Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 12 de septiembre de 2025
Deniega la tutela
El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos legalidad de la prueba, motivación y congruencia; toda vez que, al resolver el incidente de cesación de asistencia familiar que interpuso, las demandadas no valoraron la prueba que presentó, ni interpretaron correctamente el CFPF, norma que en ninguna parte establece que la asistencia familiar tenga carácter imprescriptible y que se deba pasar la asistencia familiar hasta los 25 años; máxime, si la beneficiaria ya no los necesita; y, tampoco motivaron su decisión. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 02/2023 de 25 de agosto, cursante de fs. 55 a 63 vta., pronunciada por la Jueza Pública Civil y Comercial Primera de Monteagudo del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, en base a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en esta Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1158/2025-S4 Sucre, 12 de septiembre de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de amparo constitucional Expediente: 57929-2023-116-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 02/2023 de 25 de agosto, cursante de fs. 55 a 63 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Ramiro Villarroel Ortiz contra Sonia Elena Barrón Cortez e Ingrid Aurora Arízaga Flores, Vocales de la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, Daniela Isaura Vargas Villarpando, Jueza Pública Mixta de Familia y Técnica Primera de Monteagudo del citado departamento.
El accionante, por memorial presentado el 22 de agosto de 2023, cursante de fs. 2 a 8, expuso lo siguiente:
Dentro del incidente de cesación de asistencia familiar que siguió, hizo conocer el acuerdo existente en referencia a la reducción de asistencia familiar por la pandemia, también solicitó se conmine a la incidentista que declare sobre el mismo, como en relación a su egreso de la Universidad; pero, nunca se presentó; aspecto que no valoró la Jueza de la causa. En audiencia demostró, por la confesión de la apoderada, que su hija salió bachiller el 2015, ingresó a la Universidad el 2018, culminó su carrera profesional el 2021, y se graduó el 18 de marzo de 2022, resultando seis años desde que salió bachiller hasta su profesionalización. Demostró ante la Jueza como también en apelación, que el 2020, su hija inició un emprendimiento comercial creando su empresa KAFRUT, a la cual la Alcaldía de Monteagudo, le adjudicó una licitación en las gestiones 2020-2022; por lo cual, ya tenía ingresos propios desde el 2020. También, presentó como pruebas los movimientos bancarios, que demostró la solvencia económica con la que contaba. La Jueza en el Auto Definitivo 05/2023 de 1 de marzo, mencionó que la asistencia familiar no opera de hecho y debía ser activado el mecanismo procedimental del art. 446 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) –Ley 603 de 19 de noviembre de 2014–; asimismo, que no existen hechos improbados; sin embargo, falló en contrario de lo solicitado. En instancia de apelación, mediante Auto de Vista 336/2023 de 28 de julio, volvieron a vulnerar sus derechos, sin tomar en cuenta que carece de recursos económicos ni valorar las pruebas presentadas y fallar de forma objetiva. Citando al efecto la SCP 1011/2013 de 27 de junio, 2023/2010-R de 9 de noviembre reiterada por la 0506/2016-S3 de 3 de mayo; y los arts. 1507, 1492, 1493 y 1509 del Código Civil (CC), refirió que la planilla de liquidación presentada por la incidentista, calculó desde 15 de febrero de 2016; que el art. 120 del CFPF, en ninguna parte establece como uno de los caracteres de la asistencia familiar su carácter imprescriptible; por lo que, al no ejercerlo dentro de término previsto en el art. 1507 del CC, ese derecho prescribió. En el Auto Definitivo referido, se evidenció una mala valoración de la norma que ni las Vocales comprendieron, referida a la palabra “HASTA”, que en el caso de autos su hija salió profesional a la edad de 22 años, concluyó su malla curricular el 2021 y se graduó en marzo de 2022; en consecuencia dejó de necesitar la asistencia familiar porque ya era completamente solvente e independiente económicamente; no es obligación pasar la asistencia familiar hasta los 25 años, máxime si ya no los necesita; el actuar doloso de su representante y la mala interpretación de la norma, vulneran sus derechos y garantías constitucionales. En el Auto Definitivo citado, no se valoró los medios de prueba que presentó, y pecó de falta de motivación e incongruencia porque de ninguna manera fundamentó el por qué no los valoró, ni por qué no les dio valor. Tanto la Jueza de instancia como las Vocales, incumplieron el mandato legal establecido en los arts. 109.II y 332 del CFPF, omisión que le causa serios perjuicios y agravios a sus derechos y garantías constitucionales.
El accionante denunció como lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos legalidad de la prueba, motivación y congruencia, citando al efecto el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, revocar el Auto de Vista SFNA 336/2023 de 28 de julio, así como el Auto Definitivo 05/2023 de 1 de marzo.
Celebrada la audiencia pública el 25 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 51 a 54 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La parte accionante por medio de sus abogadas, ratificó íntegramente los argumentos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional; y, arguyó que, el Código de las Familias y del Proceso Familiar en ninguna parte prohíbe que verificado el motivo de cesación y declarado probado el incidente pueda concederse con efecto retroactivo al momento que la beneficiaria ya no requiera de esa asistencia familiar; por cuanto, existe amplia jurisprudencia al respecto; pues, lo que no está prohibido está permitido constitucionalmente.
Sonia Elena Barrón Cortez e Ingrid Aurora Arízaga Flores, Vocales de la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, remitieron informe escrito presentado el 25 de agosto de 2023, cursante a fs. 44; por el cual, solicitaron se deniegue la tutela, con los siguientes argumentos: a) La acción de defensa presentada solo tiene la finalidad de dilatar el proceso; por cuanto, al momento de emitir el Auto de Vista SFNA 336/2023 de 28 de julio, se pronunciaron con relación a todos los agravios expuestos en el recurso de apelación, emitiendo una respuesta clara, concreta y comprensible, en interpretación correcta de la legalidad ordinaria, conforme a la factibilidad y la exposición de supuestos agravios efectuada por el recurrente; y, b) Ratificaron de manera íntegra los argumentos y fundamentos expuestos en el Auto de Vista cuestionado. En audiencia pública tutelar, la accionada Ingrid Aurora Arízaga Flores, mencionó que, no se fundamentó y motivó en relación a la lesión de derechos y garantías constitucionales; sino, más bien en relación a la interpretación de legalidad ordinaria. Daniela Isaura Vargas Villarpando, Jueza Pública de Familia Primera de Monteagudo del departamento de Chuquisaca, no presentó informe alguno ni compareció a la audiencia tutelar, pese a su legal notificación, cursante a fs. 11.
Katherin Jael Villarroel Cortez, a través de su abogada en audiencia, señalo que, el Auto de Vista impugnado es completamente legal y está basado en los arts. 122 inc. b) con relación al 109.II del CFPF y en prescindencia del 327 –del mismo Código–, sobre la prescindencia de la prueba que realizó la Jueza a quo; la resolución referida no vulneró ningún derecho, más al contrario, protegió y garantizó el derecho a la asistencia familiar; y, lo único que el accionante busca es no cumplir con la asistencia familiar porque existe una planilla aprobada y no existe ningún cobro excesivo como para que su hija pueda enriquecerse ilegítimamente.
La Jueza Pública Civil y Comercial Primera de Monteagudo del departamento Chuquisaca, mediante Resolución 02/2023 de 25 de agosto, cursante de fs. 55 a 63 vta., denegó la tutela solicitada, en base a los siguientes argumentos: 1) En relación a los hechos no probados, la Jueza accionada lo explicó en el parágrafo III.1 de su resolución; sí procedió a valorar la prueba ofrecida por el accionante, no siendo evidente su no valoración; y, el Auto de Vista realizó una debida valoración de la prueba ofertada en su conjunto de manera integral, realizó un análisis objetivo del Auto de la Juez quo; 2) Es evidente que existe un plazo estipulado para cumplir la asistencia familiar y es hasta cuando el beneficiario adquiera conocimiento de algún oficio, como ocurrió en el caso de autos, pero por la naturaleza de la asistencia familiar es un instituto que no opera de hecho y deberá ser activado el mecanismo procedimental descrito en el art. 446 del CFPF, que regirá desde la fecha de la resolución; de ahí que el Auto de la Jueza a quo contiene suficiente motivación y congruencia, que fundamentó porque la cesación de la asistencia familiar no puede ser declarada de manera retroactiva; y, el Auto de Vista fundamentó y motivó los puntos apelados; lo cual, es congruente con los hechos, el derecho aplicable, dio respuesta a todos los puntos solicitados por el accionante y no omitió arbitrariamente valorar la prueba, porque sí valoró y llegó a valorar la prueba correctamente; 3) No se tiene acreditada vulneración alguna a los derechos del accionante con la interpretación y aplicación realizada a los arts. 109.II y 332 del CFPF; y, 4) No existió errónea valoración de la prueba y mucho menos que se haya incurrido en omisiones de la misma; tampoco que se haya violentado los derechos del accionante, sí del análisis de las resoluciones, se tiene que se encuentran apegadas a la verdad material de acuerdo a las pruebas del expediente que fueron valoradas de manera integral.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. En el incidente de cesación de asistencia familiar presentado el 5 de enero de 2023 por Ramiro Villarroel Ortiz –ahora accionante– (fs. 22 a 26), Daniela Isaura Vargas Villarpando, Jueza Pública de Familia Primera de Monteagudo del departamento de Chuquisaca –hoy accionada–, pronunció el Auto Definitivo 05/2023 de 1 de marzo, declarando probada en parte la demanda incidental y dispuso la cesación de la asistencia familiar, conforme a lo dispuesto por el art. 415.VI del CFPF (fs. 84 a 86). II.2. Contra el Auto citado en el acápite anterior, el accionante, interpuso recurso de apelación el 7 de marzo de 2023 (fs. 90 a 93). II.3. Mediante Auto de Vista SFNA 336/2023 de 28 de julio, las accionadas, confirmaron totalmente el Auto apelado, con costas (fs. 97 a 101).
El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos legalidad de la prueba, motivación y congruencia; toda vez que, al resolver el incidente de cesación de asistencia familiar que interpuso, las demandadas no valoraron la prueba que presentó, ni interpretaron correctamente el CFPF, norma que en ninguna parte establece que la asistencia familiar tenga carácter imprescriptible y que se deba pasar la asistencia familiar hasta los 25 años; máxime, si la beneficiaria ya no los necesita; y, tampoco motivaron su decisión. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
La SCP 0074/2024-S3, de 10 de abril, sobre la fundamentación, motivación y congruencia como elemento del debido proceso, estableció: “La motivación es una exigencia constitucional de las resoluciones -judiciales y administrativas o cualesquiera otras, expresadas en una resolución en general, sentencia, auto, etc.,- porque se viola la garantía del debido proceso (art. 115.I de la CPE) sin ella. El contenido esencial a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada fue desarrollado en la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, y complementado por la SCP 0100/2013 de 17 de enero, teniendo en cuenta las finalidades que persigue este derecho fundamental. (…) Sobre el segundo contenido, es decir, lograr el convencimiento de las partes de que la resolución no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia, en la SCP 2221/2012, el Tribunal Constitucional ha desarrollado las formas en las que puede manifestarse la arbitrariedad, señalando: ‘la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) una «decisión sin motivación», o extiendo esta es, b.2) una «motivación arbitraria»; o en su caso, b.3) una «motivación insuficiente, desarrollando más adelante, el contenido de cada una de ellas». «b.1) Por ejemplo, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.), no da razones (justificaciones) que sustenten su decisión, traducido en las razones de hecho y de derecho, estamos ante la verificación de una ‘decisión sin motivación’, debido a que ‘decidir no es motivar’. La ‘justificación conlleva formular juicios evaluativos (formales o materiales) sobre el derecho y los hechos sub iudice (asunto pendiente de decisión)’. b.2) Del mismo modo, verbigracia, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.) sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, se está ante una ‘motivación arbitraria’. Al respecto el art. 30.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) ‘Obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, es escrito cumplimiento de las garantías procesales’. En efecto, un supuesto de ‘motivación arbitraria’ es cuando una decisión coincide o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba o, en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso (SC 0965/2006-R), que influye, en ambos casos, en la confiabilidad de las hipótesis fácticas (hechos probados) capaces de incidir en el sentido, en los fundamentos de la decisión. Es decir, existe dependencia en cómo cada elemento probatorio fue valorado o no fue valorado, para que se fortalezca o debilite las distintas hipótesis (premisas) sobre los hechos y, por ende, la fundamentación jurídica que sostenga la decisión. (…) b.3) De otro lado, cuando una resolución no justifica las razones por las cuales omite o se abstiene de pronunciar sobre ciertos temas o problemas jurídicos planteados por las partes, se está ante una ‘motivación insuficiente’». En ese mismo sentido, la SCP 0071/2018-S1 de 19 de marzo, señalando a la SCP 0558/2016-S2 de 27 de mayo, estableció que: ‘La fundamentación es una exigencia contenida dentro del debido proceso, siendo que una decisión es arbitraria cuando carece de razones, es antojadiza o producto de conocimientos insuficientes que no pueden sostener un mínimo análisis jurídico legal; al contrario, la decisión tiene fundamento en la medida en que se afirmen circunstancias de hecho y de derecho, sustentada en pruebas y normas aplicables que visualicen la base sobre la cual se apoya la decisión; estas afirmaciones no pueden ser frases trilladas o rutinarias, sino razones coherentes y claras referidas al caso concreto. Quien emita una resolución, sea administrativa o judicial, está en el deber de fundamentarla, porque solo así el administrado tendrá la posibilidad de analizar la decisión y de impugnarla; ante la omisión de una suficiente fundamentación se coarta su derecho a la defensa por estar imposibilitado de ponerla en duda. En ese sentido no debe limitarse la motivación como un mero requisito formal, al contrario, este requisito tiene por finalidad permitir la defensa del administrado. (...) Dicho de otra forma, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (SSCC 0863/2007-R, 0752/2002-R, SC 1369/2001-R, entre otras). En cuanto a la motivación, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, determinó lo siguiente: «…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas», coligiéndose que toda resolución emitida dentro de un proceso judicial o administrativo, debe inexcusablemente contener una adecuada motivación respecto a los hechos en los que se base, a las pruebas que se aportaron y a las disposiciones legales en las que se sustente su decisión, puesto que el relacionamiento de éstas con los hechos que le dieron origen, constituye la fundamentación y motivación a la que el debido proceso se refiere. Ahora bien, de manera inescindible, el derecho a una debida motivación y fundamentación de las resoluciones, se halla interrelacionado con el principio de congruencia entendido como «…la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación. Esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, y que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume» (SCP 0387/2012 de 22 de junio), de donde se infiere que las resoluciones judiciales, deben emitirse en función al sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes procesales. En cuanto al componente de congruencia como elemento del debido proceso, la SCP 0712/2015-S3 de 3 de julio, estableció que: «La congruencia fue definida como un principio normativo que limita facultades resolutorias del juez, por el cual debe existir identidad entre lo resuelto y controvertido, oportunamente, por los litigantes, y relación con los poderes atribuidos en cada caso al órgano jurisdiccional por el ordenamiento jurídico, con la finalidad de que exista identidad jurídica entre lo resuelto y lo pretendido. De esta forma es pacífica la noción de congruencia como la debida correspondencia entre las partes que componen un todo. A contrario sensu se entiende como resolución incongruente a aquella que no guarda una resolución lógica entre lo solicitado y lo resuelto. En ese orden, la doctrina estableció una clasificación general de las resoluciones incongruentes, entre las que se encuentran: a) Incongruencia por ultra petita; b) Incongruencia por extra petita; c) Incongruencia por infra petita; y, d) Incongruencia por citra petita (…). Es importante precisar que el principio de congruencia también adquiere un matiz reforzado a partir del Estado Constitucional, así lo reconoció el Tribunal Constitucional Plurinacional que desarrolló dicho principio desde dos ámbitos de acción; de un lado, dentro de cualquier proceso como unidad, delimitando las actuaciones de las partes procesales como del órgano jurisdiccional o administrativo; y de otro, en cuanto a la estructura misma de las resoluciones, situación esta última que involucra la exigencia de que, en dicho fallo, se absuelvan todos los aspectos puestos a consideración del juzgador de manera coherente y que además de ello, se establezca una relación entre los argumentos expuestos por las partes, los fundamentos argüidos por el juzgador donde se incluirá la base normativa, el análisis fáctico y la parte resolutiva que deberá responder o ser el resultado del problema jurídico, analizando y considerado por dicha autoridad (SCP 0037/2012 de 26 de marzo)»’”.
La SCP 0340/2016-S2 de 8 de abril, efectuó una integración jurisprudencial respecto a la doctrina de las auto restricciones, estableció que: “…la justicia constitucional, únicamente podrá revisar la interpretación de la legalidad realizada por la jurisdicción ordinaria, cuando, quien denuncia tal extremo como lesivo a sus derechos y garantías constitucionales:
i) Explique por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo, ii) Precise los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, con dicha interpretación, y iii) Establezca el nexo de causalidad entre la ausencia de motivación, arbitrariedad u otra situación absurda, por no aplicar la interpretación que considera debió efectuarse, y los derechos y/o garantías que conforman el bloque de constitucionalidad, y que han sido lesionados con dicha interpretación, explicando sí el resultado, cuál la relevancia constitucional”.
Determinando que, respecto a la valoración de la prueba “…la jurisdicción constitucional se abrirá a la revisión de la labor valorativa de la prueba, únicamente cuando el accionante especifique:
a) Qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; b) Cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas (…); c) Asimismo, es imprescindible también, que el recurrente señala en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicase, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final”.
Entendimientos que mediante la indicada Sentencia Constitucional Plurinacional, fueron contemplados respecto a la exigencia de revisión de la fundamentación, motivación y congruencia de los fallos judiciales o administrativos, impugnados en instancia constitucional, en los cuales se denuncie además la errónea interpretación de la Ley y/o indebida valoración de la prueba, estableciéndose que: “…en los casos en los cuales se impugnen resoluciones judiciales o administrativas denunciando falta de fundamentación, motivación y congruencia de un fallo y acusando errónea interpretación y/o aplicación de la legalidad ordinaria o defectuosa valoración de la prueba; la jurisdicción constitucional se verá impedida de ingresar a analizar el fondo de la problemática; por cuanto, si la parte accionante no cumple con la carga argumentativa y los presupuestos exigidos por la doctrina de las autorestricciones para que esta instancia revise la labor de la justicia ordinaria, menos podrá emitir pronunciamiento, cuando de aquellas causas emanen una decisión, cuya fundamentación, motivación y congruencia se reclame de deficiente.
En síntesis, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la protección de los derechos fundamentales por vía de tutela constitucional, cuando éstos resultan afectados por la falta de fundamentación, motivación y congruencia emergentes de la interpretación judicial de pruebas o de normas jurídicas, debe ser excepcionalísima y únicamente procede cuando el juez se aparta de la ley y la Constitución en forma irrazonable y cuando quien denuncia las lesiones, observa las reglas establecidas para que la jurisdicción constitucional, ingrese excepcionalmente a la verificación de los extremos denunciados; por lo que, ante la inobservancia de éstos, deberá prevalecer la razón del juzgador en aras de preservar los principios de autonomía, independencia y especialidad de la labor judicial.
Modulación
No obstante lo expresado precedentemente, dados los fines propios de la justicia constitucional traducidos en el control de constitucionalidad y el resguardo y vigencia de los derechos y garantías constitucionales y acceso a la justicia constitucional, a fin de aplicar una verdadera justicia material, se hace preciso complementar esta doctrina de las auto restricciones, estableciendo que:
De manera excepcional y como facultad potestativa del Tribunal Constitucional Plurinacional en grado de revisión de oficio, si la violación a los derechos fundamentales es grave y evidente según los datos del expediente; ante esta certeza, es posible ingresar al análisis de la legalidad ordinaria y de la valoración de la prueba como también de la fundamentación, sin necesidad de las exigencias desarrollados por la jurisprudencia.
Aclarándose expresamente que ésta es una facultad potestativa y exclusiva del Tribunal Constitucional Plurinacional y que por lo mismo, no podrá ser esgrimida por el accionante, para quien en párrafos precedentes conforme la jurisprudencia emanada de esta instancia se ha establecido” (las negrillas nos corresponden).
El accionante, alega la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos legalidad de la prueba, motivación y congruencia; debido a que, al resolver el incidente de cesación de asistencia familiar que interpuso, las demandadas no valoraron la prueba que presentó, ni interpretaron correctamente el CFPF, norma que en ninguna parte establece que la asistencia familiar tenga carácter imprescriptible y que se deba pasar la asistencia familiar hasta los 25 años; máxime, si la beneficiaria ya no los necesita; y, tampoco motivaron su decisión. En principio, corresponde señalar que el accionante denuncia como actos lesivos vulneradores de los derechos que alega, al Auto Definitivo 05/2023 de 1 de marzo, pronunciada por la Jueza accionada, que al haber sido apelado y debido a que fue objeto de revisión y resuelto en instancia de apelación por el Auto de Vista SFNA 336/2023 de 28 de julio que también denuncia, en aplicación a la naturaleza subsidiaria que rige a esta acción de defensa, la revisión de las decisiones asumidas por otras jurisdicciones se realiza a partir de la última resolución pronunciada; debido a que, el ad quem tuvo la posibilidad de corregir, enmendar y/o anular las determinaciones dispuestas por otra de menor jerarquía salvo que la problemática impida comprenderla; en el presente caso, el análisis de la supuesta vulneración de derechos, se circunscribirá a partir de la resolución jerárquica citada, conforme a lo señalado; en consecuencia, se deniega la tutela solicitada con relación a Daniela Isaura Vargas Villarpando, Jueza Pública de Familia Primera de Monteagudo del departamento de Chuquisaca. De acuerdo a los antecedentes contenidos en el expediente, se corrobora que, dentro del fenecido proceso de divorcio seguido por el accionante, planteó incidente de cesación de asistencia familiar contra su hija beneficiaria, el cual fue resuelto por la Jueza accionada a través del Auto Definitivo 05/2023 de 1 de marzo, que declaró probada en parte la demanda incidental y dispuso la cesación de la asistencia familiar, conforme a lo dispuesto por el art. 415.VI del CFPF. Contra el Auto citado en el párrafo anterior, el accionante, interpuso recurso de apelación; instancia en la cual, las Vocales accionadas, pronunciaron el Auto de Vista SFNA 336/2023 de 28 de julio, mediante el cual, confirmaron totalmente el Auto apelado, con costas. Del análisis del contenido de la acción de amparo constitucional presentada por el accionante, ratificada en su exposición oral en audiencia tutelar, se establece que denuncia que las Vocales en el Auto de Vista referido, no valoraron las pruebas presentadas; y asimismo, interpretaron mal el mandato legal establecido en los arts. 109.II y 332 del CFPF; lo cual, le causa serios perjuicios y agravios a sus derechos y garantías constitucionales; motivo por los que considera que la cesación de asistencia familiar debió aplicarse retroactivamente al momento en que la beneficiaria dejó de necesitar la asistencia familiar porque ya era completamente solvente e independiente económicamente; es decir, desde el 2020, no siendo una obligación pasar la asistencia familiar hasta sus 25 años. A continuación, examinaremos los planteamientos postulados por el accionante, contrastando con el Auto de Vista impugnado:
Al respecto, el accionante en el recurso de apelación agravió: i) La prueba que presentó demostró que su hija el 2020, emprendió con su empresa KAFRUT y que el 2021 concluyó sus estudios universitarios; sin embargo, la Jueza no valoró la prueba presentada donde se demostró que era completamente solvente desde abril de 2020; hecho corroborado por la apoderada en audiencia; consecuentemente, no existió plena valoración de la prueba; ii) Se instaló una audiencia sin la asistencia de las partes, cuando solicitó su suspensión porque no llegó el oficio solicitado a la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca (UMRPSFXCH); y, iii) Se debió tomar en cuenta que la liquidación es extemporánea, porque su hija al no necesitar de la asistencia familiar no procedía con la liquidación; sino, hasta cumplir sus 25 años y pretender ejecutar la asistencia en forma posterior a la culminación de sus estudios superiores, hace que el monto que se cancele sea una deuda, la que se convierte en el patrimonio de la accionante en desmedro de su patrimonio, lo que conllevaría a un enriquecimiento ilegítimo; debiendo aplicarse la jurisprudencia de la SCP 0506/2016-S2 de 3 de mayo.
En ese contexto las Vocales accionadas a tiempo de absolver los agravios referidos, desagregaron su fundamentación y motivación en el siguiente orden: a) Para la observación a la liquidación de planilla, se presentó como prueba los comprobantes de depósito del Banco PRODEM y para la cesación de la asistencia familiar, fotografías de la empresa de su hija y del acto de graduación, la tapa del informe de internado para optar el grado académico de licenciatura en administración financiera y la obtención de las respuestas a los oficios; b) En lo relativo a la cesación de asistencia familiar y la prueba referida a tal pedido, así como certificaciones e informe de la Facultad de Contaduría Pública y Ciencias Financieras de la UMRPSFXCH, el hecho que pretendía demostrar el demandante es que su hija habría concluido su carrera el 2021; es decir, varios meses antes que interpusiera la demanda de cesación de asistencia familiar, siendo su pretensión desmarcada de lo legalmente previsto y justificada en una interpretación caprichosa que efectuó de la Ley; puesto que, pretende que la resolución en relación a la beneficiaria se aplique retroactivamente; es decir, que los efectos sean desde que su hija alcanzó su profesionalización y no así desde la emisión de la resolución, sin fundar la base legal que justifique la procedencia de tal intención; obviando considerar que, la obligación de otorgar la asistencia familiar fue declarada judicialmente, que la cesación debe seguir el mismo medio y trámite, que no puede prescindirse de los mismos cuando convenga a quien por negligencia propia no activó el medio legal otorgado por Ley; siendo incoherente además la pretensión que el derecho a la asistencia familiar sea declarado cesado de forma retroactiva cuando recién se la activó el 2023; no debiendo dejar de lado que la asistencia familiar no sólo es una obligación jurídica, sino, natural y moral; c) La juzgadora no sólo verificó si la prueba ofrecida era o no idónea al fin buscado; sino, que además de forma correcta razonó y distinguió que la pretensión del demandante no era congruente, por pretender que la decisión judicial surta efectos de forma retroactiva; pues, la misma no opera de forma tácita, debe ser declarada expresamente y no opera de pleno derecho, conforme a la SCP 0450/2012 de 29 de junio; d) Respecto a la no valoración de la prueba a efecto de resolver conforme la pretensión del demandante, no correspondía ser considerado, debiendo la juzgadora efectuar tal valoración sólo a los efectos de verificar y probar si en el caso en concreto existen las circunstancias previstas en el art. 122 inc. b) con relación al 109.II del CFPF, tal como lo hizo y resolvió; sobre el art. 327 del mismo código, de la prescindencia de la prueba, en este caso, la prueba ofrecida por el demandante no podía ser considerada a fin de disponer de forma retroactiva sobre la asistencia familiar, siendo desde tal punto de vista, inconducente; e) La juzgadora emitió una resolución debidamente fundamentada, motivada y congruente, considerando el hecho que la beneficiaria concluyó sus estudios el 2021, alcanzando su profesionalización y presuntamente ya no necesitaría de la asistencia familiar; por lo cual, en consideración a lo previsto en los arts. 122 inc. b) y 109.II del CFPF, acogió la pretensión del demandado en relación a disponer la cesación de asistencia familiar, pero no a fin de aplicarse de forma retroactiva; y, f) Respecto al memorial de solicitud de suspensión de audiencia y la notificación del Decreto de 27 de enero de 2023, es un tema que no fue considerado ni es contenido de la resolución que se impugnó; por lo cual, no corresponde ser considerado a efectos de su dilucidación. En lo sustancial del recurso de apelación, el accionante agravió que las Vocales incurrieron en falta de motivación y congruencia, porque no se pronunciaron el por qué, no se valoró los medios de prueba que presentó para resolver su incidente de forma retroactiva; reclamo sobre el cual, como se desagregó en el párrafo anterior, las accionadas separaron el análisis de los medios de prueba presentados por el accionante, para la observación a la liquidación de planilla y en lo relativo al incidente; en ese marco, establecieron que, la pretensión del incidentista que la resolución en relación a la beneficiaria se aplique desde que su hija alcanzó su profesionalización y no así desde la emisión de la resolución, sin fundar la base legal que justifique la procedencia de tal intención; obviando considerar que, así como la obligación de otorgar la asistencia familiar fue declarada judicialmente, la cesación debe seguir el mismo medio y trámite; resultando incoherente la pretensión cuando recién se activó el incidente el 2023; no debiendo dejar de lado que la asistencia familiar, no sólo es una obligación jurídica; sino, natural y moral. Asimismo, las Vocales pronunciaron que, la Juez a quo, verificó si la prueba ofrecida era o no idónea al fin buscado; concluyendo además que, razonó y distinguió de forma correcta que la pretensión del demandante no era congruente, por pretender que la decisión judicial surta efectos de forma retroactiva; pues, la misma no opera de forma tácita; por lo que, debe ser declarada expresamente conforme a la SCP 0450/2012 de 29 de junio. Respecto a la no valoración de la prueba a efecto de resolver conforme la pretensión del demandante, sostuvieron que no correspondía ser considerado, debiendo la juzgadora efectuar tal valoración sólo a los efectos de verificar y probar si en el caso en concreto existen las circunstancias previstas en los arts. 122 inc. b) con relación al 109.II del CFPF, tal como lo hizo y resolvió; y sobre el art. 327 del mismo código, de la prescindencia de la prueba, señalaron que en este caso, la prueba ofrecida por el demandante no podía ser considerada a fin de disponer de forma retroactiva sobre la asistencia familiar, siendo desde tal punto de vista, inconducente. En base de los argumentos anteriores, concluyeron que, la Jueza a quo, emitió una resolución debidamente fundamentada, motivada y congruente, considerando el hecho que la beneficiaria concluyó su profesionalización el 2021 y presuntamente ya no necesitaría de la asistencia familiar; por lo cual, en aplicación de lo previsto en los arts. 122 inc. b) y 109.II del CFPF, se dispuso la cesación de asistencia familiar, pero no de forma retroactiva. Finalmente, respecto al memorial de solicitud de suspensión de audiencia y la notificación del Decreto de 27 de enero de 2023, establecieron que al ser un tema que no fue considerado ni este contenido en el Auto que se impugnó, no correspondía ser considerado a efectos de su dilucidación. De la argumentación desarrollada por las Vocales accionadas, se evidencia que no es evidente la ausencia de pronunciamiento a lo agraviado por el accionante; al contrario, las respuestas dadas consignan correctamente la premisa normativa y fáctica; asimismo, explicaron la razón del porqué llegaron a la conclusión que en el caso resuelto, la cesación de asistencia familiar no podía surtir sus efectos de forma retroactiva al momento en que la beneficiaria alcanzó su profesionalización; de ahí que, se advierte que el Auto de Vista contiene la suficiente motivación y congruencia para resolver los agravios reclamados. Después de examinar los agravios opuestos en el recurso de apelación y los fundamentos desarrollados en el Auto de Vista, en contexto a los reclamos señalados en la presente acción de defensa, se evidencia que las Vocales accionadas, a tiempo de pronunciar el Auto de Vista ahora cuestionado, se pronunciaron sobre los agravios expuestos en el recurso de apelación; por otra parte, emitieron un pronunciamiento expreso, pertinente, adecuado y con suficiente fundamentación, motivación y congruencia en relación a estos; toda vez que, explicaron para cada agravio una argumentación concisa y comprensible, llegando a establecer las razones por las que desestimaban los mismas, sustentando sus argumentos en base a normativa aplicable vigente a cada aspecto cuestionado con una justificación razonada, que devela una labor intelectiva con base objetiva; de lo que, se corrobora no ser cierto que las Vocales accionadas hubieran incurrido en falta de motivación y congruencia, por cuanto expidieron argumentos coherentes sobre cada uno; y, además que, expresaron convicciones determinativas que justifican razonablemente su decisión. El Auto de Vista ahora impugnado, cumple con una adecuada fundamentación, motivación y congruencia respecto a los hechos en los que se basa, los actuados cursantes en el incidente de cesación de asistencia familiar y a las disposiciones legales que sustentan su decisión; cumpliendo con lo establecido en la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, que establece que, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando el pleno convencimiento que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió; y que, toda resolución emitida dentro de un proceso judicial o administrativo, debe inexcusablemente contener una adecuada motivación respecto a los hechos en los que se base, a las pruebas que se aportaron y a las disposiciones legales en las que sustente su decisión; puesto que, el relacionamiento de éstas con los hechos que le dieron origen, constituye la fundamentación y motivación a la que el debido proceso se refiere, que se halla interrelacionado con el principio de congruencia. De todo lo fundamentado y motivado precedentemente, al corroborar un desarrollo intelectivo suficiente por parte de las Vocales accionadas a tiempo de confirmar el Auto Definitivo 05/2023, que cumple con el debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, corresponde denegar la tutela impetrada.
De acuerdo al Fundamento Jurídico III.2 desarrollado en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la jurisdicción constitucional en atención a los principios de independencia judicial, autonomía decisoria, verdad material e inmediación, construyó la doctrina de las autorestricciones, a través de las cuales se establecieron jurisprudencialmente, subreglas que permiten a la jurisdicción constitucional, ingresar al análisis de la legalidad ordinaria y de la valoración de la prueba. En relación a la omisión de valoración de la prueba, si bien es evidente que el Tribunal Constitucional puede ingresar a revisar la labor valorativa de la prueba, que está reservada a las autoridades judiciales y administrativas, únicamente cuanto el accionante especifique “a) Qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; b) Cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas (…); c) Asimismo, es imprescindible también, que el recurrente señala en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicase, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final”.
En la presente acción de amparo constitucional; toda vez que, es evidente que el accionante esencialmente centra su acción de defensa en la omisión de valoración probatoria, por cuanto considera que las demandadas, no consideraron todos los medios de prueba que presentó a tiempo de interponer el incidente de cesación de asistencia familiar, omisión que decantó en una errónea valoración; en aplicación del entendimiento jurisprudencial referido, corresponde examinar si cumplió con los presupuestos exigidos por la doctrina de las autorestricciones para que la jurisdicción constitucional pueda revisar la labor valorativa de la prueba. Al respecto, se puede advertir que, el accionante omitió identificar qué pruebas en instancia de apelación específicamente fueron omitidas; no señaló cómo las Vocales accionadas, se apartaron de los cánones de razonabilidad y equidad previsibles al considerar la prueba conforme a la pretensión demandada; menos explicó por qué dicha errónea valoración cuestionada, tiene incidencia en la decisión final, o sea, cuál la relevancia constitucional. Al contrario, únicamente se limitó a efectuar una argumentación general y difusa, al señalar que el Auto de Vista confutado, carece de motivación y congruencia porque no fundamentó, porque no valoró la prueba presentada, sin aportar mayor explicación; estos argumentos lejos de explicar cómo esa valoración probatoria cuestionada tendría incidencia en la decisión de confirmar el Auto apelado, hace ver una pretensión de que la justicia constitucional ingrese a revisar la labor valorativa de la prueba, cuando no cumplió con los presupuestos establecidos en el Fundamentó Jurídico III.2 del presente fallo constitucional. En cuanto a la errónea interpretación y aplicación de legalidad ordinaria, es insoslayable destacar que, la jurisdicción constitucional estableció jurisprudencialmente, subreglas que le permiten ingresar a revisar la facultad de interpretar y/o aplicar las normas del ordenamiento jurídico ordinario, que está reservada a las autoridades judiciales y administrativas; sin embargo, para ello la parte accionante debe explicar por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo; precisar los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, con dicha interpretación y establecer el nexo de causalidad entre la ausencia de motivación, arbitrariedad u otra situación absurda, por no aplicar la interpretación que considera debió efectuarse y los derechos y/o garantías que conforman el bloque de constitucionalidad, y que han sido lesionados con dicha interpretación, explicando cuál la relevancia constitucional; entendimiento jurisprudencial desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional.
Sobre el particular, el accionante únicamente citó las SCP 1011/2013 de 27 de junio, 2023/2010-R de 9 de noviembre reiterada por la 0506/2026-S3, y 0506/2016-S3 de 3 de mayo; y los arts. 1507, 1492, 1493 y 1509 del CC, refirió que la planilla de liquidación presentada por la incidentista, calculó desde 15 de febrero de 2016; y que el art. 120 del CFPF, en ninguna parte establece como uno de los caracteres de la asistencia familiar su carácter imprescriptible; por lo que, al no ejercerlo dentro de término previsto en el art. 1507 del CC, ese derecho prescribió; y en su criterio fueron erróneamente interpretados y aplicados por las Vocales demandadas, en relación a que el CFPF en ninguna parte establecería que la asistencia familiar tenga carácter imprescriptible, y que sería una obligación pasar la asistencia familiar hasta los 25 años; máxime, si la beneficiaria ya no los necesita; sin embargo, no estableció por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria e incongruente; tampoco, explicó las reglas de interpretación que fueron omitidas y cómo debió aplicarse estas normas al caso concreto; asimismo, no precisó la relación de vinculación o nexo de causalidad entre los derechos y principio alegados cuya lesión denuncia y la errónea actividad ordinaria incurrida por las Vocales accionadas; tampoco demostró la lógica consecuencia de que la errónea interpretación y aplicación normativa, le ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales. Como se corrobora, el accionante si bien reclama omisión de valoración probatoria y errónea interpretación de legalidad ordinaria; sin embargo, no cumplió con la carga argumentativa ni con los presupuestos exigidos por la doctrina de las autorestricciones que hacen procedente que la jurisdicción constitucional pueda ingresar al análisis de fondo en el presente caso; toda vez que, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, que señala “…la jurisdicción constitucional se verá impedida de ingresar a analizar el fondo de la problemática; por cuanto, si la parte accionante no cumple con la carga argumentativa y los presupuestos exigidos por la doctrina de las autorestricciones para que esta instancia revise la labor de la justicia ordinaria, menos podrá emitir pronunciamiento, cuando de aquellas causas emanen una decisión, cuya fundamentación, motivación y congruencia se reclame de deficiente”; por consecuencia, al no haberse cumplido con los presupuestos exigidos por la jurisprudencia constitucional, a efectos que esta jurisdicción pueda realizar el control de legalidad ordinaria planteada, supuestamente incurrida en el Auto de Vista SFNA 336/2023 de 28 de julio, no permite a esta instancia constitucional de manera excepcional ingresar a la verificación de los extremos denunciados; y, al no existir una evidente lesión a derechos y garantías constitucionales que permitan a esta instancia constitucional como facultad potestativa en grado de revisión de oficio, realizar un análisis de fondo de la problemática planteada; por tal razón, corresponde denegar la tutela impetrada, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela impetrada, actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 02/2023 de 25 de agosto, cursante de fs. 55 a 63 vta., pronunciada por la Jueza Pública Civil y Comercial Primera de Monteagudo del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, en base a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1158_2025-S4.pdf · páginas 1 a 19.
Huella digital del PDF (SHA-256): 4cf17ba133e5ed27185bf9a183668bceddfd4cee3534cb11e94b2f27776ce22b
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
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