Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 22 de septiembre de 2025
Deniega la tutela
El accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, en sus elementos de motivación, fundamentación y valoración de la prueba, derecho de acceso a la justicia y derecho a la tutela judicial efectiva; en razón que: a) Dentro del proceso penal que le siguió el Ministerio Público y la madre su hija por el presunto delito de abuso sexual, se solicitó revocatoria de las medidas cautelares que venía cumpliendo, impetrando se le imponga la detención preventiva, bajo el argumento que se hubieran incumplido las medidas de protección impuestas previamente, específicamente la de no acercarse a su descendiente; b) En mérito a ello, la Jueza de primera instancia, por Auto Interlocutorio 187/2023 de 17 de julio que declaró procedente la solicitud de contrario, imponiéndole la medida cautelar privativa de libertad por el lapso de tres meses, determinación que fue emitida sin una correcta motivación, fundamentación y valoración de la prueba; y, c) Ante tal resolución, formuló recurso de apelación, emitiéndose el Auto de Vista 264/2023 de 25 de julio, el cual, igualmente, resultó atentatorio y lesivo a sus derechos constitucionales, toda vez que, omitió pronunciarse sobre los agravios expresados en el recurso de apelación, emitiendo una resolución sin la debida motivación y fundamentación, concluyendo que el accionante se constituyó en el lugar donde estudia su hija en base a conjeturas subjetivas, sin sustentar tal determinación en ningún elemento probatorio. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tu…
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 101/2023 de 10 de agosto, cursante de fs. 175 vta. a 181 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia 1° DENEGAR la tutela solicitada, conforme los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional. 2° Exhortar a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la ciudad de Oruro, para que realice el seguimiento dentro de sus atribuciones a favor de la niña AA, en su condición de víctima, máxime si su madre falleció y su padre está afrontando un proceso penal como su presunto agresor, situación que la coloca en una múltiple situación de vulnerabilidad, exigiendo el deber reforzado de protección a sus derechos y garantías fundamentales.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1158/2025-S3 Sucre, 22 de septiembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 57491-2023-115-AAC Departamento: Oruro En revisión la Resolución 101/2023 de 10 de agosto, cursante de fs. 175 a 181 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Omar Ramos Gemio contra Julio Huarachi Pozo, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.
Por memorial presentado el 3 de agosto de 2023, cursantes de fs. 54 a 63, el accionante, manifestó que:
Dentro del proceso penal por la presunta comisión del delito de abuso sexual, iniciado en su contra, por la madre de su hija AA, la Jueza de Sentencia Penal Segunda de la Capital del departamento de Oruro, emitió Sentencia en primera instancia, condenándole a la pena privativa de libertad de diez años a ser cumplidos en el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro; tal determinación fue apelada y confirmada por la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; por lo que, en tiempo oportuno formuló recurso de casación, el cual se encuentra pendiente de resolución en el Tribunal Supremo de Justicia. El 22 de junio de 2023, Emma Gabriela Calizaya Gemio, presentó memorial de revocación de medidas cautelares ante la Jueza de Sentencia Penal Segunda de la mencionada Capital, solicitando la aplicación de detención preventiva en su contra, con el único argumento que se incumplieron las medidas de protección impuestas a favor de la víctima.
La autoridad jurisdiccional precitada, emitió el Auto Interlocutorio de 17 de julio de 2023, que determinó la revocatoria de las medidas sustitutivas por la detención preventiva, con una motivación arbitraria, relacionada a la defectuosa valoración de la prueba presentada de ambas partes, la cual reflejó que jamás realizó averiguaciones por cuenta propia, para tener conocimiento sobre su hija, pues las mismas fueron efectuadas a través de la Jueza de Familia, Ministerio Público y Defensoría de la Niñez y Adolescencia, autoridades que tenían conocimiento de los diferentes procesos iniciados contra la madre de su descendiente, quien lamentablemente perdió la vida el mes de julio de ese año, aspecto que le llevó a indagar sobre la situación de la hija, ya que temía por su bienestar; empero, nunca tuvo la intención de verla o solicitar la guarda a su favor, conforme reflejó la autoridad jurisdiccional en su resolución. Posteriormente, formuló recurso de apelación contra la citada resolución, el que fue resuelto por el Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante la emisión del Auto de Vista 264/2023 de 25 de julio, que, resultó atentatorio a su derecho al debido proceso, dado que no fue debidamente motivado y fundamentado; toda vez que, no se pronunció sobre los agravios expuestos de su parte en la apelación, omitiendo referirse sobre la prueba presentada y si esta fue debidamente valorada por la Jueza de primera instancia, acogiendo fundamentos basados en conjeturas subjetivas, ya que, sin basarse en ningún elemento de prueba, concluyó que su persona se hizo presente en el lugar de estudios de su hija, cuando en realidad aquello nunca ocurrió. También refirió que, estaría latente el riesgo procesal de peligro para la víctima, por las circunstancias del hecho cometido, realizando un análisis, pero no sobre los agravios denunciados, optando en la parte final de la resolución por no ingresar al fondo de la problemática planteada, amparándose en ilegalidades que vulneraron su derecho al acceso a la justicia y a una tutela judicial efectiva, puesto que no se realizó un análisis integral de la resolución inferior, omitiendo pronunciarse respecto de la arbitraria valoración de la prueba realizada por la Jueza de primera instancia; toda vez que, si bien la exposición sobre los agravios dentro de su recurso de apelación no estuvo revestida de tecnicismos, dio a conocer de manera clara los derechos vulnerados y agravios causados por la Jueza a quo, teniéndose por cumplida la carga argumentativa para que el Tribunal de Alzada ingresara al fondo de la problemática planteada, sin embargo no lo hizo.
Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, en sus elementos de motivación, fundamentación y valoración de la prueba, derecho de acceso a la justicia y derecho a la tutela judicial efectiva, citando al efecto los arts. 13. I, 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: a) Se deje sin efecto el Auto de Vista 264/2023 de 25 de julio; y, b) Se ordene la emisión de una nueva resolución enmarcada en los fundamentos jurídicos de la acción de amparo constitucional.
Celebrada la audiencia pública el 10 de agosto de 2023, según consta en acta cursante de fs. 166 a 174 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola en audiencia, señaló que: 1) La Jueza de primera instancia, no realizó un juicio de valor, respecto al riesgo procesal previsto en el art. 233 numeral 1, 234 y 235 del Código de Procedimiento Penal (CPP), dando por concurrente el mismo sin una debida fundamentación; 2) Ante tal determinación, formuló recurso de apelación, denunciando ante el Juez de Segunda Instancia, la incorrecta valoración de la prueba, toda vez que, la Jueza de primera instancia determinó que, la presentación de memoriales ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y juzgado familiar, que solicitaron se tome medidas respecto a la inasistencia de su hija a la escuela, fue un acercamiento o un intento de acercamiento a la misma, sin tomar en cuenta, que en ningún momento solicitó verla, sino solamente precautelar por su bienestar; 3) Es así que el Tribunal de alzada, sin que el Ministerio Público o la parte denunciante hubiesen planteado recurso de apelación al respecto, empeoraron su situación jurídica, ya que basados en la misma prueba dictaminaron que no solo hubo un intento de acercamiento, sino más bien que este se ejecutó, con la presencia del accionante en la escuela de su hija, realizando una motivación y fundamentación arbitraria, vulnerando el debido proceso; 4) Tampoco se fundamentó, respecto de la concurrencia del riesgo procesal contenido en el art. 233 numeral 1, 2 y 7 del CPP, ya que no se realizó un juicio de valor sobre los elementos de prueba aportados, pues simplemente se señaló la existencia de una Sentencia condenatoria en contra del accionante, sin tomar en cuenta que ésta se encuentra en grado de casación ante el Tribunal Supremo de Justicia, por cuanto prima el derecho a la presunción de inocencia del prenombrado; por otra parte, no existió pronunciamiento sobre cuáles fueron los elementos de prueba que demostraron por que se consideró que existía peligro para la víctima y la sociedad, basándose solamente en criterios subjetivos, sin explicar claramente los motivos de sus decisión; 5) Finalmente, la acusación particular fundamentó la revocatoria de medidas cautelares, en base a lo previsto por el art. 247 numerales 1 y 2 del CPP, y el Ministerio Público con relación a la misma normativa solo en el primer numeral; sin embargo, la Jueza emitió Resolución, en base al presupuesto contenido al art. 247 inciso 3, sin que este haya sido reclamado por ninguna de las partes, por cuanto existió una incongruencia externa, ya que no hubo relación entre lo pedido y lo resuelto.
Julio Huarachi Pozo, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, no presentó informe escrito alguno, ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 67.
Emma Calizaya Gemio, a través de su abogado, en audiencia, manifestó lo siguiente: i) El accionante no efectuó una contrastación que permita establecer como se fundó el agravio, cual es la respuesta y donde está la incongruencia omisiva por parte del Tribunal de alzada; ii) En la acción de amparo constitucional se arguyó mala valoración de la prueba, sin establecer sobre cual elemento probatorio debería pronunciarse el Tribunal de garantías, ya que, la instancia constitucional no puede ingresar a la valoración de la prueba, sin cumplir estándares argumentativos concretos, los cuales no pueden ser suplidos por el referido Tribunal; y, iii) La Resolución emitida por el Vocal demandado, no dispuso ninguna medida, solo confirmó la Resolución dictada por la Jueza de primera instancia, por lo que, exigirle que se pronuncie respecto sobre todas las causales establecidas en el art. 247 del CPP no tiene ningún asidero, máxime si el Auto de Vista confutado, en ninguna parte de su redacción menciona que el fallo se funde en el art. 247 numeral 3 del CPP, como erróneamente señaló el solicitante de tutela; consecuentemente, solicitó se deniegue la tutela impetrada. El Ministerio Público, no presentó informe escrito alguno, ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 68.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por Resolución 101/2023 de 10 de agosto, cursante de fs. 175 a 181 vta., denegó la tutela impetrada; decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: a) El Auto de Vista cuestionado, en su primera parte se refirió a los riesgos procesales establecidos en el art. 234.7 y 233.I del CPP, asimismo, mencionó el art. 247. 1 y 2 del mismo cuerpo legal. En su segunda parte, mencionó los argumentos expuestos por el accionante, el estado de casación del proceso penal, los requisitos esenciales para la procedencia de la revocatoria de las medidas cautelares, el incumplimiento de la medida de prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima que tenía impuesta el solicitante de tutela, entendiendo que dicha medida fue infringida al haberse constituido el accionante, en el establecimiento educativo de la niña, dando por concurrente el riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP; también, se pronunció sobre la naturaleza del hecho punible vinculándolo a la personalidad del accionante; y, refirió que el folio 747 solo probó la asistencia irregular de la niña a su establecimiento educativo, empero el impetrante de tutela no indicó como debió valorarse aquel elemento probatorio; b) Así, si bien los argumentos del Auto de Vista referido, no fueron amplios, los mismos fueron concisos y claros, sustentados en diferentes disposiciones legales y revestido de una motivación que expuso claramente las razones de la decisión, habiendo realizado una correcta compulsa de los antecedentes procesales; c) Respecto a la tutela judicial efectiva, el accionante tuvo participación activa durante la sustanciación del proceso, habiendo interpuesto todos los recursos que le franquea la ley, por lo que no existió vulneración a este derecho; y, d) En relación a la valoración de la prueba, esta es una facultad privativa de los tribunales ordinarios, siendo únicamente posible ingresar a la valoración de la misma por la justicia constitucional cuando esta se hubiere apartado de los marcos de razonabilidad, lo cual no ocurrió en el caso de análisis, por cuanto no se pronunció al respecto. El accionante, por medio de su abogado, solicitó complementación, sobre los siguientes puntos: 1) Por una parte se señaló que, la prueba fue debidamente valorada por el Vocal demandado, lo cual implicó una valoración de los elementos probatorios por parte del Tribunal de garantías; sin embargo, más adelante señalaron que la valoración de la prueba corresponde a la jurisdicción ordinaria y no a la instancia constitucional, incurriendo en incongruencia interna; 2) Durante el desarrollo de la audiencia, se mencionó que el delito penal que se le imputó al accionante fue el de violación, siendo lo correcto abuso sexual; 3) ¿Cuál es el elemento de prueba que llevó a la conclusión que el accionante se constituyó en el establecimiento de su hija y por qué su personalidad pondría en peligro a la víctima?; y, 4) El hecho que el Tribunal de alzada haya dictado Resolución sobre las vertientes 233, 234.7 del CPP, vulneró su derecho a la defensa, puesto que en primera instancia éstos no fueron considerados, solicitando aclare ésa circunstancia. El Tribunal de garantías, refirió que: i) En cuanto a la tipificación del delito, se tiene que evidentemente existió un error, aclarando y rectificando que el accionante es procesado por abuso sexual; ii) Ahora, respecto a la incongruencia interna, refirió que conforme la jurisprudencia constitucional, el Tribunal de garantías, si bien puede atender las denuncias sobre la labor valorativa de la prueba de las autoridades ordinarias, esta verificación solo se reduce a señalar si existió omisión valorativa o la misma estuvo alejada de la razonabilidad o realidad, en tal sentido, el Tribunal no procedió a valorar la prueba, sino a verificar que esa labor haya sido realizada de forma correcta tomando en cuenta en el análisis que la víctima es una niña; pronunciándose sobre las vulneraciones alegadas por el accionante; es decir, respecto de la fundamentación, motivación y omisión valorativa de la prueba, por lo que, no puede acusarse incongruencia o reforma en perjuicio; iii) Finalmente conforme lo establecido en el art. 237.7 del CPP y la SCP 394/2018-S2, para evaluar el peligro efectivo para la víctima, se tiene que las autoridades judiciales deben necesariamente valorar la conducta exteriorizada de los imputados, con anterioridad y posterioridad del hecho denunciado, aspecto que fue considerado en la Resolución emitida.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal por abuso sexual que siguió el Ministerio Público contra el accionante, la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segunda de la Capital del departamento de Oruro, dictó la Sentencia 75/2022 de 14 de noviembre, por la que declaró al solicitante de tutela, autor de la comisión del delito de abuso sexual, imponiéndole la pena privativa de libertad de diez años de presidio en el Centro Penitenciario de San Pedro de Oruro (fs. 102 a 123 vta.). II.2. Por Auto de Vista 014/2023 de 30 de marzo, se declaró la improcedencia del recurso de apelación opuesto por el impetrante de tutela, en cuyo mérito se confirmó en su integridad la Sentencia 75/2022 de 14 de noviembre (fs. 149 a 165 vta.) II.3. El 17 de julio de 2023, a solicitud del Ministerio Público y la acusación particular, se llevó a cabo audiencia de revocatoria de medidas cautelares contra el accionante, emitiéndose Auto Interlocutorio 187/2023 de la misma fecha, por el que la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segunda de la Capital del departamento de Oruro, declaró Procedente el mismo, declarando concurrente el riesgo procesal establecido en el art. 234 numeral 7 del CPP, disponiendo la detención preventiva del impetrante de tutela por el lapso de tres meses (fs. 3 a 37 vta.). II.4. El 25 de julio de 2023, se celebró audiencia de apelación incidental de revocatoria de medidas cautelares de carácter personal, en la cual se emitió el Auto de Vista 264/2023, que declaró Improcedente el recurso de apelación interpuesto por el solicitante de tutela, consecuentemente, confirmó el Auto Interlocutorio 187/2023 de 17 de julio (fs. 38 a 53).
El accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, en sus elementos de motivación, fundamentación y valoración de la prueba, derecho de acceso a la justicia y derecho a la tutela judicial efectiva; en razón que: a) Dentro del proceso penal que le siguió el Ministerio Público y la madre su hija por el presunto delito de abuso sexual, se solicitó revocatoria de las medidas cautelares que venía cumpliendo, impetrando se le imponga la detención preventiva, bajo el argumento que se hubieran incumplido las medidas de protección impuestas previamente, específicamente la de no acercarse a su descendiente; b) En mérito a ello, la Jueza de primera instancia, por Auto Interlocutorio 187/2023 de 17 de julio que declaró procedente la solicitud de contrario, imponiéndole la medida cautelar privativa de libertad por el lapso de tres meses, determinación que fue emitida sin una correcta motivación, fundamentación y valoración de la prueba; y, c) Ante tal resolución, formuló recurso de apelación, emitiéndose el Auto de Vista 264/2023 de 25 de julio, el cual, igualmente, resultó atentatorio y lesivo a sus derechos constitucionales, toda vez que, omitió pronunciarse sobre los agravios expresados en el recurso de apelación, emitiendo una resolución sin la debida motivación y fundamentación, concluyendo que el accionante se constituyó en el lugar donde estudia su hija en base a conjeturas subjetivas, sin sustentar tal determinación en ningún elemento probatorio. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por las SSCCPP 0349/2018-S2 y 0353/2018-S2 ambas de 18 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento: El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios. Posteriormente, en el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elementos configurativos del debido proceso, como ser:
a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre, se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, …consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”.
2El FJ III.3, refiere: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”. 3El FJ III.2.3, señala: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cuál es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados.
En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”.
4El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: 1) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”.
5El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación:
(…)
(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia.
(…)
b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´.
(…)
c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”.
6El FJ III.2, establece: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo. 5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”.
expresada en una decisión: i) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló que el 7El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”.
8 El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.
9 El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 10 El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. La jurisprudencia contenida en la SCP 2221/2012 como en la SCP 0100/2013 citadas anteriormente fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció que:
Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna.
En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o cuando ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa, cuya tutela por vía de amparo procederá siempre y cuando tenga relevancia constitucional.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, asumió el siguiente razonamiento:
Los principios y garantías procesales a favor de las víctimas mujeres de violencia, que fueron descritos en el anterior Fundamento Jurídico, no solo se aplican a los procesos penales, sino, como manda la misma Ley 348, a todas las causas por hechos de violencia contra las mujeres, en todas las materias; consiguientemente, también en la justicia constitucional; pues, en el marco de lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia, es obligación del Tribunal Constitucional Plurinacional, analizar el problema jurídico planteado en las acciones de defensa de manera integral, considerando los derechos de las partes en conflicto; más aún, tratándose de casos que emerjan de hechos de violencia en razón de género; pues en éstos asuntos, aun el peticionante de tutela sea el imputado, corresponderá analizar el contexto del proceso penal, para verificar si se cumplieron los estándares internacionales e internos respecto a la protección de los derechos de las mujeres; de lo contrario, se cohonestaría actuaciones contrarias a la normativa internacional e interna; incumpliendo con las responsabilidades internacionales asumidas por el Estado boliviano. Entendimiento, que es coherente con el principio de verdad material contemplado en el art. 180.I de la CPE, a partir del cual, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, la o el juzgador debe buscar la paz social, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos, encontrando la verdad de los hechos, por encima de mecanismos formales o procesales; con la finalidad que las partes, accedan a una justicia material, eficaz y eficiente. Así, la SCP 1662/2012 de 1 de octubre, entendió en el Fundamento Jurídico III.3, que el contenido del principio de verdad material:
…implica la superación de la dependencia de la verdad formal o la que emerge de los procedimientos judiciales, por eso es aquella verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja, parcialice o distorsione la percepción de los hechos a la persona encarga de juzgar a otro ser humano, o de definir sus derechos y obligaciones, dando lugar a una decisión injusta e irrazonable que no responda a los principios, valores y valores éticos consagrados en la Norma Suprema de nuestro país, a los que todas las autoridades del Órgano Judicial y de otras instancias, se encuentran impelidos de aplicar, entre ellas, al principio de verdad material, por sobre la limitada verdad formal (el resaltado es ilustrativo). El principio de verdad material no solo es predicable respecto a las o los jueces, sino, que como todo principio, se irradia hacia la actividad de las y los diferentes operadores jurídicos, cuyas actuaciones se enmarcan en la debida diligencia, en el marco de los estándares de la Corte IDH y lo previsto expresamente por el art. 86.11 de la Ley 348; según el cual, las decisiones administrativas o judiciales, que se adopten respecto a casos de violencia contra las mujeres, deben considerar la verdad de los hechos comprobados, por encima de la formalidad pura y simple. En mérito a lo anotado, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional, considera que en las acciones de defensa que emerjan de procesos judiciales o administrativos en los que se debatan hechos de violencia hacia las mujeres, la justicia constitucional está obligada a efectuar un análisis integral del problema jurídico, sin limitarse a la denuncia efectuada por la o el accionante, sino también, analizando los derechos de la víctima y las actuaciones realizadas por las autoridades policiales, fiscales o judiciales, de acuerdo al caso; pues, solo de esta manera, se podrá dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por el Estado y se respetarán los derechos de las víctimas de violencia en razón de género, entre ellos, el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, así como a una vida libre de violencia.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, reiterada por la SCP 0001/2019-S2 de 15 de enero -entre otras-, desarrollo el siguiente razonamiento:
El enfoque interseccional se constituye en una herramienta útil para analizar la vulneración de los derechos, en especial de la igualdad, cuando se presentan múltiples factores de discriminación que se entrecruzan y que influyen en el ejercicio y goce de los derechos de las personas. A partir de ello, es posible tener una mirada plural de la discriminación y violencia hacia diversas categorías biológicas, sociales y culturales, como el sexo, el, la clase, la discapacidad, la orientación sexual, la religión, la edad, la nacionalidad y otros ejes de identidad que se interaccionan en múltiples, y a menudo, en simultáneos niveles de discriminación y violencia, comprendiendo las desigualdades y necesidades de esta población en los casos concretos, las cuales pueden estar atravesadas por diversas identidades u otros factores, que las coloquen en situaciones mayores de subordinación, violencia o discriminación. El enfoque interseccional, se está incorporando de manera gradual, permitiendo superar un análisis unidimensional, para introducir una interpretación múltiple de la discriminación y las interacciones entre los factores o categorías de discriminación, que se está materializando a través de informes de las instancias de seguimiento y aplicación de las recomendaciones de los instrumentostanto en el Sistema de Protección de Derechos Humanos de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), como en los Sistemas Regionales.
Este enfoque, permite analizar la discriminación y violencia hacia las mujeres, comprendiendo sus desigualdades y necesidades en casos concretos, como lo exige, además, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará), en cuyo art. 9 establece como criterio interpretativo sobre las obligaciones internacionales de los Estados, que éstos tendrán especialmente en cuenta, la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada, así, como embarazada, discapacitada, menor de edad, anciana o que se encuentre en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), utilizaron el enfoque interseccional, cuando se presentaron varios factores de discriminación. Así, la referida Corte IDH, en el Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, a través de la Sentencia de 25 de noviembre de 2006, sobre Fondo, Reparaciones y Costas, en el párrafo 259 inc. i), hizo referencia a la violencia sexual contra las mujeres que se encuentran bajo la custodia del Estado, señalando que: “…Las mujeres han sido víctimas de una historia de discriminación y exclusión por su sexo, que las ha hecho más vulnerables a ser abusadas cuando se ejercen actos violentos contra grupos determinados por distintos motivos, como los privados de libertad...”. La misma Sentencia en el párrafo 292, también se refirió a las mujeres embarazadas que se encontraban en prisión, indicando que: “…Las mujeres embarazadas que vivieron el ataque experimentaron un sufrimiento psicológico adicional, ya que además de haber visto lesionada su propia integridad física, padecieron sentimientos de angustia, desesperación y miedo por el peligro que corría la vida de sus hijos…”. Asimismo, hizo referencia a las madres internas, indicando en el párrafo 330, que:
La incomunicación severa tuvo efectos particulares en las internas madres. Diversos órganos internacionales han enfatizado la obligación de los Estados de tomar en consideración la atención especial que deben recibir las mujeres por razones de maternidad, lo cual implica, entre otras medidas, asegurar que se lleven a cabo visitas apropiadas entre madre e hijo. La imposibilidad de comunicarse con sus hijos ocasionó un sufrimiento psicológico adicional a las internas madres. Por otra parte la Corte IDH, en el Caso González y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México, a través de la Sentencia de 16 de noviembre de 2009 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, en los párrafos 408 y 409, además de analizar la relación de la violencia de género con las relaciones sociales, culturales y económicas de discriminación, para caracterizar a las víctimas, también lo hizo respecto a las discriminaciones de género, pobreza y edad, al hacer referencia a los derechos de las víctimas menores de edad, indicando:
408. (…) el Estado debe prestar especial atención a las necesidades y los derechos de las presuntas víctimas en consideración a su condición de niñas, como mujeres que pertenecen a un grupo en una situación vulnerable.
409. En el presente caso, la Corte considera que el Estado tenía la obligación de adoptar todas las medidas positivas que fueran necesarias para garantizar los derechos de las niñas desaparecidas.
En concreto, el Estado tenía el deber de asegurar que fueran encontradas a la mayor brevedad, una vez los familiares reportaron su ausencia, especialmente debido a que el Estado tenía conocimiento de la existencia de un contexto específico en el que niñas estaban siendo desaparecidas.
En el mismo sentido, la Corte IDH en los Casos Rosendo Cantú y Otra VS. México -Sentencia de 31 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas- y Fernández Ortega y Otros VS. México -Sentencia de 30 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas-, efectuó el análisis sobre la discriminación y violencia de las mujeres indígenas, estableciendo que debía garantizarse el acceso a la justicia de los miembros de las comunidades indígenas, adoptando medidas de protección que tomen en cuenta sus particularidades propias, sus características económicas y sociales, su situación de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, así como sus valores, usos y costumbres. También cabe mencionar, el Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, en cuya Sentencia de 24 de febrero de 2012 sobre Fondo, Reparaciones y Costas, donde la Corte IDH hizo referencia a la discriminación sufrida por las mujeres con orientación sexual diversa; pues se impuso a la accionante, que en su condición de mujer atendiera y privilegiara sus deberes como madre:
139. Al respecto, el Tribunal considera que dentro de la prohibición de discriminación por orientación sexual se deben incluir, como derechos protegidos, las conductas en el ejercicio de la homosexualidad. Además, si la orientación sexual es un componente esencial de identidad de la persona, no era razonable exigir a la señora Atala que pospusiera su proyecto de vida y de familia. No se puede considerar como “reprochable o reprobable jurídicamente”, bajo ninguna circunstancia, que la señora Atala haya tomado la decisión de rehacer su vida. Además, no se encontró probado un daño que haya perjudicado a las tres niñas.
140. En consecuencia, la Corte considera que exigirle a la madre que condicionara sus opciones de vida implica utilizar una concepción “tradicional” sobre el rol social de las mujeres como madres, según la cual se espera socialmente que las mujeres lleven la responsabilidad principal en la crianza de sus hijos e hijas y que en pos de esto hubiera debido privilegiar la crianza de los niños y niñas renunciando a un aspecto esencial de su identidad. Por tanto, la Corte considera que bajo esta motivación del supuesto privilegio de los intereses personales de la señora Atala tampoco se cumplía con el objetivo de proteger el interés superior de las tres niñas.
El art. 60 de la CPE, sostiene que:
Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado. Conforme a dicha norma, el constituyente boliviano estableció que las niñas, niños; y, las y los adolescentes gozan de especial protección y atención de sus derechos, mediante la corresponsabilidad del Estado en todos sus niveles con la familia y la sociedad, debiendo ser atendidos con preferencia en centros de salud, en la escuela, entidades judiciales, por la Policía Boliviana, el Ministerio Público, entre otros.
Por su parte, los estándares de protección existentes en el ámbito internacional, que constituyen fuente de obligación para el Estado, y que a partir de los principios contenidos en los arts. 13 y 256 de la CPE, pueden ser aplicados de manera preferente, si son más favorables a las normas contenidas en nuestra Norma Suprema. En ese sentido, existen una serie de instrumentos que tienen especial relevancia para la solución del caso y que servirán como parámetro normativo y jurisprudencial para ese propósito.
Pues bien, en el ámbito interamericano, la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes encuentra su sustento jurídico, en las disposiciones contenidas en el art. 19 de la CADH, que establece que los mismos, tienen derecho a las medidas de protección, que su condición de menores, requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. En similar sentido, el art. 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -Protocolo de San Salvador-, reconoce por un lado, el derecho a medidas de protección; y por otro, incorpora explícitamente una obligación para el Estado respecto a adoptar medidas especiales de protección a fin de garantizarles la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral. Asimismo, el art. VII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH), por su parte hace referencia a la protección y cuidado especial del que gozan los niños; de igual modo, la Declaración de los Derechos del Niño incorpora entre sus principios, el derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación; y, el deber de ser siempre los primeros en recibir protección y socorro.
Ahora bien, un elemento importante en este acervo jurídico internacional de protección de los niños, niñas y adolescentes, representa la adopción y ratificación por parte de todos los Estados miembros de la Convención sobre los Derechos del Niño; a través de lo cual, se consolida la vigencia de sus preceptos dentro del derecho doméstico o interno de dichos Estados, cuyo ámbito personal de protección, se circunscribe a las personas menores de 18 años de edad.
La Convención sobre los Derechos del Niño, de la misma forma que los otros instrumentos de derechos humanos, orienta y limita los actos del Estado, sus instituciones y particulares, así como le impone deberes que suponen la creación de las condiciones jurídicas, institucionales, culturales y económicas, para garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención, entre ellas, la dispuesta en su art. 39, que señala: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de abandono, explotación o abuso (…). Esa recuperación y 15 Protocolo de San Salvador, art. 16: “Todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Todo niño tiene el derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias excepcionales, reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no debe ser separado de su madre. Todo niño tiene derecho a la educación gratuita y obligatoria, al menos en su fase elemental, y a continuar su formación en niveles más elevados del sistema educativo.” También, art. 15 con el título “Protección de la familia”; en el cual, es muy relevante la obligación de los Estados de brindar adecuada protección al grupo familiar, así dentro del numeral 2, literal c., indica: “adoptar medidas especiales de protección de los adolescentes a fin de garantizar la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral”. Suscrito en San Salvador de El Salvador, el 17 de noviembre de 1988, en el décimo octavo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Entró en vigor el 16 de noviembre de 1999. Ratificado por Bolivia mediante Ley 3293 de12 de diciembre de 2005.
16Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, art. VII: “Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho a protección, cuidados y ayuda especiales”. Adoptada en la novena Conferencia Interamericana, celebrada en Bogotá, Colombia, 1948, conjuntamente con la constitución de la OEA. 17 Declaración de los Derechos del Niño, Principio 8: “El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro”.
Principio 9: “El niño deber ser protegido contra toda forma de abandono crueldad y explotación (…)”.
reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño”. En esta misma línea, la referida Convención incorpora entre los principios básicos de la protección integral, a los de protección especial y de efectividad. El principio de protección especial consignado a lo largo de todo el articulado de la Convención, acuerda medidas especiales de protección o adicionales, reafirmando en primer lugar, la aplicación de aquellos derechos ya reconocidos a los seres humanos en general; y en segundo lugar, establece normas que atañen exclusivamente a la niñez, que representa una protección adicional, basadas en una atención positiva y preferencial de los niños que se encuentran en situaciones de desprotección, para restituir esta condición a parámetros normales de protección.
A su vez, a través del principio de efectividad que se halla inserto en la disposición del art. 4 del citado instrumento jurídico, se prescribe de manera imperativa la tarea de adoptar mecanismos de cualquier índole, tendientes a lograr la efectividad de los derechos de los niños y desarrollo de garantías, incluidas institucionales y administrativas. Descritas las normas internas e internacionales sobre la protección de niñas, niños y adolescentes, cabe hacer referencia a las similares normas vinculadas a mujeres víctimas de violencia sexual y las específicas regulaciones conectadas a violencia contra niñas y adolescentes. Así, el art. 15 de la CPE, señala:
I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. (…)
derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad.
III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional (…), tanto en el ámbito público como privado (las negrillas son nuestras).
De este modo, se puede ver que el constituyente boliviano, sobre el problema de la violencia contra la mujer, fue preciso en reconocerle un derecho específico del que deriva la obligación para el Estado, en todos sus niveles, no solo de investigar y sancionar actos de violencia contra la mujer, sino, de actuar en las distintas etapas y manifestaciones de este fenómeno, así como de ofrecer reparación y socorro a las víctimas a fin de preservar su integridad; por tanto, cualquier inacción resultaría desde el punto de vista jurídico, reprochable. Asimismo, el Estado al ratificar un convenio internacional de derechos humanos, adquiere la obligación de respetar y proteger los derechos reconocidos en dicho instrumento. Así, la Convención Belém Do Pará de 9 de junio de 1994, ratificada por Bolivia mediante Ley 1599 de 18 de agosto de igual año, se constituye en el primer Tratado Interamericano que reconoce la violencia hacia las mujeres, como una violación de derechos humanos; en cuyo art. 7, consigna los deberes que tienen los estados, de adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre ellos, el de abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer, y velar, porque las autoridades y funcionarios se comporten de acuerdo a esa obligación; es decir, actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer, de cualquier forma, que atente contra su integridad o propiedad; establecer procedimientos legales, justos y eficaces para aquella que fue sometida a violencia, que incluyan medidas de protección, juicio oportuno y acceso efectivo a esos procedimientos. En tal sentido, las obligaciones consignadas en los instrumentos jurídicos de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que fueron anotados precedentemente, se complementan y refuerzan para aquellos Estados Partes de los mismos, con las obligaciones de la Convención Belém Do Pará, dotando de contenido a la responsabilidad estatal de aplicar políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer con perspectiva de género. Así, el art. 9 de dicha Convención establece, que los Estados tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, por ser menor de edad o estar en situación socioeconómica desfavorable. Ahora bien, entre los estándares del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, vinculados con la violencia de género, cabe mencionar a la Recomendación 19 pronunciada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de la CEDAW), que es una de las más relevantes en temas de violencia; afirmándose en ella, que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que ésta goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. La Recomendación también señala que la violencia contra la mujer conlleva responsabilidad estatal, no solamente, por actos violentos cometidos por agentes estatales, sino por particulares, cuando el Estado no implementa los mecanismos necesarios para protegerlas de este tipo de violencia; y, cuando no adopta medidas con la diligencia debida, para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas. En la misma Recomendación, el Comité de la CEDAW señala que los Estados Partes, entre otras medidas, deben velar porque las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de violencia contra la mujer, protejan de manera adecuada a todas las mujeres, respetando su integridad y su dignidad; proporcionando protección y apoyo a las víctimas; capacitando a los funcionarios judiciales, a los agentes del orden público y a otros funcionarios públicos para que apliquen la Convención antes referida. El mencionado Comité de la CEDAW, en la Recomendación General 33 de 3 de agosto de 2015, sobre el acceso de las mujeres a la justicia, examinó las obligaciones de los Estados Partes, para asegurar que éstas tengan acceso a dicho derecho, al advertir que existen obstáculos y restricciones que les impiden efectivizarlo en el marco de la igualdad; obstáculos que se producen en un contexto estructural de discriminación y desigualdad, debido a factores como los estereotipos de género, leyes discriminatorias, procedimientos interseccionales de discriminación, las prácticas y los requisitos en materia probatoria; limitaciones que constituyen violaciones persistentes a los derechos humanos de las mujeres. En dicha Recomendación, se hace referencia a la justiciabilidad, estableciendo que se requiere el acceso irrestricto de la mujer a la justicia, y para ello, recomienda que se debe mejorar la sensibilidad del sistema de justicia a las cuestiones de género, empoderando a las mujeres para lograr la igualdad de jure y de facto -de derecho y hecho-; asegurando que los profesionales de los sistemas de justicia, tramiten los casos, teniendo en cuenta las cuestiones de género; y, revisando las normas sobre la carga de la prueba, para asegurar la igualdad entre las partes, en todos los campos, en aquellas relaciones de poder que priven a las mujeres a la oportunidad de un tratamiento equitativo de su caso. El mencionado Comité de la CEDAW, también recomienda a los Estados Partes establecer y hacer cumplir recursos adecuados, efectivos, atribuidos con prontitud, holísticos y proporcionales a la gravedad del daño sufrido por las mujeres; recursos que deben incluir, según corresponda, la restitución -reintegración-, la indemnización -en forma de dinero, bienes o servicios- y la rehabilitación -atención médica, psicológica y otros servicios sociales-. Asimismo, establece recomendaciones específicas en la esfera del Derecho Penal, encomendando que los Estados ejerzan la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación, por todos los delitos cometidos contra mujeres, ya sea, perpetrados por agentes estatales o no estatales; garantizando que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas, tomando medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo, que las aliente a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos en su contra y participar activamente en los procesos; revisando las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer; y, mejorando la respuesta de la justicia penal a la violencia en el hogar.
Asimismo, la Decisión del Comité de la CEDAW, en el Caso, LC vs. Perú -octubre 2011- basado en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, resulta un importante precedente en el ámbito de protección de los derechos de las mujeres y niñas, por cuanto el Comité, además de abordar el derecho del aborto en casos de violencia sexual, reconoció la obligación de protección reforzada, que recae sobre las niñas, adolescentes y mujeres como mayores víctimas de violencia sexual. El mismo Comité, en la Recomendación General 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia, examina las obligaciones de los Estados Partes para asegurar que las mujeres tengan acceso a la justicia, siendo una de ellas, el asegurar que las niñas cuenten con mecanismos independientes, seguros, eficaces, accesibles, tomando en cuenta su situación e interés superior.
Por su parte, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, a través de la Corte IDH, al tiempo de pronunciarse sobre los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, en el Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala -Sentencia de 19 de mayo de 2014 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas-, sostiene en el párrafo 133, que:
…en relación con niñas, los derechos y obligaciones antedichos deben observarse en el marco del acatamiento del artículo 19 de la Convención Americana y siendo pertinente, atendiendo a lo dispuesto en la Convención Belém do Pará. El artículo 19 de la Convención establece, como se ha dicho en otras oportunidades, el derecho de “los y las niñas a (…) medidas especiales de protección que deben ser definidas según las circunstancias particulares de cada caso concreto”. El Tribunal ha indicado, asimismo, que “…la adopción de tales medidas […] corresponde tanto al Estado como a la familia, la comunidad y la sociedad a la que el niño o niña pertenece”. Además, la Corte ha reiterado que revisten especial gravedad los casos en los cuales las víctimas de violaciones a derechos humanos son niñas y niños quienes en razón de su nivel de desarrollo y vulnerabilidad, requieren protección que garantice el ejercicio de sus derechos dentro de la familia, de la sociedad y con respecto al Estado”. En ese sentido, “han de ceñirse al criterio del interés superior del niño las acciones del Estado y de la sociedad en lo que respecta a la protección de los niños y a la promoción y preservación de sus derechos”. Por otra parte, el artículo 7 de la Convención de Belem do Para, sobre el que el Tribunal es competente (…) instituye deberes estatales para “prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer que especifican y complementan las obligaciones que tiene el Estado respecto al cumplimiento de los derechos consagrados en la Convención Americana, tales como los establecidos en los artículos 4, 5 y 7.
En consecuencia, es de notar que estos instrumentos jurídicos visibilizan la vulnerabilidad a la que está expuesta la niñez, la cual se acentúa por la condición de mujer, ello exige por su importancia, mayor diligencia de parte de los actores políticos como el Estado y otros de carácter social como la familia y la sociedad, cuando se trata de proteger y asegurar el ejercicio de los derechos de las niñas y adolescentes, frente al hecho o posibilidad de vulneración de los mismos, en los que subyacen actos de violencia, con el fin de erradicarlos.
En el marco de dichas normas internacionales, el Estado boliviano promulgó el Código Niña, Niño y Adolescente, mediante Ley 548 de 17 de julio de 2014, cuyo objeto es garantizar el ejercicio pleno e integral de los derechos de la niña, niño y adolescente, implementando el Sistema Plurinacional Integral de la Niña, Niño y Adolescente (SPINNA), para garantizar la vigencia plena de sus derechos, mediante la corresponsabilidad del Estado, a través de todas sus instituciones públicas y privadas, en todos sus niveles, la familia y la sociedad. Este nuevo instrumento legal se basa en once principios; cuales son, interés superior, prioridad absoluta, igualdad y no discriminación, equidad de género, desarrollo integral, corresponsabilidad, ejercicio progresivo de derechos y especialidad. En el Capítulo VIII del citado Código, se desarrolla el derecho a la integridad personal y la protección contra la violencia a las niñas, niños y adolescentes, priorizando el resguardo contra cualquier forma de vulneración a su integridad sexual; disponiendo se diseñen e implementen políticas de prevención y protección contra toda forma de abuso, explotación o sexualización precoz. Así, el art. 145.I, establece que: “La niña, niño y adolescente, tiene derecho a la integridad personal, que comprende su integridad física, psicológica y sexual”. Por su parte, el art. 148.II inc. a) del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), respecto a este sector poblacional, prevé el derecho de ser protegidas y protegidos contra la violencia sexual; la cual es definida como: “…toda conducta tipificada en el Código Penal que afecte la libertad e integridad sexual de una niña, niño o adolescente”. Asimismo, el art. 157 del CNNA, en el marco del derecho de acceso a la justicia, establece:
I. Las niñas, niños y adolescentes, tienen el derecho a solicitar la protección y restitución de sus derechos, con todos los medios que disponga la ley, ante cualquier persona, entidad u organismo público o privado (…)
IV. La preeminencia de los derechos de la niña, niño y adolescente, implica también, la garantía del Estado de procurar la restitución y restauración del derecho a su integridad física, psicológica y sexual. Se prohíbe toda forma de conciliación o transacción en casos de niñas, niños o adolescentes víctimas de violencia (las negrillas son incorporadas). El art. 15 de la Ley de Protección a las Víctimas de Delitos Contra la Libertad Sexual -Ley 2033 de 29 de octubre de 1999-, indica:
La víctima de delitos contra la libertad sexual tendrá, además de los derechos y garantías reconocidas en la Constitución Política del Estado, en el Código de Procedimiento Penal y demás leyes, los siguientes derechos: (…)
10. A la seguridad, por lo que la autoridad investigadora y la jurisdiccional están obligadas a ordenar las medidas necesarias para la protección de la víctima, sus familiares, dependientes y testigos de cargo, de su domicilio y posesiones cuando se pongan en peligro por el probable responsable o sus cómplices mediante actos de intimidación o represalias;
11. A la renuncia del careo con el imputado. En caso de aceptación de la víctima este debe realizarse en presencia de su defensor (…). En esta misma línea, se promulgó la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013- con el objeto de establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia; en ella se indica, que su aplicación es preferente respecto a cualquier otra norma, debiendo ser utilizada de forma inmediata para salvaguardar la vida, las integridades física, psicológica y sexual de las mujeres en situación de violencia. De la misma manera, la referida Ley implementó el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género (SIPASSE), con el fin de garantizar a las mujeres, una vida digna en el ejercicio de sus derechos; de igual forma, modificó los artículos referentes a delitos que atentan la libertad sexual, contenidos en el Código Penal.
El art. 6.1 de la citada Ley, conceptualiza la violencia como: “…cualquier acción u omisión, abierta o encubierta, que cause la muerte, sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico a una mujer u otra persona, le genere perjuicio en su patrimonio, en su economía, en su fuente laboral o en otro ámbito cualquiera, por el sólo hecho de ser mujer”.
Por lo que, si dicha conducta omisiva o de abstención, causare sufrimiento psicológico para la mujer u otra persona, constituiría un acto de violencia, lo cual, puede darse en los distintos ámbitos en los que se desarrolla, incluidos el educativo y judicial. Dada la gravedad e intensidad de la violencia contra las mujeres, se visibiliza a la mujer como sujeto afectado en los contenidos de las tipificaciones penales, buscando así la prevención de estos delitos, sumado a que el Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad, la erradicación de la violencia contra las mujeres:
ARTÍCULO 3. (PRIORIDAD NACIONAL).
I. El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género.
La declaratoria de prioridad nacional, implica que todas las instituciones públicas deben adoptar las medidas y políticas necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres, asignando recursos económicos y humanos suficientes, con carácter obligatorio. Asimismo, la Ley 348 que acoge el contenido de las disposiciones nacionales e internacionales, define como tareas específicas, coordinar y articular la realización de instrumentos, servicios, acciones y políticas integrales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, tanto en el nivel central del Estado como en las Entidades Territoriales Autónomas (ETA). Rompiendo progresivamente las tradicionales prácticas, procedimientos y decisiones, que revelan sesgos de género que relativizaban los hechos de agresión hacia la mujer, y por ende, su vida e integridad. En este entendido, el art. 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) -Ley 260 de 11 de julio de 2012-, establece que en los delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes, el Ministerio Público debe brindar una protección inmediata a los mismos.
Conforme a lo anotado, si bien internamente tenemos un adecuado desarrollo normativo; sin embargo, es evidente que las disposiciones legales, en muchos casos, requieren ser interpretadas, considerando el contexto de violencia -estructural y concreta- de la víctima, así como su situación especial de vulnerabilidad. Es, en ese marco de interpretación, que tanto las autoridades judiciales, como del Ministerio Público y la Policía Boliviana, deben tomar en cuenta el enfoque interseccional, cuando se trate de niñas o adolescentes víctimas de violencia, a efectos de actuar inmediatamente, con prioridad, adoptando las medidas de protección que sean necesarias, evitando todas aquellas acciones que se constituyan en revictimizadoras y no tomen en cuenta el interés superior de la niña o la adolescente. En ese sentido, el enfoque interseccional permite dar concreción al principio de igualdad, comprendido desde una perspectiva material; pues analiza las situaciones que colocaron a una persona, en el caso concreto, en mayores niveles de vulnerabilidad, con la finalidad de resolver el caso aplicando medidas, cuando corresponda, que permitan reparar y transformar las situaciones de subordinación, discriminación o violencia, no solo de la víctima en concreto, sino también, de todas las personas que se encuentren en situación similar.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0496/2020-S1 de 14 de septiembre, asumió el siguiente razonamiento: Sobre el peligro de fuga, el art. 234 del CPP, dispone que: “Por peligro de fuga se entiende a toda circunstancia que permita sostener fundadamente que el imputado no se someterá al proceso buscando evadir la acción de la justicia”; el mismo artículo, establece que para decidir acerca de la concurrencia de estas circunstancias, debe efectuarse una evaluación integral sobre ellas, entre las que se encuentra, el contenido del numeral 7 -antes 10-, respecto al peligro efectivo para la víctima o el denunciante. Sobre esta circunstancia, la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0056/2014 de 3 de enero -que declaró la constitucionalidad del art. 234.10 del CPP-, señaló en el Fundamento Jurídico III.5.3, que:
En definitiva, el peligro relevante en materia penal al que hace referencia la norma demandada, es la posibilidad de que la persona imputada cometa delitos, pero no el riesgo infinitesimal al que se refiere Raña y descrito en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, sino el riesgo emergente de los antecedentes personales del imputado por haberse probado con anterioridad que cometió un delito, lo que genera una probabilidad adicional de delinquir; más, esa situación es similar a la establecida en el art. 234.8 del CPP, referido a: “La existencia de actividad delictiva reiterada o anterior”; empero, aunque parecida no es similar, encontrando diferencia puesto que la norma demandada adicionalmente precisa que la situación de peligrosidad sea efectiva, mientras que la del art. 234.8 del CPP, precisa antecedentes criminales reiterados; en ese orden, es también necesario comprender la efectividad de la peligrosidad exigida por la norma demandada. El concepto “efectivo” que se debe adicionar a la peligrosidad para que opere como fundamento de la detención preventiva por peligro de fuga, hace alusión, según el diccionario jurídico que utiliza este Tribunal, a un peligro existente, real o verdadero, como contraposición a lo pretendido, dudoso, incierto o nominal; es decir a un peligro materialmente verificable, más allá del criterio subjetivo del juez, que puede ser arbitrario, por ello supone la asistencia de elementos materiales comprobables en la situación particular concreta desde la perspectiva de las personas y los hechos, por ello se debe aplicar bajo el principio de la razonabilidad y la proporcionalidad, no encontrando en ello ninguna inconstitucionalidad por afectación del debido proceso o de la presunción de inocencia consagrados constitucionalmente.
En consecuencia, el peligro efectivo, encuentra justificación en la necesidad de imponer medidas de seguridad a las personas que hubieran sido encontradas culpables de un delito anteriormente, pero no le sindica como culpable del ilícito concreto que se juzga, ni provoca que en la tramitación del proceso sea culpable del presunto delito cometido. Conforme a dicho entendimiento, el peligro efectivo para la víctima o el denunciante debe ser un peligro materialmente verificable, lo que supone la existencia de elementos comprobables respecto a la situación concreta de las víctimas. Así, en el marco de los criterios desarrollados, que consideró la normativa internacional e interna, que hacen hincapié en los casos de violencia sexual, las autoridades judiciales deben tener en cuenta el interés superior de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual; por ello, dentro de un proceso penal, existe un deber ético de quienes integran el sistema de justicia de impedir que la víctima enfrente un proceso judicial que implique una revictimización, pues, ésta ya sufre las afectaciones generadas por el hecho, por ello, en todo proceso penal desde la etapa investigativa, juzgamiento y sanción de esas conductas deben observarse reglas especiales que eviten atentar contra la intimidad o generen circunstancias revictimizantes. Por lo mismo, los administradores de justicia están obligados a resolver los casos con base en criterios diferenciadores de género, con el propósito de prevenir y erradicar toda forma de violencia contra la mujer adolescente, pues, de lo contrario se produciría una revictimización; toda vez que, la respuesta que espera de las autoridades no es satisfactoria y además, llegan a confirmar patrones de desigualdad, discriminación y violencia en contra de esta población. Conforme a lo anotado, en el marco de las normas internacionales e internas glosadas en el Fundamento Jurídico III.2., y desde una perspectiva de género, en los casos de violencia contra niñas o adolescentes mujeres, corresponderá que la autoridad fiscal y judicial, al analizar la aplicación de las medidas cautelares, considere la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentra la víctima respecto al imputado, teniendo en cuenta las características del delito cuya autoría se atribuye al imputado y la conducta exteriorizada por éste, en contra de las o los mismos, antes y con posterioridad a la comisión al delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración los derechos tanto de la víctima como del denunciante. Entonces, tratándose de delitos de abuso sexual a niñas, niños y adolescentes, deberá considerarse la especial vulnerabilidad de esas víctimas; pues, esas circunstancias exigen medidas de protección inmediata y preferenciales para la atención integral a las víctimas que exigen medidas específicas en el proceso penal, orientadas a generar una respuesta institucional especializada para evitar la revictimización de la niña o adolescente. En ese sentido, las autoridades judiciales, al considerar la aplicación de medidas cautelares o su modificación, deben tomar en cuenta los derechos de la víctima, evitando probables hostigamiento, amenazas o atentados en su contra o de su familia; así, la medida que se le imponga o modifique otra, respecto al imputado a quien se le atribuye una agresión sexual contra niñas o adolescentes, debe velar por la protección de esa víctima, de tal modo que, la medida a imponerse no se oponga o desnaturalice la protección que el Estado debe brindar a las mujeres víctimas de violencia. Consiguientemente, a partir de todo lo explicado, en el marco de las medidas de protección exigidas al Estado boliviano, por las normas nacionales e internacionales, las autoridades fiscales y judiciales, deben considerar que:
a) En los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido en el art. 234.7 del CPP, deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo; y, la conducta exteriorizada por éste contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos tanto de la víctima como del denunciante; b) De manera específica, tratándose del delito de trata de personas, deberá considerarse la especial situación de vulnerabilidad de las víctimas que sufrieron engaño, fraude, violencia, amenaza, intimidación, coerción, abuso de autoridad, o en general, ejercicio de poder sobre ellas; y, c) En casos de violencia contra las mujeres, la solicitud de garantías personales o garantías mutuas por parte del imputado, como medida destinada a desvirtuar el peligro de fuga previsto en el art. 234.7 del CPP, se constituye en una medida revictimizadora, que desnaturaliza la protección que el Estado debe brindar a las víctimas; pues, en todo caso, es ella y no el imputado, la que tiene el derecho, en el marco del art. 35 de la Ley 348, de exigir las medidas de protección que garanticen sus derechos.
Asimismo, conforme lo dispone el art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, -Ley 1173 de 8 de mayo de 2019-, se modificó únicamente el numeral 10 por el numeral 7 del art. 234 del CPP, empero no, su contenido, cuya redacción fue declarada constitucional por la SCP 0056/2014. Los fundamentos jurídicos glosados precedentemente fueron extraídos de la SCP 627/2024-S1 de 7 de octubre.
El accionante denuncia la presunta vulneración de sus derechos al debido proceso, en sus elementos de motivación, fundamentación y valoración de la prueba, así como del derecho de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva. Señala que, al haber tomado conocimiento del fallecimiento de la madre de su hija AA, presentó -a través de instancias judiciales y administrativas como el Juzgado de Familia, el Ministerio Público y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia- diversas solicitudes de información respecto a su descendiente, motivado por la preocupación por su bienestar. No obstante, afirma que en ningún momento se aproximó a la niña ni intentó solicitar su guarda a su favor.
No obstante de ello, dentro del proceso penal iniciado por el Ministerio Público y quien en vida fuera la madre de su hija, por la presunta comisión del delito de abuso sexual -proceso que actualmente se encuentra en etapa de casación y pendiente de resolución, por lo que aún rige el principio de presunción de inocencia-, la tía de la menor, quien actualmente se encuentra a cargo de su cuidado, y el Ministerio Público formularon solicitud de revocatoria de las medidas cautelares impuestas al accionante, requiriendo su agravamiento mediante detención preventiva; tal solicitud se sustentó en el argumento de que las peticiones de información previamente descritas configurarían un incumplimiento de las medidas de protección impuestas con anterioridad, entre ellas la prohibición de acercamiento a la niña; circunstancia que, según el accionante, nunca ocurrió, dado que las solicitudes fueron canalizadas exclusivamente a través de autoridades públicas y nunca de manera personal. Es así que, sin considerar dichas circunstancias y sin efectuar una adecuada valoración de la prueba, la Jueza de primera instancia dictó el Auto Interlocutorio 187/2023, mediante el cual revocó las medidas cautelares que cumplía el accionante, imponiéndole la detención preventiva por el lapso de tres meses; al estimar que dicha resolución carecía de la debida motivación y fundamentación, además de haber omitido una correcta valoración del acervo probatorio aportado, el impetrante formuló recurso de apelación, el cual fue resuelto mediante Auto de Vista 264/2023 de 25 de julio, que declaró improcedente el recurso interpuesto, sin pronunciarse sobre los agravios expresamente denunciados, incurriendo en los mismos defectos atribuidos a la autoridad de primera instancia. Conforme a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, al tratarse de un caso de violencia por abuso sexual en el que se encuentra involucrada una niña, corresponde a esta instancia efectuar un análisis integral del problema jurídico, ponderando los derechos de la víctima y las actuaciones de las autoridades públicas. En ese sentido, resulta necesario examinar el origen de la petición del accionante, vinculado a las supuestas vulneraciones alegadas en el Auto de Vista cuestionado mediante la presente acción de tutela. En ese orden, se advierte que Emma Gabriela Calizaya, al amparo de lo previsto en el art. 247.2 del Código de Procedimiento Penal, ampliado en audiencia al numeral 1 del mismo cuerpo normativo, en relación con los arts. 233.1 y 234.7 del citado cuerpo legal, solicitó la revocatoria de las medidas cautelares aplicadas al ahora accionante, requiriendo se le impusiera detención preventiva. Lo anterior, toda vez que, tras el fallecimiento de la madre de la niña, esta quedó bajo el cuidado de la solicitante en calidad de tía materna. Frente a ello, el accionante llevó a cabo una serie de actos de indagación directa sobre su descendiente, existiendo notificaciones en las que requirió información sobre la unidad educativa en la que se encontraba su hija y sobre su situación personal, conducta que implicaba actos de hostigamiento hacia la mencionada y hacia la tía como tutora legal de la menor. Por su parte, el Ministerio Público señaló que, habiéndose emitido sentencia condenatoria contra el accionante por el delito de abuso sexual en perjuicio de su hija -condena confirmada en apelación-, ya se encontraba establecida su presunta autoría. Asimismo, indicó que persistía un riesgo procesal conforme al art. 234.7 del Código de Procedimiento Penal, toda vez que el accionante habría ejercido actos de hostigamiento en contra de la madre y de la tía de la víctima. En su defensa, el accionante sostuvo que los distintos actos de indagación sobre su hija se realizaron en atención a su bienestar; al haber tenido conocimiento del fallecimiento de la madre de la menor, manifestó temor por su situación, considerando que la niña podría no estar asistiendo regularmente a su establecimiento educativo; todas sus actuaciones se enmarcaron en el deber que tenía como padre, sin incumplir las medidas impuestas, dado que nunca se acercó personalmente a la menor y todos los intentos de conocer su situación fueron canalizados a través de autoridades competentes. Una vez solicitada la revocatoria de medidas cautelares contra el accionante, la Jueza de primera instancia emitió el Auto Interlocutorio 187/2023, en el cual realizó una valoración de los memoriales presentados por el accionante, entre los más relevantes enunció: 1) Memorial de 6 de junio de 2023, dirigido al Fiscal de Materia, dentro de un proceso seguido por el Ministerio Público contra Emma Gabriela y Lilian Elisa Calizaya Gemio -tía y madre de la niña- por el ilícito de violencia familiar o doméstica, cuya víctima resultaba ser AA. Del mismo surge un requerimiento de fecha 7 de junio y una conminatoria para informar sobre el avance de las investigaciones y verificación de las medidas procesales de protección; 2) Memorial solicitando medidas cautelares de carácter personal para las imputadas, con su correspondiente requerimiento de 27 de abril de 2023; 3) Memorial de 28 de junio de 2023, dirigido al Juez de Instrucción Penal Cautelar Quinto, dentro de un supuesto hecho de desobediencia a la autoridad seguido por el Ministerio Público contra Lilian Elisa y Emma Gabriela Calizaya Gemio, en el que deja presente “un fallecimiento”, además denunció retardación de justicia y, que hace casi dos años que no veía a su pequeña hija y desde el fallecimiento de su progenitora el día 11 de junio de 2023, AA no podía ser habida y no sabía dónde se encontraba lo que constituía un secuestro o un rapto; 4) Auto de Vista 14/2023 de 30 de marzo, por el que se declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto por el accionante, confirmando la Sentencia 75/2022 de 14 de noviembre; 5) Memorial de 11 de junio de 2023, dirigido a Luis Santos Lique, Fiscal de Materia de Oruro, por el que solicitó medidas cautelares contra Emma Gabriela Calizaya Gemio, denunciando que la última se habría nombrado tutora y apoderada para ejercer la guarda de la víctima desde el fallecimiento de su madre, sin conocimiento de la autoridad competente, desconociendo el paradero de la agresora como de su hija AA; 6) Memorial de 5 de junio de 2023, presentado por el accionante ante el Ministerio Público, solicitando se notifique a la Directora de la Unidad Educativa Óscar Alfaro, para que la profesora de su hija remita informes; 7) Memorial de 14 de marzo de 2023, presentado por el solicitante de tutela al Juez Público de Familia Quinto, en el que impetró se notifique a la Dirección Departamental de Educación de Oruro, a objeto que remita un informe y/o certificación en la que acredite en que unidad escolar de Oruro estaba registrada la niña AA, pidiendo se adjunte copa de su Registro Único de Estudiante (RUDE); 8) Memorial de 27 de marzo de 2023, presentado por el accionante a la Jueza Pública de Familia Quinta de la Capital de Oruro, dentro del proceso de asistencia familiar, por el que solicita notificación a la Dirección de la Unidad Educativa Óscar Alfaro, a objeto que informe y/o certifique cuales son los horarios, días y horas en los que debe asistir la estudiante AA, a las clases regulares; 9) Memorial dirigido a la autoridad citada, pidiendo se complemente antecedentes para remitir al Ministerio Público, entre ellos copias legalizadas de la Sentencia que determina el régimen de visita y Auto de Vista que mantiene el régimen de visita -se entiende emitidos dentro del proceso de asistencia familiar-; 10) Memorial dirigido a la Jueza de Familia mencionada, solicitando notificación nuevamente a la Unidad Educativa de la niña, para que se remita la lista de asistencia o permiso de la misma, y un informe elaborado por la profesora del curso que refiera si AA participa en las actividades cívicas, debiendo adjuntar fotografías si estuvieran a su alcance; y, si terceras personas interfieren en las actividades escolares de su hija; 11) Informe Social de la Trabajadora Social de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, que en las conclusiones refiere que las visitas de padre e hija no se llevaban a cabo, tampoco se lograba ubicar a la niña, bajo esas circunstancias en abril de 2023, el área de Trabajo Social acompañó al accionante al establecimiento de la niña, a dejar ropa y zapatos nuevos; 12) Reiteradas solicitudes a la Unidad Educativa de AA, en las que solicitó averiguación, verificación de donde y en poder de quien estaría su hija AA de cuatro años de edad, con la referencia de su tía y el lugar de trabajo de la misma. Respecto a la prueba de descargo, el accionante presentó diversas documentales, entre las cuales se incluyen: un memorial de Clotilde Ramos Gemio -hermana del accionante-, mediante el cual solicitaba la guarda de la menor AA; un documento que contiene información referencial sobre la causa de fallecimiento de la madre de la niña, atribuida al término “Flutter articular”; así como memoriales que evidencian la pretensión de ampliación de las horas de visita y diversos informes que certifican que dichas visitas no se llevaron a cabo. Bajo ese contexto, la Jueza de la causa determinó los contenidos de los memoriales presentados como prueba de cargo, a objeto de establecer que el accionante estaría averiguando el lugar de permanencia de su hija AA, solicitudes que fueron realizadas de forma posterior a la imposición de medidas de protección y la Sentencia condenatoria emitida, es decir, cuando el accionante tenía conocimiento de que no debía acercarse a la niña; asimismo, realizó una ponderación de derechos situados desde la vulnerabilidad que por su edad y género posee la víctima. Finalmente valoró la situación de la tía materna de AA, quien se encontraba con al cuidado de la niña y que los memoriales presentados por el accionante constituían actos de seguimiento hacia ella y la niña cuya integridad debía ser resguardada, más al haber quedado huérfana de madre. Ahora bien, bajo ese antecedente, se pasa a examinar el Auto de Vista 264/2023 hoy confutado, de cuya revisión se puede evidenciar que realizó un correcto sustento jurídico y normativo para evaluar los requisitos esenciales del incumplimiento de las medidas cautelares previamente impuestas al accionante y la concurrencia del riesgo procesal acusado por la parte solicitante, habiendo interpretado adecuadamente las normas en relación al caso concreto. Es así que, si bien su redacción no es ampulosa, claramente se puede advertir, que en relación al incumplimiento de las medidas impuestas al ahora impetrante de tutela, de las cuales se tenía como regla la prohibición de acercarse a la víctima, a través de una explicación lógica y razonada, expuso que los memoriales presentados por contrario daban lugar a concluir que el accionante habría incumplido la prohibición de no acercarse a la niña, dando por correctamente valoradas las pruebas por la Jueza a quo. Al efecto, debe tomarse en cuenta, que en los casos en los que se encuentren involucradas niñas, niños y adolescentes, víctimas de violencia, debe aplicarse de forma obligatoria la perspectiva de género y el enfoque interseccional en favor de estos grupos vulnerables, los cuales conforme lo glosado en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, ayudarán a identificar factores de riesgo para las víctimas basadas en sus condiciones de vulnerabilidad, por edad, género, cultura u otros, más aún cuando se trata de delios de orden sexual, los cuales por sus particulares connotaciones se producen sin mayor presencia de testigos o en muchos casos sin dejar huellas evidentes. Es así, que la justicia debe tener especial sensibilidad en las cuestiones de género vinculadas a cualquier tipo de violencia, realizando en cada caso un enfoque integral del problema jurídico a efecto de asegurar la igualdad de las partes, la cual no debe ser enfocada desde el concepto meramente formal, sino desde la identificación de asimetrías que pongan en situación de desventaja a las víctimas, con el único fin de dar lugar al descubrimiento de la verdad material por encima de cualquier formalismo en resguardo de los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Así, en el caso en estudio, se advierte que el accionante, haciendo valer su condición de padre, realizó actos de averiguación o indagación sobre la situación de la víctima, reflejados en los distintos memoriales presentados como prueba de cargo; en dichos documentos solicitó información sobre el establecimiento educativo donde cursaba estudios la menor, los horarios de asistencia a clases, sus ausencias, las actividades en las que participaba, quién la acompañaba y otras circunstancias similares; tales solicitudes, más allá de buscar constatar el bienestar de la niña, requerían información desproporcionada en relación con los fines que el accionante pretendía justificar; por lo tanto, aun cuando los requerimientos se realizaron por canales formales, las reiteradas peticiones del accionante generaron presión e intentos de supervisión o control directo sobre la víctima y sus familiares, constituyéndose en un riesgo para la menor; la búsqueda de información sobre su situación actual -ya sea emocional, familiar o médica- se traduce en actos de intimidación, amedrentamiento o un posible intento de contacto o manipulación. De la misma manera, de la prueba aportada y analizada bajo el principio de inmediación por el Vocal demandado, se establece que existió un informe elaborado por la Trabajadora Social de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Oruro, el cual reflejó que el accionante se presentó en la Unidad Educativa de su hija con el objeto de entregar ropa y zapatos nuevos; dicha conducta estaba expresamente prohibida, por lo que el entendimiento del Vocal demandado, al inferir que el accionante se constituyó en el lugar donde estudiaba la menor y, de este modo, incumplió la medida de protección de no acercarse a ella, se encuentra debidamente justificado; en consecuencia, se considera correcta la aplicación de lo previsto en los arts. 234.7 y 247 del CPP. En relación con la consideración de la sentencia condenatoria emitida en su contra y del Auto de Vista que la confirmó, como determinantes para establecer su presunta culpabilidad, de la revisión del Auto de Vista 264/2023 ahora cuestionado se evidencia claramente que la motivación respecto a dichas resoluciones no constituyó la base para la modificación de la medida cautelar; más bien, fueron consideradas en relación con la probable autoría del accionante vinculada a los hechos punibles, como requisito para la imposición de una medida cautelar de carácter personal, en el marco de lo previsto en el art. 233 del CPP, lo que de ninguna manera vulneró el derecho del imputado a la presunción de inocencia; este Tribunal constata que existió una lógica en la decisión adoptada, con la debida motivación, fundamentación y valoración probatoria desde un enfoque integral del problema jurídico, ponderando la aplicación o modificación de las medidas cautelares, tomando en consideración los derechos de la víctima y procurando prevenir posibles hostigamientos, amenazas o atentados en su contra o contra su familia, bajo el enfoque protector y preventivo del Estado en casos de violencia contra mujeres más si estas son niñas. En relación al acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva, se advierte que, durante la tramitación de la revocatoria de medidas cautelares contra el accionante, se garantizó plenamente el ejercicio de sus derechos procesales; el imputado ejerció su derecho a la defensa material y técnica, formuló los argumentos y solicitudes que estimó pertinentes y, posteriormente, interpuso recurso de apelación incidental contra la determinación que dispuso su detención preventiva, haciendo uso de los medios de impugnación previstos por el Código de Procedimiento Penal. Asimismo, se constató que el incidente fue conocido y resuelto por la autoridad jurisdiccional competente, quien emitió resolución expresa y oportuna. De igual manera, el recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante fue admitido, tramitado y resuelto por la Jueza de alzada -ahora demandada-, quien se pronunció sobre los agravios planteados y emitió una resolución debidamente motivada y fundamentada, conforme se explicó en el presente fallo constitucional, lo que evidencia que el acceso a la justicia fue debidamente garantizado. La tutela judicial efectiva no implica la obligación de las autoridades jurisdiccionales de acoger favorablemente la pretensión del impetrante, sino la garantía de que sus solicitudes sean conocidas, tramitadas y resueltas conforme a la Ley y con la debida motivación; en ese sentido, la sola disconformidad del accionante con la decisión que le impuso la detención preventiva no constituye, por sí misma, una vulneración de derechos fundamentales. Consecuentemente, tampoco se advierte afectación a los derechos de acceso a la justicia ni a la tutela judicial efectiva. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 101/2023 de 10 de agosto, cursante de fs. 175 vta. a 181 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia 1° DENEGAR la tutela solicitada, conforme los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional. 2° Exhortar a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la ciudad de Oruro, para que realice el seguimiento dentro de sus atribuciones a favor de la niña AA, en su condición de víctima, máxime si su madre falleció y su padre está afrontando un proceso penal como su presunto agresor, situación que la coloca en una múltiple situación de vulnerabilidad, exigiendo el deber reforzado de protección a sus derechos y garantías fundamentales. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
1 El Cuarto Considerando, indica: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma.
resolución que resuelve la apelación”.
11 El principio de prevalencia del derecho sustancial respecto al formal, se vincula con el principio de verdad material, conforme lo entendió la SCP 1662/2012 de 1 de octubre, al sostener en el FJ III.3, que: “…el principio de verdad material consagrado por la propia Constitución Política del Estado, corresponde ser aplicado a todos los ámbitos del derecho; en ese orden, debe impregnar completamente la función de impartir justicia. Por ende, no es posible admitir la exigencia de extremados ritualismos o formalismos, que eclipsen o impidan su materialización, dado que todo ciudadano tiene derecho a una justicia material, como se desprende de lo estipulado por el art. 1 de la CPE, por lo que, debe garantizarse que las decisiones de las autoridades jurisdiccionales a cargo del proceso, sean producto de apreciaciones jurídicas, procurando la resolución de fondo de las problemáticas sometidas a su jurisdicción y competencia; pues si bien, las normas adjetivas prevén métodos y formas que aseguren el derecho a la igualdad de las partes procesales, para garantizar la paz social evitando cualquier tipo de desorden o caos jurídico; sin embargo, los mecanismos previstos no pueden ser aplicados por encima de los deberes constitucionales, como es la de otorgar efectiva protección de los derechos constitucionales y legales, accediendo a una justicia material y por lo tanto, verdaderamente eficaz y eficiente. Todo ello con el objetivo final de que el derecho sustancial prevalezca sobre cualquier regla procesal que no sea estrictamente indispensable para resolver el fondo del caso sometido a conocimiento del juez”.
12 ZOTA-BERNAL, Andrea Catalina, Incorporación del análisis interseccional en las sentencias de la Corte IDH sobre grupos vulnerables, su articulación con la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos. Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad Nº 9, octubre 2015 – marzo 2016, Universidad Nacional de Colombia y Universidad Autónoma de Madrid; en cuya nota de pie de la página 73, señala: “Este artículo se centra en la incorporación de la interseccionalidad en el Sistema Interamericano de protección de Derechos Humanos, no obstante en el ámbito europeo esta emergencia se ha dado en varias etapas: i) a partir del año 2000 mediante la caracterización de las mujeres como sujetos habitualmente discriminados de manera múltiple: recogido en las directivas 43 y 78 del Consejo de laUnión Europea; ii) a partir del año 2013 se analiza la situación de otros sujetos históricamente discriminados de manera múltiple: Resoluciones del Parlamento Europeo del 12 de marzo de 2013 sobre mujeres con discapacidad, del 4 de febrero de 2014 sobre homofobia y discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género y Resolución del 25 de febrero de 2014 sobre violencia de género; y iii) un enfoque más amplio de la discriminación en la Resolución del Parlamento Europeo del 26 de febrero de 2014 al abordar la prostitución y la explotación sexual, como fenómenos vinculados a criterios como el género, la exclusión social, la edad, la pobreza, la vulnerabilidad, la migración , entre otros”. Disponible en: https://e-revistas.uc3m.es/index.php/EUNOM/article/view/2803/1534
13 Ibídem.
14 Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 19: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. Suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos en San José de Costa Rica, 1969. Entra en vigor el 18 de julio de 1978. A la cual Bolivia se adhiere mediante Decreto Supremo (DS) 16575 el 13 de junio de 1979, elevado a rango de Ley 1430 de 11 de febrero de 1993.
18 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-17/2002 de 28 de agosto de 2002, párrafo 54: “Tal como se señalara en las discusiones de la Convención sobre los Derechos del Niño, es importante destacar que los niños poseen los derechos que corresponden a todos los seres humanos –menores y adultos– y tienen además derechos especiales derivados de su condición, a los que corresponden deberes específicos de la familia, la sociedad y el Estado”. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_17_esp.pdf
19 Convención sobre los Derechos del Niño, art. 4: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención…”.
20 Convención Belén Do Pará, art. 9: “Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad”.
21 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada por el Estado boliviano por la Ley 1100 de 15 septiembre de 1989.
22 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Caso L. C. vs. Perú, Comunicación 22/2009 de 18 de junio. Documento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) CEDAW/C/50/D/22/2009 (25 de noviembre de 2011).
23 Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/ninosninas3.pdf
24 Ibídem, pág. 89
25 Peligro efectivo para la sociedad o para la víctima o el denunciante.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1158_2025-S3.pdf · páginas 1 a 37.
Huella digital del PDF (SHA-256): e4ac7e88fe5407e96d2d110d9b55eae4920e6e4531bdc2511161c6f2dc7a3ed3
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