Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 13 de octubre de 2023
Concede en parte la tutela
La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, a la defensa, a una justicia pronta y oportuna, a ser oído por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial; toda vez que, habiéndose dispuesto su detención preventiva dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de Asesinato, en audiencia cautelar apeló tal determinación por falta de fundamentación y motivación, extremo que el Vocal demandado confirmó a través del Auto de Vista de 17 de enero de 2022, bajo iguales parámetros; incurriendo en las siguientes irregularidades: i) Respecto al art. 233.1 y 2 del CPP, estableció que los elementos indiciarios insertos en la Resolución inferior, resultaban ser suficientes para confirmar ese punto. También obvió pronunciarse sobre las atestaciones de otros testigos de descargo, siendo tal determinación carente de valoración probatoria, fundamentación, motivación y congruencia; ii) Consideró latente el riesgo procesal de fuga inserto en el art. 234.5 del CPP, estableciendo que como imputado contaba con otro proceso penal de carácter doloso; empero, sin “contestar” con la fundamentación respectiva; iii) Dio por acreditado los numerales 1 y 2 del art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve REVOCAR en parte la Resolución 04/2022 de 1 de febrero, cursante de fs. 14 a 18 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero del departamento de Pando; y, en consecuencia:
1° CONCEDER en parte la tutela impetrada, por franca vulneración de los derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia conforme se tiene de las sub problemáticas III.5.1, III.5.2, III.5.3 y III.5.4 del presente fallo constitucional;
a) Disponer que en el plazo de cuarenta y ocho horas de conocer el presente fallo, el Vocal demandado o en su caso la autoridad a cargo de Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del Pando, emita nueva resolución considerando los parámetros expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela en razón de lo establecido en las sub problemáticas III.5.5 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1153/2023-S1 Sucre, 13 de octubre de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 45623-2022-92-AL Departamento: Pando En revisión la Resolución 04/2022 de 1 de febrero, cursante de fs. 14 a 18 vta., pronunciada dentro la acción de libertad interpuesta por Ramiro Mamani Zarate en representación sin mandado de Mario Helsen Antezana contra David Zeballos Burgoa, Vocal de Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando.
Por memorial presentado el 31 de enero de 2022 cursante de fs. 3 a 4 vta., la parte accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y derecho:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por el delito de Asesinato, habiéndose llevado adelante la audiencia de apelación el 17 de enero de 2022 respecto a las medidas cautelares dictadas el 7 del mismo mes y año, el imputado alegó que la Resolución del Juez de Primera Instancia carecía de la debida fundamentación y motivación, en razón de que: a) El funcionario judicial a quo, no dio a conocer cuáles fueron los presupuestos para sostener la concurrencia del art. 233.1 y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), solo expresó que se contaba con suficientes elementos para sostener su participación, esto en virtud de la declaración de testigos del hecho; mismo, que el Vocal demandado a través del Auto de Vista hoy cuestionado confirmó manifestando: “…que los elementos indiciarios que están en el auto interlocutorio en este punto se confirma la resolución…” (sic); así, tampoco se pronunció sobre las atestaciones de los otros testigos de descargo, siendo tal determinación carente de valoración probatoria, fundamentación, motivación y congruencia; b) Respecto al riesgo procesal de fuga inserto en el art. 234.5 del CPP, el citado Vocal consideró mantener latente el mismo, argumentando que el imputado -ahora accionante- tiene otro proceso penal de carácter doloso, resultando carente de fundamentación; c) En relación al riesgo de obstaculización señalado en el art. 235.1 y 2 del CPP, los dio por acreditados, en razón de que no se encontró el arma de fuego del hecho, además de la falta de declaración de dos personas que evidenciaron el acto criminoso; empero, nunca señaló, dónde, cuándo o cómo, en lo futuro podría hacer desaparecer el arma de fuego y de qué manera podría influir sobre aquellas personas que no fueron siquiera identificadas, vulnerando su derecho al debido proceso relacionado al derecho a la información, fundamentación, motivación, congruencia, valoración probatoria y acceso a la justicia; d) No se respalda el por qué, la duración de setenta y cinco días de detención preventiva; y, e) Finalmente en audiencia, la apelación formulada por el representante del Ministerio Público, no fue corrida en traslado a su persona para que se pronuncie, vulnerando el debido proceso en su vertiente de defensa, igualdad, seguridad jurídica, derecho a la información, relacionado a la fundamentación, motivación, congruencia, valoración de la prueba y acceso a la justicia.
El impetrante de tutela denunció la lesión al derecho a la libertad, debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, a la defensa, a una justicia pronta y oportuna, a ser oído por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial, citando al efecto los arts. 8.II, 13.IV, 22, 23, 109.I, 110, 115.II, 116.I, 117.I, 119.I y 120.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 1, 7.1, 2, 3, 8.2, 17.1, 19 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela impetrada, ordenando que el Vocal demandado emita otra resolución que garantice una debida fundamentación conforme prevén los arts. 124 y 398 del CPP, revocando el fallo de 7 de enero de 2022 del Juez inferior.
Celebrada la audiencia pública el 1 de febrero de 2022, según se tiene del acta cursante de fs. 11 a 13 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El peticionante de tutela a través de su representante sin mandato, ratifico in extenso los extremos planteados en su memorial de acción de libertad.
David Zeballos Burgoa, Vocal de la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, pese a su legal notificación según consta a fs. 8, no presentó informe escrito, y tampoco asistió a la audiencia señalada.
El Tribunal de Sentencia Penal Primero del departamento de Pando, mediante Resolución 04/2022 de 1 de febrero, cursante de fs. 14 a 18 vta., denegó la tutela impetrada bajo los siguientes fundamentos: 1) Respecto al art. 233.1 del CPP, se basó en la declaración de Andreina Borja Franco, quien se encontraba junto a su primo en la cancha, donde “…llega Mario y se acerca a Leonel dicha declaración se considera clave para determinar la probable autoría y el elemento indiciario” (sic); 2) En cuanto al art. 234.5 del CPP, se fundamentó en sentido que el imputado -ahora accionante-, al haberse sometido a una salida alternativa por otro delito doloso “…con la aclaración que no se puede utilizar el mismo documento para acreditar dos riesgos procesales” (sic); 3) Respecto al art. 235.1 y 2 del CPP, se encontraría latente porque el arma de fuego “objeto material”, no apareció, y el autor estando en libertad pueda modificar o hacer que el arma no aparezca. Por otro lado, existen actos pendientes de investigación, como las declaraciones de dos menores de edad, quienes fueron testigos del hecho; 4) El Vocal demandado, adecuó su fundamento ratificando la resolución del inferior bajo los mismos argumentos, haciendo referencia que se dio una fundamentación adecuada sobre la participación del imputado en el hecho delictivo y los riesgos procesales de fuga y de obstaculización, encontrándose la resolución fundamentada y cumpliendo con la disposición contenida en los arts. 124 y 398 del CPP; 5) No necesariamente, toda resolución debe ser ampulosa en su estructura, en razón a que el requisito en cuanto al hecho, debe ser breve, conciso, razonable, y que permita conocer de manera clara las razones de la decisión, tal cual establece la Sentencia Constitucional (SC) 0012/2006-R en su Fundamento Jurídico III.1; y, 6) La Resolución cuestionada, cumple con las exigencias normativas como jurisprudenciales, toda vez que, se plasmó el mismo de manera objetiva, concreta y precisa.
Por Decreto Constitucional de 23 de mayo de 2023, cursante a fs. 23, se dispuso la suspensión del plazo procesal a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 25 de septiembre de 2023 (fs. 47); por lo que, la presente Sentencia es emitida dentro del plazo establecido en el Código Procesal Constitucional (CPCo).
CONCLUSIONES
De la revisión de antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Dentro el proceso penal por Asesinato seguido en contra de Mario Helsen Antezana -ahora accionante-, consta Auto Interlocutorio de 7 de enero de 2022, por el cual, el Juez de Instrucción Penal Tercero del departamento de Pando, en aplicación de los arts. 54.2, 233.1.2 y 3 en relación a los arts. 234.5 y 235.1 y 2, finalmente del art. 231.10 BIS del Código de Procedimiento Penal incorporado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, resolvió disponer su detención preventiva; por lo que, en audiencia y al amparo del art. 251 del CPP, formuló apelación incidental (fs. 36 a 40) II.2. Consta Auto de Vista 07/2022 de 17 de enero, por el cual David Zeballos Burgoa, Vocal de la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, dispuso confirmar el Auto Interlocutorio apelado, bajo los siguientes argumentos:
“Agravios reclamados por el recurrente Acusa de mala fundamentación que ha esgrimido el juez cautelar a momento de considerar la medida cautelar que es de carácter gravoso, el ministerio público, imputa por haber participado en el hecho, con una sola declaración de testigo que refiere que estaría en el lugar de los hechos, quien dice que Mario lo amenazo a su primo y posterior sucede este acto por otras personas, momento en el cual llega la policía a su domicilio, si el ministerio publico tenía indicios porque ese mismo día no lograron aprenderlo, no se tiene la valoración de estos elementos indiciarios solo una declaración de testigo referencial, el juez cautelar no aplica la sana critica para poder acreditar que este hecho hay meras presunciones, no existe que sea participe de este hecho, con relación a los riesgos procesales establecidos en el 234 numeral 4, el ministerio publico habría presentado documentación de otro proceso penal del juzgado de la niñez, este riesgo procesal es inexistente no se ha hecho valoración minuciosa los antecedentes son diferentes al presente hecho, sobre el 235 núm. 1 y 2, que puede influir sobre determinadas personas, lamentablemente no dice cuáles serían estas personas, el ministerio público pide la detención por 5 meses para encontrar un arma de fuego que, generan duda razonable que amerita medida menos gravosa Ministerio Público.- La audiencia cautelar era para considerar medidas cautelares no para verificar el asesinato de la víctima, se aprende a Mario Antezana declarado legal entendiéndose que el estaría como partícipe del asesinato, hay declaraciones de cargo y descargo el señor Henry ha señalado que no habría participado en el hecho de asesinato, hay una declaración de la testigo que señala que estaba junto a la víctima minutos antes de producirse el hecho, esta declaración contradice a las demás declaraciones, incluso posteriores, existe actos de investigación que se debe realizar para develar la verdad histórica del hecho, en la imputación se señala nombres que estaban en el lugar del hecho, la decisión del juez es acertada, no tiene actividad laboral, pretendía trabajar a una imprenta, las certificaciones que han mostrado de la actividad comercial que es de diciembre del año 2020, en ese sentido solicita se confirme la detención.
Con relación al numeral 6 art. 294 de la ley 1173 si bien el juez da por hecho la existencia de una actividad delictiva reiterada, existe un proceso de robo, que acredita actividad delictiva reiterada, de otro lado hay testigos de cargo contundentes por el cual el juez determina la detención preventiva. ABOGADO DR. BELTRAN.- Conforme el art. 233 se ha establecido con claridad estos puntos para establecer la detención preventiva, la relación de los hechos y conforme la evidencia existe elementos de convicción y no se puede negar, existen declaraciones de personas menores que por la reserva del caso no se puede mencionar, con respecto al 234 inc. 6 existe la presencia de otro proceso penal del cual se ha beneficiado una salida alternativa, con respecto al tiempo el juez determino 3 meses sin embargo no estamos tomando en cuenta que los testigos son menores de edad, hay muchas actividades del Ministerio público ese tiempo establecido por el juez no es proporcional CONSIDERANDO: Conforme a las normas procesales penales y los estándares interamericanos, las medidas cautelares deben ser aplicadas: con carácter excepcional; Cuando resulten indispensables para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley, lo que supone que las autoridades judiciales deban realizar en todos los casos de aplicación de medidas cautelares que suponen una limitación a derechos fundamentales el juicio de proporcionalidad y deben ser impuestas a través de una resolución judicial debidamente fundamentada y motivada, nuestra norma procesal penal, específicamente en el art. 233 de la ley 1173 recoge 3 exigencias, para que el Juez disponga la detención preventiva del imputado, a pedido fundamentado del fiscal o la víctima, aunque no se hubiera constituido en querellante, bajo los siguientes requisitos: 1) La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible. 2) La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad y 3) el plazo de duración. De lo que se tiene que corresponde al acusador o víctima demostrar su concurrencia, es decir que el acusador debe explicar la existencia en primera instancia el presupuesto material, la fundamentación de los elementos de convicción para determinar si es autor o participe del hecho imputado y cuál es el riesgo o riesgos procesales que se presentan, así como las circunstancias de hecho de las que deriva; y finalmente, indicar el si las medidas son suficientes para asegurar la presencia y el no entorpecimiento de la averiguación del hecho, la ley 1173 establece que las medidas cautelares personales cuando exista probabilidad de autoría y concurra riesgos que no se someterá al proceso u obstaculizara la averiguación de la verdad el juez puede disponer medidas personales Así expuesto los antecedentes de acuerdo a lo manifestado por las partes, con relación al punto apelado la resolución del juez cuestiona por una parte la defensa los elementos o indicios probatorios que tiene que ver con la probabilidad de autoría, que no existiría la debida fundamentación, y otro aspecto es por los riesgos procesales, la resolución del Juez establece que analizada y valorada de manera integral los elementos adjuntados como la declaración de Andreina Borja Franco, quien se encontraba junto a su primo en Lionel en la cancha del barrio donde aconteció el hecho, vio llegar a Mario quien se acerca directo a Lionel preguntando por Víctor, lo ella pide a Lionel alejarse, ella se fue a la tienda de donde escucha el disparo de pistola... y ve a Lionel tendido en el suelo sangrando, declaración que el juez infiere clave para determinar la probable autoría, así mismo tomo la declaración de Carlos Languidey Cartagena quien corrobora lo afirmado, situación que el juez luego de un análisis racional determina sobre la probabilidad de autoría, en base a los elementos indiciarios presentados y otros, por lo que este punto se confirma la resolución, en cuanto los riesgos procesales la resolución señala que se tiene acreditado y enervado el 234, 1 y 2, peligro de fuga, que sin embargo el juez establece que existe otro riesgo establecido en el núm. 5 del art. 234 del CPP el haberse aplicado al hoy imputado salida alternativa en otro delito doloso, con la aclaración que no se puede utilizar el mismo documento para acreditar 2 riesgos ya que se tiene acreditado que es imputado por un delito doloso verificable y concurre el 234 en su numeral 5, así mismo se encuentra latente el riesgo procesal del art. 235 1 y 2 por un parte no se tiene el arma de fuego objeto material que hace inferir que el autor estando en libertad pueda modificar o hacer que el arma no aparezca, el otro aspecto es que existe actos pendientes de investigación, como la declaración de 2 menores quienes son testigos presenciales del hecho que estuvieron en la cancha, en consecuencia existiendo la probabilidad de autoría, el peligro de fuga y también el peligro de obstaculización corresponde confirmar la resolución del juez con la aclaración que esta resolución no causa estado que puede ser modificado en cualquier momento, con relación a la apelación del ministerio público referente al otro riesgo de fuga del 236 núm., 6 la resolución es clara y precisa que no puede utilizarse una prueba para acreditar 2 riesgos por lo que corresponde confirmar, en cuanto al plazo de la detención habiéndose concedido 90 días, dada las actividades pendientes la búsqueda del arma declaración de testigos etc. debe también tomarse en cuenta que el caso amerita una mayor celeridad en los actos investigativos, por lo que se considerar ese aspecto modificando que plazo sea 75 días. La finalidad y alcance de la medida cautelar está en el art. 221 y 22 del CPP y es que el proceso se lleve con normalidad, para la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso, y aplicación de la ley por lo que existiendo la concurrencia de la probabilidad de autoría, la concurrencia de riesgos procesales anotados corresponde confirmar la resolución” (sic [41 a 42])
La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, a la defensa, a una justicia pronta y oportuna, a ser oído por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial; toda vez que, habiéndose dispuesto su detención preventiva dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de Asesinato, en audiencia cautelar apeló tal determinación por falta de fundamentación y motivación, extremo que el Vocal demandado confirmó a través del Auto de Vista de 17 de enero de 2022, bajo iguales parámetros; incurriendo en las siguientes irregularidades: i) Respecto al art. 233.1 y 2 del CPP, estableció que los elementos indiciarios insertos en la Resolución inferior, resultaban ser suficientes para confirmar ese punto. También obvió pronunciarse sobre las atestaciones de otros testigos de descargo, siendo tal determinación carente de valoración probatoria, fundamentación, motivación y congruencia; ii) Consideró latente el riesgo procesal de fuga inserto en el art. 234.5 del CPP, estableciendo que como imputado contaba con otro proceso penal de carácter doloso; empero, sin “contestar” con la fundamentación respectiva; iii) Dio por acreditado los numerales 1 y 2 del art. 235 del CPP, en razón a que no se encontró el arma de fuego del hecho, y por falta de declaración de dos personas que evidenciaron el acto criminoso; empero, nunca señaló dónde, cuándo o cómo en lo “futuro” podría hacer desaparecer el arma de fuego, y de qué manera podría influir sobre las personas que no fueron siquiera identificadas, vulnerando el derecho al debido proceso relacionado al derecho a la información, fundamentación, motivación, congruencia, valoración probatoria y acceso a la justicia; iv) No respaldó el por qué, la duración de setenta y cinco días de detención preventiva; y, v) La apelación formulada por el representante del Ministerio Público en audiencia, no le fue corrida en traslado para que se pronuncie al respecto, vulnerando el debido proceso en su vertiente de defensa, igualdad, seguridad jurídica y derecho a la información, relacionado a la fundamentación, motivación, congruencia, valoración de la prueba y acceso a la justicia. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para ello, se desarrollarán los siguientes temas: a) Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del Código de Procedimiento Penal; b) El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso; c) Sobre la valoración de las pruebas que deben realizar las autoridades judiciales al momento de resolver la aplicación de medidas cautelares de carácter personal, cesación de detención preventiva y en apelación; d) Prohibición de fundar las medidas cautelares en meras suposiciones o conjeturas; y, e) Análisis del caso concreto.
Penal. Inicialmente, corresponde señalar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación. En tal sentido, la fundamentación se refiere a la labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa. Por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador. Efectuada las precisiones que anteceden, e ingresando a la exigencia de fundamentar y motivar las resoluciones en las cuales se apliquen medidas cautelares, por las autoridades jurisdiccionales en el ámbito penal, incumbe remitirnos a la amplia jurisprudencia constitucional emitida por esta instancia celadora de la supremacía constitucional; en ese sentido, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, en su Fundamento Jurídico III.2, efectuó el siguiente desarrollo jurisprudencial, precisando que:
“Ahora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar. Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva” (el resaltado es ilustrativo).
Asimismo, la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en su Fundamento Jurídico III.1.7, bajo el epígrafe “Sobre la exigencia de la decisión judicial sea fundamentada”, estableció que la motivación implica conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez o autoridad judicial de tomar una determinada decisión, aspecto que es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla. Prosiguiendo con la revisión de la jurisprudencia constitucional, respecto a la exigencia de fundamentar y motivar las resoluciones, se tiene a las razones de la SC 0759/2010-R de 2 de agosto, que en su Fundamento Jurídico III.3 epigrafiado como “La motivación de las resoluciones como obligación del juez”, acudiendo al art. 124 del CPP, señaló que toda resolución debe ser debidamente fundamentada, exponiendo los hechos y normas legales aplicables; añadiendo además que:
“…cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho, que vulnera de manera flagrante el citado derecho, que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido o lo que es lo mismo, cuál es la ratio decidendi que llevó al juez a tomar la decisión” (el resaltado es añadido).
Por su parte, respecto a que la motivación no debe ser ampulosa, la citada jurisprudencia constitucional, extrayendo las razones de la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, precisó que:
“…cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y fondo. En cuando a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas” (el resaltado es nuestro).
1 “La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla” (el resaltado nos corresponde).
De igual forma, la SC 0033/2012 de 16 de marzo, mediante su Fundamento Jurídico III.3, denominado “De la fundamentación de las resoluciones que determinen la detención preventiva”, refirió básicamente que la detención preventiva como medida cautelar personal, puede ser dispuesta cuando existan los elementos referidos al “fumus boni iuris” y el “periculum in mora”, previstos en el art. 233 del CPP, decisión que debe ser dispuesta mediante una resolución debidamente fundamentada conforme prevé el art. 236 del mismo cuerpo adjetivo penal; además, dicha jurisprudencia, apoyándose en las razones desarrolladas por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, refirió que:
“En este sentido la jurisprudencia constitucional ha señalado en su SC 0089/2010-R- de 4 de mayo, ‘En los casos en que un Tribunal de apelación decida revocar las medidas sustitutivas y a la par disponer la aplicación de la detención preventiva de un imputado, está obligado igualmente a dictar una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, se ha establecido que el tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medias sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los art 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones se puede disponer la detención preventiva” (el resaltado es ilustrativo). Con relación a la fundamentación y motivación de las resoluciones al aplicar el art. 398 del CPP, la jurisprudencia de esta instancia constitucional, a través de la SCP 0077/2012 de 16 de abril, en su Fundamento Jurídico III.3, titulado “El alcance de lo previsto en el art. 398 del CPP y la exigencia de motivación en las resoluciones que disponen la detención preventiva”, señaló inicialmente que de acuerdo al referido precepto legal del art. 398 del CPP, los tribunales de alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expuestos en apelación; empero, precisó que al tratarse de la aplicación de medidas cautelares el tratamiento difiere, señalando que:
“Sin embargo, tratándose de la aplicación de medidas cautelares, dicha normativa no debe ser entendida en su literalidad sino interpretada en forma integral y sistemática, por lo que también cabe referirse a lo establecido en el art. 233 del CPP, modificado por la Ley 007 de 18 de mayo de 2010, cuando señala que: ‘Realizada la imputación formal, el juez podrá ordenar la detención preventiva del imputado, a pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiera constituido en querellante, cuando concurran los siguientes requisitos: 1. La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible; 2. La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad” (negrillas adicionadas). En ese marco, dicha Sentencia Constitucional Plurinacional, haciendo referencia al antes art. 236.3 –ahora– art. 236.4 del CPP, agregó que:
“En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes. En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP” (el resaltado es ilustrativo).
Jurisprudencia constitucional, que fue reiterada entre otras por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales: 0303/2013 de 13 de marzo de 2013, 0329/2016-S2 de 8 abril de 2016; y, 1158/2017-S2 15 de noviembre de 2017. Finalmente, siguiendo dichos razonamientos, la SCP 0723/2018-S2 de 31 de octubre, respecto de la aplicación del art. 398 del CPP, señaló que:
“…el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP. Cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio del recurso de apelación de la medida cautelar, el análisis del tribunal de alzada, no puede reducirse a una mera formalidad, sino, debe examinar las razones invocadas por el recurrente y manifestarse expresamente sobre cada una de ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto anterior, debiendo expresar fundadamente los motivos por los que considera que efectivamente se dan los riesgos procesales previstos por el art. 233 del CPP. En todo caso, el tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que fundamenta el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir razonadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican que se mantenga la detención preventiva; no siendo posible un rechazo sistemático de la solicitud de revisión, limitándose a invocar, por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de fuga. El tribunal de apelación no puede limitarse a invocar presunciones legales relativas a los riesgos procesales o normas, que de una forma u otra, establecen la obligatoriedad del mantenimiento de la medida. Si a través del fundamento de la resolución, no se demuestra que la detención preventiva de la persona es necesaria y razonable, para el cumplimiento de sus fines legítimos, la misma deviene en arbitraria” (el resaltado nos corresponde). Conforme al contexto jurisprudencial descrito, es posible concluir que, las autoridades jurisdiccionales, están obligadas a emitir sus resoluciones debidamente fundamentadas y motivadas, comprendiendo que el primero se refiere a la justificación de todas las disposiciones legales sobre las cuales sostiene su decisión; y el segundo, relacionado a la justificación de las razones lógico-jurídicas, respecto de los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes; máxime, cuando se trate de decisiones que emerjan de la aplicación de medidas cautelares, supuestos en los cuales, los jueces instructores o cautelares y los tribunales de apelación, están impelidos de sustentar sus resoluciones. Ahora bien, en el caso de los tribunales de apelación, y al tratarse de solicitudes de aplicación de medidas cautelares, conforme lo precisado por la citada SCP 0077/2012, el art. 398 del CPP, no debe ser entendida en su literalidad, sino interpretada de forma integral y sistémica; lo cual, exige que estas autoridades jurisdiccionales, luego de un análisis integral del supuesto, deben fundamentar y motivar sus decisiones precisando los elementos de convicción que permitan concluir en la necesidad de modificar, rechazar medidas cautelares o determinar la cesación o rechazo de esa solicitud; a cuyo efecto, deben también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 de la citada Norma Adjetiva Penal, mediante una resolución con la suficiente justificación normativa, conforme requiere el art. 236.4 del referido precepto legal. No siendo admisible que las autoridades del tribunal de apelación rechacen la solicitud, basándose en presunciones relativas a los riesgos de fuga y obstaculización; ya que, si no se demuestra mediante una debida fundamentación y motivación la necesaria detención preventiva, la resolución emitida conlleva una arbitrariedad que vulnera los derechos previstos por la Constitución Política del Estado.
El debido proceso se encuentra consagrado en nuestro orden constitucional en su art. 115.II, al establecer como deber del Estado, garantizar el debido proceso; asimismo, según la voluntad del constituyente, ninguna persona puede ser condenada sin ser oída y juzgada previamente en un debido proceso tal como se encuentra dispuesto en el art. 117.I de la Norma Suprema. Bajo esa comprensión constitucional, es pertinente señalar que la jurisprudencia constitucional concluyó que el debido proceso se ha constituido en una garantía general para asegurar la materialización del valor justicia, así como el proceso se constituye en un medio para asegurar, en la mayor medida posible la solución justa de una controversia; los elementos que marcan el contenido de esta garantía son: el derecho a un proceso público, derecho al juez natural, derecho a la igualdad procesal de las partes, derecho a no declarar contra sí mismo, garantía de presunción de inocencia, derecho a la comunicación previa de la acusación, derecho a la defensa material y técnica, concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa, derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, derecho a la congruencia entre acusación y condena, la garantía del non bis in ídem, derecho a la valoración razonable de la prueba, derecho a la motivación y congruencia de las decisiones; los elementos mencionados, no agotan el contenido del debido proceso, puesto que en atención el principio de progresividad, pueden ser incorporados nuevos elementos que la jurisprudencia y doctrina vaya desarrollando. En ese marco, respecto al principio de congruencia como parte esencial del debido proceso, esta instancia constitucional comprendió que la congruencia consiste en la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; empero, esta idea general no es limitativa respecto de la coherencia que debe tener toda 4 La jurisprudencia constitucional expresada en la SC 0902/2010-R de 10 de agosto, refiere respecto a los elementos que componen a la garantía general del debido proceso en los siguientes términos: “En consonancia con los tratados internacionales citados, a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra si mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones (SSCC 0082/2001-R, 0157/2001-R, 0798/2001-R, 0925/2001-R, 1028/2001-R, 1009/2003-R, 1797/2003-R, 0101/2004-R, 0663/2004-R, 022/2006-R, entre otras); sin embargo, esta lista en el marco del principio de progresividad no es limitativa, sino más bien enunciativa, pues a ella se agregan otros elementos que hacen al debido proceso como garantía general y que derivan del desarrollo doctrinal y jurisprudencial de este como medio para asegurar la realización del valor justicia, en ese sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, ha manifestado: "En opinión de esta Corte, para que exista "debido proceso legal" es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. Al efecto, es útil recordar que el proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. A ese fin atiende el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal. El desarrollo histórico del proceso, consecuente con la protección del individuo y la realización de la justicia, ha traído consigo la incorporación de nuevos derechos procesales. (…) Es así como se ha establecido, en forma progresiva, el aparato de las garantías judiciales que recoge el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que pueden y deben agregarse, bajo el mismo concepto, otras garantías aportadas por diversos instrumentos del Derecho Internacional" (las negrillas son nuestras).
Así configurado, es preciso recordar que el derecho y garantía genérica del debido proceso no se restringe en su aplicación al ámbito jurisdiccional solamente, sino que es extensiva a cualquier procedimiento en el que deba determinarse una responsabilidad (SSCC 0042/2004 y 1234/2000-R entre otras)”. 5 La SC 0486/2010-R de 5 de julio, en su F.J. III.4.1, señaló que: “De esa esencia, deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.
De otra parte, respecto de la congruencia como principio constitucional en el proceso civil, se indica que: “…la congruencia ha venido clasificada en diversos tipos o categorías que nos interesa anotar a los fines que se seguirán, y así es moneda corriente hablar en doctrina de incongruencia “ultra petita” en la que se incurre si el Tribunal concede “extra petita” para los supuestos en que el juzgador concede algo distinto o fuera de lo solicitado por las partes; “citra petita”, conocido como por “omisión” en la que se incurre cuando el Tribunal no se pronuncia sobre alguno de los pedimentos que le han sido planteados, etc.” (Principios Constitucionales en el Proceso Civil, Consejo General del Poder Judicial, El deber Judicial de Congruencia como Manifestación del Principio Dispositivo y su Alcance Constitucional, Madrid 1993, Mateu Cromo, S.A., Pág. 438).
Es decir que, en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita” en los que el juez o tribunal decide cuestiones que han quedado consentidas y que no fueron objeto de expresión de agravios (extra petita); y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita).
El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia”.
resolución, ya sea judicial o administrativa; en tal caso, debe quedar claro que, la congruencia implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, manteniendo en todo su contenido una correspondencia a partir de un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y argumentos contenidos en la resolución. Consecuentemente, es posible concluir que, la congruencia como componente esencial de las resoluciones judiciales debe ser comprendida desde dos acepciones:
1. La congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales; lo cual, conlleva una prohibición para el juzgador, y es lo relacionado a considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando en consecuencia su consideración y tratamiento a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; dicho de otro modo, el juzgador no puede incurrir en incongruencia ultra petita al conceder o atender algo no pedido; tampoco puede incurrir en incongruencia extra petita al conceder algo distinto o fuera de lo solicitado; y, menos incidir en incongruencia citra petita al omitir o no pronunciarse sobre alguno de los planteamientos de las partes. 2. La congruencia interna, que hace a la resolución como una unidad coherente, en la que se debe cuidar el hilo conductor que le dota de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; evitando de esta forma que, en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.
6 La SCP 0055/2014 de 3 de enero en su F.J. III.2.2, estableció que: “La congruencia de las resoluciones judiciales integra los componentes del debido proceso. En ese contexto, a partir de una concepción doctrinal, su análisis se orienta desde dos acepciones: externa, entendida como principio rector de toda resolución judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y respuesta) y lo resuelto por las autoridades judiciales, sin que el juzgador tome en cuenta aspectos ajenos a la controversia; interna, porque entendida la resolución como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.
En ese sentido, la uniforme jurisprudencia constitucional, a través de la SC 1494/2011-R de 11 de octubre, señaló: “…la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, (…). En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.
(…).
Finalmente, a lo descrito corresponde efectuar una necesaria precisión en torno a la congruencia y su comprensión en el tratamiento y aplicación de las medidas cautelares por Tribunales de apelación según lo dispuesto por el art. 398 del CPP; que de acuerdo a la SCP 0077/2012, citada en el F.J.III.1 de este fallo constitucional, el mencionado art. 398 del CPP, no debe ser entendido en su literalidad respecto a remitirse solamente a los agravios y lo señalado por las partes como expresión literal de la congruencia exigida; sino que, dicha previsión debe ser interpretada de forma integral y sistémica en el sentido que, los referidos Tribunales de alzada, al momento de resolver impugnaciones relacionadas a la aplicación de medidas cautelares, no sólo se circunscribirán a los puntos impugnados (congruencia externa), sino que tienen el deber de compulsar integralmente todos los antecedentes y hechos a efectos de fundamentar y motivar debidamente sus resoluciones que dispongan el cese o la privación de libertad de los procesados, justificando objetivamente la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 de la citada Norma Adjetiva Penal, conforme requiere el art. 236.4 del referido precepto legal.
La jurisprudencia constitucional desde sus inicios, se ha ido pronunciando respecto a la aplicación de la medida cautelar de carácter personal dentro del proceso penal, que implica “…medidas provisionales De lo expuesto se confirma, que el órgano encargado de dictar la resolución, debe circunscribir su fallo a lo peticionado y no resolver más allá de lo pedido, que sería un pronunciamiento ultra petita, o, conceder algo distinto a lo solicitado por las partes, conocido en doctrina procesal como un pronunciamiento extra petita”. En el mismo sentido, la SC 0863/2003-R de 25 de junio, precisó que: “…el juez o tribunal ad quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”, entendimiento reiterado en las SSCC 1009/2003-R, 1312/2003-R y 0358/2010-R. Posteriormente, respecto a la pertinencia de las resoluciones pronunciadas por autoridades judiciales de segunda instancia, la SC 0358/2010-R de 22 de junio, puntualizó: “…implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”. En esa misma línea, la SC 2017/2010-R de 9 de noviembre, señaló: “…la pertinencia entre el recurso de apelación, resolución apelada y lo resuelto en el auto de vista, es una condición esencial para asegurar a los justiciables que en la decisión de su recurso los superiores en grado tienen delimitado su campo de acción para emitir su resolución, limite que se expresa precisamente en la fundamentación de agravios prevista por el art. 227 del Código de Procedimiento Civil (CPC), como por el contenido de lo resuelto en la sentencia apelada, marco del cual el tribunal de alzada no puede apartarse”. Estos razonamientos fueron reiterados posteriormente en la SCP 0037/2012 de 26 de marzo y, desarrollados ampliamente en la SCP 1111/2012 de 6 de septiembre”.
restrictivas de la libertad y de aseguramiento del imputado para que responda al proceso”, en este sentido cuando la autoridad judicial competente determina la detención preventiva está obligada a cumplir con las condiciones de validez legal, que implica verificar y determinar la concurrencia de los requisitos establecidos en el art. 233 del CPP, entre ellos, contrastar la solicitud del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados respecto a la concurrencia de los riesgos procesales establecidos en los arts. 234 y 235 del CPP; asimismo, fundamentar la decisión de aplicar dicha medida expresando los motivos de hecho y derecho sobre las cuales se sustenta la concurrencia de los referidos riesgos procesales y asignarle un valor a los medios de prueba, conforme lo entendido la SC 1141/2003-R de 12 de agosto, que fue reiterada por la SC 1303/2003-R de 8 de septiembre. Asimismo, la SC 1147/2006 de 16 de noviembre, reiterando el entendimiento efectuado por la SC 1303/2003-R, en este caso para resolver la cesación de la detención preventiva señaló que la autoridad judicial debe realizar un análisis ponderado de: i) los motivos que determinaron la imposición de la detención preventiva y ii) cuales son los nuevos elementos de convicción presentados por el imputado a fin de demostrar que ya no concurren los motivos que la determinaron; en consecuencia, deberá realizar una valoración de tales elementos tal como se lo realizó a momento de determinar dicha medida; es decir, que debe fundar su decisión en criterios objetivos y exponer el valor otorgado a los medios de prueba presentados, que a su vez fue reiterada por la SC 0301/2011-R de 29 de marzo.
Por su parte, la SC 0012/2006-R de 4 de enero, sobre los requisitos establecidos para determinar la aplicación de la detención preventiva, en lo que concierne a los parámetros objetivos sobre los cuales la autoridad judicial debe sujetarse para decidir respecto a la existencia del peligro de fuga y de obstaculización señalados en los arts. 234 y 7 Espinoza C. cit. Op p. 210 “Código de Procedimiento Penal (Anotaciones, Comentarios y Concordancias) Código Penal (Texto ordenado y actualizado”. 8 En el F.J.III.1 referente a las condiciones de validez legal para la restricción al ejercicio al derecho a la libertad física, señaló: “Que sobre las condiciones que otorgan validez a una resolución que disponga la detención preventiva a un imputado, este Tribunal en la Sentencia Constitucional 1141/2003-R de 16 de agosto, refiriéndose a una problemática sobre la imposición de la detención preventiva, exigidas también para los casos de negativa de cesación de la medida referida señaló que (...) la aplicación de una medida cautelar de carácter personal en el ámbito procesal penal debe cumplir con las condiciones de validez legal, lo que significa que, la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes.”
235 del CPP, tiene la obligación de realizar en ambos casos una evaluación integral de las circunstancias establecidas en dichas disposiciones normativas, es así que, la referida Sentencia Constitucional razonó en relación a dicha evaluación que:
“…el órgano jurisdiccional debe hacer un test sobre los aspectos positivos o negativos (favorables o desfavorables) que informan el caso concreto, de cara a los puntos fijados por la ley para medir tanto el riesgo de fuga como el de obstaculización; de tal modo que de esa compulsa integral, se llegue a la conclusión razonada sobre si existe o no riesgo de fuga u obstaculización. En esta evaluación, unos puntos pueden reforzar, o por el contrario enervar o eliminar los riesgos aludidos; lo cual, naturalmente, debe ser expuesto por el juez en la resolución que emita de manera coherente, clara y precisa”. Tal entendimiento fue reiterado por la SC 0298/2010-R de 7 de junio, que señala que la autoridad judicial al tratarse de la solicitud de cesación de detención preventiva tendrá que efectuar una evaluación y contrastación de la prueba presentada por el imputado, para lo cual debe realizar una valoración integral de la misma, y determinar de manera razonada la existencia o no de los riesgos procesales de fuga u obstaculización.
Ahora bien, la SCP 0049/2012 de 26 de marzo, en el marco del Estado Social y Democrático de Derecho, estableció que se debe asegurar a través de la jurisdicción ordinaria el respeto al debido proceso y en consecuencia la motivación, fundamentación y la valoración integral de los medios probatorios que debe realizar la autoridad judicial al momento de considerar la aplicación de medidas cautelares; por lo que, asumiendo el entendimiento efectuado en la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, estableció requisitos para asegurar el cumplimiento de dichos elementos, los cuales son los siguientes:
“a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado” (énfasis añadido). También sobre la omisión valoratoria, la referida Sentencia Constitucional Plurinacional estableció que la autoridad jurisdiccional, está obligado a valorar de manera integral todos los medios de prueba aportados, bajo perjuicio de activarse la acción de libertad, reiterada por la SCP 0506/2018-S2 de 14 de septiembre. La SCP 1543/2013 de 10 de septiembre, teniendo presente que las resoluciones que emergen de las medidas cautelares de carácter personal tienen vinculación con el derecho a la libertad del imputado, señala que se constituye en la razón para que a través de la acción de libertad se pueda verificar si la resolución que aplica dichas medidas se sujetaron o no al respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales sobre la valoración de las pruebas en medidas cautelares de carácter personal; asimismo, mencionando al art. 124 del CPP que establece que la resolución judicial debe contener además el valor otorgado a los medios de prueba, ello involucra una “razonable valoración de las pruebas, exigencia que armoniza con el respeto y la vigencia del debido proceso”; es así que, reiterando el entendimiento efectuado por la SC 0012/2006-R de 4 de enero, refiere que en el caso de las medidas cautelares las pruebas presentadas ante la autoridad judicial deben ser evaluadas de manera integral, en este entendido, conforme el principio de la libertad probatoria establecido en el art. 171 del citado Código “El juez admitirá como medios de prueba todos los elementos lícitos de convicción que puedan conducir al conocimiento de la verdad histórica del hecho de la responsabilidad y de la personalidad del imputado”, concluyendo tomando en cuenta el art. 173 de la referida norma adjetiva penal que:
De igual forma, respecto a la obligación que tienen las autoridades de alzada de fundamentar las resoluciones que resuelven apelaciones la SCP 1290/2014 de 23 de junio, reiterando los razonamientos efectuados en las SC 0040/2007-R de 31 de enero y 0577/2004-R de 15 de abril, señaló que se debe determinar la existencia o inexistencia del agravio denunciado en base a una correcta y objetiva valoración de las pruebas; por lo que, las mencionadas autoridades judiciales deben expresar en sus resoluciones “los hechos, pruebas y normas en función de las cuales adopta su posición; además, de explicar las razones -el por qué- valora los hechos y pruebas de una manera determinada y el sentido de aplicación de las normas”.
La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones de las autoridades judiciales al momento de establecer la concurrencia de los riesgos procesales de fuga y obstaculización y determinar por ende la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva, también es exigible a los Tribunales de apelación, cuando resuelven mantener esa decisión y confirmar la resolución de primera instancia, lo cual implica que en ambas instancias su decisión debe sustentarse en las circunstancias previstas por ley; por lo que, no es suficiente la mera referencia y presunción de que concurran las mismas tal cual entendió la SCP 1635/2004-R de 11 de octubre, que fue reiterada asimismo por las Sentencias Constitucionales 1747/2004-R, 0129/2007-R, 0514/2007-R, 0670/2007-R, 0040/2010-R, 1154/2011-R, 1813/2011-R, entre otras. Asumiendo este entendimiento, la SCP 0795/2014 de 25 de abril, ha señalado que la resolución judicial que aplique medidas cautelares de detención preventiva no puede estar respaldada en meras suposiciones; es decir, en la “creencia de un probable acontecimiento de ciertos hechos o conductas; sin estar completamente seguro de ello”; en consecuencia, las autoridades judiciales deben asumir una convicción absoluta sobre la concurrencia de los riesgos procesales de fuga y obstaculización en base a un análisis de los elementos de convicción puestos a su consideración, lo que significa efectuar una valoración armónica e integral de los mismos y no 9 En el F.J.III.2 el juzgador está facultado para evaluar las circunstancias que hagan presumir el peligro de fuga y obstaculización de manera integral, no es menos evidente que debe fundar su determinación en las pruebas y tomando en cuenta todas las circunstancias previstas por la Ley; corresponde al acusador probar y demostrar la concurrencia de esas circunstancias previstas en las normas precedentemente señaladas, no siendo suficiente la mera referencia y presunción de que concurran las mismas, pues por determinación del art. 16-II y 6 del CPP, se presume la inocencia del encausado mientras no se pruebe su culpabilidad. 10 El F.J.III.3.2 Sobre la prohibición de fundamentar la detención preventiva en meras suposiciones señaló que: “Entonces, la detención preventiva debe ser el resultado de una debida fundamentación de las resoluciones que la disponen en ese sentido, lo cual impide que la autoridad jurisdiccional funde su determinación en meras conjeturas o presunciones. En ese sentido, la simple suposición debe ser entendida como la creencia de un probable acontecimiento de ciertos hechos o conductas, sin estar completamente seguro de ello; es decir, aquella idea que surge directamente de la imaginación del sujeto sin estar debidamente comprobado. Por lo tanto, la resolución judicial destinada a aplicar medidas cautelares de carácter personal, de ninguna manera debe estar sustentada en simples o meras posibilidades, sino que, debe ser una decisión producto de la seguridad y certeza que adquirió la autoridad judicial luego de haber efectuado la compulsa de los antecedentes del caso y la valoración integral de los elementos de juicio que fueron llevados a su consideración, para definir la situación jurídica del imputado.
Pues bien, en el marco de las consideraciones referidas precedentemente, es menester establecer las condiciones de fundamentación relativa a los riesgos procesales de fuga, de obstaculización y reincidencia. En ese sentido, los presupuestos referidos al peligro de fuga, establecidos en el art. 234 del CPP, indefectiblemente deben ser demostrados con elementos de juicio que generen seguridad y certidumbre en el Juez; asimismo, los postulados del peligro de obstaculización, contemplados en el art. 235 del Código antes citado, también se exige que sean acreditados con elementos de convicción que generen convicción en el juzgador; y, finalmente, el peligro de reincidencia que debe ser demostrado con el cumplimiento de una sentencia condenatoria ejecutoriada. En ese contexto, ningún peligro procesal debe estar fundada en meras suposiciones, lo cual implica que, si la autoridad judicial funda su decisión en supuestos como ser: que “el imputado en libertad 'podría' asumir una determinada conducta” -propia del peligro de fuga y obstaculización-, tal argumento no satisface la exigencia de una debida motivación, ni constituye una explicación apropiada para determinar la aplicación de alguna medida de cautelar de carácter personal; por cuanto, el juzgador debe asumir absoluta convicción para establecer la concurrencia o no de un determinado riesgo procesal; es decir, le corresponde a la autoridad judicial definir si existe o no algún peligro procesal; por consiguiente, lo que no está permitido es, que al momento de asumir la decisión respecto a la situación jurídica del imputado, el Juez conjeture sobre la base de las probabilidades (podría o no podría). En tal sentido, si la decisión judicial se base en meras presunciones de concurrencia o no de los presupuestos previstos en las normas procesales referidas anteriormente, vulnera el debido proceso del imputado”.
simplemente realizar una conjetura sobre las probabilidades (podría o no podría). Así también la SCP 0126/2014-S3 de 5 de noviembre, mencionando el razonamiento de la SC 1635/2004-R, señaló que cuando se trate de la aplicación de la detención preventiva tanto los jueces como los tribunales deben demostrar la concurrencia de los riesgos procesales establecidos en el Código de Procedimiento Penal; es decir, determinar con certeza la existencia de dichos riesgos, que fue reiterada por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0715/2015-S1 de 10 de julio, 0372/2016-S2 de 25 de abril entre otras. Por su parte, la SCP 0276/2018-S2 de 25 de junio, asumiendo el entendimiento realizado en la SCP 0795/2014, también indicó que en consideración a que la resolución judicial que determine la aplicación de la medida de detención preventiva “…debe ser el resultado de una debida fundamentación y motivación lo cual impide que la autoridad jurisdiccional funde su determinación en meras presunciones”; por lo que, dicha resolución “…tiene que ser el resultado de la valoración integral y razonable de los diferentes riesgos procesales y elementos probatorios; valoración que, además, debe ser objetiva y generar convicción en la autoridad judicial, para sostener que el imputado es con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y que no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad o que existe peligro de reincidencia” En este orden de ideas, las autoridades judiciales no pueden sustentar la concurrencia de los riesgos procesales de fuga y obstaculización y determinar o mantener la medida de detención preventiva en meras suposiciones (podría o no podría), puesto que, en el marco del ejercicio efectivo del derecho al debido proceso deben emitir resoluciones fundamentadas y motivadas tratándose de la aplicación de medidas cautelares de carácter personal; por ello, es preciso tener en cuenta también que las mismas son impuestas cuando las demás medidas cautelares personales sean insuficientes para asegurar la presencia del imputado y el no entorpecimiento de la averiguación del hecho; de ahí que, su aplicación es de manera excepcional, y se presume la inocencia del imputado, mientras no cuente con una sentencia condenatoria ejecutoriada, por ello también se explica que para establecer la concurrencia de los peligros procesales señalados las autoridades judiciales deben justificar su decisión de imponer o mantener la medida de ultima ratio.
La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, a la defensa, a una justicia pronta y oportuna, a ser oído por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial; toda vez que, habiéndose dispuesto su detención preventiva dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de asesinato, en audiencia cautelar apeló tal determinación por falta de fundamentación y motivación, extremo que el Vocal demandado confirmó a través del Auto de Vista de 17 de enero de 2022, bajo iguales parámetros; incurriendo en las siguientes irregularidades: a) Respecto al art. 233.1 y 2 del CPP, estableció que los elementos indiciarios insertos en la Resolución inferior, resultaban ser suficientes para confirmar ese punto. También obvió pronunciarse sobre las atestaciones de otros testigos de descargo, siendo tal determinación carente de valoración probatoria, fundamentación, motivación y congruencia; b) Consideró latente el riesgo procesal de fuga inserto en el art. 234.5 del CPP, estableciendo que como imputado contaba con otro proceso penal de carácter doloso; empero, sin “contestar” con la fundamentación respectiva; c) Dio por acreditado los numerales 1 y 2 del art. 235 del CPP, en razón a que no se encontró el arma de fuego del hecho, y por falta de declaración de dos personas que evidenciaron el acto criminoso; empero, nunca señaló dónde, cuándo o cómo en lo “futuro” podría hacer desaparecer el arma de fuego, y de qué manera podría influir sobre las personas que no fueron siquiera identificadas, vulnerando el derecho al debido proceso relacionado al derecho a la información, fundamentación, motivación, congruencia, valoración probatoria y acceso a la justicia; d) No respaldó el por qué, la duración de setenta y cinco días de detención preventiva; y, e) La apelación formulada por el representante del Ministerio Público en audiencia, no le fue corrida en traslado para que se pronuncie al respecto, vulnerando el debido proceso en su vertiente de defensa, igualdad, seguridad jurídica y derecho a la información, relacionado a la fundamentación, motivación, congruencia, valoración de la prueba y acceso a la justicia. Identificada la problemática, incumbe remitirnos a los antecedentes; así se tiene que: Por Auto Interlocutorio de 7 de enero de 2022, el Juez de Instrucción Penal Tercero de Cobija del departamento de Pando, resolvió disponer la detención preventiva del hoy impetrante de tutela, por noventa días; ello, ante la concurrencia de los peligros de fuga y de obstaculización insertos en los arts. 234.5 y 235.1.2 y 231.10 del CPP, mismo que mereció recurso de apelación, emitiéndose el Auto de Vista 07/2022 de 17 de enero, por el cual el Vocal demandado confirmó la Resolución del inferior en los mismos términos (Conclusiones II.1 y II.2).
Puntualizados los antecedentes, corresponde contrastar las supuestas lesiones denunciadas, para establecer si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; así se tiene que:
resultaban ser suficientes para confirmar ese punto. También obvió pronunciarse sobre las atestaciones de otros testigos de descargo, siendo tal determinación carente de valoración probatoria, fundamentación, motivación y congruencia.
A fines de contrastar los hechos descritos y su correspondencia, con la normativa legal, con referencia a la problemática establecida, previamente debemos remitirnos al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el cual señaló que en el caso de los tribunales de apelación, al tratarse de solicitudes de aplicación de medidas cautelares, conforme lo precisado por la citada SCP 0077/2012, el art. 398 del CPP, no debe ser entendida en su literalidad, sino interpretada de forma integral y sistémica; lo cual, exige que estas autoridades jurisdiccionales, luego de un análisis integral del supuesto, deben fundamentar y motivar sus decisiones precisando los elementos de convicción que permitan concluir en la necesidad de modificar, rechazar medidas cautelares o determinar la cesación o rechazo de esa solicitud; a cuyo efecto, deben también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 de la citada Norma Adjetiva Penal, mediante una resolución con la suficiente justificación normativa, conforme requiere el art. 236.4 del referido precepto legal; por su parte, lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 del igual fallo constitucional, estableció que la congruencia consiste en la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; así, mismo el Fundamento Jurídico III.3 determinó que las autoridades de alzada tienen la obligación de fundamentar las resoluciones que resuelven apelaciones, expresando “los hechos, pruebas y normas en función de las cuales adopta su posición; además, de explicar las razones -el por qué- valora los hechos y pruebas de una manera determinada y el sentido de aplicación de las normas”. Bajo ese parámetro, ingresando al análisis del caso, en cuanto al art. 233.1 y 2 del CPP, se tiene que el Vocal ahora demandado, refiriéndose al presente punto en cuestión, a través del Auto de Vista 07/2022 (Conclusión II.2), inicialmente describió el agravio denunciado en audiencia de apelación por el impetrante de tutela, para luego resolver el fondo de la siguiente manera:
“Agravios reclamados por el recurrente Acusa de mala fundamentación que ha esgrimido el juez cautelar a momento de considerar la medida cautelar que es de carácter gravoso, el ministerio público, imputa por haber participado en el hecho, con una sola declaración de testigo que refiere que estaría en el lugar de los hechos, quien dice que Mario lo amenazo a su primo y posterior sucede este acto por otras personas, momento en el cual llega la policía a su domicilio, si el ministerio publico tenía indicios porque ese mismo día no lograron aprenderlo, no se tiene la valoración de estos elementos indiciarios solo una declaración de testigo referencial, el juez cautelar no aplica la sana critica para poder acreditar que este hecho hay meras presunciones, no existe que sea participe de este hecho… …nuestra norma procesal penal, específicamente en el art. 233 de la ley 1173 recoge 3 exigencias, para que el Juez disponga la detención preventiva del imputado, a pedido fundamentado del fiscal o la víctima, aunque no se hubiera constituido en querellante, bajo los siguientes requisitos: 1) La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible. 2) La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad y 3) el plazo de duración.
De lo que se tiene que corresponde al acusador o víctima demostrar su concurrencia, es decir que el acusador debe explicar la existencia en primera instancia el presupuesto material, la fundamentación de los elementos de convicción para determinar si es autor o participe del hecho imputado y cuál es el riesgo o riesgos procesales que se presentan, así como las circunstancias de hecho de las que deriva; y finalmente, indicar el si las medidas son suficientes para asegurar la presencia y el no entorpecimiento de la averiguación del hecho, la ley 1173 establece que las medidas cautelares personales cuando exista probabilidad de autoría y concurra riesgos que no se someterá al proceso u obstaculizara la averiguación de la verdad el juez puede disponer medidas personales, así expuesto los antecedentes de acuerdo a lo manifestado por las partes, con relación al punto apelado la resolución del juez cuestiona por una parte la defensa los elementos o indicios probatorios que tiene que ver con la probabilidad de autoría, que no existiría la debida fundamentación, y otro aspecto es por los riesgos procesales, la resolución del Juez establece que analizada y valorada de manera integral los elementos adjuntados como la declaración de Andreina Borja Franco, quien se encontraba junto a su primo en Lionel en la cancha del barrio donde aconteció el hecho, vio llegar a Mario quien se acerca directo a Lionel preguntando por Víctor, lo ella pide a Lionel alejarse, ella se fue a la tienda de donde escucha el disparo de pistola... y ve a Lionel tendido en el suelo sangrando, declaración que el juez infiere clave para determinar la probable autoría, así mismo tomo la declaración de Carlos Languidey Cartagena quien corrobora lo afirmado, situación que el juez luego de un análisis racional determina sobre la probabilidad de autoría, en base a los elementos indiciarios presentados y otros, por lo que este punto se confirma la resolución…”.
Ahora bien, compulsados los antecedentes se observa que en la primera parte de la resolución del Vocal demandado, inicialmente detalló las modalidades de concurrencia de los numerales 1, 2 y 3 del art. 233 del CPP, para luego describir los hechos que derivaron en que el Juez A-quo considere acreditada la concurrencia de probabilidad de autoría y no sometimiento al proceso del ahora peticionante de tutela; al respecto, cabe establecer que si bien dicha autoridad judicial accionada cumple con el presupuesto de fundamentación citando disposiciones legales que encuentran relación con el objeto de la causa; empero, a continuación, y sin desarrollar ningún tipo argumentación propia para justificar su decisión, confirmó la resolución inferior bajo la sola reminiscencia de hechos citados en su momento por el mismo Juez cautelar, llegando a considerar así la concurrencia de los numerales 1 y 2 del art. 233 del CPP; extremo, que devela que omitió pronunciarse en concreto respecto a la atestación de los otros testigos del hecho, inserto dentro del agravio identificado, cuando resulta ser una obligación de los tribunales de apelación luego de un análisis integral del supuesto, fundamentar y motivar sus decisiones, precisando los elementos de convicción que permitan concluir en la necesidad de ratificar la determinación del Juez cautelar; los cuales, no pueden ser considerados como suficientes para que haya revalidado este punto. En tal situación, como hemos referido, si bien el discutido Auto de Vista, en lo relativo al presente punto cuenta con la debida fundamentación; sin embargo, recae en incongruencia citra petita, pues, en concreto no existe respuesta al agravio debidamente identificado líneas arriba; así también, carece de motivación, ya que el prenombrado demandado tampoco emitió ningún tipo de criterio estableciendo el por qué resultaba razonable confirmar el Auto de 7 de enero de 2022 (Conclusión II.1), situación por la cual, corresponde conceder la tutela impetrada.
Al respecto, el Auto de Vista, en lo relativo a la identificación del agravio y al presente punto expresó que:
“…con relación a los riesgos procesales establecidos en el 234 numeral 4, el ministerio publico habría presentado documentación de otro proceso penal del juzgado de la niñez, este riesgo procesal es inexistente no se ha hecho valoración minuciosa los antecedentes son diferentes al presente hecho… ...en cuanto los riesgos procesales la resolución señala que se tiene acreditado y enervado el 234, 1 y 2, peligro de fuga, que sin embargo el juez establece que existe otro riesgo establecido en el núm. 5 del art. 234 del CPP el haberse aplicado al hoy imputado salida alternativa en otro delito doloso, con la aclaración que no se puede utilizar el mismo documento para acreditar 2 riesgos ya que se tiene acreditado que es imputado por un delito doloso verificable y concurre el 234 en su numeral 5” Como se observa, al igual que el punto anterior el Vocal demandado bajo una simple remembranza de hechos, solo reiteró lo señalado por el Juez inferior, más no expresó o desarrolló argumento propio para concluir en la necesidad de confirmar la concurrencia del numeral 5 del art. 234 del CPP, es decir: “…sin embargo el juez establece que existe otro riesgo establecido en el núm. 5 del art. 234 del CPP el haberse aplicado al hoy imputado salida alternativa en otro delito doloso“ (sic); así también, al momento de señalar que no se puede utilizar un mismo documento para “acreditar” dos riesgos procesales, tampoco explicó el por qué no resultaba factible de uso, pese a que conforme determina el art. 124 del CPP, estaba en la obligación de emitir una Resolución debidamente fundamentada expresando las razones de hecho y derecho para justificar su decisión; empero, aquella descripción incompleta e impropia resulta meramente retórica y carece de todo sustento jurídico. Por todo lo descrito, se evidencia una motivación arbitraria de la resolución, puesto que, para establecer la concurrencia del riesgo procesal del art. 234.5 del CPP, no realizó una debida explicación, siendo que es deber de las autoridades judiciales, el determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, describiendo de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, incurriendo en el extremo denunciando en la presente problemática; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada.
señaló dónde, cuándo o cómo en lo “futuro” podría hacer desaparecer el arma de fuego, y de qué manera se podría influir sobre las personas que no fueron siquiera identificadas, vulnerando el derecho al debido proceso, relacionado al derecho a la información, fundamentación, motivación, congruencia, valoración probatoria y acceso a la justicia. Al respecto, el Tribunal de Alzada, a través del Auto de Vista cuestionado, basó nuevamente su resolución en lo alegado en primera instancia; teniendo así, que el mismo realizó una copia textual de lo referido por el Juez de Instrucción Penal, asumiendo esta determinación como base para su fundamento de mantener vigentes estos riesgos procesales. En ese antecedente, se tiene que, el precitado Auto de Vista, refirió que (Conclusión II.2):
“…así mismo se encuentra latente el riesgo procesal del art. 235 1 y 2 por un parte no se tiene el arma de fuego objeto material que hace inferir que el autor estando en libertad pueda modificar o hacer que el arma no aparezca, el otro aspecto es que existe actos pendientes de investigación, como la declaración de 2 menores quienes son testigos presenciales del hecho que estuvieron en la cancha, en consecuencia existiendo la probabilidad de autoría, el peligro de fuga y también el peligro de obstaculización corresponde confirmar la resolución del juez” (sic). Sobre este punto, el Fundamento Jurídico III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, determinó la imposibilidad de basar una resolución en meras presunciones, debiendo el juzgador tener absoluta convicción de que el riesgo procesal puede establecerse, en un análisis de los elementos aportados al proceso y valorados objetiva, razonable e integralmente. Se establece en consecuencia, que el Vocal demandado, al momento de ratificar la resolución de primera instancia señaló que se encuentra latente el riesgo procesal del art. 235.1 y 2 del CPP, fundando su determinación en meras suposiciones; puesto que, la misma refiere que el imputado -ahora accionante-, en estado de libertad “puede modificar o hacer que el arma no aparezca”; estas afirmaciones demuestran que la autoridad demandada no basó su determinación conforme los elementos de la causa, y a los cuales tuvo pleno acceso, obviando realizar una valoración propia, individual, objetiva, razonable e integral de los medios de prueba, tomando simplemente como ciertas las afirmaciones del A-quo, recayendo en consecuencia en meras suposiciones, situación prohibida, conforme a lo citado por el Fundamento Jurídico III.4; vulnerando de esta manera, el derecho al debido proceso del ahora peticionante de tutela.
De igual manera, con referencia a los testigos agregó que “…existe actos pendientes de investigación, como la declaración de 2 menores quienes son testigos presenciales del hecho” (sic); dicha afirmación, si bien establece la existencia testigos presenciales; empero, obvió identificarlos tal y como hizo el Juez inferior, o por lo menos establecer sus iniciales al ser menores de edad, recayendo nuevamente en el incumplimiento del deber de fundamentar y motivar sus decisiones, precisando a cabalidad los elementos de convicción que permitan concluir en la necesidad de modificar o rechazar las medidas, justificando la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP o las circunstancias establecidas por el art. 234 y 235 del mismo cuerpo normativo (Fundamento Jurídico III.1); puesto que: 1) En primera instancia, la fundamentación vertida, no realizó siquiera una separación de los peligros procesales contenidos en los numerales 1 y 2 del art. 235 del CPP, sino que los manejó como si ambos fueran semejantes o se complementaran el uno con el otro; 2) No ejecutó una valoración independiente e íntegra de los medios de prueba; 3) No estableció el marco legal sobre el que se desarrollan estos peligros de obstaculización, y no efectuó un análisis lógico jurídico entre los hechos y la normativa aplicable, es decir, tales afirmaciones carecen de fundamentación y motivación; y, 4) No desarrolló, ni explicó el por qué, estos peligros de obstaculización se constituyen en necesarios y deben justificarse con la aplicación de la detención preventiva.
Por todo lo referido, y siendo evidente que no se señalaron los actos precisos por los cuales se estaría calificando este riesgo procesal, corresponde conceder la tutela. Por otra parte, respecto a los demás derechos presuntamente vulnerados como a la información, valoración probatoria y acceso a la justicia, debe tenerse presente, que el impetrante de tutela, a lo largo de su acción tutelar e intervención en audiencia, no explicó de qué manera los mismos hubieran sido quebrantados; situación por la cual, no concierne su atención.
Por su parte, el Vocal demandado, en el Auto de Vista citado señaló:
“…en cuanto al plazo de la detención habiéndose concedido 90 días, dada las actividades pendientes la búsqueda del arma declaración de testigos etc. debe también tomarse en cuenta que el caso amerita una mayor celeridad en los actos investigativos, por lo que se considera ese aspecto modificando que plazo sea 75 días” (sic) Al respecto, si bien dicha autoridad fija setenta y cinco días de detención preventiva exclamando celeridad en los actos investigativos pendientes, como la búsqueda del arma y la declaración de testigos entre otros, que fueron detallados; sin embargo, aquella apreciación resulta genérica y no se describe motivo o razón por el cual se llegó a concluir en la necesidad de aplicar tal plazo, extremo que resulta injustificado pese a que como autoridad judicial estaba en la obligación de dictar una resolución debidamente fundamentada y motivada precisando los elementos de convicción sobre la necesaria aplicación de dicha medida cautelar de carácter personal. En tal virtud y para el presente punto, el mismo resulta ser carente de motivación, puesto que, la decisión asumida no cuenta con una argumentación precisa y lógica; correspondiendo en consecuencia, conceder la tutela impetrada.
información, relacionado a la fundamentación, motivación, congruencia, valoración de la prueba y acceso a la justicia. Al respecto, si bien se alega que el Vocal demandado no corrió en traslado a su persona la apelación formulada por parte del Ministerio Público; empero, de la revisión del Auto de Vista, no se evidenció o demostró que por su parte haya realizado algún tipo de reclamo u observación y que se encuentre plasmada en dicho fallo para su contraste, situación por la cual no amerita atender lo denunciado, correspondiendo denegar la tutela impetrada. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró parcialmente de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve REVOCAR en parte la Resolución 04/2022 de 1 de febrero, cursante de fs. 14 a 18 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero del departamento de Pando; y, en consecuencia:
1° CONCEDER en parte la tutela impetrada, por franca vulneración de los derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia conforme se tiene de las sub problemáticas III.5.1, III.5.2, III.5.3 y III.5.4 del presente fallo constitucional;
a) Disponer que en el plazo de cuarenta y ocho horas de conocer el presente fallo, el Vocal demandado o en su caso la autoridad a cargo de Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del Pando, emita nueva resolución considerando los parámetros expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela en razón de lo establecido en las sub problemáticas III.5.5 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. MSc. Georgina Amusquivar Moller MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA MAGISTRADA
2 El art. 398 del CPP señala que: “Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución”
3 El art. 236 del CPP modificado por el art. 11 de la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019, vigente desde el 4 de noviembre del mismo año, señala: “El auto que disponga la aplicación de una medida cautelar personal, será dictado por la jueza, el juez o tribunal del proceso y deberá contener: 1. Los datos personales del imputado o su individualización más precisa; 2. El número único de causa asignada por el Ministerio Público y la instancia jurisdiccional correspondiente; 3. Una sucinta enunciación del hecho o hechos que se le atribuyen; 4. La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la medida, con las normas legales aplicables; 5. El lugar de su cumplimiento; 6. El plazo de duración de la medida”
“…la valoración de las pruebas, concretamente en medidas cautelares, consiste en la apreciación lógica y razonada que realiza de manera autónoma la autoridad judicial sobre los medios probatorios, para luego otorgar el valor que le corresponde a cada una de ellos…”
11 Art. 233 del CPP, modificado pro al Ley 1173.
12 Artículo 124°.- (Fundamentación).- Las sentencias y autos interlocutorios serán fundamentados. Expresarán los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. La fundamentación no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes
13 Artículo 235. (PELIGRO DE OBSTACULIZACIÓN). Por peligro de obstaculización se entiende a toda circunstancia que permita sostener fundamentadamente, que el imputado con su comportamiento entorpecerá la averiguación de la verdad. Para decidir acerca de su concurrencia se realizará una evaluación integral de las circunstancias existentes, teniendo especialmente en cuenta las siguientes: 1. Que el imputado destruya, modifique, oculte, suprima y/o falsifique elementos de prueba; 2. Que el imputado amenace o influya negativamente sobre los partícipes, víctima, testigos o peritos, a objeto de que informen falsamente o se comporten de manera reticente;
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1153_2023-S1.pdf · páginas 1 a 31.
Huella digital del PDF (SHA-256): 55d156a99d96c89d47ea06c8c55c6337ca7d7368e6c4922832d4f8b058cd8475
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →