Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 22 de septiembre de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes de fundamentación por interpretación arbitraria del DL 16187 y congruencia por omisión de pronunciamiento, a la defensa y a la petición; aduciendo que, dentro de la demanda de reincorporación laboral que presentó contra la CNS, los Magistrados demandados al emitir el Auto Supremo 180 de 26 de abril de 2022, que declaró infundado el recurso de casación que interpuso: 1) No se pronunciaron sobre las peticiones que efectuó y planteó en su impugnación; como la falta de mención en su memorándum de despido, sobre la aplicación del art. 16 de la LGT y la identificación de alguna causal de despido, prevista en la indicada norma legal y art. 9 de su Decreto Reglamentario, entre otros aspectos; y, 2) Efectuaron una interpretación arbitraria del DL 16187, por cuanto no dispuso nada contrario al límite de un año para la suscripción de los contratos a plazo fijo, como erróneamente se afirmó en el fallo confutado. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 67/2023 de 20 de marzo, cursante de fs. 344 a 347 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER parcialmente la tutela solicitada, únicamente en lo referente al derecho al debido proceso en sus componentes de motivación, congruencia y a la defensa, disponiendo dejar sin efecto el Auto Supremo 180 de 26 de abril de 2022, debiendo los actuales Magistrados de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, emitir un nuevo fallo debidamente motivado, fundamentado y congruente, conforme a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° DENEGAR en cuanto al derecho a la petición y a la inobservancia o errónea interpretación del DL 16187.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1151/2025-S3 Sucre, 22 de septiembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de amparo constitucional Expediente: 57584-2023-116-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 67/2023 de 20 de marzo, cursante de fs. 344 a 347 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por José Francisco Pardo Gómez contra José Antonio Revilla Martínez y Esteban Miranda Terán, Magistrados de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia.
Por memoriales presentados el 12 y 30 de enero de 2023, cursantes de fs. 266 a 272 y 275 a 279 vta., el accionante expresó que:
Dentro del proceso de reincorporación laboral que presentó contra la Caja Nacional de Salud (CNS), los Magistrados de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia -ahora demandados-, emitieron el Auto Supremo 180 de 26 de abril de 2022, declarando infundado el recurso de casación que interpuso contra el Auto de Vista 303/2020 de 20 de octubre, y Auto 155/2021 de 19 de abril. Sin embargo, el indicado Auto Supremo no se pronunció sobre las peticiones realizadas y planteadas en su recurso; ya que, el memorándum de despido no mencionó la aplicación del art. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT) -Ley de 8 de diciembre de 1942-, menos identificó alguna causal específica para tomar esa decisión, descrita en la indicada norma legal y el art. 9 de su Decreto Reglamentario -DS 224 de 23 de agosto de 1943-; dando por bien hecho su desvinculación, forzando una manifestación negativa de su parte y favoreciendo de manera ilegal a la parte demandada. Asimismo, dicho fallo no hizo alusión a que la entidad de salud nunca especificó en el contrato, ni en el Reglamento Interno, que presentar a destiempo un informe sería una infracción muy grave, sujeto a despido y que la cláusula quinta del contrato es inaplicable por ser arbitraria y al no estar visado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; tampoco mencionó que si bien hubo acusaciones en su contra; empero, la CNS previamente al despido, tenía que realizar un proceso interno administrativo, más aun tratándose de una entidad pública, sujeta a la aplicación de la Ley de Administración y Control Gubernamentales y Decreto Supremo (DS) 23318-A de 3 de noviembre de 1992, que regulan la obligación de efectuar lo señalado, si la entidad advirtiera causal legal de despido. Por otra parte, en su recurso de casación invocó la aplicación de la Resolución Ministerial (RM) 283/62 de 13 de junio de 1962, respecto a que los contratos a plazo fijo no pueden ser suscritos por un tiempo mayor a un año, y que hacerlo por tres años haría nulo el contrato e indefinida la relación laboral. No obstante, la Resolución objetada afirmó falsamente que el Decreto Ley (DL) 16187 de 16 de febrero de 1979, habría dejado sin efecto la mencionada Resolución Ministerial; y, que a la fecha no habría límites para dichos contratos; interpretación que resulta ser totalmente arbitraria, por cuanto dicho Decreto no dispuso nada contrario al límite de un año para las suscripción de los mencionados contratos. De ser así, vulneraría su propia naturaleza, dejando inaplicable la reconducción; prueba de ello es que, tanto la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia en sus fallos 649 de 14 de noviembre de 2019 y 2361 de 27 de julio de 2020, como la jurisprudencia constitucional, invocan para fundamentar muchas de sus resoluciones, la RM 283/62; lo que demuestra que está plenamente vigente y no se dejó sin efecto. Finalmente, los Magistrados demandados falsearon datos de una Sentencia Constitucional, además de transcribir de forma incompleta e imprecisa la misma; haciendo mención a la SCP 0134/2018-S3 de 20 de abril, la cual no existe; por lo que, no se advierte afirmación alguna en sentido que no habría límite de vigencia para los contratos a plazo fijo, como se afirmó en el fallo confutado.
Denunció la lesión de su derecho al debido proceso en relación a la omisión de pronunciamiento sobre peticiones realizadas y planteadas en el recurso de casación, y en su componente de fundamentación por interpretación arbitraria del DL 16187 y a la defensa, citando al efecto los arts. 115, 117 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo se deje sin efecto el Auto Supremo 180, emitido por las autoridades demandadas, y en consecuencia se ordene que se dicte uno nuevo, en respeto a los derechos y garantías constitucionales demandados.
Celebrada la audiencia pública el 20 de marzo de 2023, según consta en acta cursante de fs. 338 a 343, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, reiteró in extenso los términos de su acción tutelar presentada, y ampliándola manifestó que las autoridades demandadas al emitir el Auto Supremo 180, efectuaron una la mala interpretación del DL 16187, restringiendo los derechos a la petición y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y congruencia, por las omisiones en las que incurrieron. En la audiencia de garantías, ante las interrogantes efectuadas por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el peticionante de tutela a través de su abogado, señaló que el informe semestral lo presentó con un retraso de un par de días por algunas situaciones; empero, el mismo no estaba específicamente delimitado como una causal de despido. Posteriormente, aclaró que el referido informe debía presentar el 13 de octubre de 2006 y lo hizo el 22 de diciembre del citado año; sin embargo, existió una carta de solicitud de postergación del informe de 10 de noviembre del indicado año “…y presenta el informe el 12 de diciembre en cuatro ejemplares…” (sic). Afirmó que, por incumplimiento de contrato se le tenía que iniciar un sumario interno disciplinario.
Esteban Miranda Terán, Magistrado de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, presentó informe escrito el 17 de marzo de 2023, cursante de fs. 315 a 319 vta., señalando que: a) El Auto Supremo impugnado, identificó la problemática del caso, desglosó la normativa pertinente señalada por el accionante y analizó de manera conjunta toda la prueba aportada, tanto por el demandante, como por la entidad demandada, tomando en cuenta que conforme al art. 180.I de la CPE, la jurisdicción ordinaria encuentra como fundamento a la verdad material, que obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa solo a los hechos y circunstancias de la forma como ocurrieron y en estricto cumplimiento de las garantías procesales; b) Del contraste de las pruebas, el indicado fallo tuvo como probados los argumentos de la parte demandada y resolvió el conflicto en el marco de la congruencia, suficiencia y pertinencia, garantizando a ambas partes conocer el porqué de la decisión, justificando además su determinación; en ese sentido, se efectivizó y respetó los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes a través de una correcta apreciación de los medios probatorios durante el proceso, por lo que no existió omisión en su valoración; c) Tampoco se apartó de los principios de razonabilidad y/o equidad, cumpliendo con la garantía del debido proceso en sus componentes de congruencia, fundamentación y motivación, no siendo evidentes las denuncias efectuadas por el peticionante de tutela; puesto que, fue contratado a plazo fijo como Jefe del Departamento de Auditoría Interna, sujeto a una regulación específica determinado en el contrato de trabajo, en el que se estipularon las causales específicas de su resolución, previstas en el art. 16 de la LGT y 9 de su Decreto Reglamentario; d) De acuerdo a las cláusulas cuarta y quinta, el término del contrato tendría una duración de máximo de tres años, sujeto a evaluación sobre la base de la presentación de informes semestrales por parte del profesional contratado, que contengan mínimamente los objetivos estratégicos e institucionales y metas alcanzadas en relación al plan operativo anual, sus actividades, planes, programas, proyectos y políticas institucionales; de los cuales se estableció que indefectiblemente para la continuidad del cargo, debían contar con la aprobación de la autoridad inmediata superior; e) Asimismo, se convino que en caso de inobservancia de la cláusula cuarta, constituía incumplimiento del contrato y daría lugar a la rescisión del mismo, concordante con la cláusula novena; en ese sentido, se llegó a la conclusión que para la desvinculación del impetrante de tutela, a través del Memorándum Cite 1631 de 28 de diciembre de 2006, existió una causa y fundamento para ello; asumiendo la Sala el convencimiento de la correcta apreciación de los antecedentes del proceso por el Tribunal de apelación, al haber incurrido en la causal de incumplimiento de contrato, previsto en los arts. 16 inc. e) de la LGT y 9 inc. e) de su Decreto Reglamentario; f) Si bien el principio de estabilidad laboral busca la continuidad del trabajador en su fuente laboral, ello no significa que este derecho sea vitalicio o que perdure sin excepción alguna; sino lo que busca es protegerle de despidos arbitrarios, sin justificación o causal alguna; en el presente caso, existió un motivo reflejado en el contrato de trabajo suscrito por ambas partes; situación que aleja al accionante del alcance de la garantía de la inamovilidad laboral; y, g) Conforme lo expuesto, quedan desvirtuadas las denuncias de vulneración de derechos y principios constitucionales alegados por el peticionante de tutela; toda vez que, el Auto Supremo confutado contiene la fundamentación y motivación necesaria, además de congruencia interna y externa, conforme estableció la jurisprudencia constitucional y el mismo Tribunal Supremo de Justicia; tampoco existió transgresión a la normativa constitucional, habiéndose resuelto en observancia de la jurisprudencia y la legislación vigente, aplicable al caso; por lo que, solicitó denegar la acción de defensa formulada.
José Antonio Revilla Martínez, Magistrado de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, no presentó informe alguno, tampoco asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 311.
Silvia Gallegos Romero, Gerente General de la CNS, a través de su representante, presentó escrito el 20 de marzo de 2023, cursante de fs. 334 a 337 vta., señalando que: 1) El accionante de manera inexplicable, queriendo inducir actos inexistentes, acusa al “Auto de Vista” de no haber considerado la existencia de los elementos esenciales de la relación laboral, y que el despido fue injustificado, ya que el DS 28699 de 1 de mayo de 2006, reconocería la estabilidad laboral que tenía; 2) La etapa en la que debió efectuar la producción de las pruebas, era en el término respectivo, período en el cual tenía la obligación de presentar todos los elementos que sustenten su demanda de cumplimiento de resolución administrativa; aspecto que fue omitido por el prenombrado, al no haber ofrecido prueba alguna a los fines de su pretensión, cuyo plazo a la fecha se encuentra precluido, menos determinó la legalidad de su petitorio en relación a los derechos que en segunda instancia observó y fundamentó; 3) La segunda instancia se constituye en una fase de revisión y no de argumentación y producción de elementos probatorios, a menos que los Vocales así lo requieran; aspecto que no ocurrió en el presente caso; 4) Respecto a la existencia de una relación indefinida que se alega no haber sido considerada a momento de emitir el Auto de Vista; corresponde aclarar que, el fundamento debió efectuarse en vigencia del término de prueba, en el cual no argumentó una presunta contratación indefinida, negligencia que no se puede pretender subsanar en esta etapa, la cual única y exclusivamente tiene la obligación de efectuar una valoración referente a la existencia de vulneraciones al debido proceso, aspecto que no se adecúa al caso; máxime, si la contratación indefinida que se argumenta no haber sido tomada en cuenta, nunca fue objeto de la demanda y menos fundamentada en el referido término probatorio; 5) Durante ese período, el impetrante de tutela no presentó ni ofreció prueba alguna, incumpliendo de manera directa con las obligaciones contempladas en el contrato de trabajo a plazo fijo, al haber omitido presentar un informe semestral, el cual debía ser aprobado con excelente y/o suficiente para continuar en el cargo. Ante dicho incumplimiento, se dio aplicación a la cláusula novena del referido contrato, mismo que establece la rescisión del contrato por causal atribuible al contratado, figura que se adecua a esta causa; ya que, el accionante omitió de forma libre y sin que medie presión, la presentación del citado informe requerido; 6) La nulidad del contrato de trabajo alegada, nunca fue objeto de demanda, ni mucho menos se constituyó en parte de su fundamentación, pretendiendo nuevamente disimular la defensa negligente realizada. Por otra parte, el peticionante de tutela aceptó la desvinculación por incumplimiento de contrato, al haber cobrado el finiquito de pago de beneficios sociales, renunciando de forma tácita a la reincorporación que ahora pretende; quedando claro que, el haber recurrido a la instancia administrativa y/o judicial competente, fue su decisión; dado que, bien pudo acudir a la vía judicial para reclamar sus derechos; a tal efecto, se emitió la SCP 1096/2012 de 5 de septiembre; y, 7) Se pronunció el Auto Supremo 180, en aplicación de lo dispuesto por los arts. 270 y 271 del Código Procesal Civil (CPC) y las facultades conferidas por el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), estableciendo la improcedencia del recurso de casación interpuesto, declarando infundado el mismo; por lo que, solicitó se deniegue la tutela impetrada, en atención a la inaplicabilidad de la petición efectuada por el impetrante de tutela, por ser carente de fundamento y conforme a la amplia jurisprudencia constitucional vinculante, en resguardo del principio del debido proceso y el derecho a la defensa. Asimismo, en audiencia de garantías a través de su representante, puntualizó que: i) Se procedió a la rescisión del contrato de trabajo del solicitante de tutela, ante la falta de presentación de un informe semestral, al cual estaba obligado a desplegar; extremo que estaba establecido en el contrato laboral; ii) La CNS cuenta con un Reglamento específico de reclutamiento, selección y elección de postulantes a los cargos vacantes ejecutivos, jerárquicos e intermedios, el mismo que fue elaborado en virtud al DS 28719 -no indica la fecha-, estableciendo que los postulantes y los ganadores para las distintas jefaturas podrán suscribir un contrato por un plazo de tres años, con un plazo determinado tanto de inicio como de conclusión; y, iii) El accionante conocía dicho plazo, además de todas las condiciones y funciones que debería fungir; en consecuencia, la citada entidad decidió rescindir el contrato, al incumplirse la causal número nueve; haciendo constar que, tanto el Auto Vista como el Auto Supremo pronunciados, establecieron que el motivo para dicha rescisión, era precisamente la inobservancia del indicada cláusula; omisión trascendental para esa institución.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 67/2023 de 20 de marzo, cursante de fs. 344 a 347 vta., denegó la tutela solicitada, al no haber advertido la lesión a los derechos alegados en audiencia, con base en los siguientes fundamentos: a) La valoración efectuada por el Tribunal Supremo de Justicia en su fallo cuestionado, estableció que la desvinculación laboral del accionante fue legal; conclusión que es aceptada por esta Sala Constitucional al estar suficientemente argumentada; puesto que, la motivación y fundamentación de las decisiones judiciales, no requiere de un exhaustivo agotamiento de argumentos, sino que sean claros respecto a situaciones diáfanas. En el presente caso, el contrato presentado como prueba, establece que existió incumplimiento, lo cual demuestra que la decisión asumida por el indicado Tribunal, fue correcta; b) No se advirtió que haya existido algún tipo de proceso sancionatorio contra el peticionante de tutela, “…pero no se puede exigir aun en el propio procedimiento y menos en la Sala Constitucional el establecimiento de un proceso inexistente o por lo menos un proceso o procedimiento que no ha sido identificado como debe de identificarse el debido proceso en Acción” (sic); y, c) Respecto al plazo máximo o mínimo del contrato que fue alegado en esta audiencia, la Sala razonó que ese argumento es intrascendente con la pretensión principal, siendo ella la reincorporación; porque el prenombrado, consideró que fue desvinculado al margen de las previsiones de la Ley General del Trabajo o de su Decreto Reglamentario; en ese marco, la Sala considera que el Tribunal Supremo de Justicia “…resolvió en corrección” (sic).
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso de reincorporación laboral seguido por José Francisco Pardo Gómez -ahora accionante- contra la CNS Gerencia Regional La Paz, la Sala Social Administrativa Contencioso y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia del indicado departamento, emitió el Auto de Vista 303/2020 de 20 de octubre, que resolvió revocar la Sentencia 10/2011 de 16 de febrero, así como su Auto complementario, y deliberando en el fondo declaró improbada la demanda interpuesta, pago de salarios devengados y otros derechos (fs. 225 a 227). II.2. En mérito al recurso de casación presentado el 5 de mayo de 2021, por el peticionante de tutela contra el referido fallo de alzada (fs. 231 a 235 vta.); los Magistrados de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia -hoy demandados-, pronunciaron el Auto Supremo 180 de 26 de abril de 2022, declarando infundado la impugnación planteada; Resolución que fue notificada al prenombrado el 20 de julio del citado año (fs. 254 a 260).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes de fundamentación por interpretación arbitraria del DL 16187 y congruencia por omisión de pronunciamiento, a la defensa y a la petición; aduciendo que, dentro de la demanda de reincorporación laboral que presentó contra la CNS, los Magistrados demandados al emitir el Auto Supremo 180 de 26 de abril de 2022, que declaró infundado el recurso de casación que interpuso: 1) No se pronunciaron sobre las peticiones que efectuó y planteó en su impugnación; como la falta de mención en su memorándum de despido, sobre la aplicación del art. 16 de la LGT y la identificación de alguna causal de despido, prevista en la indicada norma legal y art. 9 de su Decreto Reglamentario, entre otros aspectos; y, 2) Efectuaron una interpretación arbitraria del DL 16187, por cuanto no dispuso nada contrario al límite de un año para la suscripción de los contratos a plazo fijo, como erróneamente se afirmó en el fallo confutado. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En cuanto al tema, la SCP 0655/2020-S2 de 12 de noviembre, sostuvo que: “Al respecto, la jurisprudencia constitucional refirió que la fundamentación y motivación que realice un servidor público a tiempo de emitir una determinación, debe exponer con claridad los motivos que sustentaron su decisión, entre otras la SC 0863/2007-R de 12 de diciembre sostuvo que ‘…la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió.
(…) Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’. Por su parte, la SCP 0450/2012 de 29 de junio, remarcó: ‘La jurisprudencia señaló que el debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas, y constituye una garantía de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales o administrativas. Abarca un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan el diseño de los procedimientos judiciales y administrativos, entre sus elementos se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma, es decir, debe llevar al convencimiento que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores y defensores, así como a la opinión pública en general; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la resolución sino impediría que las partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados…’” (el resaltado corresponde al texto original). Ahora bien, el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa o cualquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión, fue desarrollado por la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre y está dado por sus finalidades, las cuales son: “…(1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2)
Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad…”. Sobre el segundo contenido; es decir, lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia, la precitada SCP 2221/2012, desarrolló las formas en las que puede manifestarse la arbitrariedad, señalando que: “…la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) una ‘decisión sin motivación’, o extiendo esta es b.2) una ‘motivación arbitraria’; o en su caso, b.3) una ‘motivación insuficiente’. (…) b.3) De otro lado, cuando una resolución no justifica las razones por las cuales omite o se abstiene de pronunciar sobre ciertos temas o problemas jurídicos planteados por las partes, se está ante una ‘motivación insuficiente’. Si el órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir incurre en cualesquiera de esos tres supuestos: ‘decisión sin motivación’, o extiendo esta, ‘motivación arbitraria’, o en su caso, ‘motivación insuficiente’, como base de la decisión o resolución asumida, entonces, es clara la visualización de la lesión del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada, como elemento constitutivo del debido proceso. Los tres casos señalados, son un tema que corresponderá analizar en cada caso concreto, debido a qué sólo en aquéllos supuestos en los que se advierta claramente que la resolución es un mero acto de voluntad, de imperium, de poder, o lo que es lo mismo de arbitrariedad, expresado en decisión sin motivación o inexistente, decisión arbitraria o decisión insuficiente, puede la justicia constitucional disponer la nulidad y ordenar se pronuncie otra resolución en forma motivada” (las negrillas son añadidas).
En relación al tópico, reiterando entendimientos jurisprudenciales anteriores, asumidos sobre este elemento del debido proceso, la SC 0486/2010-R de 5 de julio, sostuvo que: “…la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes. (…) El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia” (el énfasis es nuestro). Razonamiento que fue reiterado a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0255/2014 de 12 de febrero y 0704/2014 de 10 de abril. Por su parte, la SCP 1083/2014 de 10 de junio, en cuanto a ese principio estructurante del debido proceso, expresó que: “El debido proceso se integra por diferentes elementos que viabilizan las garantías mínimas del justiciable; así, la congruencia de las resoluciones judiciales, constituye el debido proceso. Al respecto, Guillermo Cabanellas, entiende al principio de congruencia como: ‘Oportunidad, conveniencia entre preguntas y respuestas; entre demandas y concesiones o resoluciones. II Conformidad entre el fallo judicial y las pretensiones plateadas por las partes.
Las sentencias deben ser congruentes con las súplicas de las demandas, de su contestación o de su reconvención, sin que hechos posteriores a la discusión escrita puedan modificar los términos en que fue trabada la litis. La discrepancia entre sentencia y demanda permite los recursos establecidos por los códigos de procedimiento…’ . En el marco de la premisa anterior y, desde una óptica doctrinal, la congruencia de las resoluciones judiciales amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión” (las negrillas son añadidas). Por su parte, la SCP 1916/2012 de 12 de octubre, con relación al principio de pertinencia, sostuvo que el mismo: “…determina que la resolución que emita el juez o tribunal superior cuando actúa como revisor de apelación o casación, debe circunscribirse a la decisión del juez o tribunal de inferior instancia; y según sea el caso, se abocará en la apelación a la expresión de ofensas contenidas en el recurso; y en la casación a la existencia de una infracción o errónea aplicación de la norma de derecho, sea en el fondo o en la forma; de ello se infiere que a momento de conocer y resolver un recurso de impugnación, se dilucidarán exclusivamente tales extremos en las resoluciones judiciales. Así el Auto Supremo 55 de 1 de abril de 1998, sostuvo que: ‘Los fallos judiciales obligatoriamente deben responder a las pretensiones deducidas por las partes y las autoridades jurisdiccionales no pueden pronunciarse sobre aspectos no demandados y que no fueron objeto de la litis’. Si bien la pertinencia de las resoluciones se encuentra prevista por el art. 236 del CPC, donde indica que el auto de vista deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de apelación y fundamentación a que se refiere el art. 227, es decir, a la expresión de los agravios sufridos por efecto de la resolución que hubiere pronunciado; sin embargo, dicho precepto debe ser aplicado extensivamente también a su cumplimiento por parte de los tribunales de casación; dado que dichas autoridades igualmente tienen la carga de responder a todas las pretensiones deducidas por las partes tanto en el recurso como en la respuesta al mismo, pero sin incurrir en una decisión ultra petita” (el resaltado es propio).
Jurisprudencia reiterada
Al respecto, la SCP 0294/2012 de 8 de junio refirió que: “La jurisprudencia constitucional estableció que el amparo constitucional no es un recurso alternativo, sustitutivo, complementario o una instancia adicional a la que pueden recurrir los litigantes, frente a una determinación judicial adversa, pues esta acción tutelar en ningún caso puede ser equiparado y/o utilizado como una instancia de apelación y menos de casación. En ese sentido, la SC 1358/2003-R de 18 de septiembre, ha establecido que: '…el amparo constitucional es una acción de carácter tutelar, no es un recurso casacional que forme parte de las vías legales ordinarias, lo que significa que sólo se activa en aquellos casos en los que se supriman o restrinjan los derechos fundamentales o garantías constitucionales, por lo mismo no se activa para reparar supuestos actos que infringen las normas procesales o sustantivas, debido a una incorrecta interpretación o indebida aplicación de las mismas'” (las negrillas nos corresponden). Por su parte, la SCP 1737/2014 de 5 septiembre, sostuvo que: “…esta jurisdicción no se constituye en un mecanismo de impugnación de la labor que efectúan los jueces y tribunales ordinarios; el Tribunal Constitucional Plurinacional no puede inmiscuirse en esa labor particular, al estar compelido al cumplimiento de funciones diferentes (art. 196.I de la CPE), menos puede convertirse en un supra tribunal con facultades de revisar lo obrado por autoridades de otras jurisdicciones, a menos que la accionante hubiera manifestado de manera precisa una errónea valoración de la prueba (individualizando la prueba y el alejamiento de los marcos de razonabilidad y equidad), una errónea interpretación del Derecho (precisando qué normas legales fueron erróneamente interpretadas y cómo estas interpretaciones vulneran derechos fundamentales de manera puntual y concreta); o, cómo los elementos congruencia y fundamentación han sido vulnerados al emitirse una resolución judicial” (énfasis añadido). Entendimiento reiterado en la SCP 0606/2016-S2 de 30 de mayo.
Examinados los antecedentes procesales que cursan en el expediente, se llega a evidenciar que, dentro del proceso de reincorporación laboral seguido por José Francisco Pardo Gómez -ahora accionante-, contra la CNS Gerencia Regional La Paz; la Sala Social Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia del indicado departamento, emitió el Auto de Vista 303/2020 de 20 de octubre, resolviendo revocar la Sentencia 10/2011 de 16 de febrero, así como su Auto complementario, y deliberando en el fondo declaró improbada la demanda interpuesta, pago de salarios devengados y otros derechos. Posteriormente, en mérito al recurso de casación interpuesto por el peticionante de tutela contra el referido fallo de alzada, los Magistrados de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia -hoy demandados-, pronunciaron el Auto Supremo 180 de 26 de abril de 2022, declarando infundada la impugnación planteada.
Ingresando a analizar el fondo del presente caso, con el fin de establecer si las denuncias expresadas por el impetrante de tutela en su acción de defensa, son evidentes o no, referidas a: i) La falta de congruencia por omisión de pronunciamiento en el Auto Supremo cuestionado, con relación a las peticiones realizadas y planteadas en su recurso de casación; y, ii) La ausencia de fundamentación por interpretación arbitraria del DL 16178, habiéndose activado la fase recursiva; corresponde en primera instancia conocer los argumentos expresados en el indicado recurso, a efectos de establecer si el fallo cuestionado es congruente con los aspectos reclamados en dicha impugnación y si se encuentra debidamente fundamentado y motivado; los mismos que se detallan a continuación: a) El Tribunal de alzada al momento de dictar el Auto de Vista 303/2020, no consideró que existe un contrato de trabajo ilegal; puesto que, se pactó a plazo fijo por un período no permitido, porque la ley limita a que el plazo máximo de ese tipo de contrato es de un año, no pudiendo fijarse el mismo por dos, menos por tres años como se lo hizo; siendo la normativa laboral imperativa y está sobre la voluntad de las partes, y al año y un día de trabajo, el referido contrato se volvió indefinido, conforme lo dispuesto por la RM 283/62; extremo que no fue considerado; b) El memorándum de despido no mencionó ni citó un solo artículo de la Ley General del Trabajo, tampoco especificó alguna causal; es decir, si la decisión fue por omisiones o imprudencias; si la parte demandada creyó que incumplió el contrato, debió citar el art. 16 inc. e) de la indicada Ley, pero no lo invocó, siendo el contrato de trabajo nulo de pleno derecho. Por ello, el Tribunal ad quem no podía alegar la aplicación de dicha norma legal, cuando ni la entidad demandada lo hizo en el referido memorándum; en consecuencia, al haber considerado causales sobrevinientes de despido, invocadas el 18 de enero de 2008, después de dos años de su retiro de 28 de diciembre de 2006, es algo totalmente ilegal;
c) La parte demandada recién en la respuesta al recurso de casación, invocó todas las causales de despido, previstas en los arts. 16 de la LGT, 9 de su Reglamento y el Reglamento Interno de la CNS; sin embargo, estas infracciones no fueron invocadas en el memorándum de despido; asimismo, si bien le indicó que incurrió en responsabilidad administrativa conforme a la Ley 1178; empero, nunca se le inició un proceso interno administrativo, según manda la citada Ley y el DS 23318-A, para que sea considerado un despido legal; por lo que, no se cumplió ni respetó los derechos a la defensa plena, a la presunción de inocencia y el debido proceso, siendo la desvinculación ilegal, al no haberle dado la oportunidad de defenderse;
d) Aún no haya presentado a tiempo su informe, en ninguna parte del contrato o de la Ley se señaló que por no adjuntar a tiempo un informe tenga que ser despedido; a tal fin, correspondía valorar si lo alegado por la parte demandada (no presentación del informe) era o no muy grave y si ameritaba o no un despido; cuando las causales para ello deben estar filtradas primeramente por el Ministerio de Trabajo dentro el Reglamento Interno de Trabajo que no se aplicó; por tanto, el contrato de trabajo es ilegal desde el inicio y es nulo de pleno derecho; por lo que, la cláusula quinta era inaplicable, además el mismo ni siquiera estaba visado por dicho Ministerio; y, e) El Tribunal de alzada no realizó una correcta valoración de la prueba aportada y la propia confesión de la parte demandada, limitándose a señalar que el memorándum justificaba la conclusión de la relación laboral, pues se verificó que su persona vulneró lo previsto por el art. 16 inc. e) de la LGT, sin considerar que los contratos a plazo fijo por imperio de la RM 283/62, no pueden ser suscritos por un tiempo mayor a un año; además que aun en caso de recontrataciones, la renovación periódica hace al contrato indefinido, sin tomar en cuenta ni valorar el memorándum 1631 de 28 de diciembre de 2006, por el que fue retirado de su fuente de trabajo por otra causal muy diferente al que determinó la citada instancia de alzada. Por ello, debió declarar la relación laboral como indefinida y a la vez establecer que fue retirado de su fuente laboral de forma ilegal, y en consecuencia, disponer su reincorporación sujeto a pago de salarios devengados.
Ahora bien, incumbe señalar que, según lo expresado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el principio de pertinencia determina que, la resolución que emita el juez o tribunal superior cuando actúa como revisor de apelación o casación, debe circunscribirse a la decisión del juez o tribunal de inferior instancia; y según sea el caso, se abocará en la apelación a la expresión de ofensas contenidas en el recurso; y en la casación a la existencia de una infracción o errónea aplicación de la norma de derecho, sea en el fondo o en la forma. De acuerdo a dicho entendimiento, el fallo ahora objetado debe circunscribirse necesariamente a los argumentos y los agravios que contiene el recurso de casación formulado por el accionante; a tal fin, corresponde conocer los argumentos esgrimidos que sustentan su decisión: 1) Si bien la RM 283/62, establecía un límite de duración de un año en los contratos de trabajo a plazo fijo; sin embargo, ese criterio fue dejado sin efecto por el DL 16187, conforme prevé el art. 1 que establece: “…‘El contrato de trabajo puede celebrarse en forma oral o escrita por tiempo indefinido, a plazo fijo, por temporada, por realización de obra o servicio, condicional o eventual. A falta de estipulación escrita, se presume que el contrato es por tiempo indefinido, salvo prueba en contrario’…”; implicando ello, que “…no existe límite de vigencia en los contratos a plazo fijo, como se determinó en la SCP N° 134/2018-S, entre otras, donde se señaló que prevalece lo dispuesto por el DL N° 16187, que no prevé un límite de duración del contrato” (sic); 2) “La norma descrita, prevé para su concurrencia que, cuando se celebra un contrato por cierto tiempo; es decir, a plazo fijo, no implica necesariamente que una vez vencido el término estipulado, el trabajador debe indefectiblemente cesar en sus funciones, por cuanto puede ocurrir alguna de las situaciones que las disposiciones prevén…” (sic). En el presente caso, se identificó que el extrabajador -hoy accionante-, fue contratado a plazo fijo como Jefe del Departamento de Auditoría Interna, sujeto a una regulación específica establecido en el contrato de trabajo, en el que se estipuló las causales específicas de la resolución del mismo, que se acomodan a las previstas en el art. 16 de la LGT y 9 de su Decreto Reglamentario;
3) Conforme a las cláusulas cuarta y quinta, se acordó que el término del contrato tendría una duración hasta un máximo de tres años, sujeto a evaluación sobre la base de la presentación de informes semestrales por parte del profesional contratado, que contengan mínimamente los objetivos estratégicos e institucionales y metas alcanzadas en relación al plan operativo anual, sus actividades, planes, programas, proyectos y políticas institucionales; de los cuales se estableció que indefectiblemente para la continuidad del cargo, debían contar con la aprobación de la autoridad inmediata superior;
4) La inobservancia de la cláusula cuarta, constituía incumplimiento del contrato y daría lugar a la rescisión del mismo, concordante con la cláusula novena que estableció las causales a dicha rescisión atribuibles al contratado, entre ellas: “…‘Cuando el CONTRATADO, incumpla parcial o totalmente el presente contrato’…”; “…‘Cuando el CONT[R]ATADO no eleve su informe Semestral previsto en la Cláusula Quinta o que éste sea presentado con extemporaneidad (después de más de 15 días del Semestre de Actividades)’…” y “…‘Cuando el Informe Semestral presentado por el CONTR[A]TADO sea reprobado (insuficiente y/o deficiente por la Autoridad Superior de la CNS que practicara la evaluación’” (sic);
5) Para la desvinculación del peticionante de tutela a través del Memorándum Cite 1631 de 28 de diciembre de 2006, existió una causa y fundamento para ello, al disponer la rescisión de su contrato de trabajo, en razón de haber incumplido con la cláusula quinta del mismo; en tal consideración, “…esta Sala asume convencimiento de la correcta apreciación de los antecedentes del proceso por el Tribunal de apelación, habida cuenta que el demandante, incurrió en la causal de incumplimiento de contrato previsto en los arts. 16 inc. e) de la LGT y 9 inc. e) del DRLGT…” (sic). Si bien el principio de estabilidad laboral, busca una continuidad del trabajador en su fuente laboral, ello no significa que este derecho sea vitalicio o perdure sin excepción alguna; sino, lo que busca es proteger al mismo de despidos arbitrarios, sin justificación o causal alguna; y,
6) En la presente causa, existe un motivo reflejado en el contrato de trabajo suscrito por ambas partes; esa situación aleja al extrabajador del alcance de la garantía de la estabilidad laboral, establecida en el art. 11.I del DS 28699, sin que ello de ninguna manera discurra con otros derechos que le corresponden. Con base en lo anotado, el Tribunal concluyó que el Tribunal de alzada no incurrió en error de hecho o de derecho en la valoración de la prueba producida, ni en errónea interpretación o indebida aplicación de las leyes, vinculados con el principio de continuidad, estabilidad laboral y el derecho de reincorporación.
- Sobre la falta de congruencia por omisión de pronunciamiento en el Auto Supremo cuestionado
De acuerdo a lo expresado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, el principio de congruencia en su faceta externa, se entiende como la plena correspondencia o coincidencia que debe existir entre el planteamiento de las partes y lo resuelto por las autoridades judiciales o administrativas, aplicable en toda resolución, ya sea judicial o administrativa. Es decir, responde a la pretensión jurídica o la expresión de los agravios y/o denuncias formuladas por las partes o sujetos intervinientes, ya sea en la resolución de primera y/o segunda instancia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes.
Bajo la premisa jurisprudencial anotada precedentemente y del examen de los fundamentos esgrimidos en el fallo objeto de análisis, se advierte claramente que las autoridades judiciales demandadas, a tiempo de resolver el recurso de casación planteado por el peticionante de tutela, si bien se refirieron a algunos aspectos acusados por el prenombrado, en especial respecto a la RM 283/62, efectuando una interpretación literal de lo previsto en el DL 16187, en cuanto a su alcance con relación a los contratos de trabajo; afirmando además respecto a la incorrecta valoración de la prueba por parte del Tribunal de alzada -alegada por el accionante-, que cuando se acusa la falta de apreciación de las pruebas, no basta con relacionarlas, sino que era necesario explicar de manera precisa frente a cada una de ellas, qué es lo que en verdad acreditan, de qué manera incidió su falta de valoración en la decisión. Sin embargo de lo expresado, no respondieron ni aclararon de manera precisa los siguientes puntos cuestionados y denunciados -pese a que fueron descritos en el Auto Supremo confutado-, al no haberse referido específicamente a las siguientes interrogantes: i) Que la entidad demandada recién en la respuesta al recurso de casación, invocó todas las causales de despido, previstas en los arts. 16 de la LGT y 9 de su Reglamento, así como en el Reglamento Interno de la CNS; sin embargo, las mismas no fueron invocadas en el Memorándum de despido; ii) Nunca se le inició un proceso interno administrativo, según manda la citada Ley y el DS 23318-A, para que sea considerado un despido legal; por lo que, no se respetaron los derechos a la defensa plena, a la presunción de inocencia y el debido proceso, siendo la desvinculación ilegal, al no haberle dado la oportunidad de defenderse; y, iii) El contrato de trabajo es ilegal desde el inicio y es nulo de pleno derecho; en virtud a ello, la cláusula quinta era inaplicable, ya que el mismo “…ni siquiera esta visado por el Ministerio de Trabajo, que hubiera observado que, solo por presentar a destiempo un informe un trabajador sea despedido…” (sic). Dichas omisiones debatidas a través de este mecanismo constitucional, a partir de una interpretación previsora, tienen relevancia constitucional en la presente causa, cuyo pronunciamiento por parte de dicha instancia de cierre, era esencial para establecer la existencia o no de infracción o errónea aplicación de las normas laborales; vale decir, tienen un componente de fondo respecto a lo demandado, siendo previsible un efecto modificatorio en el fondo de la decisión, al constituirse en una parte fundamental para la interposición del mencionado medio recursivo; máxime si se hizo alusión a la transgresión de derechos fundamentales previstos en la Constitución Política del Estado. En virtud a ello, se llegó a evidenciar que no existe la debida concordancia entre lo pedido y lo resuelto; consiguientemente el Auto Supremo 180, incumplió los lineamientos previstos por la jurisprudencia constitucional glosada en líneas que anteceden, siendo evidente la falta de congruencia externa en la Resolución impugnada, al no concurrir la plena correspondencia entre las interrogantes vertidas por el impetrante de tutela, deducidas en su medio recursivo y lo dispuesto en el citado Auto Supremo. Resultando, en consecuencia, un fallo que no se halla debidamente motivado, enmarcado en los agravios denunciados por el accionante, que sustente de manera razonable su determinación de declarar infundado el recurso de casación planteado; tomando en cuenta que, toda autoridad ya sea judicial o administrativa que pronuncie una resolución, además de exponer los hechos, debe fundamentar y motivar a través de la exposición de las razones que le llevaron a tomar determinada decisión, las cuales deben ser expuestas de forma clara y concisa, conforme a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Resolución Constitucional.
En el marco del entendimiento jurisprudencial anotado, y del examen de los fundamentos expresados en el merituado fallo objeto de análisis, se advierte claramente que el mismo transgrede el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o motivada, al contener una motivación insuficiente; debido a que, los Magistrados demandados no justificaron las razones por las cuales omitieron referirse a los agravios detallados supra, entre ellos, que cuando se acusa a un trabajador o contratado de incurrir en causales de resolución de contrato o desvinculación, independientemente de la forma de contrato, debe demostrarse ello y poder defenderse en un debido proceso; consecuentemente, la justicia constitucional puede disponer la nulidad y ordenar se pronuncie otra resolución de forma motivada, según los razonamientos expresados en el precitado Fundamento Jurídico. Por lo precedentemente señalado, se evidenció la vulneración del derecho al debido proceso en sus componentes motivación y congruencia, al constituirse el fallo cuestionado en el acto lesivo respecto a los intereses del mismo, siendo viable en consecuencia la tutela que brinda este mecanismo constitucional. En lo concerniente al derecho a la defensa, también se advierte su lesión; pues, a pesar de que el solicitante de tutela activó el recurso de casación como un mecanismo útil y legalmente previsto para ejercer ese derecho, el mismo se tornó en ineficaz por la falta de una respuesta congruente y motivada a los agravios que fueron omitidos en su consideración. Esto ocasionó la conculcación de la potestad inviolable del prenombrado para ser escuchado en cada una de las fases procesales. Toda vez que, el ejercicio efectivo del derecho a la defensa, comprende el acceso a los mecanismos de impugnación que en su faceta material, implica que se satisfaga el fin para el que fue concebida, lo que no puede alcanzarse, si no se toman en cuenta los puntos controvertidos por las partes; por lo que, corresponderá su tutela. Finalmente, respecto a la transgresión del derecho a la petición, este Tribunal no estableció su lesión por falta de carga argumentativa, a efectos de su consideración y tutela. - Respecto a la interpretación arbitraria del DL 16178 de 16 de febrero de 1979
Por otra parte, el peticionante de tutela activó también la presente acción de amparo constitucional, acusando que los Magistrados demandados efectuaron una interpretación arbitraria del DL 16187, observando además que consignaron un fallo constitucional de manera imprecisa, ya que el mismo no existiría, extremo que respaldaría su afirmación. Sobre este punto, en cuanto a la pretensión de revisión de la labor interpretativa efectuada por los prenombrados, la línea jurisprudencial descrita en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, ha determinado que este mecanismo de defensa, por su naturaleza jurídica, está destinado a restablecer derechos y garantías constitucionales conculcados; por lo que, la jurisdicción constitucional sólo puede ingresar a valorar la interpretación de la legalidad ordinaria realizada, cuando los accionantes efectúen en su acción tutelar una sucinta pero precisa relación de vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa desarrollada por la autoridad judicial accionada; presupuestos que se traducen mínimamente en una exposición clara y coherente donde se determine cuáles son las reglas de interpretación inaplicadas, los derechos lesionados definiendo su nexo de causalidad con la labor interpretativa cuestionada, y explicando su relevancia constitucional; requisitos que sin embargo, no fueron tomados en cuenta ni cumplidos por el ahora impetrante de tutela, limitándose a señalar que en el citado Decreto Ley no se advierte afirmación alguna en sentido que no habría límite de vigencia para los contratos a plazo fijo, según se afirmó en el Auto Supremo objetado. Por consiguiente, sobre este tópico las razones expresadas tanto en la demanda como en la audiencia de acción de amparo constitucional, no se consideran suficientes para desplegar una revisión a lo resuelto por las autoridades demandadas; en tal razón, estos argumentos no pueden ser dilucidados en la vía constitucional, por no ser esta acción tutelar una instancia de impugnación o revisión de lo resuelto por la jurisdicción ordinaria, conforme se precisó en líneas precedentes. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela impetrada, no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 67/2023 de 20 de marzo, cursante de fs. 344 a 347 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER parcialmente la tutela solicitada, únicamente en lo referente al derecho al debido proceso en sus componentes de motivación, congruencia y a la defensa, disponiendo dejar sin efecto el Auto Supremo 180 de 26 de abril de 2022, debiendo los actuales Magistrados de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, emitir un nuevo fallo debidamente motivado, fundamentado y congruente, conforme a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° DENEGAR en cuanto al derecho a la petición y a la inobservancia o errónea interpretación del DL 16187. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1151_2025-S3.pdf · páginas 1 a 22.
Huella digital del PDF (SHA-256): 30cc79677ca2b7ba7831acb430a74163baf1a90c6f5ec461ab3fbad6a21509fe
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