B.IA.LEGAL

SCP 1148/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 22 de septiembre de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
22 de septiembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
55128-2023-111-AL
Departamento
Beni
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante considera lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus componentes de defensa, igualdad y tutela judicial efectiva; y, del principio de celeridad; alegando que, encontrándose cumpliendo detención preventiva en el Centro Penitenciario Mocovi de Beni; por memorial de 28 de marzo de 2023, solicitó a los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Santa Ana del Yacuma del departamento de Beni -ahora codemandados-, cesación de dicha medida restrictiva de su libertad. Ante ello, los mencionados expidieron el Auto Interlocutorio Simple 22/2023 de 31 de igual mes, con el que remitieron su solicitud a la Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni -ahora demandada-. Habiendo trascurrido aproximadamente trece días desde el día de su petición, sin existir señalamiento de fecha y hora de audiencia.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2023 de 19 de abril, cursante de fs. 28 a 30 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, únicamente con relación a Kenny Álvaro Rivero Arce, Arnold Vaca Guaribana y Juan Carlos Iglesias Herrera, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Santa Ana del Yacuma del departamento de Beni, en iguales términos a los dispuestos por la citada Sala Constitucional; y, 2º DENEGAR la tutela impetrada, con respecto a Norka Díaz Morales, Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre el trámite de las solicitudes de cesación de la detención preventiva en procesos que se encuentran en trámite de apelación o casación
  2. III.2. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1148/2025-S3 Sucre, 22 de septiembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 55128-2023-111-AL Departamento: Beni En revisión la Resolución 03/2023 de 19 de abril, cursante de fs. 28 a 30 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jhon Ariel Rioja Guzmán en representación sin mandato de Elizardo Nina Apaza, contra Norka Díaz Morales, Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y, Kenny Álvaro Rivero Arce, Arnold Vaca Guaribana y Juan Carlos Iglesias Herrera, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Santa Ana del Yacuma del mismo departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 13 de abril de 2023, cursante de fs. 9 a 12, el accionante a través de su representante, manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Se encuentra cumpliendo detención preventiva en el Centro Penitenciario Mocovi de Beni; por lo que, mediante memorial de 28 de marzo de 2023, solicitó a los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Santa Ana del Yacuma -ahora codemandados-, la cesación de dicha medida restrictiva de su libertad. Ante ello, de manera inconvencional, anticonstitucional y dilatoria -conforme a su criterio-, los mencionados jueces expidieron el Auto Interlocutorio Simple 22/2023 de 31 de igual mes, por el cual se declararon incompetentes, y remitieron su petición a la Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni -demandada-. Transcurrieron aproximadamente trece días desde su solicitud de cesación a su detención preventiva sin que conste señalamiento de fecha y hora de audiencia.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus componentes de defensa, igualdad y tutela judicial efectiva; y, del principio de celeridad, citando al efecto los arts. 8.II, 22, 23.I, 116.II, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: “SEÑALEN FECHA Y HORA DE AUDIENCIA PARA RESOLVER [SU] SITUACIÓN JURÍDICA …” (sic). Sin costas.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 19 de abril de 2023, según consta en acta cursante de fs. 25 a 27, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, reiteró íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándolos, manifestó que: a) En cumplimiento al art. 239 del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, solicitó ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Santa Ana del Yacuma del departamento del Beni, cesación de su detención preventiva; b) De acuerdo al art. 52 CPP, los Tribunales de Sentencia estarán integrados por tres jueces técnicos quienes serán competentes para conocer la sustanciación y resolución del juicio; en el caso concreto (supuestos delitos de violación agravada y pornografía agravada), en concordancia con la SC 1716/1010-R de 25 de octubre; c) Conforme al art. 44 del citado Código, los Jueces del Tribunal de Sentencia -ahora codemandados-, debieron fijar fecha y hora de audiencia de consideración de su pedido de cesación de la medida restrictiva de su libertad; sin embargo, se limitaron a remitir los antecedentes del proceso a la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, a cargo de la Vocal demandada; y, d) Solicitó que, de acuerdo a la normativa procesal penal, declaren competentes a los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Santa Ana del Yacuma o en su defecto a la Vocal de Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, para llevar adelante la audiencia de cesación a la detención preventiva, fijando fecha y hora. Sin costas.

I.2.2. Informe de los demandados

Norka Díaz Morales, Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, por informe escrito presentado el 19 de abril de 2023, cursante a fs. 24, señaló que: 1) La acción tutelar planteada en su contra, no tiene asidero legal. Los antecedentes del proceso remitidos por el Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Santa Ana del Yacuma, a cargo de los Jueces -ahora codemandados-, fueron devueltos, en cumplimiento al decreto de 11 de ese mes y año; 2) La petición de cesación de la detención preventiva interpuesta por el impetrante de tutela, debió ser resuelta por los Jueces del Tribunal de Sentencia -ahora codemandados-, en resguardo al derecho de la doble instancia, garantizado por el art. 180.II de la CPE; y, 3) Solicitó se deniegue la tutela. Kenny Álvaro Rivero Arce, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Santa Ana del Yacuma del departamento de Beni, en audiencia de garantías, refirió que: i) Mediante Sentencia 01/2022 de 17 de febrero, se declaró culpable al ahora impetrante de tutela, por la comisión del delito de violación agravada y pornografía agravada, condenándole a la pena privativa de libertad en el Centro Penitenciario Mocovi de Beni; ii) Con la referida Sentencia, el Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Santa Ana del Yacuma del departamento de Beni, perdió competencia; iii) El 9 de agosto de 2022, en grado de apelación restringida, remitió el expediente original a la Vocal -ahora demandada-, para la resolución del referido recurso; iv) Las SSCC 1107/2000-R y 0708/2003-R, consideraron que, “… la solicitud de detención preventiva debe tener un trámite, acelerado y oportuno...” (sic); v) Las medidas cautelares, tienen como finalidad averiguar la verdad; y, el desarrollo procesal de aplicación de la Ley; presupuestos que, ya fueron cumplidos, al haberse dictado sentencia en primera instancia contra el ahora impetrante de tutela; vi) La Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, debió llevar adelante la audiencia de cesación de la detención preventiva; y, vii) Solicitó denegar la tutela, ordenando a quien tenga los antecedentes en originales, llevar adelante la audiencia de cesación de medida restrictiva de libertad. Arnold Vaca Guaribana y Juan Carlos Iglesias Herrera, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Santa Ana del Yacuma del departamento de Beni, en audiencia de garantías, se adhirieron al informe presentado por Kenny Álvaro Rivero Arce, Juez del referido Tribunal.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, mediante Resolución 03/2023 de 19 de abril, cursante de fs. 28 a 30 vta., concedió en parte la tutela solicitada, en relación a los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Santa Ana del Yacuma del departamento de Beni, ordenándoles que, el plazo de cuarenta y ocho horas, fijen fecha y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva, pronunciando lo que, en derecho corresponda; y, denegó la tutela respecto a la Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento, decisión asumida, con base a los siguientes fundamentos: a) Los Jueces del Tribunal -ahora codemandados-, el 31 de marzo de 2023, remitieron los antecedentes del proceso a la referida Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento, a cargo de la Vocal ahora demandada; b) Según antecedentes, remitidos, las autoridades codemandadas, no fijaron audiencia de cesación de detención preventiva, vulnerando el principio de celeridad y la presunción de inocencia del impetrante de tutela; asimismo, al no contar con una sentencia ejecutoriada; c) La solicitud de cesación de la detención preventiva, debió ser conocida por la autoridad competente de la justicia ordinaria, de acuerdo al art. 239 del CPP, (cesación de las medidas cautelares personales); d) Considerando las SSCC 1107/2000-R de 22 de noviembre, 0708/2003-R de 27 de mayo, y 0958/2004-R de 18 de julio; las solicitudes de detención preventiva deben tener un trámite acelerado y oportuno, determinándose que “…cuando la causa se haya radicada ante la corte Suprema o ante alguna corte superior las solicitudes para la aplicación del régimen cautelar se plantearan ante esta o ante el juez o tribunal que pronunció sentencia, quien informará de la solicitud al tribunal en que se halle en el proceso para que remita los antecedentes pertinentes…” (sic.); y, e) Si la solicitud de cesación de la detención preventiva, hubiera sido presentada ante, la Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni -ahora demandada-, estaba en la obligación de desarrollar dicha audiencia; sin embargo, la petición fue realizada a los Jueces -ahora codemandados-, quienes tenían el deber inexcusable de conocer y resolver la situación jurídica del impetrante de tutela.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial de 28 de marzo de 2023, Elizardo Nina Apaza -ahora accionante-solicitó a Kenny Álvaro Rivero Arce, Arnold Vaca Guaribana y Juan Carlos Iglesias Herrera, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Santa Ana del Yacuma del departamento de Beni -codemandados-, cesación de su detención preventiva (fs. 4 a 5). II.2. Mediante Auto Interlocutorio Simple 22/2023 de 31 de marzo, los Jueces -ahora codemandados-, remitieron el memorial de cesación de la detención preventiva a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, para su atención. Se declararon incompetentes al haber dictado Sentencia de primera instancia; y, ante la existencia de un recurso de apelación restringida (fs. 6 a 7).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante considera lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus componentes de defensa, igualdad y tutela judicial efectiva; y, del principio de celeridad; alegando que, encontrándose cumpliendo detención preventiva en el Centro Penitenciario Mocovi de Beni; por memorial de 28 de marzo de 2023, solicitó a los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Santa Ana del Yacuma del departamento de Beni -ahora codemandados-, cesación de dicha medida restrictiva de su libertad. Ante ello, los mencionados expidieron el Auto Interlocutorio Simple 22/2023 de 31 de igual mes, con el que remitieron su solicitud a la Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni -ahora demandada-. Habiendo trascurrido aproximadamente trece días desde el día de su petición, sin existir señalamiento de fecha y hora de audiencia.

III.1. Sobre el trámite de las solicitudes de cesación de la detención preventiva en procesos que se encuentran en trámite de apelación o casación

La SCP 0043/2025-S1 de 7 de marzo, al respecto señaló que: «…la SC 0767/2004-R de 17 de mayo, señaló que: “Es criterio uniforme de este Tribunal que la detención preventiva establecida como una medida cautelar de carácter personal por el Código de procedimiento penal, está regulada de manera tal que no se convierta en un injusto y anticipado cumplimiento de una pena para las personas a las que el Estado, por disposición constitucional, les reconoce su condición de inocencia en tanto no pese en su contra una sentencia condenatoria ejecutoriada (SC 250/2004-R). De ahí que el mismo Código establece la posibilidad de solicitar la cesación de la detención preventiva en cualquier momento, previo el cumplimiento de las exigencias establecidas por ley, a cuyo efecto, es la misma ley la que establece las causales para su procedencia (art. 239 del CPP) y los requisitos y formas en las que será concedida (art. 240 y siguientes del CPP). Conforme a ello, este Tribunal en las SSCC 1107/2000-R y 708/2003-R, considerando que las solicitudes de detención preventiva deben tener un trámite acelerado y oportuno, ha establecido que ‘cuando la causa se halle radicada ante la Corte Suprema o ante alguna Corte Superior, las solicitudes para la aplicación del régimen cautelar se plantearán ante éstas o ante el Juez o Tribunal que pronunció Sentencia, quien informará de la solicitud al Tribunal en que se halla el proceso para que remita los antecedentes pertinentes’, remisión que sólo será procedente’ cuando la parte solicitante no presente la prueba pertinente sobre el estado del proceso en apelación o casación’ (así, SSCC 783/2003-R y 1853/2003-R). De lo expresado, se concluye que los tribunales de sentencia pueden conocer las solicitudes de detención preventiva aun cuando los antecedentes hayan sido remitidos ante la Corte Superior del Distrito o la Corte Suprema de Justicia, en virtud de la interposición de los recursos de apelación o casación, respectivamente”, entendimiento reiterado en la SC 0958/2004-R de 18 de junio (las negrillas son nuestras) Por su parte, la citada SC 0958/2004-R de 18 de junio, respecto a la competencia del juez o tribunal de sentencia para el conocimiento de solicitudes relacionadas a medidas cautelares, señaló que: “…el art. 44 in fine del CPP, establece: ‘el juez o tribunal que sea competente para conocer de un proceso penal, lo será también para decidir todas las cuestiones e incidentes que se susciten en el curso de su tramitación, así como para dictar las resoluciones respectivas y ejecutarlas…” (las negrillas nos corresponden). Asimismo, la SCP 0609/2023-S3 de 16 de junio, haciendo referencia a la jurisprudencia señalada estableció que: “Al respecto, la jurisprudencia citada (…) si bien fue establecida en el marco de la jurisdicción ordinaria y su normativa correspondiente; empero, sus razonamientos se hacen perfectamente aplicables a la jurisdicción especializada bajo la cual se tramitó y resolvió el proceso penal seguido en contra del impetrante de tutela; por cuanto, establece que los jueces o tribunales -ordinarios o de la jurisdicción especializada-que pronunciaron sentencia en primera instancia, resultan competentes para conocer todas las cuestiones e incidentes que se susciten de manera posterior a esa actuación; en ese sentido, se encuentran plenamente facultados para conocer la solicitudes de cesación de la detención preventiva que se presenten después de haber emitido Sentencia, aun cuando los antecedentes del proceso hubieran sido remitidos ante un Tribunal superior por el planteamiento de los recursos de apelación o casación…” » (las negrillas son nuestras).

III.2. Análisis del caso concreto

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se constató que: El impetrante de tutela guarda detención preventiva en el Centro Penitenciario Mocovi de Beni; en esas circunstancias, mediante memorial de 28 de marzo de 2023, solicitó a los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Santa Ana del Yacuma del mismo departamento -ahora codemandados-, cesación de dicha medida restrictiva de su libertad a la detención preventiva (Conclusión II.1). Ante ello, por Auto Interlocutorio Simple 22/2023 de 31 del mismo mes, los prenombrados remitieron dicha petición a la Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni -ahora demandada- para su atención. Se declararon incompetentes al haber dictado Sentencia de primera instancia; y, ante la existencia de un recurso de apelación restringida (Conclusión II.2).

En ese contexto, contrastada la problemática identificada con la prueba presentada a la jurisdicción constitucional; este Tribunal entiende que, el accionante a través de su representante sin mandato busca el señalamiento de día y hora de audiencia para la consideración de su solicitud de cesación de su detención preventiva; puesto que, los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Santa Ana del Yacuma del referido departamento -ahora codemandados-, alegaron incompetencia; y, ante ello remitieron dicha petición a la Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni -ahora demandada-, para su atención. En ese orden, no resolvieron dicho pedido, dilatando de esa manera la resolución de su situación jurídica. Así las cosas, corresponde precisar que, conforme la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, los jueces y tribunales de sentencia conservan la facultad de resolver solicitudes relacionadas con la detención preventiva y otras medidas cautelares, incluso después de dictar sentencia y cuando la misma se encuentre con recurso de apelación o casación y todos los antecedentes fueron remitidos ante tribunales superiores. Posición que busca garantizar la agilidad y oportunidad en la tramitación de esas solicitudes, evitando dilaciones innecesarias. La jurisprudencia constitucional en ese sentido subraya que los jueces que conocieron el caso en primera instancia son los más idóneos para resolver las indicadas solicitudes, competencia que también se extiende a la jurisdicción especializada en cuestión de menores de edad, asegurando que los principios de celeridad, eficacia y especialidad se apliquen en todos los ámbitos del derecho penal. En ese marco, el hecho denunciado por el accionante se analizará disgregando las omisiones en que habría incurrido cada uno de los demandados:

III.2.1. En cuanto a la Vocal demandada

Se evidencia que no incurrió en dilación indebida vinculada a los derechos a la libertad y al debido proceso del ahora impetrante de tutela, ya que el trámite de solicitud de cesación de la detención preventiva, fue planteada a los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Santa Ana del Yacuma del mismo departamento -ahora codemandados-, quienes estaban plenamente facultados para conocer y resolver dicha solicitud de acuerdo al Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; Asimismo, del informe escrito que presentó y lecturado en audiencia de garantías, los antecedentes remitidos fueron devueltos a las autoridades codemandadas; por consiguiente, corresponde denegar la tutela impetrada.

III.2.2. En cuanto a los Jueces codemandados

Estando establecido que los Jueces -ahora codemandados-tenían la competencia para conocer y resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva del impetrante de tutela, se constata que, mediante Auto Interlocutorio Simple 22/2023, remitieron dicha petición a la Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni -ahora demandada-, a objeto de su atención, declarándose incompetentes al haber dictado Sentencia de primera instancia; asimismo, por la existencia de un recurso de apelación restringida. Lo que es contrario al entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, siendo que, aún después de haber dictado Sentencia e incluso cuando los antecedentes hubieran sido remitidos a la Vocal demandada, debieron conocer la mencionada solicitud; lo que generó una dilación indebida que obstaculizó la resolución rápida y oportuna de la situación procesal del accionante, vulnerando sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de celeridad. Extremos por los que, corresponde conceder la tutela solicitada, en cuanto a los Jueces mencionados. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber concedido en parte la tutela impetrada, únicamente en cuanto a los Jueces codemandados; y, denegado respecto a la Vocal demandada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2023 de 19 de abril, cursante de fs. 28 a 30 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, únicamente con relación a Kenny Álvaro Rivero Arce, Arnold Vaca Guaribana y Juan Carlos Iglesias Herrera, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Santa Ana del Yacuma del departamento de Beni, en iguales términos a los dispuestos por la citada Sala Constitucional; y, 2º DENEGAR la tutela impetrada, con respecto a Norka Díaz Morales, Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1148_2025-S3.pdf · páginas 1 a 9.

Huella digital del PDF (SHA-256): c42a86cb7e4a3ea4deb15183b383b3750d85925733aa908de31a073ba22b2c5b

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →