Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 13 de octubre de 2023
Concede en parte la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de su derecho a la libertad y a la presunción de inocencia; toda vez que, en el proceso penal seguido en su contra por el presunto delito de violación de niño, niña y adolescente, el Juez a quo rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva por Resolución 536/2021 de 27 de diciembre; motivo por el cual, interpuso recurso de apelación incidental, el cual fue resuelto por el Vocal ahora demandado mediante Auto de Vista 112/2022 de 28 de enero, cometiendo las siguientes irregularidades: a) Incurrió en los mismos agravios que el Juez a quo; y, b) Aumento observaciones que fueron salvadas por la autoridad inferior y emitió criterios llenos de prejuicios para rechazar la apelación. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizaran las siguientes temáticas: 1) Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los Tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del CPP; 2) La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional; 3) El enfoque interseccional para analizar la violencia hacia las mujeres, que busca equilibrar los derechos de víctimas e imputados, en sintonía con el deber estatal de eliminar toda violencia de género; 3.i) Respecto del enfoque interseccional para el análisis de la violencia hacia niñas, adolescentes y mujeres; 4) Sobre los riesgos procesales de fuga y de obstaculización, inmersos en los arts. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional, en revisión resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 03/2022 de 3 de febrero, cursante de fs. 31 a 34, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto a la tercera sub problemática, relacionado al riesgo procesal -art. 235.2 del Código de Procedimiento Penal-, disponiendo la nulidad del Auto de Vista 112/2022 de 28 de enero; debiendo emitirse uno nuevo en el plazo de setenta y dos horas desde su notificación con este fallo constitucional y de conformidad a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela impetrada, en cuanto a la primera y segunda sub problemáticas contenidas en el Fundamento Jurídico III.5.1., y sobre la segunda y tercera problemática, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
3º Llamar severamente la atención al Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y a los Jueces del Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del mencionado departamento, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 4° Exhortar al Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, a efectos de que en el plazo de veinticuatro horas de su legal notificación con el presente fallo constitucional, remita el pliego acusatorio y todos sus antecedentes al Tribunal competente, siempre y cuando por el transcurso del tiempo este ya se hubiese efectivizado.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1159/2023-S1 Sucre, 13 de octubre de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 45764-2022-92-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 03/2022 de 3 de febrero, cursante de fs. 31 a 34, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por María Alejandra Altuzarra Bustillos en representación sin mandato de Roger Mamani Chambi contra Félix Orlando Rojas Alcon, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Por memorial presentado el 2 de febrero de 2022, cursante a fs. 17 y vta., el accionante a través de su representante sin mandato expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por el presunto delito de violación de niño, niña y adolescente, en espera de juicio, solicitó audiencia de cesación a la detención preventiva, la misma que fue rechazada; ante ello, interpuso recurso de apelación incidental la cual fue resuelta por Auto de Vista 112/2022 de 28 de enero, incurriendo el Vocal ahora demandado en los mismos agravios del a quo, aumentando observaciones que fueron salvados por la autoridad inferior; además, de emitir criterios llenos de prejuicios para rechazar la apelación, lesionando sus derechos a la presunción de inocencia y a la libertad; en tal sentido, solicitó se disponga dejar sin efecto el referido Auto de Vista y se ordene se pronuncie uno nuevo acorde a los datos del proceso, absteniéndose de emitir criterios personales y con contenido prejuicioso.
El peticionante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y a la presunción de inocencia, sin hacer referencia a ninguna norma constitucional.
Solicitó se conceda la tutela impetrada, y se disponga dejar sin efecto el Auto de Vista 112/2022, ordenando se emita un nuevo Auto acorde a los datos del proceso.
Celebrada la audiencia el 3 de febrero de 2022, según se tiene del acta cursante de fs. 28 a 30., se produjeron los siguientes actuados:
El ahora impetrante de tutela, a través de su abogado, ratificó íntegramente los extremos expuestos en su memorial de acción de libertad; y, ampliándolo el mismo, refirió que: a) La acusación fue presentada en la gestión 2019, y hasta el día de hoy no fue remitido el proceso al Tribunal de Sentencia para conocer el juicio; aspecto que, no es responsabilidad del ahora accionante, ya que el proceso estaba abandonado por la víctima, la Defensoría de la Niñez y el Ministerio Público, hasta que solicitó la cesación a la detención preventiva, al encontrarse vigentes los riesgos procesales contenidos en los arts. 234.7 y 235.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP); empero, logro establecer un arraigo natural, estando pendiente de desvirtuar el riesgo para la víctima y el riesgo de obstaculización, referente al art. 235.2 de la Norma Adjetiva Penal, declararon la supuesta influencia sobre los testigos participes en el presente hecho, a ese efecto presentó acta de garantías en favor de la víctima, de su madre y de su familia con extensión a terceras personas, para evitar cualquier acto de agresión y de violencia, conforme establece la SCP 0394/2018-S2 sobre las garantías que deben ser exigidas por la víctima, para que el imputado no genere actos de violencia y tenga medidas de protección, solicitud que se encuentra presentada por la madre de la víctima, el cual se hizo conocer al Juez, siendo la única forma de presentar garantías; sin embargo, no fue valorado por el Vocal ahora demandado; asimismo, la SCP 0643/2020-S2 de 9 de noviembre, modulo las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 056/2016 y la 070/2016, estableciendo que para generar un riesgo para la sociedad, se debe demostrar que tenga una sentencia condenatoria anterior a este hecho y esta sentencia está modulando en el sentido que será el Juez controlador de garantías en la etapa de proceso penal, quién en el marco del principio de proporcionalidad entre el mencionado riesgo y la medida cautelar a adoptarse, establezca a la luz del principio de razonabilidad cual es la necesaria, para el cumplimiento de la finalidad de la medida, que debe mantener su cualidad, temporalidad e instrumentalidad del proceso, a efectos de no vulnerar el estado de presunción de inocencia; por lo cual, lo que reclama es la fundamentación por el Vocal ahora demandado para mantener este riesgo procesal;
puesto que, señaló “…que en cuanto a riesgo de fuga contemplado en el núm. 7 del código de procedimiento penal del art. 234 haciendo referencia a la SC 0394 dice el razonamiento expresado nos señala taxativamente que habiendo solicitado la victima garantías al imputado de no volver agredirla esta acción no desvirtúa el riesgo procesal mencionado anteriormente siendo una equivocación señalar que al haber solicitado las garantías correspondientes por parte de la víctima el sindicado deja de ser un riesgo efectivo para esta.” (sic), cada caso tiene características propias y el razonamiento del Juez a quo al momento de establecer el riesgo procesal mencionado; refirió que, “…el imputado habría aprovechado la confianza que habría tenido la victima con él la convivencia cotidiana al fin de agredirle sexualmente además que la víctima pertenece a un sector vulnerable aspecto que ha sido valorado en el año 2017...” (sic); de lo cual, se establece que el imputado a través de su defensa no enervo el criterio utilizado por el Juez a quo, cerrándole y poniendo un candado, imposible de desvirtuar; ya que, se vio involucrado en ese hecho por circunstancias que van a ser valoradas en un juicio, respecto a que la menor fue encontrada en su habitación, pero en ningún momento se estableció que haya existido un acceso carnal con la menor y dicho aspecto será valorado en juicio, no puede desvirtuar el hecho de la convivencia por ser vecinos y al presente se encuentra impedido de acceder a una cesación, puesto que jamás podrá desvirtuar el aspecto de haber sido vecino de la víctima y al final no se conoce su paradero; sin embargo, demostró un nuevo domicilio y ya no tiene ninguna relación, tampoco tiene antecedentes similares al hecho; asimismo, demostró la emisión de garantías solicitadas por la víctima y al presente tiene un candado imposible de ser desvirtuado; por lo tanto, no podrá lograr su cesación a la detención preventiva, más aun con respecto al art. 235.2 del CPP que si bien no desapareció, pero se minimizo, en mérito a dos puntos: el primero cuando se impuso ese riesgo, sobre la existencia de menores de edad que debían declarar durante la investigación, nunca se llegó a establecer la existencia de los supuestos menores, no se les identifico a los menores de edad y en la acusación formal solo figuran como testigos la víctima y su madre, de quienes se desconoce su paradero y tampoco se presentan a las audiencias del proceso; y, lo que reclama es la aplicación de la “SCP 0276/2018”, la cual refiere sobre el riesgo de obstaculización; aspectos el cual, tienen que investigarse y que el imputado pueda influir; empero, la autoridad ahora demandada no establece como va a influir sobre los mismos, que elementos de convicción se tiene para esa afirmación, ya que ningún peligro procesal puede fundarse en meras suposiciones, el juzgador debe asumir absoluta convicción para establecer la concurrencia de un determinado riesgo procesal y el argumento de que se fundamente en suposiciones, al afirmar que el imputado pueda influir sobre los testigos y peritos sin individualizar como lo haría; por lo cual, lo que reclama es cómo estaría influenciando sobre estas personas, de qué manera estas dos testigos que son la madre y la víctima no presentarían su declaración en juicio; dicho aspecto, el Vocal ahora demandada no fundamento, pese a la solicitud de complementación y enmienda; tampoco se consideró que se encuentra detenido más de cuatro años en espera de juicio, no refirió como va a demostrar o desvirtuar la peligrosidad y al contrario señala que el Estado y el Ministerio Público deben garantizar que los testigos actúen libremente en la fase de juicio para realizar sus declaraciones y este fundamento que utiliza sobre la responsabilidad del Ministerio Público de garantizar que los testigos se presenten a juicio, se pone como un riesgo procesal, sin decir cómo puede impedir que el Ministerio Público garantice las declaraciones de las testigos en juicio, más aun cuando no se presentó prueba o declaración el cual evidencie que desde el penal estuviera generando acto de obstaculización que ponga en riesgo la vida de la víctima o de su familia; y, b) Otro aspecto, como un tercer agravio es que la autoridad ahora demandada emite argumentos de prejuicios, poniendo de manifiesto que la peligrosidad del hecho genera un riesgo procesal, se le toma como responsable de la comisión del hecho delictivo cuando menciona y dice que el hecho de obligar a una menor a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad, aprovechando la confianza con los progenitores de la víctima; el Vocal ahora demandado está dando por hecho que se habría cometido el delito, cuando la base de su defensa es que jamás existió las relaciones sexuales y ese aspecto será considerado en juicio y no en las medidas cautelares; sería otro riesgo procesal el cual tendría que desvirtuar, y estos hechos que refirió la autoridad ahora demandada no son parte de la imputación, tampoco fue considerado en la resolución primigenia; entonces se puede verificar que, el Vocal ahora demandado está poniendo candados imposibles de desvirtuar y que violan sus derechos a la libertad y a la presunción de inocencia, se le está privando del derecho a la libertad provisional, si bien el transcurso del tiempo no puede ser considerado en este tipo de delitos; pero tampoco, puede ser dejado de lado a una persona que está siendo investigada por un delito y tenga que esperar en detención preventiva, ya que se está convirtiendo en una condena anticipada y en ese sentido se interpuso esta acción de libertad de manera correctiva, por lo que solicitó se conceda la tutela y se disponga la emisión de una nueva resolución basándose en los antecedentes y en los hechos que están establecidos en la imputación.
Félix Orlando Rojas Alcon, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través de informe escrito presentado el 3 de febrero de 2022, cursante a fs. 25 y vta., señaló lo siguiente: 1) El Auto de Vista 112/2022 de 28 de enero, fue emitido en el plazo establecido y en cumplimiento de los arts. 396 y 398 del CPP, atendiendo los presuntos agravios fundamentados en la audiencia; por lo que, no puede alegarse vulneración al debido proceso o derecho a la defensa; 2) Se realizó una fundamentación y valoración de los elementos aportados; así como, una correcta aplicación de la norma, en torno a la subsistencia del art. 234.7 de referida Norma Adjetiva Penal, el ahora accionante no proporcionó la prueba, menos fundamento dicho riesgo con el objeto de ser desvirtuado, no puede tomar en cuenta o valorar extremos no considerados en primera instancia, en mérito al límite de la competencia del Tribunal de alzada, contenido en el art. 398 del CPP; en tal sentido, no se puede alegar la existencia de un accionar conculcatorio de derechos y garantías constitucionales atribuibles a su autoridad, debido a que el Juez a quo, realizó una adecuada motivación y fundamentación de los elementos aportados en audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva y el Auto de Vista ahora cuestionado, fue emitida en observancia del debido proceso y del art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE) con relación a la debida fundamentación y motivación; y, 3) De la forma que, fue redactada la acción de libertad, resulta imposible emitir informe adecuado, por cuanto el ahora peticionante de tutela se limitó a afirmar que se generó y aumento agravios; y, se emitió criterios llenos de prejuicios para rechazar la apelación, no expresa con claridad los motivos por los cuales se hubiese conculcado derechos constitucionales, tampoco identifico que parte de la resolución carece de fundamentación y motivación; y, en consecuencia solicitó se deniegue la tutela impetrada.
El Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 03/2022 de 3 de febrero, cursante de fs. 31 a 34, denegó la tutela solicitada, con los siguientes argumentos: i) Del memorial de acción de libertad establecieron que en la parte de la solicitud y suma se indicó “acción de libertad de pronto despacho” (sic) y es así que en la parte final de su petitorio manifiesta que mediante esta acción de libertad de pronto despacho pretende el ahora accionante que el Tribunal de garantías disponga se deje sin efecto el Auto de Vista emitido por el Vocal ahora demandado y se emita uno nuevo con las reclamaciones realizadas a través de esta acción tutelar; ii) Al respecto y para fundamentar la acción denominada de libertad traslativa o de pronto despacho, en primera instancia, se deben remitir a la Constitución Política del Estado, específicamente al capítulo segundo que regula a través de dicho instituto constitucional, las acciones de defensa y dentro de esas acciones, la Norma Suprema ha previsto la acción de libertad, que de forma textual indica que esta acción debe considerarse cuando está en riesgo la vida, que es ilegalmente perseguido, indebidamente procesado o privado de la libertad; iii) El art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo) explica cuál es el fundamento y el objeto de la acción de libertad, el cual es garantizar, proteger y tutelar los derechos a la vida, a la integridad física, a la libertad personal, y a la libertad de circulación, estos son los fundamentos iniciales que se deben tomar en cuenta de forma general a efecto de considerar una acción de libertad; y, iv) El constituyente ha creado a través de la normativa jurisprudencial, lo cual significa que sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho ya existe sentencias constitucionales como la SC 0465/2010-R de 5 de julio, que han dado lineamientos del cual la naturaleza, el objeto y el posible resultado de la referida acción tutelar y la fundamentación inicial para la existencia de este instituto garantista de derechos, es que la citada acción de defensa ataca fundamentalmente a precautelar que todas las autoridades sean judiciales o administrativas apliquen de forma concreta el principio de celeridad, respecto de aquellos derechos que han sido supuestamente vulnerados a los accionantes; asimismo, la doctrina constitucional, señaló que la acción de pronto despacho busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existan dilaciones indebidas para poder resolver la situación jurídica de las personas que se encuentran privadas de libertad, esos son los fundamentos iniciales para poder establecer si existió o no existió la vulneración del derecho que se reclama; es en ese sentido, haciendo un análisis de la acción tutelar presentada de forma física ante este Tribunal, como también de la exposición que realizó el ahora impetrante de tutela en representación del privado de libertad, refiere en cuanto a la fundamentación, a una serie de eventos que fueron valorados por una autoridad jurisdiccional inicial, como el Juez de garantías y posteriormente apelada; dicho recurso fue resuelto por la autoridad ahora demandada, con la fundamentación necesaria; ahora se pretende que, este Tribunal Constitucional, asuma la calidad de Tribunal de casación y pueda establecer una resolución mal fundamentada o mal motivada; las acciones de defensa, tienen un especial tratamiento y pronunciamiento, no se puede confundir el instituto garantista de derechos como es la acción de libertad, para buscar en el Tribunal de garantías otro tipo de intereses legales, el cual tienen que ser reclamados por la vía y el conducto legal ordinario que corresponda; es decir, la acción de libertad promovida de pronto despacho, no es el medio idóneo que pueda de alguna forma dejar sin efecto una resolución que carezca de motivación y fundamentación, salvo ante una posible indefensión en base a los principios del debido proceso o vulneración de la valoración de derechos por parte del procedimiento ordinario ejercido en primera instancia por la autoridad cautelar, posteriormente de conocimiento de la Sala Penal, no pueden como Tribunal de garantías ingresar a la valoración de los elementos que han podido de alguna forma ser utilizados conforme a los arts. 234 y 235 del CPP como riesgos procesales de fuga u obstaculización; puesto que, esas son atribuciones propias del Juez de garantías que puede ser reclamados a través de un recurso y puede ser saneado por el Juez superior en grado; en ese sentido, no evidenciaron acto judicial que vulnero el derecho de petición; es decir, que haya solicitado algún evento o acto jurídico legal, el mismo no mereció respuesta necesaria en tiempo oportuno, tampoco se estableció el acto procesal que está retrasado y el cual vulnera el derecho al debido proceso.
Por Decreto Constitucional de 30 de mayo de 2023, cursante a fs. 39, se dispuso la suspensión del plazo procesal, a objeto de recabar documentación complementaria; posteriormente, la suspensión del plazo procesal se mantiene, el cual fue dispuesto por Decreto Constitucional de 10 de julio de 2023, cursante a fs. 48; y, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 25 de septiembre de 2023; por lo que, la presente Sentencia es emitida dentro del plazo estableció en el Código Procesal Constitucional.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:
II.1. Por Auto de Vista 112/2022 de 28 de enero, Félix Orlando Rojas Alcon, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandado-, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia contra Roger Mamani Chambi -ahora accionante-, por la presunta comisión de violación de niño, niña y adolescente; declaró improcedente las cuestiones planteadas y dispuso confirmar la Resolución 536/2021 de 27 de diciembre, emitido por el Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia Contra la Violencia Primero de la Capital del referido departamento, con la aclaración que el riesgo inserto en el art. 234.1 del CPP fue desvirtuado por Auto de Vista 596/2021 de 8 de noviembre, emitida por la Sala Penal Cuarta; por lo que, dicha Resolución fue pronunciada bajo los siguientes argumentos:
1. Que, el Art. 398 del Código de Procedimiento Penal, establece que: "Los Tribunales de Alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución recurrida", lo que nos hace entender que el límite de competencia de este Tribunal de Alzada son los agravios que son esgrimidos por las partes en relación a la Resolución dictada por el Juez A quo. 2. Que, en este acto se ha fundamentado como agravio la falta de valoración de los elementos probatorios presentados en Audiencia de Consideración de Cesación a la Detención Preventiva y una interpretación errada de la norma para la resolución del conflicto. Al respecto corresponderá analizar cuál es el precedente normativo que fue utilizado para resolver la causa, este se encuentra contemplado en el Art. 239 núm. 1) del Código de Procedimiento Penal, mismo que establece: "Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de algunas de las siguientes causales: 1) Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tomen conveniente que sea sustituida por otra medida", lo que nos hace entender que para que se proceda a la Cesación a la Detención Preventiva, deben presentarse nuevos elementos de convicción que hagan denotar que aquellos razonamientos que dieran lugar a la aplicación de la Medida Extrema, no se encuentren ya vigentes.
3. Que, la autoridad A quo, en la Resolución Nº 536/2021 realizando el análisis de los antecedentes verifica que mediante Resolución N° 450/2017 de fecha 08 de septiembre del año 2017, el Dr. Alan Mauricio Zarate Hinojosa Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia Contra la Violencia N° 2 de la Ciudad de La Paz, dispone la detención preventiva del imputado toda vez que señaló que concurrían los riesgos procesales contemplados en el Art. 234 núm. 1), 2) y 10) así como el Art. 235 núm. 10) del Código de Procedimiento Penal, así también se tiene que mediante Resolución N° 151/2021 de fecha 14 de octubre de 2021, se habrían desvirtuado los elementos de domicilio y familia en relación al Art. 234 núm. 1) del Código de Procedimiento Penal, manteniéndose vigentes todos los riesgos procesales anteriormente mencionados, así también se verifica que mediante Auto de Vista 596/2021 de fecha 8 de noviembre de 2021, la Sala Penal Cuarta, procedió a revocar en parte la Resolución Nro. 276/2021 de fecha 7 de septiembre de 2021, estableciéndose que ya no concurre el riesgo de fuga contemplado en el Art. 234 numeral 1 del Código de Procedimiento Penal, es en ese menester que corresponderá analizar si se han desvirtuado los mismos, en mérito a la documentación que ha sido analizada por la autoridad A quo.
4. Que, en merito a los antecedentes descritos se puede establecer que el Riesgo de Fuga contemplado en el Art. 234 numeral 1 del Código de Procedimiento Penal, se desvirtuó por Auto de Vista Nro. 596/2021, por lo que no corresponde Ingresar a un análisis de fondo en relación a este agravio, debiendo estar a los datos del proceso. 5. Que, en cuanto al riesgo de fuga contemplado en el Art. 234 núm. 7) del Código de Procedimiento Penal, debe tenerse presente la Sentencia Constitucional Plurinacional No 3094/2018-S2, que estableció: "La solicitud de garantías personales o garantías mutuas por parte del imputado, como medida destinada a desvirtuar el peligro de fuga previsto en el Art. 234 núm. 10) hoy núm. 7) del Código de Procedimiento Penal, se constituye en una medida revictimizadora, que desnaturaliza la protección que el Estado debe brindar a las víctimas; pues, en todo caso, es ella y no el imputado, la que tiene el derecho, en el marco del Art. 35 de la Ley 348, de exigir las medidas de protección que garanticen sus derechos" el razonamiento expresado nos señala taxativamente que habiendo solicitado la victima garantías al imputado de no volver a agredirla, esta acción no desvirtuaría el riesgo procesal mencionado anteriormente, siendo una equivocación señalar que al haber solicitado las garantías correspondientes por parte de la víctima, el sindicado deja de ser un riesgo efectivo para esta, además debe tenerse presente que cada caso en concreto es único teniendo características propias, y el razonamiento del Juez A quo a momento de establecer el riesgo procesal mencionado, señala que: "el imputado se habría aprovechado de la confianza que tenía la víctima con él, y la convivencia cotidiana con ella con el fin de agredirla sexualmente, además de que la víctima pertenece a un sector vulnerable de la sociedad al ser menor de edad, lo cual, implica un deber reforzado del Estado para la protección de este tipo de víctimas", de lo brevemente señalado se puede establecer de que el imputado a través de su defensa no ha enervado el criterio utilizado por el Juez A quo para establecer la peligrosidad del imputado, en relación a la víctima por lo que se mantiene el riesgo procesal contemplado en el Art. 234 núm. 7) del Código de Procedimiento Penal.
6. Que, la defensa del imputado señala que, al haberse presentado una Acusación Formal, no existe la posibilidad de que se pueda influenciar negativamente en las atestaciones de los testigos, sin embargo, esta aseveración no es evidente, toda vez que la declaración de un testigo se judicializa a momento de ser producida en juicio oral público y contradictorio, antes de ello no tiene ningún tipo de valor probatorio para establecer la responsabilidad penal que se atribuye al procesado, siendo que las declaraciones de los testigos no pueden incorporarse al juicio por su lectura. debiendo estos participar de manera personal ante el Tribunal o Juez de Sentencia que emitirá la Resolución correspondiente, que absolverá o condenará al procesado por el delito por el cual, está siendo juzgado, por lo que se mantendrá vigente el riesgo de obstaculización contemplado en el Art. 235 núm. 2) del Código de Procedimiento Penal, bajo los criterios establecidos por el Juez A quo. 7. Que, de lo brevemente detallado no existe un solo elemento de convicción que haya modificado la situación procesal del imputado, por lo que el razonamiento del Juez A quo ha sido lógico, basado en la experiencia y sana critica, para rechazar la pretensión de la parte imputada.
(…)
En cuanto al imputado sea un riesgo sea un riesgo efectivo para la víctima, de la revisión de antecedentes se advierte que el imputado aprovechándose de la minoridad de la víctima o denunciante, la obligó a mantener relaciones sexuales aprovechándose de la convivencia que tenía con ella, al respecto la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 394/2018-s2, señala que: ‘Las autoridades deben tomar todas las medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo y aliento a las personas que hayan sido víctimas de agresiones sexuales, además que a momento de resolver la situación de una persona privada de libertad debe considerarse la situación de vulnerabilidad o desventaja en la que se encuentra la víctima o denunciante respecto al imputado, las características del delito cuya autoría se atribuye al imputado y la conducta exteriorizada por este contra la víctima o denunciante antes y con posterioridad de la comisión del delito para determinar si la misma puso o pone en este riesgo de vulneración de los derechos tanto de la víctima como del denunciante’, el hecho perse de la violación que se le atribuye al imputado, solo pudo ser cometido con actos previos que desarrollo el imputado para ganarse la confianza de los progenitores y la víctima, son esos actos que no fueron desvirtuados y fueron considerados en la Resolución primigenia, y la suscrita autoridad no puede ingresar a la revisión del fallo inicial toda vez que no se me está permitido por Ley, manteniéndose el criterio que dio lugar primigeniamente a la concurrencia de este riesgo procesal. Además, en cuanto al riesgo de obstaculización contemplad en el Art. 235 núm. 2) del código de Procedimiento Penal, no olvidemos que la principal testigo del hecho es la víctima, y también otras personas que ha sido presentados por el Ministerio Público para realizar sus atestaciones; debiendo garantizar que los testigos actúen libremente en la fase de juicio para realizar las declaraciones sobre los hechos que le constan además que conforme establece el Art. 239 núm. 1) Código de Procedimiento Penal, deben presentarse nuevos elementos indiciarios y no alegaciones de orden subjetivo…” (sic [fs. 22 a 23 vta.]).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de su derecho a la libertad y a la presunción de inocencia; toda vez que, en el proceso penal seguido en su contra por el presunto delito de violación de niño, niña y adolescente, el Juez a quo rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva por Resolución 536/2021 de 27 de diciembre; motivo por el cual, interpuso recurso de apelación incidental, el cual fue resuelto por el Vocal ahora demandado mediante Auto de Vista 112/2022 de 28 de enero, cometiendo las siguientes irregularidades: a) Incurrió en los mismos agravios que el Juez a quo; y, b) Aumento observaciones que fueron salvadas por la autoridad inferior y emitió criterios llenos de prejuicios para rechazar la apelación. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizaran las siguientes temáticas: 1) Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los Tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del CPP; 2) La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional; 3) El enfoque interseccional para analizar la violencia hacia las mujeres, que busca equilibrar los derechos de víctimas e imputados, en sintonía con el deber estatal de eliminar toda violencia de género; 3.i) Respecto del enfoque interseccional para el análisis de la violencia hacia niñas, adolescentes y mujeres; 4) Sobre los riesgos procesales de fuga y de obstaculización, inmersos en los arts. 234 y 235 del CPP respecto a delitos relacionados a violencia contra la mujer; y, 5) Análisis del caso concreto.
Inicialmente, corresponde señalar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación.
En tal sentido, la fundamentación se refiere a la labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, en casos específicos en los que resulte necesaria una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional; en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa. Por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador.
Efectuada las precisiones que anteceden, e ingresando a la exigencia de fundamentar y motivar las resoluciones en las cuales se apliquen medidas cautelares, por las autoridades jurisdiccionales en el ámbito penal, incumbe remitirnos a la amplia jurisprudencia constitucional emitida por esta instancia celadora de la supremacía constitucional; en ese sentido, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, en su Fundamento Jurídico III.2., efectuó el siguiente desarrollo jurisprudencial, precisando que:
“Ahora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar. Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva” (las negrillas son nuestras).
Asimismo, la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en su Fundamento Jurídico III.1.7., bajo el epígrafe “Sobre la exigencia de la decisión judicial sea fundamentada”, estableció que la motivación implica conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez o autoridad judicial de tomar una determinada decisión, aspecto que es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva, como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla. Respecto a la exigencia de fundamentar y motivar las resoluciones, se tiene a las razones de la SC 0759/2010-R de 2 de agosto, que en su Fundamento Jurídico III.3., “La motivación de las resoluciones como obligación del juez”, acudiendo al art. 124 del CPP, señaló que toda resolución debe ser debidamente fundamentada, exponiendo los hechos y normas legales aplicables, añadiendo además que:
“…cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho, que vulnera de manera flagrante el citado derecho, que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido o lo que es lo mismo, cuál es la ratio decidendi que llevó al juez a tomar la decisión” (el resaltado es añadido). Asimismo, respecto a que la motivación no debe ser ampulosa, extrayendo las razones de la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, precisó que:
“…cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y fondo. En cuando a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas” (el resaltado es nuestro).
De igual forma, la SC 0033/2012 de 16 de marzo, mediante su Fundamento Jurídico III.3., denominado “De la fundamentación de las resoluciones que determinen la detención preventiva”, refirió básicamente que la detención preventiva como medida cautelar personal, puede ser dispuesta cuando existan los elementos referidos al “fumus boni iuris” y el “periculum in mora”, previstos en el art. 233 del CPP, decisión que debe ser dispuesta mediante una resolución debidamente fundamentada conforme prevé el art. 236 de la Norma Adjetiva Penal; además, apoyándose en las razones desarrolladas por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, refirió que:
“En los casos en que un Tribunal de apelación decida revocar las medidas sustitutivas y a la par disponer la aplicación de la detención preventiva de un imputado, está obligado igualmente a dictar una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, se ha establecido que el tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medias sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los art 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones se puede disponer la detención preventiva’” (las negrillas nos corresponden).
Con relación a la fundamentación y motivación de las resoluciones al aplicar el art. 398 del CPP, la jurisprudencia de esta instancia constitucional, a través de la SCP 0077/2012 de 16 de abril, en su Fundamento Jurídico III.3., titulado “El alcance de lo previsto en el art. 398 del CPP y la exigencia de motivación en las resoluciones que disponen la detención preventiva”, señaló inicialmente que de acuerdo al referido precepto legal del art. 398 de la Norma Adjetiva Penal, los Tribunales de alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expuestos en apelación; empero, al tratarse de la aplicación de medidas cautelares precisó que:
“Sin embargo, tratándose de la aplicación de medidas cautelares, dicha normativa no debe ser entendida en su literalidad sino interpretada en forma integral y sistemática, por lo que también cabe referirse a lo establecido en el art. 233 del CPP, modificado por la Ley 007 de 18 de mayo de 2010, cuando señala que: ‘Realizada la imputación formal, el juez podrá ordenar la detención preventiva del imputado, a pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiera constituido en querellante, cuando concurran los siguientes requisitos: 1. La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible; 2. La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad’” (las negrillas son adicionadas).
En ese marco, dicha Sentencia Constitucional Plurinacional, referenciando al antes art. 236.3 –ahora art. 236.4 del CPP-, agregó que:
“En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes. En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP” (las negrillas son nuestras).
Jurisprudencia constitucional, que fue reiterada entre otras por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0303/2013 de 13 de marzo, 0329/2016-S2 de 8 abril; y, 1158/2017-S2 15 de noviembre.
Finalmente, siguiendo dichos razonamientos, la SCP 0723/2018-S2 de 31 de octubre, respecto de la aplicación del art. 398 del CPP, señaló que:
“…el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP. Cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio del recurso de apelación de la medida cautelar, el análisis del tribunal de alzada, no puede reducirse a una mera formalidad, sino, debe examinar las razones invocadas por el recurrente y manifestarse expresamente sobre cada una de ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto anterior, debiendo expresar fundadamente los motivos por los que considera que efectivamente se dan los riesgos procesales previstos por el art. 233 del CPP. En todo caso, el tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que fundamenta el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir razonadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican que se mantenga la detención preventiva; no siendo posible un rechazo sistemático de la solicitud de revisión, limitándose a invocar, por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de fuga. El tribunal de apelación no puede limitarse a invocar presunciones legales relativas a los riesgos procesales o normas, que de una forma u otra, establecen la obligatoriedad del mantenimiento de la medida. Si a través del fundamento de la resolución, no se demuestra que la detención preventiva de la persona es necesaria y razonable, para el cumplimiento de sus fines legítimos, la misma deviene en arbitraria” (el resaltado nos corresponde). Conforme al contexto jurisprudencial descrito, es posible concluir que las autoridades jurisdiccionales están obligadas a emitir sus resoluciones debidamente fundamentadas y motivadas, comprendiendo que la fundamentación se refiere a la justificación de todas las disposiciones legales sobre las cuales sostiene su decisión; y, la motivación se relaciona a la justificación de las razones lógico-jurídicas respecto de los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes; máxime, cuando se trate de decisiones que emerjan de la aplicación de medidas cautelares, supuestos en los cuales, los Jueces instructores o cautelares y los Tribunales de apelación, están impelidos de sustentar sus resoluciones.
Ahora bien, en el caso de los Tribunales de apelación, y al tratarse de solicitudes que involucren medidas cautelares, conforme lo precisado por la citada SCP 0077/2012, el art. 398 del CPP no debe ser entendido en su literalidad, sino interpretado de forma integral y sistémica; lo cual, exige que estas autoridades jurisdiccionales, luego de un análisis integral del supuesto, deben fundamentar y motivar sus decisiones precisando los elementos de convicción que permitan concluir en la necesidad de aplicar, modificar o rechazar las medidas cautelares; a cuyo efecto, deben también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 de la Norma Adjetiva Penal, mediante una resolución con la suficiente justificación normativa, conforme requiere el art. 236.4 del referido precepto legal. No siendo admisible que las autoridades del Tribunal de apelación rechacen la solicitud, basándose en presunciones relativas a los riesgos de fuga y obstaculización; ya que, si no se demuestra mediante una debida fundamentación y motivación la necesaria detención preventiva, la resolución emitida conlleva una arbitrariedad que vulnera los derechos previstos por la Constitución Política del Estado.
Sobre esta línea jurisprudencial la suscrita magistrada relatora, efectuó un cambio de razonamiento, a partir de la SCP 0307/2020-S1 de 12 de agosto, sustentado en el apego a la fuerza vinculante del precedente jurisprudencial con estándar más alto (Fundamento Jurídico III.2), entendido este, como aquella interpretación a través de la cual este Tribunal Constitucional Plurinacional resolvió un problema jurídico de forma más progresiva, que permita efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución Política del Estado y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad, cuya identificación se la realiza a través de un examen o análisis integral de la línea jurisprudencial y una vez detectada es obligación del juzgador vincularse al estándar más alto; bajo esa comprensión, y razonamientos que además están contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2233/2013 de 16 de diciembre; y, 0087/2014-S3 de 27 de octubre, la SCP 0307/2020-S1 iniciando ese análisis integral de la línea jurisprudencial respecto a la valoración de la prueba en sede constitucional, comenzó citando a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0092/2018-S1, 0343/2018-S1, 0526/2018-S1, 0615/2018-S1, 0640/2018-S1; y, 1021/2019-S1, en las cuales esta Magistratura fue asumiendo una línea de carácter restrictivo, por cuanto si bien se establecía que de manera excepcional la jurisdicción constitucional podía revisar la labor probatoria desarrollada en las distintas jurisdicciones ordinarias; empero, condicionaba su apertura a exigencias que los justiciables debían cumplir, teniendo así a la SC 0965/2006-R de 2 de octubre, que señala:
“…qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas…” …en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final…” (las negrillas nos pertenecen). Exigencias que al no ser cumplidas de manera expresa, generaban que esta vía constitucional se vea impedida de realizar esa revisión excepcional de la 4 “…los únicos supuestos para que la jurisdicción constitucional ingrese a revisar la valoración realizada por dichas autoridades: 1) Cuando en dicha valoración exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir y 2) Cuando se haya omitido arbitrariamente valorar la prueba y su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales, es decir en el primer supuesto cuando en la labor valorativa se apartan del procedimiento establecido valorando arbitraria e irrazonablemente y en el segundo, que actuando arbitrariamente no se haya procedido a la valoración de la prueba, por cuya omisión se vulneren derechos y garantías fundamentales.
(…)
En ese orden de razonamiento para que este Tribunal pueda cumplir con esta tarea, es necesario que la parte procesal, que se considera agraviada con los resultados de la valoración efectuada dentro de un proceso judicial o administrativo, invocando la lesión a sus derechos fundamentales, exprese de manera adecuada y precisa en los fundamentos jurídicos que sustenten su posición (recurso de amparo) lo siguiente:
Por una parte, qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas; para ello, será preciso, que la prueba no admitida o no practicada, se haya solicitado en la forma y momento legalmente establecidos, solicitud, que en todo caso, no faculta para exigir la admisión de todas las pruebas que puedan proponer las partes en el proceso, sino que atribuye únicamente el derecho a la recepción y práctica de aquellas que sean pertinentes, correspondiendo a los órganos judiciales ordinarios, el examen sobre la legalidad y pertinencia de las pruebas solicitadas, debiendo motivar razonablemente la denegación de las pruebas propuestas. Por supuesto, una vez admitidas y practicadas las pruebas propuestas declaradas pertinentes, a los órganos judiciales, les compete también su valoración conforme a las reglas de la lógica y de la sana crítica, según lo alegado y probado.
Asimismo, es imprescindible también, que el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final; por cuanto, no toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba (referida a su admisión, a su práctica, a su valoración, etc.) causa por sí misma indefensión material constitucionalmente relevante, correspondiendo a la parte recurrente, demostrar la incidencia en la Resolución final a dictarse, es decir, que la Resolución final del proceso hubiera podido ser distinta de haberse practicado la prueba omitida, o si se hubiese practicado correctamente la admitida, o si se hubiera valorado razonablemente la compulsada; puesto que resulta insuficiente, para la viabilidad del recurso de amparo, la mera relación de hechos; porque sólo en la medida en que el recurrente exprese adecuada y suficientemente sus fundamentos jurídicos, la jurisdicción constitucional podrá realizar la labor de contrastación, que amerita este tema de revisión excepcional de la labor de la valoración de la prueba realizada por la jurisdicción ordinaria; máxime si se tiene en cuenta que el art. 97 de la LTC, ha previsto como un requisito de contenido, el exponer con precisión y claridad los hechos que le sirvan de fundamento y precisar los derechos o garantías que se consideren restringidos, suprimidos o amenazados, señalando en qué consiste la restricción o supresión” (negrillas agregadas).
labor valorativa efectuada por los Jueces o Tribunales ordinarios, derivando en la denegación de la tutela y por ende se vea restringido el real acceso a la justicia constitucional; así, la citada SCP 0307/2020-S1; reflexionó que, tales condicionamientos no guardaban armonía con los principios y valores consagrados en la Constitución Política del Estado y que en atención precisamente al mandato constitucional conferido en el art. 196 de la Norma Fundamental, por el cual este Tribunal Constitucional Plurinacional tiene la misión de velar por la supremacía de la Constitución Política del Estado, ejercer el control de constitucionalidad en resguardo y protección de los derechos y garantías fundamentales –los cuales gozan de igual jerarquía–, así como de los principios y valores; teniendo entre otros, al principio de progresividad, que identificó una segunda línea jurisprudencial que contiene una interpretación más amplia y favorable de los derechos que garantiza el ejercicio legítimo de los mismos, que en este caso tiene que ver con el debido proceso en su elemento de valoración de la prueba.
Así, citando a la SCP 0297/2018-S2 de 25 de junio, fallo constitucional en el cual a través de una contextualización de la línea jurisprudencial referida a la valoración de prueba, señaló que este Tribunal desde sus inicios, fue estableciendo presupuestos para efectuar la revisión de la valoración de la prueba, bajo el criterio que dicha actividad es propia de la jurisdicción ordinaria; presupuestos que, fueron sistematizados por la SC 0965/2006-R que exigían al accionante, a) Identificar las pruebas que se omitieron valorar o los cánones de razonabilidad y/o equidad que fueron inobservados en la valoración; y, b) Indicar la incidencia de la omisión o el apartamiento de los cánones de razonabilidad y/o equidad en la decisión final; argumentando de forma precisa los motivos por los cuales, la valoración de la prueba afectaría los principios de razonabilidad y/o equidad. Posteriormente, refirió que la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, estableció los supuestos de procedencia de revisión de valoración de la prueba, señalando que la justicia constitucional debe 5 “En ese antecedente, y considerando la misión constitucional conferida al Tribunal Constitucional Plurinacional otorgada por el constituyente mediante el art. 196.I de la CPE, esta instancia de control constitucional y garante de los derechos fundamentales, tiene la misión de ejercer una labor hermenéutica en los diferentes tipos de control constitucional, como el tutelar en su función revisora de casos remitidos por los jueces y tribunales de garantías; en esa ruta, se tiene que, conforme se describió precedentemente, la jurisprudencia constitucional, estableció que excepcionalmente, se podría efectuar una función revisora de la actividad probatoria de las diferentes jurisdicciones; empero, condicionado a que las o los accionantes señalen concretamente y de forma precisa qué pruebas fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad, o cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas; y, señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final.” 6 Ahora bien, a través de la SCP 0297/2018-S2 de 25 de junio, luego de efectuar contextualización de línea jurisprudencial referida a la valoración de prueba, al respecto se concluyó que: “Al respecto, la citada SC 0965/2006-R, estableció determinados presupuestos para efectuar la revisión de la valoración de la prueba, exigiendo que la o el accionante debía: i) Identificar las pruebas que se omitieron valorar o los cánones de razonabilidad y/o equidad que fueron inobservados en la valoración; y, ii) Indicar la incidencia de la omisión o el apartamiento de los cánones de razonabilidad y/o equidad en la decisión final; argumentando de forma precisa los motivos por los cuales la valoración de la prueba afectaría los principios de razonabilidad y/o equidad.
En similar sentido, la señalada SCP 1215/2012, refirió que en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia que el incumplimiento de los presupuestos para la valoración de la prueba ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional.´”
verificar si en dicha labor las autoridades; 1) No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) No omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento; estableciendo además, la relevancia constitucional al exigir que el peticionante de tutela debe demostrar la lógica consecuencia de que el incumplimiento de los presupuestos para la valoración de la prueba, le ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales.
Así, establecidos tanto los supuestos de procedencia de revisión de valoración, como los presupuestos para efectuar la revisión de la misma, la citada SCP 0297/2018-S2 continuando con ese análisis dinámico, señaló que esa línea jurisprudencial fue modulada por la SCP 0410/2013 de 27 de marzo, que eliminó el requisito de la carga argumentativa, que se exigía para el análisis de fondo de la problemática en cuanto a la valoración de la prueba, señalando que:
Posteriormente, la SCP 0410/2013 de 27 de marzo moduló la línea jurisprudencial de referencia y eliminó el requisito de la carga argumentativa que la jurisprudencia exigía para el análisis de fondo de la problemática en esta temática, señalando que las reglas impuestas a la parte impetrante de tutela, referidas a:
“…explicar de modo sistemático y metódico la irrazonabilidad, inequidad, omisión arbitraria, o valoración equivocada de la prueba (…)
7 La SCP 0410/2013, en el FJ III.2 señala: “En ese orden, si bien es cierto que la jurisdicción constitucional debe respetar el ámbito de atribuciones propias de la jurisdicción ordinaria, es también correcto que cuando se ha quebrado el sistema constitucional, sus dogmas y principios o los derechos fundamentales de la persona humana, es deber del Tribunal Constitucional Plurinacional revisar la interpretación de la legalidad ordinaria efectuada por el juzgador ordinario, para resguardar la vigencia material de la Norma Fundamental y la materialización de los derechos constitucionales. Similar doctrina existe para la intervención de las resoluciones judiciales, cuando se denuncia indebida o errónea valoración o apreciación de la prueba; una explicación de esta teoría se encuentra en la SCP 1916/2012 de 12 de octubre.
Ahora bien, es necesario esclarecer que estas auto restricciones de la jurisdicción constitucional, deviene del principio de separación y distribución de funciones, que impiden la injerencia de la jurisdicción constitucional en la función asignada a la jurisdicción ordinaria; empero, deben comprenderse conforme a la nueva arquitectura de ésta, por ello deben ser asimiladas también bajo los principios de impulso de oficio, inquisitivo y no formalismo, por lo que su naturaleza es la de instrumentos útiles para el análisis de la función cumplida por la jurisdicción ordinaria, son herramientas de fundamentación de las acciones y recursos al alcance de las partes interesadas en activar la jurisdicción constitucional y de argumentación de las resoluciones para el Tribunal Constitucional Plurinacional; pero también, son el parámetro válido y legítimo de verificabilidad de la idoneidad, legitimidad y calidad de las resoluciones judiciales o administrativas cuasi jurisdiccionales; más, no son requisitos ineludibles que el accionante debe cumplir bajo sanción de rechazo o denegación de la acción tutelar, ya que ésta una vez activada, genera en la jurisdicción constitucional el compromiso ineludible de perseguir al evento acusado de inconstitucional, basado en la información concedida por el accionante, siendo pertinente analizar los hechos conocidos con todas las herramientas y métodos de análisis al alcance de la Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional que conozca el asunto, sin que ningún instrumento o método quede al margen por la sola razón de no haber sido mencionado, sutileza que sería una argucia de aquellas que corrompen los sistemas judiciales obsoletos y decadentes.
Del modo explicado en el párrafo anterior, se entiende que las reglas y subreglas contenidas en la doctrina de las auto restricciones de la jurisdicción constitucional, respecto al canon de interpretación de la legalidad ordinaria, así como la valoración integral de la prueba, son instrumentos al servicio de la persona que crea sus derechos vulnerados, que bien utilizados redundará en una mejor comprensión del tema por parte de la jurisdicción constitucional y con ello mayores posibilidades de concesión de la tutela requerida, por ello su buen uso deviene en una ventaja procesal; mientras que para el Tribunal Constitucional Plurinacional, son herramientas de verificación de la legalidad y constitucionalidad de las resoluciones judiciales; pero en ningún caso se pueden aplicar para rechazar o denegar la activación de la jurisdicción constitucional por el sólo hecho de no haber sido nombradas en el memorial de amparo”.
constituyen instrumentos argumentativos, no causales de denegatoria de la acción de amparo constitucional…” (las negrillas son nuestras). Por otro lado, en cuanto a los alcances de la revisión de la valoración de la prueba por parte de la justicia constitucional, la referida SCP 1215/2012, en el Fundamento Jurídico III.3.2., señaló que dicha competencia:
“…se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente.”
Bajo tales razonamientos y luego de un análisis e interpretación de los entendimientos contenidos en dichos fallos que fueron generando línea jurisprudencial en cuanto a la valoración de la prueba en sede constitucional, la SCP 0307/2020-S1 concluyó que la revisión de la labor valorativa efectuada por la jurisdicción ordinaria se efectuará bajo los siguientes criterios:
i) La valoración de la prueba es una actividad propia de las Juezas y Jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas. ii) La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando:
ii.a) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; ii.b) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, ii.c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación. iii) La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, iv) Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales.
Criterios que fueron acogidos por esta relatoría en la ya mencionada SCP 0307/2020-S1, considerando que la SCP 0297/2018-S2 constituye en el estándar más alto, al haber también asumido un entendimiento más favorable como el contenido en la SCP 0410/2013 de 27 de marzo, que al eliminar la carga argumentativa como exigencia para que esta jurisdicción efectué la revisión excepcional de la labor valorativa realizada por los Jueces y Tribunales ordinarios, posibilitó a este Tribunal garantizar un efectivo acceso a la justicia constitucional en resguardo de los derechos fundamentales y garantías constitucionales; razones por las cuales, esta Magistratura relatora determinó ajustar sus razonamientos al carácter progresivo y al principio de favorabilidad de los derechos fundamentales consagrados en los arts. 13.I y 256.I de la CPE.
Finalmente, en el marco de todo lo descrito, la SCP 0307/2020-S1 que se describe, concluyó que esta instancia constitucional se encuentra habilitada para efectuar la revisión de la actividad probatoria de otras jurisdicciones sin necesidad de exigir el cumplimiento de presupuestos como: 1) Identificar las pruebas que se omitieron valorar o los cánones de razonabilidad y/o equidad que fueron inobservados en la valoración; y, 2) Indicar la incidencia de la omisión o el apartamiento de los cánones de razonabilidad y/o equidad en la decisión final, argumentando de forma precisa los motivos por los cuales la valoración de la prueba afectaría los principios de razonabilidad y/o equidad;
En esa labor el Juez constitucional debe considerar los siguientes criterios: Primero.- La valoración de la prueba es una actividad propia de las Juezas, Jueces y de las autoridades administrativas; Segundo.- La justicia constitucional puede revisar la valoración cuando: i) las autoridades se apartan de los marcos legales de razonabilidad y equidad; ii) De manera arbitraria omiten considerar las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, iii) Basan su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; Tercero.- La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, Cuarto.- Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando incidan en el fondo de lo demandado y sea la causa de la lesión de derechos y/o garantías constitucionales.
La descripción a las reflexiones constitucionales desarrollada en la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, fue realizada en la SCP 0268/2020-S1 de 5 de agosto, misma que, con un enfoque interseccional contiene argumentos garantistas y progresivos respecto de los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia a efectos de su aplicación mediante una perspectiva de género.
La SCP 0394/2018-S2, en su Fundamento Jurídico III.1., con profundidad abordó este aspecto que se constituye en un elemento importante a tiempo de compulsar y tratar casos donde se advierta a mujeres víctimas de violencia.
En ese sentido, la precitada Sentencia Constitucional Plurinacional, inicialmente señaló que el enfoque interseccional, es una herramienta útil para el análisis de la vulneración de derechos, y en especial la igualdad al presentarse elementos de discriminación, agregando al respecto que:
…es posible tener una mirada plural de la discriminación y violencia hacia diversas categorías biológicas, sociales y culturales, como el sexo, el género, la clase, la discapacidad, la orientación sexual, la religión, la edad, la nacionalidad y otros ejes de identidad que se interaccionan en múltiples, y a menudo, en simultáneos niveles de discriminación y violencia, comprendiendo las desigualdades y necesidades de esta población en los casos concretos, las cuales pueden estar atravesadas por diversas identidades u otros factores, que las coloquen en situaciones mayores de subordinación, violencia o discriminación (el resaltado es añadido). Asimismo, refirió que el enfoque interseccional, es incorporado gradualmente superando con ello el análisis unidimensional para alcanzar la interpretación múltiple de la discriminación en sus diferentes factores y categorías en cumplimiento a las recomendaciones de instrumentos internacionales como en el Sistema de Protección de Derechos Humanos de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará); en ese marco internacional, precisó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) aplicaron el enfoque interseccional al advertir factores de discriminación. Del razonamiento desplegado por la mencionada SCP 0394/2018-S2, es posible puntualizar que el enfoque interseccional es un instrumento necesario y valioso para analizar, especialmente la vulneración del derecho a la igualdad, permitiendo visualizar de forma plural la discriminación y violencia en general hacia las mujeres; tomando en cuenta para ello, sus desigualdades y necesidades, haciendo eco, a través de ese análisis, sobre las exigencias a nivel internacional como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, siendo uno de sus mandatos, el considerar el estado de vulnerabilidad de la mujer víctima de violencia, por razones diversas.
9 Este enfoque, permite analizar la discriminación y violencia hacia las mujeres, comprendiendo sus desigualdades y necesidades en casos concretos, como lo exige, además, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará), en cuyo art. 9 establece como criterio interpretativo sobre las obligaciones internacionales de los Estados, que éstos tendrán especialmente en cuenta, la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada, así, como embarazada, discapacitada, menor de edad, anciana o que se encuentre en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad. 10 “…Así, la referida Corte IDH, en el Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, a través de la Sentencia de 25 de noviembre de 2006, sobre Fondo, Reparaciones y Costas, en el párrafo 259 inc. i), hizo referencia a la violencia sexual contra las mujeres que se encuentran bajo la custodia del Estado, señalando que: “…Las mujeres han sido víctimas de una historia de discriminación y exclusión por su sexo, que las ha hecho más vulnerables a ser abusadas cuando se ejercen actos violentos contra grupos determinados por distintos motivos, como los privados de libertad...”.
La misma Sentencia en el párrafo 292, también se refirió a las mujeres embarazadas que se encontraban en prisión, indicando que: “…Las mujeres embarazadas que vivieron el ataque experimentaron un sufrimiento psicológico adicional, ya que además de haber visto lesionada su propia integridad física, padecieron sentimientos de angustia, desesperación y miedo por el peligro que corría la vida de sus hijos…”. Asimismo, hizo referencia a las madres internas, indicando en el párrafo 330, que: La incomunicación severa tuvo efectos particulares en las internas madres. Diversos órganos internacionales han enfatizado la obligación de los Estados de tomar en consideración la atención especial que deben recibir las mujeres por razones de maternidad, lo cual implica, entre otras medidas, asegurar que se lleven a cabo visitas apropiadas entre madre e hijo. La imposibilidad de comunicarse con sus hijos ocasionó un sufrimiento psicológico adicional a las internas madres.
Por otra parte la Corte IDH, en el Caso González y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México, a través de la Sentencia de 16 de noviembre de 2009 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, en los párrafos 408 y 409, además de analizar la relación de la violencia de género con las relaciones sociales, culturales y económicas de discriminación, para caracterizar a las víctimas, también lo hizo respecto a las discriminaciones de género, pobreza y edad, al hacer referencia a los derechos de las víctimas menores de edad (…) En el mismo sentido, la Corte IDH en los Casos Rosendo Cantú y Otra VS. México -Sentencia de 31 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas- y Fernández Ortega y Otros VS. México -Sentencia de 30 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas-, efectuó el análisis sobre la discriminación y violencia de las mujeres indígenas, estableciendo que debía garantizarse el acceso a la justicia de los miembros de las comunidades indígenas, adoptando medidas de protección que tomen en cuenta sus particularidades propias, sus características económicas y sociales, su situación de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, así como sus valores, usos y costumbres.
También cabe mencionar, el Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, en cuya Sentencia de 24 de febrero de 2012 sobre Fondo, Reparaciones y Costas, donde la Corte IDH hizo referencia a la discriminación sufrida por las mujeres con orientación sexual diversa; pues se impuso a la accionante, que en su condición de mujer atendiera y privilegiara sus deberes como madre (…)”
Reanudando, la aludida Sentencia Constitucional Plurinacional, refirió que, en el caso concreto (motivo de su análisis), al tratarse de una mujer víctima de violencia sexual adolescente, debe ser aplicado el enfoque interseccional, que permitirá comprender de mejor forma su vulnerabilidad e identificar criterios reforzados de protección plasmados en la Constitución Política del Estado e instrumentos internacionales; así respecto a la normativa internacional que rige la protección de niñas, niños y adolescentes, en el marco del art. 60 de la CPE, señaló que estos grupos etéreos gozan de especial protección y atención de sus derechos, debiendo en consecuencia ser atendidos con preferencia en los centros de salud, en la escuela, entidades judiciales, y por la Policía Boliviana, entre otros; en tal sentido, añadió que los estándares de protección internacional, son obligatorios para nuestro Estado, ya que a partir de los arts. 13 y 256 de la Norma Suprema, pueden ser aplicados de forma preferente y favorable; así, citó a dichos estándares internacionales como el art.19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que prevé medidas de protección para los menores; art. 16 del Protocolo Adicional a la CADH en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -Protocolo de San Salvador-, que reconoce por un lado, el derecho a medidas de protección; y por otro, una obligación para el Estado referido a adoptar medidas especiales de protección a fin de garantizarles la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral; art. VII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH), que regula sobre la protección y cuidado de los niños; Declaración de los Derechos del Niño que en sus principios 8 y 9 prevé el derecho a la protección ante el 11. Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 19: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. Suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos en San José de Costa Rica, 1969. Entra en vigor el 18 de julio de 1978. A la cual Bolivia se adhiere mediante Decreto Supremo (DS) 16575 el 13 de junio de 1979, elevado a rango de Ley 1430 de 11 de febrero de 1993. 12 Protocolo de San Salvador, art. 16: “Todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Todo niño tiene el derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias excepcionales, reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no debe ser separado de su madre. Todo niño tiene derecho a la educación gratuita y obligatoria, al menos en su fase elemental, y a continuar su formación en niveles más elevados del sistema educativo.” También, art. 15 con el título “Protección de la familia”; en el cual, es muy relevante la obligación de los Estados de brindar adecuada protección al grupo familiar, así dentro del numeral 2, literal c., indica: “adoptar medidas especiales de protección de los adolescentes a fin de garantizar la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral”. Suscrito en San Salvador de El Salvador, el 17 de noviembre de 1988, en el décimo octavo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Entró en vigor el 16 de noviembre de 1999. Ratificado por Bolivia mediante Ley 3293 de12 de diciembre de 2005. 13 Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, art. VII: “Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho a protección, cuidados y ayuda especiales”. Adoptada en la novena Conferencia Interamericana, celebrada en Bogotá, Colombia, 1948, conjuntamente con la constitución de la OEA. 14 Declaración de los Derechos del Niño, Principio 8: “El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro”. Principio 9: “El niño deber ser protegido contra toda forma de abandono crueldad y explotación (…)”
abandono cruel y explotación, y la preferencia en recibir socorro y protección; y, el art. 39 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que en esencia dispone para los Estado el deber de adoptar medidas en favor de la niñez víctima de cualquier forma de abuso o explotación en el marco los mismos principios descritos en la referida Convención. Identificada y descrita la normativa del contexto internacional, la precitada SCP 0394/2018-S2, se refirió a la normativa vinculada a mujeres víctimas de violencia sexual y las específicas regulaciones conectadas a la violencia contra niñas y adolescentes; en dicha labor, razonó que el constituyente al haber incorporado el art. 15 en la CPE, reconoció un derecho especifico que deriva en la obligación para el Estado (en todos sus niveles) para investigar, socorrer y sancionar los actos de violencia contra la mujer; asimismo, agregó que:
“…el Estado al ratificar un convenio internacional de derechos humanos, adquiere la obligación de respetar y proteger los derechos reconocidos en dicho instrumento. Así, la Convención Belém Do Pará de 9 de junio de 1994, ratificada por Bolivia mediante Ley 1599 de 18 de agosto de igual año, se constituye en el primer Tratado Interamericano que reconoce la violencia hacia las mujeres, como una violación de derechos humanos; en cuyo art. 7, consigna los deberes que tienen los estados, de adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre ellos, el de abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer, y velar, porque las autoridades y funcionarios se comporten de acuerdo a esa obligación ...
(…) …el art. 9 de dicha Convención establece, que los Estados tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, por ser menor de edad o estar en situación socioeconómica desfavorable” (las negrillas son agregadas). Prosiguiendo, la precitada Sentencia Constitucional Plurinacional, al referirse sobre los estándares del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, vinculados con la violencia de género, se remitió a la Recomendación 19 pronunciada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de la CEDAW), que se constituye como una de las más relevantes al señalar que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide el goce de sus derechos y libertades en igualdad con el hombre, y que la violencia contra la mujer conlleva responsabilidad estatal en cuanto a la implementación de mecanismos necesarios de protección y prevención para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas; de igual forma, la indicada jurisprudencia, respecto al acceso a la justicia de las mujeres, señaló que:
“...El mencionado Comité de la CEDAW, en la Recomendación General 33 de 3 de agosto de 2015, sobre el acceso de las mujeres a la justicia, examinó las obligaciones de los Estados Partes, para asegurar que éstas tengan acceso a dicho derecho, al advertir que existen obstáculos y restricciones que les impiden efectivizarlo en el marco de la igualdad; obstáculos que se producen en un contexto estructural de discriminación y desigualdad, debido a factores como los estereotipos de género, leyes discriminatorias, procedimientos interseccionales de discriminación, las prácticas y los requisitos en materia probatoria; limitaciones que constituyen violaciones persistentes a los derechos humanos de las mujeres. En dicha Recomendación, se hace referencia a la justiciabilidad, estableciendo que se requiere el acceso irrestricto de la mujer a la justicia, y para ello, recomienda que se debe mejorar la sensibilidad del sistema de justicia a las cuestiones de género, empoderando a las mujeres para lograr la igualdad de jure y de facto -de derecho y hecho-; asegurando que los profesionales de los sistemas de justicia, tramiten los casos, teniendo en cuenta las cuestiones de género; y, revisando las normas sobre la carga de la prueba, para asegurar la igualdad entre las partes, en todos los campos, en aquellas relaciones de poder que priven a las mujeres a la oportunidad de un tratamiento equitativo de su caso. El mencionado Comité de la CEDAW, también recomienda a los Estados Partes establecer y hacer cumplir recursos adecuados, efectivos, atribuidos con prontitud, holísticos y proporcionales a la gravedad del daño sufrido por las mujeres; recursos que deben incluir, según corresponda, la restitución -reintegración-, la indemnización -en forma de dinero, bienes o servicios- y la rehabilitación -atención médica, psicológica y otros servicios sociales-. Asimismo, establece recomendaciones específicas en la esfera del Derecho Penal, encomendando que los Estados ejerzan la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación, por todos los delitos cometidos contra mujeres, ya sea, perpetrados por agentes estatales o no estatales; garantizando que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas, tomando medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo, que las aliente a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos en su contra y participar activamente en los procesos; revisando las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer; y, mejorando la respuesta de la justicia penal a la violencia en el hogar” (el resaltado es ilustrativo).
En ese marco, añadió que en el Caso LC vs. Perú -octubre 2011, la Decisión asumida por el Comité de la CEDAW, es un importante precedente por cuanto el referido Comité, además de abordar el derecho del aborto en casos de violencia sexual, reconoció la obligación de protección reforzada, que recae sobre las niñas, adolescentes y mujeres como mayores víctimas de violencia sexual. Sujetándose a la normativa internacional descrita, la mencionada SCP 0394/2018-S2, advirtió que conforme a la Ley 548 de 17 de julio de 2014, denominada Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), el Estado (multinivel) adquiere una corresponsabilidad a través de sus instituciones, y las niñas, niños y adolescentes adquieren derechos y son sujetos de protección contra toda violencia, priorizando su resguardo. Por su parte, en referencia a la Ley 2033 de 29 de octubre de 1999, Ley de Protección a las Víctimas de Delitos Contra la Libertad Sexual, y la Ley 348 de 9 de marzo de 2013, titulada Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, refirió que estos actos legislativos contienen un conjunto de disposiciones en favor de las víctimas; entre ellas: La obligación de la autoridad que investiga delitos contra la violencia sexual, para ordenar las medidas necesarias de la protección a la víctima, sus familiares, dependientes y testigos entre otros; el establecimiento de mecanismos y medidas integrales de prevención, atención y reparación a mujeres en situación de violencia, implementando para ello, el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género (SIPASSE); la prioridad nacional del Estado en la erradicación de la violencia hacia las 16 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada por el Estado boliviano por la Ley 1100 de 15 septiembre de 1989. 17 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Caso L. C. vs. Perú, Comunicación 22/2009 de 18 de junio. Documento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) CEDAW/C/50/D/22/2009 (25 de noviembre de 2011). 18 “…cuyo objeto es garantizar el ejercicio pleno e integral de los derechos de la niña, niño y adolescente, implementando el Sistema Plurinacional Integral de la Niña, Niño y Adolescente (SPINNA), para garantizar la vigencia plena de sus derechos, mediante la corresponsabilidad del Estado, a través de todas sus instituciones públicas y privadas, en todos sus niveles, la familia y la sociedad. Este nuevo instrumento legal se basa en once principios; cuales son, interés superior, prioridad absoluta, igualdad y no discriminación, equidad de género, desarrollo integral, corresponsabilidad, ejercicio progresivo de derechos y especialidad. En el Capítulo VIII del citado Código, se desarrolla el derecho a la integridad personal y la protección contra la violencia a las niñas, niños y adolescentes, priorizando el resguardo contra cualquier forma de vulneración a su integridad sexual; disponiendo se diseñen e implementen políticas de prevención y protección contra toda forma de abuso, explotación o sexualización precoz. Así, el art. 145.I, establece que: “La niña, niño y adolescente, tiene derecho a la integridad personal, que comprende su integridad física, psicológica y sexual”. Por su parte, el art. 148.II inc. a) del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), respecto a este sector poblacional, prevé el derecho de ser protegidas y protegidos contra la violencia sexual; la cual es definida como: “…toda conducta tipificada en el Código Penal que afecte la libertad e integridad sexual de una niña, niño o adolescente”. Asimismo, el art. 157 del CNNA, en el marco del derecho de acceso a la justicia, establece: I. Las niñas, niños y adolescentes, tienen el derecho a solicitar la protección y restitución de sus derechos, con todos los medios que disponga la ley, ante cualquier persona, entidad u organismo público o privado (…) IV. La preeminencia de los derechos de la niña, niño y adolescente, implica también, la garantía del Estado de procurar la restitución y restauración del derecho a su integridad física, psicológica y sexual. Se prohíbe toda forma de conciliación o transacción en casos de niñas, niños o adolescentes víctimas de violencia (las negrillas son incorporadas)”.
mujeres; y, la obligación de articular servicios, acciones y políticas integrales destinadas a la atención, sanción y erradicar todo tipo de violencia por parte del Nivel Central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas (ETA). En ese marco, la antedicha SCP 0394/2018-S2, refirió que de acuerdo al contenido regulatorio del art. 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) –Ley 260 de 11 de julio de 2012–, en los delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes, el Ministerio Público debe brindar una protección inmediata a los mismos; además, puntualizó que:
“si bien internamente tenemos un adecuado desarrollo normativo; sin embargo, es evidente que las disposiciones legales, en muchos casos, requieren ser interpretadas, considerando el contexto de violencia -estructural y concreta- de la víctima, así como su situación especial de vulnerabilidad. Es, en ese marco de interpretación, que tanto las autoridades judiciales, como del Ministerio Público y la Policía Boliviana, deben tomar en cuenta el enfoque interseccional, cuando se trate de niñas o adolescentes víctimas de violencia, a efectos de actuar inmediatamente, con prioridad, adoptando las medidas de protección que sean necesarias, evitando todas aquellas acciones que se constituyan en revictimizadoras y no tomen en cuenta el interés superior de la niña o la adolescente. En ese sentido, el enfoque interseccional permite dar concreción al principio de igualdad, comprendido desde una perspectiva material; pues analiza las situaciones que colocaron a una persona, en el caso concreto, en mayores niveles de vulnerabilidad, con la finalidad de resolver el caso aplicando medidas, cuando corresponda, que permitan reparar y transformar las situaciones de subordinación, discriminación o violencia, no solo de la víctima en concreto, sino también, de todas las personas que se encuentren en situación similar” (el resaltado es añadido).
Prosiguiendo, la SCP 0394/2018-S2, en su Fundamento Jurídico III.2., bajo el título: “Sobre el riesgo procesal de fuga de peligro efectivo para la víctima o el denunciante en delitos relacionados contra la mujer”; señaló que, al ser la detención preventiva meramente instrumental, la aplicación de su restricción resulta una excepcionalidad, debiendo concurrir simultáneamente las exigencias de los numerales 1 y 2 del art. 233 del CPP; así, en cuanto a los peligros de fuga y obstaculización, de acuerdo a los arts. 234 y 235 de la referida norma procesal penal, para decidir sobre su concurrencia, se debe realizar una avaluación integral de las circunstancias existentes, como el “peligro efectivo para la víctima o el denunciante”, previsto en el actual art. 234.7 del CPP.
Asimismo, remitiéndose a la SCP 0056/2014 de 3 de enero, que declaró la constitucionalidad del entonces art. 234.10 -ahora art. 234.7 del CPP–, señaló que, el peligro efectivo para la víctima o el denunciante debe ser materialmente verificable, suponiendo ello, la existencia de elementos comprobables sobre la situación de las víctimas; en tal sentido, agregó que, en supuestos de violencia contra las mujeres, corresponderá a los fiscales y autoridades judiciales desde una perspectiva de género, considerar “la situación de vulnerabilidad o desventaja en la que se encuentre la víctima o denunciante respecto al imputado; las características del delito cuya autoría se atribuye al imputado; y, la conducta exteriorizada por éste, contra la víctima o denunciante, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si la misma puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos, tanto de la víctima como del denunciante”.
En ese contexto, la referida SCP 0394/2018-S2, sostuvo que las medidas destinadas a desvirtuar los peligros de fuga del antes art. 234.10 –ahora art. 234.7– del CPP -peligro efectivo para la víctima o denunciante-, no debe significar una revictimización; por ello, los fiscales y Jueces deben considerar que, en muchas veces, las garantías personales o mutuas solicitadas por los imputados para desvirtuar dicho riesgo, se constituyen en medidas revictimizadoras debido a que la víctima tiene que enfrentarse con su agresor, desnaturalizando además la protección que el Estado debe otorgar a las mujeres víctimas de violencia, ya que incluso, según el art. 35 de la Ley 348, ellas tienen el derecho de solicitar las medidas de protección, cuya finalidad, según el art. 32.I de la referida norma es: “…interrumpir e impedir un hecho 19 “Sobre esta circunstancia, la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0056/2014 de 3 de enero -que declaró la constitucionalidad del art. 234.10 del CPP-, señaló en el Fundamento Jurídico III.5.3, que: En definitiva, el peligro relevante en materia penal al que hace referencia la norma demandada, es la posibilidad de que la persona imputada cometa delitos, pero no el riesgo infinitesimal al que se refiere Raña y descrito en el Fundamentos Jurídicos III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, sino el riesgo emergente de los antecedentes personales del imputado por haberse probado con anterioridad que cometió un delito, lo que genera una probabilidad adicional de delinquir; más, esa situación es similar a la establecida en el art. 234.8 del CPP, referido a: “La existencia de actividad delictiva reiterada o anterior”; empero, aunque parecida no es similar, encontrando diferencia puesto que la norma demandada adicionalmente precisa que la situación de peligrosidad sea efectiva, mientras que la del art. 234.8 del CPP, precisa antecedentes criminales reiterados; en ese orden, es también necesario comprender la efectividad de la peligrosidad exigida por la norma demandada. El concepto “efectivo” que se debe adicionar a la peligrosidad para que opere como fundamento de la detención preventiva por peligro de fuga, hace alusión, según el diccionario jurídico que utiliza este Tribunal, a un apeligro existente, real o verdadero, como contraposición a lo pretendido, dudoso, incierto o nominal; es decir a un peligro materialmente verificable, más allá del criterio subjetivo del juez, que puede ser arbitrario, por ello supone la asistencia de elementos materiales comprobables en la situación particular concreta desde la perspectiva de las personas y los hechos, por ello se debe aplicar bajo el principio de la razonabilidad y la proporcionalidad, no encontrando en ello ninguna inconstitucionalidad por afectación del debido proceso o de la presunción de inocencia consagrados constitucionalmente. En consecuencia, el peligro efectivo, encuentra justificación en la necesidad de imponer medidas de seguridad a las personas que hubieran sido encontradas culpables de un delito anteriormente, pero no le sindica como culpable del ilícito concreto que se juzga, ni provoca que en la tramitación del proceso sea culpable del presunto delito cometido.
de violencia contra las mujeres, o garantías, en el caso de que éste se haya consumado, que se realice la investigación, procesamiento y sanción correspondiente”; en tal sentido, la mencionada SCP 0394/2018-S2, concluyo precisando tres aspectos a ser considerados, según los siguientes términos:
“Consiguientemente, a partir de todo lo explicado, en el marco de las medidas de protección exigidas al Estado boliviano, por las normas nacionales e internacionales, las autoridades fiscales y judiciales, deben considerar que:
a) En los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido en el art. 234.10 del CPP, deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo; y, la conducta exteriorizada por éste contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos tanto de la víctima como del denunciante;
b) De manera específica, tratándose del delito de trata de personas, deberá considerarse la especial situación de vulnerabilidad de las víctimas que sufrieron engaño, fraude, violencia, amenaza, intimidación, coerción, abuso de autoridad, o en general, ejercicio de poder sobre ellas; y, c) En casos de violencia contra las mujeres, la solicitud de garantías personales o garantías mutuas por parte del imputado, como medida destinada a desvirtuar el peligro de fuga previsto en el art. 234.10 del CPP, se constituye en una medida revictimizadora, que desnaturaliza la protección que el Estado debe brindar a las víctimas; pues, en todo caso, es ella y no el imputado, la que tiene el derecho, en el marco del art. 35 de la Ley 348, de exigir las medidas de protección que garanticen sus derechos”.
De todo lo descrito y desarrollado por la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, citado y precisado en la SCP 0268/2020-S1 de 5 de agosto; se tiene que, estas contienen reflexiones constitucionales con un enfoque interseccional, que contribuyen en la tarea de reforzar y garantizar la protección de las niñas y adolescentes mujeres víctimas de violencia conforme al bloque de constitucionalidad y la normativa nacional; lo cual, sin duda alguna, las sitúan dentro el ámbito de la doctrina del estándar más alto respecto a la protección de este grupo altamente vulnerable; extremo que, conlleva a que dichos razonamientos, deben ser aplicados por las instancias investigativas (policiales y fiscales) y jurisdiccionales en todos los casos en los que se advierta como víctimas a niñas y adolescentes mujeres; cumpliendo de esta forma, con las exigencias internacionales a nuestro Estado, respecto de la obligación de actuar con la debida diligencia, para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer (niñas y adolescentes), guiados a una finalidad mayor que es la erradicación total de la violencia y protección a las víctimas.
La Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, modificó el Título II del Libro Quinto de la Primera Parte del Código de Procedimiento Penal; en tal sentido, la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, al respecto señalo lo siguiente:
“La detención preventiva es una medida restrictiva de la libertad personal, dispuesta de manera excepcional y provisional por autoridad jurisdiccional competente, mediante resolución fundamentada, sustentada en la necesidad de evitar la fuga del imputado, asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y el cumplimiento de la ley, donde se garantiza la presunción de inocencia. La finalidad de la detención preventiva es netamente instrumental o procesal, para: 1) Asegurar la averiguación de la verdad -arts. 23.I de la CPE; y, 221 y 235 del CPP-; 2) Asegurar el desarrollo del proceso -arts. 23.I de la CPE; y, 221 y 235 del CPP-; 3) Asegurar la aplicación de la ley -art. 221 de CPP-; y, 4) Asegurar la presencia del imputado -art. 234 del CPP-. Ahora bien, para la aplicación de la restricción excepcional del derecho a la libertad personal del imputado, en calidad de detenido preventivo, en nuestro ordenamiento jurídico, se establece que deben concurrir de manera simultánea los dos requisitos previstos en los numerales 1 y 2 del art. 233 del CPP, referidos a la probabilidad de la participación del imputado y los peligros de fuga u obstaculización.
El segundo requisito, referido al peligro de fuga y obstaculización, se encuentra contemplado en el numeral 2 del art. 233 del CPP, que refiere: “La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad”, previstos en los art. 234 y 235 del referido Código. Sobre el peligro de fuga, el art. 234 del CPP, dispone que: “Por peligro de fuga se entiende a toda circunstancia que permita sostener fundadamente que el imputado no se someterá al proceso buscando evadir la acción de la justicia”; el mismo artículo, establece que para decidir acerca de la concurrencia de estas circunstancias, debe efectuarse una evaluación integral sobre ellas, entre las que se encuentra, el contenido del numeral 10, respecto al peligro efectivo para la víctima o el denunciante.” De igual forma, la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.5.3., de la SCP 0056/2014 de 3 de enero –que declaró la constitucionalidad del art. 234.10 del CPP– sobre el riesgo procesal de fuga de peligro efectivo para la víctima o el denunciante previsto en el art. 234.10 ahora 234.7 de la Norma Adjetiva Penal, señaló lo siguiente:
“En definitiva, el peligro relevante en materia penal al que hace referencia la norma demandada, es la posibilidad de que la persona imputada cometa delitos, pero no el riesgo infinitesimal al que se refiere Raña y descrito en el Fundamentos Jurídicos III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, sino el riesgo emergente de los antecedentes personales del imputado por haberse probado con anterioridad que cometió un delito, lo que genera una probabilidad adicional de delinquir; más, esa situación es similar a la establecida en el art. 234.8 del CPP, referido a: “La existencia de actividad delictiva reiterada o anterior”; empero, aunque parecida no es similar, encontrando diferencia puesto que la norma demandada adicionalmente precisa que la situación de peligrosidad sea efectiva, mientras que la del art. 234.8 del CPP, precisa antecedentes criminales reiterados; en ese orden, es también necesario comprender la efectividad de la peligrosidad exigida por la norma demandada. El concepto “efectivo” que se debe adicionar a la peligrosidad para que opere como fundamento de la detención preventiva por peligro de fuga, hace alusión, según el diccionario jurídico que utiliza este Tribunal, a un peligro existente, real o verdadero, como contraposición a lo pretendido, dudoso, incierto o nominal; es decir a un peligro materialmente verificable, más allá del criterio subjetivo del juez, que puede ser arbitrario, por ello supone la asistencia de elementos materiales comprobables en la situación particular concreta desde la perspectiva de las personas y los hechos, por ello se debe aplicar bajo el principio de la razonabilidad y la proporcionalidad, no encontrando en ello ninguna inconstitucionalidad por afectación del debido proceso o de la presunción de inocencia consagrados constitucionalmente. En consecuencia, el peligro efectivo, encuentra justificación en la necesidad de imponer medidas de seguridad a las personas que hubieran sido encontradas culpables de un delito anteriormente, pero no le sindica como culpable del ilícito concreto que se juzga, ni provoca que en la tramitación del proceso sea culpable del presunto delito cometido…” (las negrillas nos pertenecen). En el marco de la jurisprudencia constitucional descrita, que fue reiterada entre otras por la SCP 0205/2019-S2 de 9 de mayo; es posible concluir en que, dicha jurisprudencia emerge de una acción de inconstitucionalidad concreta, en la cual se compulsó el contenido del entonces art. 234.10 –ahora art. 234.7– del CPP, relacionándolo estrechamente con la presunción de inocencia que rodea el proceso penal como una garantía constitucional; en esa labor, analizó el alcance de la citada disposición efectuando una comparativa necesaria con el contenido del art. 238.8 – ahora- 234.6 de la Norma Adjetiva Penal; estableciendo al efecto que, para la concurrencia del riesgo procesal de fuga inmerso en el art. 234.7 CPP “Peligro efectivo para la sociedad o para la víctima o el denunciante”, se tiene que tomar en cuenta el concepto del término “efectivo”, referido a que el peligro existente, sea real o verdadero; en otras palabras, dicho peligro, tiene que ser materialmente verificable y comprobable, más allá de un criterio subjetivo del juzgador, siendo en consecuencia aplicable este riesgo procesal bajo el principio de razonabilidad y proporcionalidad.
Consecuentemente, bajo esa comprensión, los Jueces y Tribunales en materia penal que impongan la extrema medida de detención preventiva en contra del imputado, aplicando el riesgo de fuga previsto en el ya mencionado art. 234.7 CPP “Peligro efectivo para la sociedad o para la víctima o el denunciante”; conforme a lo descrito, dicha decisión debe emerger de un análisis integral y valoración probatoria sobre la existencia real, material y verificable del peligro; no siendo permitido, sustentar dicho peligro en subjetividades tal como lo precisó la precitada jurisprudencia; asimismo, el juzgador debe efectuar una labor argumentativa en cuanto a la razonabilidad y proporcionalidad respecto de su concurrencia.
Asimismo, la SCP 0394/2018-S2, respecto al art. 234.7 del CPP, refirió que:
“…desde una perspectiva de género, en los casos de violencia contra las mujeres, corresponderá que la autoridad fiscal y judicial, considere la situación de vulnerabilidad o desventaja, en la que se encuentre la víctima o denunciante respecto al imputado; las características del delito, cuya autoría se atribuye al imputado; y, la conducta exteriorizada por éste, contra la víctima o denunciante, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si la misma puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos, tanto de la víctima como del denunciante. Conforme a ello, las medidas orientadas a desvirtuar los peligros de fuga, como la contenida en el art. 234.10 del CPP –peligro efectivo para la víctima o el denunciante-, de ninguna manera deben significar una revictimización; en ese sentido, tanto las autoridades fiscales como judiciales, deben considerar que la solicitud de garantías personales o mutuas, que en muchos casos, son pedidas por los imputados para desvirtuar el riesgo de fuga antes mencionado, se constituyen en medidas revictimizadoras, porque las víctimas tienen que enfrentarse con su agresor; pero además, a través de las mismas, se desnaturaliza la protección que el Estado debe brindar a las mujeres víctimas de violencia; pues, en todo caso, son ellas las que, en el marco del art. 35 de la Ley 348, tienen el derecho de solicitar las medidas de protección pertinentes, las cuales, de acuerdo con el art. 32.I de la citad Ley, tienen la finalidad de: “…interrumpir e impedir un hecho de violencia contra las mujeres, o garantizar, en caso de que éste se haya consumado, que se realice la investigación, procesamiento y sanción correspondiente”. Consiguientemente, a partir de todo lo explicado, en el marco de las medidas de protección exigidas al Estado boliviano, por las normas nacionales e internacionales, las autoridades fiscales y judiciales, deben considerar que: a) En los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido en el art. 234.10 del CPP, deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo; y, la conducta exteriorizada por éste contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos tanto de la víctima como del denunciante; b) De manera específica, tratándose del delito de trata de personas, deberá considerarse la especial situación de vulnerabilidad de las víctimas que sufrieron engaño, fraude, violencia, amenaza, intimidación, coerción, abuso de autoridad, o en general, ejercicio de poder sobre ellas; y, c) En casos de violencia contra las mujeres, la solicitud de garantías personales o garantías mutuas por parte del imputado, como medida destinada a desvirtuar el peligro de fuga previsto en el art. 234.10 del CPP, se constituye en una medida revictimizadora, que desnaturaliza la protección que el Estado debe brindar a las víctimas; pues, en todo caso, es ella y no el imputado, la que tiene el derecho, en el marco del art. 35 de la Ley 348, de exigir las medidas de protección que garanticen sus derechos.” (las negrillas pertenecen al texto original).
Por otro lado, respecto al riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del CPP, en casos de violencia contra la mujer, la SCP 0555/2020-S1 de 5 de octubre, estableció que dicho peligro, el cual conforme lo prevé dicha norma señala que: “Por peligro de obstaculización se entiende a toda circunstancia que permita sostener fundamentadamente, que el imputado con su comportamiento entorpecerá la averiguación de la verdad”; por lo que, la consideración de tales supuestos, está relacionado con la actividad investigativa del Ministerio Público, la misma que está sometida a estándares nacionales e internacionales para la protección de las víctimas de violencia sexual u otro tipo; razón por la cual, tanto los fiscales como las autoridades judiciales al momento de considerar estos casos se hallan obligados a adoptar medidas de acción positivas, específicas y reforzadas para garantizar los derechos tanto de las mujeres y de las niñas, niños o adolescentes víctimas de violencia, señalando que dichos deberes implica que dichas autoridades deben:
“…actuar con la debida diligencia, garantizando: el acceso a la justicia de la víctima; la protección judicial efectiva por parte de sus operadores; el resguardo de sus derechos a la vida, integridad personal y libertad personal, evitando su revictimización y manejando adecuadamente las evidencias; así como, el derecho de los familiares y de la sociedad a conocer la verdad de lo ocurrido; para lo cual, deben adoptar medidas o mecanismos necesarios para la averiguación de la verdad material; evitando un ambiente de impunidad, que facilite y promueva la repetición de los hechos de violencia en general; para lo cual, al tiempo de realizar el análisis del art. 235 del CPP, frente a un asunto relacionado con violencia contra la mujer, debe tomarse en cuenta los siguientes presupuestos: i) En casos de violencia contra la mujer, el peligro de obstaculización debe surgir de la información precisa y circunstanciada que el Ministerio Público aporte en la audiencia; y, de razonabilidad suficiente de que el imputado obstaculizará la averiguación de la verdad; no siendo una obligación para la víctima o la parte querellante aportar estos elementos probatorios; toda vez que, es el Ministerio Público quien tiene que llevar adelante de oficio las actuaciones investigativas, pues tiene la responsabilidad de asumir la carga de la prueba en hechos de violencia hacia las mujeres, y no así, la víctima o el denunciante; y, ii) El Ministerio Público y las autoridades judiciales, en el marco de la debida diligencia deben evitar que se presenten cualquiera de las circunstancias establecidas en el art. 235 del CPP, que puedan obstaculizar la averiguación de la verdad o la realización del proceso; para lo cual, deben considerar lo siguiente:
ii.a) Debe ser considerado como elemento objetivo y no como una mera presunción abstracta, la situación de vulnerabilidad de la mujer víctima de violencia sexual -u otro tipo- por la situación traumática que atravesó, afectando incluso su estabilidad psicológica y emociona; más aún, la minoridad de edad de la víctima, que en ambos casos, las hace más influenciables y manipulables a cualquier tipo de declaración;
ii.b) La declaración de la víctima se constituye en un elemento probatorio fundamental para considerar la concurrencia o no de los riesgos de obstaculización, en el entendido que contenga elementos que hagan prever que el imputado obstaculizará las investigaciones; tomando como ejemplo, que la víctima declare que el imputado quiso darle plata por su silencio o que la amenazó o quiso realizar otro tipo de transacción -entre otros supuestos-;
ii.c) Evitar la revictimización, tomando como ejemplo: los supuestos en los que el imputado busque a la víctima o a su familia para proponer o realizar cualquier tipo de transacción, y de esta forma, logre algún contacto que la revictimice, y al mismo tiempo, pueda influir en los mismos, generando incertidumbre, inseguridad o temor en ellos;
ii.d) Si bien, el Ministerio Público debe fundar la existencia de estos riesgos procesales a través de elementos probatorios precisos y circunstanciados que otorguen razonabilidad suficiente de que el imputado obstaculizará la averiguación de la verdad; sin embargo, al tiempo de justificarlos no siempre resulta clara su argumentación, ante lo cual, tomando en cuenta la protección reforzada que goza la víctima de violencia, sobre la base del estándar de la debida diligencia, la autoridad judicial puede reforzar dicha argumentación en base a los antecedentes cursantes en el expediente; lo que de ninguna manera, puede ser considerado como una reforma en perjuicio;
ii.e) Existen elementos objetivos y necesarios que deben ser analizados por las autoridades judiciales, a pesar que el Ministerio Público no los hubiera expuesto, para sostener la existencia de estos riesgos procesales, que de ninguna manera se consideran en presunciones abstractas, sino, tan objetivas, que la autoridad judicial pudo percatarse, a efectos de evitar la obstaculización de la investigación, como por ejemplo: el entorno social, la minoridad de edad, el grado de instrucción de la víctima y familiares, su situación económica, los copartícipes en el hecho, el lugar de los hechos, la forma en la que se encontró a la víctima, los nexos que vinculaban al agresor con la víctima, que el agresor resultó ser familiar, amistad o vecino de la misma y otros elementos que resultan necesarios para el administrador de justicia, para establecer la existencia de peligro de obstaculización en la averiguación de la verdad; así como también, la existencia de actividades investigativas pendientes; y, ii.f) Los administradores de justicia deben valorar de manera integral todos los elementos de convicción presentados, no debiendo limitarse a considerar que cada riesgo procesal tenga un determinado elemento de prueba; toda vez que, debe considerarse que los delitos de índole sexual son delitos que en su generalidad se consuman en silencio y sin mayor prueba que la declaración de la víctima o con escasos elementos de convicción que puedan acreditar la perpetración del delito de violencia contra la mujer -más cuando se trata de una violencia sexual-, los mismos pueden ser usados de forma integral, para sustentar una o más circunstancias que constituyen un riesgo procesal, en consideración a la protección integral que debe darse a la mujer víctima de violencia.”
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de su derecho a la libertad y a la presunción de inocencia; toda vez que, en el proceso penal seguido en su contra por el presunto delito de violación de niño, niña y adolescente, el Juez a quo rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva por Resolución 536/2021 de 27 de diciembre; motivo por el cual, interpuso recurso de apelación incidental, el cual fue resuelto por el Vocal ahora demandado mediante Auto de Vista 112/2022 de 28 de enero, cometiendo las siguientes irregularidades: i) Incurrió en los mismos agravios que el Juez a quo; y, ii) Aumento observaciones que fueron salvadas por la autoridad inferior y emitió criterios llenos de prejuicios para rechazar la apelación.
De los antecedentes venidos en revisión y plasmados en las conclusiones de este fallo constitucional, se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia en contra del ahora peticionante de tutela, por la presunta comisión del delito de violación de niño, niña y adolescente, al encontrarse privado de libertad, solicitó cesación a la detención preventiva, el cual fue rechazado por el Juez a quo por Resolución 536/2021; motivo por el cual, interpuso recurso de apelación incidental en contra de referida Resolución, el mismo que fue resuelto por el Vocal ahora demandado mediante Auto de Vista 112/2022, declarando improcedente las cuestiones planteadas y confirmando la Resolución del inferior, con la aclaración que el riesgo de fuga contemplado en el art. 234.1 del CPP fue desvirtuado por Auto de Vista 596/2021 de 8 de noviembre, emitida por la Sala Penal Cuarta (Conclusión II.1).
Establecidos los antecedentes procesales e identificadas las problemáticas a resolver, se tiene que el ahora impetrante de tutela cuestiona a través de esta acción de libertad, el Auto de Vista 112/2022, alegando la vulneración de sus derechos a la libertad y a la presunción de inocencia, al haber el Vocal ahora demandado confirmado la Resolución 536/2021 del Juez de primera instancia que rechazó su cesación a la detención preventiva planteada en base a los arts. 234.7 y 235.2 del CPP; por lo que, corresponderá a este Tribunal efectuar el examen de las denuncias expuestas en la presente acción de defensa.
A través del primer punto de la problemática establecida en el presente fallo constitucional, la parte accionante denunció que el Vocal ahora demandado incurrió en los mismos agravios que el Juez a quo; se entiende en la omisión de valoración del acta de declaración de la madre de la víctima, y la falta de fundamentación para mantener los riesgos procesales insertos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP, conforme se advierte del informe oral en audiencia de la presente acción de libertad, conforme al principio de informalidad establecida en la jurisprudencia constitucional que rige en esta acción tutelar.
Ahora bien, esta instancia constitucional ingresara al análisis de estas sub problemáticas:
a) Respecto a la omisión valorativa del acta de declaración.
El ahora peticionante de tutela, refiere que en la declaración prestada por la madre de la víctima en sede policial, ésta solicito las garantías para ella y su familia; en tal sentido, presentó un acta de garantías en favor de la víctima con el objeto de desvirtuar el riesgo procesal inserto en el art. 234.7 del CPP; sin embargo, la autoridad ahora demandada omitió considerar dicha prueba.
Siendo esa la problemática identificada, misma que está relacionada con la valoración de la prueba en sede constitucional, cabe precisar que en un cambio de razonamiento esta Magistratura asumió los entendimientos más favorables respecto a estas denuncias; por lo que, la exigencia de carga argumentativa ya no es preponderante a efectos de ingresar a su verificación constitucional; en tal sentido, el desarrollo jurisprudencial efectuado en el Fundamento Jurídico III.3., del presente fallo constitucional, establece que, si bien la labor valorativa es una actividad propia de las Juezas y Jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas, la justicia constitucional puede verificar si en dicha labor, las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; sin embargo, en dicha labor la competencia de la justicia constitucional se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, por ultimo las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales.
Bajo ese marco jurisprudencial, corresponde ingresar al examen constitucional de la problemática expuesta por la parte accionante en relación a la labor valorativa de la autoridad judicial respecto al acta de declaración de la madre de la víctima, en la cual solicitó garantías para toda la familia; en tal sentido, el ahora peticionante de tutela presento un acta de garantías en favor de la víctima con el objeto de desvirtuar el riesgo procesal -234.7 del CPP-; empero, la misma no fue considerada; por lo que, a efectos de la verificación de esta labor concierne conocer los argumentos del Auto de Vista 112/2022; respecto a la misma se tiene que, el Vocal ahora demandado al desarrollar su labor de valoración probatoria, en su Resolución estableció en el punto denominado “CONCLUSIONES” numeral dos “…en este acto se ha fundamentado como agravio la falta de valoración de los elementos probatorios presentados en Audiencia de Consideración de Cesación a la Detención Preventiva…” (sic); para luego en el numeral 5, señalar lo siguiente:
“Que, en cuanto al riesgo de fuga contemplado en el Art. 234 núm. 7) del Código de Procedimiento Penal, debe tenerse presente la Sentencia Constitucional Plurinacional No 3094/2018-S2, que estableció: ‘La solicitud de garantías personales o garantías mutuas por parte del imputado, como medida destinada a desvirtuar el peligro de fuga previsto en el Art. 234 núm. 10) hoy núm. 7) del Código de Procedimiento Penal, se constituye en una medida revictimizadora, que desnaturaliza la protección que el Estado debe brindar a las víctimas; pues, en todo caso, es ella y no el imputado, la que tiene el derecho, en el marco del Art. 35 de la Ley 348, de exigir las medidas de protección que garanticen sus derechos’ el razonamiento expresado nos señala taxativamente que habiendo solicitado la victima garantías al imputado de no volver a agredirla, esta acción no desvirtuaría el riesgo procesal mencionado anteriormente, siendo una equivocación señalar que al haber solicitado las garantías correspondientes por parte de la víctima, el sindicado deja de ser un riesgo efectivo para esta, además debe tenerse presente que cada caso en concreto es único teniendo características propias, y el razonamiento del Juez A quo a momento de establecer el riesgo procesal mencionado, señala que: “el imputado se habría aprovechado de la confianza que tenía la víctima con él, y la convivencia cotidiana con ella con el fin de agredirla sexualmente, además de que la víctima pertenece a un sector vulnerable de la sociedad al ser menor de edad, lo cual, implica un deber reforzado del Estado para la protección de este tipo de víctimas”, de lo brevemente señalado se puede establecer de que el imputado a través de su defensa no ha enervado el criterio utilizado por el Juez A quo para establecer la peligrosidad del imputado, en relación a la víctima por lo que se mantiene el riesgo procesal contemplado en el Art. 234 núm. 7) del Código de Procedimiento Penal.” (sic). Conforme a la descripción de estos argumentos, en relación a lo alegado por el ahora impetrante de tutela, respecto a que el Vocal ahora demandado omitió valorar el acta de declaración de la madre de la víctima mediante el cual solicitó garantías al imputado, se tiene que la referida autoridad recurrida al argumentar sobre el riesgo de fuga -art. 234.7 del CPP- se remitió a la jurisprudencia constitucional -SCP 394/2018-S2- para establecer que la solicitud de garantías de la víctima no desvirtúa el riesgo procesal; por lo tanto, la apreciación del sindicado al establecer que con la presentación del acta de garantías deja de ser un riesgo para la víctima, añadiendo que en el caso de análisis el Juez a quo para establecer dicho riesgo sostuvo que:
“el imputado se habría aprovechado de la confianza que tenía la víctima con él, y la convivencia cotidiana con ella con el fin de agredirla sexualmente, además de que la víctima pertenece a un sector vulnerable de la sociedad al ser menor de edad, lo cual, implica un deber reforzado del Estado para la protección de este tipo de víctimas” (sic). Ante ese argumento el imputado no enervó dicho criterio de peligrosidad para la víctima.
Ahora bien, de lo señalado precedentemente se tiene que este argumento es conciso y razonable; puesto que, la autoridad ahora demandada estableció con claridad que el acta de garantías presentado a consecuencia de la solicitud efectuada por la madre de la víctima, no puede considerarse como un medio para enervar el riesgo procesal, conforme estableció la jurisprudencia constitucional a través de la SCP 394/2018-S2, tomando en cuenta también que en el caso de análisis, el delito que se le atribuye al imputado, la peculiaridad de la víctima menor de edad y las circunstancias en las que se hubiese cometido el hecho, no puede ser considerado dicha prueba para establecer que el riesgo desaparezca y conforme estableció la misma Sentencia Constitucional Plurinacional referida, es deber de las autoridades tomar medidas apropiadas en favor de las víctimas de agresiones sexuales, debiendo considerarse la vulnerabilidad y la desventaja de estas en relación al imputado; y, que el ahora accionante no enervó los argumentos establecidos por el Juez a quo a través de la Resolución primigenia al momento de fundar el riesgo procesal inserto en el art. 234.7 del CPP, labor que fue cumplida por el Vocal ahora demandado; y, conforme a la jurisprudencia constitucional descrito en el Fundamento Jurídico III.2., del presente fallo constitucional, la competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva desconociendo el principio de verdad material; aspecto que, no sucedió en el caso de análisis; puesto que, dicha prueba fue considerada para determinar la inviabilidad de enervar el riesgo procesal; de lo cual se tiene que, no resulta evidente que la autoridad ahora demandada hubiese omitido valorar dicha prueba, como denunció el ahora peticionante de tutela, en tal sentido se hace inviable la concesión de la tutela solicita.
b) Sobre la falta de fundamentación para mantener los riesgos procesales insertos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP. El ahora impetrante de tutela, refiere que el Vocal ahora demandado incurrió en las mismas vulneraciones que el Juez a quo, al mantener latentes los dos riesgos procesales; puesto que, para enervar el peligro de fuga -art. 234.7 del CPP- presentó un acta de garantías en favor de la víctima, la misma que fue solicitada por la madre de la menor conforme se tiene del acta de declaración; empero, la misma no fue considerada; y, con relación al peligro de obstaculización -235.2 de la Norma Adjetiva Penal- en la resolución primigenia se impuso este riesgo sobre la existencia de menores de edad que debían prestar su declaración; sin embargo, jamás fueron identificados los supuesto testigos menores de edad y en la acusación fiscal solo se encuentran como testigos la víctima y su madre, quienes no concurren a las audiencias del proceso. Bajo esos argumentos vertidos por el apelante y considerando que, en el tratamiento y aplicación de las medidas cautelares, el art. 398 del CPP no debe ser entendido en su literalidad; es decir que, el Tribunal de apelación deba remitirse solo a los agravios expresados y lo señalado por las partes, sino que dicho Tribunal, además de considerar los puntos impugnados debe compulsar integralmente todos los antecedentes y hechos a efectos de fundamentar y motivar su resolución; por lo que, concierne verificar si esa labor fue cumplida por la instancia de alzada, ya que en el presente caso se denuncia la falta de fundamentación del Auto de Vista impugnado; asimismo, conforme a lo desarrollado en el contexto del Fundamento Jurídico III.3., de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, al tiempo de analizar un caso donde se encuentren de por medio derechos de niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia sexual, emerge la obligación constitucional y convencional de estudiarlo a través del enfoque de género, a efectos de asumir estándares nacionales e internacionales de protección de sus derechos, como un deber de carácter internacional de lucha contra la violencia hacia una menor de edad; como acontece en el presente caso, debiendo las autoridades que tengan conocimiento del asunto -en todos sus niveles- actuar con la estricta diligencia en la garantía de sus derechos; es así que este Tribunal, sobre la base de lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.4., de este fallo constitucional, realizará el análisis de los arts. 234.7 y 235.2 del CPP, con relación a las denuncias realizadas por el ahora peticionante de tutela. En tal sentido, y considerando que lo denunciado por el ahora accionante tiene que ver con la acreditación de los riesgos procesales previstos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP cuya vigencia fue determinada por el Juez a quo y confirmado por el Vocal ahora demandado, se tiene que: Con relación al riesgo procesal 234.7 del CPP, el ahora peticionante de tutela reclama el fundamento de la autoridad ahora demandada para mantener dicho riesgo, quién señalo:
“…en cuanto a riesgo de fuga contemplado en el num. 7 del código de procedimiento penal del art 234 haciendo referencia a la SSCC 394 dice el razonamiento expresado nos señala taxativamente que habiendo solicitado la victima garantías al imputado de no volver agredirla esta acción no desvirtúa el riesgo procesal mencionado anteriormente siendo una equivocación señalar que al haber solicitado las garantías correspondientes por parte de la víctima el sindicado deja de ser un riesgo efectivo para esta.” (sic). Si bien es un papel que otorga garantías; empero, es la única forma de establecer la posibilidad de enervar dicho riesgo; y, la SCP 0394/2018-S2 estableció la característica respecto a la otorgación de garantías.
Respecto a esta denuncia se hace necesario y pertinente conocer los argumentos del Auto de Vista ahora impugnado, que a la letra señala:
“Que, en cuanto al riesgo de fuga contemplado en el Art. 234 núm. 7) del Código de Procedimiento Penal, debe tenerse presente la Sentencia Constitucional Plurinacional No 3094/2018-S2, que estableció: ‘La solicitud de garantías personales o garantías mutuas por parte del imputado, como medida destinada a desvirtuar el peligro de fuga previsto en el Art. 234 núm. 10) hoy núm. 7) del Código de Procedimiento Penal, se constituye en una medida revictimizadora, que desnaturaliza la protección que el Estado debe brindar a las víctimas; pues, en todo caso, es ella y no el imputado, la que tiene el derecho, en el marco del Art. 35 de la Ley 348, de exigir las medidas de protección que garanticen sus derechos’ el razonamiento expresado nos señala taxativamente que habiendo solicitado la victima garantías al imputado de no volver a agredirla, esta acción no desvirtuaría el riesgo procesal mencionado anteriormente, siendo una equivocación señalar que al haber solicitado las garantías correspondientes por parte de la víctima, el sindicado deja de ser un riesgo efectivo para esta, además debe tenerse presente que cada caso en concreto es único teniendo características propias, y el razonamiento del Juez A quo a momento de establecer el riesgo procesal mencionado, señala que: ‘el imputado se habría aprovechado de la confianza que tenía la víctima con él, y la convivencia cotidiana con ella con el fin de agredirla sexualmente, además de que la víctima pertenece a un sector vulnerable de la sociedad al ser menor de edad, lo cual, implica un deber reforzado del Estado para la protección de este tipo de víctimas’, de lo brevemente señalado se puede establecer de que el imputado a través de su defensa no ha enervado el criterio utilizado por el Juez A quo para establecer la peligrosidad del imputado, en relación a la víctima por lo que se mantiene el riesgo procesal contemplado en el Art. 234 núm. 7) del Código de Procedimiento Penal.” (…)
“En cuanto al imputado sea un riesgo sea un riesgo efectivo para la víctima, de la revisión de antecedentes se advierte que el imputado aprovechándose de la minoridad de la víctima o denunciante, la obligó a mantener relaciones sexuales aprovechándose de la convivencia que tenía con ella, al respecto la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 394/2018-s2, señala que: ‘Las autoridades deben tomar todas las medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo y aliento a las personas que hayan sido víctimas de agresiones sexuales, además que a momento de resolver la situación de una persona privada de libertad debe considerarse la situación de vulnerabilidad o desventaja en la que se encuentra la víctima o denunciante respecto al imputado, las características del delito cuya autoría se atribuye al imputado y la conducta exteriorizada por este contra la víctima o denunciante antes y con posterioridad de la comisión del delito para determinar si la misma puso o pone en este riesgo de vulneración de los derechos tanto de la víctima como del denunciante’, el hecho perse de la violación que se le atribuye al imputado, solo pudo ser cometido con actos previos que desarrollo el imputado para ganarse la confianza de los progenitores y la víctima, son esos actos que no fueron desvirtuados y fueron considerados en la Resolución primigenia…” (sic). Iniciando con la verificación constitucional de lo denunciado por el ahora impetrante de tutela en esta acción de libertad, cabe hacer notar que, conforme la descripción efectuada ut supra, se advierte que la autoridad ahora demandada haciendo referencia al razonamiento expresado en la SCP 394/2018-S2 estableció que el imputado no enervo el razonamiento del Juez a quo; por el cual, estableció el riesgo procesal sobre la peligrosidad del imputado en relación a la víctima menor de edad y que al haber solicitado la víctima garantías al imputado, no desvirtúa el riesgo procesal, conforme estableció la jurisprudencia constitucional en la Sentencia de referencia instituyendo que la solicitud de garantías personales o garantías mutuas por parte del imputado, como medida destinada a desvirtuar el peligro de fuga previsto en el art. 234.7 del CPP, se constituye en una medida revictimizadora, que desnaturaliza la protección que el Estado debe brindar a las víctimas, añadiendo que a momento de resolver la situación de una persona privada de libertad debe considerarse la situación de vulnerabilidad o desventaja en la cual se encuentra la víctima o denunciante respecto al imputado, las características del delito cuya autoría se atribuye al imputado y la conducta exteriorizada por este contra la víctima o denunciante antes y con posterioridad de la comisión del delito para determinar si la misma puso o pone en este riesgo de vulneración de los derechos de la víctima.
En ese mismo lineamiento, el entendimiento asumido en el Fundamento Jurídico III.4., de la presente Sentencia Constitucional, señala que la consideración de dicho riesgo procesal debe ser diferenciado cuando se trata de casos que involucren violencia hacia la mujer; es decir, refiere que por la condición de vulnerabilidad de la mujer más aun tratándose de una menor de edad, el Juez de la causa debe considerar que en los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido en referido artículo, deberá tomar en cuenta la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentre la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito, cuya autoría se le atribuye al mismo; y, la conducta exteriorizada por éste contra la víctima, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos tanto de la víctima como del denunciante.
Ahora bien, en el caso que se examina, se advierte que la víctima es una mujer menor de edad cuya vulnerabilidad en los casos de violencia por razón de género, constituyen elementos objetivos que la ponen en riesgo latente frente al supuesto agresor y no una mera presunción abstracta; puesto que, se trata de una menor que afecto incluso su estabilidad psicológica y emocional; consecuentemente, no constituye una arbitrariedad el que las autoridades judiciales, examinen la existencia del peligro efectivo considerando esos factores de vulnerabilidad; por el contrario ello implica el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales de protección a la mujer víctima de violencia, desarrollados en los Fundamentos Jurídicos III.3 y III.4., del presente fallo constitucional; lo contrario implicaría desconocer el enfoque de género y la debida diligencia con la cual deben actuar las autoridades también del órgano judicial, a tiempo de resolver sobre las medidas cautelares de carácter personal en casos sobre violencia contra una menor de edad, debe tenerse presente que entre la finalidades de las medidas cautelares está la de asegurar la aplicación de la ley, conforme previene el art. 221 del CPP, y que en caso de violencia por razón de género implica el cumplimiento del deber de aplicar medidas cautelares personales con el propósito de otorgar protección a las mujeres víctimas de violencia en el marco de lo dispuesto por el art. 35.18 de la Ley 348; sin embargo, ello no exime a los Jueces el deber de fundamentar y motivar debidamente en cuanto a la concurrencia de los riesgos procesales, precisando, los hechos, las circunstancias y los elementos indiciarios a partir de las cuales se evidencia la situación de vulnerabilidad en el caso concreto, a cuyo efecto resulta particularmente útil referirse al contexto de los hechos investigados; es decir, a la conducta exteriorizada por el agresor contra la víctima o denunciante, antes o con posterioridad a la comisión del delito que se investiga, a partir de los cuales pueda concluirse en la existencia del peligro justificante de la aplicación de la medida cautelar de carácter personal; extremos que, si bien fueron considerados por el Juez a quo, ello no implicaba que el Vocal ahora demandado quede exento de verificar y examinar a efectos de sustentar su decisión de confirmar la Resolución de primera instancia.
Bajo esos entendimientos y, conforme a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.1., de este fallo constitucional, tanto los Jueces de primera instancia como los de alzada tienen la obligación, de realizar una argumentación suficiente que permita al privado de libertad conocer los motivos por los cuales se mantiene su restricción a este derecho; siendo que la misma puede ser breve, siempre que sea concisa, razonable y que permita conocer las razones que fundamentaron y motivaron la resolución de la autoridad judicial; es decir, a través de una descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes; lo cual, de la lectura y descripción del contenido de la Resolución cuestionada, la autoridad ahora demandada cumplió con el debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; puesto que, al señalar que el imputado a través de su defensa no enervo el criterio utilizado por el Juez a quo para establecer la peligrosidad en relación a la víctima por lo que se mantiene el riesgo procesal contemplado en el art. 234.7 del CPP y el solo hecho de presentar un acta de garantías solicitada por la madre de la víctima, no enerva dicho riesgo, conforme estableció la SCP 394/2018-S2 en esos antecedentes, como se advierte de los argumentos de la Resolución debatida, el Vocal ahora demandado ha fundamentado y motivado debidamente en torno al peligro procesal de fuga establecido en el art. 234.7 de CPP; razón por la cual, corresponde denegar la tutela impetrada en relación a este punto.
Respecto al peligro de obstaculización -art. 235.2 del CPP- el ahora accionante refiere que en la resolución primigenia se impuso este riesgo sobre la existencia de menores de edad que debían prestar su declaración en calidad de testigos; sin embargo, jamás fueron identificados los supuestos testigos menores de edad, ahora en la acusación formal solo se encuentran como testigos la víctima y su madre, quienes no concurren a las audiencias programadas en el presente proceso penal y lo que se reclama es la aplicación de la SCP 276/2018, la cual refiere que con relación al riesgo de obstaculización sobre el numeral 2, no puede fundarse sobre meras suposiciones y en el presente caso no se establece como va influir, o impedir que el Ministerio Público haga comparecer a los testigos o que ponga en riesgo la vida de la víctima o su familia desde el Centro Penitenciario San Pedro, donde se encuentra recluido por más de cuatro años. En relación a este peligro procesal se debe considerar el desarrollo jurisprudencial citado en el ya mencionado Fundamento Jurídico III.4., el cual establece que, el Ministerio Público y las autoridades judiciales, en los casos de violencia contra la mujer deben reforzar sus garantías de protección durante la investigación y el proceso penal; lo cual implica, actuar con la debida diligencia, garantizando el acceso a la justicia de la víctima, la protección judicial efectiva por parte de sus operadores, el resguardo de sus derechos a la vida, integridad personal y libertad personal, evitando su revictimización y manejando adecuadamente las evidencias; así como, el derecho de los familiares y de la sociedad a conocer la verdad de lo ocurrido; para lo cual, deben adoptar medidas o mecanismos necesarios para la averiguación de la verdad material; evitando un ambiente de impunidad, que facilite y promueva la repetición de los hechos de violencia en general; para lo cual, a tiempo de realizar el análisis del art. 235 del CPP, frente a un asunto relacionado con violencia contra la mujer, debe tomarse en cuenta entre otros, los siguientes presupuestos: 1) Debe ser considerado como elemento objetivo y no como una mera presunción abstracta, la situación de vulnerabilidad de la mujer víctima de violencia de cualquier tipo, por la situación traumática que atravesó, afectando incluso su estabilidad psicológica y emocional; 2) La declaración de la víctima se constituye en un elemento probatorio fundamental para considerar la concurrencia o no de los riesgos de obstaculización, en el entendido que contenga elementos que hagan prever que el imputado obstaculizará las investigaciones; tomando como ejemplo, que la víctima declare que el imputado quería darle plata por su silencio o que la amenazó o quiso realizar otro tipo de transacción -entre otros supuestos-. Estas circunstancias, en el caso en análisis se constituyen en suficiente argumento para considerar la existencia del riesgo procesal del art. 235.2 del CPP; toda vez que, conforme lo denunciado por el ahora accionante y los argumentos de la Resolución inferior, el Juez a quo, determino la concurrencia de dicho riesgo procesal en la existencia de menores de edad, quienes deberían prestar su declaración durante la etapa de investigación del proceso; sin embargo, conforme refiere el ahora impetrante de tutela estos testigos nunca fueron identificados y tampoco llegaron a prestar su atestación y conforme el pliego acusatorio emitido por la autoridad fiscal solo fueron mencionadas como testigos la víctima y la madre, quienes tampoco se presentaron o concurrieron a las últimas audiencias convocadas en el proceso penal; en tal sentido, corresponde, remitirnos a los argumentos esgrimidos en el Auto de Vista por la autoridad ahora demandada, en el cual se tiene los siguiente:
“Que, la defensa del imputado señala que, al haberse presentado una Acusación Formal, no existe la posibilidad de que se pueda influenciar negativamente en las atestaciones de los testigos, sin embargo, esta aseveración no es evidente, toda vez que la declaración de un testigo se judicializa a momento de ser producida en juicio oral público y contradictorio, antes de ello no tiene ningún tipo de valor probatorio para establecer la responsabilidad penal que se atribuye al procesado, siendo que las declaraciones de los testigos no pueden incorporarse al juicio por su lectura. debiendo estos participar de manera personal ante el Tribunal o Juez de Sentencia que emitirá la Resolución correspondiente, que absolverá o condenará al procesado por el delito por el cual, está siendo juzgado, por lo que se mantendrá vigente el riesgo de obstaculización contemplado en el Art. 235 núm. 2) del Código de Procedimiento Penal, bajo los criterios establecidos por el Juez A quo.
(…)
en cuanto al riesgo de obstaculización contemplad en el Art. 235 núm. 2) del código de Procedimiento Penal, no olvidemos que la principal testigo del hecho es la víctima, y también otras personas que ha sido presentados por el Ministerio Público para realizar sus atestaciones; debiendo garantizar que los testigos actúen libremente en la fase de juicio para realizar las declaraciones sobre los hechos que le constan además que conforme establece el Art. 239 núm. 1) Código de Procedimiento Penal, deben presentarse nuevos elementos indiciarios y no alegaciones de orden subjetivo…” (sic) De los argumentos precedentes se establece que el Vocal ahora demandado sostuvo que la declaración de un testigo se judicializa en la etapa de juicio oral y antes de esa etapa no tiene valor probatorio para establecer la responsabilidad del procesado, complementado que la principal testigo es la víctima y otros, quienes deben prestar sus atestaciones de forma libre y conforme a lo dispuesto por el art. 239.1 del CPP deben presentarse nuevos elementos indiciarios y no argumentos subjetivos. Ahora bien, es necesario señalar que de acuerdo a lo mencionado en el Fundamento Jurídico III.4., de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, al momento de considerar la aplicación de la medida de detención preventiva, la cesación de detención preventiva y evaluar la concurrencia del riesgo procesal de obstaculización contenido en el art. 235.2 del CPP, modificado por la Ley 1173, en delitos relacionados a violencia contra niñas y adolescentes mujeres desde una visión de género y protección reforzada las autoridades judiciales tanto de primera instancia como de alzada deben efectuar una evaluación de manera integral, y en el marco del contexto de la violencia ejercida hacia las niñas y adolescentes mujeres; es decir, tomando en cuenta los elementos probatorios y sobre todo la declaración de la víctima sobre el acto ilícito desde un enfoque interseccional en base además a la protección reforzada que deviene del principio del interés superior del niño, que implica la observancia de sus derechos y la aplicación de manera preferente de las decisiones de las autoridades judiciales y operadores de justicia para garantizar ante todo su bienestar y asimismo, desde la perspectiva de género, se debe tener en cuenta su situación de mayor vulnerabilidad, al ser niña o adolescente mujer, en este entendido, también se debe considerar el comportamiento del imputado no solo después de la comisión del delito de violación sino también antes del mismo, pues este aspecto de su comportamiento hacia la víctima es un indicador primordial para determinar la concurrencia del mencionado riesgo; es decir que, el imputado amenace o influya negativamente no solo a la víctima, sino también a los partícipes, testigos o peritos, a objeto de que informen falsamente o se comporten de manera reticente; entonces, bajo este entendimiento el Tribunal de alzada al momento de valorar las circunstancias para mantener el referido riesgo procesal, deberá considerar el presupuesto señalado, considerando que en este caso se trata de un delito de violencia hacia una menor de edad. Bajo ese marco jurisprudencial se tiene que el Vocal ahora demandado se limitó a señalar que los testigos prestaran sus declaraciones en juicio oral y que el apelante debe presentar elementos objetivos para desvirtuar dicho riesgo, sin sustentar su decisión de mantener la concurrencia del riesgo procesal establecido en el art. 235.2 del CPP, modificado por la Ley 1173 en la SCP 0276/2018-S2; asimismo, no estableció de qué forma el acusado puede influir en los testigos para confirmar el criterio del Juez de primera instancia de considerar la existencia latente de este peligro de obstaculización; empero, señaló que se mantiene ese peligro procesal porque los testigos recién prestarán su declaración en etapa de juicio, existiendo la posibilidad de injerencia negativa en base a una creencia de un probable acontecimiento de ciertos hechos o conductas; sin justificar las circunstancias por las cuales considera que, el ahora peticionante de tutela amenazará o influirá negativamente sobre las víctimas, testigos o peritos, a objeto de que informen falsamente o se comporten de manera reticente; por lo que, de acuerdo a lo descrito en el Fundamento Jurídico III.1., de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; asimismo, conforme lo determinado por el art. 398 del CPP, la autoridad jurisdiccional a momento de determinar ratificar la medida extrema de detención preventiva, tiene el deber de justificar de manera fundamentada y motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos estipulado en el art. 233 de la Norma Adjetiva Penal, o en las circunstancias determinadas por el art. 234 del CPP, no siendo admisible que el Tribunal de apelación que rechace y por lo mismo mantenga la detención preventiva, se base en meras presunciones relativas a los riesgos de fuga y obstaculización, conforme lo desarrollado en el referido Fundamento Jurídico III.1., de esta Resolución Constitucional, por lo cual se evidencia que el Vocal ahora demandado no sustentó su decisión de mantener dicho riesgo procesal en argumentos fácticos razonables, lesionando el derecho al debido proceso en su elemento de fundamentación y motivación.
Por consiguiente, de conformidad con los argumentos señalados corresponde conceder la tutela impetrada al haber incurrido la autoridad ahora demandada en vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación.
El ahora accionante denuncia que el Vocal ahora demandado aumento observaciones que fueron salvadas por la autoridad inferior al emitir criterios llenos de prejuicios para rechazar la apelación, al señalar que: “…el hecho de obligar a una menor de tener relaciones sexuales en contra de su voluntad aprovechándose de la confianza que gano en relación a sus progenitores…” (sic), dando por hecho la comisión de delito, generando otro riesgo procesal que tendría que desvirtuar; empero, ese aspecto no fue considerado en la resolución primigenia y tampoco fue parte de la imputación formal; poniendo candados que son imposible de desvirtuar, vulnerando el principio de inocencia.
De lo glosado resulta pertinente mencionar que esta alusión emerge de la enmienda y complementación solicitada por el ahora impetrante de tutela en la emisión del Auto de Vista 253/2021, momento en el cual dirigiéndose al Vocal ahora demandado refirió:
“no se ha pronunciado respecto a la Sentencia Constitucional Plurinacional ni nos está estableciendo cuales serían las formas en las que mi cliente generaría un riesgo para la víctima y su familia, en este caso su Sra. Madre, es un aspecto que se debe establecer y no lo ha hecho tampoco (…) esto implica que le están manteniendo un riesgo a mi cliente sobre aspectos que no han sido valorados hace 5 años el haber sido su vecino, que ya hasta al presente ha sido modificado (…)”
Frente a este pedido la citada autoridad luego de precisar los alcances de la SCP 394/2018-S2, manifestó:
“el hecho perse de obligar a un menor de edad a mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad aprovechándose de la confianza que gano en relación a sus progenitores es un hecho atroz, que ha afectado la esfera de derechos de la víctima, el hecho perse de la violación que se le atribuye al imputado, solo pudo ser cometido con actos previos que desarrollo el imputado para ganarse la confianza de los progenitores y de la víctima, son estos actos que no fueron desvirtuados y que fueron considerados en la Resolución primigenia (…) De lo descrito supra se advierte que la autoridad ahora demandada al efectuar el análisis del riesgo procesal de fuga, estableció que el imputado no desvirtúo el argumento vertido por el Juez a quo para establecer la existencia de dicho riesgo; de lo cual se tiene que, ese argumento denunciado por el ahora accionante no resulta evidente; en razón a que, ese criterio o razonamiento fue establecido en la Resolución primigenia y no así por el Vocal ahora demandado, siendo claro el Vocal recurrido al señalar que se mantiene “el criterio que dio lugar primigeniamente a la concurrencia de este riesgo procesal.”; en sentido, no fue añadido otro riesgo procesal conforme alega el ahora peticionante de tutela que deba desvirtuar y tampoco dicho argumento contiene prejuicios que hubiese sido utilizados por la autoridad judicial para mantener los riesgos de fuga y obstaculización compulsados.
Consecuentemente, al no evidenciar lo alegado por el ahora impetrante de tutela, esta instancia constitucional no advierte vulneración alguna correspondiendo denegar la tutela con relación a esta problemática.
Del informe oral prestado por el ahora accionante en audiencia de la presente acción tutelar, en el cual refirió que ya existe una acusación formal “presentada en el año 2019 hasta el día de hoy no se ha emitido ni remitido el proceso al tribunal de sentencia…” (sic). Se extraen dos aspectos: el primero, que esta acción tutelar fue presentada el 2 de febrero 2022 y según alega el ahora peticionante de tutela la acusación formal hubiese sido presentada el 2019 -sin precisar la fecha exacta- de lo cual se establece que durante las gestiones 2020, 2021 y 2022 la autoridad judicial no hubiese remitido dicha acusación, existiendo una dilación de aproximadamente de dos a tres años, situación que este Tribunal no puede pasar por alto; toda vez que, se advierte una flagrante vulneración al principio de celeridad y si bien esa dilación no es atribuible a la autoridad ahora demandada; empero, la referida autoridad al tomar conocimiento del recurso de apelación debió observar estos extremos - la existencia de una acusación y que la misma no fue remitida de forma oportuna al Tribunal competente de turno-; segundo, esta situación fue alegada en audiencia de la presente acción de libertad, por lo que el Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero, constituido en Tribunal de garantías al tomar conocimiento de este aspecto, no emitió pronunciamiento alguno, actitud omisiva reprochable puesto que al contar con el expediente procesal, debió constatar este aspecto y pronunciarse con el objeto de subsanar esa situación dilatoria y disponer una remisión en el día, con el objeto de remediar un acto totalmente inaceptable por las autoridades y funcionarios judiciales; toda vez que, en la presente litis convergen derechos de una menor de edad, y que por esa condición se debe obrar con la debida diligencia, aplicando el enfoque interseccional, conforme se lo desarrollo en el Fundamento Jurídico III.3., del presente fallo constitucional.
En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional, en revisión resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 03/2022 de 3 de febrero, cursante de fs. 31 a 34, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto a la tercera sub problemática, relacionado al riesgo procesal -art. 235.2 del Código de Procedimiento Penal-, disponiendo la nulidad del Auto de Vista 112/2022 de 28 de enero; debiendo emitirse uno nuevo en el plazo de setenta y dos horas desde su notificación con este fallo constitucional y de conformidad a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela impetrada, en cuanto a la primera y segunda sub problemáticas contenidas en el Fundamento Jurídico III.5.1., y sobre la segunda y tercera problemática, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
3º Llamar severamente la atención al Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y a los Jueces del Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del mencionado departamento, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 4° Exhortar al Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, a efectos de que en el plazo de veinticuatro horas de su legal notificación con el presente fallo constitucional, remita el pliego acusatorio y todos sus antecedentes al Tribunal competente, siempre y cuando por el transcurso del tiempo este ya se hubiese efectivizado. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo es de Voto Aclaratorio.
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
1 “La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla” (el resaltado nos corresponde).
2 El art. 398 del CPP señala que: “Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución”
3 El art. 236 del CPP modificado por el art. 11 de la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019, vigente desde el 4 de noviembre del mismo año, señala: “El auto que disponga la aplicación de una medida cautelar personal, será dictado por la jueza, el juez o tribunal del proceso y deberá contener 1. Los datos personales del imputado o su individualización más precisa; 2. El número único de causa asignada por el Ministerio Público y la instancia jurisdiccional correspondiente; 3. Una sucinta enunciación del hecho o hechos que se le atribuyen; 4. La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la medida, con las normas legales aplicables; 5. El lugar de su cumplimiento; 6. El plazo de duración de la medida”.
8 “…la suscrita Magistrada, en atención a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2.1 de este fallo, considera que, en un Estado constitucional de derecho, como lo asumido por el nuestro, que por voluntad del constituyente, se incorporaron en la Constitución Política del Estado, un conjunto de derechos y garantías constitucionales en favor de las personas, que constituyen al Estado Plurinacional de Bolivia, en un Estado garantista; lo cual, implica que, el Tribunal Constitucional Plurinacional, conforme al art. 196 de la CPE en su misión de precautelar por la vigencia de los derechos y garantías constitucionales, debe ajustar sus razonamientos al carácter progresivo y al principio de favorabilidad de los derechos fundamentales (arts. 13.I y 256.I de la CPE); en ese entender, es imperioso aplicar entendimientos y razonamientos más favorables y menos restrictivos para el acceso a la justicia constitucional en cuanto a su invocación de tutela; razón por la cual, respecto a las denuncias de vulneraciones relacionadas a la valoración de la prueba, esta Magistratura luego de advertir dos entendimientos diferentes al respecto, en apego a la jurisprudencia constitucional desarrollada en el citado Fundamento Jurídico III.2.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, opta por seguir y aplicar las razones jurisprudenciales desarrolladas en la SCP 0297/2018- S2, que se constituyen en el estándar más alto conforme lo desplegado en el Fundamento Jurídico III.2.1 de este fallo.”
15 Convención Belén Do Pará, art. 9: “Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad”.
20 QUISPE PUMA, Roberto, Detención Preventiva. Sucre-Bolivia, pág. 29
21 El FJ III.3.2 señala: “En ese entendido, el Tribunal Constitucional Plurinacional, al resolver una acción de inconstitucionalidad abstracta, pronunció la SCP 0056/2014 de 3 de enero, estableciendo los parámetros que deben considerarse para la acreditación del peligro de fuga, descritos en el Fundamento Jurídico III.2, de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, entendimiento que debe ser aplicado en la consideración del referido riesgo, en todos los casos, dada la especificidad del análisis respecto a los derechos fundamentales; parámetros, que no fueron aplicados en el caso, como lo reconoce el Tribunal de apelación. Al efecto, debe tenerse en cuenta que el entendimiento contenido en la indicada SCP 0056/2014, fue minucioso a los fines de la protección del derecho a la presunción de inocencia, al hacer hincapié en que dicho peligro debe ser materialmente verificable, justificado en la necesidad de imponer medidas de seguridad a las personas que hubieran sido encontradas culpables de un delito anteriormente, sin que ello signifique sindicarlo como culpable en el ilícito que se investiga; en ese sentido, el entendimiento desarrollado y fundamentalmente las directrices desarrolladas, deben ser aplicadas en todos los casos, por los jueces y tribunales en materia penal a tiempo de considerar ese riesgo, circunstancia que en el caso no se dio, vulnerando el debido proceso”.
22 SCP 0591/2013 de 21 de mayo, recondujo la SC 0345/2011 –reiterada por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0174/2012 y 0175/2012–, al entendimiento contenido en la SC 1204/2003-R, dejando establecido que en las acciones de libertad es posible que el accionante modifique los derechos supuestamente vulnerados e, inclusive, modifique o amplíe los hechos, bajo la única condición que tengan conexitud con el hecho inicialmente demandado, para de esta manera no vulnerar el derecho a la defensa de la parte demandada.
23 Artículo 221°.- (Finalidad y alcance). La libertad personal y los demás derechos y garantías reconocidos a toda persona por la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y este Código, sólo podrán ser restringidos cuando sea indispensable para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley. Las normas que autorizan medidas restrictivas de derechos, se aplicarán e interpretarán de conformidad con el Artículo 7 de este Código. Esas medidas serán autorizadas por resolución judicial fundamentada, según lo reglamenta este Código y sólo durarán mientras subsista la necesidad de su aplicación.
No se podrá restringir la libertad del imputado para garantizar el resarcimiento del daño civil, el pago de costas o multas.
24 ARTÍCULO 35. (MEDIDAS DE PROTECCIÓN). Las medidas de protección que podrá dictar la autoridad competente son las siguientes: (…) 18. Disponer cualquier medida cautelar de protección a las mujeres que se encuentran en situación de violencia señalada en el Código de Procedimiento Penal y el Código de Procedimiento Civil.
25 “a) En los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido en el art. 234.10 del CPP, deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo; y, la conducta exteriorizada por éste contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos tanto de la víctima como del denunciante; b) De manera específica, tratándose del delito de trata de personas, deberá considerarse la especial situación de vulnerabilidad de las víctimas que sufrieron engaño, fraude, violencia, amenaza, intimidación, coerción, abuso de autoridad, o en general, ejercicio de poder sobre ellas; y, c) En casos de violencia contra las mujeres, la solicitud de garantías personales o garantías mutuas por parte del imputado, como medida destinada a desvirtuar el peligro de fuga previsto en el art. 234.10 del CPP, se constituye en una medida revictimizadora, que desnaturaliza la protección que el 14 Ibid., p. 89 22 Estado debe brindar a las víctimas; pues, en todo caso, es ella y no el imputado, la que tiene el derecho, en el marco del art. 35 de la Ley 348, de exigir las medidas de protección que garanticen sus derechos.” (sic)
26 “…el principio de celeridad tiene como objetivo primordial garantizar que todo proceso judicial se desarrolle sin dilaciones, donde se acaten los plazos ya predispuestos en la normativa según las etapas o fases preestablecidas para su evolución, procurando no imponer la práctica de actos innecesarios de formalismos que retrasan los trámites, para así lograr obtener un procedimiento más ágil, eficaz y sencillo, en los cuales los jueces o tribunales agiliten la resolución de los litigios…”
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1159_2023-S1.pdf · páginas 1 a 52.
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