B.IA.LEGAL

SCP 1166/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 22 de septiembre de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
22 de septiembre de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
57492-2023-115-AAC
Departamento
Tarija
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denunció la vulneración de su derecho a la defensa, por cuanto en el proceso penal seguido a instancia del Ministerio Público en su contra por el delito de suministro de sustancias controladas, solicitó al Fiscal de la causa se realice una pericia psiquiátrica para acreditar que es un consumidor habitual, negada mediante decreto fiscal de 10 de julio de 2023 argumentado su impertinencia al ser la investigación por el delito de suministro de sustancias controladas y no por un hecho de consumo y ante la objeción interpuesta, la Fiscal Departamental de Tarija ratificó la negativa mediante Resolución Jerárquica RJ/ESGS/380/2023, señalando que las diligencias investigativas deben estar vinculadas al objeto de la investigación por el delito de suministro de sustancias controladas. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 66/2023 de 10 de agosto, cursante de fs. 221 a 227, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada al evidenciarse la vulneración del derecho a la defensa y al debido proceso en su vertiente de motivación y fundamentación, disponiendo dejar sin efecto la Resolución Jerárquica RJ/ESGS/380/2023 de 18 de julio de la Fiscal Departamental de Tarija y se emita una nueva en atención a los razonamientos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Exhortar a la autoridad demandada Elizabeth Sandra Gutiérrez Salazar Fiscal Departamental de Tarija, en lo sucesivo emitir las resoluciones jerárquicas de manera fundamentada y motivada tomando en cuenta los elementos de convicción cursantes en el cuaderno de investigación a fines de no vulnerar derechos y garantías constitucionales.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Del deber de fundamentación y motivación del Ministerio Público en la emisión de sus Resoluciones
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1166/2025-S3 Sucre, 22 de septiembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de amparo constitucional Expediente: 57492-2023-115-AAC Departamento: Tarija En revisión la Resolución 66/2023 de 10 de agosto, cursante de fs. 221 a 227, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Walter Alberto Sánchez Flores contra Elizabeth Sandra Gutiérrez Salazar Fiscal Departamental de Tarija.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 8 de agosto de 2023, cursante de fs. 39 a 46, el accionante manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra a instancia del Ministerio Público por la presunta comisión del delito de suministro de sustancias controladas, solicitó al Fiscal de la causa la realización de una pericia en psiquiatría, a fin de acreditar que es un consumidor habitual, acto investigativo denegado mediante decreto del referido Fiscal de Materia de 10 de julio de 2023, argumentando impertinencia al ser la investigación por el delito de suministro de sustancias controladas y no así por un hecho de consumo. En consecuencia, objetó el rechazo de la diligencia investigativa, emitiendo la Fiscal Departamental de Tarija la Resolución Jerárquica RJ/ESGS/380/2023 de 18 de julio, que ratificó la negativa, indicando que las diligencias investigativas deben estar vinculadas al objeto de la investigación la cual es por el delito de suministro de sustancias controladas, existiendo una insuficiente fundamentación y cometiendo idéntico error que el Fiscal de Materia; toda vez que, lo que se investiga no es la tipificación de delitos, sino los hechos y el no haber permitido el peritaje solicitado evita que pueda acreditar el hecho referido a que es un consumidor habitual, lo que vulneró su derecho a la defensa.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho a la defensa, citando al efecto los arts. 115 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia se disponga dejar sin efecto la Resolución Jerárquica RJ/ESGS/380/2023 de 18 de julio de la Fiscal Departamental de Tarija y se emita una nueva, ordenando la realización de la pericia psiquiátrica impetrada.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 10 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 218 a 220 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante a través de su abogado, reiteró íntegramente los términos de su acción tutelar.

I.2.2. Informe del demandado

Elizabeth Sandra Gutiérrez Salazar Fiscal Departamental de Tarija, por informe escrito presentado el 10 de agosto de 2023, cursante de fs. 164 a 165, solicitó se deniegue la tutela impetrada en mérito a los siguientes argumentos: a) No se acreditó la pertinencia y utilidad de la pericia solicitada tomando en cuenta el objeto de la investigación; y, b) No señaló de manera precisa cuales serían los aspectos que no se consideraron en la resolución jerárquica emitida, de qué manera vulnera su derecho a la defensa, además de no haber cumplido con el principio de subsidiariedad.

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

Andrés Soruco en representación del Ministerio Público en audiencia de garantías solicitó que se deniegue la tutela impetrada en mérito a que: por la prueba colectada en la investigación, no se puede advertir un hecho de consumo, sino por el contrario uno de suministro de sustancias controladas, por lo que no se fundamentó qué información proporcionaría la pericia solicitada, debiendo ser el medio de prueba vinculado al objeto de la investigación.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, mediante Resolución 66/2023 de 10 de agosto, cursante de fs. 221 a 227, denegó la tutela solicitada, argumentando que: 1) La acción tutelar no es un recurso casacional mas, pues su objeto no es revisar situaciones de hecho o derecho emergente de una decisión de un proceso ordinario y que ante la negativa del Fiscal de Materia se debió acudir al control jurisdiccional, lo cual fue obviado por el accionante; y, 2) En virtud de la prueba colectada y descrita en la imputación formal, aun realizando la pericia solicitada y determinando que se trata de un consumidor habitual, ello no desvirtuaría los hechos y la probabilidad de autoría de suministro de sustancias controladas, descritos en la referida resolución. En vía de aclaración, complementación y enmienda, el accionante a través de su abogado solicitó que: sí a criterio del tribunal de garantías correspondía acudir ante el Juez de Instrucción conforme el art. 279 del CPP. En sustanciación y resolución de lo impetrado, la precitada Sala Constitucional, con respecto al punto señaló que: la resolución fue pronunciada en virtud del principio de subsidiariedad y el derecho a la defensa, siendo amplia y clara en relación a esos dos aspectos, por lo que no ha lugar a la solicitud de complementación y enmienda.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa imputación formal en contra del accionante por el delito de suministro de sustancias controladas (fs. 2 a 5 vta.). II.2. Consta memorial de solicitud de pericia Psiquiátrica presentado el 7 de julio de 2023 al Fiscal de Materia asignado al caso a fin de demostrar que el accionante es un consumidor habitual (fs. 15). II.3. Mediante decreto fiscal de 10 de julio de 2023 el Fiscal de Materia negó al solicitante de tutela la realización de la pericia psiquiátrica impetrada, señalando que no tiene pertinencia por cuanto la investigación se realiza por el delito de suministro de sustancias controladas (fs. 16). II.4. Memorial de objeción de requerimiento fiscal presentado del 12 de julio de 2023 ante el Fiscal de Materia objetando la negativa de realización de la pericia psiquiátrica impetrada mediante memorial de 10 de julio del referido año (fs. 17 y vta.). II.5. Resolución Jerárquica RJ/ESGS/380/2023 de 18 de julio emitida por la Fiscal Departamental de Tarija que ratifica el Decreto fiscal de 10 de julio de 2023 por el cual el Fiscal de Materia niega al solicitante de tutela la realización de la pericia psiquiátrica impetrada (fs. 159 a 160.). II.6. Acta de declaración informativa de 3 de julio de 2023 del impetrante de tutela donde señala que es consumidor habitual (fs. 116 a 117 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denunció la vulneración de su derecho a la defensa, por cuanto en el proceso penal seguido a instancia del Ministerio Público en su contra por el delito de suministro de sustancias controladas, solicitó al Fiscal de la causa se realice una pericia psiquiátrica para acreditar que es un consumidor habitual, negada mediante decreto fiscal de 10 de julio de 2023 argumentado su impertinencia al ser la investigación por el delito de suministro de sustancias controladas y no por un hecho de consumo y ante la objeción interpuesta, la Fiscal Departamental de Tarija ratificó la negativa mediante Resolución Jerárquica RJ/ESGS/380/2023, señalando que las diligencias investigativas deben estar vinculadas al objeto de la investigación por el delito de suministro de sustancias controladas. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Del deber de fundamentación y motivación del Ministerio Público en la emisión de sus Resoluciones

El art. 73 del CPP, establece como obligación de los representantes del Ministerio Público, emitir sus requerimientos y resoluciones de manera fundamentada, bien sea de manera escrita u oral cuando corresponda.

En ese sentido, la SC 0969/2003-R de 15 de julio, en cuanto al deber de fundamentación del Ministerio Público señaló que: “…resultando de vital importancia conocer las razones y motivos por los que el Fiscal asume una determinación, sin que sea suficiente un enunciado general al efecto, dado que la función de dirigir la investigación es uno de los aspectos novedosos del nuevo modelo procesal penal y constituye una función clave en el nuevo sistema para asegurar la imparcialidad judicial y para permitir que la investigación se realice con parámetros de mayor eficiencia”.

Posteriormente, la SC 1523/2004-R de 28 de septiembre, refirió lo siguiente: “…toda decisión emitida dentro de un proceso penal que no implique cuestión de mero trámite sino que concierna al fondo de lo que se investiga debe ser necesariamente motivada o lo que es lo mismo, debidamente fundamentada, lo que significa, que tanto el fiscal o los jueces que conozcan el proceso, sea en control jurisdiccional o para resolver el fondo, deberán dictar sus requerimientos o resoluciones cumpliendo las exigencias de la estructura de forma como de contenido de las mismas. En particular en lo relativo al contenido de fondo, no sólo deberán circunscribirse a relatar lo expuesto por las partes sino también citar las pruebas que aportaron las partes, exponer su criterio sobre el valor que le dan a las mismas luego del contraste y valoración que hagan de ellas dando aplicación a las normas jurídicas aplicables para finalmente resolver” (las negrillas nos corresponden).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante denunció la vulneración de su derecho a la defensa, debido a que en el proceso penal seguido en su contra a instancia del Ministerio Público por el delito de suministro de sustancias controladas, solicitó al Fiscal de Materia se realice pericia psiquiátrica a fin de acreditar que es un consumidor habitual, negada mediante decreto fiscal de 10 de julio de 2023 argumentado impertinencia al ser la investigación por el delito de suministro de sustancias controladas y no por un hecho de consumo, decisión ratificada por Resolución Jerárquica RJ/ESGS/380/2023 de la Fiscal Departamental de Tarija señalando que las diligencias investigativas deben estar vinculadas al objeto de la investigación por el delito de suministro de sustancias controladas. Previamente al análisis de la problemática planteada, se debe tomar en cuenta que habiéndose interpuesto la objeción de proposición de diligencias en contra de la negativa de pericia solicitada al Fiscal de Materia y habiendo emitido la Fiscal Departamental de Tarija la Resolución Jerárquica RJ/ESGS/380/2023 de 18 de julio, que ratifica la negativa al acto investigativo, se dio cumplimiento al principio de subsidiariedad, conforme lo prevé el art. 306 del CPP, el cual dispone que, cuando el fiscal rechace la proposición de diligencias, las partes podrán objetar el rechazo ante el superior jerárquico, quien resolverá en el plazo máximo de setenta y dos horas, resolución que es sin instancia, correspondiendo en consecuencia ingresar al análisis de fondo. De la revisión de los antecedentes adjuntos se puede advertir que, mediante imputación formal emitida por el Ministerio Público en contra del solicitante de tutela, se atribuye la calificación provisional del delito de suministro de sustancias controladas (Conclusión II.1). Así mismo en el desarrollo de la etapa investigativa el accionante mediante memorial de 7 de julio de 2023 solicitó al director de la investigación la realización de una pericia psiquiátrica con el objeto de demostrar que es un consumidor habitual (Conclusión II.2), solicitud que fue negada por el Fiscal de Materia mediante decreto fiscal de 10 de julio del referido año, argumentando que dicho peritaje no tiene pertinencia respecto de la investigación desarrollada por cuanto se investiga un hecho de suministro de sustancias controladas (Conclusión II.3). Ante tal negativa interpuso la objeción de la diligencia investigativa presentada el 12 de julo del mismo año (Conclusión II.4), emanando en consecuencia la Resolución Jerárquica RJ/ESGS/380/2023, emitida por la Fiscal Departamental de Tarija ratificando el decreto fiscal de 10 de julio del señalado año del Fiscal de Materia y por ende negando al solicitante de tutela la realización de la pericia psiquiátrica impetrada (Conclusión II.5). Así establecidos los hechos que suscitaron la presente acción tutelar, debemos considerar el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la cual establece que siendo la función de dirigir la investigación de suma importancia para asegurar la imparcialidad judicial y permitir que la investigación se realice con parámetros de mayor eficiencia, toda decisión emitida dentro de un proceso penal que no implique cuestión de mero trámite, sino que concierna al fondo de lo que se investiga debe ser necesariamente motivada y fundamentada, cumpliendo las exigencias de la estructura de forma como de contenido de las mismas, en consecuencia el aspecto a tratar de fondo, no sólo deberá circunscribirse a relatar lo expuesto por las partes sino también citar las pruebas que aportaron, exponer su criterio sobre el valor que le dan aplicando la normativa jurídica que respalda la decisión. En tal sentido, en el caso de análisis la Resolución Jerárquica RJ/ESGS/380/2023, para declarar no ha lugar la objeción interpuesta, en el apartado de análisis jurídico y valoración señala que, la proposición de diligencias es impertinente, no está vinculada al objeto de la investigación la cual se desarrolla por el delito de suministro de sustancias controladas habiéndose encontrado en el inmueble del sindicado dos romanillas una digital y otra mecánica, por lo que el hecho de ser consumidor no excluye que exista un suministro y que al solicitar una pericia psiquiátrica y no siendo la especialidad de medicina una ciencia exacta no se tendría certeza de su resultado. De lo manifestado se puede colegir que la Resolución Jerárquica RJ/ESGS/380/2023, resuelve inicialmente usando términos generales al indicar que la proposición de diligencias resulta impertinente, que no está vinculada al objeto de la investigación. Sin embargo, no explica el por qué resultaría impertinente, no plasma un razonamiento que dé cuenta a la parte solicitante de la impertinencia de la misma, más aun tomando en cuenta que el solicitante de tutela en el Acta de declaración informativa de 3 de julio de 2023 (Conclusión II.6), señala que es un consumidor de marihuana desde sus 13 años de edad, y la pericia psiquiátrica solicitada tiene como primer punto a absolver, determinar si es consumidor de marihuana y como segundo punto, determinar la cantidad mínima para el consumo inmediato de marihuana, aspecto que va de forma congruente con los hechos narrados en su declaración informativa, siendo un hecho que forma parte de la investigación del proceso penal al haber sido introducido en la referida declaración del sindicado y que el mismo pretende acreditar con el peritaje solicitado, el cual resulta ser el medio probatorio idóneo para tal efecto. Al respecto la mencionada resolución jerárquica, carece de una explicación fundamentada del por qué no se consideró los hechos narrados en la declaración informativa del imputado -ahora solicitante de tutela- para determinar la pertinencia o no del acto investigativo, ello en razón del art. 5 núm. 3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) -Ley 260 de 11 de julio de 2012-, que indica que el Fiscal de Materia tomará en cuenta las circunstancias que permitan demostrar la responsabilidad penal del imputado y también las que sirvan para reducirla o eximirla, pues en el presente caso la pericia solicitada se encuentra vinculada a los hechos expresados por el imputado al hacer uso del primer mecanismo de defensa con el que cuenta, como lo es la declaración informativa, no explicando en tal sentido la Resolución Jerárquica RJ/ESGS/380/2023, porque esa diligencia investigativa resultaría impertinente. Al respecto se debe establecer también, que no resulta suficiente la mención de que al ser un peritaje de la especialidad de medicina la cual no es una ciencia exacta el resultado de la misma no tendría una certeza, argumento que no explica la vulneración del derecho a la defensa al impedir la realización del peritaje que es congruente con su declaración informativa, excediendo sus atribuciones ya que ingresa a realizar una valoración del peritaje solicitado, indicando que el mismo no revestiría de certeza para acreditar su defensa, aspecto que está reservado para la autoridad jurisdiccional en un eventual juicio oral, al realizar la valoración conjunta, armónica, en aplicación de la sana crítica, de todos los elementos probatorios colectados en la etapa investigativa tanto por el Ministerio Público para demostrar su teoría del caso, como por la defensa para acreditar su estrategia de defensa y en virtud de ello sea la autoridad judicial quien determine si la pericia solicitada puede o no dar certeza de su declaración informativa o de otro punto de defensa que se pretenda demostrar en juico oral, no correspondiendo al Ministerio Público adelantar el criterio sobre la valoración positiva o negativa que merezca un peritaje solicitado. Del mismo modo la mencionada Resolución Jerárquica RJ/ESGS/380/2023, señaló que la proposición de diligencias no correspondería o sería impertinente debido a que la investigación se desarrolla por el delito de suministro de sustancias controladas y no así por el de consumo, argumento que no es suficiente para fundamentar la no realización de la pericia solicitada puesto que lo que se investiga en el proceso penal son hechos y no tipos penales los cuales pueden cambiar desde la imputación, el pliego acusatorio e incluso en la emisión de Sentencia de un eventual juicio oral, razón por la cual, la defensa del imputado versa sobre los hechos atribuidos en su contra y no así sobre los tipos penales calificados, puesto que si bien el Fiscal de Materia es el director funcional de la investigación la etapa investigativa no está solo para investigar el tipo penal calificado en la imputación formal, el cual como se dijo puede variar o modificarse en el transcurso de la investigación. En tal sentido, la investigación debe estar enfocada a los hechos sobre los cuales se estructura tanto la teoría del caso del Ministerio Público como la defensa del encausado, lo cual garantiza el derecho a la igualdad en la investigación, razón por la cual resulta insuficiente el razonamiento de que la pericia impetrada es impertinente debido a que la investigación se desarrolla por el delito de suministro de sustancias controladas y no así por el de consumo, aún de haberse encontrado indicios sobre el tipo penal como ser las dos romanillas una digital y otra mecánica, pues como se dijo de acuerdo a los elementos de prueba que se colecten en la etapa investigativa tanto por la parte acusadora como por la defensa será la autoridad jurisdiccional quien valore la prueba aportada y determine la concurrencia o no de los elementos del tipo penal calificado en el pliego acusatorio del Ministerio Público, lo contrario sería suponer que la etapa investigativa este solo para investigar los delitos calificados por el Fiscal de Materia en la imputación formal limitando drásticamente el derecho a la defensa del encausado de desvirtuar los hechos que se le atribuyen. En tal sentido la Resolución Jerárquica RJ/ESGS/380/2023, no expresa con claridad los razonamientos por los que asume la decisión de declarar no ha lugar la objeción interpuesta, limitándose a señalar de manera genérica la impertinencia del acto investigativo en función del tipo penal calificado sin tomar en cuenta el hecho que se investiga y los hechos narrados en la declaración informativa del encausado. Por lo que no contiene la suficiencia argumentativa que dé lugar a un convencimiento de la determinación asumida con base a los elementos cursantes en el cuaderno de investigación los cuales vinculan el hecho que se pretende probar con la diligencia investigativa propuesta ya que conforme el art. 306 del CPP la negativa de los actos investigativos propuestos por las partes deberá ser de manera fundamentada, lo que no acontece en el caso de análisis, evidenciándose de esta manera la vulneración del derecho a la defensa y el derecho al debido proceso en su vertiente de fundamentación y motivación, razón por la cual corresponde conceder la tutela impetrada

En consecuencia, la Sala Constitucional, al haber denegado la tutela impetrada, obró en forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 66/2023 de 10 de agosto, cursante de fs. 221 a 227, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada al evidenciarse la vulneración del derecho a la defensa y al debido proceso en su vertiente de motivación y fundamentación, disponiendo dejar sin efecto la Resolución Jerárquica RJ/ESGS/380/2023 de 18 de julio de la Fiscal Departamental de Tarija y se emita una nueva en atención a los razonamientos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Exhortar a la autoridad demandada Elizabeth Sandra Gutiérrez Salazar Fiscal Departamental de Tarija, en lo sucesivo emitir las resoluciones jerárquicas de manera fundamentada y motivada tomando en cuenta los elementos de convicción cursantes en el cuaderno de investigación a fines de no vulnerar derechos y garantías constitucionales. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1166_2025-S3.pdf · páginas 1 a 9.

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