Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 26 de septiembre de 2025
Concede la tutela
El accionante, a través de su representación legal –madre-, denuncia la lesión de sus derechos a la dignidad y a la libertad, a su desarrollo integral el cual incluye el derecho a la satisfacción de sus necesidades intereses y aspiraciones, identidad étnica, sociocultural, de género y generacional; en razón a que pese a la existencia de un error en la planilla de liquidación que consignó equivocadamente que el obligado debía Bs1 600.-, por ocho años impagos de mudas de ropa, siendo el monto correcto Bs4 800.-; los Vocales demandados, al emitir el Auto de Vista 64/2023, no consideraron el reclamo de la accionante bajo el argumento que la planilla de liquidación fue presentada por su propia pretensión, emitiendo una resolución sin motivación y fundamentación que confirmó la Resolución de primera instancia anteponiendo la autonomía de la voluntad sobre los derechos de su hijo AA. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 18 de octubre de 2024, cursante de fs. 147 vta. a 150 vta., pronunciada por la Jueza Pública Civil y Comercial Tercera de Yacuiba del departamento de Tarija; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada en cuanto a los derechos a la dignidad y desarrollo integral del niño AA, así como al debido proceso en su elemento de fundamentación y motivación; y, 2° Disponer: Dejar sin efecto el Auto de Vista 64/2023 de 28 de junio; y, en consecuencia, los Vocales de la Sala la Sala Civil, Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia Pública Segunda del Tribunal Departamental de Tarija, emitan uno nuevo, conforme a lo expuesto en los fundamentos jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1167/2025-S3 Sucre, 26 de septiembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 68264-2024-137-AAC Departamento: Tarija En revisión la Resolución de 18 de octubre de 2024, cursante de fs. 147 vta. a 150 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Heydi Jaquelinne Miranda Chávez en representación sin mandato de su hijo AA contra Jorge Ahmed Julio Alé y Susana Pantoja Ballivián, Vocales de la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija.
Por memoriales presentados el 14, 21 y 29 de febrero de 2024, cursantes de fs. 6 a 9, 14 a 15 vta., y 19, la accionante, expresó que:
Dentro del proceso de homologación de asistencia familiar, interpuesto por la accionante contra Jorge Gonzalo Benítez Céspedes, se dictó la Sentencia 30/2022 de 14 de octubre, que homologó el acuerdo de asistencia familiar, cuyos términos determinaron que el prenombrado debía cancelar la suma mensual de Bs450.- (cuatrocientos cincuenta bolivianos), más tres mudas de ropa por año, con un costo total de Bs200.- (doscientos bolivianos) por cada una de ellas. El 24 de enero de 2023, presentó liquidación de asistencia familiar, en la que erróneamente insertó el monto de Bs1 600.- (mil seiscientos bolivianos), por ocho años de mudas de ropa devengadas, cuando -a decir de la accionante- el monto correcto era de Bs4 800.- (cuatro mil ochocientos bolivianos); extremo que fue puesto a conocimiento del Juez de la causa, en audiencia de 24 de abril del referido año; empero, dicha observación no fue considerada por el mismo, bajo el argumento que el monto presentado en la planilla de liquidación no podía ser modificado, en sentido que ya se tenía consignada la petición de la demandante bajo la autonomía de su voluntad, emitiendo como consecuencia el Auto Interlocutorio 163/2023 de 24 de abril, manteniendo el monto consignado erróneamente de su parte. Ante dicha Resolución, formuló recurso de apelación el 5 de mayo del mismo año; por el cual, la Sala Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia Segunda de Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, emitió el Auto de Vista 64/2023 de 28 de junio, que sin mayor motivación o fundamentación confirmó el Auto apelado, señalando lacónicamente que la autonomía de la voluntad estaba por encima de los derechos de su hijo AA. Argumentó que tal determinación, al negarle la provisión adecuada de mudas de ropa implicó la violación de varios de los derechos de su hijo, reconocidos en los arts. 22, 58 y 59 de la Constitución Política del Estado (CPE), como en los arts. 2, 8, 12, 19 y 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) afectando especialmente a su dignidad de varias maneras, como la incapacidad de poder participar en distintas actividades, celebraciones y eventos, afectando incluso a su identidad y personalidad como individuo, como una disminución en su autoestima y sentir que no es digno de participar plenamente en la sociedad, también aduce que afectó a su sentido de pertenencia, al no poder participar de manera adecuada en eventos familiares o comunitarios con ropa adecuada, para integrarse en su entorno social, pudiendo tener como consecuencia el ser objeto de burlas, discriminación o falta de reconocimiento, socavando su bienestar emocional, generando sentimientos de vergüenza, ansiedad o inseguridad, afectando de manera directa su capacidad de poder relacionarse con los demás y enfrentar los desafíos de la vida con confianza y resiliencia. En ese sentido, la autoridad demandada, al no considerar los gastos de la muda de ropa, en la determinación del monto de asistencia familiar, pasó por alto los derechos fundamentales del niño a una vida digna y su desarrollo integral, mismos que se encuentran reconocidos por la Constitución Política del Estado y por el art. 27 de la CDN, que establece claramente el derecho de todo niño a un nivel adecuado que asegure su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social; por lo que, la falta de atención de tales gastos esenciales podría constituir una violación de estos derechos reconocidos constitucionalmente y a nivel internacional.
Denunció la lesión de los derechos de su hijo AA, a la dignidad y la libertad, a su desarrollo integral, el cual incluye el derecho a la satisfacción de sus necesidades intereses y aspiraciones, identidad étnica, sociocultural, de género y generacional, citando al efecto los arts. 22, 58 y 59 de la CPE; y, 2, 8, 12, 19 y 27 de la CDN.
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia: a) Se anule el Auto de Vista 64/2023; y, b) Se ordene se dicte nuevo auto de vista reestableciendo los derechos de su hijo AA.
Celebrada la audiencia virtual el 18 de octubre de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 146 a 147 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, en el desarrollo de la audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestó que: 1) La vulneración de los derechos del niño AA, se originaron en la liquidación de asistencia familiar presentada por otro profesional abogado y suscrito por su madre en su representación legal; en la que, por un error humano o impericia del profesional que llevaba la causa, se consignó un error aritmético, toda vez que las mudas de ropa se encontraban establecidas en un pre acuerdo conciliatorio, haciendo tres mudas de ropa por año, cada una con una valor de Bs200.-; 2) Esta situación fue puesta a conocimiento del Juez de la causa, quien señaló que no podía hacer nada al respecto, porque el parámetro de su decisión era justamente el error humano cometido por el profesional abogado que la patrocinó, emitiendo en consecuencia el Auto Interlocutorio 163/2024; 3) Ante esta Resolución, la accionante presentó recurso de apelación, que fue resuelto por Auto de Vista 64/2023, confirmando la resolución apelada, sin fundamentar respecto de los derechos del niño AA, respaldando lo determinado por el Juez de la causa, basado en el error humano cometido por el abogado, vulnerando los derechos de su hijo; y, 4) Explicó de manera amplia respecto a que las mudas de ropa garantizan derechos constitucionales de AA, tales como la inclusión social, y que su incumplimiento violó normas internacionales, puesto que las mudas de ropa contribuyen al derecho moral y social del beneficiario, mismas que le son necesarias para asistir a eventos y celebraciones, no pudiendo intervenirse en ese derecho que le asiste al niño.
Jorge Ahmed Julio Alé, Vocal titular de la Sala Civil Comercial de Familia, de la Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, mediante informe escrito presentado el 9 de abril de 2024, cursante de fs. 22 a 23, señaló que: i) En la ejecución de asistencia familiar el procedimiento se rige en lo dispuesto por el art. 415 de la Ley 603, el cual dispone que ante la presentación de la planilla de liquidación por la parte beneficiaria, ésta es puesta en conocimiento del obligado, quien puede observar la misma en el plazo de tres días, vencido el cual, la autoridad judicial aprobará la liquidación de asistencia familiar intimando al pago dentro del tercer día; ii) La demandante a momento de presentar la planilla de asistencia familiar devengada, refirió que por concepto de mudas de ropa el obligado debía cancelar la suma de Bs200.-; haciendo un total de Bs1 600.- por ocho años impagos; iii) Estableció que no se trata de un error aritmético incurrido en la Resolución, sino que precisamente fue la pretensión de la propia demandante, quien estableció que, por los ocho años de mudas de ropa el obligado adeudaba la suma de Bs1 600.- y no Bs4 800.- como aseveró en apelación; iv) El monto adeudado por el obligado, es resultado de la autonomía de la voluntad de la demandante en su pretensión, que de ningún modo vulneró el derecho de su hijo AA, en virtud de la protección de los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes conforme el inciso k) del art. 220 de la Ley 603; y, v) No existió vulneración del derecho a la dignidad y autoestima del niño, por no haber existido privación alguna de su desarrollo emocional y social que va más allá de proveer lo material. Marcos Ramiro Miranda Guerrero, Vocal titular de la Sala Civil Comercial de Familia, de la Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, por memorial cursante de fs. 43 a 44, se ratificó en el informe presentado por Jorge Ahmed Julio Alé.
Jorge Gonzalo Benítez Céspedes, en su calidad de tercero interesado, por memorial presentado el 30 de septiembre de 2024, cursante a fs. 126 y vta., manifestó que: a) Su persona cumplió en su totalidad con la asistencia principal y subsidiaria, por cuanto el día de la audiencia ambas partes estaban conformes con lo resuelto por el Juez de instancia, Resolución que fue ratificada por la Sala demandada, por cuanto le resultó sorprendente el actuar de mala fe de la accionante; y, b) Solicitó se declare sin lugar, lo peticionado por la impetrante de tutela, con costas y costos.
La Jueza Pública Civil y Comercial Tercera de Yacuiba del departamento de Tarija, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución de 18 de octubre de 2024, cursante de fs. 147 vta. a 150 vta., denegó la tutela solicitada. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) El Auto de Vista 64/2023, estableció que la Sentencia 30/2022, homologó un acuerdo de asistencia familiar, suscrito el 15 de agosto de 2014, mediante el cual el progenitor se comprometió a pagar la asistencia familiar de Bs 450.- mensuales, y tres muda de ropa al año por un monto de Bs200 cada una; 2) No se encontró vulneración a los derechos del niño AA, en cuanto a lo previsto por los arts. 58 y 59 de la CPE, toda vez que el prenombrado tiene familia, y alimentación; asimismo, se encuentra estudiando; por cuanto el error humano consignado en la planilla de liquidación, no afectó los derechos del niño, quien ya se encuentra bajo la protección del acuerdo de asistencia familiar suscrito entre sus padres, del cual existe una suma devengada; 3) El error plasmado en la planilla de liquidación, no resulta imputable al Juez ni a los Vocales de la Sala de alzada, ya que fue la accionante quien consignó en planilla de liquidación como monto devengado por mudas de ropa la cantidad de Bs1 600.- por ocho años, situación que no vulneró los derechos del niño AA, tratándose de un error de la progenitora; y, 4) La parte accionante, pudo interponer en sede ordinaria un incidente o activar otros mecanismos intraprocesales, no siendo el Juez de garantías un ente de revisión.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio, se dispuso la priorización en el sorteo de casos de niñas, niños y adolescentes a efectos de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, el Magistrado Relator, con la finalidad de contar con mayores elementos de convicción y emitir un fallo correcto e imparcial, en aplicación del art. 5.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo), solicitó la remisión de documentación complementaria; por lo que la Comisión de Admisión, por decreto de 14 de febrero de 2025 (fs. 161), dispuso la suspensión de plazo. Al haber llegado a conocimiento de este Tribunal Constitucional la documentación solicitada, mediante decreto constitucional de 2 de septiembre de 2025, se reanudó el cómputo del mismo; por lo que la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es pronunciada dentro del plazo legalmente establecido.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Sentencia 30/2022 de 14 de octubre, el Juez Público de Familia, Trabajo y Seguridad Social Primero de Yacuiba del departamento de Tarija, homologó el acuerdo de asistencia familiar, suscrito el 15 de agosto de 2014, entre la accionante y Jorge Gonzalo Benitez Céspedes, por el que el último debía otorgar a su hijo AA la suma mensual de Bs450.-, más tres mudas de ropa año, cada una equivalente a Bs200.-, por concepto de asistencia familiar (fs. 166 a 167 vta.). II.2. El 24 de enero de 2023, la accionante presentó planilla de asistencia familiar devengada por ocho años, cinco meses y nueve días, en la que señaló que el obligado debía cancelar Bs40 185.- (cuarenta mil ciento ochenta y cinco bolivianos), por asistencia económica; y, Bs1 600.- por ocho años impagos por mudas de ropa (fs. 168 a 169). II.3. El 1 de marzo de 2023, Jorge Gonzalo Benítez Céspedes, presentó memorial de rechazo y observación a la planilla de asistencia familiar, alegando pagos parciales por asistencia familiar, así como refirió que las mudas de ropa fueron entregadas directamente a su hijo (fs. 171 a 173 vta.). II.4. El 24 de abril de 2023, se llevó a cabo audiencia de verificación de pagos parciales por parte del obligado, en la cual se dictó el Auto Interlocutorio 163/2023 de la misma fecha, que señaló que el padre de AA, se comprometió a dar a su hijo tres mudas de ropa al año, cada una equivalente a Bs200.-, las cuales en caso de incumplimiento se acumularían a las asignaciones en dinero; y, que por pretensión escrita de la demandante el obligado debía cancelar por ocho años de muda de ropa la suma de Bs1 600-., al no haber presentado prueba sobre el cumplimiento de dicha asistencia subsidiaria. Aprobó la liquidación de asistencia familiar presentada por la accionante, en el monto total de Bs11 590.- (once mil quinientos noventa bolivianos); Bs9 900.-(nueve mil novecientos bolivianos) por pagos mensuales y Bs1 600.- por mudas de ropa, por ocho años (fs. 175 a 180 vta.). II.5. En audiencia de 24 de abril de 2023, la accionante solicitó aclaración sobre el error aritmético referido entre otros a las mudas de ropa; a lo que, el Juez de primera instancia ratificó la aprobación de la planilla de liquidación en el monto estipulado en el Auto Interlocutorio 163/2023 (fs. 175 a 180). II.6. El 5 de mayo de 2023, la accionante interpuso recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 163/2023; por el que, solicitó se revoque parcialmente la Resolución impugnada, en cuanto al cálculo correspondiente a las mudas de ropa (fs. 181 a 182). II.7. Por Auto de Vista 64/2023 de 28 de junio, se confirmó en todas sus partes la referida Resolución impugnada (fs. 183 a 185).
El accionante, a través de su representación legal –madre-, denuncia la lesión de sus derechos a la dignidad y a la libertad, a su desarrollo integral el cual incluye el derecho a la satisfacción de sus necesidades intereses y aspiraciones, identidad étnica, sociocultural, de género y generacional; en razón a que pese a la existencia de un error en la planilla de liquidación que consignó equivocadamente que el obligado debía Bs1 600.-, por ocho años impagos de mudas de ropa, siendo el monto correcto Bs4 800.-; los Vocales demandados, al emitir el Auto de Vista 64/2023, no consideraron el reclamo de la accionante bajo el argumento que la planilla de liquidación fue presentada por su propia pretensión, emitiendo una resolución sin motivación y fundamentación que confirmó la Resolución de primera instancia anteponiendo la autonomía de la voluntad sobre los derechos de su hijo AA. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0346/2018-S2 de 18 de julio, asumió el siguiente razonamiento:
[D]e acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, por regla, esta acción tutelar se rige por el principio de subsidiariedad; debiendo acudirse previamente a los mecanismos de protección que franquea la ley para solicitar la tutela o la reparación de sus derechos considerados conculcados.
No obstante, la acción de amparo constitucional, puede ser activada sin necesidad de agotarse previamente otros mecanismos ordinarios de defensa, en circunstancias en las que se diluciden derechos de sectores vulnerables, como es el caso de la niñez y adolescencia; así, la SCP 0033/2015-S1 de 6 de febrero, asumiendo el entendimiento de la SCP 1879/2012 de 12 de octubre, en su Fundamento Jurídico III.1, reiteró:
…`a partir del interés superior como principio que ampara a los menores de edad, por cuyo motivo este Tribunal en acciones de libertad ya prescindió de la subsidiariedad excepcional que la caracteriza; dada la situación especial de este sector vulnerable de la sociedad que goza de la preeminencia en sus derechos fundamentales, en acciones de amparo constitucional también deberá relegarse el carácter subsidiario que exige la interposición de los medios intra procesales vigentes en forma previa a su activación, tomando en cuenta que un excesivo celo procesal podría poner a la persona afectada -accionante menor de edad- en situaciones no deseadas por el orden constitucional, materializando la transgresión de sus derechos cuando a lo que se propende con la interposición de las acciones de tutela es a lograr la máxima eficacia y tutela de los derechos consagrados por nuestra Norma Suprema’.
Consiguientemente, en resguardo de ese interés superior, en casos en los que de manera directa o indirecta la afectación de derechos invocada atente los derechos de niñas, niños y adolescentes, contraria al ordenamiento jurídico y violatoria de los mismo; y, en aplicación a la garantía estatal, podrá efectuarse el análisis de fondo de la problemática, haciendo una excepción al principio de subsidiariedad que rige al amparo constitucional (las negrillas nos pertenecen).
La Constitución Política del Estado vigente desde el 7 de febrero de 2009, estipula en su art. 64.I, el deber de los cónyuges o convivientes de aportar, en igualdad de condiciones, a la formación integral de los hijos, expresando textualmente que: “Los cónyuges o convivientes tienen el deber de atender, en igualdad de condiciones y mediante el esfuerzo común, el mantenimiento y responsabilidad del hogar, la educación y formación integral de las hijas e hijos mientras sean menores o tengan alguna discapacidad” (las negrillas son nuestras). En correspondencia con dicha normativa, el art. 108.9 de la referida Ley Fundamental prescribe, entre los deberes de los bolivianos y bolivianas, el de: “Asistir, alimentar y educar a las hijas e hijos”; cuyo cumplimiento tiene que ser garantizado por el Estado boliviano, de acuerdo con el art. 9.4 de la citada Norma Suprema. En sintonía con la Constitución Política del Estado, el Código de las Familias y del Proceso Familiar -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-, en su art. 109, establece el contenido y extensión de la asistencia familiar, expresando:
I. La asistencia familiar es un derecho y una obligación de las familias y comprende los recursos que garantizan lo indispensable para la alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta; surge ante la necesidad manifiesta de los miembros de las familias y el incumplimiento de quien debe otorgarla conforme a sus posibilidades y es exigible judicialmente cuando no se la presta voluntariamente; se priorizará el interés superior de niñas, niños y adolescentes.
II. La asistencia familiar se otorga hasta cumplida la mayoría de edad, y podrá extenderse hasta que la o el beneficiario cumpla los veinticinco (25) años, a fin de procurar su formación técnica o profesional o el aprendizaje de un arte u oficio, siempre y cuando la dedicación a su formación evidencie resultados efectivos.
III. Asimismo, garantizará la recreación cuando se trate de niñas, niños y adolescentes, de personas en situación de discapacidad y de personas adultas mayores.
IV. La asistencia familiar para personas con discapacidad se otorgará en tanto dure la situación de su discapacidad y no cuente con recursos. Las y los adultos mayores tienen ese derecho hasta el término de sus vidas.
V. La asistencia familiar se otorgará a la madre, durante el periodo de embarazo, hasta el momento del alumbramiento; el mismo beneficio será transferido a la hija o hijo nacido de acuerdo a lo establecido en este Código. Por su parte, la doctrina constitucional desarrollada por este Tribunal, señaló las características distintivas y especiales de la obligación de la asistencia familiar -su carácter personalísimo respecto del acreedor, la intransmisibilidad a título universal, oneroso o gratuito-, que la diferencia de las obligaciones civiles; en contrapartida, expresó también que este derecho se extingue con la muerte de su titular. En síntesis, uno de los deberes que surge del vínculo familiar, es la asistencia familiar, que no solo se limita a la carga económica, sino, abarca una responsabilidad social, destinada a contribuir al bienestar de los miembros de la familia y específicamente a la formación integral de los hijos que se encuentran en una situación de necesidad, de apoyo económico y moral. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional expresada en la SCP 1011/2013 de 27 de junio -Fundamento Jurídico III.3-, sostiene:
…que el deber de asistencia familiar ha sido constitucionalizado en los siguientes términos: a) Los conyugues o convivientes tienen el deber de asistencia en términos de responsabilidad igualitaria; b) La asistencia mínima vital implica los deberes de alimentar y educar a los hijos; c) En virtud del Estado Social de Derecho se entiende que la asistencia sólo es exigible en situaciones de “minoridad” o discapacidad; y, d) El deber de asistencia implica insoslayablemente una asistencia integral que implica una formación espiritual y humana completa destinada a que los padres ejerzan su rol de formación y que sean coadyuvantes en garantizar conjuntamente con el Estado el derecho fundamental a la educación (las negrillas son añadidas). Ahora bien, la justicia constitucional desarrolló el alcance de los principios necesarios para la labor interpretativa de este Tribunal y de los diferentes jueces, tribunales y autoridades, para un adecuado análisis de los problemas jurídicos planteados en cada caso concreto. Así, respecto al principio de verdad material, previsto en el art. 180.I de la CPE, la SCP 1662/2012 de 1 de octubre, reiterada por la SCP 1071/2014 de 10 de junio, en el Fundamento Jurídico III.3, señala:
…corresponde ser aplicado a todos los ámbitos del derecho; en ese orden, debe impregnar completamente la función de impartir justicia. Por ende, no es 1 La SC 0177/2006-R de 17 de febrero, en el FJ III.1, señala: “La obligación de prestar asistencia familiar tiene características especiales que la diferencian de las demás obligaciones civiles. La disposición del citado artículo señala algunos, que por implicación comprende otros de relevancia, y configuran la naturaleza jurídica de ella. En primer término, corresponde señalar que se trata de una obligación personalísima respecto del acreedor, lo que constituye su característica distintiva. Sólo el beneficiario puede demandarla, de ahí que es intransferible, no le es dado transmitirla o cederla a título oneroso o gratuito a otra persona. Igualmente no puede transmitirse a los herederos, porque constituye uno de los derechos que se extingue con la muerte, según el art. 1003 del Código civil (CC) y 26.5 del CF, salvo los derechos de los herederos a las pensiones devengadas y a los gastos funerarios.
También es una obligación personalísima para el obligado (art. 26.5 del CF) menos lo relativo a las pensiones devengadas, que deben oblarse por sus herederos, porque no se trata de hacer nacer una obligación, sino de ejecutar una ya existente y no extinguida, cuya transmisión se hace conforme al derecho común.
Por ser un derecho personalísimo, todas las acciones que se relacionan con él tienen el carácter de exclusivamente personales, de lo cual resulta que los acreedores no pueden ejercerlas en lugar de los interesados”. 2 La SCP 1011/2013 de 27 de junio, en el FJ III.3, expresa: “Del vínculo familiar nacen relaciones de distinta índole, por ello incorporan derechos y deberes de unos hacia otros, adquiere especial relevancia el deber de asistencia, pues éste lejos de ser una mera carga económica implica la responsabilidad social de una persona al formar parte de un núcleo familiar de contribuir en el bienestar de los miembros de la familia en la medida de sus posibilidades y el rol específico que juega dentro de la sociedad, así los padres tienen el deber fundamentalísimo de contribuir en el bienestar integral de los hijos en la medida que éstos se encuentren en una situación de necesidad de apoyo moral y económico (…)”.
posible admitir la exigencia de extremados ritualismos o formalismos, que eclipsen o impidan su materialización, dado que todo ciudadano tiene derecho a una justicia material, como se desprende de lo estipulado por el art. 1 de la CPE, por lo que, debe garantizarse que las decisiones de las autoridades jurisdiccionales a cargo del proceso, sean producto de apreciaciones jurídicas, procurando la resolución de fondo de las problemáticas sometidas a su jurisdicción y competencia; pues si bien, las normas adjetivas prevén métodos y formas que aseguren el derecho a la igualdad de las partes procesales, para garantizar la paz social evitando cualquier tipo de desorden o caos jurídico; sin embargo, los mecanismos previstos no pueden ser aplicados por encima de los deberes constitucionales, como es la de otorgar efectiva protección de los derechos constitucionales y legales, accediendo a una justicia material y por lo tanto, verdaderamente eficaz y eficiente. Todo ello con el objetivo final de que el derecho sustancial prevalezca sobre cualquier regla procesal que no sea estrictamente indispensable para resolver el fondo del caso sometido a conocimiento del juez (las negrillas son incorporadas). También corresponde referirse al principio de prevalencia del derecho sustancial respecto al formal; en virtud al cual, de acuerdo a la SC 0897/2011 de 6 de junio (-Fundamento Jurídico III.5-, reiterada por la SCP 1071/2014 de 10 de junio).
…la garantía del debido proceso, con la que especialmente se vincula el derecho formal, no ha sido instituida para salvaguardar un ritualismo procesal estéril que no es un fin en sí mismo, sino esencialmente para salvaguardar un orden justo que no es posible cuando, pese a la evidente lesión de derechos, prima la forma al fondo, pues a través del procedimiento se pretende lograr una finalidad más alta cual es la tutela efectiva de los derechos (el resaltado es ilustrativo). En consonancia con los principios referidos, es pertinente citar el principio de justicia material, cuyo alcance fue establecido por la SC 0548/2007-R de 3 de julio, reiterada por la SC 2029/2010-R de 9 de noviembre y la SCP 0684/2014 de 10 de abril, entre otras, al expresar en su Fundamento Jurídico III.1, que en la tarea de administrar justicia, se tiene la obligación de procurar la realización de la justicia material,
…como el objetivo axiológico y final para el que fueron creadas el conjunto de instituciones, jueces y tribunales, así como normas materiales y adjetivas destinadas a la solución de la conflictividad social; en síntesis, la justicia material es la cúspide de la justicia, donde encuentra realización el contenido axiológico de la justicia; por ello, está encargada a todos los órganos de administración de justicia; empero, cuando dicha realización ha sido soslayada, es deber de la jurisdicción constitucional procurarla mediante los mecanismos instrumentados para ello, como el recurso de amparo constitucional, no como una instancia más dentro del proceso judicial, sino como la vía por medio de la cual, se despejan, en determinados casos, aquellas dudas o vacíos que impiden la vigencia verdadera de los derechos materiales de las personas (es resaltado es añadido).
La sistematización jurisprudencial precedente, fue desarrollada en la SCP 0828/2018- S2 de 10 de diciembre y reiterada en la SCP 0714/2019-S2 de 21 de agosto.
Al respecto, el art. 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) establece que: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”; en ese marco el art. 60 de la CPE siguiendo los lineamientos del numeral 2 de la citada normativa internacional establece que:
“Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado” (las negrillas nos corresponden)
Ahora bien, en relación al interés superior del niño, la SC 1688/2011-R de 21 de octubre, reiterada por la SCP 0908/2012 de 22 de agosto[1] analizó que:
“En esa perspectiva, los arts. 5 y 6 del CNNA, disponen que los niños, niñas o adolescentes, como sujetos de derecho, gozan de todos los derechos fundamentales y garantías constitucionales inherentes a su persona, sin perjuicio de la protección integral que instituye ese Código, cuyas normas deben interpretarse velando por el interés superior del niño, niña y adolescente, de acuerdo con la Ley Fundamental, las Convenciones, Tratados Internacionales vigentes y las leyes de la República. En concordancia con lo señalado, a través de los arts. 214 y 215 del CNNA, el Estado les garantiza el acceso a la justicia en igualdad de condiciones, en todas sus instancias y al debido proceso, en cuya tramitación serán tratados con el respeto y consideración que se merecen como personas, sujetos de derechos, debiendo prevalecer en todas las actuaciones, investigaciones técnicas, periciales, el interés superior de los mismos…” (el resaltado es ilustrativo). Posteriormente, este Tribunal, en la SCP 0125/2017-S1 de 9 de marzo, reiterada, entre otros, por la SCP 0172/2018-S1 de 10 de mayo[2], señaló que:
“‘…Introduciendo así el principio del interés superior del niño, como una directriz de cumplimiento obligatorio, y con poder coercitivo para todos los Estados partes, al considerarse una norma de Derecho Internacional de aplicación general, puesto que implica un cambio de mentalidad respecto al tratamiento de esta población, ya que de la doctrina de situación irregular en la que se encontraban los mismos, ahora en el marco de la doctrina de la protección integral, que conceptualiza al niño como un sujeto de derechos, sin discriminación alguna.
Ahora bien, para entender qué significa el interés superior del niño, es necesario su abordaje conceptual, es así, que para Baeza, es «el conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral y la protección de la persona del menor de edad y, en general, de sus derechos, que buscan su mayor bienestar», asimismo, para Gatica y Chaimovic «debe ser entendido como un término relacional o comunicacional, y significa que en caso de conflicto de derechos de igual rango, el derecho de prioridad del interés superior del niño/niña prima sobre cualquier otro que pueda afectar derechos fundamentales del niño/niña. Así, ni el interés de los padres, ni el de la sociedad, ni el del Estado pueden ser considerados prioritarios en relación a los derechos del niño/niña», por otra Zermatten señala que «el interés superior del niño es un instrumento jurídico que tiende a asegurar el bienestar del niño en el plan físico, psíquico y social. Funda una obligación de las instancias y organizaciones públicas o privadas a examinar si este criterio está realizado en el momento en el que una decisión debe ser tomada con respecto a un niño y que representa una garantía para el niño de que su interés a largo plazo será tenido en cuenta. Debe servir de unidad de medida cuando varios intereses entran en convergencia».
En este entendido, este principio se traduce en un mandato de protección y efectivización de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, que todas las autoridades tanto administrativas y judiciales, asimismo la familia y la sociedad deben tener en cuenta de manera prioritaria al momento de realizar acciones que tengan que ver con sus intereses, a fin de garantizarles un desarrollo integral, en condiciones dignas e iguales, que hagan posible una sociedad en armonía, por ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos instituyó principios relacionados con el señalado, entre ellos el de protección reforzada, que es adicional al que tiene cualquier persona, en virtud a la especial gravedad de las violaciones a los derechos humanos del niño’” (las negrillas son nuestras). Al respecto, también ese pertinente señalar lo establecido por el Código Niña, Niño y Adolescente, que establece la necesidad que dicho precepto legal debe interpretarse velando por el interés superior de la niña, niño y adolescente[3]; al efecto, en su art. 12 inc. a) entiende dicho principio como:
“…toda situación que favorezca el desarrollo integral de la niña, niño y adolescente en el goce de sus derechos y garantías. Para determinar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes en una situación concreta, se debe apreciar su opinión y de la madre, padre o ambos padres, guardadora o guardador, tutora o tutor; la necesidad de equilibrio entre sus derechos, garantías y deberes; su condición específica como persona en desarrollo; la necesidad de equilibrio entre sus derechos y garantías, y los derechos de las demás personas” (el resaltado nos pertenece).
En ese sentido, tomando en cuenta la normativa nacional e internacional y siguiendo el entendimiento jurisprudencial desarrollado en la SCP 0626/2019-S1 de 25 de septiembre, que en relación a la temática del principio del interés superior de la niña, niño y adolescente, señala:
“A partir de ello, se instituye en el Sistema Internacional de los Derechos Humanos la doctrina de la protección integral, que considera a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, lo cual implica el respeto desde su forma de ser, la visualización de su necesidades tanto físicas como emocionales, que les permitan lograr un desarrollo integral en condiciones de igualdad y sin discriminación, lo que involucra que el Estado, la familia y la sociedad deban brindarles las condiciones para ello de manera obligatoria y prioritaria en el marco del interés superior del niño, que fue logrado a través de un largo proceso de reconocimiento material de esta población, ya que durante mucho tiempo se encontraban en una situación irregular de desconocimiento de sus derechos, pues eran objetos y no podían ejercer sus derechos; empero, ahora en la medida que se les dé prioridad en todos los ámbitos de prevención, protección y atención dependerá también el desarrollo de una sociedad armónica. Justamente por ello, todas las instancias estatales deben tener en cuenta la preeminencia y protección de sus derechos, y tener como principio directriz de sus actos el interés superior del niño, de ahí que las autoridades tanto administrativas como judiciales deben asegurarles una tutela reforzada o dicho de otro modo que se les proporcione una protección integral y efectivamente se logre que ejerzan sus derechos y se deje en el pasado la noción adulto centrista que provoca actos de violencia en su contra, retrocediendo todo los años de lucha para su visualización como personas, entonces debemos despojarnos de la mentalidad patriarcal que llevamos y maximizar nuestro esfuerzo para que las niñas, niños y adolescentes crezcan en la condiciones y oportunidades para su tránsito a las otras etapas de la vida. Es así que Bolivia al ser suscribiente de la Convención sobre los Derechos de Niño ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) también reconoce el principio del interés superior del niño en el art. 60 de la CPE cuando señala que: “Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado”, de ahí que este principio se transversaliza en todos los órganos del Estado Plurinacional de Bolivia” (negrillas añadidas). De acuerdo al marco legal y jurisprudencial señalado precedentemente, se llega a concluir que de manera general las autoridades públicas y privadas que tengan que resolver procesos legales relativos a menores de edad, tienen la obligación de hacerlo velando por el interés superior de dichos menores, así como de forma particular, las autoridades jurisdiccionales también deben proceder de esa manera; por cuanto, ese compromiso emana de normas internacionales, lo que genera responsabilidad internacional en caso de incumplirlas, así como de la Constitución Política del Estado que por el principio de primacía constitucional corresponde ser acatada en cada decisión que se asuma; en este caso, en lo que respecta a los menores de edad y su protección reforzada en respeto del interés superior de los mismos; finalmente, siguiendo esos mandamientos legales, dicha protección también está contemplada en la normativa especial, como se tuvo a bien citar en el Código Niña, Niño y Adolescente; toda esa normativa debe primar y más aún ante normativa que genera duda al respecto o no contemple dicho principio. Consiguientemente, es evidente que el Estado Plurinacional de Bolivia cuenta con las herramientas legales para proteger a los menores de edad, aspecto que se debe extender a todos los rincones del aparato estatal y privado, trascendiendo del ámbito judicial a otros ámbitos, donde sea necesario aplicar dicho principio, como por ejemplo a las autoridades escolares, institutos de menores, hospitales, Gobiernos autónomos departamentales y municipales, etc. Mientras más temprano se internalice la importancia de respetar el principio del interés superior del menor, por parte de las autoridades públicas pertinentes, mayores garantías para su bienestar habrán en Bolivia, de manera tal que dichas normas no serán solo parte de la teoría jurídica, sino de una realidad. Este entendimiento fue desarrollado en la SCP 1346/2022-S1 de 15 de noviembre.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por las SSCCPP 0349/2018-S2 y 0353/2018-S2 ambas de 18 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento:
El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.
Posteriormente, la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, determinó los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elementos configurativos del debido proceso, señalando en su Fundamento Jurídico III:
a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.
Respecto al contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y/o motivada, la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, desarrolló cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y/o motivada, ya (…) consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”.
4El FJ III.3 indica que: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”. 5 FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: (…) (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. (…) b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´. c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”.
sea judicial, administrativa o cualesquier otra, que resuelva un conflicto o pretensión: 1) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv. a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv. b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de 6 El FJ III.2, señala: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo. 5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”. 7El FJ III.3, establece: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 8 El FJ III.3.1, indica: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o cuando ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa, cuya tutela por vía de amparo procederá siempre y cuando tenga relevancia constitucional.
El accionante, a través de su representante legal –madre-, denuncia lesión a sus derechos a la dignidad y a la libertad, a su desarrollo integral el cual incluye el derecho a la satisfacción de sus necesidades intereses y aspiraciones, identidad étnica, sociocultural, de género y generacional; toda vez que, por error consignó en la planilla de liquidación de 24 de enero de 2023, que el obligado debía Bs1 600.- por ocho años de muda de ropa impagos, cuando el monto correcto era de Bs4 800.-, tomando en cuenta que conforme acuerdo de asistencia familiar suscrito el 15 de agosto de 2014, el padre de su hijo se obligó a otorgar tres mudas de ropa por año, cada una equivalente a Bs200.- ; aspecto que pese a haber sido puesto a conocimiento del Juez de primera instancia, no fue considerado, emitiéndose el Auto Interlocutorio 163/2023, que resolvió que el monto consignado en la planilla de liquidación de asistencia familiar no podía ser modificado al haber sido establecido conforme a la autonomía de la voluntad y pretensión de la accionante; dicha determinación fue resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”. 9 El FJ III.2, refiere: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 10 El FJ III.1, manifiesta: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.
confirmada por los Vocales demandados, por Auto de Vista 64/2023, con los mismos argumentos que la Resolución impugnada. De los antecedentes adjuntos y desarrollados en las Conclusiones se tiene que por Sentencia 30/2022 de 14 de octubre, el Juez Público de Familia, Trabajo y Seguridad Social Primero de Yacuiba del departamento de Tarja, homologó el acuerdo de asistencia familiar de 15 de agosto de 2014, suscrito entre la accionante y Jorge Gonzalo Benitez Céspedes, por medio del cual el último se comprometió a cancelar a su hijo AA la suma mensual de Bs450.-, más tres mudas de ropa al año, cada una equivalente a Bs200, por concepto de asistencia familiar. En base a dicho acuerdo, la accionante el 24 de enero de 2023, presentó planilla de liquidación de asistencia familiar devengada por 8 años, 5 meses y 9 días, que ascendió al monto de Bs40 185.-, más Bs1 600.-, por mudas de ropa impagas; la referida liquidación fue observada por el obligado quien opuso pagos parciales al monto liquidado; respecto a las mudas de ropa afirmó que fueron entregadas de forma directa a su hijo; motivo por el que el Juez de primera instancia, previa noticia de parte contraria, a efectos de verificar los pagos imputados por el obligado, señaló audiencia para el 24 de abril del referido año, en la cual, el obligado demostró pagos parciales por concepto económico; en relación a las mudas de ropa no demostró pago alguno. En la misma audiencia, la accionante a través de su abogado solicitó se revise el cálculo respecto a las mudas de ropa, por haber existido error, ya que la sumatoria por tres mudas de ropa al año, impagas durante ocho años ascendía al monto de Bs4 800.- y no Bs1 600.- como erróneamente se consignó; dicha solicitud fue desestimada por el Juez de primera instancia, bajo el argumento que el cálculo correspondiente a las mudas de ropa fue realizado en base a la autonomía de la voluntad y pretensiones de la accionante, no pudiendo tratarse otras sumas en audiencia; por lo que emitió el Auto Interlocutorio 163/2023, que aprobó la planilla de liquidación por Bs9 900.- (nueve mil novecientos bolivianos); más Bs1 600.- por mudas de ropa, haciendo un total de Bs11 590.- (once mil quinientos noventa bolivianos). Es así que, la accionante interpuso recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio supra citado, a cuyo efecto los Vocales ahora demandados emitieron el Auto de Vista 64/2023, que resolvió confirmar la Resolución impugnada, bajo los mismos argumentos que el Juez a quo; última determinación que es cuestionada a través de esta acción de defensa, por cuanto la solicitante de tutela considera que los Vocales demandados, sin mayor motivación o fundamentación confirmaron el Auto apelado señalando lacónicamente que la autonomía de la voluntad estaba por encima de los derechos de su hijo AA.
En ese contexto y delimitada la problemática jurídica, con carácter previo al análisis de la misma, corresponde señalar que, conforme lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo, al tratarse de los derechos de menores de edad, a partir del interés superior que les ampara y dada su especial situación de vulnerabilidad, la justicia constitucional no puede exigir el agotamiento de las vías ordinarias de reclamo; por cuanto, el argumento esgrimido por el Jueza de garantías referido a que, la parte accionante pudo interponer en sede ordinaria, un incidente o activar otros mecanismos procesales, no siendo la instancia constitucional un ente de revisión, no resulta aplicable al caso presente, por la especial situación de vulnerabilidad de este sector de la sociedad, que goza de la preminencia en sus derechos fundamentales; consiguientemente, corresponde abstraer el carácter subsidiario que caracteriza a la acción de amparo constitucional e ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada y verificar si las autoridades demandadas incurrieron en las vulneraciones alegadas por la accionante. En ese orden, en principio es necesario precisar, que conforme a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.2, la asistencia familiar es un derecho reconocido a favor de los beneficiarios que no tengan los recursos económicos suficientes para otorgarse por sí mismos una vida digna, constituyéndose en un instituto jurídico de orden público e interés social, que por la importancia que reviste, el Estado a través de sus diferentes órganos e instituciones tiene el ineludible deber de garantizar su cumplimiento, al estar destinados los recursos económicos a la satisfacción de las necesidades básicas de los beneficiarios a objeto que tengan una vida digna, mereciendo mayor atención cuando se trata de niñas, niños y adolescentes, quienes además gozan de protección reforzada, debiendo tener como criterio rector de las decisiones que controviertan sus derechos, el principio del interés superior y preminencia de sus derechos, el cual es un concepto dinámico que debe evaluarse adecuadamente en cada contexto, siendo el Estado el que tiene la obligación de garantizar dicho principio en todas las medidas de ejecución y procedimientos tanto administrativos como judiciales, cuya finalidad es asegurar el ejercicio pleno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes desde su titularidad. Ahora bien, en ese marco se tiene que el Auto de Vista impugnado debió analizar correctamente las condiciones en las que fue aprobado el monto de la asistencia familiar devengada, realizando una compulsa de los antecedentes del proceso, los cuales evidenciaban que:
i) El padre de AA, se obligó otorgar a su hijo tres mudas de ropa al año, cada una equivalente a Bs200.-; ii) Durante más de ocho años no probó haber realizado ningún pago por dicho concepto; iii) La madre del niño AA en la planilla de liquidación presentada (Conclusión II.2), si bien consignó que por ocho años de mudas de ropa devengadas se adeudaba Bs1 600.-, en audiencia de 24 de abril de 2023, hizo notar que hubo un error aritmético en la suma devengada por dicho concepto, solicitando la corrección a favor de su hijo AA al nuevo monto de Bs4 800.-. Tales aspectos indefectiblemente debieron ser verificados por los Vocales demandados, con el fin de reestablecer los derechos de asignación de asistencia familiar del niño AA, cuyo interés superior obligaba a las autoridades demandadas a compulsar detenidamente los antecedentes del proceso y corregir los errores en los que hubiera incurrido el Juez de primera instancia en el cálculo de asistencia familiar, al ser aquella la última instancia de protección de los derechos del adolescente en cuanto a dicho instituto jurídico; sin embargo contrario a ello, justificaron su decisión encontrando como límite del derecho del beneficiario, la autonomía de la voluntad o errónea pretensión de la madre del mismo en la planilla de liquidación presentada, dejando de lado el principio de verdad material, como forma efectiva de protección de los derechos y garantías constitucionales, máxime al tratarse de los derechos de un adolescente, quien por su minoría de edad se encuentra impedido de proveerse por sí mismo recursos económicos destinados a su manutención. En ese orden, la determinación de las autoridades demandadas, que antepuso la autonomía de la voluntad o pretensión de la madre que realizó un cálculo erróneo en la planilla de liquidación, resulta ser una interpretación arbitraria e irracional, pues el derecho formal no puede ser un obstáculo para salvaguardar el orden justo cuando existe evidente vulneración a los derechos y garantías constitucionales, como en el caso presente, por cuanto se advierte vulneración a los derechos a la dignidad y desarrollo integral del niño AA. Asimismo, se observa que el Auto de Vista 64/2023, no se encuentra revestido de la debida motivación y fundamentación que debe contener toda resolución judicial, pues no señala cuál es el parámetro legal que generó la convicción que la errónea pretensión de la madre, es el impedimento para materializar el derecho de asistencia familiar del niño AA, toda vez que no realiza una ponderación de los derechos y la condición de vulnerabilidad del prenombrado, sin haber valorado de forma concreta y explícita cada uno de los medios probatorios cursantes en el proceso; imponiendo de forma subjetiva y arbitraria la presunta autonomía de la voluntad y pretensión de la madre del adolescente sobre los derechos del mismo, sin haber tomado en cuenta el principio de verdad material a efectos de verificar si el cálculo por mudas de ropa era correcto o incorrecto acorde a las pruebas cursantes en obrados; habiéndose evidenciado vulneración al debido proceso en su elemento de motivación y fundamentación. En conclusión, tratándose del derecho de asistencia familiar, que se encuentra vinculado al derecho a la dignidad y a la vida, al estar destinada a proveer las sustancias elementales para la subsistencia, como se indicó en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, es deber ineludible del juez, realizar una valoración integral de los elementos puestos a su conocimiento, desde una óptica que garantice el interés superior del beneficiario adolescente, primando la verdad material sobre criterios altamente ritualistas y formalistas, que sacrifiquen los derechos y garantías del prenombrado, pues en todo caso debe velarse por la preminencia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, desde la titularidad de sus derechos, prevaleciendo el derecho sustancial sobre el formal. En consecuencia, la Jueza de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, no obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 18 de octubre de 2024, cursante de fs. 147 vta. a 150 vta., pronunciada por la Jueza Pública Civil y Comercial Tercera de Yacuiba del departamento de Tarija; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada en cuanto a los derechos a la dignidad y desarrollo integral del niño AA, así como al debido proceso en su elemento de fundamentación y motivación; y, 2° Disponer: Dejar sin efecto el Auto de Vista 64/2023 de 28 de junio; y, en consecuencia, los Vocales de la Sala la Sala Civil, Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia Pública Segunda del Tribunal Departamental de Tarija, emitan uno nuevo, conforme a lo expuesto en los fundamentos jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
3 El Cuarto Considerando, señala: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1167_2025-S3.pdf · páginas 1 a 22.
Huella digital del PDF (SHA-256): 75d7f9c8b78342fcb0eba4cf0480ced6c9da8f346eab6577fbdeb76e6a25bcf8
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