Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 13 de octubre de 2023
Concede la tutela
El accionante, a través de su representante sin mandato, alega como vulnerados sus derechos a la libertad y al debido proceso, vinculados con el principio de celeridad, señalando que se encuentra privado de libertad en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, condenado a tres años de “presidio” por el delito de robo agravado, al estar próximo a cumplir su condena solicitó el certificado de permanencia y conducta al Director del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, a fin de que se le certifique el cómputo de la pena y se informe sobre su conducta en el penal, para poder tramitar su libertad definitiva, sin obtener hasta la fecha una respuesta favorable por parte del Director Departamental de Régimen Penitenciario. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; y, b) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR parcialmente la Resolución 099/2022 de 12 de mayo, cursante de fs. 16 a 17 vta., pronunciada por la Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz constituido en Tribunal de garantías; y, en consecuencia: 1° CONCEDER totalmente la tutela solicitada conforme los fundamentos del presente fallo; y, 2° Disponer que en el plazo de veinticuatro horas: a) El Director del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, expida el certificado de permanencia y conducta solicitado por el accionante, bajo responsabilidades de ley; salvo que ya se hubiese emitido el mencionado certificado; y, b) El Director Departamental de Régimen Penitenciario debe designar de manera inmediata el personal necesario para que las solicitudes de los privados de libertad se cumplan conforme a derecho; siempre y cuando no se hubiera cumplido ya con la designación.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1162/2023-S1 Sucre, 13 de octubre de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 47596-2022-96-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 099/2022 de 12 de mayo, cursante de fs. 16 a 17 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rosalba Raquel Maldonado Bustamante en representación sin mandato de Víctor Hugo Bernal Gutiérrez contra Franz Laura Berrios, Director Departamental de Régimen Penitenciario de La Paz; y, David Rodolfo Machicado Cuela, Director del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz.
Mediante memorial de 12 de mayo de 2022, cursante de fs. 5 a 6 vta., el accionante, por intermedio de su representante sin mandato, manifestó que:
Se encuentra privado de libertad en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, debido a que fue condenado por la comisión del delito de robo agravado a tres años de “presidio” desde el 21 de mayo de 2019. Según la permanencia de conducta de -7 de julio de 2021-, cumplió la pena por el lapso de dos años, once meses y veinte días, por lo que en los próximos días cumplirá toda su pena, a cuyo efecto el 17 de febrero de 2022, solicitó certificado de permanencia y conducta al Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, impetrando se certifique la veracidad del cómputo de la pena y se informe sobre su conducta en el penal, sin obtener hasta la fecha una respuesta favorable por parte del Director Departamental de Régimen Penitenciario para poder tramitar su libertad definitiva, dilatando su emisión, no obstante que el mencionado certificado es un requisito indispensable para poder computar la pena.
El impetrante de tutela señala como vulnerados sus derechos a la libertad, debido proceso, vinculados al principio de celeridad, citando al efecto los arts. 115. II, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); arts. 9 y 14. 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, arts. 1 y “XVIII” de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH), art. 7 del Convención Americana sobre Derechos Humanos Pacto de San José de Costa Rica (CADH).
Solicita se conceda la tutela “SOLICITADA EN EL PRESENTE ACCIÓN” (sic), sin especificar concretamente su petitorio en el memorial de la acción de defensa; sin embargo, en la audiencia de la aludida acción solicitó que en el plazo máximo de veinticuatro horas se le entregue “la permanencia y conducta” –entiéndase la certificación correspondiente-.
Realizada la audiencia pública el 12 de mayo de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 18 a 19 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogada, amplió los argumentos expresados en su demanda constitucional, refiriendo que: a) El 17 de abril de 2022, presentó memoriales solicitando certificaciones de permanencia y conducta, para pedir algún beneficio, lamentablemente hasta el mes de mayo y próximo a cumplir la pena completa el 21 del mencionado mes, ha perdido todos los beneficios porque no existe respuesta sobre la permanencia y conducta solicitada que es necesaria para poder acceder a un beneficio; y, b) Es la cuarta vez “de la acción que se estaría llevando en contra de las dos autoridades accionadas y lamentablemente solo una me ha entregado con permanencia y conducta y que los funcionarios del penal refieren de que no hay funcionarios” (sic), cuando los otros reclusos están con su permanencia y conducta.
Franz Laura Berrios, Director Departamental de Régimen Penitenciario, no presentó informe y tampoco asistió a la audiencia de la presente acción tutelar, pese a su legal notificación cursante a fs. 11 de obrados. David Rodolfo Machicado Cuela, Director del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, en audiencia señaló que: 1) La emisión del certificado de permanencia y conducta está a cargo de la División de Kardex y Archivo dependiente de la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario, cuya autoridad es Franz Laura Berrios, es decir, que es personal dependiente del “Ministerio” Penitenciario; 2) Ningún funcionario policial tiene ese cargo, por lo que en reiteradas oportunidades exigieron que se dé pronta respuesta a las solicitudes de certificación e incluso a las órdenes judiciales y fiscales que llegan permanentemente; y, 3) La Dirección Departamental –se entiende de Régimen Penitenciario- informan que hubo varios despidos de personal y cambios internos por diferentes temas, por lo que se recarga la emisión de los certificados, reiterando que se derivó oportunamente las solicitudes, sin tener respuesta por la citada Dirección.
El Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz, por Resolución 099/2022 de 12 de mayo, cursante de fs. 16 a 17 vta., concedió en parte la tutela solicitada, en relación a Franz Laura Berrios, Director Departamental de Régimen Penitenciario, disponiendo que en el plazo de veinticuatro horas, a través del personal de archivo y kardex que está bajo su dependencia, expida el certificado de permanencia y conducta bajo alternativa de ley; y, denegó la tutela en relación a David Rodolfo Machicado Cuela, Director del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz. Determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: i) De acuerdo al certificado de permanencia y conducta de 7 de julio de 2021, se establece que el accionante reingreso al recinto penitenciario con mandamiento de condena de tres años de presidio el 21 de mayo de 2019, dentro del proceso seguido por el Ministerio Público por el delito de robo, con una permanencia de dos años, un mes y dieciséis días, lo cual corrobora lo fundamentado por la defensa, de que se solicitó el certificado de permanencia y conducta a efecto de poder acceder a algún beneficio; sin embargo, no se ha expedido a la fecha, ya que no se hizo llegar dicha certificación; ii) La solicitud del accionante dirigida al Director del Recinto Penitenciario de San Pedro de La Paz, fue presentada el 17 de febrero de 2022, si bien la misma es dirigida al prenombrado Director, se tiene del propio certificado de permanencia y conducta que se adjunta que en ella firma el encargado de archivo y kardex del Recinto Penitenciario de San Pedro de La Paz, estableciendo al respecto el art. 65 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) -Ley 2298 de 20 de diciembre de 2001- que el personal penitenciario será designado por el Director Departamental; iii) El Director del Recinto Penitenciario de San Pedro de La Paz, mostró un CITE 349/2022 presentado el 23 de febrero de 2022 a Franz Laura Berrios Director Departamental de Régimen Penitenciario, dependiente del Ministerio de Gobierno, solicitando que de manera urgente se designe un funcionario para la base de datos, encargado de la elaboración de datos estadísticos, certificaciones de permanencia y conducta, haciendo conocer que no se estaría cumpliendo con la emisión de las mismas en relación a la remisión de requerimientos fiscales y judiciales; iv) Se tiene presentado en abril de 2022, al Director Departamental de Régimen Penitenciario, haciéndole conocer oficios emitidos por los diferentes juzgados, por los cuales se conminó a la emisión de certificación de permanencia y conducta, solicitando se instruya al funcionario de su dependencia dar cumplimiento a las solicitudes emitidas por las autoridades judiciales, fiscales “y privados de libertad”; v) El Director del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, actuó de forma diligente al hacer conocer al Director Departamental de Régimen Penitenciario, sobre la ausencia del personal encargado del área de la base de datos, cómputo y emisión de certificados de permanencia y conducta; vi) Franz Laura Berrios, Director Departamental de Régimen Penitenciario, no instruyó al encargado de archivo y kardex para la extensión de certificado de permanencia y conducta, no obstante que el art. 65 de la LEPS establece que es el encargado del personal penitenciario, además de tener facultades disciplinarias sobre los funcionarios de su dependencia conforme determina el art. 54.14 de la mencionada ley; y, vii) No se ha remitido ningún antecedente por Franz Laura Berrios, por el cual se pueda corroborar que hubiese tomado las medidas necesarias para dar respuesta oportuna al accionante a su solicitud de certificado de permanencia y conducta de 17 de febrero de 2022, o atendido el cite de carácter urgente remitido el 23 de febrero de 2022, por el Director del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por certificado de permanencia y conducta 14393/2021 de 7 de julio, el encargado de Archivo y Kardex del Recinto Penitenciario de San Pedro de La Paz y el Director del mencionado recinto penitenciario José Luis Morales del Castillo, certificaron que Víctor Hugo Bernal Gutiérrez -ahora accionante- ingresó a dicho penal en tres oportunidades, habiendo sido sujeto de varias sanciones administrativas, reingresado la tercera vez por el delito de robo el 21 de mayo de 2019, con mandamiento de condena de tres años de presidio, con permanencia –la tercera vez- en el penal de dos años, un mes y dieciséis días (fs. 3 a 4). II.2. Nota presentada por el accionante a través del Servicio Plurinacional de Defensa Pública, el 17 de febrero de 2022, al Director del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, solicitando la extensión de un certificado de permanencia y conducta (fs. 2). II.3. Mediante Oficio Stría. Dir 0349/2022 de 21 de febrero (cargo de recepción 23 de febrero), el coaccionado David Rodolfo Machicado Cuela, Director del Recinto Penitenciario de San Pedro de La Paz, puso en conocimiento del coaccionado Franz Laura Berrios, Director Departamental de Régimen Penitenciario – Ministerio de Gobierno, la nota presentada por un privado de libertad Henry Roncal Limachi Silva, encargado del sector Chonchocorito, que existía demora en la emisión de solicitudes de certificados de permanencia y conducta, solicitando de manera urgente, que por la sección que corresponda se designe un funcionario responsable para el área de la base de datos (cómputo), encargado de la elaboración de datos estadísticos, certificaciones de permanencia y conducta, requeridos por las autoridades judiciales, fiscales y de los mismos privados de libertad, siendo que a la fecha no se estaría cumpliendo con la emisión de las mismas (fs. 15). II.4. Consta Oficio Stría. Dir. 0747/2022 de 25 de abril (recibido el 27 de abril), suscrito por David Rodolfo Machicado Cuela, Director del Recinto Penitenciario de San Pedro de La Paz, por el que remitió a Franz Laura Berrios, Director Departamental de Régimen Penitenciario – Ministerio de Gobierno, copia de varios oficios emitidos por diferentes autoridades jurisdiccionales, conminando la emisión de certificación de permanencia y conducta, solicitando que de manera urgente, instruya al funcionario de su dependencia, encargado de la emisión de certificaciones, de cumplimiento a las solicitudes emitidas por las autoridades judiciales, fiscales y privados de libertad (fs. 14).
El accionante, a través de su representante sin mandato, alega como vulnerados sus derechos a la libertad y al debido proceso, vinculados con el principio de celeridad, señalando que se encuentra privado de libertad en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, condenado a tres años de “presidio” por el delito de robo agravado, al estar próximo a cumplir su condena solicitó el certificado de permanencia y conducta al Director del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, a fin de que se le certifique el cómputo de la pena y se informe sobre su conducta en el penal, para poder tramitar su libertad definitiva, sin obtener hasta la fecha una respuesta favorable por parte del Director Departamental de Régimen Penitenciario. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; y, b) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, asumió el siguiente entendimiento: La Constitución Política del Estado en su art. 23.I, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física y que el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo, por ser inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima, con el propósito que la libertad física goce de protección especial, frente a su vulneración o amenaza de lesión. A ese efecto, la SC 1579/2004-R de 1 de octubre efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una vulneración a producirse; o, correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en las que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del cual, se encuentra el hábeas corpus instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del que, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos, debiendo ser tramitados, resueltos - SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-. Sobre la base de ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma 1El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”.
El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”.
El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”. 2El FJ III.5, indica: “El primer (instructivo); hace referencia a la supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física.
Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…)
Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden).
positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad.
La problemática constitucional, en lo sustancial, radica en el hecho de que el accionante se encuentra pronto a cumplir su condena de tres años impuesta por el delito de robo agravado, por lo que solicitó el certificado de permanencia y conducta al Director del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, a fin de que se le certifique el cómputo de la pena y se informe sobre su conducta en el penal, para poder tramitar su libertad definitiva, sin obtener hasta la fecha una respuesta favorable por parte del Director Departamental de Régimen Penitenciario, demandando en la presente acción tutelar a ambas autoridades. De los antecedentes que cursan en el expediente, se tiene que efectivamente el accionante, a través del Servicio Plurinacional de Defensa Pública, el 17 de febrero de 2022, solicitó al Director del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, la extensión de un certificado de permanencia y conducta, sin que hasta la fecha de consideración de la presente acción de defensa -12 de mayo de 2022- se hubiese dado curso a dicha solicitud. Al respecto, corresponde efectuar ciertas precisiones normativas, así se tiene que el art. 23.VI de la CPE, señala que: “Los responsables de los centros de reclusión deberán llevar el registro de personas privadas de libertad…” (sic), de igual manera el art. 58 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) -Ley 2298 de 20 de diciembre de 2001-, señala que el Director del establecimiento penitenciario, será responsable del manejo y funcionamiento del prenombrado establecimiento que está a su cargo, el cual tiene entre sus atribuciones, de acuerdo al art. 59. 3) de la mencionada ley, “Elevar cada dos meses al Director Departamental, al Director General, al Juez de Ejecución Penal y al Defensor del Pueblo, informes estadísticos sobre la población penitenciaria a su cargo detallando el número de internos, su situación jurídica, período de condena y tiempo de cumplimiento” (sic); consiguientemente, de acuerdo a la citada normativa, el coaccionado David Rodolfo Machicado Cuela, Director del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, de acuerdo a sus atribuciones, tiene el deber de emitir no sólo los aludidos informes de oficio, sino también las certificaciones de permanencia y conducta cuando le son solicitadas, toda vez que es el responsable del manejo y de los registros que existen en establecimiento penitenciario, bajo la responsabilidad penal y/o disciplinaria que corresponda; es decir, que el referido coaccionado debió procurar por todo medio cumplir con la obligación que le impone la ley, máxime si con la extensión de dicha certificación el accionante puede obtener su libertad por cumplimiento de su condena o pena impuesta; y no asumir una actitud pasiva esperando que el otro coaccionado -Director Departamental de Régimen Penitenciario y Supervisión- designe un personal especificó para la extensión de la certificación solicitada, cuando bien podía el Director del establecimiento penitenciario habilitar a un funcionario de su dependencia para que le colabore en la revisión de los archivos y kardex para la emisión de las certificaciones solicitadas, solucionando momentáneamente un problema que afecta a los privados de libertad, como responsable del manejo y funcionamiento del centro penitenciario que está a su cargo, mientras se designe un funcionario especifico. Consecuentemente, los descargos presentados por el coaccionado David Rodolfo Machicado Cuela, Director del Recinto Penitenciario de San Pedro de La Paz, a fin de deslindar su responsabilidad, consistentes en los Oficios Stría. Dir 0349/2022 de 21 de febrero (cargo de recepción 23 de febrero) y 0747/2022 de 25 de abril (recibido el 27 de abril), por los cuales solicitó al otro accionado Franz Laura Berrios, Director Departamental de Régimen Penitenciario, que de manera urgente designe un funcionario responsable para la emisión de las certificaciones de permanencia y conducta, las cuales habrían sido requeridas por las autoridades judiciales, fiscales y los privados de libertad, indicando además que no se estaría cumpliendo con la emisión de las mismas, por lo que pidió que se instruya al funcionario de su dependencia, encargado de la emisión de certificaciones, que dé cumplimiento a las solicitudes de certificaciones; no desvirtúan o enervan su responsabilidad, pues si bien por mandato del art. 65 de la LEPS, el personal técnico y administrativo de los establecimientos penitenciarios es designado por el mencionado Director Departamental de Régimen Penitenciario y Supervisión; sin embargo, el funcionamiento operativo está a cargo del Director del Recinto Penitenciario de San Pedro de La Paz, por cuanto los mismos desempeñan su trabajo en dicho establecimiento penitenciario, coadyuvando al Director en el desempeño de las atribuciones que tiene por ley, por lo que ante el impedimento, ausencia temporal o definitiva, mientras no se designe un personal para el efecto, el Director debe asumir las medidas necesarias para emitir las certificaciones de permanencia y buena conducta, máxime si el privado de libertad requiere -como parte de varios requisitos- el certificado de permanencia y buena conducta para poder acceder a un beneficio u obtener su libertad, por lo que –como se dijo anteriormente- debe ser tramitado con toda la celeridad y diligencia material que el caso requiere y no asumir una conducta pasiva a la espera de que se designe un funcionario administrativo, más aún si éste aspecto no puede serle atribuible al condenado o privado de libertad. Debe tenerse presente además que, una actuación diligente no puede considerarse como suficiente con la simple realización de la solicitud de personal, sino que le era inherente gestionar que su petición de designación de personal tenga un resultado positivo acudiendo incluso a otras instancias cuando no obtuvo respuesta por parte del Director Departamental, ello con la finalidad de que se precautelen los derechos de los privados de libertad, pues no puede soslayarse que de por medio se encuentra la libertad de una persona. Por otra parte, este Tribunal tampoco puede exonerar de responsabilidad alguna al coaccionado Franz Laura Berrios, Director Departamental de Régimen Penitenciario, quien al margen de no presentar ningún informe ni asistir a la audiencia de la presente acción tutelar, pese a su legal notificación cursante a fs. 11 de obrados, incumplió con lo dispuesto por el art. 65 de la LEPS, como es designar al personal técnico y administrativo para el Establecimiento Penitenciario de San Pedro de La Paz, ocasionando con ello una dilación indebida en la tramitación de la solicitud efectuada por el accionante, que si bien como se señaló precedentemente puede ser solucionado de manera transitoria por el Director del Recinto Penitenciario de San Pedro de La Paz, no es menos evidente que tal omisión, repercute negativamente en la resolución de la situación jurídica del accionante que se encuentra privado de libertad; consiguientemente, corresponde conceder la tutela, respecto a los dos coaccionados, aplicando los lineamientos jurisprudenciales referidos a la acción de libertad por pronto despacho, según lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
En consecuencia, el Tribunal de garantía, al conceder en parte la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR parcialmente la Resolución 099/2022 de 12 de mayo, cursante de fs. 16 a 17 vta., pronunciada por la Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz constituido en Tribunal de garantías; y, en consecuencia: 1° CONCEDER totalmente la tutela solicitada conforme los fundamentos del presente fallo; y, 2° Disponer que en el plazo de veinticuatro horas: a) El Director del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, expida el certificado de permanencia y conducta solicitado por el accionante, bajo responsabilidades de ley; salvo que ya se hubiese emitido el mencionado certificado; y, b) El Director Departamental de Régimen Penitenciario debe designar de manera inmediata el personal necesario para que las solicitudes de los privados de libertad se cumplan conforme a derecho; siempre y cuando no se hubiera cumplido ya con la designación. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1162_2023-S1.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 4f39bc19d8d52b77ab1082ef4cc69af5944e36b302e02653b90c6c554d3b26f4
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