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SCP 1163/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de Amparo Constitucional · Sala Tercera · 22 de septiembre de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
22 de septiembre de 2025
Acción
Acción de Amparo Constitucional
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
57550-2023-116-AAC
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante considera vulnerados sus derechos a la petición y al agua, situación que se origina debido a que EPSAS realizó el corte del servicio de agua potable en diferentes ocasiones en su domicilio; este acto se consumó debido a una supuesta negatoria respecto al otorgamiento de servidumbre fluvial de su parte al fundo dominante de propiedad de Félix Cusi Mamani; habiendo presentado reclamos ante la citada empresa, solicitando en reiteradas ocasiones la reconexión inmediata del servicio de agua potable, acudiendo también al “Presidente de la Comisión del Parlamento de Derechos Humanos, del Estado Plurinacional de Bolivia”; al Defensor del Pueblo y a la Unidad de Transparencia de EPSAS; empero no tuvo respuesta alguna por parte del Gerente demandado, a pesar de que las notas presentadas tenían como finalidad obtener una explicación fundamentada del porqué de los cortes del servicio de agua potable, así como efectivizar la reconexión del servicio a su bien inmueble. Por lo previamente aseverado solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, ordene: Se restituya en forma inmediata los derechos vulnerados, como es el derecho al agua y a la petición; además, se conmine a la empresa EPSAS, disponga que no puede incurrir en vulneración por ningún motivo a restringir este derecho fundamentalísimo. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 152/2023 de 31 de julio, cursante de fs. 103 a 105 vta., emitida por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada respecto a la restitución del servicio de agua en los mismos términos establecidos por la referida Sala Constitucional y conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y,

2º Disponer que, en el plazo de setenta y dos horas, a partir de su legal notificación con el presente fallo constitucional, la empresa EPSAS responda de manera fundamentada y motivada los requerimientos de la accionante en las notas presentadas el 28 de abril y 17 de mayo de 2023.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la naturaleza de la acción de amparo constitucional y la excepción a la subsidiariedad en medidas de hecho
  2. III.2. Sobre el derecho a la petición
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1163/2025-S3 Sucre, 22 de septiembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de Amparo Constitucional Expediente: 57550-2023-116-AAC Departamento La Paz En revisión la Resolución 152/2023 de 31 de julio, cursante de fs. 103 a 105 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Sofía Machicado Chura contra Jaime Gutiérrez Quevedo, Gerente Interventor de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 19 y 24 de julio de 2023, cursantes de fs. 84 a 89 vta., y de 97 a 98 vta., la accionante, expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Su persona es titular del bien inmueble ubicado en la zona Vino Tinto calle Felipe Esprella de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, con una superficie de 111.51 m, con código catastral 201009005700050000, con las siguientes colindancias; “Norte con Justina V. de Mamani; al Este con Enrique Vidal al Sur la Calle, al oeste con Enrique Vidal”; registrado en Derechos Reales (DD.RR.), con matrícula computarizada 2.01.0.99.0142577, bajo el asiento 4 desde el 12 de septiembre de 2011. Refirió que su inmueble cuenta con todos los servicios básicos; empero, de manera reiterada EPSAS realizó cortes de agua potable, aproximadamente por el lapso de un año, hecho que se produjo debido a una supuesta sanción por no darle servidumbre fluvial al fundo dominante de propiedad de Félix Cusi Mamani, quien realizó el reclamo esa empresa, misma que determinó como sanción el corte del agua por una semana, en reiteradas oportunidades; por lo que, ante tal privación tuvo que apersonarse a sus oficinas, recibiendo negativas respecto a la restitución del servicio, bajo el argumento de que su persona incurrió en faltas, mismas que no contaban con ningún asidero para justificar el corte de agua. Ante tanta insistencia, el personal de la empresa EPSAS, específicamente el supervisor de Redes Norte, Javier Machicado M. se apersonó en su domicilio ya señalado, dejando una nota para darle a conocer que el corte de agua era por un supuesto taponamiento u obstrucción. Empero, a fin de obtener la restitución de su servicio básico y verificar la legalidad de los cortes, ya que mediante estos se vulneró su derecho de acceso al agua, además que debe considerarse que dentro del referido inmueble viven varias familias, razón por la cual presentó múltiples reclamos, ante las oficinas correspondientes de EPSAS, solicitando la inmediata reconexión del suministro de agua potable y además una explicación fundamentada de las razones que motivaron la suspensión del indicado servicio de acceso al agua de manera reiterada, sin que obtenga una respuesta a sus requerimientos por parte de esa entidad, lo que implicó la vulneración de su derecho a la petición. Ante la falta de respuesta de la empresa de agua potable, presentó reclamos ante diferentes entidades, entre ellas, el Defensor del Pueblo, la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento del Estado Plurinacional de Bolivia, el Defensor del Consumidor; y, finalmente ante la Unidad de Transparencia de EPSAS. Finalmente afirmó que, si bien dicho servicio de agua potable le fue restituido; sin embargo, el 6 de julio del 2023 nuevamente sufrieron nuevos cortes del servicio, lo que se constituyó en una medida de hecho, ya que tales actos se dieron sin que exista motivo o justificación alguna, persistiendo estas irregularidades hasta la fecha de interposición de esta acción tutelar.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos fundamentales al agua y a la petición, citando al efecto los artículos 16.I, 20.I y III, y 24 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se determine: a) La restitución inmediata al uso de agua potable y por consiguiente a la alimentación; b) Se proteja su derecho a la petición y, c) Se conmine a la empresa EPSAS para que no pueda incurrir en nueva vulneración que restrinja este derecho fundamentalísimo

I.2. Audiencia y resolución del Tribunal de Garantías

Celebrada la audiencia pública virtual de la presente acción de amparo constitucional, el 31 de julio de 2023, según consta en acta cursante de fs. 101 a 102 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogado, ratificó en audiencia en el contenido íntegro de su demanda de acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Jaime Gutiérrez Quevedo Gerente Interventor de EPSAS, no se presentó en la audiencia virtual y tampoco presentó informe escrito, pese a que fue legalmente notificado, conforme consta de la notificación de 28 de julio de 2023 (fs. 100).

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través de la Resolución 152/2023 de 31 de julio, cursante de fs. 103 a 105 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que la parte demandada, Jaime Gutiérrez Quevedo -Gerente Interventor de EPSAS-, proceda a la restitución del servicio de agua en el plazo de cuarenta y ocho horas; tal determinación se dio sobre la base de los siguientes fundamentos: 1) La parte accionante acreditó ser propietaria del bien inmueble ubicado en la zona Vino Tinto de la ciudad de La Paz, que se encuentra registrado en DD.RR.; aparte de ello, también probó que se halla cumpliendo sus obligaciones mensuales; por lo que, no existe justificativo alguno por el cual la empresa EPSAS haya procedido al corte de dicho servicio fundamental, ya que no fue la primera vez que actuó de esa manera, conforme denunció; y, 2) La Empresa EPSAS, al no haberse presentado en la audiencia, ni haber prestado su informe escrito, para saber la causa y razón de lo aseverado y denunciado en la presente acción tutelar, implica que se deba dar por cierto lo manifestado por la demandante, quién denuncia que sin justificativo alguno, se procedió al corte del servicio elemental, que no solamente pone en peligro la salud, sino su vida misma.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa reporte histórico de lecturas de atención al usuario por parte de EPSAS (fs. 11 a 14); así también se tiene recibo de pago, donde demostró el cumplimiento de sus obligaciones mensuales con dicha empresa (fs. 16).

II.2. Nota de 28 de abril de 2023, presentada por Sofía Machicado Chura

-accionante- ante el Gerente General de EPSAS, por la que, pide rehabilitación de servicio de agua potable, afirmando que puso en conocimiento los atropellos sufridos por el corte de servicio, al Defensor del Pueblo, Comisión de Derechos Humanos y Defensor del Consumidor (fs. 22); por nota de 17 de mayo, Ximena Laura Aduviri, en representación de la impetrante de tutela, solicitó reporte de cortes e instalaciones debido a las constantes interrupciones del servicio de agua potable en el precitado inmueble, ante el Gerente General de EPSAS (fs. 36). Se tiene presente acta de queja verbal por parte de la accionante, ante la Unidad de Transparencia de EPSAS, de 6 de julio del mismo año, en la que denunció el corte del servicio de agua sin previo aviso a raíz de una denuncia presentada por su vecino Félix Cusi Mamani; refirió que no se le notificó tal extremo y se le cortó el servicio de agua sin seguirle un debido proceso (fs. 15). II.3. Consta nota con cite EPSAS INTERV.-GOP-RED-DIV.E-AGL-0263CAR/23, de 13 de abril de 2023, en la cual el Jefe de Redes y Saneamiento de la empresa EPSAS, se limita a realizar un enunciado de las normas respecto al ejercicio de la servidumbre, disponiendo el corte de servicio de agua potable al inmueble hasta la restitución de la conexión de alcantarillado establecido por paso de servidumbre, situación que acredita la flagrante vulneración al derecho a la petición, ya que en la indicada respuesta, aparte de no ser clara, tampoco fue emitida por la autoridad ahora demandada (fs. 40 a 41). II.4. Acta notarial 32/2023 de 21 de julio, emitida por Félix Rómulo Tapia Cruz, Notario de Fe Pública 33 de la ciudad de La Paz, por la cual se evidenció que en el inmueble ubicado en la calle Felipe Esprella 928-A zona Vino Tinto no existe paso de agua, y que, conforme a la boleta de pago, el servicio de agua potable se encuentra a nombre de Sofía Machicado Chura (fs. 94).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante considera vulnerados sus derechos a la petición y al agua, situación que se origina debido a que EPSAS realizó el corte del servicio de agua potable en diferentes ocasiones en su domicilio; este acto se consumó debido a una supuesta negatoria respecto al otorgamiento de servidumbre fluvial de su parte al fundo dominante de propiedad de Félix Cusi Mamani; habiendo presentado reclamos ante la citada empresa, solicitando en reiteradas ocasiones la reconexión inmediata del servicio de agua potable, acudiendo también al “Presidente de la Comisión del Parlamento de Derechos Humanos, del Estado Plurinacional de Bolivia”; al Defensor del Pueblo y a la Unidad de Transparencia de EPSAS; empero no tuvo respuesta alguna por parte del Gerente demandado, a pesar de que las notas presentadas tenían como finalidad obtener una explicación fundamentada del porqué de los cortes del servicio de agua potable, así como efectivizar la reconexión del servicio a su bien inmueble. Por lo previamente aseverado solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, ordene: Se restituya en forma inmediata los derechos vulnerados, como es el derecho al agua y a la petición; además, se conmine a la empresa EPSAS, disponga que no puede incurrir en vulneración por ningún motivo a restringir este derecho fundamentalísimo. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela.

III.1. De la naturaleza de la acción de amparo constitucional y la excepción a la subsidiariedad en medidas de hecho

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0344/2018-S2 de 18 de julio, reiterada por la SCP 0373/2018-S2 de 24 de julio, así como la SCP 0069/2019-S2 de 3 de abril, entre otras, asumió el siguiente entendimiento:

La acción de amparo constitucional, consagrada en el art. 128 de la Constitución Política del Estado (CPE), como una acción de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebido de los servidores públicos y personas particulares, individuales o colectivas, que restrinjan supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Norma Suprema y la ley; en este mismo sentido el art. 51 del Código Procesal Constitucional (CPCo), prevé que esta acción tutelar “…tiene el objeto de garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica, reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley, contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir”. En esa comprensión el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia constitucional expresó que la acción de amparo “Se constituye entonces en una de las acciones de defensa más amplia en cuanto al alcance de su ámbito de tutela y protección de derechos, rigiendo para su interposición, los principios de inmediatez y subsidiariedad, conforme lo establece el art. 129 de la Ley Fundamental; denotándose de la naturaleza de esta acción su objeto de protección y resguardo de derechos en el marco de los valores y principios ético-morales establecidos en la Constitución Política del Estado, contribuyendo desde la justicia constitucional a efectivizar y materializar esos valores y principios para una vida armoniosa, con equidad, igualdad de oportunidades y dignidad, entre otros valores, en los que se sustenta el Estado Plurinacional y que son parte de la sociedad plural” (las negrillas nos corresponden). Entonces, la acción de amparo constitucional es una acción de defensa que:“…establece un procedimiento de protección cuyo objeto es el restablecimiento inmediato y efectivo de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, a través de un procedimiento judicial sencillo, rápido y expedito, frente a situaciones de lesión provenientes de la acción u omisión de servidores públicos o particulares; siempre que el ordenamiento jurídico ordinario no prevea un medio idóneo y expedito para reparar la lesión producida” (las negrillas son nuestras); empero, conforme a su naturaleza jurídica precedentemente citada, su activación procede sobre la base de los principios constitucionales de inmediatez y subsidiariedad, salvo supuestos excepcionales plenamente justificadas. No obstante, la jurisprudencia constitucional determinó que las medidas de hecho constituyan uno de los supuestos que se sustraen al principio de subsidiariedad de manera excepcional bajo la denominación de flexibilización al principio de subsidiariedad, porque no solo afecta derechos fundamentales y garantías constitucionales, sino compromete la concepción de la naturaleza misma del Estado Plurinacional Comunitario con Autonomías, lo que justifica la consideración de la excepción a la subsidiariedad que disciplina la acción de amparo constitucional y que posibilita a la jurisdicción constitucional ingresar al análisis de fondo de la cuestión planteada para una eventual tutela si corresponde.

III.2. Sobre el derecho a la petición

La SCP 1111/2019-S2 de 18 de diciembre, recogió la jurisprudencia constitucional sobre el derecho a la petición en sus diferentes modalidades al respecto señaló que:

El art. 24 de la CPE, establece que: “Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario”.

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH), consagra el derecho de petición en su art. XXIV, señalando: “Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquier autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución”.

Tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través del tiempo, fueron generando entendimientos respecto al derecho de petición a efectos de su tutela, abordando temáticas que constituyen precedentes constitucionales; sobre la base de los cuales, debe realizarse el análisis de cada caso concreto, al tiempo de verificar la lesión o no, del derecho de petición. En ese sentido, se abordarán las siguientes temáticas relativas al derecho de petición: i) Contenido esencial; ii) Requisitos de procedencia; iii) Legitimación activa; iv) Legitimación pasiva; y, v) Plazo para emitir respuesta.

III.2.1. Contenido esencial

La SC 218/01-R de 20 de marzo de 2001 establece que el núcleo esencial del derecho de petición, constituye el derecho a obtener una respuesta pronta y oportuna en la que se resuelva la petición en sí misma; en ese sentido, la jurisprudencia constitucional, fue desarrollando características que debe contener la respuesta: a) Pronta y oportuna; dentro los plazos establecidos por ley o dentro de un plazo razonable como lo determina la jurisprudencia constitucional; b) Formal; que la respuesta sea escrita y debidamente comunicada o notificada, a efectos que la parte interesada pueda realizar reclamos o utilizar los medios recursivos establecidos por ley; c) Material, porque debe resolver el fondo de la pretensión o asunto objeto de petición y no evadirlo; de donde se entiende que la autoridad a quien se presenta la petición, debe atenderla, tramitándola y resolviendo de forma positiva o negativa a los intereses del solicitante; y, d) Argumentada; vale decir, motivada y fundamentada, que cubra las pretensiones del solicitante, exponiendo las razones del porqué se da o no curso a la petición sobre la base de sustentos fácticos y jurídicos.

III.2.2. Requisitos de procedencia

La SC 0310/2004-R de 10 de marzo, en el Fundamento Jurídico III.2, estableció cuatro requisitos para que sea viable la tutela del derecho de petición: …a fin de que se otorgue la tutela en caso de alegarse la violación del derecho a formular peticiones, corresponde que el recurrente, demuestre los siguientes hechos: a) la formulación de una solicitud expresa en forma escrita; b) que la misma hubiera sido formulada ante una autoridad pertinente o competente; c) que exista una falta de respuesta en un tiempo razonable; y, d) se haya exigido la respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida y no existan otras vías para lograr la pretensión. Sin embargo, la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, modulando el entendimiento de la SC 0310/2004-R, a efectos de la tutela del derecho de petición, en el Fundamento Jurídico III.3, exigió únicamente los siguientes requisitos: “…a) La existencia de una petición oral o escrita; b) La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud y, c) La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición”; sin embargo, con relación a este último requisito se aclara que: …dicho requisito es exigible cuando dichos medios de impugnación estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico con dicho objetivo, es decir, resguardar el derecho de petición; a contrario sensu, no será exigible cuando no existan esos medios; pues, se entiende que este derecho -como se tiene señalado- busca acercar al administrado al Estado, otorgando a la persona de un instrumento idóneo, expedito e inmediato para acudir ante el servidor público con la finalidad de requerir su intervención en un asunto concreto o de solicitar una determinada información o documentación que cursa en poder de esa autoridad. (…)

III.2.3. Plazo para emitir respuesta

La jurisprudencia constitucional desarrolló los siguientes casos: 1) En el término establecido por ley; y, 2) Cuando no está previsto un plazo en la norma para que la autoridad o servidor público emita respuesta, el derecho de petición se tiene por lesionado cuando la misma no es emitida dentro de un plazo razonable. En consecuencia, conforme el entendimiento expresado en los antecedentes, se resumen los requisitos mínimos para que a través de la acción de amparo constitucional, se dilucide la presunta vulneración del derecho a la petición y al agua.

III.3. Análisis del caso concreto

La accionante alega que se vulneraron sus derechos fundamentales al agua y a la petición, situación que se habrían realizado por parte de la empresa EPSAS, por cortes del servicio de acceso al agua potable en su domicilio, ubicado en la calle Felipe Estrella, zona Vino Tinto de la ciudad de La Paz, así como por la falta de una respuesta pronta y oportuna a sus reiteradas solicitudes que presentó.

Ahora, de la revisión de antecedentes, consta reporte histórico de lectura de atención al usuario por parte de la empresa EPSAS, desde el 24 de febrero de 2018 al 25 de abril de 2023, donde no consta observación de corte de servicio de agua potable; así también, se evidencia el pago de facturación hasta el mes de marzo del mismo año; asimismo, consta recibo de pago del servicio de agua potable hasta el mes de junio de 2023 (Conclusión II.1).

En calidad de prueba, Sofía Machicado Chura -accionante-, presentó la nota de 28 de abril de 2023, ante el Gerente General de EPSAS, por la que, pide rehabilitación de servicio de agua potable, afirmando que puso en conocimiento los atropellos sufridos por el corte del servicio de agua potable al Defensor del Pueblo, Comisión de Derechos Humanos y Defensor del Consumidor; mediante nota de 17 de mayo Ximena I. Laura Aduviri, en representación de la impetrante de tutela, pidió reporte de cortes e instalaciones debido a las constantes interrupciones del servicio de agua potable en el precitado inmueble ante el Gerente General de EPSAS; acta de queja verbal por parte de la accionante, ante la Unidad de Transparencia de EPSAS, de 6 de julio de 2023, en la que denunció el corte del servicio de agua sin previo aviso a raíz de una denuncia presentada por su vecino Félix Cusi Mamani, sin que se la haya notificado tal extremo, cortándole el servicio de agua sin seguirle un debido proceso (Conclusión II.2).

También se presentó Acta Notarial 32/2023 de 21 de julio, emitida por Félix Rómulo Tapia Cruz, Notario de Fe Pública 33, por la cual se evidenció que en el inmueble ubicado en la calle Felipe Esprella 928-A zona Vino Tinto de la ciudad de La Paz, no existe paso de agua, y que, conforme a la boleta de pago, el servicio de agua potable se encuentra a nombre de Sofía Machicado Chura (Conclusión II.4).

Finalmente, se tiene que la respuesta a sus requerimientos, se dio en la nota cite EPSAS INTERV.-GOP-RED-DIV.E-AGL-0263CAR/23 de 13 de abril, en la cual el Jefe de Redes y Saneamiento de la empresa EPSAS, se limitó a realizar un enunciado de las normas respecto al ejercicio de las servidumbres, llegando a concluir que el servicio del alcantarillado es un derecho fundamental, que no puede ser suprimido de manera unilateral, sin que se indique quién realizó tal acto y a que persona se afecta con el mismo, disponiendo el corte de servicio de agua potable al inmueble hasta la restitución de la conexión de alcantarillado establecido por paso de servidumbre (Conclusión II.3).

Ahora bien, conforme lo denunciado por la accionante, el Gerente Interventor de EPSAS hubiera vulnerado su derecho de acceso al agua, con los reiterados cortes del suministro de agua potable sin que exista un proceso previo para tomar tal medida (vías de hecho); y, que ante sus reiterados reclamos, no ha obtenido una respuesta fundamentada de parte de dicha autoridad vulnerando su derecho a la petición; correspondiendo en consecuencia analizar la problemática planteada.

III.3.1 Sobre la denuncia de las medidas de hecho por el corte del suministro de agua

Los datos consignados ut supra permiten concluir la existencia de la flagrante vulneración al derecho al agua, mismo que se encuentra citado en los arts. 16.I y 373.I de la Constitución Política del Estado CPE; toda vez que, la ahora accionante acreditó su derecho propietario del inmueble en el cual se procedió a los cortes de agua ilegales, contando con toda la legitimación que la ley establece para poder solicitar todos los reclamos pertinentes.

Asimismo, se tiene que la titular del bien inmueble, cuenta con todos los pagos del servicio del agua, conforme consta en el reporte histórico de lectura de atención al usuario por parte de la empresa EPSAS, teniéndose por cumplida la obligación adquirida respecto al suministro de agua potable, acorde se advierte de la documental adjunta.

A su vez, se tiene la constatación del corte de dicho servicio mediante el acta notarial presentada y el hecho de que tal extremo no fue negado por la indicada empresa que en su repuesta afirmó que tales cortes respondían a que la ahora accionante hubiera suprimido de manera unilateral el servicio de alcantarillado, aunque en dicha repuesta no especifica quien fue el afectado con tal acto atribuido a su persona; además que la autoridad demandada no remitió ningún informe ni se presentó en la audiencia a efectos de explicar tales actos.

En ese sentido, se tiene por demás acreditada la ilegalidad del corte de agua potable sin que haya existido un proceso previo ni exista un motivo fundado, pues la demandante no fue notificada de forma previa al corte con ninguna nota o carta, que advierta o comunique algún incumplimiento por su parte que de curso a la suspensión del suministro de agua; aspecto que llama la atención de sobre manera, porque se está vulnerando un derecho esencial y fundamental para la vida del ser humano, que no puede ser restringido sin ningún respaldo ni asidero jurídico mucho menos sin ser puesto a conocimiento de la titular del bien, puesto que también se estaría transgrediendo de forma conexa sus derechos a la alimentación, a la salud y al vivir bien, derecho último que la Constitución Política del Estado resguarda en su art. 8.II; por lo que, ante la constatación de tales extremos, se cumple con los requisitos de procedencia ante la denuncia de medidas de hecho, correspondiendo conceder la tutela impetrada.

III.4.1. Respecto a la vulneración del derecho a la petición

En el presente caso, la accionante presentó diversas notas, el 28 de abril y el 17 de mayo de 2023, denunciando la arbitrariedad de los referidos cortes de este servicio, solicitando a su vez la rehabilitación del servicio de agua potable, además de acudir con una queja verbal ante la Unidad de Transparencia de EPSAS, denunciado que tales cortes del servicio de agua se realizaban de forma reiterada, sin que se le notifique de los mismos, a raíz de una denuncia de su vecino que tampoco le fue notificada.

En relación con el análisis, es pertinente abordar la presunta vulneración del derecho a la petición, consagrado en el art. 24 de la CPE, que establece que toda persona tiene el derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquier autoridad competente y a obtener una pronta resolución, pues el mismo implica no solo la posibilidad de presentar una solicitud, sino también la obligación de la autoridad de emitir una respuesta formal, pronta y oportuna, independientemente que sea positiva o negativa.

Esta falta de respuesta constituye una vulneración al derecho de petición, conforme a lo establecido por la jurisprudencia constitucional, que considera lesionado este derecho cuando la autoridad no emite una respuesta en un tiempo razonable o simplemente no emite ninguna respuesta.

De lo señalado, se concluye que la accionante ha sufrido una vulneración a su derecho fundamental a la petición, respecto a las notas presentadas de forma reiterada ante la empresa EPSAS, pues las mismas no fueron contestadas de manera positiva ni de forma negativa; por lo que, a raíz de la falta de pronunciamiento de la empresa y la negación a la restitución al servicio de agua, la parte accionante realizó sus reclamos y denunció atropellos de forma escrita, formalizando su denuncia verbal pidiendo rehabilitación del servicio de agua potable de forma inmediata, puesto que dicho corte arbitrario, le causó un daño inminente, ante un derecho fundamental que no solo afectó a la accionante sino a toda su familia. Constatándose que ante tanta insistencia, únicamente se obtuvo una nota cite EPSAS INTERV.-GOP-RED-DIV.E-AGL-0263CAR/23 de fecha 13 de abril de 2023, en la que el Jefe de Redes y Saneamiento de EPSAS, de forma escueta se limita a realizar enunciados respecto al ejercicio de la servidumbre, sin proporcionar una respuesta oportuna, clara y precisa que esté acorde a lo reclamado por la accionante; empero, se advierte en la referida nota la disposición del corte de agua potable a su inmueble por parte de la prenombrada autoridad de EPSAS, hasta que se realice la conexión de alcantarillado establecido por paso de servidumbre; situación que acredita la flagrante vulneración del derecho a la petición, ya que la indicada respuesta, aparte de no ser clara, tampoco fue emitida por la autoridad ahora demandada. Aparte de ello, la accionante no fue notificada con la referida nota ut supra que disponía el corte de agua, debiendo tomarse en cuenta que dichas solicitudes no fueron solo de forma escrita sino también de forma verbal; aspecto que transgrede lo dictaminado en el art. 24 de la CPE; por lo que, corresponde conceder la tutela impetrada.

De lo expresado precedentemente, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta, ya que existe una falta de pronunciamiento respecto al derecho a la petición.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 152/2023 de 31 de julio, cursante de fs. 103 a 105 vta., emitida por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada respecto a la restitución del servicio de agua en los mismos términos establecidos por la referida Sala Constitucional y conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y,

2º Disponer que, en el plazo de setenta y dos horas, a partir de su legal notificación con el presente fallo constitucional, la empresa EPSAS responda de manera fundamentada y motivada los requerimientos de la accionante en las notas presentadas el 28 de abril y 17 de mayo de 2023. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

1 SCP 0046/2012 de 26 de marzo.

2 SCP 0132/2012 de 4 de mayo. 3La jurisprudencia constitucional expresada en la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, respecto a la excepción a la subsidiariedad en medidas de hecho ha expresado: “… debe inequívocamente flexibilizarse, para consagrar así la vigencia en este nuevo modelo de Estado, de un mecanismo de tutela pronto y oportuno que asegure un real acceso a la justicia constitucional y por ende una tutela constitucional efectiva para el resguardo de derechos fundamentales afectados por vías de hecho. Por los fundamentos antes expuestos, se concluye inequívocamente que las vías de hecho, constituyen una excepción a la aplicación del principio de subsidiariedad, por tanto, el control tutelar de constitucionalidad puede ser activado frente a estas circunstancias sin necesidad de agotar previamente otros mecanismos ordinarios de defensa, aspecto reconocido de manera uniforme por la jurisprudencia emanada en ejercicio del control de constitucionalidad y que debe ser ratificado por este Tribunal Constitucional Plurinacional”. Jurisprudencia ratificada por la SCP 0064/2018-S3 de 22 de marzo.

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1163_2025-S3.pdf · páginas 1 a 12.

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