Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 1 de octubre de 2025
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa y al trabajo; toda vez que, indebidamente fue detenido y conducido a la Carceleta Corazón de Jesús de Tupiza del departamento de Potosí, en atención al mandamiento de apremio, emitido por la autoridad demandada por no pagar asistencia familiar, en favor de sus hijos, el cual fue emitido en un procedimiento defectuoso, en virtud de los siguientes aspectos: a) La liquidación fue solicitada por la madre de sus hijos, sin que los mismos le hayan conferido un mandato expreso para tal cometido, considerando que ya son mayores de edad; b) En ningún momento fue notificado con la planilla liquidación de asistencia familiar, como para que pudiera objetarla; y, c) La liquidación que posteriormente fue aprobada, no refleja correctamente los montos adeudados. Ante ello, la autoridad demandada señala que, el accionante fue legalmente notificado con la Sentencia 9/2022, que homologó el acuerdo de asistencia familiar, sin que fuera recurrido de modo alguno. Asimismo, se le notificó la liquidación de planilla, sin que presentara objeción dentro del plazo legal, lo cual derivó en su aprobación y consiguiente emisión del mandamiento de apremio, por incumplimiento de pago. Finalmente, no agotó los recursos ordinarios previstos en la normativa familiar, incumpliendo el principio de subsidiariedad excepcional. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05 de 3 de mayo 2023, cursante de fs. 22 vta. a 25, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal, Partido de Trabajo y Seguridad Social, Jueza Técnica Primera de Tupiza del departamento de Potosí; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, sin haber ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1157/2025-S2 Sucre, 1 de octubre de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 55365-2023-111-AL Departamento: Potosí En revisión la Resolución 05 de 3 de mayo de 2023, cursante de fs. 22 vta. a 25, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ernesto Javier Pórtela Velásquez contra Mirian Flores Baltazar, Jueza de Sentencia Penal, Pública de Familia, Jueza Técnica Segunda de Tupiza del departamento de Potosí.
Por memorial presentado el 2 de mayo de 2023, cursante a fs. 1 y 5 a 6, el accionante manifiesta lo siguiente:
En mayo de 2023, fue notificado con una planilla de liquidación de asistencia familiar y un mandamiento de apremio emitidos dentro de un proceso familiar seguido en su contra. Actuados originados en el memorial de 27 de marzo del mismo año, que presentó la madre de sus hijos, Álvaro Ernesto y Camila, ambos Pórtela Alfaro, sin contar con firma de estos últimos quienes son mayores de edad, tampoco existe poder notarial que le permita exigir dicha liquidación y mandamiento, ahora cuestionado. Asimismo, no pudo cumplir con la asistencia familiar comprometida en el documento privado de 17 de agosto de 2021, debido a que no cuenta con empleo fijo. No obstante, Gladys Pórtela Velásquez -su hermana-, entregó la suma de Bs400.- (cuatrocientos bolivianos) a su hijo Álvaro Ernesto Pórtela Alfaro, cubriendo parte de la obligación; pese a ello fue apremiado el 25 de abril de 2023, encontrándose en la Carceleta Corazón de Jesús de Tupiza del departamento de Potosí. En consecuencia, tales actuaciones resultaron nulas de pleno derecho y constituyeron una vulneración al debido proceso y al derecho a la libertad, ambos protegidos por la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad, afectando así la correcta aplicación del proceso familiar conforme lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente.
El accionante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa y al trabajo, citando al efecto el art. 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se ordene el mandamiento de libertad.
Celebrada la audiencia pública el 3 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 22 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad y ampliando señaló que: a) Presentó recibos que, demuestran parcialmente el cumplimiento de la asistencia familiar; y, b) La aprobación de la liquidación por el monto de Bs14 000.- (catorce mil bolivianos) que originó su detención, no refleja el pago parcial que efectuó.
Mirian Flores Baltazar, Jueza de Sentencia Penal, Pública de Familia, Jueza Técnica Segunda de Tupiza del departamento de Potosí, por informe escrito cursante a fs. 16 y vta., sostuvo que: 1) En Sentencia 9/2022 de 30 de noviembre, se homologó el acuerdo firmado entre el ahora accionante y la madre de sus hijos, -arribado en presencia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Tupiza del departamento de Potosí-, en cuanto la asistencia familiar. La cual, fue notificada de forma personal en el domicilio real del ahora impetrante de la tutela; 2) El 1 de marzo de 2023, se presentó planilla de liquidación, la cual fue corrida en traslado a través de decreto de 10 del mismo mes y año, emitido por “…la Juez en Suplencia legal…” (sic), quien además dispuso proceder con la notificación, por cédula en su domicilio real.
Liquidación que, sin merecer objeción, fue aprobada mediante Auto de 29 de igual mes y año, el cual una vez incumplido produjo que, el 13 de abril de 2023 se expida mandamiento de apremio; y, 3) Conforme al principio de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, desarrollado en la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, el accionante debió agotar los medios ordinarios de impugnación previstos en el Código de las Familias y del Proceso Familiar -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-, antes de invocar dicha acción; sin embargo, en el presente caso, no hizo uso de ningún recurso previsto en el mencionado Código, pese a haber sido legalmente notificado con todos los actuados procesales.
La Jueza de Sentencia Penal, Partido de Trabajo y Seguridad Social, Jueza Técnica Primera de Tupiza del departamento de Potosí, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 05 de 3 de mayo de 2023, cursante de fs. 22 vta. a 25, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) El 22 de noviembre de 2022, el imperante de la tutela, suscribió junto a Nelly Rosa Alfaro Mamani un compromiso voluntario de asistencia familia, ante el Servicio Legal Integral Municipal (SLIM), cuando sus hijos Álvaro Ernesto y Camila ambos Pórtela Alfaro tenían diecinueve y dieciséis años respectivamente. Así, el señalado accionante se comprometió a cancelar la suma de Bs500.- (quinientos bolivianos) por cada hijo. Acuerdo que, fue homologado por la autoridad hoy demandada a través de la Sentencia 9/2022 y notificada el 13 de febrero de 2023; ii) Ante el incumplimiento en el pago de asistencia familiar, la nombrada madre de sus hijos solicitó la aprobación de la planilla de liquidación, con la siguiente orden de pago. Obteniendo como respuesta el Auto de 29 de marzo de 2023, que concedió lo solicitado y advirtió la posibilidad de emitirse mandamiento de apremio en su contra, ante su eventual incumplimiento; sin embargo, el accionante no asumió defensa ni realizó gestión alguna, dando lugar al mandamiento de apremio; iii) El acuerdo celebrado en resguardo de los derechos de los hijos del prenombrado debe evaluarse conforme a lo dispuesto en los arts. 238 y 239 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF), que establecen la obligación de brindar asistencia familiar hasta los veinticinco años de edad, siempre que los beneficiarios se encuentren en situación de necesidad o cursando estudios de formación; iv) No debe limitarse a aspectos meramente jurisdiccionales, sino que implica un compromiso con la protección integral de los derechos de los hijos beneficiarios. En tal sentido, corresponde aplicar una protección reforzada conforme a la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, los principios constitucionales y convenciones internacionales, como la Convención de Belém do Pará; v) No se acreditó vulneración alguna de derechos en la tramitación del proceso de asistencia familiar; toda vez que, se dio estricto cumplimiento a las etapas procesales, y en particular las notificaciones efectuadas en múltiples oportunidades; y, vi) Se evidencia inacción procesal por parte del accionante, quien, pese a presentar en audiencia ciertos recibos y facturas que presumiblemente acreditan la entrega de dinero en favor de sus hijos; dado que, no informó tal aspecto ante la autoridad ahora demandada, ni objetó la panilla de liquidación de asistencia familiar que le fue comunicado. Entonces el interesado debió agotar los mecanismos internos ordinarios disponibles, como apelar la Sentencia citada ut supra o impugnar la señalada planilla en su momento.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso de asistencia familiar seguido por Nelly Rosa Alfaro Mamani contra Ernesto Javier Pórtela Velásquez -hoy accionante-, por memorial presentado el 27 de marzo de 2023, la referida demandante solicitó aprobación y orden de pago de la liquidación faccionada (fs. 4).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa y al trabajo; toda vez que, indebidamente fue detenido y conducido a la Carceleta Corazón de Jesús de Tupiza del departamento de Potosí, en atención al mandamiento de apremio, emitido por la autoridad demandada por no pagar asistencia familiar, en favor de sus hijos, el cual fue emitido en un procedimiento defectuoso, en virtud de los siguientes aspectos: a) La liquidación fue solicitada por la madre de sus hijos, sin que los mismos le hayan conferido un mandato expreso para tal cometido, considerando que ya son mayores de edad; b) En ningún momento fue notificado con la planilla liquidación de asistencia familiar, como para que pudiera objetarla; y, c) La liquidación que posteriormente fue aprobada, no refleja correctamente los montos adeudados. Ante ello, la autoridad demandada señala que, el accionante fue legalmente notificado con la Sentencia 9/2022, que homologó el acuerdo de asistencia familiar, sin que fuera recurrido de modo alguno. Asimismo, se le notificó la liquidación de planilla, sin que presentara objeción dentro del plazo legal, lo cual derivó en su aprobación y consiguiente emisión del mandamiento de apremio, por incumplimiento de pago. Finalmente, no agotó los recursos ordinarios previstos en la normativa familiar, incumpliendo el principio de subsidiariedad excepcional. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SC 0080/2010-R de 3 de mayo, señaló que la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria. Al respecto, la SCP 0018/2020-S1 de 12 de marzo, sostuvo que el mencionado “…entendimiento debe ser asumido en materia de asistencia familiar ante la emisión de un mandamiento de apremio que vulnera el derecho a la libertad como resultado de una supuesta persecución ilegal, indebido procesamiento o privación de libertad, debiendo agotar los mecanismos idóneos, eficaces y oportunos al alcance, a efectos de buscar la restitución del derecho lesionado, no siendo pertinente activar de manera directa la justicia constitucional” (las negrillas son nuestras)
De la revisión de los antecedentes del caso, el accionante solicita que la jurisdicción constitucional le conceda la tutela y ordene la emisión del mandamiento de libertad; toda vez que, se encuentra privado de libertad como consecuencia de un procesamiento indebido, alegando que, no fue legalmente notificado con la planilla de liquidación ni con la aprobación de la asistencia familiar, y que dicha liquidación es incorrecta, debido a que, no se tomaron en cuenta los recibos y facturas de pago. Asimismo, sostiene que, la solicitud de asistencia familiar fue presentada por la madre de sus hijos, sin contar con el mandato respectivo, siendo que los beneficiarios ya son mayores de edad. Al respecto, la jurisprudencia constitucional, recogida en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, establece que la acción de libertad procede cuando se denuncia un procesamiento indebido como causa directa de la supresión o restricción del derecho a la libertad física, siempre que previamente se hayan agotado los medios o recursos legales previstos por el ordenamiento jurídico. Ahora bien, antes de acudir a la justicia constitucional, corresponde agotar los medios ordinarios e idóneos establecidos por la normativa procesal, tales como el incidente de nulidad o el recurso de reposición con alternativa de apelación, con el objetivo de procurar la restitución del derecho presuntamente vulnerado y reclamar los hechos que alega. Estos mecanismos deben ser conocidos y valorados por la Jueza demandada, quien es la autoridad competente para resolver tanto las cuestiones de fondo, como los incidentes procesales, dentro del trámite de asistencia familiar en cuestión; en consecuencia, corresponde en el presente caso denegar la tutela solicitada; dado que, se verificó que el impetrante de tutela no interpuso recurso alguno antes de activar la acción de libertad, dejando constancia de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05 de 3 de mayo 2023, cursante de fs. 22 vta. a 25, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal, Partido de Trabajo y Seguridad Social, Jueza Técnica Primera de Tupiza del departamento de Potosí; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, sin haber ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1157_2025-S2.pdf · páginas 1 a 6.
Huella digital del PDF (SHA-256): 31e1fa11148b85048e2f8e0b40239c6e0b6944fe6b57cd6831a782ab9ea66b56
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