B.IA.LEGAL

SCP 1167/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 16 de septiembre de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
16 de septiembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
55169-2023-111-AL
Departamento
Pando
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

LOS peticionantes de tutela denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación y congruencia; toda vez que, mediante Auto Interlocutorio 01/2023 de 10 de enero, se dispuso su detención domiciliaria; empero, el Ministerio Público y la víctima interpusieron recurso de apelación incidental contra dicha decisión; por lo que, el Vocal -ahora demandado- emitió el Auto de Vista 16/2023 de 30 de enero, por el cual revocó dicha medida cautelar, disponiendo su detención preventiva sin que exista proporcionalidad y razonabilidad. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes aspectos: a) La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso; y, b) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 22 de abril de 2023, cursante de fs. 52 a 56 vta., emitida por el Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de Pando; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1 La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1167/2025-S1 Sucre, 16 de septiembre de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 55169-2023-111-AL Departamento: Pando En revisión la Resolución de 22 de abril de 2023, cursante de fs. 52 a 56 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Luis Vargas Alejandro en representación sin mandato de Luis Alberto Gallardo Rivero y Ana Lucía Rivero Salvatierra contra Jorge Luis Sotelo Beltrán, Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Pando.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 21 de abril de 2023, cursante a fs. 2, los accionantes a través de su representante sin mandato, expusieron los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señalan que Jorge Luis Sotelo Beltrán, Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Pando -ahora demandado-, emitió el Auto -de Vista- 16/2023 de 30 de enero, sin la debida fundamentación e incongruencia, revocando la Resolución pronunciada por el “Juez Mixto del municipio del Sena” (sic), y disponiendo una medida cautelar de detención domiciliaria, sin tomar en cuenta que la detención preventiva únicamente es aplicable en caso extremo. Asimismo, en el Otrosí refirieron que conocerían providencias en la “cárcel pública de Villa Busch” (sic) -entendiéndose que en ese lugar están detenidos preventivamente-.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Los impetrantes de tutela por medio de su representante sin mandato, denuncian la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación y congruencia, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitan se conceda la tutela; y en consecuencia, se anule el Auto de Vista 16/2023 de 30 de enero, y en efecto se respete su derecho a la libertad, disponiendo se mantenga la detención domiciliaria dispuesta por el “Juez Mixto de Porvenir” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución del Juzgado de garantías

Celebrada la audiencia pública de consideración de la presente acción de libertad, el 22 de abril de 2023, según consta en acta cursante de fs. 49 a 51, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los demandantes de tutela, a través de su abogado y representante sin mandato, se ratificaron en el tenor íntegro de la acción de libertad, ampliando la misma refirieron que: a) Dentro del proceso penal seguido contra los ahora accionantes, por la presunta comisión del delito de avasallamiento y -tenencia, porte o portación y uso de armas no convencionales previstos y sancionados en los arts. 351 Bis y 141 Bis del Código Penal (CP)-, emitida la imputación formal, el “Juez público del municipio de Sena” (sic), señaló audiencia de medidas cautelares para el 10 de enero de 2023, en la cual emitió la Resolución 1/2023, disponiendo la detención domiciliaria de los ahora peticionantes de tutela; b) El Ministerio Público presentó recurso de apelación -incidental- y el Vocal demandado emitió el Auto de Vista 16/2023 de 30 de enero, una resolución ampulosa con poca fundamentación y que revocó la medida cautelar de detención domiciliaria, disponiendo su detención preventiva; c) No comprenden -el indicado Auto de Vista- porque no es proporcional ni fundamentó el riesgo de obstaculización, y que la motivación no es suficiente para aplicar la medida cautelar -de detención preventiva-; d) El precitado Auto de Vista, en “la página 14” señaló que existe riesgo de obstaculización; sin embargo, el análisis concreto no mencionó la necesidad de modificar la detención domiciliaria por la detención preventiva; así el fallo en apelación, parece ser una resolución de medida cautelar, sin que exista una proporcionalidad y razonabilidad; y, e) La parte resolutiva, el “Por tanto” no estableció qué riesgos procesales son latentes o son revocados, situación que es incongruente.

I.2.2. Informe del demandado

Jorge Luis Sotelo Beltrán, Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, mediante informe escrito de 22 de abril de 2023, cursante de fs. 17 a 19 vta., refirió que: 1) La Resolución -Auto de Vista 16/2023 de 30 de enero-, fue claro en sus fundamentos y revocó el Auto de 10 de enero de “2022”, emitido por el “Juez Público Mixto de Sena” (sic), disponiendo la detención preventiva de los ahora accionantes, por el tiempo de noventa días y “se expeden” los mandamientos correspondientes; y, 2) Se tomó la decisión de la extrema medida; por cuanto en libertad, se dieron las circunstancias expuestas por el Fiscal y la víctima, por eso se valoró en la sana crítica; asimismo, la decisión judicial no estaba fundamentada ni motivada pese a la concurrencia de los numerales 1, 2 y 3 del art. 231 del Código de Procedimiento Penal (CPP), tampoco se explicó por qué se debía dar una detención domiciliaria “…por eso se revoca la decisión judicial y se explica con suficientes razones la decisión judicial” (sic).

I.2.3. Participación del tercero interviniente

Janeth Vargas Jiménez -víctima- a través de su abogado, en la audiencia pública pidió la palabra; empero, el Juez de garantías, indicó que: “No ha lugar considerando la naturaleza de la audiencia” (sic).

I.2.4. Resolución

El Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de Pando, mediante Resolución de 22 de abril de 2023, cursante de fs. 52 a 56 vta., denegó la tutela solicitada, sobre la base de los siguientes fundamentos: i) El Auto de Vista 16/2023 de 30 de enero, determinó la detención preventiva a raíz de la solicitud formulada en apelación incidental tanto por el Ministerio Público como por la víctima; ii) El Vocal -ahora demandado-, cumplió con la exigencia de fundamentar su decisión de aplicar la medida cautelar de detención preventiva; ya que expuso de manera motivada la concurrencia de los presupuestos exigidos por el art. 233 con relación al art. 234.4 y 7, y art. 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP); iii) La autoridad demandada al momento de revocar la medida cautelar personal de detención domiciliaria, fundamentó y justificó en derecho sobre la concurrencia de los requisitos de la detención preventiva previstos en el art. 233 del CPP y riesgos procesales de fuga y obstaculización en los que basó su convicción; iv) Igualmente, fundamentó entorno al art. 234.7 del CPP, estableciendo la concurrencia de este riesgo y está debidamente motivada “…existía del temor, en la vulnerabilidad, en la situación de desventaja y desproporcionalidad entre el arma y machetes en relación a la integridad física y la defensa de posesión de uso tradicional de la castaña” (sic); asimismo, señaló que el peligro de fuga es concurrente por cuanto hay desventaja entre la víctima y el grupo de los presuntos avasalladores que identifican a tres cabecillas, entre los cuales a los ahora accionantes; también con relación al riesgo de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP; y, v) Aduce que es racional la medida -de detención preventiva-, por cuanto en detención domiciliaria no asegura que no pongan en vulnerabilidad a los trabajadores de la víctima y que el Ministerio Público avance en la investigación y desarrolle todos los actos investigativos.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio 01/2023 de 10 de enero, emitido por Ruthy Rosmery Terrazas Huarachi, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Partido Laboral y Seguridad Social e Instrucción Penal de El Sena del departamento de Pando, por el cual determinó la detención domiciliaria -de los imputados y ahora accionantes-, sin escolta policial, con permisos para el trabajo y controles periódicos por el investigador asignado al caso para verificar el cumplimiento de la medida; además, la presentación de dos garantes; asimismo, la obligación de acudir los días viernes por la mañana ante el “Juzgado Mixto de El Sena” (sic) para firmar el libro de control (fs. 21 a 22 vta.). II.2. Consta el Auto de Vista 16/2023 de 30 de enero, pronunciado por el Vocal -ahora demandado-, por el cual revocó el Auto Interlocutorio 01/2023 de 10 de enero, disponiendo la detención preventiva de los ahora impetrantes de tutela, por el tiempo de noventa días, debiendo expedirse los mandamientos correspondientes (fs. 23 a 34).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

LOS peticionantes de tutela denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación y congruencia; toda vez que, mediante Auto Interlocutorio 01/2023 de 10 de enero, se dispuso su detención domiciliaria; empero, el Ministerio Público y la víctima interpusieron recurso de apelación incidental contra dicha decisión; por lo que, el Vocal -ahora demandado- emitió el Auto de Vista 16/2023 de 30 de enero, por el cual revocó dicha medida cautelar, disponiendo su detención preventiva sin que exista proporcionalidad y razonabilidad. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes aspectos: a) La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso; y, b) Análisis del caso concreto.

III.1 La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso

El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como uno de los elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se estaría vulnerando dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que esta garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.

En la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se determinan los requisitos que deben contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la fundamentación y motivación como elemento configurativo del debido proceso, así en su Fundamento Jurídico III.3, señala: …a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, 1El Cuarto Considerando, señala: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma.

(…) consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”. 2El FJ III.3 indica que: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”. 3El FJ III.2.3, refiere que: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cual es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados.

En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”.

precisa que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refiere a los supuestos de motivación arbitraria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: a) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; b) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; c) Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación; d) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad y, e) La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-

4El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 5El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: (…)

(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. (…) b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´.

c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”. 6El FJ III.2, señala: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación;

Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión sin motivación, con motivación arbitraria, insuficiente y por la falta de coherencia del fallo. Ejemplificando refiere, que la decisión sin motivación se presenta cuando la resolución no da razones que la sustenten; en tanto que la motivación arbitraria es la que sustenta la decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas o cuando deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; la motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; finalmente, la falta de coherencia del fallo se da, en su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; en su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010 de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo, es decir su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo.

5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”. 7El FJ III.3, establece: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 8El FJ III.3.1, indica: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”. 9El FJ III.2, refiere: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”.

de mayo 10, señala que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa. Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna.

III.2. Análisis del caso concreto

Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación y congruencia; toda vez que, mediante Auto Interlocutorio 01/2023 de 10 de enero, se dispuso su detención domiciliaria; empero, el Ministerio Público y la víctima interpusieron recurso de apelación incidental contra dicha decisión; por lo que, el Vocal demandado emitió el Auto de Vista 16/2023 de 30 de enero, por el cual revocó dicha medida cautelar, disponiendo su detención preventiva sin que exista proporcionalidad y razonabilidad.

De antecedentes se tiene el Auto Interlocutorio 01/2023 de 10 de enero, emitido por Ruthy Terrazas Huarachi, Juez Público Mixto Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Partido Laboral y Seguridad Social e Instrucción en lo Penal de El Sena del departamento de Pando, por el cual determinó la detención domiciliaria -de los imputados y ahora impetrantes de tutela-, sin escolta policial, con permisos para el trabajo y controles periódicos por el investigador asignado al caso para verificar el cumplimiento de la medida; además, de la presentación de dos garantes; asimismo, la obligación de presentarse los días viernes por la mañana ante el referido Juzgado Mixto de El Sena, para firmar el libro de control (Conclusión II.1). Asimismo, el Vocal -ahora demandado-, pronunció el Auto de Vista 16/2023, por el cual revocó el Auto Interlocutorio 01/2023, disponiendo la detención preventiva de los ahora demandantes de tutela, por el tiempo de noventa días, debiendo expedirse los mandamientos correspondientes, conforme al siguiente razonamiento: Refiriendo que, se tiene acreditada una posible autoría y participación de los “…tres imputados Ana Luisa Rivero Salvatierra, Luis Alberto Gallardo Rivero y Viviana Navi Ayala…” (sic), -entre quienes están los ahora accionantes- en una posible comisión del delito de avasallamiento, y en torno a "…Luis Gallardo de Tenencia y Porte ilícita de armas, por lo que no esta en la improcedencia de la detención preventiva…" (sic); añadiendo que junto a los riesgos procesales, debe precautelarse primero a la víctima, y el ejercicio de su disfrute que un derecho “expectaticio”, entre tanto el Estado defina la situación de las concesiones forestales no maderables en los “barraqueros” y de la seguridad jurídica en ese aprovechamiento tradicional de la castaña; empero, el Decreto Supremo (DS) 27572 de 17 de junio de 2004 y el Reglamento a la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), dan seguridad jurídica, sin que las medidas de hecho de personas que no acreditan, en lo fáctico ni jurídico, legítimo interés, sino seguirá corriendo riesgo la víctima, siendo vulnerable y en desventajas con un grupo de personas, por cuanto existe un “peligro efectivo” a su vida y ejercicio de uso tradicional de la castaña. Señalando además, que en cuanto al art. 234.4 -del CPP-, la actitud de los imputados, quienes si bien van a una primera citación, luego del 2 de diciembre de 2022, tienen mandamientos de aprehensión, no apersonándose ni sometiéndose al proceso, mostrando una conducta negativa, siendo que continuaban sus medidas de hecho posterior a la denuncia y querella, por lo que concurre este riesgo. Razonando que en torno al art. 235.2 del CPP, debe darse una investigación y asegurarse la misma, a partir de la denuncia, querella e indicios; además, la inspección ocular, identificación de esa personas en las placas fotográficas y de quienes podrían ser testigos, partícipes, instigadores, de donde los imputados obstaculizan al ingresar al predio, tener grupos de personas que toman medidas de hecho, volviendo al hecho en recurrente y evita que por una lado avance la investigación, y por otra, el desarrollo del proceso en sus etapas. Indicando que no se encuentra otra medida más apropiada con la detención preventiva; por cuanto, con esa medida la víctima estará tranquila, las medidas de hecho se van a disuadir al estar detenidos los tres imputados, siendo racional porque en detención domiciliaria no se tiene certeza de que no pongan en vulnerabilidad a los trabajadores de la víctima, más en una época de la castaña que termina en el mes de marzo, esto en la sana crítica y la experiencia común. Expresando que se asegura que el Ministerio Público avance en la investigación, y pueda desarrollar todos los actos investigativos que tiene en su imputación formal, establecidos, y llegar a la verdad histórica de los hechos, cumplir con la etapa del proceso bajo control jurisdiccional, siendo que los imputados no podrán obstaculizar la investigación ni la vulnerabilidad en la víctima, ante la desventaja “…que se tiene al tener armas de fuego y machetes” (sic). Por último, “Asegura la etapa investigativa, con inspección, toma de declaraciones e identificación de otros posibles participes, podrá asegurarse la finalidad del proceso, por eso se considera proporcional, racionalidad e idónea la detención preventiva, debiendo darse la detención preventiva de Ana Luis Rivero Salvatierra, Luis Alberto Gallardo Rivero y Viviana Navi Ayala, los tres por la presunta autoría y participación en el hecho punible de avasallamiento, y en cuanto a Luis Alberto Gallardo Rivero por la presunta comisión del delito de tenencia y porte de arma de fuego” (sic). Advirtiéndose que el Auto de Vista cuestionado, no vulnera el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, en razón a que cumplió con las finalidades señaladas en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Así, con relación a la primera finalidad de sometimiento al bloque de constitucionalidad, los fundamentos del Auto de Vista impugnado evidencian el mismo, el cual se manifiesta en el respeto a los principios, valores, derechos y garantías previstas en dicho bloque, y en ese ámbito, el respeto a la garantía del debido proceso; lo cual ocurre en el caso que se examina, ya que la decisión asumida da razones que la sustentan. Como se advierte de su contenido, el Vocal demandado no solo se limitó a citar la normativa aplicable en la resolución del caso; además, esclareció cuáles son las hipótesis fácticas respecto de los hechos controvertidos con relación a su razonamiento, que no se encuentra otra medida más apropiada con la detención preventiva; por cuanto, con esa medida la víctima estará tranquila, las medidas de hecho se van a disuadir al estar detenidos los tres imputados -entre quienes están los ahora accionantes-, siendo racional porque en detención domiciliaria no se tiene la certeza de que no pongan en vulnerabilidad a los trabajadores de la víctima, más en una época de la castaña que termina en el mes de marzo, esto en la sana crítica y la experiencia común; además de asegurar la etapa investigativa a cargo del Ministerio Público; es así que la decisión asumida, se sustentó en una normativa correcta que dio solidez y razonabilidad a la misma; asimismo, se cumplió con la segunda finalidad, vinculada a lograr el convencimiento de las partes que la Resolución no es arbitraria; por cuanto, el Auto de Vista impugnado, contiene una motivación suficiente que tiene relevancia constitucional, pues en el marco de lo señalado en el referido Fundamento Jurídico III.1, una adecuada calificación jurídica del hecho; y por ende, una motivación suficiente del análisis del caso, puede incidir en la decisión del asunto analizado. De esta forma, conforme al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se entenderá como fundamento jurídico, a esa labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente impelida a citar las normas pertinentes sobre las cuales basa su decisión, adoptando una interpretación normativa aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional en cuya labor los principios y valores constitucionales aplicados, lleguen a justificar razonablemente dicha aplicación normativa; asimismo, en cuanto a la motivación que se encuentre relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos fácticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes para que la autoridad competente sustente su decisión. De esta forma, al emitirse el Auto de Vista 16/2023, que revocó la detención domiciliaria determinada en el Auto Interlocutorio 01/2023, disponiendo la detención preventiva de los ahora solicitantes de tutela, por el tiempo de noventa días; se advierte que el mismo no vulnera el contenido esencial del derecho a una resolución motivada, en razón a que se cumplió con las finalidades señaladas en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional. Así, el Auto de Vista cuestionado, cumplió con la segunda finalidad, vinculada a lograr el convencimiento de las partes que la Resolución no es arbitraria; por cuanto, dicho fallo contiene una motivación suficiente que tiene relevancia constitucional, pues en el marco de lo señalado en el referido Fundamento Jurídico III.1, una adecuada calificación jurídica del hecho; y por ende, una motivación suficiente del análisis del caso, puede incidir en la decisión del asunto analizado. Por lo que, conforme al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se entenderá como motivación la misma que se encuentre relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos fácticos, y los medios probatorios que fueron aportados por las partes para que la autoridad competente sustente su decisión. En conclusión, se evidencia que el Vocal demandado al emitir el Auto de Vista cuestionado, no vulneró el derecho a la motivación de las resoluciones; consiguientemente, corresponde la denegatoria de la tutela con relación a ésta denuncia. De igual manera, el Auto de Vista cuestionado, expuso razonamientos y motivos que guardan coherencia con la decisión asumida de revocar la detención domiciliaria y disponer la detención preventiva de los ahora accionantes, no evidenciándose la vulneración del debido proceso en su componente de congruencia. Asimismo, al estar debidamente fundamentado, motivado y congruente el Auto de Vista cuestionado, se tiene que el derecho a la libertad de los ahora demandantes de tutela no fue vulnerado, correspondiendo la denegatoria respecto de la pretensión de tutela. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 22 de abril de 2023, cursante de fs. 52 a 56 vta., emitida por el Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de Pando; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Notas al pie

10 El FJ III.1, manifiesta: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1167_2025-S1.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): 613655c7ff08682af00610777c6a4f9ae94e72b80aa7ff5dd1863e9dae9430a3

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