Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 22 de septiembre de 2025
Concede en parte la tutela
La accionante por sí y en representación de su hijo menor de edad AA, denunció la lesión de sus derechos a la defensa y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y logicidad, toda vez que la Resolución Jerárquica FDC/NGGR-OR 65/2023 de 6 de marzo, emitida por la Fiscal Departamental de Cochabamba, por la cual ratifica la Resolución de rechazo de denuncia, no se pronunció respecto a los once agravios identificados y fundamentados en la objeción a la Resolución de rechazo de denuncia que presentó el 9 de diciembre de 2022.
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución RAC-SCIII 82/2023 de 21 de julio de 2023, cursante de fs. 257 a a 260 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en consecuencia:
1° CONCEDER la tutela impetrada, respecto a la vulneración del derecho al debido proceso en su vertiente de fundamentación, motivación y congruencia.
2° Disponer se deje sin efecto la Resolución Jerárquica FDC/NGGR-OR 65/2023 de 6 de marzo, y en consecuencia la Fiscal Departamental de Cochabamba emita una nueva resolución debidamente fundamentada, motivada y congruente conforme a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
3° DENEGAR la tutela impetrada con relación al derecho a la defensa.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1164/2025-S3 Sucre, 22 de septiembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 57616-2023-116-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 82/2023 de 21 de julio, cursante de fs. 257 vta. a 260 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional presentada por Julia Ticona Mitma de Jorge por sí y en representación de su hijo menor de edad AA contra Nuria Gisela Gonzales Romero, Fiscal Departamental de Cochabamba.
Por memoriales presentados el 30 de junio y 10 de julio de 2023, cursantes de fs. 200 a 209 y 213 a 214 vta., la accionante manifestó que:
El 3 de diciembre de 2021, la Fiscal de Materia adscrita a la Fiscalía Especializada en Violencia Sexual y en Razón de Género de la EPI SUR, emitió la Resolución de rechazo a la denuncia efectuada por Julia Ticona Mitma de Jorge por sí y en representación de su hijo menor de edad AA contra Daniel Ticona Mitma y otros, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica prevista y sancionada por el art. 272 bis numeral 1 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (ley 348), resolución que fue objetada el 10 de diciembre de 2021, exponiendo los agravios que identifico, emergente de ello, el 22 de julio de 2022, la Fiscal Departamental de Cochabamba emitió la Resolución Jerárquica F.D.C./N.G.G.R. O.R. 103/2022 por la cual revoco la Resolución de rechazo; devuelto el cuaderno de investigación, emergente de ello, la Fiscal de Materia asignada al caso, nuevamente emitió una Resolución de Rechazo de 30 de noviembre de 2022, ante la cual, el 9 de diciembre de 2022, interpuso objeción a la Resolución de Rechazo, exponiendo los siguientes agravios:
1. Error al consignar un número distinto del CUD al establecido en la causa, lo que demuestra que la Fiscal resolvió otra causa. 2. Incongruencia entre la base legal en la que fue sustentada la denuncia y la base legal aplicada en la Resolución de Rechazo. 3. Error al asumir una actitud rebelde en contra de la Resolución Jerárquica F.D.C./N.G.G.R. O.R. 103/2022 de 22 de julio de 2022. 4. Error al no haber leído el memorial de denuncia, memorial por el que se solicitó corrección y renovación de actos y la declaración de Julia Ticona Mitma de Jorge. 5. Error al resolver la causa tomando como base otros casos que ya fueron resueltos. 6. Error al realizar un análisis del certificado médico forense de 23 de julio de 2021. 7. Error al no haber analizado y valorado las declaraciones del menor de edad AA. 8. Error al realizar un análisis del certificado médico forense de 23 de julio de 2021. 9. Error al intentar excluir de los hechos denunciados a Francisca Condori Yapura y Grosver Ticona Condori. 10. Error al asumir una actitud rebelde en contra de la Resolución Jerárquica F.D.C./N.G.G.R.O.R. 103/2022 de 22 de julio de 2022. 11. Error al sustentar la Resolución en jurisprudencia anterior a la ley 348 de 9 de marzo de 2018. Sin embargo, la Fiscal Departamental de Cochabamba a través de la Resolución Jerárquica FDC/NGGR-OR 65/2023 de 6 de marzo que resolvió la objeción no dio respuesta los once agravios que fueron fundamentados, vulnerando el art. 34.17 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), la cual dispone que los Fiscales Departamentales tienen atribuciones como la de resolver las objeciones de las resoluciones de rechazo o de impugnación y el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que prevé que los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución, de esa forma se habría vulnerado su derecho a la defensa, el debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y logicidad.
Denunció la lesión de sus derechos a la defensa, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y logicidad; citando al efecto los arts. 115.II, 119.II y 180.I de la CPE.
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: Se deje sin efecto la Resolución Jerárquica FDC/NGGR-OR 65/2023 de 6 de marzo, y se emita una nueva resolución resolviendo los once agravios fundamentados, sin esperar turno y conforme a la doctrina legal aplicable.
Celebrada la audiencia pública virtual el 21 de julio de 2023, según consta en acta cursante de fs. 255 a 256 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogada, ratificó inextenso los términos de su acción tutelar y ampliándola, señaló que: a) Desde el inicio del proceso penal no se percató que existen dos víctimas, Julia Ticona Mitma de Jorge, de quien se vulnero su derecho establecido en el art. 15.II de la CPE y su hijo menor de edad AA de quien se vulnero su derecho fundamental previsto en el art. 61.I de la CPE; b) La Resolución Jerárquica FDC/NGGROR 65 de 6 de marzo de 2023 pronunciada por la autoridad demandada, no resolvió los once agravios fundamentados, por lo que resulta ilegal, vulnerando el art. 34.7 de la LOMP y en consecuencia vulnerandose su derecho a la defensa, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, además del principio de verdad material; y, c) La resolución cuestionada vulnera su derecho al debido proceso, es decir el derecho que toda persona tiene a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por las disposiciones jurídicas generales, aplicable a todos los que se hallen en esta situación similar, también señala que, esta resolución omite la motivación y fundamentación, referida a toda autoridad que conozca un reclamo, no necesariamente implicara que realice una resolución ampulosa con consideraciones de citas legales sino que deberá contener una estructura de forma y fondo debiendo ser concisa pero clara y satisfacer los puntos demandados, sin embargo la resolución cuestionada omite la motivación y fundamentación que exigen la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de la parte demandada, la respuesta, impugnación y la resolución.
Nuria Gisela Gonzales Romero, Fiscal Departamental de Cochabamba, mediante informe escrito presentado el 19 de julio de 2023, cursante de fs. 226 a 230 y vta., así como lo manifestado en audiencia de garantías, señalo que: 1) La acción de amparo constitucional no cumplió con los puntos 4 y 5 del art. 33 del Código Procesal Constitucional (CPCo) respecto a la relación de los hechos e identificación de los derechos y/o garantías que se consideren vulnerados como requisitos de procedencia, por lo que sin ello no es posible ingresar al análisis de fondo, en el caso particular, la accionante no cumplió con fundamentar la relación de causalidad entre los derechos vulnerados y el acto vulneratorio, siendo impreciso y carente de fundamentación; 2) La accionante a través del amparo constitucional no señala la manera en la que la Resolución Jerárquica FDC/NNGR OR 65/2023 vulnero su derecho a la defensa, toda vez que a lo largo de la investigación, se observaron los plazos, comunicándose a las partes cada una de las actuaciones emergentes, motivo por el cual carece de merito; 3) Con relación a la falta de fundamentación, motivación y congruencia, la impetrante de tutela alega la falta de pronunciamiento en relación a los once agravios expuestos en el memorial de objeción, sin embargo nueve de los once agravios reclamados son relacionados a la falta de valoración de la prueba referidos a declaraciones testificales, literales, certificados médicos forenses e informes, colectados durante la etapa de investigación preliminar, los cuales fueron efectivamente compulsados dentro del acápite “ II.1 La prueba indiciaria y la compulsa de los elementos colectados” dentro de la resolución cuestionada, aclarando que no necesariamente la fundamentación debe de ser ampulosa o exagerada en sus consideraciones, sino concisa y clara como ocurrió en el caso particular toda vez que se identificó concretamente el objeto de la litis y se respondió de manera concisa los agravios expuestos por el accionante; 4) Se demostró que el pronunciamiento fué debidamente motivado y fundamentado, por lo que los argumentos de los impetrantes de tutela no son evidentes, de modo que la Resolución Jerárquica FDC/NGGR OR 65/2023 fue dictada en sujeción a lo solicitado por las partes, los antecedentes del proceso y la normativa aplicable al caso, lo que demuestra que se ha respondido y analizado los agravios de falta de valoración de la prueba, concluyendo que la acción de amparo constitucional carece de sustento jurídico siendo evidente que no existe agravio ni lesión de derechos o garantías constitucionales ya que los actos celebrados en esta instancia administrativa se apegaron al orden jurídico nacional; 5) En relación a la congruencia, respecto al error de consignación de número de CUD en la Resolución de rechazo y la base legal referido al tipo penal investigado (los dos primeros agravios), según la SCP 0645/2018 de 11 de diciembre, los agravios deben versar sobre aspectos y actos investigativos desarrollados durante el proceso, no pudiendo alegarse esos extremos como un agravio, debido a que no cambia el fondo de la resolución; 6) Se demostró que existe un pronunciamiento debidamente motivado y fundamentado, de modo que la Resolución Jerárquica FDC/NGGR OR 65/2023 fue dictada en estricta sujeción a lo solicitado por las partes, los antecedentes del proceso y la normativa aplicable al caso, lo que demuestra que se ha respondido y analizado los puntos agraviados, por lo que la acción de amparo constitucional carece de sustento jurídico; 7) La Resolución Jerárquica 65/2023 de 6 de marzo, cumple con la estructura de una resolución debidamente fundamentada toda vez que los aspectos señalados por la accionante de que no se respondió a los once agravios, ello se enmarca en aspectos de valoración de la prueba, sin embargo la valoración y revisión de la prueba que realiza la Fiscal Departamental es de manera integral en relación a los antecedentes que han sido remitidos para la presente acción; y, 8) En relación a los aspectos de forma como el número de CUD y otros que fueron referidos, ello no cambiara el fondo de la Resolución, toda vez que las partes fueron debidamente identificadas por la Fiscal inferior al momento de la emisión de su resolución.
Daniel Ticona Mitma, Francisca Condori Yapura, Apolinar Ticona Condori y Grosver Ticona Condori, en audiencia de garantías, a través de su abogado señalaron que:
i) El 23 de junio de 2023 los accionantes agredieron de manera física a sus hermanos y a raíz de esa agresión se apertura el proceso penal, pero debido a la falta de prueba que acompañe a la denuncia rechazan la misma; ii) En conocimiento de esas anomalías que se realizó, su comunidad a través de un voto resolutivo, repudiaron los actos de la señora Julia Ticona Mitma de Jorge; y, iii) No existió la agresión señalada, en ese sentido se rechazó la denuncia, la misma fue objetada, para posteriormente ser revocada, y a pesar de haberse realizado más actos investigativos no se pudo subsanar las observaciones realizadas por la accionante, motivo por el cual se resolvió otro rechazo, en ese sentido la Fiscal Departamental de ninguna manera vulneró sus derechos o garantías constitucionales, más al contrario actuó bajo el principio de objetividad.
La Sala Constitucional tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, a través de la Resolución RA-SCIII 82/2023 de 21 de julio de 2023, cursante de fs. 257 a 260 vta., denegó la tutela solicitada; tal determinación se dio sobre la base de los siguientes fundamentos: a) De los argumentos expuestos por la impetrante de tutela en sus memoriales de acción de amparo constitucional, subsanación y lo referido en audiencia de garantías, si bien alega una vulneración de su derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación, sin embargo no explico de qué manera se le provoco un perjuicio real o una afectación concreta a los referidos derechos, pues se limita a identificar errores de forma y a realizar un análisis de las pruebas que supuestamente no fueron valoradas de manera imprecisa y totalmente carentes de fundamento legal que no demuestran las supuestas lesiones causadas por la Resolución Jerárquica FDC/NGGR OR 65/2023 de 6 de marzo; b) Tampoco señalo de qué manera la autoridad demandada se apartó de los marcos legales de razonabilidad, así como tampoco señalo de qué manera esos elementos o componentes del debido proceso fueron vulnerados, toda vez que dichos elementos son esenciales en la pretensión de la acción de amparo constitucional ya que delimitan o definen la protección que brindara la misma a objeto de conceder o denegar la tutela impetrada, y al no haberse cumplido en la demanda tutelar ni en el desarrollo de la audiencia de garantías no podría ingresarse al fondo de la problemática planteada; c) Los supuestos agravios no están claros y tampoco fundamentados a efectos de que el tribunal de garantías pueda revisar la labor interpretativa efectuada por la Fiscalía, por tal razón era necesario que el accionante cumpla con la carga argumentativa establecida y acredite materialmente la vulneración efectiva a sus derechos fundamentales d) De acuerdo a la jurisprudencia constitucional una Resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o la misma sea arbitraria o insuficiente, así mismo cuando la misma no tenga coherencia o congruencia interna o externa; e) No se advierte relevancia constitucional, al respecto la SCP 1062/2016-S3 de 3 de octubre citando a la SC 1268/2010-R de 13 de septiembre, establece que los errores o defectos de procedimiento que materialmente no lesionan derechos y garantías fundamentales no tienen relevancia constitucional por tal motivo no son susceptibles de corrección por la vía del amparo; y, f) Bajo ese razonamiento no se puede revisar la actividad interpretativa o el criterio empleado por la autoridad demandada en las resoluciones emitidas, más aún si la parte demandante no cumplió con la carga argumentativa que le correspondía.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Resolución de Rechazo de denuncia emitida el 30 de noviembre de 2022 por la Fiscal de Materia adscrita a la Fiscalía Especializada en Violencia Sexual y en Razón de Género de la EPI SUR, dentro del proceso seguido por Julia Ticona Mitma contra Daniel Ticona Mitma y otros, por el delito de violencia familiar o doméstica, presentada ante el juzgado de Instrucción Penal y Contra la Violencia hacia la Mujer Primero (fs. 177 a 180). II.2. Consta memorial de Objeción a la Resolución de Rechazo de denuncia de 9 de diciembre de 2022, presentada por Julia Ticona Mitma de Jorge, por sí y en representación de su hijo menor de edad AA, ante la Fiscal de Materia de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Sexual y en Razón de Género de EPI SUR (fs. 181 a 187). II.3. Cursa Resolución Jerárquica FDC/NGGR-OR 65/2023 de 6 de marzo, emitida por la Fiscal Departamental de Cochabamba, por la cual ratifica la Resolución de Rechazo de Denuncia, disponiendo el archivo de obrados (fs. 193 a 197 vta.).
La accionante por sí y en representación de su hijo menor de edad AA, denunció la lesión de sus derechos a la defensa y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y logicidad, toda vez que la Resolución Jerárquica FDC/NGGR-OR 65/2023 de 6 de marzo, emitida por la Fiscal Departamental de Cochabamba, por la cual ratifica la Resolución de rechazo de denuncia, no se pronunció respecto a los once agravios identificados y fundamentados en la objeción a la Resolución de rechazo de denuncia que presentó el 9 de diciembre de 2022.
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0349/2018-S2 y 0353/2018-S2, ambas de 18 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento: El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como uno de los elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se estaría vulnerando dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio2, se aclara que esta garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.
Posteriormente, en el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que deben contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elemento configurativo del debido proceso, como ser:
a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.
En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: 1) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad;
3 El FJ III.2.3, señala: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cuál es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados. En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”. 4El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 5El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: (…)
(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. (…)
b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´.
c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”.
y, 5) La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010 de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la 6El FJ III.2, señala: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”.
7El FJ III.3, establece: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 8El FJ III.3.1, indica: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.
concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. La jurisprudencia contenida en la SCP 2221/2012 como en la SCP 0100/2013, citadas anteriormente fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció que:
Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga 9El FJ III.2, refiere: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 10El FJ III.1, manifiesta: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.
argumentativa alguna.
En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o cuando ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa, cuya tutela por vía de amparo procederá siempre y cuando tenga relevancia constitucional. Jurisprudencia reiterada en la SCP 0006/2025-S1 de 5 de marzo.
Al respecto, la SCP 0217/2018-S1 de 28 de mayo, citando la SCP 1630/2014 de 19 de agosto, sostuvo que:“… los arts. 73 del CPP y 61 de la LOMP, establecen la obligatoriedad de fundamentación de las resoluciones por parte de los fiscales, en ese entendido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional contenida en la SC 1523/2004-R de 28 de septiembre, señaló lo siguiente: '…toda decisión emitida dentro de un proceso penal que no implique cuestión de mero trámite sino que concierna al fondo de lo que se investiga debe ser necesariamente motivada o lo que es lo mismo, debidamente fundamentada, lo que significa, que tanto el fiscal o los jueces que conozcan el proceso, sea en control jurisdiccional o para resolver el fondo, deberán dictar sus requerimientos o resoluciones cumpliendo las exigencias de la estructura de forma como de contenido de las mismas. En particular en lo relativo al contenido de fondo, no sólo deberán circunscribirse a relatar lo expuesto por las partes sino también citar las pruebas que aportaron las partes, exponer su criterio sobre el valor que le dan a las mismas luego del contraste y valoración que hagan de ellas dando aplicación a las normas jurídicas aplicables para finalmente resolver. Si no proceden de esa forma y dictan una resolución sin respetar la estructura señalada, resulta obvio que su decisión será arbitraria y considerada subjetiva e injusta, pues el sujeto procesal a quien no le sea favorable no podrá entender y menos saber la razón jurídica de la decisión...’. (...) Por lo que la Resolución fiscal debe estar debidamente fundamentada, lo que significa que resolviendo el fondo, su requerimiento debe cumplir exigencias de estructura de forma como de contenido, no limitándose a relatar lo ya expuesto por los sujetos procesales, sino citar los elementos probatorios aportados por éstos, exponer su criterio sobre el valor dado a los mismos luego del contraste y valoración que hagan de ellos y aplicando las normas jurídicas a resolver, evitando así tomar decisiones arbitrarias” (las negrillas nos corresponden).
Conforme al marco normativo nacional y convencional detallado previamente, el Estado Boliviano, ha emitido normativa específica para la prevención, atención, protección y reparación de las víctimas; entre ellas, la “Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia” (Ley 348); la cual, estipuló en su art. 61, respecto a la persecución penal, resaltando el rol del Ministerio Público en la lucha contra la violencia hacia la mujer; fundando que: “Además de las atribuciones comunes que establece la Ley Orgánica del Ministerio Público, las y los Fiscales de Materia que ejerzan la acción penal pública en casos de violencia hacia las mujeres, deberán adoptar en el ejercicio de sus funciones las siguientes medidas:
1. Adopción de las medidas de protección que sean necesarias, a fin de garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección y seguridad, así como a sus hijas e hijos, pedir a la autoridad jurisdiccional su homologación y las medidas cautelares previstas por Ley, cuando el hecho constituya delito. 2. Recolección de las pruebas necesarias, como responsable de la investigación de delitos de violencia en razón de género, sin someter a la mujer a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes que no sean los imprescindibles, debiendo recurrir a métodos de investigación alternativa, científica y con apoyo de la tecnología, a fin de averiguar la verdad. 3. En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. En caso de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos, así como por el tratamiento médico y psicológico que la mujer requiera; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios del Sistema de Atención Integral de su jurisdicción. 4. Dirigir la investigación de las instancias policiales responsables de la investigación de delitos vinculados a la violencia hacia las mujeres, definiendo protocolos y criterios comunes de actuación, a fin de uniformar los procedimientos, preservar las pruebas y lograr un registro y seguimiento de causas hasta su conclusión, generando estadísticas a nivel municipal, departamental y nacional.
5. Coordinación de los criterios de actuación de las diversas instancias de recepción de denuncias de casos de violencia hacia las mujeres, para lo cual la o el Fiscal General del Estado emitirá las correspondientes instrucciones. 6. Elaboración y presentación semestral a la o el Fiscal General del Estado, para su consolidación a nivel departamental y nacional, un informe sobre los procedimientos aplicados y las actuaciones practicadas por el Ministerio Público en materia de violencia contra las mujeres y casos que comprometan sus derechos. 7. Requerir la asignación de patrocinio legal estatal a la mujer en situación de violencia carente de recursos económicos. 8. Requerir la interpretación o traducción cuando sea necesaria y disponer la asistencia especializada, evitando toda forma de revictimización. 9. Cuando corresponda, disponer el ingreso de las víctimas directas e indirectas de delitos que atenten contra su vida, su integridad corporal o su libertad sexual a la Unidad de Atención y Protección a Víctimas y Testigos de Delitos. 10. Remitir una copia de las resoluciones de rechazo y los requerimientos conclusivos a la o el Fiscal Departamental en investigaciones de oficio y presentar ante el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en razón de Género – SIPPASE, sus informes semestrales, con detalle de todas las causas atendidas, desagregadas al menos por sexo, edad y tipo de delito” (las negrillas y el subrayado son nuestros). Asimismo en el art. 94 de la citada Ley, respecto a la responsabilidad del Ministerio Público, se establece que: “Ninguna mujer debe tener la responsabilidad de demostrar judicialmente aquellas acciones, actos, situaciones o hechos relacionados con su situación de violencia; será el Ministerio Público quien, como responsable de la investigación de los delitos, reúna las pruebas necesarias, dentro el plazo máximo de ocho (8) días bajo responsabilidad, procurando no someter a la mujer agredida a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes, careos que constituyan revictimización. En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. Si se tratara de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios gratuitos de los Servicios Integrales de Atención. La o el Fiscal deberá acortar todos los plazos de la etapa preparatoria hasta la acusación en casos de violencia contra la mujer por su situación de riesgo” (las negrillas y subrayado fueron agregados). Es así que, en observancia a la normativa nacional e internacional descrita supra, la Fiscalía General del Estado, en su Dirección de Protección a las Víctimas, Testigos y miembros del Ministerio Público, Fiscalía Especializada para Víctimas de Atención Prioritaria (FEVAP), aprobó mediante Resolución FGE/RJGP/DPVT 01/2014 de 8 de septiembre, el “Protocolo y Ruta Crítica Interinstitucionales para la Atención y Protección a Víctimas, en el Marco de la Ley Nº 348: Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia”, que en su Tercera Parte denominada “Procedimiento de Atención, Protección y Reparación a Víctimas de Acuerdo a la Ruta Crítica Interinstitucional”, en su Segunda Fase, establece el procesamiento que debe seguirse en los casos de violencia, que entre otros, determina los siguientes pasos iniciales a seguir: i) Partiendo del análisis de los hechos producidos, si los mismos se encuentran descritos en los arts. 7, 83, 84, y 85 de la Ley 348, éstos se constituyen en delitos; determinándose como instancias receptoras de denuncias la Policía Boliviana y el Ministerio Público –art. 42.I de la citada Ley–; ii) En la etapa preliminar de la investigación: a) Cuando el procesamiento del caso sea ante la policía, la autoridad policial realizará un informe, el cual será puesto a conocimiento del Ministerio Público dentro del plazo de ocho horas en caso de existir personas arrestadas o aprehendidas, tal situación debe constar en informe y remitirse al Ministerio Público –art. 227 del Código de Procedimiento Penal (CPP)–; y, en los casos sin aprehendidos, el informe deberá presentarse en el plazo de veinticuatro horas –art. 298 del adjetivo penal–, haciendo hincapié en que el o la funcionario (a) policial NO deberá exigir a la víctima la presentación de certificados médicos, informes psicológicos o cualquier otra formalidad para recibir la denuncia, –art. 86.9 de la Ley 348– y por ningún motivo negará el auxilio y apoyo a la víctima, alegando falta de competencia por no ser parte de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV); bajo responsabilidad penal; y, b) Cuando el procesamiento del caso ante el Ministerio Público, éste podrá tener conocimiento por cuatro vías: remisión de la instancia promotora de la denuncia, de la FELCV u otras instancias policiales, remisión o derivación por instituciones públicas o privadas o denuncia de personas particulares; y, presentación directa de la denuncia verbal o escrita, o querella por parte de la víctima; en las tres primeras, el o la Fiscal de Materia: 1) Analizará el informe de los hechos denunciados para la consiguiente apertura de investigación cuando corresponda o en su defecto, cuando el hecho no constituya delito o sea de acción privada se aplicará el art. 55 de la LOMP; asimismo, cuando no exista relación fáctica clara o no exista los elementos necesarios para tomar una decisión, en aplicación del parágrafo II del precepto citado, se otorgará el plazo de veinticuatro horas para subsanarlo prioritariamente. A este efecto, se deberá tener en cuenta el principio de informalidad y el principio de accesibilidad –arts. 86.9 y 4.11 de la Ley 348, respectivamente–; 2) Dispondrá fundadamente medidas de protección y solicitará la homologación judicial correspondiente conjuntamente el inicio de investigaciones Para la adopción de medidas de protección, y en caso de ser necesario, el o la Fiscal de Materia requerirá se le remita información complementaria, sin perjuicio de que pueda disponer de las medidas de protección necesarias, atendiendo las circunstancias del hecho y situación de la víctima; 3) Emitirá en el requerimiento las directrices de investigación a la FELCV o en su caso a otro u otra funcionario (a) policial en ausencia del personal de la FELCV, para el desarrollo de sus labores investigativas de conformidad al art. 295 del CPP; 4) En caso de que la víctima no cuente con patrocinio legal, requerirá a la instancia promotora de denuncia, se proporcione a la víctima el asesoramiento legal correspondiente. En caso que la víctima no haya sido remitida por una Instancia Promotora de Denuncia, requerirá a la Unidad de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos (UPAVT) el apoyo y la asistencia a la víctima; 5) Ejercerá la persecución penal, de acuerdo al Código de Procedimiento Penal, Ley Orgánica del Ministerio Público, Protocolo para la Persecución de Delitos contra la Libertad Sexual y Violencia en Razón de Género y el Protocolo de Actuaciones Mínimas; 6) Podrá realizar sugerencias de investigación junto al informe que se remite a plataforma para la distribución de la causa al o la Fiscal Especializado (a); y, 7) En el desarrollo de diligencias investigativas, las funciones de contención, preparación, y acompañamiento deben ser llevadas de forma continua y transversal durante todo el proceso por los y las funcionarios (as) de las Instancias Promotoras de Denuncia; funciones que deben realizarse de forma paralela al accionar del Ministerio Público y la FELCV en el desarrollo de las diligencias investigativas; entre las que, se tiene: la entrevista informativa, valoración a realizarse por el o la médico forense, reconocimiento de persona, además del seguimiento de la víctima en los actos preliminares de la investigación y la intervención psico-socio-legal. De la normativa descrita supra, es preciso resaltar, que el legislador ha impregnado del principio de la debida diligencia, a las actuaciones investigativas en denuncias de violencia de género; así también, lo ha entendido la SCP 0005/2020-S4 de 14 de enero, que entre otras, sostuvo que: “En el marco constitucional y convencional expuesto, tenemos que la violencia ejercida contra la mujer en razón de género, al traducirse más de la veces en la lesión del derecho fundamentalísimo a la vida, los derechos a la integridad personal y a la dignidad, precisamente por las circunstancias y frecuencia con la que los hechos violentos se producen, se constituye en un problema que debe ser afrontado por el Estado, sus dependencias y representaciones de manera debida, célere y responsable. En mérito a ello, en Bolivia una norma específica destinada a la erradicación de la violencia contra la mujer en razón de género, se constituye en la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (Ley 348 de 9 de marzo de 2013), respecto a la cual la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, efectuó una precisa exposición de su aplicación en los procesos judiciales o administrativos en los que se investigue este tipo de denuncias, que se hace necesario citar a continuación: En el citado fallo constitucional, previa referencia a la importancia del estándar de la debida diligencia que debe guiar la actuación de las diferentes instituciones y órganos del Estado, asumió lo siguiente: ‘…se generaron normas de desarrollo internas, contenidas en la Ley 348, que deben ser aplicadas de manera exclusiva en los procesos judiciales -en especial penales- y administrativos, por violencia en razón de género. (…) La misma Ley 348, en el Capítulo II sobre las Investigaciones -del mismo Título I-, en su art. 59, dispone que la investigación debe ser seguida de oficio, independientemente del impulso de la denunciante; norma que está vinculada directamente con la consideración de la violencia en razón género dentro del ámbito público y no privado; por ello, aun la víctima desista o abandone la investigación, el Ministerio Público debe seguirla de oficio; por ello, no es sostenible rechazar denuncias por falta de colaboración de la víctima, o porque ésta, una vez efectuada la denuncia, no volvió a oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) o del Ministerio Público; pues, dichas afirmaciones vulneran no solo la norma expresa contenida en el citado art. 59 de la Ley 348, sino también, el principio de la debida diligencia; la obligación internacional del Estado de investigar, sancionar y reparar los hechos de violencia hacia las mujeres; y, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen).
A objeto de resolver parcialmente el caso en análisis, corresponde hacer alusión a lo expresado por la SCP 0323/2013 de 18 de marzo, al señalar: “…es pertinente recordar lo establecido por el Tribunal Constitucional en la jurisprudencia trazada en la SC 0995/2004-R de 29 de junio, en la que se señaló lo siguiente: '…los errores o defectos de procedimiento que materialmente no lesionan derechos y garantías fundamentales no tienen relevancia constitucional y por lo mismo, no son susceptibles de corrección por la vía del amparo, a menos que concurran necesariamente, los presupuestos jurídicos que se detallan a continuación: a) cuando el error o defecto procedimental en el que incurra el Juez o Tribunal, provoque una lesión evidente del debido proceso en cualquiera de sus elementos constitutivos; b) los errores o defectos procedimentales que ocasionan una indefensión material en una de las partes que interviene en el proceso judicial, impidiéndole toda posibilidad de que pueda hacer valer sus pretensiones, alegando, contrastando o probando; y c) esas lesiones tengan relevancia constitucional, es decir, que esa infracción procedimental de lugar a que la decisión impugnada tenga diferente resultado al que se hubiera dado de no haberse incurrido en los errores o defectos denunciados'. Conforme a la jurisprudencia constitucional citada precedentemente, el error o defecto de procedimiento será calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando provoquen indefensión material a la parte procesal que los denuncia y sea determinante para la decisión final adoptada, ya sea en un proceso judicial o un proceso administrativo interno, esto en razón de que no tendría sentido jurídico alguno conceder la tutela y disponer se subsanen los posibles defectos procedimentales, si es que finalmente se llegará a los mismos resultados a los que ya se arribó mediante la decisión objetada por los errores procesales” (las negrillas nos corresponden). La Jurisprudencia glosada precedentemente fue extraída de la SC 0634/2024-S4 de 24 de septiembre.
La accionante, por sí y en representación de su hijo menor de edad AA señala como lesionados sus derechos a la defensa, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y logicidad, toda vez que la Resolución Jerárquica FDC/NGGR-OR 65/2023 de 6 de marzo de 2023, emitida por la Fiscal Departamental de Cochabamba por la cual ratificó la Resolución de rechazo de denuncia, no se pronunció respecto a los once agravios que identifico y fundamento en el memorial de objeción a la Resolución de rechazo de denuncia que presento, y que a raíz de ello, la autoridad demandada incumplió con lo establecido en el art. 34.17 de la LOMP y el art. 398 del CPP. De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados se tiene que, el 30 de noviembre de 2022, la Fiscal de Materia adscrita a la Fiscalía Especializada en Violencia Sexual y en Razón de Género de la EPI SUR, emitió la Resolución de Rechazo de denuncia dentro del proceso seguido por Julia Ticona Mitma de Jorge por sí y en representación de su hijo menor de edad AA contra Daniel Ticona Mitma y otros (Conclusión II.1); consecuencia de ello, la impetrante de tutela interpuso objeción a la Resolución de rechazo de denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Sexual y en Razón de Género de EPI SUR ( Conclusión II.2), objeción que fue resuelta a través de la Resolución Jerárquica FDC/NGGR-OR 65/2023 de 6 marzo, emitida por la autoridad demandada en su condición de Fiscal Departamental de Cochabamba, la cual ratifica la Resolución de rechazo de Denuncia y dispone el archivo de obrados (Conclusión II.3). En ese sentido, la impetrante de tutela considera, que la Resolución Jerárquica FDC/NGGR-OR 65/2023 de 6 de marzo, es lesiva de sus derechos a la defensa y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y logicidad, por tal razón resulta preciso realizar una contrastación de lo expuesto por la accionante en el memorial de objeción a la Resolución de rechazo de denuncia y lo resuelto por la autoridad demandada en la resolución cuestionada, enmarcándonos en los once agravios identificados y supuestamente omitidos por la resolución jerárquica, con el objeto de determinar si la misma fue emitida en el marco del debido proceso, cumpliendo con la debida fundamentación, motivación, congruencia y en resguardo del derecho a la defensa de los impetrantes de tutela.
1. Respecto a la fundamentación, motivación y congruencia
De los once agravios denunciados a través de la acción de amparo constitucional que no hubieren sido resueltos a través de la Resolución Jerárquica FDC/NGGR-OR 65/2023 de 6 de marzo, pese a encontrarse plenamente identificados dentro del memorial de objeción a la Resolución de rechazo, debemos señalar lo siguiente: El numeral 6, refiere “error al realizar un análisis del certificado médico forense de 23 de julio de 2021”; al respecto, la accionante considera que existió una manifiesta negligencia y actitud dolosa por parte de la Fiscal de Materia, quien al momento de realizar el análisis del certificado médico forense de 23 de julio de 2021, perteneciente a Julia Ticona Mitma de Jorge, no consideró que el referido informe consignó como agresor a una persona de sexo masculino que le generó excoriación lineal de un centímetro con restos de sangre seca y un impedimento de dos días, en ese sentido señala que la versión que sostiene la Fiscal en el requerimiento que es motivo de la objeción es distinta a lo que consigna en el certificado médico forense. El numeral 7 manifiesta “error al no haber analizado y valorado las declaraciones del menor de edad AA”, de lo que la impetrante de tutela refiere que la Fiscal de Materia cometió el error de no haber dado lectura y valorado la declaración que realizo el 13 de octubre de 2021. Bajo la misma línea, sobre el numeral 8 que señala “error al realizar un análisis del certificado médico forense de 23 de julio de 2021” correspondiente al menor AA, considera que la Fiscal de Materia expuso datos contradictorios a los contenidos en el Certificado Médico Legal Forense de 23 de julio de 2021, que consignaron como agresor a una persona de sexo masculino y consecuencia de ello advirtió dolor en la región occipital y en las extremidades superiores, específicamente en el hombro derecho donde presento una excoriación por fricción de 1,5 cm., una contusión en el hombro derecho, y emergente de ello se le atribuyo una incapacidad de dos días; por lo que considera que la versión que sostiene la Fiscal en el requerimiento que es motivo de objeción, no contempla lo que consigna el Certificado Médico Forense. El numeral 9 del memorial de objeción advierte que la Fiscal de Materia no realizó una valoración integral de los elementos de convicción recolectados, como ser el Informe Social de 11 de octubre de 2021, Informe psicológico de 12 de octubre de 2021, Informe Psicológico de 27 de octubre de 2021, inherentes a Julia Ticona Mitma de Jorge, Informe Psicológico del menor de edad AA. Al respecto, del contenido de la Resolución Jerárquica FDC/NGGR-OR 65/2023 de 6 de marzo, se evidencia que la autoridad demandada en el análisis del caso concreto a objeto de resolver la objeción parte de un enunciamiento de los elementos probatorios que habrían sido valorados de manera integral en la Resolución de Rechazo y que los mismos debido a su insuficiencia, no permitieron la imputación formal de los denunciados, a raíz de ello manifiesta lo siguiente que, si bien, se cuenta con el informe psicológico realizado por personal de SLIM; sin embargo, de su revisión se advirtió que la denunciante no presenta indicadores de violencia familiar y afectación psicológica, de igual manera refiere que, de la revisión de los elementos colectados se advierte la inexistencia de elementos de convicción suficientes que permitan establecer que hayan existido agresiones físicas, psicológicas y que si bien se cuenta con certificados médicos forenses que acreditan lesiones en la humanidad de Julia Ticona Mitma de Jorge y el menor de edad AA, no se encuentran respaldados por otros elementos de convicción como las entrevistas informativas y que la versión de los hechos relatada por Julia Ticona Mitma de Jorge es contradictoria a la del menor de edad AA y contrario con lo descrito en los certificados médicos forenses, todo ello, generándole una duda razonable sobre la participación de los denunciados en los hechos. Sin embargo de la misma resolución, se advierte que, la autoridad demandada dentro del punto II.1 realiza una exposición de los elementos de convicción recabados a objeto de fundar su determinación, de los cuales extraemos los vinculados al análisis de los agravios descritos como 6, 7, 8 y 9, a objeto de realizar el análisis y contraste correspondiente dentro del caso en particular: 1. Certificado Médico Forense de 23 de julio de 2021, practicado al menor de edad AA, que refiere: cráneo sin huella de lesiones traumáticas al exterior, dolor en la región occipital; extremidades superiores: en hombro derecho excoriación por fricción de 1.5 cm., y que en sus conclusiones determina poli contusión, otorgándole dos días de impedimento.
2. Certificado Médico Forense de 23 de julio de 2021, practicado a Julia Ticona Mitma de Jorge, que al examen físico segmentario refiere; rostro: en región frontal lado izquierdo equimosis de coloración rojiza puntiforme de 2x2 cm, extremidades superiores: en tercio medio cara dorsal de dedo medio de mano izquierda excoriación lineal de un cm., con restos de sangre seca, determinando en su conclusión, poli contusión otorgándole dos días de impedimento. 3. Informe Psicológico de 12 de octubre de 2021, realizado a Julia Ticona Mitma de Jorge, que dentro de sus conclusiones refiere: “de los malos tratos y el último incidente de agresión física que le propino Apolinar Ticona Condori, su sobrino, Juliana presenta indicadores de angustia, inseguridad y temor; refiere también que presenta rasgos de introversión, y actitudes de pesimismo, debilidad fatiga y agotamiento, vinculados a problemas continuos sin resolver con su hermano y su sobrino, finalmente concluye que Julia atraviesa una situación de afección psicológica en primera instancia generada por la última agresión física propinada por su sobrino Apolinar Ticona Condori y también por los antecedentes de agresiones físicas recibidas por su hermano Daniel Ticona, acciones que son consideradas sistemáticas”. 4. Informe Psicológico de 27 de octubre de 2022, que en su parte conclusiva refiere “como consecuencia de los conflictos con los señores Apolinar, Daniel, Francisca y Grover presenta cierta susceptibilidad, inseguridad debido a que percibe su entorno hostil, amenazante ante cualquier situación de conflicto”
A partir de los aspectos supuestamente valorados por la autoridad demandada, todos ellos relacionados íntimamente con los agravios de los numerales 6, 7, 8 y 9, es decir, el señalamiento de los certificados médicos forenses de la accionante y el menor de edad, además de los informes psicológicos realizados a la impetrante de tutela, sin pretender realizar una valoración de la prueba, se advierte, primero, una incongruencia interna, toda vez que cuando la autoridad demandada manifiesta que del informe psicológico realizado por el personal del SLIM no se evidenció indicadores de violencia familiar o afectación psicológica, sin embargo de manera contraria dentro de los elementos de prueba en los que funda su determinación hace mención a informes psicológicos de 12 de octubre de 2021 y de 27 de octubre de 2022 respectivamente, en los que se advierte ciertos indicadores negativos inherentes a la impetrante de tutela; de igual manera, la autoridad demandada reconoce la existencia de certificados médicos forenses que acreditaron lesiones en la accionante y el menor de edad AA, empero refiere que los mismos no son elementos de prueba respaldados por otros elementos de convicción como las entrevistas informativas, toda vez que se hubieren generado de manera contradictoria, motivo por el cual existiría una duda razonable sobre la participación de los denunciados en los hechos.
Al respecto, la autoridad demandada no señala de manera clara el motivo por el cuál considera la existencia de la duda razonable a pesar de haber citado los elementos de prueba aportados, advirtiéndose la falta de motivación sobre la valoración integral de los mismos, omitiendo explicar de manera clara las razones por las que dichos elementos de prueba no fueron suficientes para que se pueda realizar la imputación formal, de lo que se concluye que la fundamentación realizada es carente de motivación, generando una serie de dudas en el solicitante, extremos que deberán ser aclarados a objeto de que la resolución cuestionada desvirtué todas las observaciones sobre las que omitió pronunciarse; en ese sentido, la Jurisprudencia Constitucional desglosada en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional establece que la Resolución Fiscal debe estar debidamente fundamentada, lo que significa resolver el fondo, su requerimiento debe cumplir exigencias de estructura de forma como de contenido, no limitándose a relatar lo ya expuesto por los sujetos procesales sino citar los elementos probatorios aportados por estos, exponer su criterio sobre el valor dado a los mismos tanto de forma individual como conjunta, luego el contraste y valoración que hagan de ellos, aplicando las normas jurídicas a resolver, evitando así tomar decisiones arbitrarias. Ahora bien, respecto al numeral 3 “error al asumir una actitud rebelde en contra de la Resolución Jerárquica F.D.C./N.G.G 103/2022 de 22 de julio de 2022”, la accionante considera que el requerimiento de rechazo motivo de la objeción, consigna únicamente a Julia Ticona Mitma de Jorge y omite a su hijo adolescente AA; al respecto, de la Resolución cuestionada, no se evidencia que la autoridad demandada haya respondido y aclarado de manera precisa y suficiente la interrogante que plantea la impetrante de tutela respecto a la consignación del menor de edad AA y la condición que posee dentro de las investigaciones realizadas, puesto que, de los antecedentes del proceso penal y la Resolución cuestionada no se puede advertir de manera precisa la condición en la que se consigna al menor de edad, motivo por el cual la autoridad demandada deberá aclarar dicho aspecto. Bajo ese contexto, la Jurisprudencia Constitucional desglosada en el Fundamento Jurídico III.1 establece que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión sin motivación, cuando la resolución no da las razones que la sustenten, cuando haya una motivación arbitraria, es decir se base en fundamentos y consideraciones meramente retoricas o deviene de una valoración arbitraria e irrazonable de la prueba o en su caso de la omisión de la valoración de la misma o con motivación insuficiente cuando no da razones de la omisión de pronunciamiento sobre el planteamiento de las partes; de igual forma establece que, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y resuelto, sino además implica la concordancia del fallo, es decir su coherencia interna.
Conforme a todo lo expuesto, de la Resolución Fiscal Departamental FDC/NGGR-OR 65/2023 de 6 de marzo, se evidenció que la autoridad demandada no realizó una fundamentación motivada y congruente en su análisis interno con relación a los elementos de prueba aportados, que considero dentro de los argumentos de su propia resolución y los fundamentos de hecho y derecho en los que sustento su decisión, dejando interrogantes sobre cuáles fueron las razones por las cuáles considero que los elementos de prueba citados precedentemente no fueron determinantes a objeto de fundar su decisión; en virtud de ello, también es necesario señalar la inobservancia por parte de la autoridad demandada respecto a la protección reforzada y la aplicación de la debida diligencia vinculada a la obligación del Ministerio Público de demostrar judicialmente aquellas acciones, actos, situaciones o hechos relacionados con la situación de violencia, más aun tratándose de una mujer en situación de violencia y un menor de edad, aspectos que van en desmedro de la protección reforzada que el Estado debe otorgar a las víctimas de violencia, conforme lo previsto por la Ley 348, por lo que en la presente causa corresponde aplicar los aspectos referidos al enfoque integral de casos de violencia en razón de género, aquello en el entendido de lo establecido por los estándares de protección existentes en el ámbito internacional, los cuales constituyen fuente de obligación para el Estado Plurinacional de Bolivia, de acuerdo a los principios contenidos en los arts. 13 y 256 de la CPE, correspondiendo al respecto tener en cuenta que la obligación que tiene el mismo de actuar con la debida diligencia a efectos de prevenir, investigar y sancionar toda forma de violencia contra la mujer, respetando los principios y garantías procesales a favor de aquellas; en el marco de protección dearrollado por la Jurisprudencia contenida en el Fundamento Juridico III.3 del presente fallo Constitucional.
Ahora bien, respecto al numeral 1 “error al consignar un numero distinto del CUD de la causa lo que demuestra que la Fiscal resolvió otra causa”, la accionante acusa manifiesta negligencia y actitud dolosa de la Fiscal de Materia al consignar un numero de CUD diferente al del caso en particular; numeral 2 “incongruencia entre la base legal en la que se sustenta la denuncia y la base legal aplicada en la resolución de rechazo”, de lo que advirtió la Fiscal de Materia de manera errónea dentro de la parte conclusiva de la Resolución de rechazo señalo al art. 272 bis num.1 de la ley 348 y no así el art. 272 bis numeral 3 del CP con relación al art. 7 numerales 1, 3, 6 y 15 de la ley 348; numeral 4 “error al no haber leído el memorial de denuncia, el memorial por el que se solicitó corrección y renovación de actos y la declaración de Julia Ticona Mitma de Jorge”, toda vez que considera que la fundamentación fáctica del requerimiento de rechazo que es motivo de la objeción, toma datos de otro caso; numeral 5 “ error al resolver la causa tomando como base otros casos resueltos”; numeral 11 “error al sustentar la Resolución en jurisprudencia anterior a la ley 348 de 89 de marzo de 2013”.
De la lectura y análisis de los numerales 1, 2, 4, 5 y 11 del memorial de objeción a la Resolución de Rechazo, se puede establecer que todos ellos, están íntimamente ligados a aspectos de forma en la Resolución de Rechazo, desde la errónea consignación del CUD, el error de transcripción inherente a la norma penal aplicable al caso concreto, una omisión en el señalamiento del menor de edad AA como víctima, la supuesta relación de hechos que hubiere sido diferente a la formulada por la accionante y finalmente que la jurisprudencia aplicada al caso está basada en modelos de jurisprudencia del año 2003 o 2004; de lo que se concluye, que al ser aspectos de forma que aun siendo modificados no llegarían a incidir en el fondo de la determinación de la resolución cuestionada, este Tribunal considera que carecen de relevancia constitucional, así también lo establece la Jurisprudencia Constitucional descrita en el Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo constitucional que sobre ello manifiesta que los errores o defectos de procedimiento que materialmente no lesionan derechos o garantías fundamentales, no tienen relevancia constitucional, por tal razón no son susceptibles de corrección a través de una acción de amparo constitucional, es decir que la infracción procedimental de lugar a que la decisión impugnada tenga diferente resultado al que se hubiera dado de no haberse incurrido en los errores o defectos denunciados. No obstante de lo manifestado, si bien dichos agravios carecen de relevancia constitucional pues los mismos no incidirían en la Resolución de fondo, sin embargo se pudo advertir que la autoridad demandada no se pronunció respecto a los mismos dentro de la resolución cuestionada a pesar de ser invocados, por ello a objeto de contar con una resolución congruente que además no genere confusión, la autoridad demandada deberá emitir un pronunciamiento con la finalidad de que se subsane en caso necesario las observaciones realizadas por la accionante. Con relación al numeral 10 del memorial de acción de amparo constitucional inherente a ciertos actos investigativos que estarían pendientes de realización y que a través de una actitud rebelde la Fiscal de Materia no los habría realizado, este Tribunal advierte que no es posible pronunciarse sobre ello, toda vez que del memorial de Recurso de Objeción no se percibe que la solicitante de tutela haya identificado ello como un agravio a objeto de que la autoridad demandada emita algún pronunciamiento, razón por la cual la autoridad accionada no tenía la obligación de pronunciarse al respecto. Finalmente, en cuanto a la denuncia de la accionante respecto a la vulneración de su derecho a la defensa, se aclara que se limitó únicamente a citarlo sin advertir ninguna relación con los actos presuntamente lesivos motivo por el cual no es posible emitir pronunciamiento alguno al respecto. En consecuencia, la Sala Constitucional, al haber denegado la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución RAC-SCIII 82/2023 de 21 de julio de 2023, cursante de fs. 257 a a 260 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en consecuencia:
1° CONCEDER la tutela impetrada, respecto a la vulneración del derecho al debido proceso en su vertiente de fundamentación, motivación y congruencia.
2° Disponer se deje sin efecto la Resolución Jerárquica FDC/NGGR-OR 65/2023 de 6 de marzo, y en consecuencia la Fiscal Departamental de Cochabamba emita una nueva resolución debidamente fundamentada, motivada y congruente conforme a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
3° DENEGAR la tutela impetrada con relación al derecho a la defensa.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
1 El Cuarto Considerando, señala: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. (…) consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”. 2El FJ III.3 indica que: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1164_2025-S3.pdf · páginas 1 a 24.
Huella digital del PDF (SHA-256): 52d6edcf9f60899adf7d668d501785636ad5cf2631b60aa12d52a8256457f99a
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