar Segundo, emitió el decreto de 30 de enero de 2024 por el cual dispuso “…estese a providencia de fecha 01/12/2023…” (sic); empero, dicha providencia -la cual determinó que no se cumplió con la pena impuesta-, emitida por la autoridad judicial demandada, únicamente tomó en cuenta el informe de cómputo de pena de 30 de noviembre de 2023 emitido por Secretaría del despacho judicial a su cargo y no así la Certificación de Permanencia y Conducta de 7 de diciembre de igual año, de acuerdo a la cual, su quinto ingreso al Centro Penitenciario Palmasola del señalado departamento data del 14 de abril de 2018, el cual -a su criterio- demuestra que estuvo detenido por seis años, cuatro meses y dieciocho días. Ante ello, la Jueza demandada señala que la Secretaria del despacho a su cargo emitió el informe de cómputo de pena de 30 de noviembre de 2023 con base en los antecedentes procesales y la Certificación de Permanencia y Conducta extendida por la Dirección Penitenciaria de Palmasola, según la cual, hasta el 17 de febrero de 2024, el accionante estuvo detenido por cinco años, diez meses y dos días, por lo que todavía faltaba un mes y veintiocho días para que cumpla la pena de reclusión que le fue impuesta; además, el prenombrado pretende que el tiempo de detención preventiva ordenada dentro de otro proceso -por los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y delito financiero- sea tomado en cuenta en el cómputo.

En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la subsidiariedad excepcional ante solicitudes relacionadas al cumplimiento de condena

En relación a la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, la SC 0008/2010-R de 6 de abril, estableció que: “…en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas” (las negrillas son añadidas). Bajo dicha premisa, respecto a las solicitudes presentadas en ejecución de sentencia penal, la SCP 0594/2014 de 14 de marzo, remitiéndose al Código de Procedimiento Penal, determinó que “…el art. 432 determina que tanto la Fiscalía como el condenado podrán plantear incidentes relativos a la ejecución de la pena, añadiendo que, el incidente será resuelto por el juez de ejecución penal, en audiencia oral y pública, convocada dentro de los cinco días siguientes a su promoción, Resolución que podrá ser apelada ante la Corte Superior de Justicia -hoy Tribunal Departamental de Justicia-”; además, la SCP 0928/2025-S1 de 13 de agosto, indicó que: “...el Juez de Ejecución Penal, tiene la atribución de resolver todos los incidentes que se activen durante la ejecución de una sentencia, tanto el incidente de redención y de cumplimiento de condena; así incluso en caso de no resolverse un incidente de acuerdo a lo pretendido por la parte accionante, éste puede apelar aquella decisión” (énfasis añadido). En ese entendido, si bien el art. 39 de la LEPS establece que al cumplir la condena la persona privada de libertad debe ser liberada el mismo día y sin trámite alguno -bajo responsabilidad penal y administrativa del funcionario que lo omita-, la vía constitucional no se activa de manera automática ante el rechazo de una solicitud que pretenda la aplicación de dicho articulado, ya que la negativa por la autoridad judicial implica una definición provisional de la situación jurídica -al establecer que no se cumplió la pena- del condenado, respecto a su condena, a la que precede un análisis de antecedentes judiciales y administrativos. Por consiguiente, la decisión de rechazo de cumplimiento de la pena, puede ser revisada en la vía incidental conforme al art. 432 del CPP, bajo el principio de inmediación y con actividad probatoria amplia. Asimismo, ante una eventual negativa en dicha vía, corresponde el planteamiento de recurso de apelación incidental en concordancia con el art. 403 inc. 2) del mismo Código.

III.2. Análisis del caso concreto

Delimitado el objeto procesal de la presente acción tutelar, se tiene que, de acuerdo a lo expuesto por Luis Manuel Villanueva Mendoza -hoy accionante-, el mismo fue condenado a una pena privativa de libertad de seis años a través de la Sentencia 18/2023 de 24 de octubre. Por otro lado, en ejecución de dicha Sentencia, fue emitido el informe de cómputo de pena de 30 de noviembre de 2023, a través del cual, la Secretaria del Juzgado de Ejecución Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, estableció que el antes nombrado cumplió cinco años, siete meses y quince días de la pena que le fue impuesta (Conclusión II.1); ante ello, mediante decreto de 1 de diciembre de 2023, Cinthia María Mamani Ibarra, Jueza del mencionado despacho judicial -hoy demandada-, determinó que el impetrante de tutela no cumplió su condena corporal declarando “no ha lugar” a la solicitud de mandamiento de libertad definitiva que el prenombrado realizo mediante memorial presentado el 30 de noviembre de 2023 (Conclusión II.2).

Posteriormente, la Dirección del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, emitió la Certificación de Permanencia y Conducta de 7 de diciembre de 2023, señalando que desde el quinto ingreso del accionante transcurrieron cinco años, siete meses y veintitrés días (Conclusión II.3); además, mediante memorial presentado el 29 de enero de 2024, el impetrante de tutela solicitó la emisión de mandamiento de libertad por cumplimiento de condena (Conclusión II.4), ante lo cual, mediante decreto de 30 de enero de 2024, la Jueza de Ejecución Penal Tercera de la Capital del referido departamento -en suplencia legal de su similar Segundo, según lo mencionado por el peticionante de tutela-, dispuso que “…deberá estar a la providencia de fecha 01 de diciembre [de] 2023…” (sic [Conclusión II.5]). En ese contexto, el accionante, a través de su representante sin mandato, cuestiona los decretos de 1 de diciembre de 2023 y de 30 de enero de 2024, indicando que el primero de ellos convalidó un cómputo que no tomó en cuenta el Certificado de Permanencia y Conducta -no especifica cuál-; y, el segundo determinó “…estese a providencia de fecha 01/12/2023, referente al cómputo de la pena realizado por la Secretaria del Juzgado 2° de ejecución penal…” (sic), omitiendo pronunciarse respecto al fondo de la solicitud de mandamiento de libertad. Ahora bien, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, ante la negativa judicial de liberar a un privado de libertad por supuesto cumplimiento de condena, no corresponde activar de forma directa la acción de libertad por operar la subsidiariedad excepcional, toda vez que, dicha decisión -de rechazo a la solicitud- emerge de un análisis de antecedentes que define provisionalmente la situación jurídica del condenado respecto a su condena. En ese entendido, la controversia debe resolverse de manera previa mediante un incidente de cumplimiento de condena en ejecución de sentencia y, en caso de persistir el rechazo, agotando el recurso de apelación incidental. Bajo dicha premisa, este Tribunal advierte que, mediante decreto de 1 de diciembre de 2023, la Jueza demandada estableció que el accionante no cumplió con la condena que le fue impuesta con base en el informe de cómputo de pena de 30 de noviembre de igual año, emitido por Secretaría del despacho judicial a su cargo; sin embargo, ante dicha disposición, el impetrante de tutela se limitó a presentar un nuevo memorial el 29 de enero de 2024, ante la Jueza de Ejecución Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, quien -según refiere el prenombrado- se encontraba en suplencia legal, solicitando se “…EMITA MANDAMIENTO DE LIBERTAD POR CUMPLIMIENTO DE CONDENA” (sic). Es decir que, el impetrante de tutela no agotó los mecanismos establecidos por ley a efecto de cuestionar ante la autoridad demandada el cómputo de pena que ahora pretende sea revisado a través de esta acción de libertad. En efecto, previamente a acudir ante la justicia constitucional, el peticionante de tutela debió interponer un incidente de cumplimiento de condena de acuerdo a lo establecido por el art. 432 del CPP; y, en caso de que su pretensión no sea acogida, interponer el recurso de apelación incidental conforme al art. 403 inc. 2) del citado Código. Por lo expuesto, al no haberse agotado las vías específicas y eficaces establecidas por el ordenamiento jurídico ordinario, la presente acción de libertad se halla dentro del ámbito de la subsidiariedad excepcional; en consecuencia, corresponde denegar la tutela sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 06/2024 de 17 de febrero, cursante de fs. 45 a 48, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de la problemática planteada.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1167_2026-S2.pdf · páginas 1 a 9.

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