Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 1 de octubre de 2025
Deniega la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva; y, del principio de celeridad; toda vez que, el Juez demandado no remitió al Tribunal de alzada los antecedentes correspondientes a la apelación incidental interpuesta contra el Auto Interlocutorio 387/2023. Ante ello, la autoridad judicial demandado señala que, la causa penal en original ya fue remitida a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y que él no debía ser demandado, puesto que la remisión del caso penal recae bajo la responsabilidad del personal de apoyo, conforme a la normativa judicial que regula sus funciones. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 26/2023 de 3 de mayo, cursante de fs. 38 a 40, pronunciada por la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1160/2025-S2 Sucre, 1 de octubre de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 55371-2023-111-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 26/2023 de 3 de mayo, cursante de fs. 38 a 40, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Williams Eugenio Acero Mamani contra Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 2 de mayo de 2023, cursante a fs. 1 y 4 a 7 vta., el accionante manifiesta lo siguiente:
El 20 de abril de 2023 se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de “violación con agravantes”, identificado con el Código Único de Denuncia (CUD) 201502022302421 y radicado ante Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandado-. En dicha audiencia se dispuso su detención preventiva por el plazo de cinco meses. Contra esa determinación, en aplicación del art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), interpuso recurso de apelación incidental, que fue concedido, disponiéndose su remisión al Tribunal de alzada; empero, la autoridad judicial demandada manifestó en ese momento que se encontraba con Secretaria suplente, motivo por el cual se tomaría tres días para remitir la apelación, decisión que se encontraba respaldada por la línea jurisprudencial aplicable.
Sin embargo, en aplicación del art. 112 del CPP, se advirtió que hasta el 28 de abril de 2023 el legajo de apelación no fue remitido. Dicha dilación vulneró sus derechos a la libertad y a la defensa; toda vez que, la demora injustificada lo privó de la garantía jurisdiccional consagrada en el art. 115.I de la Constitución Política del Estado (CPE), al impedir la oportuna revisión, por el Tribunal de alzada, del fallo que dispuso su detención preventiva.
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva; y, del principio de celeridad, citando al efecto los arts. 115 y 180.I de la CPE.
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: a) Se disponga que el Juez demandado cumpla con la remisión del recurso de apelación incidental interpuesto, dentro del plazo establecido por el art. 251 del CPP; y, b) Se establezca la responsabilidad disciplinaria que corresponda, sin perjuicio de la eventual responsabilidad penal que pudiera derivarse.
Celebrada la audiencia pública virtual el 3 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 37 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad.
Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, por informe escrito cursante a fs. 35 y vta., sostuvo que: 1) Del informe elaborado por la “auxiliatura” se desprende que la causa penal -en original- ya se remitió a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; 2) Mediante Auto Interlocutorio 387/2023 de 20 de abril, en su parte final, se dispuso que, bajo responsabilidad de la “secretaria y auxiliatura” del despacho judicial correspondiente, se remita el recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante al Tribunal de alzada; 3) Conforme a lo previsto en la Ley del Órgano Judicial y en la SCP 0754/2020-S4 de 24 de noviembre, se advierte que las responsabilidades derivadas del incumplimiento de funciones y obligaciones no pueden atribuirse exclusivamente a su autoridad, puesto que cada servidor público debe cumplir sus tareas conforme a la normativa que regula su desempeño; y, 4) No debió ser demandado, extremo que no fue considerado por el impetrante de tutela. Por lo que, solicitó que se deniegue la tutela impetrada.
La Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de El Alto del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 26/2023 de 3 de mayo, cursante de fs. 38 a 40, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) La remisión del recurso de apelación incidental contra medida cautelar debe realizarse con la mayor celeridad posible, cumpliendo estrictamente los plazos establecidos por la norma o, en su defecto, dentro de un plazo razonable. En tal sentido, la falta de personal de apoyo jurisdiccional no constituye justificación válida; toda vez que, la Ley del Órgano Judicial prevé los mecanismos de suplencia legal; ii) Los problemas estructurales de la administración de justicia no pueden afectar los derechos de las personas; por el contrario, corresponde garantizar el principio del debido proceso y la tutela judicial efectiva de las partes, especialmente cuando se trata de personas en situación de detención preventiva. En consecuencia, es deber de cada Juzgado de la causa coordinar de manera eficiente los aspectos esenciales de su gestión; y, iii) El deber del Juez comprende la coordinación con la Secretaria o el Secretario suplente, conforme a las responsabilidades establecidas por la Ley del Órgano Judicial. Finalmente, se precisó que los fundamentos que motivaron la presente acción tutelar ya fueron atendidos por la autoridad judicial demandada. El accionante solicitó la aclaración y complementación señalando que, la situación cuestionada ya habría sido atendida; no obstante, manifestó que recién el día anterior se remitió el legajo del recurso de apelación incidental, la cual fue observada. En consecuencia, pidió que se complemente la resolución conforme al informe emitido por Secretaría del Juzgado, adjuntado por la parte demandada, con el propósito de dar por satisfecho el reclamo planteado en la presente acción de defensa. En respuesta, la Jueza de garantías precisó lo siguiente: a) Se reprodujeron de manera literal los fundamentos en los que se sustentó la acción de libertad; b) La documentación adjuntada fue leída durante la audiencia de garantías y debidamente considerada al momento de emitir la resolución, pues las literales fueron asumidas y constan en el informe correspondiente, no existiendo aspecto alguno que complementar; y, c) El abogado del impetrante de tutela debe atender a los antecedentes obrantes en el proceso tramitado ante la autoridad judicial demandada. Por consiguiente, reiteró que no existe ningún elemento que complementar a la Resolución emitida, la cual es clara, firme y plenamente subsistente.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:
II.1. Mediante providencia de 20 de abril de 2023, Norah Mamani Mamani, Secretaria del Juzgado de Instrucción Cuarto de El Alto del departamento de La Paz -en suplencia de su similar Primero- señaló audiencia de consideración de medidas cautelares para esa misma fecha, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Williams Eugenio Acero Mamani -ahora accionante- por la presunta comisión del delito de violación con agravantes (fs. 3). II.2. Cursa Auto Interlocutorio 387/2023 de 20 de abril, emitido por Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandado-, contra el cual, el accionante interpuso recurso de apelación incidental, en amparo del art. 251 del CPP, solicitando que los obrados fueran remitidos al Tribunal de alzada con la mayor celeridad posible y dentro del plazo legal. En atención a ello, dispuso coadyuvar con la entrega de las fotocopias necesarias para la formación del legajo de apelación, advirtiendo que, en caso contrario, los antecedentes serían remitidos en original bajo la responsabilidad de la parte apelante. Asimismo, se hizo constar que el despacho se encontraba bajo suplencia de Secretaria por vacaciones, por lo que se ordenó que, bajo responsabilidad de la Secretaria suplente y de la “auxiliatura”, se remita el recurso de apelación incidental ante la autoridad superior jerárquico (fs. 16 a 17). II.3. A través de Nota Cite Stria. 587/2023 de 24 de abril, emitida por el Juez demandado, se remitió el 2 de mayo del mismo año, a horas 8:40 el cuaderno de control jurisdiccional ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (fs. 15 y vta.).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva; y, del principio de celeridad; toda vez que, el Juez demandado no remitió al Tribunal de alzada los antecedentes correspondientes a la apelación incidental interpuesta contra el Auto Interlocutorio 387/2023. Ante ello, la autoridad judicial demandado señala que, la causa penal en original ya fue remitida a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y que él no debía ser demandado, puesto que la remisión del caso penal recae bajo la responsabilidad del personal de apoyo, conforme a la normativa judicial que regula sus funciones. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0744/2015-S3 de 29 de junio, estableció que: “La sustracción de la materia o pérdida del objeto procesal, deviene por la desaparición de los supuestos fácticos que motivaron su activación porque la violación o amenaza de violación del derecho cesó; y consecuentemente, el hecho denunciado dejó de vulnerar las garantías o derechos constitucionales, debido al cumplimiento del acto reclamado con su consecuente restitución.
Asimismo, el objeto procesal constituye el elemento sustancial a resolver por la jurisdicción constitucional; en tal sentido, ante la sustracción de la materia o pérdida del objeto procesal, en acción de libertad, cuando el petitorio devino en insubsistente por la desaparición del hecho o supuesto que lo sustentaba, se inhibe un pronunciamiento sobre el fondo de la pretensión, correspondiendo la sustracción del mismo; toda vez que, la eventual concesión de la tutela, se tornaría en ineficaz e innecesaria”.
Delimitada la problemática y conocidos los argumentos de las partes, se advierte que Williams Eugenio Acero Mamani -ahora accionante-promovió la presente acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, destinada a agilizar los trámites judiciales o administrativos frente a dilaciones indebidas, con el objeto de garantizar la pronta resolución de la situación jurídica de la persona privada de libertad. En ese contexto, el agravio principal denunciado consiste en la omisión atribuida a Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandado- de remitir los antecedentes del recurso de apelación incidental interpuesto, dentro del plazo establecido por el art. 251 del CPP, al Tribunal de alzada. De la revisión de los antecedentes, se constata que el Juez demandado remitió el cuaderno de control jurisdiccional de la causa con CUD 201502022302421, en original, mediante Nota Cite Stria. 587/2023 de 24 de abril, la cual fue recepcionada por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz el 2 de mayo de 2023 (Conclusión II.3). En consecuencia, conforme al Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, se tiene que, previo a la audiencia de acción tutelar, los hechos que motivaron su interposición habían desaparecido, dado que la autoridad judicial demandado cumplió con remitir el recurso de apelación incidental a la Sala Penal ya referida, quedando así sin objeto la acción planteada. En ese contexto, al haberse cumplido la pretensión que motivó la presente acción de defensa, se configura la sustracción de materia o pérdida del objeto procesal. En ese sentido, cualquier eventual concesión de tutela sería ineficaz e innecesaria; por ello, sin necesidad de ingresar al análisis de fondo de la cuestión planteada, corresponde denegar la tutela solicitada, quedando abierta a la parte afectada la vía disciplinaria, la cual cuenta con una etapa probatoria amplia para, en su caso, determinar responsabilidades. En cuanto a la supuesta vulneración del derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva, el accionante no especificó de qué manera dichos derechos se habrían visto afectados durante el trámite de remisión del recurso de apelación incidental. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 26/2023 de 3 de mayo, cursante de fs. 38 a 40, pronunciada por la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1160_2025-S2.pdf · páginas 1 a 6.
Huella digital del PDF (SHA-256): 9b4c886cd6e11d6985d58ec7e9d116add7d7b0d8e5ceee5bed9122e959506596
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