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SCP 1158/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 4 de agosto de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
4 de agosto de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
63729-2024-128-AL
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 262/2024 de 29 de abril, cursante de fs. 33 a 36 vta., pronunciada por la Jueza de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Séptima de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por la referida autoridad, y de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Competencia del juez de instrucción penal para conocer solicitudes y resolver solicitudes de cesación a la detención preventiva cuando existe acusación formal
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1158/2026-S2 Sucre, 4 de agosto de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 63729-2024-128-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 262/2024 de 29 de abril, cursante de fs. 33 a 36 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Óscar Ferrer Ayala Rocabado, Sergio Andrés Maizman Arrien y Michael Callapa Mamani en representación sin mandato de Carmelo Vásquez Flores y Tito Fabián Herrera Aramayo contra William García Ríos, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de la Capital del departamento de Oruro.

I. OBJETO PROCESAL

Los accionantes a través de sus representantes sin mandato, denunciaron la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su componente de celeridad, refiriendo que, dentro del proceso penal que les sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, se encuentran cumpliendo detención preventiva; por lo que, el 23 de abril de 2024, solicitaron audiencia para considerar la cesación a dicha medida extrema, petición que no fue atendida por el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de la Capital del departamento de Oruro -demandado- dentro del plazo legal establecido. Posteriormente, tomaron conocimiento que el proceso fue remitido al Juzgado de Sentencia Penal Quinto de la Capital del mismo departamento, sin que su solicitud hubiera sido considerada, pese a que, a la fecha de su remisión, no se había producido la radicatoria de la causa ante dicho órgano jurisdiccional; por lo que, solicitaron se les conceda la tutela, ordenando al Juez demandado señalar audiencia y considerar la cesación a la detención preventiva, conforme a sus atribuciones. El Juez demandado, no remitió informe escrito ni concurrió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 14.

La Jueza de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Séptima de la Capital del departamento de Oruro, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 262/2024 de 29 de abril, cursante de fs. 33 a 36 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que el Juez demandado, tramite la devolución del expediente ante el Juzgado de Sentencia Penal Quinto de la Capital del mismo departamento, y señale audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva en el plazo de veinticuatro horas a partir de su notificación; por vulneración del debido proceso en su componente de celeridad y el derecho a la libertad. Asimismo, descartó la subsidiariedad, al no existir resolución judicial susceptible de impugnación. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

II. TRÁMITE PROCESAL

En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se determinó la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Por ello, el formato del presente fallo se ajusta a lo precedentemente determinado.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. Competencia del juez de instrucción penal para conocer solicitudes y resolver solicitudes de cesación a la detención preventiva cuando existe acusación formal

Al respecto, la SCP 0740/2021-S2 de 3 de noviembre, tomando los entendimientos de la SCP 0627/2018-S2 de 8 de octubre, estableció lo siguiente: “’Si bien la norma procesal dispone cinco días como plazo máximo para celebrar la audiencia de cesación de la detención preventiva, esto no significa que debe esperarse el último día para llevar adelante la misma, correspondiendo aplicar los valores y principios constitucionales, previstos en el art. 8, complementado por los arts. 115 y 180.I, todos de la CPE, que establecen que la jurisdicción ordinaria se fundamenta en el principio procesal de celeridad, entre otros; motivo por el cual, los jueces de instrucción penal deben señalar las audiencias con la mayor prontitud posible; y, no deben suspenderlas sin razón justificable, de no ser así, se provocaría efectos dilatorios sobre los derechos del detenido que repercute o afecta a su libertad, sin que este razonamiento implique que necesariamente se deba deferir a su petición; sino, se refiere a que sea escuchado oportunamente.

En este marco, se debe precisar algunas subreglas para los supuestos en los que presentada la acusación, se formulen solicitudes de cesación de la detención preventiva: i) Los jueces de instrucción penal, son competentes para conocer y resolver las solicitudes de cesación de la detención preventiva que se hayan presentado, hasta antes de la radicatoria de la causa ante el juez o tribunal de sentencia penal; así como para desarrollar la audiencia y pronunciar la respectiva resolución, en los supuestos en que hubiere sido fijada con anterioridad a la presentación de la acusación; y, ii) Presentada la acusación, el juez de instrucción penal, remitirá los antecedentes ante el juez o tribunal de sentencia penal dentro del plazo señalado en el art. 325 del CPP, debiendo quedarse en su lugar una copia de aquellas piezas procesales indispensables para resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva; una vez concluida la audiencia y demás actuados, debe remitirlos junto a la resolución pronunciada en audiencia, ante el juez o tribunal de sentencia penal, que conoce la causa principal, para que sean acumulados al expediente. Entendimiento que también fue asumido en la SCP 0176/2018-S2 de 14 de mayo, entre otras’ Concluyéndose de ello, que el juez cautelar es competente para tramitar y resolver una solicitud de cesación de la detención preventiva presentada antes de la radicatoria de la acusación por parte del Juez o Tribunal de Sentencia Penal, o en los casos que se halla programada audiencia con anterioridad a la interposición de la acusación formal por parte del Ministerio Público”. (las negrillas son nuestras).

III.2. Análisis del caso concreto

Los accionantes, denuncian que, habiendo impetrado audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva, el Juez demandado no la señaló dentro del plazo previsto en la normativa procesal penal; no obstante, tomaron conocimiento de que la causa había sido remitida al Juzgado de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro, sin que hasta la fecha de interposición de la acción de defensa hubieran obtenido respuesta a su solicitud efectuada mediante memorial de 23 de abril de 2024, pese a que, según alegaron, el Juez demandado mantenía competencia para conocer y resolver su pedido, al no haberse producido la radicatoria de la causa ante el referido Juzgado de Sentencia; por lo que, solicitaron se ordene al nombrado cumplir con el desarrollo de la referida audiencia, en el marco de sus funciones. Delimitado el objeto procesal, de la revisión de los antecedentes arrimados al expediente constitucional, se tiene la impresión fotostática del Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ), en la que consta que el proceso penal de referencia fue remitido al Juzgado de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro -fs. 16-, aspecto refrendado por lo expuesto en el informe de 27 de abril de 2024, por el cual, la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro hizo conocer que, en esa fecha, el cuaderno de control jurisdiccional y el pliego acusatorio fueron remitidos al indicado Juzgado de Sentencia -fs. 17-. Asimismo, cursa fotocopia del memorial mediante el cual los accionantes solicitaron el señalamiento de día y hora de audiencia -fs. 25-, que no mereció proveído ni pronunciamiento alguno por parte del Juez demandado; pues, no cursa en antecedentes otro actuado que permita establecer que dicha solicitud hubiera sido atendida. En consecuencia, se advierte que, si bien el proceso penal fue remitido al Juzgado de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro, no existe constancia de que este hubiera radicado la causa a la fecha de interposición de la acción de libertad. Al respecto, conforme al entendimiento jurisprudencial desglosado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la sola remisión de antecedentes no determina, por sí misma, la pérdida de competencia del Juez de Instrucción Penal para conocer y resolver la solicitud de cesación a la detención preventiva presentada antes de la radicatoria. En ese contexto, considerando que los accionantes se encontraban privados de libertad y que la cesación a la medida extrema fue presentada el 23 de abril de 2024, cuando el proceso aún no se encontraba radicado ante el Juzgado de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro, correspondía al Juez demandado, en observancia de los principios de celeridad y de tutela judicial efectiva, de ser procedente, señalar la audiencia y emitir el pronunciamiento correspondiente, conforme a las subreglas establecidas por la jurisprudencia constitucional citada; no obstante, permitió la remisión de los antecedentes al citado Juzgado de Sentencia. Esta omisión adquirió relevancia constitucional, pues mantuvo a los accionantes, quienes se encontraban privados de libertad, en incertidumbre respecto de la consideración de su solicitud, configurándose una dilación incompatible con el deber de celeridad que rige la tramitación de solicitudes vinculadas con la libertad personal. A ello se suma que el Juez demandado, no presentó informe ni concurrió a la audiencia de garantías para explicar las razones por las cuales no atendió la solicitud de 23 de abril de 2024; por lo que, no existe elemento que permita justificar la falta de pronunciamiento o desvirtuar los extremos denunciados por los accionantes.

Por consiguiente, al haberse acreditado que la solicitud de cesación a la detención preventiva fue presentada antes de la radicatoria de la causa ante el Juzgado de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro y que, pese a ello, el Juez demandado no emitió pronunciamiento oportuno sobre la misma, se evidencia una dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad de los accionantes, correspondiendo conceder la tutela solicitada. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 262/2024 de 29 de abril, cursante de fs. 33 a 36 vta., pronunciada por la Jueza de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Séptima de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por la referida autoridad, y de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1158_2026-S2.pdf · páginas 1 a 5.

Huella digital del PDF (SHA-256): ba73edd97f104f309a28a4dd08e98ba4b48cacb197dd4fb691f1f0baf4fab670

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