B.IA.LEGAL

SCP 1163/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 13 de octubre de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
13 de octubre de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
47597-2022-96-AL
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la defensa, a la garantía del debido proceso en su elemento de aplicación objetiva de la ley; y, a los principios de presunción de inocencia y minoría de edad; toda vez que, dentro el proceso que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, las autoridades demandadas incurrieron en las siguientes ilegalidades: 1) El Tribunal de Sentencia, El Fiscal de Materia y la Responsable de la DNA todos de Challapata del departamento de Oruro, violentaron su derecho al debido proceso en su vertiente de aplicación objetiva de la Ley; puesto que, desde el inicio de la investigación hasta la audiencia de apertura de juicio oral en el que se emitió el Auto Interlocutorio 15/2022 de 18 de marzo, se aplicó el Sistema Penal Común, cuando debía aplicarse el Sistema Penal para Adolescentes, al ser su persona menor de edad al momento de producirse los hechos investigados, situación que no fue considerado por el Fiscal de Materia, la DNA y menos por el Tribunal de Sentencia, pese a que tenían la obligación de respetar las reglas del debido proceso aspectos que no ocurrieron en su caso, pues se lo procesa de forma indebida con un Sistema Penal equivocado, violentando también el derecho al juez natural al no ser las autoridades llamadas por ley para juzgar el hecho, así establecido en el art. 5 del CP en relación con los arts. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2022 de 5 de mayo, cursante de fs. 80 a 86 vta., pronunciada por el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Challapata del departamento de Oruro, constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada en los mismos términos y condiciones vertidas por el Juez de garantías, y en base a los fundamentos jurídicos insertos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El enfoque interseccional para analizar la violencia hacia las mujeres, que busca equilibrar los derechos de víctimas e imputados, en sintonía con el deber estatal de eliminar toda violencia de género
  2. III.2. De la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. El rol de protección de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia
  3. III.3. La garantía general del debido proceso en su elemento defensa
  4. III.4. Sobre la presunción de inocencia
  5. III.5. La Subsidiariedad excepcional en la acción de libertad
  6. III.6. Legitimación pasiva en la acción de libertad
  7. III.7. El derecho a la libertad y las condiciones de validez para su restricción
  8. III.8. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1163/2023-S1 Sucre, 13 de octubre de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 47597-2022-96-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 01/2022 de 5 de mayo, cursante de fs. 80 a 86 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Eddy Quispe Espejo contra José Luis Quiroga Camacho, Ananías Gonzáles Ibáñez; y, Mary Cloty Morales Fernández, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal; Yolinda Chaca Cuiza, Responsable de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) todos de Challapata del departamento de Oruro; y, Edgar Poma Vallejos, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentando el 3 de mayo de 2022, cursante de fs. 14 a 18 vta., el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho.

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro el proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, el Fiscal de Materia, luego de haber tenido conocimiento del caso, el 12 de marzo de 2021 formuló en su contra acusación formal por el antedicho delito sancionado en el art. 308 bis del Código Penal (CP), por lo cual el Juez cautelar sin efectuar observaciones a los antecedentes -cédula de identidad y declaración informativa- el 17 del mismo mes y año remitió todo el expediente ante el Tribunal de Sentencia Penal de Challapata del departamento de Oruro en base al art. 325.I del Código de Procedimiento Penal (CPP); por lo que, dicho Tribunal de Sentencia, por Auto de 18 de abril de 2021 en apego al art. 340 del CPP, declararon la radicatoria de la causa, disponiendo la notificación al Ministerio Público, a la DNA como la víctima para la presentación de la acusación particular o la adhesión a la formal; siendo notificado su persona el 10 de noviembre del mismo año, tomando conocimiento del Auto de apertura de juicio oral el 22 de febrero de 2022, que había sido dispuesto para el 2 de marzo de igual año, es así que, una vez instalada la audiencia, determinando se ventile en primera instancia la aplicación de medidas cautelares de carácter personal y posteriormente el juicio; es así que, por medio de su defensa, observó la mala aplicación de la ley en cuanto al proceso en su totalidad; toda vez que, al momento de suscitarse el hecho era menor de edad la cual se corroboró por su cédula de identidad, declaración informativa y la entrevista a la víctima, aspectos que no fueron tomados en cuenta por el citado Tribunal de Sentencia, rechazando dicho argumento en el entendido de que la denuncia se presentó cuando ya contaba con la mayoría de edad, desconociendo el Sistema Penal para Adolescentes y por lo tanto disponiendo su detención preventiva con argumentos inapropiados, máxime cuando el Ministerio Público no presentó documentos que acrediten los riesgos procesales de fuga u obstaculización, señalando audiencia de juicio oral para el 18 de marzo de 2022. En ese contexto, una vez instalado la audiencia de juicio oral, presentó por medio de su defensa excepción de incompetencia e incidente de nulidad por defecto absoluto, señalando que el hecho se suscitó en dos oportunidades en las gestiones 2007 y 2016, cuando aún era menor de edad, y que en aplicación del art. 259 del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA) -Ley 548 de 17 de julio de 2014- debía ser procesado por el Sistema Penal para Adolescentes en base al art. 7 del mismo Código y conforme lo determina el art. 116.I de la Constitución Política del Estado (CPE), fundamento que también fue utilizado a momento de argumentar la excepción de incompetencia; puesto que el caso debía sustanciarse en el Juzgado de la Niñez y Adolescencia al ser competente, aspectos que no fueron considerados por el Tribunal, y basándose simplemente en el Auto Supremo 69/2016-RRC de 7 de marzo rechazó el antedicho incidente y excepción. Con todos estos actos, las autoridades demandadas vulneraron sus derechos a la libertad, a la defensa, a la garantía del debido proceso y a los principios de presunción de inocencia y minoría de edad; cometiendo las siguientes ilegalidades: a) El Tribunal de Sentencia Penal de Challapata, El Fiscal de Materia y la Responsable de la DNA todos de Challapata del departamento de Oruro, violentaron su derecho al debido proceso en su vertiente de aplicación objetiva de la Ley; toda vez que, desde el inicio de la investigación hasta la audiencia de apertura de juicio oral en el que se emitió el Auto Interlocutorio 15/2022 de 18 de marzo, se aplicó el Sistema Penal Común, cuando debía aplicarse el Sistema Penal para Adolescentes, al ser su persona menor de edad al momento de producirse los hechos investigados, situación que no fue considerado por el Fiscal de Materia, la DNA y menos por el Tribunal de Sentencia, pese a que tenían la obligación de respetar las reglas del debido proceso aspectos que no ocurrieron en su caso, pues se lo procesa de forma indebida con un Sistema Penal equivocado, violentando también el derecho al juez natural al no ser las autoridades llamadas por ley para juzgar el hecho, así establecido en el art. 5 del CP en relación con los arts. 7 y 262 del CNNA; b) El citado Tribunal de Sentencia emitió el Auto Interlocutorio 09/2022 de 2 de marzo, en el cual dispuso su detención preventiva sin contar con la competencia jurisdiccional debida, vulnerando con dicho acto su derecho a la libertad; c) El Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, violentó su derecho a la libertad tras haber pronunciado el Auto de Vista 87/2022 de 12 de abril, por el cual determinó ratificar el Auto Interlocutorio 09/2022, por lo cual se encuentra detenido preventivamente de forma ilegal por el tiempo de casi dos meses; y, d) Se vulneró los principios de presunción de inocencia y de minoría de edad; toda vez que: 1) El Fiscal de Materia, no produjo pruebas con las que se demuestre la concurrencia de los riegos procesales de fuga y obstaculización en la audiencia de medidas cautelares; 2) El señalado Tribunal de Sentencia, pese a no existir una sentencia condenatoria o flagrancia, sin tomar en cuenta las pruebas documentales presentadas, dispusieron sin competencia su detención preventiva, sin considerar los argumentos de su defensa en la audiencia de medidas cautelares; y, 3) El referido Vocal de la Sala Penal, al haber emitido el Auto de Vista 87/2022, indicó que debía plantear las excepciones e incidentes durante la etapa preparatoria o en el juicio oral, y que la simple mención del art. 7 de del CNNA no bastaba para disponer la declinatoria de competencia de los jueces, o determinar la nulidad del Auto 15/2022 de 18 de marzo para ordenar su libertad, sin tomar en cuenta que tiene la obligación de aplicar la norma más favorable a su persona cuando exista una duda sobre la aplicación de la ley.

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a la defensa, a la garantía del debido proceso y a los principios de presunción de inocencia y minoría de edad, citando al efecto los arts. 22; 23.I; 116.I y II; y, 120 de la CPE.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: i) Dejar sin efecto todo lo obrado hasta la presentación de la denuncia; ii) Declarar la nulidad de los Autos Interlocutorios 09/2022 de 2 de marzo y 15/2022 de 18 del mismo mes, pronunciados por el Tribunal de Sentencia Penal de Challapata del departamento de Oruro; iii) Determinar la nulidad del Auto de Vista 87/2022 de 12 de abril, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; iv) La restitución de su derecho a la libertad; y, v) Disponer la remisión de los antecedentes del proceso al Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia de Challapata del citado departamento para que tome conocimiento del caso.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 5 de mayo de 2022, según consta en acta cursante de fs. 76 a 79, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El impetrante de tutela a través de su abogado, ratificó en contenido in extenso de su acción de libertad.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

José Luis Quiroga Camacho y Mary Cloty Morales Fernández, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal de Challapata del departamento de Oruro, presentaron informe escrito el 5 de mayo de 2022, cursante de fs. 23 a 24, indicando que: a) Se pronunciaron sobre el caso en muchas oportunidades, pues, por medio del Auto Interlocutorio 09/2022, se dispuso la detención preventiva del acusado, emitiéndose en la misma fecha otra resolución aclarando respecto a la supuesta minoría, mismas que fueron objeto de recurso de apelación, y confirmadas por Auto de Vista 87/2022; b) De igual forma, se emitió el Auto Interlocutorio 15/2022, resolviendo una excepción sobreviniente de incompetencia y un incidente de nulidad por defecto absoluto, y por lo que en aplicación del Auto Supremo 69/2016-RRC, se resolvió señalando que un caso debe partir desde el momento de la denuncia formal y no cuando se hubiera cometido el hecho, demostrándose que no se está vulnerando ningún derecho o garantía del procesado, y que conforme al art. 344 del CPP se tiene que dicho incidente no era sobreviniente, pues de los antecedentes se tiene que el acusado conocía del proceso apersonándose tanto al Ministerio Público como al Juez cautelar sin plantear o presentar algún incidente, dilatando la etapa preparatoria, donde además fue declarado rebelde, y que cuando se hubo apersonado al Tribunal de Sentencia se llevó a cabo la audiencia de aplicación de medidas cautelares señalando que las partes podrían hacer su reserva de apelación restringida, aspecto que no fue realizado por el acusado; c) El impetrante de tutela trata de atribuir a todas las instancias jurisdiccionales la vulneración de sus derechos y garantías al debido proceso, pretendiendo conseguir la remisión de los antecedentes al Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, que procedimentalmente no corresponde; y, d) En relación a la SCP 0050/2017-S2 de 6 de febrero, no es aplicable al caso, pues la misma señala un hecho en la cual el presunto autor era menor de edad al momento de su detención y que no contaba con documentación que acredite su minoría de edad; mientras que, el presente caso deviene de un hecho de violación suscitado el 2016, cuando presuntamente el accionante era menor de edad; empero, la denuncia data del 2019, es decir, tres años después de ocurrido el hecho y cuando el impetrante de tutela contaba con la mayoría de edad, por lo que al no haber vulnerado derechos o garantías, solicitan se deniegue la tutela. Edgar Poma Vallejos, Fiscal de Materia, en audiencia, manifestó que: 1) No se fundamentó la forma en que se hubieran vulnerado sus derechos y garantías constitucionales, siendo simplemente un reclamo respecto a que no se hubiera iniciado el proceso con la Ley 548, sin argumentar cuales son los elementos constitucionales de su acción de defensa; 2) El peticionante de tutela podía haber solicitado un incidente de declinatoria de competencia en razón de materia pero no lo hizo, siendo de su exclusiva responsabilidad dichos actuados, máxime cuando el 1 de octubre de 2019 realiza su presentación espontánea ante el Juez cautelar teniendo conocimiento de todo el proceso y no efectuó ninguna acción por lo que rige el principio de preclusión y de convalidación al haber consentido todos los actos; y, 3) Cuando se presentó la denuncia el accionante ya contaba con la mayoría de edad, concluyéndose que no se vulneró ningún derecho constitucional, solicitando se deniegue la tutela. Yolinda Chaca Cuiza, Responsable de la DNA de Challapata del departamento de Oruro, en audiencia, indicó que: i) Presentó la denuncia contra el impetrante de tutela por lo cual el Ministerio Público dio inicio a las investigaciones y conforme al art. 314 del CPP tenía la oportunidad para plantear las excepciones e incidentes; ii) Efectuó su presentación espontánea indicando en su declaración informativa de 2 de octubre de 2019 que era mayor de 18 años, por lo que se presentó la imputación formal en su contra teniendo la oportunidad de plantear la nulidad de la imputación y al no hacerlo se presentó la acusación formal pudiendo presentar incidentes y excepciones para hacer prevalecer sus derechos y garantías; empero no fueron interpuestas en momento oportuno; y, iii) El solicitar que sea procesado con la Ley 548 es incorrecto, pues la misma norma señala que los menores de edad no cometen delitos sino infracciones, y al ser el impetrante de tutela mayor de edad no puede ser conducido a un centro de rehabilitación, solicitando se deniegue la tutela. Ananías Gonzáles Ibáñez, Juez del Tribunal de Sentencia Penal de Challapata del departamento de Oruro, no presentó informe escrito ni se presentó a la audiencia de garantías, pese a su legal notificación cursante a fs. 20.

I.2.4. Resolución

El Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Challapata del departamento de Oruro, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 01/2022 de 5 de mayo, cursante de fs. 80 a 86 vta., denegó la tutela solicitada, bajo a los siguientes fundamentos: a) El imputado a momento de la denuncia contaba con 19 años de edad, conocedor de las normas, en la cual podía haber presentado el incidente de nulidad u otra figura jurídica para que no sea juzgado con el procedimiento común y al no hacerlo es un error atribuible a su persona, además fue declarado rebelde, para posteriormente recién en juicio oral plantear incidente de nulidad, existiendo una negligencia de parte del accionante, quien como mayor de edad conocía de las leyes; b) Luego de concluir la etapa preparatoria se acusa al peticionante de tutela con el Código de Procedimiento Penal, en la cual plantea incidente de nulidad, misma que fue resuelto en sus instancias, indicando en el de alzada que se tenía otra vía expedita para hacer valer sus derechos por medio de la declinatoria de competencia en razón de materia, y al no hacerlo trata de anular todo lo obrado, yendo en desmedro de la víctima menor de edad quien también debe protegerse sus derechos; c) Si bien es evidente que se debe aplicar la Ley 548, pues cuando se cometió el hecho el acusado era menor de edad contando con 16 años; empero, al conocer del caso siendo mayor de edad tenía la posibilidad de interponer incidentes con las cuales atacar la causa y al no hacerlo dejó transcurrir el tiempo de manera negligente, presentando incidentes de forma posterior, afectando los derechos de la víctima y el avance de la investigación; empero, el continuar acatando las normas del Código de Procedimiento Penal es incorrecto; d) No se ha indicado que vertiente del derecho al debido proceso fue vulnerado por los demandados; e) En cuanto al derecho a la defensa, el imputado tuvo la oportunidad de presentar todos los descargos, incidentes, los que incluso fueron rechazados y declarados infundados por los Tribunales Superiores, advirtiéndose que no existe conculcación a dicho derecho; f) Respecto a su derecho a la libertad y garantía del debido proceso, al existir un Auto de Vista emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por la cual el accionante peticiona su nulidad, se debe tener en cuenta que la presente acción de defensa no fue dirigida contra dicha Sala, equivocando su planteamiento de acción de libertad contra autoridades no demandadas y al no tener conocimiento y asumir defensa no se advierte vulneración alguna; g) En relación al Ministerio Público, si bien expidió una acusación errada en criterio del impetrante de tutela; empero, se lo emitió en base a los elementos de convicción colegidos en el cuaderno de investigaciones, en la cual el imputado podía haber asumido defensa cuando se lo notificó con la imputación formal, dejando pasar el tiempo, por lo que no existe algún actuado que lesione derechos; h) Sobre la DNA, dicha institución actuó iniciando la acción penal a denuncia de la abuela de la víctima, no existiendo alguna afectación a los intereses o derechos del accionante; i) En cuanto al Tribunal de Sentencia Penal de Challapata del departamento de Oruro, actuaron en base al proceso penal común tras haber recibido la acusación, sin que el imputado haya en algún momento presentado el incidente de declinatoria de competencia en razón de materia, actuando apegados a la norma que en su momento no fueron denunciadas pese a haber prestado su declaración informativa; j) Respecto a la SCP 0050/2017-S2 de 6 de febrero, la cual señala que la presunción de minoridad se aplica cuando una persona es imputada como mayor de edad, en el caso no se aplica, puesto que el imputado a momento de conocer la denuncia tenía todas las facultades para asumir defensa; y, k) Sin embargo se debe tomar en cuenta que la Ley 548 está en vigencia desde el 17 de julio de 2014, por lo que en aplicación de los arts. 4 y 267 de la merituada Ley y sobre los principios pro persona o de favorabilidad, se debe actuar de forma objetiva, debiendo reconducirse el trámite que se ventila en el citado Tribunal de Sentencia a las normas especiales de la Ley 548, por lo que en el plazo de veinticuatro horas dicho Tribunal sin una audiencia debe dictar resolución sin anular ningún antecedente de las anteriores resoluciones, así como la situación jurídica del accionante, siguiendo el entendimiento del Auto de Vista 87/2022, disponiendo declinar competencia en razón de materia y remitiendo antecedentes al Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia de Challapata para que se tramite la causa en dicha jurisdicción debiendo reconducir la causa conforme los antecedentes del caso.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Certificado de Nacimiento de Eddy Quispe Espejo -ahora accionante-en la cual se establece que nació el 23 de agosto de 2000 (fs. 1). II.2. El 12 de septiembre de 2019, Erick Bruno Herrera Herrera, Fiscal de Materia, pone a conocimiento el inicio de investigaciones ante el Juzgado de turno de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Challapata el caso tipificado como violación de infante, niña, niño o adolescente contra Eddy Quispe Espejo (fs. 41), escrito que fue providenciado el 16 de septiembre de 2019 por el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Challapata del departamento de Oruro, señalando además que:

“…se hace conocer que el imputado tiene el plazo de 10 días para oponer las excepciones que señala el Art. 314 del CPP, modificado por la ley 586, si cree conveniente, computables a partir de su legal notificación con el inicio de investigaciones…” (sic [fs. 42]). II.3. Se tiene el Acta de Declaración Informativa de 2 de octubre de 2019, del ahora peticionante de tutela (fs. 43). II.4. Consta Imputación Formal de 14 de febrero de 2020, presentada ante el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Challapata del departamento de Oruro, por la cual Ximena Gladis Larama Rojas, Fiscal de Materia imputa a Eddy Quispe Espejo –ahora accionante-por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, solicitando la detención preventiva del mismo en el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro por el tiempo de seis meses (fs. 44 a 47). II.5. Por Auto 108/2020 de 10 de septiembre, la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de Salinas en suplencia legal del Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Challapata del citado departamento, declaró la rebeldía del ahora impetrante de tutela, determinando:

“1.- Expedir mandamiento de aprehensión en contra de Eddy Quispe Espejo, cuyo mérito se ordena que el mandamiento de aprehensión sea ejecutada por cualquier autoridad hábil y no impedida del Estado Plurinacional de Bolivia. 2.- El arraigo ante la Dirección Departamental de Migración, notifíquese a efectos de que proceda al correspondiente arraigo a nivel Nacional de Eddy Quispe Espejo.

3.- La conservación de los actuaciones y del instrumento o pieza de convicción, designándole como abogado defensor de oficio al profesional abogado Dr. Rodolfo Romay Ari…” (sic [fs. 50 y vta.]). II.6. El 15 de marzo de 2021, Edgar Poma Vallejos, Fiscal de Materia -ahora demandado-, presentó contra Eddy Quispe Espejo Acusación Formal por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, sancionado por el art. 308 bis del CP, solicitando se dicte sentencia condenatoria en apego al art. 365 del CPP a ser cumplida en el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro (fs. 51 a 55 vta.). II.7. Mediante Auto Interlocutorio 09/2022 de 2 de marzo, emitido por el Tribunal de Sentencia Penal de Challapata del departamento de Oruro -ahora demandados-, se dispuso:

“CONSIDERANDO.- A, efectos de emitir la correspondiente resolución este Tribunal de Sentencia, toma en cuenta y valora los siguientes elementos de convicción: 1.- Queda plenamente comprobado y evidenciado con relación al art. 233 en sus Núm. 1) y 2) del CPP., esto en el antecedente que de obrados se evidencia que en su momento oportuno se presento imputación formal por parte de la representación del Ministerio Público en contra del imputado Eddy Quispe Espejo, por el delito de Violación Niña, Niño o Adolescente, elementos de convicción que en la etapa de investigación o instructiva no fuere objetado por el imputado, esto en el antecedente que dicho imputado hubiera sido declarado en rebeldía inclusive y que a la fecha se tiene la Acusación Formal contra el referido acusado, vale decir que se tiene la relación fáctica de los hechos, en forma precisa, se tiene elementos de convicción que ahora son considerados como prueba, aspectos que serán comprobados por el Ministerio Publicó a lo largo del juicio oral que se desarrollara precedentemente. 2.- Con relación al plazo que se invoca por la parte acusada, a dicho efecto, debe tomarse en cuenta lo que dispone el art. 233 Primer Párrafo del CPP, que señala: En etapa de juicio oral y recursos, para que proceda la detención preventiva se deberá acreditar los riesgos procesales previstos en el numeral 2 del presente articulo. Vale decir la existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizara la averiguación de la verdad, no corresponde otorgar el plazo de duración de la detención preventiva incoado por el ahora acusado. 2.- Con relación al riesgo procesal inmerso en el Núm., 1) del art. 234 del CPP, Que el imputado no tenga domicilio o residencia habitual, ni familia, negocios o trabajo asentados en el país.- A, dicho efecto, este Tribunal toma en cuenta y valora, lo vertido por el Ministerio Público, cuando en la presente audiencia presenta un extracto de SEGIP, donde señala el domicilio que tuviera el acusado Eddy Quispe Espejo, señalando en la calle Beni y Rengel de Challapata, de donde se evidencia que no existe una dirección convencional o completa, es decir se tiene que acreditar con una calle principal donde seria su domicilio y dos calles que le colindan a esta, aspecto que no ocurre en el presente caso, ya que se trata de una dirección genérica. Así también se tiene en cuanto a su ocupación la de estudiante, sin embargo no ha venido a demostrar con documentación idónea que el mismo sería estudiante y que este tuviere un domicilio habitual y habitable, con esos antecedentes no se ha venido en demostrar con prueba documental idónea y fehaciente el domicilio y ocupación. Consecuentemente subsistente dichos riesgos procesales señalados. 3.- Con relación al riesgo procesal inmerso en el Núm. 2) del Art. 234 del CPP., Las facilidades de abandonar el país o permanecer oculto.- Este numeral va íntimamente ligado al Numeral 1) del art. 234 del CPP., por tanto no se ha venido en acreditar el arraigo natural correspondiente con el numeral 2). Consecuentemente subsistente dicho riesgo procesal. 4.- Con relación al riesgo procesal inmerso en el Numeral 7 del art. 234 del CPP., Peligro efectivo para la sociedad o para la víctima o el denunciante.- A, dicho efecto, es pertinente referirnos en cuanto a la imputación formal contra el imputado, cuando en forma precisa se refiere: Que existe un informe psicológico que la menor señala: el peligro inminente que estaría corriendo cuando ocurrieron los hechos suscitados, cuando señala: Que su agresor le hubiera señalado que Deje de hablar macanas, te voy a matar. Así mismo la menor menciona: No quiero vivir con el Eddy tengo miedo pienso que me puede hacer algo cuando estoy sola con él, me escapo me voy donde mi vecina. Consecuentemente a criterio de este Tribunal se encuentra plenamente acreditado el presente riesgo efectivo para la víctima menor de edad. 5.- Con relación al riesgo procesal inmerso en el Numeral 1) del art. 235 del CPP, Que el imputado destruya, modifique, oculte, suprima o falsifique dicho riesgo procesal, va en estrecha relación con el Numeral 2) Que el imputado amenace o influya negativamente sobre los participes, víctima, testigos o peritos, a objeto de que informen falsamente o se comporten de manera reticente.- A, dicho efecto, se debe partir de los elementos precedentemente referidos, que existe un Informe Psicológico, que se señala en la imputación formal, donde evidencia que existe amenazas por parte de su agresor hacia la menor, cuando le refiere que deje de hablar macanas si no la va a matar. Por otro lado, también se debe tomar en cuenta que a la fecha el presente proceso penal, se encuentra a instancias de entrar a juicio oral propiamente dicho, donde se requerirá la comparecencia de la víctima, testigos y por sobre todo prueba literal que deberá ser incorporada por el ministerio público y las partes, de donde se advierte que el ahora acusado puede influir negativamente en la víctima o testigos al momento que se les convoque a declarar, esto en consideración que de acuerdo a la acusación del Ministerio Público, se encuentra ofrecida la víctima y otros testigos que van a venir a declarar en el presente juicio oral, así como también el acusado pueda suprimir u ocultar elementos de prueba, en este caso como son los testigos a presentarse. Consecuentemente a criterio de este Tribunal, se encuentra plenamente acreditado los riesgos procesales señalados. Asimismo, se debe dejar presente, que este tribunal toma en cuenta conforme a lo que establece el Art. 60 de la Constitución Política del Estado, vale decir es deber del estado y la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior del niño o adolescente y comprender la preminencia en sus derechos, la primacía de recibir, protección o socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados y acceso a una justicia pronta y oportuna y con asistencia de personal especializado. Así también, se tiene con relación a la Ley 1173, Art. 1ero.- Donde refiere, la presente ley tiene por objeto, procurar la pronta y oportuna resolución de los conflictos penales, adoptando el efecto medidas indispensables para profundizar la oralidad para fortalecer la lucha contra la violencia familiar, niños adolescentes y mujeres, evitando el retardo procesal y el abuso de la detención preventiva, la efectiva tutela judicial de las víctimas, mediante la modificación de la Ley 1970 de 25 de marzo de 1999. Que, por otro lado también se tiene con relación a la Ley 348 con relación al Art. 4 principios y valores, referente al principio de informalidad, vale decir en todos los niveles de la administración pública, destina prevenir, atender, detectar, procesar y sancionar, cualquier forma de violencia hacia las mujeres, no se exigirá el cumplimiento de los requisitos formales o materiales que entorpezcan el proceso de restablecimiento de los derechos vulnerados y la sanción a los responsables. (…) …la DETENCIÓN PREVENTIVA DEL ACUSADO ADDY QUISPE ESPEJO A CUMPLIRSE EN EL RECINTO PENITENCIARIO DEL PENAL DE SAN PEDRO de la ciudad de Oruro, esto como medida precautoria…” (sic [fs. 62 vta. a 66]). II.8. A través de Auto de Vista 87/2022 de 12 de abril, Julio Huarachi Pozo,

Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dispuso declarar improcedente el recurso de apelación incoada por el ahora accionante y confirmó el Auto Interlocutorio 09/2022, bajo los siguientes fundamentos:

“FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN: 1°.- Que, efectivamente por Resolución Judicial N° 9/2022, de 9 de marzo de 2022, el tribunal inferior, ordena la detención preventiva del hoy acusado Eddy Quispe Espejo, en la forma como se ha resuelto en el contexto del auto impugnado, como consecuencia de esa situación jurídica, se interpone el recurso de apelación en los de la materia, conforme al contexto por el apelante, así como a la contestación por parte contraria, en esta audiencia judicial, corresponde responder en los siguientes términos. 2°.- Consideramos que, en observancia del art. 398 del Código de Procedimiento Penal, el tribunal de apelación, solamente abre competencia en observancia de los agravios, en consecuencia los demás aspectos no invocados en esta audiencia quedaran incólumes a los efectos de la presente resolución, de tal manera que, en el caso que nos ocupa, la problemática jurídica así identificada, es en sentido de que, el acusado Eddy Quispe Espejo, en el momento de la comisión del delito, era menor de edad, por lo que no sería aplicable este procedimiento común, en ese sentido, tendría que anularse esta resolución impugnada, esa es la situación incidental. Al respecto, debemos señalar las siguientes consideraciones de orden legal, vía control de logicidad, el presente proceso penal, se encuentra en etapa del juicio oral, en consecuencia en el momento de los incidentes, el acusado debió haber formulado vía incidente la incompetencia del Tribunal de Sentencia Penal de la localidad de Challapata, si acaso correspondiera, en razón que, en esta audiencia juridicial, así analizados vía control de logicidad, no encontramos por ejemplo el certificado de nacimiento que se constituye en una prueba idónea que determine que el hoy acusado, en el momento de la comisión del hecho tenía esa edad, por lo tanto, se podía haber solicitado vía incidente la declinatoria de competencia por razón de materia, eso es lo que correspondía; empero, lamentablemente una vez instalado el juicio oral, no la ha planteado, en consecuencia esa situación jurídica debe resolverse en el tribunal del juicio en este caso en concreto, reitero si acaso correspondiere en observancia del análisis del contexto en el fondo del litigio; más allá que el apelante no argumentó cuando se hubiesen suscitado los hechos motivo de juzgamiento penal.

3°.- Asimismo, también vía control de logicidad, el caso analizado se tiene que la comunicación de inicio de investigación data del 12 de septiembre de 2019, el imputado presto su declaración donde señala que, tiene 18 años, y que a la misma asistió con su abogado Richard Choquevillca, he indica de que tiene 18 años, luego hay otros datos, en sentido que fue notificado para que asista a la audiencia cautelar en fecha 25 de agosto de 2020, y desde entonces lamenta este tribunal de apelación, que no ejercite sus derechos y garantías que tiene el acusado para que plantee de que este caso, si acaso correspondiere, o para que se tramite con el Código de Niña, Niño o Adolescente, en la jurisdicción especial, empero, no ejercito ese derecho, en ese contexto, afirmamos categóricamente, vía apelación cautelar, no podemos ordenar que este proceso penal, por ejemplo sea remitido directamente, ante el Juez de la Niñez y Adolescencia, toda vez que, quebrantaríamos las reglas del debido proceso, de manera que, no se puede ordenar vía apelación cautelar que un determinado tribunal o juez conozca directamente sin haberse formulado previamente el tramite pertinente vía incidental o vía excepción, que lamentablemente reitero, el acusado no ejercito esos derechos, pese al transcurso de la etapa preparatoria e incluso se tiene la acusación y en etapa de juicio oral el tribunal de la causa viene conociendo el contexto de la acusación, indicando de que tiene 18 años, así se tiene en la declaración del imputado, entonces de manera lógica, razonablemente tomo conocimiento el mismo, es decir, para fines de que si el imputado en el momento de la comisión del delito, que tampoco lo ha precisado vía fecha y hora en esta audiencia judicial, pues podía haberse reclamado en el inicio de la audiencia de juicio oral, que no lo ha planteado el reclamo que hoy hace vía apelación cautelar, toda vez que, de los datos del proceso en este caso en concreto, el imputado tiene 18 años de edad. 4°.- Por otro lado, respondiendo a la parte de la DNA y orientando a los sujetos procesales; casos como este, necesariamente debe resolverse las cuestiones de competencia en apego al procedimiento, conforme a las reglas incidentales que se tiene a través del Código de Procedimiento Penal, por lo tanto, no es posible que, directamente un tribunal de apelación, en audiencia cautelar este resolviendo porque se remita a dicho Juzgado de la Niñez y Adolescencia, y respondemos a la DNA, no habría norma legal o que el Tribunal de Sentencia debe juzgar este caso, tampoco es así; toda vez que, es necesario examinar sobre la problemática jurídica planteada por el imputado vía incidental con prueba idónea, estableciendo la edad del presunto autor, como decía la defensa “infractor”, en audiencia cautelar, lo único que tenemos en el cuaderno de apelación es que el hoy acusado tendría “18 años de edad”, en consecuencia los reclamos efectuados con prueba idónea, abren la posibilidad de formularse la excepción de incompetencia por razón de materia, en consecuencia este tribunal de apelación aclara esta situación jurídica no ejercitada por el acusado en los de la materia. 5°.- Por otra parte, respondiendo a la representación del Ministerio Público, respecto al art. 122 del Texto Constitucional, o de la parte acusada cuando se refería; “nadie puede usurpar los derechos, los actos son nulos”, para plantear esa figura jurídica de carácter Constitucional, se debe observar el Código Procesal Constitucional, toda vez que, en la jurisdicción ordinaria, esa disposición legal, no es aplicable, eso también debe quedar claro, porque hacemos confundir a los tribunales de justicia manejando disposiciones legales cuando tiene su propio procedimiento y reitero en el caso de autos, el acusado cuestiona el juez natural y vía apelación cautelar, no es posible atender la misma. 6°.- Finalmente, en los demás alegados que ha vertido la parte apelante son genéricos, de tal manera que, el tribunal de apelación, no tiene la obligación de responder a cuestiones generales, en consecuencia los riesgos procesales adoptados por el tribunal de la cusa quedaran incólumes, porque no nos ha indicado, por ejemplo a los efectos de la doctrina legal aplicable, señala que, no solo hay que denunciar los derechos y garantías vulnerados, sino también, como deben aplicarse una determinada disposición legal, en el caso de las pruebas, aquellos vinculados a los riesgos procesales, se debe señalar, como debe valorarse una determinada prueba, de manera que, en el caso analizado, no nos ha indicado que pruebas no se hubiesen valorado a los efectos de acreditarse o desvirtuarse algún determinado riesgo de fuga, en ese sentido, los razonamientos expuestos en el auto de detención preventiva, quedaran incólumes por no haber sido debatidos de manera específica en la forma que señala la jurisprudencia.

POR TANTO

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, en observancia de la Ley N° 1173, declara IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por el acusado Eddy Quispe Espejo, en consecuencia se CONFIRMA la Resolución Judicial N° 9/2022 de 2 de marzo de 2022, de fs. 68 vta. a 72, del testimonio de apelación, dictado por el Tribunal de Sentencia N° 1, de la localidad de Challapata.. (…). DR. JULIO HUARACHI POZO: (Presidente de Sala Penal Segunda): VISTOS.- Se tiene presente. Con relación a la presunción de minoridad, nadie está entrando a la problemática del fondo sobre ese tema, ni siquiera nos ha dicho el apelante cuando es su fecha de nacimiento, que edad tenía en el momento del hecho, cuando fue la comisión del delito, a los efectos de tener el recurso de apelación, hay que ser claros, por ese motivo hechos señalado, lo único que se tiene en el proceso es “18 años”, esa es la prueba que dice en la declaración entre otras, el tribunal de apelación, no tiene la obligación de suplir los defectos del apelante, por eso decíamos para mayor entendimiento, el tribunal de apelación, solamente se pronuncia sobre los agravios, concretos y específicos, las generalizaciones no son tutelables, hasta ahí hechos sido claros, por eso le orientábamos a los efectos de formular el incidente, hay que presentar prueba idónea por determinación de la ley, no por presunción de inocencia este caso vamos a declinar competencia, eso también se orienta, más allá de no estar especificado los hechos. Con relación a la Sentencia Constitucional al que ha hecho referencia, podía haber sido análogo, siempre y cuando hubiese sido concreto y específico, esto para que el tribunal inferior, tome convicción sobre estos elementos que hacen a que se debe aplicar el Código Niña, Niño o Adolescente, la labor de contraste jurisprudencial, es más para mayor conocimiento y en otrora que venga a las apelaciones, también hechos señalado la labor de contraste, no solo es describir y para la analogíca deben concurrir el hecho factivo y el hecho jurídico análogos, no nos ha explicado de qué manera sería análogo, por eso en materia penal, para una vez más clarificar, que rige la estrictez necesaria en apelación, no podemos obrar de oficio, por ejemplo ordenar al tribunal de juicio, directamente de que se vaya ante el Juez de la Niñez y Adolescencia, seria saltar actos procesales, crear un caos jurídico, como la moscolanza citada por el 122 del Texto Constitucional de igual manera, no tiene sentido para la aplicación al caso analizado. Con esas aclaraciones ha concluido esta audiencia judicial” (sic [fs. 34 a 36]). II.9. Cursa Auto Interlocutorio 15/2022 de 18 de marzo, pronunciado por el Tribunal de Sentencia Penal de Challapata del departamento de Oruro, por la cual desestimaron el incidente de nulidad por defecto absoluto y la excepción de incompetencia incoada por el accionante, bajo los siguientes términos:

“CONSIDERANDO II.- Que a efectos de poder resolver, este incidente sobreviniente incoado por la parte acusada, se hace referencia con relación al artículo 314 y 345 del Código de Procedimiento Penal, que refiere, todas las cuestiones incidentales sobrevinientes conforma a las reglas de los artículos 314 y 315 del presente Código, serán tratadas en un solo acto, a menos que el Tribunal resuelva hacerlo en sentencia. A dicho efecto, se plantea el incidente por defecto absoluto y excepción de incompetencia. A, dicho efecto, es pertinente referirnos en primera instancia a lo que dispone y señala la Acusación Formal cursante en obrados, presentado por el ahora fiscal, Dr. Edgar Poma Vallejos, referente al hecho que se estaría conociendo en juicio oral ya iniciado, por este Tribunal de Sentencia, señala: Que, en fecha 10 de septiembre del año 2019 a horas 22:00 p.m., la abuela ahora denunciante señora Emiliana Quelca Sebastián de Espejo, hubiera en este caso interpuesto la denuncia, eso a dependencias de la FELCV y demás instituciones anexas al presente actuado, denunciando el hecho suscitado en contra de Eddy Quispe Espejo, señalando que hubiera sido en dos ocasiones que hubiera sufrido agresión sexual su nieta de 12 años de edad, por parte de su propio hermano Eddy Quispe Espejo, vale decir el año 2007 y el otro en el año 2016, con dicho actuado pertinente el ministerio público formaliza la acusación formal en contra de Eddy Quispe Espejo, a objeto de que pueda en este caso ser sometido a un proceso de juicio oral y ordinario, vale decir en el Tribunal de Sentencia. Sin embargo, la parte acusada hace referencia en este caso a la documentación que presenta en la audiencia, señalando que con relación a los hechos suscitados, vale decir, el año 2007 y 2016, el ahora acusado sería una persona menor de edad, vale decir, adjuntando formulario de empadronamiento nacido en fecha 22 de agosto del año 2000, así también se tiene el acta de declaración informativa en dependencias de la fiscalía, en forma precisa hubiera dado su fecha de nacimiento, así también adjunta su cédula de identidad dónde se evidencia su nacimiento en fecha 21 de agosto del año 2000, que tiene certificado de nacimiento. Consecuentemente, haciendo una interpretación lógica de la acusación formal y pública que hubiera presentado el Ministerio Público y por otro lado las pruebas que hubiera adjuntado la parte acusada en sentido de que al momento de la denuncia fuera una persona menor de edad y que necesariamente debería tener otro tratamiento, vale decir esto en el Juzgado de la Niñez y Adolescencia, sin embargo, debemos dejar en claro que existe en este caso jurisprudencia emitida a través del Auto Supremo N°69/2016-RRC, de fecha 7 de marzo, donde en forma clara y precisa orienta en estos casos peculiares, como es el presente, donde refiere directamente que tratándose, de qué el hecho que se hubiera denunciado, vale decir, cómo el presente caso en fecha 10 de septiembre del año 2019, al momento de la denuncia pertinente el ahora acusado ya sería persona mayor de edad y qué necesariamente está acusación con los datos pertinentes que se hacen referencia, ya se trataría de una persona mayor de edad, aún, cuando en la relación de los hechos y tratándose o hubiera en este caso cometido como una persona menor de edad, pero se vuelve a reiterar, se orienta de que debe partirse del momento mismo de la denuncia formal, consecuentemente, al haberse puesto en práctica y vigencia legal, del señalado Auto Supremo referido, este Tribunal de Sentencia, no estaría vulnerando ningún derecho y garantía del acusado, esto con relación al presente juicio oral ya iniciado conforme manda el art. 344 del CPP., dejándose presente, que dicho incidente planteado por el acusado, no tendría las características de ser sobreviniente, ya que conforme cursa en el cuaderno de investigaciones, el ahora acusado, ya se hubiera apersonado ante el Juez Cautelar y Ministerio Público, con su defensa técnica respectiva, sin embargo no hubiera planteado, menos presentado incidente alguno como es el presente, es más el acusado ha ido dilatando la etapa preparatorio o investigativa, ya que se puede advertir que existe una resolución donde se dispone la rebeldía del ahora acusado, y recién pudo apersonarse ante este Tribunal de Sentencia, inclusive sin haberse dispuesto la aplicación de las medidas cautelares, que tuvo que realizarse por este Tribunal de Sentencia en primera instancia y antes de ingresar a juicio oral. Advirtiéndose al respecto y conforme orienta el Auto Supremo No. 69/2016-RRC, y sin el ánimo de poder adelantar un criterio del presente juicio oral y a instancias de emitir la sentencia correspondiente, este Tribunal, debe atenuar la pena cual prescribe el artículo 268 numeral 1) del Código Niña, Niño o Adolescente.

POR TANTO

.- Consecuentemente, por los fundamentos precedentemente establecidos, este Tribunal de Sentencia de Challapata, con voto uniforme de los jueces técnicos componentes, DESESTIMA y dispone no ha lugar, el incidente en este caso planteado por el acusado de nulidad por defecto absoluto, así como también por incompetencia, qué hubiera planteado el acusado Eddy Quispe Espejo. La presente resolución o es susceptible de apelación incidental, pudiendo las partes hacer uso de su reserva de apelación restringida si el caso amerita…” (sic [fs. 69 vta. a 71]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la defensa, a la garantía del debido proceso en su elemento de aplicación objetiva de la ley; y, a los principios de presunción de inocencia y minoría de edad; toda vez que, dentro el proceso que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, las autoridades demandadas incurrieron en las siguientes ilegalidades: 1) El Tribunal de Sentencia, El Fiscal de Materia y la Responsable de la DNA todos de Challapata del departamento de Oruro, violentaron su derecho al debido proceso en su vertiente de aplicación objetiva de la Ley; puesto que, desde el inicio de la investigación hasta la audiencia de apertura de juicio oral en el que se emitió el Auto Interlocutorio 15/2022 de 18 de marzo, se aplicó el Sistema Penal Común, cuando debía aplicarse el Sistema Penal para Adolescentes, al ser su persona menor de edad al momento de producirse los hechos investigados, situación que no fue considerado por el Fiscal de Materia, la DNA y menos por el Tribunal de Sentencia, pese a que tenían la obligación de respetar las reglas del debido proceso aspectos que no ocurrieron en su caso, pues se lo procesa de forma indebida con un Sistema Penal equivocado, violentando también el derecho al juez natural al no ser las autoridades llamadas por ley para juzgar el hecho, así establecido en el art. 5 del CP en relación con los arts. 7 y 262 del CNNA; 2) El citado Tribunal de Sentencia, emitió el Auto Interlocutorio 09/2022 de 2 de marzo, por el cual dispuso su detención preventiva sin contar con la competencia jurisdiccional debida, vulnerando con dicho acto su derecho a la libertad; 3) El Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, violentó su derecho a la libertad tras haber pronunciado el Auto de Vista 87/2022 de 12 de abril, en la que determinó ratificar el Auto Interlocutorio 09/2022, por lo cual se encuentra detenido preventivamente de forma ilegal por el tiempo de casi dos meses; y, 4) Se vulneró los principios de presunción de inocencia y de minoría de edad; toda vez que: i) El Fiscal de Materia, no produjo pruebas con las que se demuestre la concurrencia de los riegos procesales de fuga y obstaculización en la audiencia de medidas cautelares; ii) El referido Tribunal de Sentencia, pese a no existir una sentencia condenatoria o flagrancia, sin tomar en cuenta las pruebas documentales presentadas, dispusieron sin competencia su detención preventiva, sin considerar los argumentos de su defensa en la audiencia de medidas cautelares; y, iii) El mencionado Vocal, al haber emitido el Auto de Vista 87/2022, indicó que debía plantear las excepciones e incidentes durante la etapa preparatoria o en el juicio oral, y que la simple mención del art. 7 del CNNA no bastaba para disponer la declinatoria de competencia de los jueces, o determinar la nulidad del Auto 15/2022 para ordenar su libertad, sin tomar en cuenta que tiene la obligación de aplicar la norma más favorable a su persona cuando exista una duda sobre la aplicación de la ley. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos denunciados son evidentes para conceder o denegar la tutela solicitada, desarrollando para ello los siguientes temas: a) El enfoque interseccional para analizar la violencia hacia las mujeres, que busca equilibrar los derechos de víctimas e imputados, en sintonía con el deber estatal de eliminar toda violencia de género; a.1) Respecto del enfoque interseccional para el análisis de la violencia hacia niñas y adolescentes, mujeres; b) De la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. El rol de protección de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia; b.i) Marco normativo de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; b.ii) Las Defensorías de la Niñez y Adolescencia y su rol de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia; c) La garantía general del debido proceso en su elemento defensa; d) Sobre la presunción de inocencia; e) La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad; f) Legitimación pasiva en la acción de libertad; g) El derecho a la libertad y las condiciones de validez para su restricción; y, h) Análisis del caso concreto.

III.1. El enfoque interseccional para analizar la violencia hacia las mujeres, que busca equilibrar los derechos de víctimas e imputados, en sintonía con el deber estatal de eliminar toda violencia de género

La descripción a las reflexiones constitucionales desarrollada en la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, fue realizada en la SCP 0268/2020-S1 de 5 de agosto, misma que, con un enfoque interseccional contiene argumentos garantistas y progresivos respecto de los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia a efectos de su aplicación mediante una perspectiva de género.

III.1.1. Respecto del enfoque interseccional para el análisis de la violencia hacia niñas y adolescentes, mujeres

La SCP 0394/2018-S2, en su Fundamento Jurídico III.1, con profundidad abordó este aspecto que se constituye en un elemento importante a tiempo de compulsar y tratar casos donde se advierta a mujeres víctimas de violencia. En ese sentido, la precitada Sentencia Constitucional Plurinacional, inicialmente señaló que el enfoque interseccional, es una herramienta útil para el análisis de la vulneración de derechos, y en especial la igualdad al presentarse elementos de discriminación, agregando al respecto que:

“…es posible tener una mirada plural de la discriminación y violencia hacia diversas categorías biológicas, sociales y culturales, como el sexo, el género, la clase, la discapacidad, la orientación sexual, la religión, la edad, la nacionalidad y otros ejes de identidad que se interaccionan en múltiples, y a menudo, en simultáneos niveles de discriminación y violencia, comprendiendo las desigualdades y necesidades de esta población en los casos concretos, las cuales pueden estar atravesadas por diversas identidades u otros factores, que las coloquen en situaciones mayores de subordinación, violencia o discriminación” (el resaltado es añadido). Asimismo, refirió que el enfoque interseccional, es incorporado gradualmente superando con ello el análisis unidimensional para alcanzar la interpretación múltiple de la discriminación en sus diferentes factores y categorías en cumplimiento a las recomendaciones de instrumentos internacionales como en el Sistema de Protección de Derechos Humanos de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará); en ese marco internacional, precisó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) aplicaron el enfoque interseccional al advertir factores de discriminación.

1 Este enfoque, permite analizar la discriminación y violencia hacia las mujeres, comprendiendo sus desigualdades y necesidades en casos concretos, como lo exige, además, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará), en cuyo art. 9 establece como criterio interpretativo sobre las obligaciones internacionales de los Estados, que éstos tendrán especialmente en cuenta, la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada, así, como embarazada, discapacitada, menor de edad, anciana o que se encuentre en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad (el resaltado es ilustrativo). 2 “…Así, la referida Corte IDH, en el Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, a través de la Sentencia de 25 de noviembre de 2006, sobre Fondo, Reparaciones y Costas, en el párrafo 259 inc. i), hizo referencia a la violencia sexual contra las mujeres que se encuentran bajo la custodia del Estado, señalando que: “…Las mujeres han sido víctimas de una historia de discriminación y exclusión por su sexo, que las ha hecho más vulnerables a ser abusadas cuando se ejercen actos violentos contra grupos determinados por distintos motivos, como los privados de libertad...”.

La misma Sentencia en el párrafo 292, también se refirió a las mujeres embarazadas que se encontraban en prisión, indicando que: “…Las mujeres embarazadas que vivieron el ataque experimentaron un sufrimiento psicológico adicional, ya que además de haber visto lesionada su propia integridad física, padecieron sentimientos de angustia, desesperación y miedo por el peligro que corría la vida de sus hijos…”. Asimismo, hizo referencia a las madres internas, indicando en el párrafo 330, que: La incomunicación severa tuvo efectos particulares en las internas madres. Diversos órganos internacionales han enfatizado la obligación de los Estados de tomar en consideración la atención especial que deben recibir las mujeres por razones de maternidad, lo cual implica, entre otras medidas, asegurar que se lleven a cabo visitas apropiadas entre madre e hijo. La imposibilidad de comunicarse con sus hijos ocasionó un sufrimiento psicológico adicional a las internas madres.

Del razonamiento desplegado por la mencionada SCP 0394/2018-S2, es posible puntualizar que el enfoque interseccional es un instrumento necesario y valioso para analizar, especialmente la vulneración del derecho a la igualdad, permitiendo visualizar de forma plural la discriminación y violencia en general hacia las mujeres; tomando en cuenta para ello, sus desigualdades y necesidades, haciendo eco, a través de ese análisis, sobre las exigencias a nivel internacional como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará), siendo uno de sus mandatos, el considerar el estado de vulnerabilidad de la mujer víctima de violencia, por razones diversas.

Reanudando, la aludida Sentencia Constitucional Plurinacional, refirió que, en el caso concreto (motivo de su análisis), al tratarse de una mujer víctima de violencia sexual adolescente, debe ser aplicado el enfoque interseccional, que permitirá comprender de mejor forma su vulnerabilidad e identificar criterios reforzados de protección plasmados en la Constitución Política del Estado e instrumentos internacionales; así respecto a la normativa internacional que rige la protección de niñas, niños y adolescentes, en el marco del art. 60 de la CPE, señaló que estos grupos etáreos gozan de especial protección y atención de sus derechos, debiendo en consecuencia ser atendidos con preferencia en los centros de salud, en la escuela, entidades judiciales, y por la Policía Boliviana, entre otros; en tal sentido, añadió que los estándares de protección internacional, son obligatorias para nuestro Estado, ya que a partir de los arts. 13 y 256 de la CPE, pueden ser aplicados de forma preferente y favorable; así, citó a dichos estándares internacionales como el art.19 de la CADH, que prevé medidas de protección para los menores; art. 16 del Por otra parte la Corte IDH, en el Caso González y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México, a través de la Sentencia de 16 de noviembre de 2009 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, en los párrafos 408 y 409, además de analizar la relación de la violencia de género con las relaciones sociales, culturales y económicas de discriminación, para caracterizar a las víctimas, también lo hizo respecto a las discriminaciones de género, pobreza y edad, al hacer referencia a los derechos de las víctimas menores de edad (…)

En el mismo sentido, la Corte IDH en los Casos Rosendo Cantú y Otra VS. México -Sentencia de 31 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas- y Fernández Ortega y Otros VS. México -Sentencia de 30 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas-, efectuó el análisis sobre la discriminación y violencia de las mujeres indígenas, estableciendo que debía garantizarse el acceso a la justicia de los miembros de las comunidades indígenas, adoptando medidas de protección que tomen en cuenta sus particularidades propias, sus características económicas y sociales, su situación de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, así como sus valores, usos y costumbres.

También cabe mencionar, el Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, en cuya Sentencia de 24 de febrero de 2012 sobre Fondo, Reparaciones y Costas, donde la Corte IDH hizo referencia a la discriminación sufrida por las mujeres con orientación sexual diversa; pues se impuso a la accionante, que en su condición de mujer atendiera y privilegiara sus deberes como madre (…)” 3. Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 19: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. Suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos en San José de Costa Rica, 1969. Entra en vigor el 18 de julio de 1978. A la cual Bolivia se adhiere mediante Decreto Supremo (DS) 16575 el 13 de junio de 1979, elevado a rango de Ley 1430 de 11 de febrero de 1993.

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -Protocolo de San Salvador-, que reconoce por un lado, el derecho a medidas de protección; y por otro, una obligación para el Estado referido a adoptar medidas especiales de protección a fin de garantizarles la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral; art. VII de la declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH), que regula sobre la protección y cuidado de los niños; Declaración de los Derechos del Niñoque en sus principios 8 y 9 prevé el derecho a la protección ante el abandono cruel y explotación, y la preferencia en recibir socorro y protección; y, el art. 39 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que en esencia dispone para los Estado el deber de adoptar medidas en favor de la niñez víctima de cualquier forma de abuso o explotación en el marco los mismos principios descritos en la referida Convención. Identificada y descrita la normativa del contexto internacional, la precitada SCP 0394/2018-S2, se refirió a la normativa vinculada a mujeres víctimas de violencia sexual y las específicas regulaciones conectadas a la violencia contra niñas y adolescentes; en dicha labor, razonó que el constituyente al haber incorporado el art. 15 en la Norma Suprema, reconoció un derecho especifico que deriva en la obligación para el Estado (en todos sus niveles) para investigar, socorrer y sancionar los actos de violencia contra la mujer; asimismo, agregó que:

“…el Estado al ratificar un convenio internacional de derechos humanos, adquiere la obligación de respetar y proteger los derechos reconocidos en dicho instrumento. Así, la Convención Belém Do Pará de 9 de junio de 1994, ratificada por Bolivia mediante Ley 1599 de 18 de agosto de igual año, se constituye en el primer Tratado Interamericano que reconoce la 4 Protocolo de San Salvador, art. 16: “Todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Todo niño tiene el derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias excepcionales, reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no debe ser separado de su madre. Todo niño tiene derecho a la educación gratuita y obligatoria, al menos en su fase elemental, y a continuar su formación en niveles más elevados del sistema educativo.” También, art. 15 con el título “Protección de la familia”; en el cual, es muy relevante la obligación de los Estados de brindar adecuada protección al grupo familiar, así dentro del numeral 2, literal c., indica: “adoptar medidas especiales de protección de los adolescentes a fin de garantizar la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral”. Suscrito en San Salvador de El Salvador, el 17 de noviembre de 1988, en el décimo octavo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Entró en vigor el 16 de noviembre de 1999. Ratificado por Bolivia mediante Ley 3293 de12 de diciembre de 2005. 5 Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, art. VII: “Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho a protección, cuidados y ayuda especiales”. Adoptada en la novena Conferencia Interamericana, celebrada en Bogotá, Colombia, 1948, conjuntamente con la constitución de la OEA. 6Declaración de los Derechos del Niño, Principio 8: “El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro”. Principio 9: “El niño deber ser protegido contra toda forma de abandono crueldad y explotación (…)”

violencia hacia las mujeres, como una violación de derechos humanos; en cuyo art. 7, consigna los deberes que tienen los estados, de adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre ellos, el de abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer, y velar, porque las autoridades y funcionarios se comporten de acuerdo a esa obligación... (…) …el art. 9 de dicha Convención establece, que los Estados tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, por ser menor de edad o estar en situación socioeconómica desfavorable” (negrillas son agregadas). Prosiguiendo, la precitada Sentencia Constitucional Plurinacional, al referirse sobre los estándares del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, vinculados con la violencia de género, se remitió a la Recomendación 19 pronunciada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de la CEDAW), que se constituye como una de las más relevantes al señalar que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide el goce de sus derechos y libertades en igualdad con el hombre, y que la violencia contra la mujer conlleva responsabilidad estatal en cuanto a la implementación de mecanismos necesarios de protección y prevención para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas; de igual forma la indicada jurisprudencia, respecto al acceso a la justicia de las mujeres señaló que:

“El mencionado Comité de la CEDAW, en la Recomendación General 33 de 3 de agosto de 2015, sobre el acceso de las mujeres a la justicia, examinó las obligaciones de los Estados Partes, para asegurar que éstas tengan acceso a dicho derecho, al advertir que existen obstáculos y restricciones que les impiden efectivizarlo en el marco de la igualdad; obstáculos que se producen en un contexto estructural de discriminación y desigualdad, debido a factores como los estereotipos de género, leyes discriminatorias, procedimientos interseccionales de discriminación, las prácticas y los requisitos en materia probatoria; limitaciones que constituyen violaciones persistentes a los derechos humanos de las mujeres. En dicha Recomendación, se hace referencia a la justiciabilidad, estableciendo que se requiere el acceso irrestricto de la mujer a la justicia, y para ello, recomienda que se debe mejorar la sensibilidad del sistema de justicia a las cuestiones de género, empoderando a las mujeres para lograr la igualdad de jure y de facto -de derecho y hecho-; asegurando que los profesionales de los sistemas de justicia, tramiten los casos, teniendo en cuenta las cuestiones de género; y, revisando las normas sobre la carga de la prueba, para asegurar la igualdad entre las partes, en todos los campos, en aquellas relaciones de poder que priven a las mujeres a la oportunidad de un tratamiento equitativo de su caso. El mencionado Comité de la CEDAW, también recomienda a los Estados Partes establecer y hacer cumplir recursos adecuados, efectivos, atribuidos con prontitud, holísticos y proporcionales a la gravedad del daño sufrido por las mujeres; recursos que deben incluir, según corresponda, la restitución -reintegración-, la indemnización -en forma de dinero, bienes o servicios- y la rehabilitación -atención médica, psicológica y otros servicios sociales-. Asimismo, establece recomendaciones específicas en la esfera del Derecho Penal, encomendando que los Estados ejerzan la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación, por todos los delitos cometidos contra mujeres, ya sea, perpetrados por agentes estatales o no estatales; garantizando que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas, tomando medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo, que las aliente a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos en su contra y participar activamente en los procesos; revisando las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer; y, mejorando la respuesta de la justicia penal a la violencia en el hogar” (el resaltado es ilustrativo). En ese marco, añadió que en el caso LC vs. Perú -octubre 2011-, la Decisión asumida por el Comité de la CEDAW, es un importante precedente por cuanto el referido Comité, además de abordar el derecho del aborto en casos de violencia sexual, reconoció la obligación de protección reforzada, que recae sobre las niñas, adolescentes y mujeres como mayores víctimas de violencia sexual. Sujetándose a la normativa internacional descrita, la mencionada SCP 0394/2018-S2, advirtió que conforme a la Ley 548 de 17 de julio de 2014, denominada Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), el Estado (multinivel)

8Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada por el Estado boliviano por la Ley 1100 de 15 septiembre de 1989. 9Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Caso L. C. vs. Perú, Comunicación 22/2009 de 18 de junio. Documento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) CEDAW/C/50/D/22/2009 (25 de noviembre de 2011). 10. “…cuyo objeto es garantizar el ejercicio pleno e integral de los derechos de la niña, niño y adolescente, implementando el Sistema Plurinacional Integral de la Niña, Niño y Adolescente (SPINNA), para garantizar la vigencia plena de sus derechos, mediante la corresponsabilidad del Estado, a través de todas sus instituciones públicas y privadas, en todos sus niveles, la familia y la sociedad. Este nuevo instrumento legal se basa en once principios; cuales son, interés superior, prioridad absoluta, igualdad y no discriminación, equidad de género, desarrollo integral, corresponsabilidad, ejercicio progresivo de derechos y especialidad. En el Capítulo VIII del citado Código, se desarrolla el derecho a la integridad personal y la protección contra la violencia a las niñas, niños y adolescentes, priorizando el resguardo contra cualquier forma de vulneración a su integridad sexual; disponiendo se diseñen e implementen políticas de prevención y protección contra toda forma de abuso, explotación o sexualización precoz. Así, el art. 145.I, establece que: “La niña, niño y adolescente, tiene derecho a la integridad personal, que comprende su integridad física, psicológica y sexual”. Por su parte, el art. 148.II inc. a) del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), respecto a este sector poblacional, prevé el derecho de ser protegidas y protegidos contra la violencia sexual; la cual es definida como: “…toda conducta tipificada en el Código Penal que afecte la libertad e integridad sexual de una niña, niño o adolescente”. Asimismo, el art. 157 del CNNA, en el marco del derecho de acceso a la justicia, establece: I. Las niñas, niños y adquiere una corresponsabilidad a través de sus instituciones, y las niñas, niños y adolescentes adquieren derechos y son sujetos de protección contra toda violencia, priorizando su resguardo. Por su parte, en referencia a la Ley 2033 de 29 de octubre de 1999 -Ley de Protección a las Víctimas de Delitos Contra la Libertad Sexual-; y, Ley 348 de 9 de marzo de 2013 -Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia-, refirió que estos actos legislativos contienen un conjunto de disposiciones en favor de las víctimas; entre ellas: La obligación de la autoridad que investiga delitos contra la violencia sexual, para ordenar las medidas necesarias de la protección a la víctima, sus familiares, dependientes y testigos entre otros; El establecimiento de mecanismos y medidas integrales de prevención, antención y reparación a mujeres en situación de violencia, implementando para ello, el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género (SIPASSE); La prioridad nacional del Estado en la erradicación de la violencia hacia las mujeres; y, La obligación de articular servicios, acciones y políticas integrales destinadas a la atención, sanción y erradicar todo tipo de violencia por parte del nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas (ETA). En ese marco, la antedicha SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, refirió que de acuerdo al contenido regulatorio del art. 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), en los delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes, el Ministerio Público debe brindar una protección inmediata a los mismos; además, puntualizó que:

“…si bien internamente tenemos un adecuado desarrollo normativo; sin embargo, es evidente que las disposiciones legales, en muchos casos, requieren ser interpretadas, considerando el contexto de violencia -estructural y concreta- de la víctima, así como su situación especial de vulnerabilidad. Es, en ese marco de interpretación, que tanto las autoridades judiciales, como del Ministerio Público y la Policía Boliviana, deben tomar en cuenta el enfoque interseccional, cuando se trate de niñas o adolescentes víctimas de violencia, a efectos de actuar inmediatamente, con prioridad, adoptando las medidas de protección que sean necesarias, evitando todas aquellas acciones que se constituyan en revictimizadoras y no tomen en cuenta el interés superior de la niña o la adolescente.

En ese sentido, el enfoque interseccional permite dar concreción al principio de igualdad, comprendido desde una perspectiva material; pues analiza las situaciones que colocaron a una persona, en el caso concreto, en mayores niveles de vulnerabilidad, con la finalidad de resolver el caso aplicando medidas, cuando corresponda, que permitan reparar y transformar las situaciones de subordinación, discriminación o violencia, no solo de la víctima en concreto, sino también, de todas las personas que se encuentren en situación similar” (el resaltado y subrayado es añadido). Prosiguiendo, la SCP 0394/2018-S2, en su Fundamento Jurídico III.2 bajo el título: “Sobre el riesgo procesal de fuga de peligro efectivo para la víctima o el denunciante en delitos relacionados contra la mujer” señaló que, al ser la detención preventiva meramente instrumental, la aplicación de su restricción resulta una excepcionalidad, debiendo concurrir simultáneamente las exigencias de los numerales 1 y 2 del art. 233 del CPP; así, en cuanto a los peligros de fuga y obstaculización, de acuerdo a los arts. 234 y 235, de la referida norma procesal penal, para decidir sobre su concurrencia, se debe realizar una avaluación integral de las circunstancias existentes, como el “peligro efectivo para la víctima o el denunciante”, previsto en el actual art. 234.7 del CPP. Asimismo, remitiéndose a la SCP 0056/2014 de 3 de enero, que declaró la constitucionalidad del entonces art. 234.10 -ahora 234.7- del CPP, señaló que, el peligro efectivo para la víctima o el denunciante debe ser materialmente verificable, suponiendo ello, la existencia de elementos comprobables sobre la situación de las víctimas; en tal sentido, agregó que, en supuestos de violencia contra las mujeres, corresponderá a los fiscales y autoridades judiciales desde una perspectiva de género, considerar 11“Sobre esta circunstancia, la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0056/2014 de 3 de enero -que declaró la constitucionalidad del art. 234.10 del CPP-, señaló en el Fundamento Jurídico III.5.3, que:

En definitiva, el peligro relevante en materia penal al que hace referencia la norma demandada, es la posibilidad de que la persona imputada cometa delitos, pero no el riesgo infinitesimal al que se refiere Raña y descrito en el Fundamentos Jurídicos III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, sino el riesgo emergente de los antecedentes personales del imputado por haberse probado con anterioridad que cometió un delito, lo que genera una probabilidad adicional de delinquir; más, esa situación es similar a la establecida en el art. 234.8 del CPP, referido a: “La existencia de actividad delictiva reiterada o anterior”; empero, aunque parecida no es similar, encontrando diferencia puesto que la norma demandada adicionalmente precisa que la situación de peligrosidad sea efectiva, mientras que la del art. 234.8 del CPP, precisa antecedentes criminales reiterados; en ese orden, es también necesario comprender la efectividad de la peligrosidad exigida por la norma demandada.

El concepto “efectivo” que se debe adicionar a la peligrosidad para que opere como fundamento de la detención preventiva por peligro de fuga, hace alusión, según el diccionario jurídico que utiliza este Tribunal, a un apeligro existente, real o verdadero, como contraposición a lo pretendido, dudoso, incierto o nominal; es decir a un peligro materialmente verificable, más allá del criterio subjetivo del juez, que puede ser arbitrario, por ello supone la asistencia de elementos materiales comprobables en la situación particular concreta desde la perspectiva de las personas y los hechos, por ello se debe aplicar bajo el principio de la razonabilidad y la proporcionalidad, no encontrando en ello ninguna inconstitucionalidad por afectación del debido proceso o de la presunción de inocencia consagrados constitucionalmente.

En consecuencia, el peligro efectivo, encuentra justificación en la necesidad de imponer medidas de seguridad a las personas que hubieran sido encontradas culpables de un delito anteriormente, pero no le sindica como culpable del ilícito concreto que se juzga, ni provoca que en la tramitación del proceso sea culpable del presunto delito cometido.

“la situación de vulnerabilidad o desventaja en la que se encuentre la víctima o denunciante respecto al imputado; las características del delito cuya autoría se atribuye al imputado; y, la conducta exteriorizada por éste, contra la víctima o denunciante, antes y posterioridad a la comisión del delito, para determinar si la misma puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos, tanto de la víctima como del denunciante”. En ese contexto, la referida SCP 0394/2018-S2, sostuvo que las medidas destinadas a desvirtuar los peligros de fuga del antes art. 234.10 (ahora art. 234.7) del CPP -peligro efectivo para la víctima o denunciante-, no debe significar una revictimización; por ello, los fiscales y jueces deben considerar que, en muchas veces, las garantías personales o mutuas solicitadas por los imputados para desvirtuar dicho riesgo, se constituyen en medidas revictimizadoras debido a que la víctima tiene que enfrentarse con su agresor, desnaturalizando además la protección que el Estado debe otorgar a las mujeres víctimas de violencia, ya que incluso, según el art. 35 de la Ley 348, ellas tienen el derecho de solicitar las medidas de protección, cuya finalidad, según el art. 32.I de la referida norma es: “…interrumpir e impedir un hecho de violencia contra las mujeres, o garantías, en el caso de que éste se haya consumado, que se realice la investigación, procesamiento y sanción correspondiente”; en tal sentido la mencionada SCP 0394/2018-S2, concluyo precisando tres aspectos a ser considerados, según los siguientes términos:

“Consiguientemente, a partir de todo lo explicado, en el marco de las medidas de protección exigidas al Estado boliviano, por las normas nacionales e internacionales, las autoridades fiscales y judiciales, deben considerar que: a) En los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido en el art. 234.10 del CPP, deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo; y, la conducta exteriorizada por éste contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos tanto de la víctima como del denunciante;

b) De manera específica, tratándose del delito de trata de personas, deberá considerarse la especial situación de vulnerabilidad de las víctimas que sufrieron engaño, fraude, violencia, amenaza, intimidación, coerción, abuso de autoridad, o en general, ejercicio de poder sobre ellas; y, c) En casos de violencia contra las mujeres, la solicitud de garantías personales o garantías mutuas por parte del imputado, como medida destinada a desvirtuar el peligro de fuga previsto en el art. 234.10 del CPP, se constituye en una medida revictimizadora, que desnaturaliza la protección que el Estado debe brindar a las víctimas; pues, en todo caso, es ella y no el imputado, la que tiene el derecho, en el marco del art. 35 de la Ley 348, de exigir las medidas de protección que garanticen sus derechos” (las negrillas corresponden al texto original).

De todo lo descrito y desarrollado por la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, citada y precisada en esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que, la misma contienen reflexiones constitucionales con un enfoque interseccional, que contribuyen en la tarea de reforzar y garantizar la protección de las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia conforme al bloque de constitucionalidad y la normativa nacional; lo cual, sin duda alguna, las sitúan dentro el ámbito de la doctrina del estándar más alto respecto a la protección de estos grupos altamente vulnerables; extremo, que conlleva a que dichos razonamientos, deben ser aplicados por las instancias investigativas (policiales y fiscales) y jurisdiccionales en todos los casos en los que se advierta como víctimas a mujeres, niñas, niños y adolescentes; cumpliendo de esta forma, con las exigencias internacionales a nuestro Estado, respecto de la obligación de actuar con la debida diligencia, para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, guiados a una finalidad mayor que es la erradicación total de la violencia y protección a las víctimas.

III.2. De la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. El rol de protección de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia

III.2.1. Marco normativo de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes

La protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes reviste gran importancia por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran; es así que, se generó un régimen jurídico amplio (internacional y nacional) de protección de los derechos de este grupo poblacional.

En tal perspectiva, en esta área, la Declaración de los Derechos del Niño que instó a los padres, a los hombres y mujeres individualmente y a las organizaciones particulares, autoridades locales y gobiernos nacionales a que reconozcan los derechos del niño y luchen por su observancia con medidas legislativas y de otra índole adoptadas progresivamente considerando -entre otros aspectos- que el niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad.

Por su parte, la Convención sobre los Derechos del Niño establece que todas las medidas concernientes a los niños que sean tomadas por las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, deberán considerar el interés superior del niño (art. 3). Asimismo, en el art. 19.1 se determina que:

“Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo” (las negrillas son añadidas).

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su art. 24.1 señaló que:

“Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado” (el resaltado es ilustrativo). Asimismo, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en la parte in fine del art. 7 establece que:

“…todo niño, tienen derecho a protección, cuidados y ayuda especiales”. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su art. 19 determina que: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado” (las negrillas son ilustrativas). Sobre el tema, en nuestra legislación también se determinó que el Estado tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos de los niños y adolescentes; así, la Constitución Política del Estado en su art. 60 consagra que:

“Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado” (las negrillas y el resaltado nos corresponden).

Por su parte, el Código Niña, Niño y Adolescente implementa un Sistema Plurinacional de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente (SIPPROINA), que se constituye en el conjunto articulado de instancias y servicios en todos los niveles del Estado (central, departamental y municipal) que desarrolla acciones intersectoriales a nivel público y privado para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, entre los cuales se encuentra el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional (ente rector), y las Defensorías de la Niñez y Adolescencia.

III.2.2. Las Defensorías de la Niñez y Adolescencia y su rol de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia

El marco normativo referido en el acápite precedente, revela la obligación del Estado de proteger y asistir los derechos del niño, niña y adolescente; estableciendo que la administración pública debe adoptar todas las medidas necesarias para dar efectividad a los derechos de este grupo etario. Ahora bien, para efectivizar el cumplimiento de la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, se tienen instituciones dependientes a nivel central, departamental y municipal, en este último nivel, se encuentran las Defensorías de la Niñez y Adolescencia que presta servicios públicos de defensa psico-socio-jurídica gratuitos, para garantizar a la niña, niño o adolescente la vigencia de sus derechos; institución conformada por equipos interdisciplinarios de abogados, trabajadores sociales, psicólogos y otros profesionales relacionados con la temática; cuyas atribuciones fueron establecidas en el art. 188 del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), entre las que se encuentran:

a) Interponer demandas, solicitudes, denuncias y recursos ante las autoridades competentes por conductas y hechos de violencia, infracciones, o delitos cometidos en contra de la niña, niño o adolescente, para tal efecto no se exigirá mandato expreso;

b) Apersonarse de oficio e intervenir en defensa de la niña, niño o adolescente ante las instancias administrativas o judiciales, por cualquier causa o motivo y en cualquier estado de la causa, sin necesidad de mandato expreso; (…)

h) Intervenir para que el daño ocasionado a niñas, niños o adolescentes sea reparado; (…)

t) Brindar orientación, apoyo y acompañamiento temporales a la niña, niño o adolescente.

Ahora bien, para ejercer las indicadas atribuciones en la atención de niñas, niños y adolescentes que hayan sufrido algún tipo de vulneración en su integridad sexual, las Defensorías de la Niñez y Adolescencia deben considerar algunos criterios de actuación, que fueron determinados en el “Protocolo de Prevención, Atención y Sanción a toda forma de Vulneración a la Integridad Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes”; tales como:

“En el marco de la prioridad absoluta el equipo interdisciplinario procurará la atención médica, psicológica o psiquiátrica de la niña, niño y adolescente desde el primer momento de conocido el hecho ilícito, en consideración de los antecedentes de cada uno de los casos. Procurará la información y orientación necesaria a la familia de la víctima sobre todas las acciones a ser desarrolladas en las instancias, instituciones y servicios de atención de violencia sexual a niñas, niños y adolescentes. En todos los casos, el equipo interdisciplinario de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, no negarán la atención de las niñas, niños y adolescentes a quienes se les ha vulnerado su derecho a la integridad sexual. En caso de que los mismos no correspondan a su jurisdicción inmediatamente de conocido los hechos y en consideración a la urgencia de cada uno de los casos, cuidará la integridad de la víctima, interpondrá la denuncia y realizará las acciones necesarias para precautelar todos los indicios para el inicio de las investigaciones. Un miembro del equipo interdisciplinario, especialista en violencia sexual realizará el acompañamiento y apoyo en todos los actos investigativos o judiciales en los que participe la niña, niño y adolescente. Gestionar y coordinar con el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Victima - SEPDAVI u otra unidad especializada, la atención durante y después del proceso penal para su recuperación psico-afectiva” (las negrilla son ilustrativas).

Asimismo, el “Protocolo de Prevención, Atención y Sanción a toda forma de Vulneración a la Integridad Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes” también estableció el procedimiento de protección y atención a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual en el marco de la ruta crítica interinstitucional; procedimiento que para el caso debe centrarse en la protección, seguimiento y acompañamiento brindados por las Defensorías de la Niñez y Adolescencia; en tal sentido, tenemos: a) PRIMERA FASE – IDENTIFICAR Y PROMOVER LA DENUNCIA

La DNA como institución receptora y promotora de denuncias relacionadas a hechos de violencia sexual, se encuentra encargada de velar y proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes; en tal sentido, garantiza la atención, protección legal, psicológica y social de la víctima. En cuanto a la función de promover la denuncia, la DNA debe realizar el acompañamiento y seguimiento a la víctima y sus familiares, proporcionándoles en todo momento un trato digno, sensible y respetuoso a sus derechos; en tal sentido:

“El acompañamiento y seguimiento son las acciones de ayuda y apoyo durante todo el proceso que las entidades promotoras de la denuncia, y con carácter obligatorio las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, deben brindar a la víctima y sus familiares, proporcionándoles en todo momento un trato digno, sensible y respetuoso de sus derechos. El acompañamiento que efectúa el equipo multidisciplinario de la DNA consiste en 1. Brindar contención emocional primaria de la niña, niño o adolescente

2. Realizar la evaluación psicológica de la víctima 3. Efectuar un diagnóstico social 4. Tanto el informe psicológico como social serán derivados al área legal de la DNA 5. Determinar medidas de protección y resguardo de la víctima.

De ser necesario, la DNA:

o En articulación con el SEDEGES derivará a la víctima a una Casa de Acogimiento, a un Centro Transitorio de la Alcaldía, o bien a otras instituciones que trabajan el tema.

o Coordinará acciones de rescate con la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos (UPAVT) y Policía. 6. Brindar terapias psicológicas a la víctima desde la apertura de la denuncia hasta la finalización del proceso penal. Asimismo, la DNA podrá coordinar con instancias, tanto gubernamentales (SEDEGES, CEPATs) como no gubernamentales especializadas en la atención de violencias, la realización de terapias psicológicas a la víctima para su tratamiento y restitución psico-emocional. 7. Presentar el caso a la fiscalía y hacer seguimiento del proceso penal en los estrados judiciales. 8. Viabilizar el tratamiento médico de la víctima cuando se requiera.

9. Solicitar a la Fiscalía la evaluación médico -forense y valoración psicológica de la víctima en cámara Gesell. 10. Concluir el proceso de restitución psico – emocional o el seguimiento que realizó a la institución pública o privada que atendió el caso, con un informe final en el que se determine que la persona ha concluido la terapia necesaria, y que por tanto se ha realizado su restitución psicoemocional.

Las y los funcionarios de la DNA deberán realizar un acompañamiento psico-social legal oportuno, con calidad y calidez durante todas las etapas y momentos que precise, ofreciendo seguridad y confianza desde el inicio del proceso pasando por su conclusión hasta llegar a obtener el resarcimiento integral del daño sufrido por la víctima “(las negrillas son añadidas).

b) SEGUNDA FASE – ETAPA PRELIMINAR DE INVESTIGACIÓN

En la presente fase, en caso de que la víctima, no haya sido remitida por una entidad promotora de la denuncia, el o la Fiscal de Materia requerirá la presencia de la DNA para que asuma la protección integral de la niña, niño o adolescente en situación de violencia sexual. Además, en caso de que la víctima no cuente con patrocinio legal, el o la Fiscal de Materia requerirá a la entidad promotora de la denuncia proporcione a la víctima el asesoramiento legal correspondiente.

c) TERCERA FASE – ETAPA PREPARATORIA DE LA INVESTIGACIÓN

En cuanto al accionar de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia en la presente etapa, debe considerarse: La articulación de las labores investigativas con las labores de acompañamiento y preparación de la víctima y testigos Las funciones de contención, preparación, y acompañamiento de la niña, niño o adolescente, deben ser llevadas de forma continua y transversal durante todo el proceso por las Defensorías de la Niñez y Adolescencia y/u otras entidades promotoras de la denuncia; funciones que deben realizarse de forma paralela al accionar del Ministerio Público y la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) en el desarrollo de las diligencias.

El acompañamiento debe realizarse en las inspecciones técnicas oculares, las pericias, el anticipo de prueba, reconocimiento de persona, así como en la audiencia de medidas cautelares, este último actuado en el que la víctima podrá comparecer a través de su representante legal, siendo profesionales de la DNA u otras instituciones o profesionales particulares que patrocinen a la niña, niño o adolescente. Seguimiento y asesoramiento de la víctima en la etapa preparatoria En la etapa preparatoria debe efectuarse el seguimiento y asesoramiento de la víctima, en el área social, psicológica y legal, esta última en la que el asesor legal de la entidad promotora de la denuncia (entre los cuales se encuentra la DNA), debe hacer conocer a la víctima, familiares, tutor o representante de la niña, niño y adolescentes, el curso de las actuaciones, informándoles respecto a las resoluciones procesales y en general, a todo aquello que pueda referirse a la protección de su seguridad e interés. Por otro lado, el abogado cumple las funciones de patrocinador de la víctima, defendiendo los intereses de la misma durante todo el desarrollo del proceso de manera gratuita, (proponiendo diligencias investigativas, impugnando el sobreseimiento en representación de la víctima, participando de las audiencias y otros). d) CUARTA FASE – JUICIO ORAL

En cuanto al accionar de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia en la presente etapa, debe considerarse: Acompañamiento y preparación de la víctima y testigos La niña, niño o adolescente estará representado por sus familiares y/o tutores, DNA, pero en ningún caso serán obligados a enfrentarse al agresor. El personal multidisciplinario de la Defensoría deberá evaluar los requerimientos y necesidades especiales de la víctima, para reunir su declaración ante el tribunal de sentencia

Asesoramiento y patrocinio legal de la víctima En todas las audiencias del juicio oral, la DNA u otra institución que patrocine a la víctima deberá participar activamente en la audiencia del juicio oral, defendiendo los intereses de la víctima y asegurándose que se respeten sus derechos.

e) QUINTA FASE – REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO

Las Defensorías de la Niñez y Adolescencia patrocinan a la víctima durante la persecución penal, hacen un seguimiento social con las medidas de protección que las autoridades competentes hayan determinado a favor de la misma y guían el proceso psicoterapéutico, asimismo se articulan con otras entidades para garantizar que la víctima desarrolle este proceso en los tiempos previstos.

En aplicación del art. 382 del CPP, el Ministerio Público podrá solicitar al juez de sentencia que ordene la reparación del daño o la indemnización correspondiente. En caso de que la víctima no se haya constituido en querellante, esta podrá solicitar la reparación a través del asesoramiento de la DNA para la niña, niño o adolescente; resarcimiento del daño en el que se debe considerar toda disminución, afectación y menoscabo, a su estado físico, psicológico, material y/o patrimonial como consecuencia de la violencia o del hecho delictivo cometido. Complementando todo lo anterior, reconociendo que los niños son vulnerables y requieren protección especial apropiada para su edad, nivel de madurez y necesidades individuales especiales, la Organización de Naciones Unidas en 2005 aprobó “Directrices sobre la Justicia en Asuntos Concernientes a los Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas y Testigos de Delitos” haciendo referencia al derecho a la asistencia eficaz, estableciendo que:

“22. Los niños víctimas y testigos de delitos y, cuando proceda, sus familiares, deberán tener acceso a la asistencia de profesionales a los que se habrá impartido la capacitación, según se indica en los párrafos 40 a 42 infra. Esto podrá incluir servicios de asistencia y apoyo como servicios financieros, jurídicos, de orientación, de salud, sociales y educativos, de recuperación física y psicológica y demás servicios necesarios para la reinserción del niño. Toda asistencia de esta índole deberá atender las necesidades del niño y permitirle participar de manera efectiva en todas las etapas del proceso de justicia.

23. Al prestar asistencia a niños víctimas y testigos de delitos, los profesionales deberán hacer todo lo posible por coordinar los servicios de apoyo a fin de evitar que los niños participen en un número excesivo de intervenciones.

24. Los niños víctimas y testigos de delitos deberán recibir asistencia del personal de apoyo, por ejemplo, especialistas en niños víctimas y testigos de delitos, a partir del informe inicial y de forma ininterrumpida hasta que esos servicios dejen de ser necesarios.

25. Los profesionales deberán adoptar y aplicar medidas para que a los niños les resulte más fácil prestar testimonio o declarar a fin de mejorar la comunicación y comprensión en las etapas previas al juicio y durante éste. De todo lo desarrollado precedentemente, se tiene que, el tema de la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes innegablemente cobra relevancia ante vulneración de los mismos; es en ese entendido que, son varios instrumentos internacionales y la legislación nacional que establecen ese deber de protección que debe ser asumido por toda la administración pública; y, es en dicho marco, que las Defensorías de la Niñez y Adolescencia juegan un papel importante en la protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes, especialmente tratándose de procesos penales cuyos hechos investigados se encuentran vinculados a violencia sexual, en cuyos casos, dicha institución, debe efectuar el acompañamiento, seguimiento, asesoramiento y patrocinio legal de las víctimas, defendiendo sus intereses y velando por su protección, en todas las etapas del proceso penal (recepción y promoción de la denuncia, etapa preliminar, etapa preparatoria, juicio oral, reparación de daños).

III.3. La garantía general del debido proceso en su elemento defensa

El debido proceso se encuentra consagrado en la Constitución Política del Estado como un derecho fundamental (art. 115.II), garantía constitucional (117.I) y principio procesal constitucional que disciplina la función de impartir justicia (art. 180.I), en atención a estas cualidades, la jurisprudencia constitucional se encargó de resaltar su carácter tridimensional del debido proceso, en sus diferentes fallos como las SSCC 0086/2010-R de 4 de mayo, 0902/2010-R de 10 de agosto, 0533/2011-R de 25 de abril, entre otras; además, también fue la jurisprudencia constitucional del extinto Tribunal Constitucional la que se encargó de asignarle la calidad de garantía general en la citada SC 0902/2010-R, y las SSCC 0981/2010-R de 17 de agosto, 1145/2010-R de 27 de agosto; asimismo, en la Sentencias Constitucionales Plurinacionales del actual Tribunal Constitucional Plurinacional 0270/2012, 2493/2012, 0903/2019-S4, 0618/2018-S1, entre otras. En ese sentido la SCP 1840/2013 de 25 de octubre configuró su contenido, alcance o los elementos constitutivos que le conciernen, en los siguientes términos:

“En consonancia con los Tratados Internacionales citados, a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra sí mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones…” (las negrillas y el subrayado son añadidas). Configuración, contenido o alcance que no se encuentra configurada en una clausula cerrada, al contrario, debido al carácter progresivo de los derechos, previsto en el art. 13.1 de la CPE, esos elementos constitutivos, tienen un carácter enunciativo, puesto que, el debido proceso, al constituirse en una garantía general, del mismo, pueden derivar otros elementos conforme al desarrollo doctrinal y jurisprudencial, así como al desarrollo del proceso, cuya finalidad viene a constituir en un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. En esa línea de razonamiento, es pertinente señalar que una de las lecturas de la garantía general del debido proceso se traduce –conforme a la SC 0418/2000-R de 2 de mayo- en el “…derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar…”; en otros términos, se busca evitar que una persona sufra la imposición de una sanción o la afectación de un derecho, sin el cumplimiento de un proceso previo, en el que se observen los derechos fundamentales y las garantías de naturaleza procesal, en sus elementos constituidos como los derechos al juez natural, a la defensa y a la presunción de inocencia, aplicables en procesos administrativos y en todos aquellos que se presentan en la esfera privada de las instituciones, asociaciones o cooperativas, donde se tenga que determinar una situación con efectos jurídicos que repercuten en los derechos de las personas. Por lo que, el debido proceso abarca los presupuestos procesales mínimos a los que debe regirse todo proceso judicial, administrativo o corporativo, observando todas las formas propias del mismo así como las leyes preexistentes, para hacer posible la materialización de la justicia en igualdad de condiciones, de ser juzgado por un juez o tribunal imparcial, independiente, competente y preestablecido legalmente con anterioridad a los hechos atribuidos. En ese marco, uno de los elementos de la garantía general del debido proceso, es el derecho al juez natural reconocido en el art. 120.I de la CPE; el otro elemento de la garantía general del debido proceso es el derecho a la defensa reconocido en el art. 119.II de la CPE, en los siguientes términos: “Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios”. Sobre dicha base, la jurisprudencia constitucional entiende el derecho a la defensa como la potestad inviolable de la persona a ser escuchado en juicio, a fin de negar, contradecir o desvirtuar los hechos que se le atribuyen, ofreciendo y produciendo pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea. A este derecho se vincula también el derecho a ser oído, reconocido en el art. 117.I de la CPE, prevista como una de las garantías judiciales en el art. 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), que a la letra dice:

“Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. En ese marco Convencional, la Corte IDH en el Caso Barbani Duarte y otros Vs. Uruguay, expresó al respecto que:

“…implica, por un lado, un ámbito formal y procesal de asegurar el acceso al órgano competente para que determine el derecho que se reclama […]. Por otra parte, ese derecho abarca un ámbito de protección material que implica que el Estado garantice que la decisión que se produzca a través del procedimiento satisfaga el fin para el cual fue concebido. Esto último no significa que siempre deba ser acogido sino que se debe garantizar su capacidad para producir el resultado para el que fue concebido” (el resaltado es ilustrativo).

En esa comprensión, se puede concluir que el derecho a ser oído se encuentra vinculado íntimamente con el derecho a la defensa, que en el ámbito del derecho a una justicia plural –cuyo ejercicio comprende a la jurisdicción ordinaria, agroambiental, especializada e indígena originaria campesina– reconocida por nuestro ordenamiento constitucional, es extensible a cualquier autoridad u órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, que debe ser ejercitado antes de emitir sus resoluciones o decisiones, por lo que quienes ejercen funciones jurisdiccionales, no están exentos del cumplimiento de este derecho, en otros términos, se encuentran impelidos de escuchar a quienes afectaran dichas decisiones o resoluciones, sin excepción alguna, pues su reconocimiento y ejercicio, conlleva la posibilidad de conocer los hechos que se les atribuye, alegar y asumir defensa, negando, contradiciendo o desvirtuando los mencionados hechos, presentar pruebas, impugnar decisiones, etc.

III.4. Sobre la presunción de inocencia

Humberto Nogueira Alcalá en el artículo denominado “Consideraciones sobre el derecho fundamental a la presunción de inocencia” refirió que la presunción de inocencia es el derecho que tienen todas las personas a 18 Corte IDH. Caso Barbani Duarte y otros Vs. Uruguay. Fondo Reparaciones y costas. Sentencia de 13 de octubre de 2011. Serie C No. 234, 122, Corte IDH. Caso Canales Huapaya y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2015. Serie C No. 296, 97. 19 Respecto a la composición del Órgano Judicial del Estado Plurinacional con Autonomías, el art. 179 de la CPE, establece: “I. La función judicial es única. La jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y los jueces; la jurisdicción agroambiental por el Tribunal y jueces agroambientales; la jurisdicción indígena originaria campesinas se ejerce por sus propias autoridades; existirán jurisdicciones especializadas reguladas por la ley. II. La jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originario campesina gozarán de igual jerarquía. III. La justicia constitucional se ejerce por el Tribunal Constitucional Plurinacional. IV. El Consejo de la Magistratura es parte del Órgano Judicial”. 20 Respecto a la facultad de cualquier autoridad administrativa u órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, que incluye a procesos administrativos sancionadores, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso Tribunal Constitucional Vs. Perú, Sentencia de 31 de enero de 2001, ha expresado textualmente: “71. De conformidad con la separación de los poderes públicos que existe en el Estado de Derecho, si bien la función jurisdiccional compete eminentemente al Poder Judicial, otros órganos o autoridades públicas pueden ejercer funciones del mismo tipo47. Es decir, que cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un “juez o tribunal competente” para la “determinación de sus derechos”, esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas. Por la razón mencionada, esta Corte considera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8 de la Convención Americana”, jurisprudencia citada en la SCP 143/2012 de 14 de mayo, SCP 0014/2013 de 3 de enero, SCP 0083/2013 de 17 de enero, SCP 0389/2018-S3 de 14 de agosto, entre otras.

que se considere a priori como regla general que ellas actúan de acuerdo a la recta razón, comportándose de acuerdo a los valores, principios y reglas del ordenamiento jurídico, mientras un tribunal no adquiera la convicción, a través de los medios de prueba legal, de su participación y responsabilidad en el hecho punible determinada por una sentencia firme y fundada, obtenida respetando todas y cada una de las reglas del debido y justo proceso, todo lo cual exige aplicar las medidas cautelares previstas en el proceso penal en forma restrictiva, para evitar el daño de personas inocentes mediante la afectación de sus derechos fundamentales, además del daño moral que eventualmente se les pueda producir. Asimismo, en palabras de Ferrajoli, la presunción de inocencia expresa al menos dos significados garantistas a los cuales se encuentra asociada que son "la regla de tratamiento del imputado, que excluye o restringe al máximo la limitación de la libertad personal" y "la regla del juicio, que impone la carga acusatoria de la prueba hasta la absolución en caso de duda”

Ahora bien, refiriéndonos a los antecedentes normativos de la presunción de inocencia es preciso señalar que este tuvo su raigambre el 26 de agosto de 1789 con la aprobación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en la cual se establece expresamente:

“Artículo 9.- Puesto que cualquier hombre se considera inocente hasta no ser declarado culpable, si se juzga indispensable detenerlo, cualquier rigor que no sea necesario para apoderarse de su persona debe ser severamente reprimido por la Ley”.

Posteriormente, en 1948, se aprobó el primer acuerdo internacional sobre derechos humanos –Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre– en el que se consagró al derecho a la presunción de inocencia como un derecho humano, señalándose “Artículo XXVI. se presume que todo acusado es inocente, hasta que se pruebe que es culpable.” Asimismo, en 1948, con la adopción de la Declaración Universal de las Naciones Unidas, se reconoció al derecho a la presunción de inocencia como un derecho humano que debe ser garantizado en todo momento; estableciéndose al efecto:

“Artículo 11

1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”. Luego, en 1966, es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que al momento de desarrollar los derechos civiles y políticos, así como las libertades recogidas de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su art. 14.2 determinó que “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley”, reconociendo de esa manera al derecho a la presunción de inocencia como un derecho humano.

En 1969, con la suscripción de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se reconoció los derechos esenciales del hombre, justificando una protección internacional de naturaleza convencional; así, en el art. 8.2 se determinó, “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.” Ahora bien, bajo ese contexto normativo que rodea la presunción de inocencia, tanto el Sistema Universal de Derechos Humanos como el Interamericano fueron ampliando, desarrollando y profundizando el derecho a la presunción de inocencia, así:

1) En el Sistema Universal de Derechos Humanos El Comité de Derechos Humanos encargado de supervisar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a través de la Observación General 13 realizando un análisis del mandato normativo previsto en el art. 14 (en el cual se consagra la presunción de inocencia) sostuvo que:

“…la presunción de inocencia, que es fundamental para la protección de los derechos humanos, está expresada en términos muy ambiguos o entraña condiciones que la hacen ineficaz. En virtud de la presunción de inocencia, la carga de la prueba recae sobre la acusación y el acusado tiene el beneficio de la duda. No puede suponerse a nadie culpable a menos que se haya demostrado la acusación fuera de toda duda razonable. Además, la presunción de inocencia implica el derecho a ser tratado de conformidad con este principio. Por lo tanto, todas las autoridades públicas tienen la obligación de no prejuzgar el resultado de un proceso”.

Asimismo, el Comité de Derechos Humanos mediante la Observación General 32 también dirigida a realizar un análisis del contenido del art. 14 del PIDCP, manifestó que:

“…De conformidad con el párrafo 2 del artículo 14, toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. La presunción de inocencia, que es fundamental para la protección de los derechos humanos, impone la carga de la prueba a la acusación, garantiza que no se presuma la culpabilidad a menos que se haya demostrado la acusación fuera de toda duda razonable, asegura que el acusado tenga el beneficio de la duda, y exige que las personas acusadas de un delito sean tratadas de conformidad con este principio. Todas las autoridades públicas tienen el deber de abstenerse de prejuzgar los resultados de un juicio, por ejemplo, absteniéndose de hacer comentarios públicos en que se declare la culpabilidad del acusado. Normalmente, los acusados no deberán llevar grilletes o estar enjaulados durante el juicio, ni ser presentados ante el tribunal de alguna otra manera que dé a entender que podría tratarse de delincuentes peligrosos. Los medios de comunicación deberán evitar expresar opiniones perjudiciales a la presunción de inocencia. Además, la duración de la detención preventiva nunca deberá ser considerada indicativa de culpabilidad ni del grado de ésta. La denegación de la libertad bajo fianza o las conclusiones de responsabilidad en procedimientos civiles no afectan a la presunción de inocencia”. 2) En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos

La Corte Interamericana de Derechos Humanos como tribunal regional de protección de derechos humanos con el objeto de aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el conocimiento de casos contenciosos, fue estableciendo estándares internacionales respecto a la presunción de inocencia; los cuales fueron sistematizados en el “Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 12: Debido Proceso”, así, en dicho Cuadernillo refiriéndose al carácter poliédrico de la presunción de inocencia, configuró al mismo como:

Una regla de trato

Corte IDH. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69 119. La Corte observa, en primer lugar, que en el presente caso está probado que el señor Cantoral Benavides fue exhibido ante los medios de comunicación, vestido con un traje infamante, como autor del delito de traición a la patria, cuando aún no había sido legalmente procesado ni condenado (supra párr. 63.i.). 120. El principio de la presunción de inocencia, tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. En el mismo sentido: Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, párr. 153; Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010 Serie C No. 220, párr. 183; Caso López Mendoza Vs. Venezuela. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2011 Serie C No. 233, párr. 128; Caso J. Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2013. Serie C No. 275, párr. 228. Corte IDH. Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2004. Serie C No. 119

158. Durante el proceso militar, la señora Lori Berenson fue exhibida por la DINCOTE ante los medios de comunicación como autora del delito de traición a la patria, cuando aún no había sido legalmente procesada y condenada (supra párr. 88.28). 159. La Corte Europea ha señalado que [el derecho a la] presunción de inocencia puede ser violado no sólo por un juez o una Corte sino también por otra autoridad pública. […] [el] artículo 6 párrafo 2 [de la Convención Europea] no puede impedir a las autoridades informar al público acerca de las investigaciones criminales en proceso, pero lo anterior requiere que lo hagan con toda la discreción y la cautela necesarias para que [el derecho a] la presunción de inocencia sea respetado.

160. El derecho a la presunción de inocencia, tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, exige que el Estado no condene informalmente a una persona o emita juicio ante la sociedad, contribuyendo así a formar una opinión pública, mientras no se acredite conforme a la ley la responsabilidad penal de aquella. En el mismo sentido: Caso J. Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2013. Serie C No. 275, párr. 235. Corte IDH. Caso Acosta y otros Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de marzo de 2017. Serie C No. 334. 190. El derecho a la presunción de inocencia exige que el Estado no condene informalmente a una persona o emita juicio ante la sociedad, contribuyendo así a formar una opinión pública, mientras no se acredite su responsabilidad penal conforme a la ley. Por ello, ese derecho puede ser violado tanto por los jueces a cargo del proceso, como por otras autoridades públicas, por lo cual éstas deben ser discretas y prudentes al realizar declaraciones públicas sobre un proceso penal, antes de que la persona haya sido juzgada y condenada. 191. La Corte hace notar que el juez encargado de la instrucción realizó una serie de declaraciones en el diario de mayor circulación nacional de entonces, refiriéndose a una manifestación de la señora Acosta realizada en el marco de la instrucción que se seguía por la muerte de su esposo, en que señaló como sospechoso a una persona que en ese momento no identificó (supra párr. 58). El juez manifestó ante la prensa que tal declaración, así como una respuesta de ella a una pregunta de la fiscalía, “perfectamente encuadra[ba] en señalarla como encubridora del homicidio de su esposo”. Es decir, además de calificar de “aventurera” tal declaración, el juez emitió un criterio al respecto, nada menos que “encuadrarla” en una forma de participación criminal en el hecho investigado y en la conducta específica que a ella se le imputaba en la investigación que él mismo abrió en su contra. De este modo, tales manifestaciones de un juez indudablemente hacen alusión al procedimiento penal en curso en ese momento y revelan una animadversión de su parte hacia la señora Acosta. Este Tribunal estima que, sumada a la falta de imparcialidad del juez ya señalada, tales manifestaciones públicas pudieron propiciar, en el referido contexto, una creencia o prejuicio sobre su culpabilidad, además de revelar un posible prejuicio sobre la evaluación de los hechos por parte de la propia autoridad judicial que conocía el caso y la juzgaba en ausencia, independientemente del hecho de que al día siguiente dictaría un sobreseimiento a su favor. De este modo, la Corte considera que el Estado es responsable por la violación del derecho a la presunción de inocencia, reconocido en el artículo 8.2 de la Convención, en perjuicio de la señora Acosta. Una regla de juicio y prueba

Corte IDH. Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111 153. La Corte ha señalado que el artículo 8.2 de la Convención exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. En este sentido, la Corte ha afirmado que en el principio de presunción de inocencia subyace el propósito de las garantías judiciales, al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada. 154. La Corte considera que el derecho a la presunción de inocencia es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho a la defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme. Este derecho implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probandi corresponde a quien acusa. En el mismo sentido: Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010 Serie C No. 220, párr. 182; Caso López Mendoza Vs. Venezuela. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2011 Serie C No. 233, párr. 128; Caso J. Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2013. Serie C No. 275, párr. 233. 161. [...] el Tribunal encuentra claro que tanto el Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal del Primer Turno como el Tribunal de Apelación en lo Criminal, Tercera Sala, presumieron el dolo del señor Canese y, a partir de ello, le exigieron que desvirtuara la existencia de su intención dolosa. De esta manera, tales tribunales no presumieron la inocencia del imputado, por lo que la Corte concluye que el Estado violó, en perjuicio del señor Canese, el artículo 8.2 de la Convención Americana. 162. Por otra parte, en cuanto a la restricción para salir del país, la Corte ha indicado que dicha restricción puede constituirse en un sustituto de la pena privativa de libertad si se continúa aplicando cuando ha dejado de cumplir con su función de aseguramiento procesal (supra párr. 129). En el presente caso, ha quedado establecido, de conformidad con los parámetros anteriormente expuestos, que la restricción al derecho de circulación aplicada al señor Canese durante ocho años y casi cuatro meses devino innecesaria y desproporcionada (supra párrs. 131, 134 y 135) para asegurar que aquel no eludiera su responsabilidad penal en caso de ejecutarse la condena. Esto significó en la práctica una anticipación de la pena que le había sido impuesta y que nunca fue ejecutada, lo cual constituye una violación al derecho de presunción de inocencia contemplado en el artículo 8.2 de la Convención. Corte IDH. Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No. 129

113. La Ley de Control y Fiscalización del Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas en sus artículos 9 y 10 disponía que cualquier infracción a ésta debía ser comprobada a través de un informe obligatorio del Departamento Nacional de Control y Fiscalización de Estupefacientes (supra párrs. 67 y 68). Dicho informe, si fuera el caso, comprobaría la existencia de cualquier estupefaciente e incluiría una muestra de la droga destruida. El Estado nunca cumplió con los procedimientos establecidos en la legislación interna en relación con el informe de referencia. 114. A pesar de que no se demostró por medios técnicos o científicos, como la ley lo exigía, que las sustancias cuya posesión se atribuyó al señor Acosta Calderón eran estupefacientes, los tribunales llevaron adelante el proceso en contra del inculpado con fundamento en la declaración policial (supra párr. 50.2) de quienes practicaron el arresto. Esto demuestra que se trató de inculpar al señor Acosta Calderón sin indicios suficientes para ello, presumiéndose que era culpable e infringiendo el principio de presunción de inocencia. Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220. 184. De acuerdo con lo establecido por el Tribunal Europeo, el principio de presunción de inocencia implica que los juzgadores no inicien el proceso con una idea preconcebida de que el acusado ha cometido el delito que se le imputa, por lo que la carga de la prueba está a cargo de quien acusa y cualquier duda debe ser usada en beneficio del acusado. La presunción de inocencia se vulnera si antes de que el acusado sea encontrado culpable una decisión judicial relacionada con él refleja la opinión de que es culpable. Corte IDH. Caso Zegarra Marín Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de febrero de 2017. Serie C No. 331.221 119. De la posición de las partes se desprenden distintos alegatos sobre el tratamiento y valoración de los elementos probatorios por parte de los juzgadores, inter alia: i) la imputación realizada por dos coimputados y su alegada apreciación como única prueba de cargo; ii) la alegada inversión de la carga de la prueba; iii) la alegada falta de valoración de la prueba de descargo y de oficio; iv) la supuesta falta de certeza para determinar la responsabilidad penal del señor Zegarra Marín, y v) la alegada falta de motivación de la sentencia condenatoria y su relación con el principio de presunción de inocencia . Por otra parte, siendo que el señor Zegarra Marín estuvo facultado para participar en el proceso y controvertir la prueba con las debidas garantías, así como debido a la falta de elementos probatorios, no corresponde en este caso pronunciarse sobre la alegada falta de parcialidad del tribunal. 122. En relación con lo anterior, el principio de presunción de inocencia requiere que nadie sea condenado salvo la existencia de prueba plena o más allá de toda duda razonable de su culpabilidad, tras un proceso sustanciado de acuerdo a las debidas garantías. Por lo que si “obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla”. Debe recordarse que “[l]a falta de prueba plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia223”. En este sentido, cualquier duda debe ser usada en beneficio del acusado.

123. Este estado jurídico de inocencia se proyecta en diversas obligaciones que orientan el desarrollo de todo el proceso penal. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora. Es más, el principio de presunción de inocencia implica que los juzgadores no inicien el proceso con una idea preconcebida de que el acusado ha cometido el delito que se le imputa. 124. En este sentido, la Corte estima que la presunción de inocencia exige que el acusador deba demostrar que el ilícito penal es atribuible a la persona imputada, es decir, que ha participado culpablemente en su comisión y que las autoridades judiciales deban fallar [con un criterio] más allá de toda duda razonable para declarar la responsabilidad penal individual del imputado, incluyendo determinados aspectos fácticos relativos a la culpabilidad del imputado. 125. Por ende, la Corte resalta que el principio de presunción de inocencia es un eje rector en el juicio y un estándar fundamental en la apreciación probatoria que establece límites a la subjetividad y discrecionalidad de la actividad judicial. Así, en un sistema democrático la apreciación de la prueba debe ser racional, objetiva e imparcial para desvirtuar la presunción de inocencia y generar certeza de la responsabilidad penal. 127. La Corte ha sostenido que “más allá de la compatibilidad de instituciones que buscan la colaboración de ciertos implicados con la parte acusadora a cambio de determinadas contraprestaciones […] con la Convención Americana, […], lo cierto es que es posible afirmar la limitada eficacia probatoria que debe asignarse a la declaración de un coimputado, más allá de su contenido específico, cuando es la única prueba en la que se fundamenta una decisión de condena, pues objetivamente no sería suficiente por sí sola para desvirtuar la presunción de inocencia” . 130. En este sentido, la Corte resalta que las declaraciones de los co-acusados revisten valor indiciario y, por consiguiente, forman parte de la prueba indirecta o indiciaria, debiendo valorar sus contenidos conforme a los principios de la sana crítica; es decir, que sean varios los indicios y, entre ellos, sean serios y precisos, así como concordantes. El co-imputado no tiene el deber de prestar declaraciones, dado que realiza un acto sustancial de defensa, a diferencia del testigo, que incurre en una conducta delictiva no sólo cuando falta a la verdad, sino incluso cuando la omite o es remiso. 134. La Corte destaca las reformas a la legislación peruana posteriores a estos hechos, que señalan que las imputaciones realizadas por coimputados deben estar corroboradas por otros hechos, datos o circunstancias externas. Asimismo, destaca el Acuerdo Plenario No. 2-2005/CJ-116, el cual exige valorar varias circunstancias, que se erigen en criterios de credibilidad, no de mera legalidad, respecto del coimputado. No obstante, las mismas no se aplicaron a este caso. 140. La Corte destaca que la carga de la prueba se sustenta en el órgano del Estado, quien tiene el deber de probar la hipótesis de la acusación y la responsabilidad penal, por lo que no existe la obligación del acusado de acreditar su inocencia ni de aportar pruebas de descargo. Es decir, la posibilidad de aportar contraprueba es un derecho de la defensa para invalidar la hipótesis acusatoria, contradiciéndola mediante contrapruebas o pruebas de descargo compatibles con hipótesis alternativas (contra-hipótesis), que a su vez la acusación tiene la carga de invalidar. 141. En el presente caso no se respetó dicho principio, especialmente al manifestar expresamente la sentencia que “no surgi[ó] una prueba de descargo contundente que lo h[iciera] totalmente inocente de los ilícitos que se le imputa[ban]”, por lo que se invirtió la carga de la prueba en perjuicio del señor Zegarra Marín. 142. En segundo lugar, la Corte ha señalado que el proceso penal, en tanto respuesta investigativa y judicial del Estado, debe constituir un medio adecuado para permitir una búsqueda genuina de la verdad de lo sucedido mediante una evaluación adecuada de las hipótesis consideradas sobre el modo y circunstancias del delito. Al respecto, en virtud del principio de presunción de inocencia, la Quinta Sala Penal debía valorar racional y objetivamente las pruebas de cargo y descargo, pero también las pruebas de oficio, así como desvirtuar las hipótesis de inocencia que surgiera a partir de éstas, a fin de determinar la responsabilidad penal. 144. Este Tribunal constató que en la sentencia condenatoria emitida por la Quinta Sala Penal se enunciaron pruebas de oficio y de descargo que supuestamente podrían favorecer al inculpado, o bien podrían generar duda respecto a su responsabilidad penal, las cuales no se desprende haber sido analizadas para confirmar o desvirtuar la hipótesis acusatoria (infra párr. 150). Tampoco se habrían confrontado las pruebas de cargo con otros elementos para ensayar las hipótesis posibles y desvirtuar la presunción de inocencia. 159. En vista de todo lo anterior, la Corte concluye que, para efectos del presente caso, el Estado violó el principio de presunción de inocencia del señor Zegarra Marín y no garantizó la motivación del fallo. En particular, se invirtió la carga probatoria, las declaraciones de los coimputados no fueron corroboradas ni analizadas con la prueba en su conjunto, a fin de determinar la responsabilidad penal más allá de toda duda razonable, lo cual además quedó evidenciado con la falta de motivación de la decisión judicial, vulnerando la obtención de un fallo debidamente razonado, el cual garantizara la posibilidad de su impugnación. Por tanto, el Estado es internacionalmente responsable de la violación de los artículos 8.1 y 8.2 de la Convención Americana, en perjuicio del señor Zegarra Marín. Ahora bien, bajo ese análisis y sistematización de jurisprudencia que tanto el Sistema Universal como el Interamericano que hacen entrever que la presunción de inocencia no solo es un derecho puro y simple, sino que se constituye un cumulo de las garantías para el tratamiento que debe recibir el acusado durante el proceso; además de ser un eje rector en el juicio y un estándar fundamental en la apreciación probatoria que establece límites a la subjetividad y discrecionalidad de la actividad judicial. Por otro parte, en lo que respecta a Bolivia, la Constitución Política del Estado de 1967 en su contenido reconoció la presunción de inocencia estableciendo en su art. 16 que “Se presume la inocencia del encausado mientras no se pruebe su culpabilidad” tenor que fue mantenido en las Constituciones Políticas del Estado de 1995 y 2004, siendo en la Constitución Política del Estado de 2009 que en su art. 116.I determinó “Se garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, en caso duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado.” Asimismo, nuestra legislación, a través del Código de Procedimiento Penal no solo se encargó de disciplinar el procedimiento penal (desde el momento de la sindicación del imputado hasta la ejecución de la sentencia), sino también de garantizar que en todo ese procedimiento se resguarde el derecho a la presunción de inocencia; resaltando los matices que fueron incorporados por la Corte IDH, toda vez que, se evidencia la existencia tanto de la regla de trato como la regla de juicio y prueba. Así, en relación a la regla de trato, nuestra normativa es expresa al determinar el tratamiento que debe recibir el acusado durante el proceso, exigiendo, entre otros que, “Todo imputado será considerado inocente y tratado como tal en todo momento, mientras no se declare su culpabilidad en sentencia ejecutoriada.”; además, “En el marco de las responsabilidades establecidas por la Ley de Imprenta, las informaciones periodísticas sobre un proceso penal se abstendrán de presentar al imputado como culpable, en tanto no recaiga sobre él una sentencia condenatoria ejecutoriada”. Por su parte, en relación a la regla de juicio y prueba, se establece a la presunción de inocencia como un eje rector en el juicio; y como un estándar fundamental en la apreciación probatoria, este último en el que, entre otros, de manera semejante a la Corte IDH se establece que “la carga de la prueba corresponde a los acusadores y se prohíbe toda presunción de culpabilidad”. Ahora bien, en esta regla si bien el Tribunal interamericano en conocimiento del Caso Zegarra Marín Vs. Perú sostuvo que “nadie será condenado salvo la existencia de prueba plena o más allá de toda duda razonable de su culpabilidad”, surge la necesidad de aclarar que el sistema penal boliviano asume el estándar de prueba plena únicamente en materia civil en el que se destaca el alcance de convencimiento o certeza del juez; no obstante, en el ámbito penal nuestra legislación acoge un sistema de valoración basado en la sana crítica, pues no está supeditado a normas rígidas que le señalen el alcance que debe reconocerse a las pruebas sino debe utilizar las reglas de la lógica, la experiencia y las ciencias, valoración en la que se justifique y fundamente adecuadamente las razones por las cuales les otorga determinado valor, en base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial producida”. Ahora bien, bajo todo lo señalado, ciertamente la presunción de inocencia se constituye en una directriz de la administración de justicia; por lo que, las autoridades tanto jurisdiccionales como administrativas se encuentran obligadas a efectivizarla al momento de conocer los procesos sometidos a su conocimiento y además al ser un derecho debe ser garantizado durante todo el proceso, para el cumplimiento del debido proceso, debiendo presumirse durante su desarrollo la inocencia del acusado procesado mientras no se compruebe su culpabilidad mediante sentencia ejecutoriada.

III.5. La Subsidiariedad excepcional en la acción de libertad

El principio de subsidiariedad excepcional, que exige el agotamiento de los recursos ordinarios establecidos por ley previamente antes de acudir a la vía constitucional, no forma parte de la naturaleza de la acción de libertad, pues por su ámbito de protección de los derechos a la libertad personal y de locomoción y a la vida, justamente su trámite tiene carácter sumarísimo, inmediato e informal. En este sentido, de acuerdo al entendimiento efectuado en la SC 982/00-R de 23 de octubre de 2020 , el entonces recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad- no requería que la persona previamente acuda a la jurisdicción ordinaria para agotar los recursos ordinarios a fin de reparar la lesión de su derecho a la libertad, pues la vía constitucional estaba expedita para ello; sin embargo, la jurisprudencia constitucional a través de la SC 160/2005-R de 23 de febrero, moduló este entendimiento y estableció excepciones en las que era permisible declarar la improcedencia del citado recurso al existir otros medios o recursos inmediatos, expeditos e idóneos, lo cual empero implica que la aplicación del principio de subsidiariedad tiene carácter excepcional; toda vez que, “si el ordenamiento jurídico no prevé un medio de defensa que tenga las características de idoneidad, especificidad e inmediatez, es posible, a través del habeas corpus, analizar las supuestas lesiones al derecho a la libertad”. En este marco, la SC 0026/2010-R de 13 de abril, respecto a la legalidad o no de las actuaciones policiales y de la aprehensión fiscal, en su ratio decidendi señaló que:

“…de conformidad a lo previsto por el art. 54 inc.1) del CPP le compete controlar la investigación; por ende, es al mencionado Juez a quién le corresponde analizar los argumentos fácticos y jurídicos, como también valorar la prueba aportada por las partes, a objeto de determinar conforme a derecho la legalidad o no de las actuaciones policiales y de la aprehensión fiscal, y precisamente dicha autoridad jurisdiccional -a momento del análisis de la acción tutelar- ya ha fijado fecha y hora para la consideración de las supuestas ilegalidades en la aprehensión del imputado hoy accionante; y toda vez que está bajo control jurisdiccional, será esa la autoridad que determine su libertad, si es que corresponde; motivo por el cual no es posible conceder la tutela solicitada, por cuanto la presente acción, no es la vía idónea para revisar y valorar las actuaciones de dichos funcionarios, mucho menos para ordenar la libertad del recurrente” (el resaltado corresponde al texto original). Ahora bien, con la finalidad de delimitar los casos excepcionales en los cuales no es posible ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada a través de la acción de libertad, en el marco de la aplicación de los valores de equilibrio y complementariedad de las jurisdicciones ordinaria y constitucional, es que en la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, se estableció los siguientes supuestos de subsidiariedad:

“Primer supuesto: Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación. Segundo Supuesto: Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física. Tercer supuesto: Si impugnada la resolución la misma es confirmada en apelación; empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar” (las negrillas y el subrayado son ilustrativas). Sin embargo, la citada Sentencia Constitucional, en el caso de que se denuncie la vulneración del derecho a la vida por medio de la acción de libertad ha establecido que no opera la improcedencia por subsidiariedad. Igualmente, sobre la activación simultánea de jurisdicciones distintas en la acción de libertad, la SC 0105/2010-R de 10 de mayo, estableció que:

“…para que se abra la tutela que brinda esta acción, es preciso que previamente se determine si existen los medios de impugnación específicos e idóneos para restituir el derecho a la libertad en forma inmediata, pero además de ello, se debe considerar también que cuando quien recurre de hábeas corpus, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aún en el supuesto de que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, es lógico suponer que tampoco procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad, ello debido a que el recurrente, actual accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza la acción tutelar, pues al activar en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico”.

Por su parte, la SCP 0185/2012 de 18 de mayo, efectuó el cambio de línea jurisprudencial que fue establecida en la primera parte del primer presupuesto de la SC 0080/2010-R, en virtud al ámbito de protección de la acción de libertad; toda vez que, si el Juez cautelar no tiene conocimiento del inicio de investigación o si en un caso ajeno que no implique un delito, las personas, los servidores públicos y por ende las fuerzas del orden público como la autoridad fiscal tienen la obligación de dar cumplimiento a la Constitución Política del Estado y respetar el derecho a la libertad, en ese entendido se instituyó que:

“…en cuanto a la presunta indebida privación de libertad, deberá tenerse en cuenta que la misma puede producirse, ya por hechos y circunstancias eventualmente no vinculadas a la presunta comisión de un delito y otras veces, sí vinculadas a dicha presunta comisión de un delito. En consecuencia, si no existe inicio de investigación y tampoco presunta comisión de delito alguno, corresponderá a la justicia constitucional conocer directamente y resolver la acción de libertad que acuse una presunta indebida privación de libertad” (las negrillas son añadidas).

De acuerdo a lo señalado la precitada Sentencia Constitucional Plurinacional, ha mantenido el razonamiento efectuado en la segunda parte del primer presupuesto de SC 0080/2010-R, al señalar que:

“…cuando la restricción se hubiera presuntamente operado al margen de los casos y formas establecidas por ley y que, sin embargo, tal hecho se hubiera dado a conocer al juez cautelar del inicio de la investigación y, en su caso, de la imputación, resulta indispensable recordar que el art. 54.1 del CPP, establece que entre las competencias del Juez de Instrucción en lo Penal, está el ejercer el control jurisdiccional de la investigación, lo que significa, que es la autoridad encargada de resguardar que la etapa de investigación se realice conforme a procedimiento y en estricta observancia de respeto a los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes del proceso -imputado, querellante y víctima-. En ese contexto, corresponde al juez ejercer el control jurisdiccional de la investigación y, por lo mismo, que ésta se desarrolle de manera correcta e imparcial y no en forma violatoria de derechos fundamentales o garantías constitucionales; es decir, desde otra perspectiva, cualquier acto ilegal y/o arbitrario durante la investigación en que incurriere el Ministerio Público como titular de la acción penal o la Policía Boliviana como coadyuvante, deberá ser denunciado ante el Juez de Instrucción en lo Penal, que tenga a su cargo el control jurisdiccional de la investigación”(las negrillas fueron añadidas). De otro lado, la SCP 0360/2012 de 22 de junio, en cuanto a la competencia para conocer una denuncia de vulneración del derecho a la libertad señaló como excepción a lo establecido ya por la jurisprudencia lo siguiente:

“Cuando no existe al menos una denuncia o investigación penal abierta contra la persona, o que al momento de su aprehensión ni siquiera se le sorprendió en la comisión de un delito flagrante, situación que posibilita ingresar directamente al análisis de fondo de la causa a través de la acción de libertad, sin necesidad de acudir ante el Juez cautelar, al no existir los medios inmediatos y eficaces previstos por ley para que opere el carácter excepcional de subsidiariedad de la acción de libertad”. Así también, la jurisprudencia constitucional a través de la SCP 0482/2013 de 12 de abril, vio la necesidad de realizar una aclaración en relación al Juez de Instrucción de turno como instancia previa antes de activar la acción de libertad y unificar la interpretación que desarrollaron las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0185/2012 y 0360/2012, para así efectuar una integración marco de la línea jurisprudencia con la finalidad de que las personas puedan acceder de manera efectiva a la jurisdicción constitucional y asimismo facilitar el trabajo de los operadores de justicia y otorgar seguridad y certeza respecto a la aplicación del principio de subsidiariedad en la acción de libertad. En este entendido, la referida Sentencia Constitucional Plurinacional unificando la jurisprudencia señalada precedentemente, estableció de manera excepcional los siguientes escenarios que imposibilitan ingresar al fondo de la mencionada acción de defensa:

“1. Cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito y por tanto no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción puede ser activada de forma directa contra las autoridades o persona que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley; aclarando que el Juez de Instrucción de turno, no tiene competencia para el efecto conforme se ha señalado en el Fundamento Jurídico III.2.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. 2. Cuando el fiscal da aviso del inicio de la investigación al Juez cautelar y ante la denuncia de una supuesta ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal o física por parte de un Fiscal o de la Policía, el accionante, previo a acudir a la jurisdicción constitucional debe en principio, denunciar todos los actos restrictivos de su libertad personal o física ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional. 3. Cuando el accionante hubiera denunciado los actos restrictivos de su libertad personal o física ante el Juez cautelar, como también, paralela o simultáneamente a la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad, sobreviene también la subsidiaridad. 4. Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. 5. Si impugnada la resolución, ésta es confirmada en apelación, empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar (las negrillas y el resaltado fueron incluidos). Asimismo, la SCP 1888/2013 de 29 de octubre, realizó la modulación de la SCP 0185/2012 y el primer presupuesto establecido en la SCP 0482/2013, sobre la posibilidad de la presentación de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, bajo los siguientes presupuestos:

“i) La supuesta lesión o amenaza al derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito o, ii) Cuando, existiendo dicha vinculación, no se ha informado al juez cautelar sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de procedimiento penal; no siendo exigible, en ninguno de los dos supuestos anotados, acudir ante el juez cautelar de turno con carácter previo; pues se entiende que, en el primer caso, no se está ante la comisión de un delito y, por lo mismo, el juez cautelar no tiene competencia para el conocimiento del supuesto acto ilegal, y en el segundo, existe una dilación e incumplimiento de los plazos procesales por parte de la autoridad fiscal o, en su caso, policial, que bajo ninguna circunstancia puede ser un obstáculo para el acceso a la justicia constitucional” (las negrillas nos corresponden).

Sin embargo, la mencionada Sentencia Constitucional Plurinacional, también explicó que el razonamiento señalado precedentemente no implica un desconocimiento a la previsión contenida en el art. 303 del CPP, el cual establece que si el fiscal no formaliza la imputación formal de la persona que se encuentra detenida dentro del plazo de veinticuatro horas desde que tomó conocimiento de la aprehensión; “…el juez de la instrucción dispondrá, de oficio o a petición de parte, la inmediata libertad del detenido…”; la cual fue prevista para los supuestos en los que existe una autoridad jurisdiccional identificada, pues en este caso se comprende que el fiscal ya dio aviso al Juez cautelar sobre el inicio de las investigaciones. De igual forma, aclaró que si la persona acude directamente al Juez de instrucción “la persona aprehendida ya no podrá acudir de manera paralela con su reclamo ante la justicia constitucional a través de la acción de libertad, sino sólo cuando dicha autoridad jurisdiccional de turno no hubiere reparado la supuesta lesión denunciada por el imputado”. Este entendimiento fue reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1067/2021-S3, 0762/2021-S2, 0235/2020-S1 y 0560/2020-S1, entre otras. De la sistematización jurisprudencial efectuada, se concluye que la acción de libertad no tiene carácter subsidiario por su naturaleza jurídica; empero, de acuerdo a lo establecido por la jurisprudencia constitucional, se establecieron excepciones que imposibilitan acudir directamente a la jurisdicción constitucional a través de la referida acción tutelar para resolver la vulneración denunciada y por ende la aplicación del principio de subsidiariedad excepcional, en tal sentido, de acuerdo a la modulación efectuada por la jurisprudencia, en lo concerniente a la jurisdicción competente para conocer la presunta lesión del derecho a la libertad, queda establecido que, cuando el Fiscal hubiera dado a conocer el inicio de la investigación al Juez de turno o la imputación formal, queda plenamente identificado el Juez que ejerce el control jurisdiccional del proceso; en consecuencia, corresponde que la persona acuda previamente a dicha autoridad judicial para que resguarde ese derecho y en caso de que el mismo no lo restablezca recién se puede acudir a la instancia constitucional, de lo contrario si se acude directamente ante esta jurisdicción se aplica la subsidiariedad excepcional y no se ingresa al fondo del asunto reclamado.

III.6. Legitimación pasiva en la acción de libertad

Respecto a la legitimación pasiva en acción de libertad es importante establecer que la misma recae en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción. En ese sentido, para la procedencia de ésta acción tutelar es imprescindible que esté dirigida contra la persona que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto, la legitimación pasiva en la acción de libertad, es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción de defensa, ahora bien, también es preciso aclarar que la inconcurrencia de este presupuesto neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados.

Desarrollo jurisprudencial que se encuentra plasmado en la SC 1651/2004- R de 11 de octubre, que razonó en sentido que en la acción de libertad es imprescindible que la misma esté dirigida contra la autoridad que cometió el acto ilegal o la omisión indebida lesiva del derecho a la libertad, ya que la inobservancia de este entendimiento, en aplicación del presupuesto procesal de la legitimación pasiva, impide al control de constitucionalidad ingresar al análisis de fondo de la problemática, entendimiento que fue ratificado en la SCP 0330/2013-L de 16 de mayo, que señaló que no existe legitimación pasiva cuando la autoridad o persona demandada no participó en la vulneración de los derechos invocados. Entendimiento que ha sido reiterado en la amplia jurisprudencia de este Tribunal como ser en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo, que precisa que para la procedencia de esta acción tutelar es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales. Como se puede advertir, la jurisprudencia señala que, no existe legitimación pasiva cuando la autoridad o persona demandada no participó en la vulneración de los derechos alegados, razonamiento que se mantuvo a lo largo de la historia de la jurisprudencia constitucional. El mismo razonamiento fue seguido por la SCP 1055/2016-S1 de 26 de octubre, al señalar:

“Con relación a la legitimación pasiva el art. 125 de la CPE, establece que la acción de libertad podrá ser planteada por cualquier persona que considere que su vida está en peligro, o que esta ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o privada de su libertad personal, a cuyo efecto, deberá dar cumplimiento a lo previsto por el art. 126.1 de la Norma Suprema, que prevé que una vez interpuesta la acción de defensa se citará ya sea de forma personal o por cédula, a la autoridad o persona denunciada; en ese contexto normativo, se concluye que la legitimación pasiva recae sobre la persona particular o servidor público que hubiere incurrido en un acto ilegal u omisión indebida, que restringió, suprimió o amenazó los derechos protegidos por ésta acción tutelar” (el resaltado es añadido). Por último, en atención al principio de informalismo de la acción de libertad, ante actos vulneratorios que afectan el derecho a la libertad personal cometidos por funcionarios públicos, en los que solo es posible identificar la institución y el cargo jerárquico, sin que se tenga la posibilidad de individualizar a los funcionarios ni al titular del cargo jerárquico de la entidad, es posible demandar al cargo jerárquico, para que tenga la posibilidad de asumir defensa, informar y en su caso desvirtuar los hechos denunciados.

III.7. El derecho a la libertad y las condiciones de validez para su restricción

La libertad constituye uno de los valores que sustenta al Estado Plurinacional Comunitario, previsto en el art. 8.II de la CPE, de manera simultánea en la referida Norma Suprema en el art. 22, se encuentra también reconocida como un derecho inviolable de la persona e impone al Estado el deber primordial de respetarlo y protegerlo. Sin embargo, es preciso señalar que este derecho tampoco es un derecho absoluto, puesto que la misma Constitución Política del Estado, reconoce la posibilidad de su limitación, al señalar que las restricciones al derecho a la libertad personal se encuentran sujetas al principio de reserva legal, además con la finalidad de asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales; entonces, ninguna persona puede ser detenida, aprehendida o privada de su libertad, salvo en los casos y según las formas prevista en la ley, como expresamente establece el art. 23.I.III de la CPE.

En esa línea, la jurisprudencia constitucional pronunciada en la SC 0010/2010-R de 6 de abril, efectuando una interpretación de los arts. 23.I y II de la CPE; 9 .I del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y 7.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, sostuvo que:

“…para que una restricción al derecho a la libertad sea constitucional y legalmente válida, se deben cumplir con determinados requisitos materiales y formales. Respecto a los primeros, sólo se puede restringir el derecho a la libertad en los casos previstos por Ley, que de acuerdo a la Opinión Consultiva (OC) 6/86 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos debe tratarse de una Ley formal, es decir de aquella que emana del órgano legislativo. Con relación a los requisitos formales, la restricción al derecho a la libertad sólo será válida si se respetan las formas establecidas por ley, si el mandamiento emana de autoridad competente y es emitido por escrito, salvo el caso de flagrancia, de conformidad a lo establecido por el art. 23.IV de la CPE” (la negrillas son añadidas).

Respecto a los requisitos o condiciones de validez material y formal para la restricción del derecho a la libertad, también se pronunció la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la Sentencia de 21 de enero de 1994, Caso Gangaram Panday, señalando que “…Nadie puede ser privado de la libertad personal sino por las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto material) pero, además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos por la misma (aspecto formal)”.

En correspondencia al principio de reserva legal, el Código de Procedimiento Penal establece como mandato, que la aplicación de medidas cautelares y restrictivas de derechos fundamentales como la libertad y garantías constitucionales reconocidas en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y este Código, tienen un carácter excepcional, conforme al principio de favorabilidad al imputado en caso duda (art. 7 CPP), sólo podrán ser restringidos cuando sea indispensable para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley, mediante orden judicial fundamentada y por el tiempo que subsista la necesidad de su aplicación, dispone además que las normas legales que autorizan su restricción, deben aplicarse e interpretarse en los términos anotados, previsto en el art. 221 del CPP; estos razonamientos llevan a establecer las características de las medidas cautelares: excepcionales, temporales, provisionales e instrumentales. Enfatiza que las medidas cautelares de carácter personal serán aplicadas con criterio restrictivo y se ejecutarán de modo que perjudiquen lo menos posible a la persona y reputación de los afectados, conforme expresa el art. 22 del CPP, en esa comprensión la detención preventiva es una medida cautelar personal para cuya aplicación requiere que sea impuesta en audiencia pública a solicitud fundamentada del fiscal o querellante, previa imputación formal, solo cuando las demás medidas cautelares no sean suficientes para asegurar la presencia del imputado y el no entorpecimiento de la averiguación del hecho, y en base a los siguientes presupuestos: i) Cuando hayan elementos de convicción que permitan sostener que el imputado es con probabilidad autor o participe de un hecho punible; ii) Cuando hayan elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; y, iii) El plazo de duración de esta medida cautelar –único elemento exigible a la víctima o querellante- y los actos de investigación a realizarse en dicho plazo; su ampliación, podrá ser solicitada también por la víctima o querellante, cuando hayan actos de investigación pendientes, pedidos y no respondidos por el Fiscal, previsto en el art. 233 CPP.

En torno a estos presupuestos para la aplicación de medidas cautelares, la CIDH estableció que: “…deben existir indicios suficientes que permitan suponer razonablemente que la persona sometida a proceso haya participado en el ilícito que se investiga” y por otra la jurisprudencia constitucional, estableció el deber de fundar las circunstancias anotadas en pruebas y la prohibición de fundar en meras suposiciones, conforme Fundamento Jurídico III.2 de la SC 1635/2004-R de 11 de octubre que refiere:

“…debe fundar su determinación en las pruebas y tomando en cuenta todas las circunstancias previstas por la Ley; corresponde al acusador probar y demostrar la concurrencia de esas circunstancias previstas en las normas precedentemente señaladas, no siendo suficiente la mera referencia y presunción de que concurran las mismas, pues por determinación del art. 16-II y 6 del CPP, se presume la inocencia del encausado mientras no se pruebe su culpabilidad”.

Jurisprudencia constitucional reiterada en las SSCC 1747/2004-R, 0001/2005-R, 0129/2007-R, 0514/2007-R, 0670/2007-R, 0040/2010-R, 1048/2010-R, 1154/2011-R y 1813/2011-R, entre otras; con similar razonamiento en la SCP 0276/2018-S2 de 25 de junio.

III.8. Análisis del caso concreto

El accionante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la defensa, a la garantía del debido proceso en su elemento de aplicación objetiva de la ley; y, a los principios de presunción de inocencia y minoría de edad; toda vez que, dentro el proceso que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, las autoridades demandadas incurrieron en las siguientes ilegalidades: a) El Tribunal de Sentencia, El Fiscal de Materia y la Responsable de la DNA todos de Challapata del departamento de Oruro, violentaron su derecho al debido proceso en su vertiente de aplicación objetiva de la Ley; puesto que, desde el inicio de la investigación hasta la audiencia de apertura de juicio oral en el que se emitió el Auto Interlocutorio 15/2022 de 18 de marzo, se aplicó el Sistema Penal Común, cuando debía aplicarse el Sistema Penal para Adolescentes, al ser su persona menor de edad al momento de producirse los hechos investigados, situación que no fue considerado por el Fiscal de Materia, la DNA y menos por el Tribunal de Sentencia, pese a que tenían la obligación de respetar las reglas del debido proceso aspectos que no ocurrieron en su caso, pues se lo procesa de forma indebida con un Sistema Penal equivocado, violentando también el derecho al juez natural al no ser las autoridades llamadas por ley para juzgar el hecho, así establecido en el art. 5 del CP en relación con los arts. 7 y 262 del CNNA; b) El citado Tribunal de Sentencia, emitió el Auto Interlocutorio 09/2022 de 2 de marzo, por el cual dispuso su detención preventiva sin contar con la competencia jurisdiccional debida, vulnerando con dicho acto su derecho a la libertad; c) El Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, violentó su derecho a la libertad tras haber pronunciado el Auto de Vista 87/2022 de 12 de abril, en la que determinó ratificar el Auto Interlocutorio 09/2022, por lo cual se encuentra detenido preventivamente de forma ilegal por el tiempo de casi dos meses; y, d) Se vulneró los principios de presunción de inocencia y de minoría de edad; toda vez que: 1) El Fiscal de Materia, no produjo pruebas con las que se demuestre la concurrencia de los riegos procesales de fuga y obstaculización en la audiencia de medidas cautelares; 2) El referido Tribunal de Sentencia, pese a no existir una sentencia condenatoria o flagrancia, sin tomar en cuenta las pruebas documentales presentadas, dispusieron sin competencia su detención preventiva, sin considerar los argumentos de su defensa en la audiencia de medidas cautelares; y, 3) El mencionado Vocal, al haber emitido el Auto de Vista 87/2022, indicó que debía plantear las excepciones e incidentes durante la etapa preparatoria o en el juicio oral, y que la simple mención del art. 7 del CNNA no bastaba para disponer la declinatoria de competencia de los jueces, o determinar la nulidad del Auto 15/2022 para ordenar su libertad, sin tomar en cuenta que tiene la obligación de aplicar la norma más favorable a su persona cuando exista una duda sobre la aplicación de la ley. Bajo ese marco, de inicio, es necesario señalar que, a partir de lo establecido en los arts. 203 de la CPE y 15 del Código Procesal Constitucional (CPCo), las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante no solo de manera vertical para jueces, tribunales y autoridades, sino también horizontal para el mismo Tribunal; bajo esa línea, habiéndose emitido la SCP 0394/2018-S2 citado por la SCP 0268/2020-S1 se generó un precedente trascendental para este Tribunal, pues se estableció la obligatoriedad de realizar un análisis del problema jurídico de las acciones de defensa cuando las mismas devengan de un contexto de violencia en razón de género (Fundamento Jurídico III.1); en tal sentido, en el presente caso, tomando en cuenta que la problemática traída en revisión emerge de un proceso penal cuya investigación se relaciona con actos de violación de infante niña, niño y adolescente, en el abordaje de la misma se debe considerar Estándares Internacionales para la protección de derechos de las mujeres niñas víctimas de violencia, pues es innegable que, el Estado al ser parte de los Sistemas Universal e Interamericano de Derechos Humanos tiene el deber de ejercer el control de convencionalidad y cumplir con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos humanos; en ese entendido, este Tribunal, en conocimiento de la presente acción de libertad que emerge de un proceso penal en el que se debate hechos de violencia hacia una mujer menor de edad, se encuentra obligado de efectuar un análisis del problema jurídico aplicando el enfoque interseccional, sin limitarse a la denuncia efectuada por la o el accionante, sino también, analizando los derechos de la víctima y las actuaciones realizadas por las autoridades policiales, fiscales o judiciales; verificando si se cumplieron con los estándares internacionales e internos respecto a la protección del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, que de inobservarse generarán responsabilidad internacional del Estado ante el incumplimiento de sus obligaciones conforme lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional. En ese entendido, de las Conclusiones de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional se tiene que, dentro el proceso penal seguido contra Eddy Quispe Espejo –ahora accionante- por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, se tiene que el prenombrado nació el 23 de agosto de 2000; es así, que el 12 de septiembre de 2019 el Ministerio Púbico puso en conocimiento el inicio de investigaciones ante el Juzgado de turno de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Challapata del departamento de Oruro, la cual fue providenciado el 16 del mismo mes y año, indicando que el peticionante de tutela luego de su legal notificación tenía el plazo de diez días para poder oponer las excepciones estipuladas en el art. 314 del CPP modificado por la Ley 586, prestando el ahora peticionante de tutela el 2 de octubre de 2019 su respectiva declaración informativa; por lo cual, el 14 de febrero de 2020 la representante del Ministerio Público presentó contra el ahora accionante Imputación Formal solicitando al Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Challapata del citado departamento, su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro, por el tiempo de seis meses, a lo cual de forma posterior, la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de Salinas en suplencia legal del Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Challapata del citado departamento, declaró rebelde al ahora impetrante de tutela, por Auto 108/2020 de 10 de septiembre (Conclusiones II.1, II.2, II.3, II.4 y II.5). En ese contexto, de forma posterior, Edgar Poma Vallejos, Fiscal de Materia -ahora demandado- el 15 de marzo de 2021, presentó contra el ahora accionante la respectiva Acusación Formal por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, sancionado por el art. 308 bis del CP, solicitando se dicte sentencia condenatoria en apego al art. 365 del CPP a ser cumplida en el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro; a lo cual, el Tribunal de Sentencia Penal de Challapata del departamento de Oruro -ahora demandados- en audiencia de aplicación de medidas cautelares determinaron la detención preventiva del ahora impetrante de tutela por medio del Auto Interlocutorio 09/2022 de 2 de marzo, la cual al ser objeto de recurso de apelación, fue confirmada por medio del Auto de Vista 87/2022 de 12 de abril pronunciada por Julio Huarachi Pozo, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y de forma posterior, ante la presentación de un incidente de nulidad por defecto absoluto y una excepción de incompetencia por parte del impetrante de tutela, el citado Tribunal de Sentencia Penal de Challapata desestimó la misma por medio del Auto Interlocutorio 15/2022 de 18 de marzo (Conclusiones II.6, II.7, II.8 y II.9). En ese contexto, identificadas las problemáticas, el accionante denuncia a distintas autoridades jurisdiccionales: 1) Al Tribunal de Sentencia Penal de Challapata del departamento de Oruro; 2) Al Fiscal de Materia; 3) A la Responsable de la DNA de Challapata del citado departamento; y, finalmente; y, 4) Al Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, quienes con sus actos y resoluciones habrían vulnerados sus derechos y garantías constitucionales; por lo que, las problemáticas serán analizadas de forma separada por cada autoridad demandada para una mayor comprensión, para posteriormente, como se mencionó líneas arriba, verificar si las autoridades demandadas a momento de emitir las resoluciones cuestionadas cumplieron o no con la aplicación del enfoque interseccional en apego a los Estándares Internacionales y Nacionales, de la siguiente manera:

i) Respecto a los derechos a la libertad

El accionante considera lesionado su derecho a la libertad; toda vez que: a) El Tribunal de Sentencia Penal de Challapata del departamento de Oruro, emitió el Auto Interlocutorio 09/2022 de 2 de marzo, por el cual dispuso su detención preventiva sin contar con la competencia jurisdiccional debida; y, b) El Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, tras haber pronunciado el Auto de Vista 87/2022 de 12 de abril, determinó ratificar el Auto Interlocutorio 09/2022, por lo cual se encuentra detenido preventivamente de forma ilegal por el tiempo de casi dos meses. 1) En cuanto al Tribunal de Sentencia Penal de Challapata del departamento de Oruro El impetrante de tutela considera que los miembros del Tribunal de Sentencia Penal de Challapata del departamento de Oruro, tras haber emitido el Auto Interlocutorio 09/2022, mediante el cual dispusieron su detención preventiva, lesionaron su derecho a la libertad, pues efectuaron la determinación sin contar con la competencia respectiva. En ese orden el Fundamento Jurídico III.7 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, respecto a los requisitos de validez de la restricción a la libertad personal, indicó que la:

“…detención preventiva es una medida cautelar personal para cuya aplicación requiere que sea impuesta en audiencia pública a solicitud fundamentada del fiscal o querellante, previa imputación formal, solo cuando las demás medidas cautelares no sean suficientes para asegurar la presencia del imputado y el no entorpecimiento de la averiguación del hecho, y en base a los siguientes presupuestos: a) Cuando hayan elementos de convicción que permitan sostener que el imputado es con probabilidad autor o participe de un hecho punible; b) Cuando hayan elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; y, c) El plazo de duración de esta medida cautelar –único elemento exigible a la víctima o querellante- y los actos de investigación a realizarse en dicho plazo; su ampliación, podrá ser solicitada también por la víctima o querellante, cuando hayan actos de investigación pendientes, pedidos y no respondidos por el Fiscal, previsto en el art. 233 CPP”. En ese orden de cosas, conforme a la Conclusión II.7 de este fallo constitucional, el Tribunal de Sentencia Penal de Challapata del departamento de Oruro, determinó la detención preventiva del accionante en el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro, bajo los siguientes argumentos.

“CONSIDERANDO.- A, efectos de emitir la correspondiente resolución este Tribunal de Sentencia, toma en cuenta y valora los siguientes elementos de convicción: 1.- Queda plenamente comprobado y evidenciado con relación al art. 233 en sus Núm. 1) y 2) del CPP., esto en el antecedente que de obrados se evidencia que en su momento oportuno se presento imputación formal por parte de la representación del Ministerio Público en contra del imputado Eddy Quispe Espejo, por el delito de Violación Niña, Niño o Adolescente, elementos de convicción que en la etapa de investigación o instructiva no fuere objetado por el imputado, esto en el antecedente que dicho imputado hubiera sido declarado en rebeldía inclusive y que a la fecha se tiene la Acusación Formal contra el referido acusado, vale decir que se tiene la relación fáctica de los hechos, en forma precisa, se tiene elementos de convicción que ahora son considerados como prueba, aspectos que serán comprobados por el Ministerio Publicó a lo largo del juicio oral que se desarrollara precedentemente. 2.- Con relación al plazo que se invoca por la parte acusada, a dicho efecto, debe tomarse en cuenta lo que dispone el art. 233 Primer Párrafo del CPP, que señala: En etapa de juicio oral y recursos, para que proceda la detención preventiva se deberá acreditar los riesgos procesales previstos en el numeral 2 del presente articulo. Vale decir la existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizara la averiguación de la verdad, no corresponde otorgar el plazo de duración de la detención preventiva incoado por el ahora acusado. 2.- Con relación al riesgo procesal inmerso en el Núm., 1) del art. 234 del CPP, Que el imputado no tenga domicilio o residencia habitual, ni familia, negocios o trabajo asentados en el país.- A, dicho efecto, este Tribunal toma en cuenta y valora, lo vertido por el Ministerio Público, cuando en la presente audiencia presenta un extracto de SEGIP, donde señala el domicilio que tuviera el acusado Eddy Quispe Espejo, señalando en la calle Beni y Rengel de Challapata, de donde se evidencia que no existe una dirección convencional o completa, es decir se tiene que acreditar con una calle principal donde seria su domicilio y dos calles que le colindan a esta, aspecto que no ocurre en el presente caso, ya que se trata de una dirección genérica. Así también se tiene en cuanto a su ocupación la de estudiante, sin embargo no ha venido a demostrar con documentación idónea que el mismo sería estudiante y que este tuviere un domicilio habitual y habitable, con esos antecedentes no se ha venido en demostrar con prueba documental idónea y fehaciente el domicilio y ocupación. Consecuentemente subsistente dichos riesgos procesales señalados. 3.- Con relación al riesgo procesal inmerso en el Núm. 2) del Art. 234 del CPP., Las facilidades de abandonar el país o permanecer oculto.- Este numeral va íntimamente ligado al Numeral 1) del art. 234 del CPP., por tanto no se ha venido en acreditar el arraigo natural correspondiente con el numeral 2). Consecuentemente subsistente dicho riesgo procesal. 4.- Con relación al riesgo procesal inmerso en el Numeral 7 del art. 234 del CPP., Peligro efectivo para la sociedad o para la víctima o el denunciante.- A, dicho efecto, es pertinente referirnos en cuanto a la imputación formal contra el imputado, cuando en forma precisa se refiere: Que existe un informe psicológico que la menor señala: el peligro inminente que estaría corriendo cuando ocurrieron los hechos suscitados, cuando señala: Que su agresor le hubiera señalado que Deje de hablar macanas, te voy a matar. Así mismo la menor menciona: No quiero vivir con el Eddy tengo miedo pienso que me puede hacer algo cuando estoy sola con él, me escapo me voy donde mi vecina. Consecuentemente a criterio de este Tribunal se encuentra plenamente acreditado el presente riesgo efectivo para la víctima menor de edad. 5.- Con relación al riesgo procesal inmerso en el Numeral 1) del art. 235 del CPP, Que el imputado destruya, modifique, oculte, suprima o falsifique dicho riesgo procesal, va en estrecha relación con el Numeral 2) Que el imputado amenace o influya negativamente sobre los participes, víctima, testigos o peritos, a objeto de que informen falsamente o se comporten de manera reticente.- A, dicho efecto, se debe partir de los elementos precedentemente referidos, que existe un Informe Psicológico, que se señala en la imputación formal, donde evidencia que existe amenazas por parte de su agresor hacia la menor, cuando le refiere que deje de hablar macanas si no la va a matar. Por otro lado, también se debe tomar en cuenta que a la fecha el presente proceso penal, se encuentra a instancias de entrar a juicio oral propiamente dicho, donde se requerirá la comparecencia de la víctima, testigos y por sobre todo prueba literal que deberá ser incorporada por el ministerio público y las partes, de donde se advierte que el ahora acusado puede influir negativamente en la víctima o testigos al momento que se les convoque a declarar, esto en consideración que de acuerdo a la acusación del Ministerio Público, se encuentra ofrecida la víctima y otros testigos que van a venir a declarar en el presente juicio oral, así como también el acusado pueda suprimir u ocultar elementos de prueba, en este caso como son los testigos a presentarse. Consecuentemente a criterio de este Tribunal, se encuentra plenamente acreditado los riesgos procesales señalados. Asimismo, se debe dejar presente, que este tribunal toma en cuenta conforme a lo que establece el Art. 60 de la Constitución Política del Estado, vale decir es deber del estado y la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior del niño o adolescente y comprender la preminencia en sus derechos, la primacía de recibir, protección o socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados y acceso a una justicia pronta y oportuna y con asistencia de personal especializado. Así también, se tiene con relación a la Ley 1173, Art. 1ero.- Donde refiere, la presente ley tiene por objeto, procurar la pronta y oportuna resolución de los conflictos penales, adoptando el efecto medidas indispensables para profundizar la oralidad para fortalecer la lucha contra la violencia familiar, niños adolescentes y mujeres, evitando el retardo procesal y el abuso de la detención preventiva, la efectiva tutela judicial de las víctimas, mediante la modificación de la Ley 1970 de 25 de marzo de 1999. Que, por otro lado también se tiene con relación a la Ley 348 con relación al Art. 4 principios y valores, referente al principio de informalidad, vale decir en todos los niveles de la administración publica, destina prevenir, atender, detectar, procesar y sancionar, cualquier forma de violencia hacia las mujeres, no se exigirá el cumplimiento de los requisitos formales o materiales que entorpezcan el proceso de restablecimiento de los derechos vulnerados y la sanción a los responsables” (sic). En ese contexto, se tiene que contra el impetrante de tutela se presentó imputación formal por parte del Ministerio Público por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente (Conclusión II.4) y que ante su inasistencia a la audiencia de medidas cautelares convocada por el Juez cautelar fue declarada rebelde (Conclusión II.5), y luego de haberse emitido por el Fiscal de Materia la Acusación Formal, por Auto Interlocutorio 09/2022 el Tribunal de Sentencia Penal de Challapata del departamento de Oruro, ante la concurrencia de los riesgos procesales de fuga y obstaculización insertos en los arts. 234.1, 2 y 7; y, 235.1 y 2 del CPP, todo en cumplimiento a los requisitos dispuestos en el art. 233.1 y 2 del mismo compilado legal dispusieron su detención preventiva. Ahora bien, en ese estado de cosas, y conforme lo estipulado en el Fundamento Jurídico III.7 de este fallo constitucional, para que la restricción al derecho a la libertad personal tenga validez, la misma debe cumplir los siguientes presupuestos: i) Cuando hayan elementos de convicción que permitan sostener que el imputado es con probabilidad autor o partícipe de un hecho punible, en ese aspecto, se tiene que las autoridades ahora demandadas emitieron el Auto Interlocutorio impugnado, al evidenciar los elementos de convicción colectadas durante todo el proceso investigativo, desde la emisión de la imputación formal, hasta la presentación de la acusación formal por parte del Ministerio Público, con la cual se pudo establecer de forma objetiva que el ahora peticionante de tutela es probable autor del delito endilgado, cumpliéndose con dicho presupuesto; ii) Cuando hayan elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; dicho presupuesto, fue advertido por el Tribunal de Sentencia Penal de Challapata del departamento de Oruro, principalmente ante la declaratoria de rebeldía del accionante por parte del Juzgado de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Challapata del referido departamento de Oruro por medio del Auto 108/2020, al no haberse hecho presente ante la audiencia de medidas cautelares (Conclusión II.5), y de forma contigua la concurrencia de los riesgos de fuga y obstaculización insertas en los arts. 234.1, 2 y 7; y, 235.1 y 2 todos del CPP que hacían evidente la presunción de que no se sometería al proceso y que por lo mismo obstaculizaría la averiguación de la verdad, cumpliéndose con el referido presupuesto; y, iii) El plazo de duración de esta medida cautelar, el citado Tribunal de Sentencia, al momento de emitir el Auto Interlocutorio 09/2022, por la cual se dispuso la detención preventiva del accionante, en relación al tiempo de duración de dicha medida y al encontrarse el proceso en juicio oral, pues ya se contaba con la respectiva acusación formal y auto de apertura de juicio oral, basó su determinación de no señalar un plazo determinado en base al art. 233 del CPP, que si bien la Ley 1173 -Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres de 3 de mayo de 2019- modificó la transcripción del mismo; empero, respecto al plazo de la detención preventiva está referida siempre y cuando existan actos pendientes de investigación -Etapa Preparatoria- y no así cuando ya existe una acusación formal que se constituye en la conclusión de la investigación, aspectos que hacen concluir que, el plazo de la medida cautelar cuando existe ya una acusación formal no es aplicable, siendo simplemente la tarea de desvirtuar o mantener en vigencia los riesgos de fuga y obstaculización determinados por el Código de Procedimiento Penal y sindicados por el Ministerio Público, hechos que hacen denotar que también se cumplió con dicho presupuesto a tiempo de pronunciarse el Auto Interlocutorio 09/2022, por lo que no se observa que el derecho a la libertad haya sido restringido sin haber cumplido los requisitos de validez, además hay que tener en cuenta que, el accionante a momento de efectuar su declaración informativa ante el Ministerio Público el 2 de octubre de 2019 (Conclusión II.3) tenía conocimiento pleno respecto al Sistema Procesal Penal que se le estaba aplicando en el presente caso, por lo que ante su inacción al no haber presentado los incidentes o excepciones que la norma legal le franqueaba desde el primer momento de su participación en el proceso, convalidó los actos efectuados por la autoridad jurisdiccional, tanto así que ya en etapa de juicio oral al haber sido declarado rebelde, recién es que quiere interponer dichos medios recursivos, sin considerar que ante su negligencia operó los principios de preclusión y convalidación, no pudiendo retrotraer etapas y fases del proceso que están debidamente ejecutoriadas y vigentes en el mismo como pretende el impetrante de tutela, por lo cual no existe vulneración alguna al referido derecho, correspondiendo denegar la tutela solicitada.

2) En relación al Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal

Departamental de Justicia de Oruro El peticionante de tutela denuncia que el Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, vulneró su derecho a la libertad, tras haber emitido el Auto de Vista 87/2022 de 12 de abril, en la cual declaró improcedente el recurso de apelación incoada contra el Auto Interlocutorio 09/2022 y confirmar el mismo. En ese orden de ideas, el Fundamento Jurídico III.6 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, respecto a la legitimación pasiva en la acción de libertad indicó que:

“…la acción de libertad podrá ser planteada por cualquier persona que considere que su vida está en peligro, o que esta ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o privada de su libertad personal, a cuyo efecto, deberá dar cumplimiento a lo previsto por el art. 126.I de la Norma Suprema, que prevé que una vez interpuesta la acción de defensa se citará ya sea de forma personal o por cédula, a la autoridad o persona denunciada; en ese contexto normativo, se concluye que la legitimación pasiva recae sobre la persona particular o servidor público que hubiere incurrido en un acto ilegal u omisión indebida, que restringió, suprimió o amenazó los derechos protegidos por ésta acción tutelar”.

Ahora bien, se tiene que tomar en cuenta, que el impetrante de tutela a momento de presentar su acción de libertad, identificó como demandados a: a) Los miembros del Tribunal de Sentencia Penal de Challapata del departamento de Oruro; b) La Responsable de la DNA de Challapata del departamento de Oruro; y, c) Al Fiscal de Materia (fs. 14 a 18 vta.); así también, del Auto de Admisión emitido por el Juez de garantías (fs. 19 y vta.), se tiene que la acción de defensa fue admitida y se ordenó la citación de las autoridades referidas anteriormente. De dichos actos, se tiene que el accionante no demandó al Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, ni tampoco fue admitida contra dicha autoridad, por lo que la misma carece de legitimación pasiva en la presente acción de defensa, quedando inhibido este Tribunal Constitucional Plurinacional de poder efectuar el Control Constitucional Tutelar de la resolución cuestionada, por lo que corresponde denegar la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo.

ii) En cuanto al derecho al debido proceso en su elemento de aplicación objetiva de la ley El impetrante de tutela, considera lesionado su derecho al debido proceso en su elemento de aplicación objetiva de la ley, por parte del Tribunal de Sentencia, El Fiscal de Materia y la Responsable de la DNA todos de Challapata del departamento de Oruro; toda vez que, desde el inicio de la investigación hasta la audiencia de apertura de juicio oral en el que se emitió el Auto Interlocutorio 15/2022 de 18 de marzo, se aplicó el Sistema Penal Común, cuando debía aplicarse el Sistema Penal para Adolescentes, al ser su persona menor de edad al momento de producirse los hechos investigados, situación que no fue considerado por el Fiscal de Materia, la DNA y menos por el Tribunal de Sentencia, pese a que tenían la obligación de respetar las reglas del debido proceso aspectos que no ocurrieron en su caso, pues se lo procesa de forma indebida con un Sistema Penal equivocado, violentando también el derecho al juez natural al no ser las autoridades llamadas por ley para juzgar el hecho, así establecido en el art. 5 del CP en relación con los arts. 7 y 262 del CNNA. 1) Sobre el Tribunal de Sentencia Penal de Challapata del departamento de Oruro El accionante considera lesionado su derecho al debido proceso en su elemento de aplicación objetiva de la ley; puesto que, emitieron el Auto Interlocutorio 15/2022, por el cual desestimaron el incidente de nulidad por defecto absoluto y su excepción de incompetencia, aplicando de forma equivocada el Procedimiento Penal Común, y no así el Sistema Penal para Adolescentes tras haber demostrado que al momento de suscitarse los hechos era menor de edad, pese a tener la obligación de respetar las reglas del debido proceso, vulnerando de igual forma su derecho al juez natural conforme lo establece el art. 5 del CP concordante con los arts. 7 y 262 del CNNA. En ese contexto, previamente debemos referirnos a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.5 de este fallo constitucional referente a la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, la jurisprudencia constitucional estableció diversos escenarios que imposibilitan ingresar al fondo de la referida acción de libertad, como ser:

4. Cuando… se impugna una resolución judicial… que por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada.

Ahora bien, conforme a la Conclusión II.9 de la presente Resolución Constitucional, se tiene que el Tribunal de Sentencia Penal de Challapata del departamento de Oruro, desestimó el incidente de nulidad por defecto absoluto y la excepción de incompetencia solicitada por el accionante por medio del Auto Interlocutorio 15/2022 de 18 de marzo, indicando en la parte final que:

La presente resolución o es susceptible de apelación incidental, pudiendo las partes hacer uso de su reserva de apelación restringida si el caso amerita (sic). En ese orden, si bien es cierto que el Tribunal demandado, indicó que el Auto Interlocutorio 15/2022 no era susceptible de apelación incidental; empero, no hay que perder de vista lo regulado por el art. 403.2 del CPP modificado por el art. 16 de la Ley 1173 la cual establece que:

Artículo 403. (RESOLUCIONES APELABLES). El recurso de apelación incidental procederá contra las siguientes resoluciones: (…). 2. La que resuelve una excepción o incidente (las negrillas son nuestras). Es así, que se puede advertir, que contra el Auto Interlocutorio 15/2022 de 18 de marzo, la cual desestimó las pretensiones del impetrante de tutela tal como el incidente de nulidad por defecto absoluto y la excepción de incompetencia procedía interponer el recurso de apelación incidental ante el Tribunal de alzada, si en su caso el peticionante de tutela consideraba que se encontraban vulnerados sus derechos y garantías constitucionales, para que sea la autoridad competente quien corrija los defectos vulneratorios, y solo ante la emisión de una resolución por el superior en grado en la que persista las supuestas acciones ilegales, recién poder acudir a la vía constitucional, por lo que al no haber interpuesto el recurso que le franqueaba la Ley en el momento oportuno hace inviable que la jurisdicción constitucional pueda pronunciarse al respecto, operando en el presente caso la subsidiariedad excepcional con la que se encuentra revestida la acción de libertad conforme lo establecido en el Fundamento Jurídico III.5 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; por lo que, corresponde denegar la tutela, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática. 2) Respecto al Fiscal de Materia

El solicitante de tutela considera lesionado su derecho al debido proceso en su elemento de aplicación objetiva de la ley; toda vez que, el Fiscal de Materia, desde el inicio de la investigación hasta la audiencia de apertura de juicio oral hizo aplicar el Sistema Penal Común, cuando debía aplicarse el Sistema Penal para Adolescentes, al ser su persona menor de edad al momento de producirse los hechos investigados. Ahora bien, el Fundamento Jurídico III.5 de este fallo constitucional, en relación a la subsidiariedad en la acción de libertad respecto al Fiscal de Materia, establece que:

“4. Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada”. Asimismo, el precitado Fundamento Jurídico III.5 señala que:

“…cuando el Fiscal hubiera dado a conocer el inicio de la investigación al juez de turno o la imputación formal, queda plenamente identificado el Juez que ejerce el control jurisdiccional del proceso; en consecuencia, corresponde que la persona acuda previamente a dicha autoridad judicial para que resguarde ese derecho y en caso de que el mismo no lo restablezca recién se puede acudir a la instancia constitucional, de lo contrario si se acude directamente ante esta jurisdicción se aplica la subsidiariedad excepcional y no se ingresa al fondo del asunto reclamado”. Es así que, el ahora accionante, al conocer del Inicio de Investigaciones de 12 de septiembre de 2019 (Conclusión II.2); la imputación formal de 14 de febrero de 2020 (Conclusión II.4); y, la acusación formal de 15 de marzo de 2021 (Conclusión II.6) actos pronunciados y efectuados por el Fiscal de Materia, y al existir la autoridad jurisdiccional que efectúa el control jurisdiccional, y ante la advertencia de que presuntamente dichos actuados vulneraban sus derechos y garantías constitucionales, tenía la posibilidad de acudir vía control jurisdiccional a la autoridad competente, para que sea dicha autoridad quien corrija los defectos vulneratorios, y solo si ante la emisión de la resolución por parte del control jurisdiccional persistieran dichas ilegalidades recién acudir a la vía constitucional, por lo que al no hacer dichos reclamos en el momento oportuno hace inviable que la jurisdicción constitucional pueda pronunciarse al respecto, operando en el presente caso la subsidiariedad excepcional con la que se encuentra revestida la acción libertad; por lo que, corresponde denegar la tutela solicita, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo. 3) En cuanto a la Responsable de la DNA de Challapata del departamento de Oruro El impetrante de tutela considera lesionado su derecho al debido proceso en su elemento de aplicación objetiva de la ley; toda vez que, la Responsable de la DNA de Challapata del departamento de Oruro, no tomó en cuenta que al haberse suscitado los hechos cuando era menor de edad, debía ser procesado bajo el Sistema Penal para Adolescentes y no así por el Sistema Penal Común, pese a que tenía obligación de respetar las reglas del debido proceso. En relación a este punto, es necesario hacer alusión al Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, en el cual se sostuvo que, el tema de la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes innegablemente cobra relevancia ante vulneración de los mismos; es en ese entendido que, son varios instrumentos internacionales y la legislación nacional que establecen ese deber de protección que debe ser asumido por toda la administración pública; y, es en dicho marco, que las Defensorías de la Niñez y Adolescencia juegan un papel importante en la protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes, especialmente tratándose de procesos penales cuyos hechos investigados se encuentran vinculados a abuso sexual, en cuyos casos, dicha institución, debe efectuar el acompañamiento, seguimiento, asesoramiento y patrocinio legal de las víctimas, defendiendo sus intereses y velando por su protección, en todas las etapas del proceso penal (recepción y promoción de la denuncia, etapa preliminar, etapa preparatoria, juicio oral, reparación de daños). Bajo el marco precedentemente señalado, en el presente caso, debe considerarse que, se tiene que la DNA de Challapata del departamento de Oruro, fue quien recibió la denuncia de una posible violación de infante niña, niño o adolescente denunciada por Emiliana Quelca Sebastián de Espejo -abuela- de DQE -víctima-, quien de acuerdo al informe vertido en la audiencia de garantías la cual no fue refutada ni rebatida por el accionante, dio cumplimiento a sus obligaciones como DNA, haciendo el seguimiento y patrocinio correspondiente a la víctima y denunciante, institución que participó de forma activa en todo el proceso penal, desde el inicio de investigaciones hasta la etapa de juicio oral en la que se encuentra el presente caso, evidenciándose que dicha institución realizó el acompañamiento, seguimiento, asesoramiento y patrocinio legal de la víctima en las todas las fases del proceso penal, cumpliendo su deber de seguimiento y asesoramiento de la víctima, y que si bien, se instauró el proceso aplicando las normas del Sistema Procesal Común, es necesario recordar que las acciones realizadas por la DNA no causan estado, siendo las autoridades jurisdiccionales así como fiscales, las que determinan la norma legal aplicable en el caso, no siendo evidente la denuncia efectuada por el accionante, por lo que corresponde denegar la tutela al respecto. iii) El relación a los principios de presunción de inocencia y minoría de edad El peticionante de tutela, considera lesionado los principios de inocencia y minoría de edad; toda vez que: i) El Fiscal de Materia, no produjo pruebas con las que se demuestre la concurrencia de los riesgos procesales de fuga y obstaculización en la audiencia de medidas cautelares; ii) El Tribunal de Sentencia Penal de Challapata del departamento de Oruro, pese a no existir una sentencia condenatoria o flagrancia, sin tomar en cuenta las pruebas documentales presentadas, dispusieron sin competencia su detención preventiva, sin considerar los argumentos de su defensa en la audiencia de medidas cautelares; y, iii) El Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, al haber emitido el Auto de Vista 87/2022, indicó que debía plantear las excepciones e incidentes durante la etapa preparatoria o en el juicio oral, y que la simple mención del art. 7 del CNNA no bastaba para disponer la declinatoria de competencia de los jueces, o determinar la nulidad del Auto 15/2022 para ordenar su libertad, sin tomar en cuenta que tiene la obligación de aplicar la norma más favorable a su persona cuando exista una duda sobre la aplicación de la ley. A ese efecto, el Fundamento Jurídico III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en cuanto a la presunción de inocencia indicó que:

“…ciertamente la presunción de inocencia se constituye en una directriz de la administración de justicia; por lo que, las autoridades tanto jurisdiccionales como administrativas se encuentran obligadas a efectivizarla al momento de conocer los procesos sometidos a su conocimiento y además al ser un derecho debe ser garantizado durante todo el proceso, para el cumplimiento del debido proceso, debiendo presumirse durante su desarrollo la inocencia del acusado mientras no se compruebe su culpabilidad mediante sentencia ejecutoriada”. En ese contexto, se analizará las denuncias efectuadas por el peticionante de tutela por cada autoridad demandada. a) Sobre el Fiscal de Materia

El accionante considera que se lesionaron los principios a la presunción de inocencia y de minoridad; puesto que, el Fiscal de Materia, no produjo pruebas con las que se demuestre la concurrencia de los riesgos procesales de fuga y obstaculización en la audiencia de medidas cautelares. Ahora bien, de la audiencia de aplicación de medidas cautelares, llevada a cabo el 2 de marzo de 2022, el Fiscal de Materia en su intervención a fin de demostrar la concurrencia de los riesgos procesales de fuga y obstaculización para sustentar su solicitud de detención preventiva del ahora impetrante de tutela, presentó la prueba respectiva y necesaria, siendo la más trascendental la respectiva imputación formal que data del 14 de febrero de 2020, y que en la fecha en que se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares, se advierte que la causa se encontraba ya en etapa de juicio oral, momento en que todos los medios de prueba que permitían demostrar la concurrencia de los riesgos procesales se encontraban en cadena de custodia, es decir los mismos se hallaban en poder del Tribunal de Sentencia Penal de Challapata del departamento de Oruro, debidamente sellado, lacrados y codificados, los cuales serían insertados al proceso una vez se llevara a cabo la audiencia de apertura de juicio oral; por lo que, mal se podría decir que el Ministerio Público no presentó medio probatorio alguno para demostrar los riesgos procesales de fuga y obstaculización, máxime, cuando para demostrar la concurrencia del riesgo procesal, además que cumpliendo el rol de protección de los derechos tanto del imputado como de la víctima se realiza una priorización en los derechos de la víctima que es una mujer menor de edad; además que, de acuerdo a los datos del proceso, tanto en la declaración informativa, imputación formal y acusación formal, se tiene que el accionante cuenta con la mayoría de edad, la cual como se observó en anteriores problemáticas, el prenombrado no cuestionó su edad y menos el Sistema Penal con la que era procesado, operando los principios de preclusión y convalidación, al no haber hecho uso oportuno de las excepciones e incidentes que la ley le franqueaba a su favor para hacer valer sus derechos y garantías constitucionales, por lo que no se advierte vulneración alguna, correspondiendo denegar la tutela solicitada. b) Respecto al Tribunal de Sentencia Penal de Challapata del departamento de Oruro El impetrante de tutela denuncia que los miembros del Tribunal de Sentencia Penal de Challapata del departamento de Oruro, lesionaron los principios a la presunción de inocencia y de minoridad, pues, pese a no existir una sentencia condenatoria o flagrancia, sin tomar en cuenta las pruebas documentales presentadas, dispusieron sin competencia su detención preventiva, sin considerar los argumentos de su defensa en la audiencia de medidas cautelares. La presente problemática tiene estrecha relación, con la denuncia efectuada por el accionante respecto a la vulneración al derecho al debido proceso en su elemento de aplicación objetiva de la ley, y al haberse advertido que en dicha problemática operaba la subsidiaridad excepcional al no haber interpuesto el recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 15/2022 de 18 de marzo, de igual forma en el presente punto, corresponde la aplicación del principio de subsidiariedad conforme lo explicado en el Fundamento Jurídico III.5 de este fallo constitucional, al no haber acudido al superior en grado para que sea dicha autoridad la que corrija las supuestas vulneraciones a sus derechos y garantías constitucionales, por lo que corresponde denegar la tutela impetrada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo. c) En cuanto al Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro

El solicitante de tutela de tutela, considera lesionado los principios de presunción de inocencia y de minoridad; pues el Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, al haber emitido el Auto de Vista 87/2022, indicó que debía plantear las excepciones e incidentes durante la etapa preparatoria o en el juicio oral, y que la simple mención del art. 7 del CNNA no bastaba para disponer la declinatoria de competencia de los jueces, o determinar la nulidad del Auto 15/2022 para ordenar su libertad, sin tomar en cuenta que tiene la obligación de aplicar la norma más favorable a su persona cuando exista una duda sobre la aplicación de la ley. En ese orden de ideas, el Fundamento Jurídico III.6 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, respecto a la legitimación pasiva en la acción de libertad indicó que:

“…la acción de libertad podrá ser planteada por cualquier persona que considere que su vida está en peligro, o que esta ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o privada de su libertad personal, a cuyo efecto, deberá dar cumplimiento a lo previsto por el art. 126.I de la Norma Suprema, que prevé que una vez interpuesta la acción de defensa se citará ya sea de forma personal o por cédula, a la autoridad o persona denunciada; en ese contexto normativo, se concluye que la legitimación pasiva recae sobre la persona particular o servidor público que hubiere incurrido en un acto ilegal u omisión indebida, que restringió, suprimió o amenazó los derechos protegidos por ésta acción tutelar”.

Ahora bien, se tiene que tomar en cuenta, que el impetrante de tutela a momento de presentar su acción de libertad, identificó como demandados a: 1) Los miembros del Tribunal de Sentencia Penal de Challapata del departamento de Oruro; 1) La Responsable de la DNA de Challapata del departamento de Oruro; y, 3) Al Fiscal de Materia (fs. 14 a 18 vta.); así también, del Auto de Admisión emitido por el Juez de garantías (fs. 19 y vta.), se tiene que la acción de defensa fue admitida y se ordenó la citación de las autoridades referidas anteriormente.

De dichos actos, se tiene que el accionante no demandó al Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, ni tampoco fue admitida contra dicha autoridad, por lo que la misma carece de legitimación pasiva en la presente acción de defensa, quedando inhibido este Tribunal Constitucional Plurinacional de poder efectuar el Control Constitucional Tutelar de la resolución cuestionada, por lo que corresponde denegar la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo. iv) En cuanto al derecho a la defensa

El peticionante de tutela, denuncia la vulneración de su derecho a la defensa presuntamente lesionado por los demandados. En ese antecedente, el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, la misma se refiere a:

“…la potestad inviolable de la persona a ser escuchado en juicio, a fin de negar, contradecir o desvirtuar los hechos que se le atribuyen, ofreciendo y produciendo pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea”. En ese contexto, dentro el proceso penal que se le sigue al ahora accionante, se tiene que, una vez conocido de la causa, el prenombrado presentó su declaración informativa ante el Ministerio Público el 2 de octubre de 2019 (Conclusión II.3); de igual forma participó con su defensa técnica en la audiencia de medidas cautelares en la que se dispuso su detención preventiva por medio del Auto Interlocutorio 09/2022 (Conclusión II.7); determinación contra la cual interpuso recurso de apelación, la cual fue confirmada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro mediante Auto de Vista 87/2022 (Conclusión II.8); para finalmente en audiencia de juicio oral, interponer el incidente de nulidad por defecto absoluto y la excepción de incompetencia la cual fue desestimada por el Tribunal de Sentencia Penal de Challapata del departamento de Oruro a través del Auto Interlocutorio 15/2022 (Conclusión II.9). De dichos antecedentes, se tiene que el impetrante de tutela, tuvo la oportunidad de negar, contradecir o desvirtuar los hechos que se le atribuyen, ofreciendo y produciendo pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea, sin que se le haya negado de forma injustificada o ilegal su actuación y defensa respectiva, por lo que, al no advertir violación alguna, corresponde denegar la tutela solicitada. v) Sobre la aplicación del enfoque interseccional en el caso concreto

Ahora bien, en el presente caso se analizará el asunto dentro el proceso penal que nos ocupa tal como se estableció en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, en ese orden de ideas, se tiene que contra el accionante se aplicó la extrema ratio de detención preventiva por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente por medio del Auto Interlocutorio 09/2022 de 2 de marzo pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal de Challapata del departamento de Oruro, bajo los siguientes fundamentos:

“CONSIDERANDO.- A, efectos de emitir la correspondiente resolución este Tribunal de Sentencia, toma en cuenta y valora los siguientes elementos de convicción: 1.- Queda plenamente comprobado y evidenciado con relación al art. 233 en sus Núm. 1) y 2) del CPP., esto en el antecedente que de obrados se evidencia que en su momento oportuno se presento imputación formal por parte de la representación del Ministerio Público en contra del imputado Eddy Quispe Espejo, por el delito de Violación Niña, Niño o Adolescente, elementos de convicción que en la etapa de investigación o instructiva no fuere objetado por el imputado, esto en el antecedente que dicho imputado hubiera sido declarado en rebeldía inclusive y que a la fecha se tiene la Acusación Formal contra el referido acusado, vale decir que se tiene la relación fáctica de los hechos, en forma precisa, se tiene elementos de convicción que ahora son considerados como prueba, aspectos que serán comprobados por el Ministerio Publicó a lo largo del juicio oral que se desarrollara precedentemente. 2.- Con relación al plazo que se invoca por la parte acusada, a dicho efecto, debe tomarse en cuenta lo que dispone el art. 233 Primer Párrafo del CPP, que señala: En etapa de juicio oral y recursos, para que proceda la detención preventiva se deberá acreditar los riesgos procesales previstos en el numeral 2 del presente articulo. Vale decir la existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizara la averiguación de la verdad, no corresponde otorgar el plazo de duración de la detención preventiva incoado por el ahora acusado.

2.- Con relación al riesgo procesal inmerso en el Núm., 1) del art. 234 del CPP, Que el imputado no tenga domicilio o residencia habitual, ni familia, negocios o trabajo asentados en el país.- A, dicho efecto, este Tribunal toma en cuenta y valora, lo vertido por el Ministerio Público, cuando en la presente audiencia presenta un extracto de SEGIP, donde señala el domicilio que tuviera el acusado Eddy Quispe Espejo, señalando en la calle Beni y Rengel de Challapata, de donde se evidencia que no existe una dirección convencional o completa, es decir se tiene que acreditar con una calle principal donde seria su domicilio y dos calles que le colindan a esta, aspecto que no ocurre en el presente caso, ya que se trata de una dirección genérica. Así también se tiene en cuanto a su ocupación la de estudiante, sin embargo no ha venido a demostrar con documentación idónea que el mismo sería estudiante y que este tuviere un domicilio habitual y habitable, con esos antecedentes no se ha venido en demostrar con prueba documental idónea y fehaciente el domicilio y ocupación. Consecuentemente subsistente dichos riesgos procesales señalados.

3.- Con relación al riesgo procesal inmerso en el Núm. 2) del Art. 234 del CPP., Las facilidades de abandonar el país o permanecer oculto.-Este numeral va íntimamente ligado al Numeral 1) del art. 234 del CPP., por tanto no se ha venido en acreditar el arraigo natural correspondiente con el numeral 2). Consecuentemente subsistente dicho riesgo procesal.

4.- Con relación al riesgo procesal inmerso en el Numeral 7 del art. 234 del CPP., Peligro efectivo para la sociedad o para la víctima o el denunciante.- A, dicho efecto, es pertinente referirnos en cuanto a la imputación formal contra el imputado, cuando en forma precisa se refiere: Que existe un informe psicológico que la menor señala: el peligro inminente que estaría corriendo cuando ocurrieron los hechos suscitados, cuando señala: Que su agresor le hubiera señalado que Deje de hablar macanas, te voy a matar. Así mismo la menor menciona: No quiero vivir con el Eddy tengo miedo pienso que me puede hacer algo cuando estoy sola con él, me escapo me voy donde mi vecina. Consecuentemente a criterio de este Tribunal se encuentra plenamente acreditado el presente riesgo efectivo para la víctima menor de edad.

5.- Con relación al riesgo procesal inmerso en el Numeral 1) del art. 235 del CPP, Que el imputado destruya, modifique, oculte, suprima o falsifique dicho riesgo procesal, va en estrecha relación con el Numeral 2) Que el imputado amenace o influya negativamente sobre los participes, víctima, testigos o peritos, a objeto de que informen falsamente o se comporten de manera reticente.- A, dicho efecto, se debe partir de los elementos precedentemente referidos, que existe un Informe Psicológico, que se señala en la imputación formal, donde evidencia que existe amenazas por parte de su agresor hacia la menor, cuando le refiere que deje de hablar macanas si no la va a matar. Por otro lado, también se debe tomar en cuenta que a la fecha el presente proceso penal, se encuentra a instancias de entrar a juicio oral propiamente dicho, donde se requerirá la comparecencia de la víctima, testigos y por sobre todo prueba literal que deberá ser incorporada por el ministerio público y las partes, de donde se advierte que el ahora acusado puede influir negativamente en la víctima o testigos al momento que se les convoque a declarar, esto en consideración que de acuerdo a la acusación del Ministerio Público, se encuentra ofrecida la víctima y otros testigos que van a venir a declarar en el presente juicio oral, así como también el acusado pueda suprimir u ocultar elementos de prueba, en este caso como son los testigos a presentarse. Consecuentemente a criterio de este Tribunal, se encuentra plenamente acreditado los riesgos procesales señalados.

Asimismo, se debe dejar presente, que este tribunal toma en cuenta conforme a lo que establece el Art. 60 de la Constitución Política del Estado, vale decir es deber del estado y la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior del niño o adolescente y comprender la preminencia en sus derechos, la primacía de recibir, protección o socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados y acceso a una justicia pronta y oportuna y con asistencia de personal especializado.

Así también, se tiene con relación a la Ley 1173, Art. 1ero.- Donde refiere, la presente ley tiene por objeto, procurar la pronta y oportuna resolución de los conflictos penales, adoptando el efecto medidas indispensables para profundizar la oralidad para fortalecer la lucha contra la violencia familiar, niños adolescentes y mujeres, evitando el retardo procesal y el abuso de la detención preventiva, la efectiva tutela judicial de las víctimas, mediante la modificación de la Ley 1970 de 25 de marzo de 1999.

Que, por otro lado también se tiene con relación a la Ley 348 con relación al Art. 4 principios y valores, referente al principio de informalidad, vale decir en todos los niveles de la administración publica, destina prevenir, atender, detectar, procesar y sancionar, cualquier forma de violencia hacia las mujeres, no se exigirá el cumplimiento de los requisitos formales o materiales que entorpezcan el proceso de restablecimiento de los derechos vulnerados y la sanción a los responsables” (sic [Conclusión II.7]). En ese orden de cosas, considerando que en el proceso penal la víctima es una menor de edad mujer, que sufrió una violación sexual, es necesario verificar si en la emisión del Auto Interlocutorio 09/2022 de 2 de marzo se cumplió con los Estándares Internacionales e Internos respecto a la protección del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, pues debe comprenderse que los órganos y jueces tienen la obligación reforzada de asegurar el efectivo ejercicio de sus derechos, debiendo actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia hacia la mujer, de ahí que, se debe observar un proceso argumentativo con la debida fundamentación y motivación a partir de un enfoque interseccional que pasa por identificar los patrones de poder y relaciones asimétricas entre la víctima y el imputado, que coloquen a la primera en una situación de vulnerabilidad; determinándose el derecho aplicable y los problemas que pueden surgir, problemas interpretativos o la necesidad de efectuar una ponderación ante la existencia de normas y principios contrapuestos. En ese contexto, y de los antecedentes puestos en examen, se puede evidenciar que las autoridades demandadas a momento de emitir los Autos Interlocutorios 09/2022 y 15/2022 ahora impugnados, a través de esta acción de defensa, al momento de realizar una ponderación entre los derechos del impetrante de tutela frente a los derechos de la víctima menor de edad, si bien efectuaron una argumentación reconociendo el interés superior de la niña, niño y adolescente, reconociendo la vulnerabilidad de la víctima frente a los acusados, se tiene que cumplieron de esta manera con el deber de la debida diligencia en el presente caso, que tiene como víctima a una mujer menor de edad, dando cumplimiento a los Estándares Internacionales y Nacionales de respecto y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en situación de violencia, poniendo en alto el interés superior del niño conforme lo establece el art. 60 de la CPE, al observar la vulnerabilidad de las víctimas, obligaciones que se encuentran descritos y desarrollados en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. De donde se puede concluir, de manera clara que las autoridades demandadas consideraron que en casos de violencia contra las mujeres (niñas, adolescentes o mayores de edad) es deber de la autoridad judicial aplicar el enfoque interseccional ello considerando que la víctima de violación es una mujer menor de edad, quien merece especial atención y protección de sus derechos; siendo necesario romperse la forma tradicional de resolver los conflictos, removiendo todos los obstáculos y mecanismos de hecho y derecho que mantienen la impunidad y utilizando todas las medidas para diligenciar el proceso, en el que la investigación sea asumida de manera seria, imparcial y efectiva para la determinación de la verdad, la persecución, captura, enjuiciamiento, y en su caso, la sanción de los responsables de los hechos, consecuentemente se concluye que el Tribunal de Sentencia Penal de Challapata del departamento de Oruro ahora demandados cumplieron con los Estándares Internacionales e Internos para la protección de los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia aplicando de forma general el enfoque interseccional. Finalmente en el presente caso, es necesario aclarar que no se ingresó a efectuar juicios de valor sobre la inocencia o culpabilidad del ahora accionante, puesto que no es competencia de este Tribunal realizar dicha labor, debiendo ser la autoridad jurisdiccional del ramo la que realice la valoración de todos los actuados y poder emitir una decisión ya sea absolutoria o condenatoria; en ese antecedente se analizó las denuncias realizadas por el impetrante de tutela en relación a los agravios denunciados en contra de las autoridades demandadas, y en una valoración integral de todo el historial de hechos, se aplicó el enfoque interseccional para la solución del caso concreto. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2022 de 5 de mayo, cursante de fs. 80 a 86 vta., pronunciada por el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Challapata del departamento de Oruro, constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada en los mismos términos y condiciones vertidas por el Juez de garantías, y en base a los fundamentos jurídicos insertos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Notas al pie

7 Convención Belén Do Pará, art. 9: “Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad”.

adolescentes, tienen el derecho a solicitar la protección y restitución de sus derechos, con todos los medios que disponga la ley, ante cualquier persona, entidad u organismo público o privado (…) IV. La preeminencia de los derechos de la niña, niño y adolescente, implica también, la garantía del Estado de procurar la restitución y restauración del derecho a su integridad física, psicológica y sexual. Se prohíbe toda forma de conciliación o transacción en casos de niñas, niños o adolescentes víctimas de violencia (las negrillas son incorporadas)”.

12 Mediante Resolución Ministerial 72/2017 de 8 de mayo, el ente rector de SIPPROINA aprobó el “Protocolo de Prevención, Atención y Sanción a toda forma de Vulneración a la Integridad Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes” que establece las acciones y momentos en que deben actuar las instituciones públicas, y como se articulan en el marco de sus competencias, atribuciones y funciones para garantizar a niñas, niños y adolescentes una vida sin vulneración a su integridad sexual, a través de 3 niveles de revención y un nivel de atención integral.

13 En cuanto a la función receptora con la que cuenta la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, el art. 155 del CNNA establece que: “Todas las personas, sean particulares, servidoras y servidores públicos, que tengan conocimiento de hechos de violencia en contra de niñas, niños o adolescentes, están obligado a denunciarlos, ante las Defensorías de la Niñez y Adolescencia o cualquier otra autoridad competente”

14 La jurisprudencia constitucional pronunciada en la SCP 1840/2013 de 25 de octubre, formuló razonamientos respecto al contenido, alcance o los elementos constitutivos del debido proceso.

15 La SCP 0782/2018-S2 de 26 de noviembre, respecto a una de las lecturas del debido proceso, expresa: “Conforme a las citadas disposiciones constitucionales, lo que se busca es evitar que una persona sufra la imposición de una sanción o la afectación de un derecho, sin el cumplimiento de un proceso previo, en el que se observen los derechos fundamentales y las garantías de naturaleza procesal, contenidos en la Constitución Política del Estado y las leyes que desarrollan tales derechos. Asimismo, el debido proceso se encuentra reconocido como un derecho humano en el art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)[1], al igual que en el art. 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)[2], instrumentos comprendidos dentro del bloque de constitucionalidad, conforme al art. 410.II de la Ley Fundamental. (…) en ese entendido, el debido proceso en sus elementos constituidos por los derechos al juez natural, a la defensa y a la presunción de inocencia, son aplicables en los procesos administrativos y en todos aquellos que se presentan en la

esfera privada de las instituciones, asociaciones o cooperativas, donde se tenga que determinar una situación con efectos jurídicos que repercuten en los derechos de las personas”.

16 La SCP 2184/2012 de 8 de noviembre, ha expresado que una de las lecturas del debido proceso “… abarca los presupuestos procesales mínimos a los que debe regirse todo proceso judicial, administrativo o corporativo, observando todas las formas propias del mismo así como las leyes preexistentes, para hacer posible la materialización de la justicia en igualdad de condiciones, lo que implica la posibilidad de ser juzgado por un juez o tribunal imparcial, independiente, competente y preestablecido legalmente con anterioridad a los hechos atribuidos y en el marco de garantías y presupuestos procesales imperantes en el orden jurídico rector”

17 Respecto al derecho a la defensa, la SC 1534/2003-R de 30 de octubre, expreso textualmente: “…como potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea. Asimismo, implica la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal en las mismas condiciones con quien lo procesa, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos“.

21 Nogueira Alcalá, Humberto. Consideraciones sobre el derecho fundamental a la presunción de inocencia.

22 La Observación General 13 fue aprobada por el Comité de Derechos Humanos en su 21º período de sesiones (1984) 23La Observación General 32 fue aprobada por el Comité de Derechos Humanos en su 90º período de sesiones (2007)

24 Elaborado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con la colaboración de la Cooperación Alemana (GIZ). Publicado el 2020.

25 Art. 6 del Código de Procedimiento Penal. 26Art. 116 del Código de Procedimiento Penal.

27 Art. 6 del Código de Procedimiento Penal.

28 Razonamiento asumido en conocimiento del Caso Cantoral Benavides Vs. Perú.

29 Art. 173 de la ley adjetiva penal.

30 Art. 173 de la ley adjetiva penal 31Serrudo Santelices, Patricia. La tutela eficaz del derecho a la libertad personal en el marco del art. 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos: Una visión a la acción de libertad en el Estado Plurinacional de Bolivia, páginas 21 a 22.

32 “…para que se abra la tutela que brinda esta acción, es preciso que previamente se determine si existen los medios de impugnación específicos e idóneos para restituir el derecho a la libertad en forma inmediata, pero además de ello, se debe considerar también que cuando quien recurre de hábeas corpus, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aún en el supuesto de que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, es lógico suponer que tampoco procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad, ello debido a que el recurrente, actual accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza la acción tutelar, pues al activar en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico”.

33 El Código de Procedimiento Penal fue modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, No. 1173, de 8 de mayo de 2019.

34 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párrs. 101-103.

35 La Constitución Política del Estado en su art. 203 determinó que: “Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno.”

36 El Código Procesal Constitucional establece: “Artículo 15°. - (Carácter obligatorio, vinculante y valor jurisprudencial de las sentencias)

Las sentencias, declaraciones y autos del Tribunal Constitucional Plurinacional son de cumplimiento obligatorio para las partes intervinientes en un proceso constitucional; excepto las dictadas en las acciones de inconstitucionalidad y recurso contra tributos que tienen efecto general. Las razones jurídicas de la decisión, en las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional constituyen jurisprudencia y tienen carácter vinculante para los Órganos del poder público, legisladores, autoridades, tribunales y particulares.”

37 Corte IDH. Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2014. Párr. 242 “La Corte ha especificado los principios rectores que es preciso observar en investigaciones penales relativas a violaciones de derechos humanos. La Corte también ha señalado que el deber de investigar efectivamente tiene alcances adicionales cuando se trata de una mujer que sufre una muerte, maltrato o afectación a su libertad personal en el marco de un contexto general de violencia contra las mujeres. En casos de violencia contra la mujer, ciertos instrumentos internacionales resultan útiles para precisar y dar contenido a la obligación estatal reforzada de investigarlos con la debida diligencia”.

38 La CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER "CONVENCION DE BELEM DO PARA" en su art. 7 establece: “Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: (…) b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer”.

Así también, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en su art. 4 determina que: “Los Estados deben condenar la violencia contra la mujer y no invocar ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su obligación de procurar eliminarla. Los Estados deben aplicar por todos los medios apropiados y sin demora una política encaminada a eliminar la violencia contra la mujer. Con este fin, deberán: (…) c) Proceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a la legislación nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de actos perpetrados por el Estado o por particulares”.

39 El Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Generó señaló que: “… el enfoque interseccional ha sido poco a poco acogido en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, tanto a nivel normativo como en la interpretación que efectúan los órganos de supervisión tanto del sistema universal como interamericano, lo que ha permitido superar el análisis de un solo eje de discriminación, para introducir una interpretación múltiple, con dos o más ejes de discriminación. Un ejemplo de ello es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que en el art. 9 señala que los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad.”

40 Corte IDH. Caso Carpio Nicolle y otros Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2004. Parr. 134.

41 Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Sentencia de 29 de julio de 1988. Párr. 177 “En ciertas circunstancias puede resultar difícil la investigación de hechos que atenten contra derechos de la persona. La de investigar es, como la de prevenir, una obligación de medio o comportamiento que no es incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio. Sin embargo, debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad. Esta apreciación es válida cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aun los particulares, pues, si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado.”

42 Corte IDH. Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009. Párr. 101.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1163_2023-S1.pdf · páginas 1 a 77.

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La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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