B.IA.LEGAL

SCP 1148/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 9 de octubre de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
9 de octubre de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
45320-2022-91-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la petición, a la defensa, a la libertad y a una justicia pronta y oportuna; toda vez que, habiéndose dispuesto su detención preventiva, apeló la determinación, la cual en instancia superior fue revocada otorgándole medidas sustitutivas, entre ellas la presentación de dos garantes solventes; pese a dicha determinación, los demandados incurrieron en las siguientes irregularidades: i) Respecto a la Secretaria demandada: i.a) Sin tener atribución conforme establece la Ley del Órgano Judicial y el art. 56 del CPP, no aceptó los documentos que presentó para acreditar la constitución de sus garantes, rechazando los mismos bajo el argumento de que no serían solventes; retardación que generó no pueda acceder a una detención domiciliaria, obviando que se encuentra recluido por más de dos meses; i.b) En audiencia de revocatoria de medidas cautelares, refirió a la existencia de un informe, el cual reflejaría que su persona no cumplió con las medidas impuestas a través del Auto de Vista 632/2021 de 19 de noviembre, el cual desconocería porque nunca le fue notificado, pese a que el art. 56 y 56 bis del CPP establecen que la prenombrada tiene la obligación de materializar y derivar las notificaciones a las oficinas gestoras; por lo que, usurpando funciones e incumpliendo su deber, delegó a un “pasante notificador” tal diligencia; ii) En cuanto al Juez demandado; señaló de “oficio” audiencia de revocatoria de medidas cautelares, fuera de los parámetros establecidos por el art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve REVOCAR en parte la Resolución 1/2022 de 14 de enero, cursante de fs. 62 a 66 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada en cuanto a la Secretaria demandada, por vulneración del derecho a la defensa conforme se estableció en las sub problemáticas III.3.1.1 y III.3.1.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Disponer que en lo futuro la Secretaria demandada, adecue su actuar conforme a sus funciones según establece el art. 56 del Código de Procedimiento Penal; y en caso de desobediencia, de ser reiterativa su conducta, se remitirán antecedentes ante la instancia administrativa para su procesamiento. 3° DENEGAR la tutela incoada respecto al Juez demandado, conforme se desarrolló en las sub problemática III.3.2, de este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1148/2023-S1 Sucre, 9 de octubre de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 45320-2022-91-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 1/2022 de 14 de enero, cursante de fs. 62 a 66 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Iván Cristian Alcón contra de René Eduardo Foronda Escobar, Juez; y, Jharmila Yara Zotez Lara, Secretaria; ambos, del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 13 de enero de 2022, cursante de fs. 45 a 48 vta., el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Como antecedente refiere: Dentro el proceso seguido en su contra por el delito de violencia familiar o doméstica, el Juez de la causa dispuso su detención preventiva pese a que la víctima desistió de la acción; por lo que, apelando la determinación, su recurso no fue elevado por más de trece días, situación por la que, el 12 de noviembre de 2021 presentó denuncia en contra de dicha autoridad cautelar y su secretaria -ahora demandados-. Una vez remitida la apelación ante el superior en grado, a través del Auto de Vista 632/2021 de 19 de noviembre, se revocó en parte la resolución que dispuso la medida cautelar de extrema ratio, disponiendo la aplicación de medidas sustitutivas consistentes en la presentación de dos garantes, arraigo entre otros.

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Objeto de la acción tutelar: Que, habiendo pretendido acreditar la constitución de sus garantes, la secretaria sin tener atribución conforme establece la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, y el art. 56 del Código de Procedimiento Penal (CPP), rechazó los mismos señalando que no serían solventes, retardación que generó no pueda acceder a una detención domiciliaria, sin considerar que ya está detenido preventivamente por más de dos meses. Por otra parte, señala que al celular de su abogado le llegó una notificación (decreto de 5 de enero de 2022), fijando de “oficio” audiencia de revocatoria de medidas cautelares, fuera de los parámetros establecidos por el art. 247 del CPP, en razón a que, ni la víctima o la fiscalía solicitaron tal extremo, constituyéndose el mismo en un procesamiento indebido. El día de la audiencia de revocatoria de medidas cautelares, una vez instalado el acto, la secretaria demandada señaló que existe un informe que reflejaría el incumplimiento de las medidas impuestas a través del Auto de Vista 632/2021, del cual desconoce porque nunca le fue notificado, pese a que el art. 56 del CPP y 56 bis de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, establecen que se tiene la obligación de materializar y derivar las notificaciones a las oficinas gestoras; por lo que, usurpando funciones e incumpliendo su deber, delegó a un “pasante notificador” tal diligencia.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela, alega la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la petición, a la defensa, a la libertad y a una justicia pronta y oportuna, citando al efecto el art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada, y se ordene que, en el día, la Secretaria demandada acepte los garantes y se deje sin efecto el señalamiento de audiencia de revocatoria de medidas cautelares de 17 de enero de 2022, más la imposición de costas.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 14 de enero de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 58 a 61 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El peticionante de tutela a través de su abogado, ratificó in extenso los extremos planteados en su memorial de acción de libertad.

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I.2.2. Informe de la autoridad y la funcionaria de apoyo judicial demandados

René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, no presentó informe escrito ni se hizo presente en audiencia de garantías, pese a su legal notificación cursante a fs. 54. Jharmila Yara Zotez Lara, Secretaria del Juzgado Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, no presentó informe escrito; empero, en audiencia de garantías solicitó se deniegue la tutela, bajo los siguientes argumentos: a) El Auto de Vista 632/2021 de 19 de noviembre, dispuso que por dicha Sala Penal se proceda al verificativo domiciliario, y los demás tramites inherentes, sean cumplidos por el juzgado cautelar; empero, la citada Sala no cumplió con tal formalidad, y es donde el accionante debió acudir en su momento; b) Pese a que el 7 de diciembre de 2021 se emitió el mandamiento de arraigo, el cual se encontraba adjunto al cuaderno de control jurisdiccional, la defensa del impetrante de tutela recién recogió el mismo el 28 de igual mes y año; c) Los números de celular de los funcionarios como secretarias y auxiliares, se encuentran colgados en la página del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y aunque tarde, siempre se responden a todas las consultas; d) Para proceder con la detención domiciliaria, se debe tener certeza del domicilio donde será “depositado” el imputado; empero, aquella formalidad no se cumplió; e) El Auto de Vista estableció que los garantes deben tener una solvencia de Bs10 000.- (diez mil 00/100 bolivianos) cada uno en caso de fuga, extremo que impidió se pueda recibir los mismos; f) A solicitud verbal del Juez cautelar, el 4 de enero de 2022 y mediante informe escrito, se señaló que el citado incumplió con la presentación de los dos garantes, la verificación domiciliaria y biométrico, mismo que se encuentra arrimado al cuaderno de control jurisdiccional; y, g) Tanto los secretarios como los auxiliares, están habilitados para poder notificar en caso de que las gestoras no quieran recibir las diligencias, pues, tienen un horario impuesto de recepción hasta medio día.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 1/2022 de 14 de enero, cursante de fs. 62 a 66 vta., denegó la tutela solicitada en base a los siguientes fundamentos: 1) La Secretaria ahora demandada, no cuenta con legitimación para solicitar se considere revocatoria de medidas cautelares conforme prevé el art. 247 del CPP; 2) La prenombrada tiene todo el derecho de exigir documentación a efectos de establecer la solvencia del garante, pues, en contrario de no hacerlo podría ser pasible de responsabilidad administrativa, como penal; además el sustento de aquel rechazo, radica en que, en la Sala Penal no se cumplió con el verificativo domiciliario; y, 3) Si bien se señaló audiencia de revocatoria de medidas cautelares, la misma aún no se consideró, teniendo el peticionante de .

tutela la oportunidad de formalizar el presente reclamo ante el Juez de la causa, o en su caso, formalizar recurso de reposición en contra de aquel decreto conforme lo establece el art. 401 del CPP, considerando con ello, que no se agotó la vía de reclamo.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por Decreto Constitucional de 7 de junio de 2023, cursante a fs. 71, se dispuso la suspensión del plazo procesal a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 25 de septiembre de 2023 (fs. 220); por lo que, la presente Sentencia es emitida dentro del plazo establecido en el Código Procesal Constitucional.

II. CONCLUSIONES

II.1. Cursa Auto de Vista 632/2021 de 19 de noviembre, por el cual, la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró procedente en parte el recurso de apelación formulado por Iván Cristian Alcón -ahora peticionante de tutela-, revocando en parte la Resolución 241/2021 de 28 de octubre, emitido por el Juez de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del Departamento de La Paz -ahora demandado-, y aplicando medidas sustitutivas a la detención preventiva consistentes en: arraigo, prohibición de acercarse a la víctima y al lugar de los hechos, registro biométrico ante el Ministerio Público y presentación de dos garantes solventes; de los cuales en dicha Sala se dispuso se cumpla el verificativo domiciliario y las demás medidas en el Juzgado de origen (fs. 18 a 19). II.2. A través de informe escrito de 4 de enero de 2022, Jharmila Yara Zotez Lara, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandada-, señaló lo siguiente: “De la revisión del cuaderno de control jurisdiccional se tiene la resolución N° 632/2021 de fecha 19 de noviembre de 2021, emitido por la Sala Penal Cuarta, le concede la Detención Domiciliaria:

- En la cual indica el domicilio demostrado en audiencia, empero en audiencia de medida cautelar no presenta domicilio, por lo que no se puede enviar los mandamientos correspondientes ya que no existe el domicilio del imputado donde cumplirá su domiciliaria. (no se cumplió) - El arraigo (se cumplió) con la entrega del Mandamiento de Arraigo, pero hasta el momento no presentaron el formulario de arraigo. - La presentación ante el Ministerio Público sobre el biométrico, la parte solicitante no vino a sacar copias para su presentación. (no cumplió) - La presentación de 2 garantes solventes con una multa de Bs. 10.000 hasta el momento no presentó los garantes (no cumplió)

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Es cuanto informo a su autoridad, para fines consiguientes de ley, salvando responsabilidad” (sic [fs. 128]). II.3. Por decreto de 5 de enero de 2021, el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandado-, dispuso lo siguiente:

“Se señala AUDIENCIA DE REVOCATORIA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS PARA EL DIA 12 DE ENERO DE 2022, A HORAS 10:30 A.M., debiendo notificarse a los sujetos procesales mediante OFICINA GESTORA DE PROCESOS, asimismo, debiendo a la coyuntura actual por la que se atraviesa nuestro país por pandemia del COVID-19, se hace conocer a las partes que la audiencia se desarrollará la manera virtual: en consecuencia, los sujetos procesales requieren a efectos de la conexión a la plataforma virtual tener acceso a internet una computadora o equipo portátil, Tablet o celular que incluya cámara y micrófono…” (sic [fs. 129]). II.4. Consta acta de audiencia de 12 de enero de 2022, por el cual, el Juez de la causa ante el incumplimiento de las formalidades de ley, suspendió el actuado de revocatoria de la parte imputada, para el 17 de igual mes y año (fs. 132 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la petición, a la defensa, a la libertad y a una justicia pronta y oportuna; toda vez que, habiéndose dispuesto su detención preventiva, apeló la determinación, la cual en instancia superior fue revocada otorgándole medidas sustitutivas, entre ellas la presentación de dos garantes solventes; pese a dicha determinación, los demandados incurrieron en las siguientes irregularidades: i) Respecto a la Secretaria demandada: i.a) Sin tener atribución conforme establece la Ley del Órgano Judicial y el art. 56 del CPP, no aceptó los documentos que presentó para acreditar la constitución de sus garantes, rechazando los mismos bajo el argumento de que no serían solventes; retardación que generó no pueda acceder a una detención domiciliaria, obviando que se encuentra recluido por más de dos meses; i.b) En audiencia de revocatoria de medidas cautelares, refirió a la existencia de un informe, el cual reflejaría que su persona no cumplió con las medidas impuestas a través del Auto de Vista 632/2021 de 19 de noviembre, el cual desconocería porque nunca le fue notificado, pese a que el art. 56 y 56 bis del CPP establecen que la prenombrada tiene la obligación de materializar y derivar las notificaciones a las oficinas gestoras; por lo que, usurpando funciones e incumpliendo su deber, delegó a un “pasante notificador” tal diligencia; ii) En cuanto al Juez demandado; señaló de “oficio” audiencia de revocatoria de medidas cautelares, fuera de los parámetros establecidos por el art. 247 del CPP, en razón a que, ni la víctima o la fiscalía solicitaron tal extremo, constituyéndose el mismo en un procesamiento indebido.

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En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para ello, se desarrollarán los siguientes temas: a) Legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial; y, b) Análisis del caso concreto.

III.1. Legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano

Judicial

Sobre esta temática, la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre, dentro de un recurso de amparo constitucional -ahora acción de amparo constitucional-, señaló que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias no tienen legitimación pasiva, porque no ejercen la jurisdicción como los jueces sino que, cumplen sus órdenes e instrucciones, salvo que contradigan o alteren las mismas, que fue reiterada por las Sentencias Constitucionales 0332/2010-R de 17 de junio y 1093/2010-R de 22 de agosto y 1521/2014 de 16 de julio.

Ahora bien, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, dentro de una acción de libertad desarrolló el fundamento jurídico respecto a la legitimación pasiva en funcionarios subalternos, reiterando el entendimiento efectuado en la SC 1093/2010-R de 23 de agosto, la que a su vez repitió la SC 0332/2010-R de 17 de junio.

Por su parte la SCP 0326/2014 de 21 de febrero, desarrolló el fundamento jurídico sobre la legitimación pasiva de funcionarios de apoyo 1 El F.J.III.2 señaló que: ”Cabe recordar que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 116.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización Judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial”. 2 En el F.J.III.4, sobre la legitimación pasiva en funcionarios subalternos refirió que: “Acerca de la responsabilidad del personal jurisdiccional subalterno, la SC 1093/2010-R de 23 de agosto, reiteró: “…la jurisprudencia de éste Tribunal en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, señaló: “Con relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció ´…que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 116.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización Judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial (…).

Ampliando este entendimiento, es necesario establecer que la responsabilidad o no del personal subalterno por contravenir lo dispuesto por la autoridad jurisdiccional será evaluada de conformidad a la actuación de esta, una vez prevenido de la omisión o comisión de la vulneración alegada, con el objetivo de reconducir el procedimiento y restituir los derechos o garantías vulnerados, puesto que si la autoridad jurisdiccional convalida la actuación, vulneradora o no del personal subalterno, automáticamente se deslinda de responsabilidad, con la consecuencia de asumirla por completo'.

Es decir que la responsabilidad del personal subalterno de los juzgados y salas de las Cortes Superiores de Distrito, no reúnen esa calidad o coincidencia para ser demandados, dado que son funcionarios que se encuentran sometidos a órdenes o instrucciones impartidas por la autoridad judicial; empero, establece la jurisprudencia que pueden ser demandados en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales. Así también dicho entendimiento fue ampliado en sentido que si la autoridad judicial, conocedora el acto vulneratorio de derechos o garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno” (las negrillas nos corresponden).

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jurisdiccional en acción de libertad, reiterando el entendimiento desarrollado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1121/2012 de 6 de setiembre, 0691/2012 de 2 de agosto y la SC 1093/2010-R, expresando que la referida acción debe dirigirse contra las personas o autoridades que son responsables del acto ilegal y que lesiona sus derechos, posibilitando así que el Tribunal Constitucional Plurinacional ingrese en el análisis de la problemática planteada, en este entendido la secretaria o el secretario, la o el auxiliar y la o el oficial de diligencias, son servidoras y servidores de apoyo judicial; por lo que, no ejercen facultades jurisdiccionales como los jueces, en consecuencia carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, considerando que su función es acatar órdenes o instrucciones de su superior, excepto cuando no asumen la determinación de la autoridad jurisdiccional y siempre y cuando implique lesión a derechos fundamentales o garantías constitucionales. Asimismo, la referida SCP 0326/2014 fue reiterada por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0965/2014 de 23 de mayo, 1521/2014 de 16 de julio y 0359/2016-S1 de 17 de abril.

Siguiendo el desarrollo jurisprudencial sobre la legitimación pasiva del personal de apoyo judicial, la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, sobre este tema en la acción de libertad realizó un cambio de línea respecto al entendimiento efectuado en las Sentencias Constitucionales 0332/2010-R de 17 de junio y 1279/2011-R de 26 de septiembre, señalando que:

3 El F.J. III.4, señaló que: “La acción de libertad podrá ser planteada por cualquier persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal y que una vez interpuesta la misma la autoridad judicial ordenará “…la citación, persona o por cédula, a la autoridad o persona denunciada…” (art. 126.I de la CPE), de ahí que la legitimación pasiva recae sobre la persona particular o servidor público que incurrió en un acto ilegal u omisión indebida, que restringió, suprimió o amenazó los derechos tutelados por este mecanismo de defensa. Al respecto, la SCP 1121/2012 de 6 de septiembre, estableció: “En consecuencia se tiene que, el ciudadano que pretenda activar la acción de libertad, tiene el deber de dirigir dicha acción de defensa contra la o las personas o autoridades responsables o ejecutantes del acto considerado ilegal y que lesiona sus derechos, los cuales necesariamente deben encontrarse vinculados o conexos con el derecho a la libertad; a contrario sensu, se neutraliza la acción de libertad impidiendo que el Tribunal Constitucional Plurinacional, ingrese al análisis de la problemática planteada; razón por la cual, se constituye en un requisito fundamental para que el Tribunal de garantías y este Tribunal en revisión, puedan dilucidar aspectos inherentes al hecho objeto de tutela” .

Con relación a los funcionarios de apoyo judicial, el art. 83 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), señala que la secretaria o el secretario, la o el auxiliar y la o el oficial de diligencias, son servidoras y servidores de apoyo judicial, cuyas funciones según los arts. 94, 95, 101 y 105 de la citada disposición legal, son de apoyo judicial, dirigida al buen funcionamiento de los diferentes despachos. Entonces, si el personal subalterno de los juzgados, no ejercen facultades jurisdiccionales como los jueces que son los encargados de impartir justicia y cuyas decisiones generan efectos o consecuencias jurídicas susceptibles de lesionar un derecho subjetivo o interés legítimo, carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, dado que su función se limita a acatar órdenes o instrucciones de su superior. La salvedad a la falta de legitimación pasiva, se presenta cuando incurran en excesos que signifiquen contrariar o alterar la determinación de la autoridad jurisdiccional y que implique lesión a derechos fundamentales o garantías constitucionales. En otros términos, las servidoras y los servidores de apoyo judicial, no cuentan con legitimación pasiva para ser demandados; por cuanto por expresa disposición de los arts. 83, 94, 95, 101 y 105 de la LOJ, su función se limita a acatar órdenes del Juez o Tribunal a cargo del conocimiento de la causa.

En ese sentido también se pronunció la SCP 0691/2012 de 2 de agosto, al afirmar: “Debido a que el personal subalterno de los juzgados, no ejercen facultades jurisdiccionales como los jueces, carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, su función se limita a acatar órdenes o instrucciones de su superior. La salvedad a la falta de legitimación pasiva, se presenta cuando incurran en excesos que signifiquen contrariar o alterar la determinación de la autoridad jurisdiccional y que implique la lesión a derechos fundamentales o garantías constitucionales; si el órgano jurisdiccional, conocedor del acto u omisión del funcionario subalterno, no reconduce el procedimiento y lo convalida, asume la responsabilidad, deslindando al funcionario (SC 1093/2010-R de 27 de agosto)”.

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“…si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente…” La SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, fue reiterada por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0759/2015-S2, 0244/2016-S2, 1110/2017-S2, 0798/2018-S3, 0259/2019-S1, entre otras.

Finalmente, asumiendo el cambio de línea jurisprudencial de la Sentencia Constitucional Plurinacional mencionada precedentemente, tomando en cuenta el entendimiento expresado en las SSCC 1572/2003-R y 0332/2010-R, respecto a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial, la SCP 0043/2018-S1 de 12 de marzo, estableció como sub regla que los tales funcionarios 4 En el F.J.III.2 señaló que: “…el extinto Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional Plurinacional, establecieron subreglas a la legitimación pasiva en las acciones tutelares; respecto a los funcionarios de apoyo jurisdiccional o subalternos, una de esas subreglas está expresada en la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre, la misma que concluyó: “…son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial” (citada por la SC 0332/2010-R de 17 de junio y por la SCP 1007/2017-S3 de 29 de septiembre, entre otras [las negrillas nos corresponden]).

En ese mismo sentido, la citada SC 0332/2010-R, respecto a la legitimación pasiva del personal de apoyo jurisdiccional o subalterno sostuvo que: “ampliando este entendimiento, es necesario establecer que la responsabilidad o no del personal subalterno por contravenir lo dispuesto por la autoridad jurisdiccional será evaluada de conformidad a la actuación de esta, una vez prevenido de la omisión o comisión de la vulneración alegada, con el objetivo de reconducir el procedimiento y restituir los derechos o garantías vulnerados, puesto que si la autoridad jurisdiccional convalida la actuación, vulneradora o no del personal subalterno, automáticamente se deslinda de responsabilidad, con la consecuencia de asumirla por completo” (las negrillas son nuestras).

Finalmente, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, estableció que los funcionarios subalternos también pueden tener legitimación pasiva y ser codemandados “…si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; (…); sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones .

carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares; tomando en cuenta que no cumplen una función jurisdiccional, estableciendo como excepción a la citada sub regla para ser demandados en dichas acciones tutelares en tres supuestos, los cuales son los siguientes:

“…a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado…” (negrillas añadidas). La referida SCP 0043/2018-S1 de 12 de marzo, fue reiterada por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0084/2018-S1 de 23 de marzo, 0638/2019-S1 de 30 de julio, 0882/2019-S2 de 25 de septiembre, 0055/2020 S3 de 12 de marzo, entre otras.

III.2. Análisis del caso concreto

La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la petición, a la defensa, a la libertad y a una justicia pronta y oportuna; toda vez que, habiéndose dispuesto su detención preventiva, apeló la determinación, la cual en instancia superior fue revocada otorgándole medidas sustitutivas, entre ellas la presentación de dos garantes solventes; pese a dicha determinación, los demandados incurrieron en las siguientes irregularidades: i) Respecto a la Secretaria demandada: i.a) Sin tener atribución conforme establece la Ley del Órgano Judicial y el art. 56 del CPP, no aceptó los documentos que presentó para acreditar la constitución de sus garantes, rechazando los mismos bajo el argumento de que no serían solventes; retardación que generó no pueda acceder a una detención domiciliaria, obviando que se encuentra recluido por más de dos meses; i.b) En audiencia de revocatoria de medidas cautelares, refirió a la existencia de un informe, el cual reflejaría que su persona no cumplió con las medidas impuestas a través del Auto de Vista 632/2021 de 19 de noviembre, el cual desconocería porque nunca le fue notificado, pese a que el art. 56 y 56 bis del CPP establecen que la prenombrada tiene la obligación de materializar y derivar las notificaciones a las oficinas gestoras; por lo que, usurpando funciones e incumpliendo su .

deber, delegó a un “pasante notificador” tal diligencia; ii) En cuanto al Juez demandado; señaló de “oficio” audiencia de revocatoria de medidas cautelares, fuera de los parámetros establecidos por el art. 247 del CPP, en razón a que, ni la víctima o la fiscalía solicitaron tal extremo, constituyéndose el mismo en un procesamiento indebido. De los antecedentes que se encuentran descritos en las Conclusiones de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que, por Auto de Vista 632/2021 de 19 de noviembre, la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, revocó en parte la Resolución 241/2021 de 28 de octubre, disponiendo aplicar medidas sustitutivas a la detención preventiva al impetrante de tutela, consistentes entre otras, la presentación de dos garantes solventes; de lo cual, se dispuso que en dicha Sala se cumpla con el verificativo domiciliario, y las demás medidas en el Juzgado de origen (Conclusión II.1). Por Informe de 4 de enero de 2022, la Secretaria ahora demandada, dirigiéndose al Juez de la causa señaló que, de la revisión del cuaderno de control jurisdiccional, el citado no cumplió a cabalidad con las medidas dispuestas a través de la Resolución 632/2021 de fecha 19 de noviembre, es decir, entre otras, la presentación de dos garantes solventes (Conclusión II.2). Se tiene que, por proveído de 5 de enero de 2021, la autoridad judicial demandada señaló audiencia para considerar la revocatoria de medidas sustitutivas del ahora peticionante de tutela, para el 12 de enero de 2022; mismo que fue suspendido ante la falta de cumplimiento de formalidades legales, señalándose otro actuado para el 17 de igual mes y año (Conclusiones II.3 y II.4).

Puntualizados los antecedentes, corresponde contrastar las supuestas lesiones denunciadas en relación a ambos demandados; procediendo a la verificación constitucional de las problemáticas establecidas para cada uno de ellos; así se tiene que:

III.3.1. En cuanto a la Secretaria del Juzgado de Instrucción

Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandada- se denunció que:

III.3.1.1. Sin tener atribución conforme establece la Ley del Órgano Judicial, y el art. 56 del CPP, no aceptó los documentos que presentó para acreditar la constitución de sus garantes, rechazando los mismos bajo el argumento de

que no serían solventes, retardación que .

generó no pueda acceder a una detención domiciliaria, obviando que se encuentra recluido por más de dos meses. A su oportunidad, la parte demandada rebatiendo los extremos denunciados en su contra, en audiencia de acción de libertad y en lo relativo al presente punto señaló que, el Auto de Vista 632/2021 de 19 de noviembre, emitido por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dispuso que por la Sala Penal se proceda al verificativo domiciliario; empero, aquella formalidad no se cumplió, y para proceder con la detención domiciliaria se debe tener certeza del domicilio donde será depositado el imputado. Por otra parte, señaló que el citado Auto de Vista estableció que los garantes deben tener una solvencia de Bs10 000.- cada uno en caso de fuga, extremo que impidió se pueda recibir los mismos. Ahora bien, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se precisó que los funcionarios subalternos o de apoyo jurisdiccional, adquieren legitimación pasiva y por consiguiente pueden ser demandados en acciones tutelares en tres supuestos, cuando: a) Incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) La vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa que emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) Procedan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado. Si concurren alguno de estos supuestos, los funcionaros subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda, puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva. En ese orden, siendo que en el caso en examen se alega la vulneración de los derechos al debido proceso, a la defensa, a la libertad y a una justicia pronta y oportuna, se debe analizar si en el caso concreto la conducta de la funcionaria demandada se adecua a alguno de los incisos citados líneas arriba:

1) Incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad .

judicial: En cuanto al primer supuesto, conforme a la literal descrita en la Conclusión II.1 del presente fallo constitucional, se evidencia que por Auto de Vista 632/2021, la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, al momento de disponer la aplicación de medidas sustitutivas en favor del imputado, estableció que por dicha Sala se proceda al verificativo domiciliario, y las demás medidas se tramiten por el inferior en grado. Al respecto de lo descrito, no se evidencia que las autoridades judiciales del Tribunal ad quem hayan emitido alguna instrucción concreta dirigida a la Secretaria ahora demandada, para recibir y menos valorar alguna documentación en relación a la solvencia de los garantes.

2) La vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa que emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos: Al respecto del presente supuesto, como se señaló en el punto anterior, pese a que el Auto de Vista 632/2021 (Conclusión II.1) no instruye textualmente de ningún modo que la Secretaria ahora demandada recepcione documentación de los garantes, menos proceda a su valoración; empero, la misma en audiencia de garantías expreso que, “el Auto de Vista estableció que los garantes deben tener una solvencia de Bs10 000.-cada uno en caso de fuga, y que por tal extremo se impidió pueda recibirse los mismos”. En razón de aquella afirmación, se tiene que la referida funcionaria demandada, sin contar con atribución, erróneamente procedió a emitir juicios de valor respecto a la solvencia de los garantes presentados por la parte imputada, contrariando lo establecido en el art. 56 del CPP, cuando aquella función es propia de la autoridad jurisdiccional de la causa. 3) Proceden del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado: Al respecto de este tercer supuesto, conforme se detalló en los puntos precedentemente descritos, si bien no existe una instrucción directa a la funcionaria demandada por parte de su superior en grado, la misma, actuando .

más allá de sus funciones, valoró documentación sin ser su atribución.

De lo descrito en los supuestos precedentemente desarrollados, se puede establecer que la Secretaria demandada, adquirió legitimación para ser demandada en la presente causa, ya que concurren las tres causales a dicho efecto, puesto que como se señaló, no tenía ningún tipo de instrucción para proceder a la recepción de documentos relacionados a los garantes personales de la parte imputada, menos proceder a su valoración emitiendo juicios de valor en cuanto a su solvencia. Al respecto, debe tenerse presente que toda documentación relacionada a fianza personal (garantes) debe ser presentada a través de memorial o en audiencia ante la autoridad jurisdiccional de la causa, para que a posterior la misma sea considerada conforme prevé el art. 243 del CPP, donde se realice una valoración de la solvencia y capacidad económica de cada fiador, llegando a determinar de esta manera el posible monto a cubrir, que implicaría la recaptura del imputado ante su incomparecencia. Conforme lo referido, se demuestra que la Secretaria demandada erró en su proceder, pues sobrepaso sus atribuciones al valorar documentación inherente a la solvencia de los fiadores del imputado, cuando la misma estaba prohibida de realizar tareas propias de la función jurisdiccional bajo alternativa de no ser convalidadas conforme determina el último parágrafo del art. 56 del CPP; por tal razón, corresponde conceder la tutela impetrada.

5 Artículo 243. (Fianza Personal). La fianza personal consiste en la obligación que asumen dos o más personas solventes con patrimonios independientes, de presentar al imputado ante el juez que conoce el proceso las veces que sea requerido.

En caso de incomparecencia del imputado, el fiador pagará la suma que a este efecto determine el juez, la que será suficiente para satisfacer los gastos de captura y las costas procesales.

Cuando existan varios fiadores, asumirán la obligación solidariamente.

Los fiadores no podrán presentar fianza personal a ningún otro imputado, mientras dure la fianza ofrecida y aceptada.

El juez, a petición del fiador, podrá aceptar su sustitución. 6 Artículo 56. (SECRETARIOS).

I. La jueza, el juez o tribunal será asistido con la debida diligencia en el cumplimiento de sus actos jurisdiccionales por una secretaria o secretario, a quien le corresponderá como funciones propias las siguientes:

1. Controlar, a través del sistema informático de gestión de causas, el cumplimiento de los plazos procesales, debiendo informar oportunamente a la jueza, juez o tribunal antes de su vencimiento; a tal efecto, deberá proyectar la conminatoria de control jurisdiccional al Ministerio Público, bajo responsabilidad.

2. Asistir a la jueza, juez o tribunal en audiencia para garantizar su desarrollo conforme establece la normativa vigente;

3. Emitir las providencias de mero trámite que no sean pronunciadas en audiencia;

4. Custodiar los elementos de prueba para la realización de la audiencia, garantizando el orden de la codificación y su inalterabilidad, quedando en resguardo de los objetos y documentos, bajo su exclusiva responsabilidad;

5. Elaborar y mantener un inventario actualizado de los procesos;

.

III.3.1.2. En audiencia de revocatoria de medidas cautelares, refirió sobre la existencia de un informe, el cual reflejaría que su persona no cumplió con las medidas impuestas a través del Auto de Vista 632/2021 de 19 de

noviembre, el cual desconocería porque nunca le fue notificado, pese a que el art. 56 y 56 bis del CPP establece que la funcionaria judicial tiene la obligación de materializar y derivar las notificaciones a las oficinas gestoras; por lo que, usurpando funciones e incumpliendo su deber, delegó a un “pasante notificador” tal diligencia. Al respecto, la parte demandada señaló que tanto los secretarios como los auxiliares están habilitados para poder notificar en caso de que las gestoras no quieran recibir las diligencias ante el horario de recepción impuesto. De antecedentes, se evidencia que el informe emitido por la parte demandada, el cual se señala que el ahora peticionante de tutela incumplió determinadas medidas impuestas a través del Auto de Vista 632/2021 de 19 de noviembre (Conclusión II.2), y el decreto de revocatoria de medidas cautelares, por el cual se fijó audiencia para el 12 de enero de 2022, datan respectivamente del 4 y 5 de igual mes y año; ahora bien, considerando aquellos extremos se infiere que tal denuncia resulta evidente, pues, desde la emisión del citado decreto hasta el señalamiento de la audiencia existía un periodo prudente de cinco días hábiles, en los cuales conforme establece el numeral 6 del art. 56.I del CPP, la Secretaria debió coordinar funciones con la oficina gestora de procesos, para posteriormente dicha instancia según determina el numeral 2 del art. 56 bis de la Ley 1173, proceda a .

notificar a las partes procesales con todos los antecedentes en relación a la revocatoria, es decir, conteniendo el cuestionado informe de 4 de enero de 2022, más no delegar funciones a otro personal subalterno o de apoyo, tal y como ocurrió en el presente caso, lo cual en evidencia, que dejó en indefensión a la parte accionante, vulnerando su derecho a la defensa, pues dicha diligencia según se denunció le fue notificado un día antes de la audiencia y de manera incompleta; situación que no fue rebatida por la parte demandada, correspondiendo en consecuencia conceder la tutela impetrada.

III.3.2. En cuanto al Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandado- se denunció que: De “oficio” señaló audiencia de revocatoria de

medidas cautelares, fuera de los parámetros establecidos por el art. 247 del CPP, en razón de que ni la víctima o la fiscalía solicitaron tal extremo, constituyéndose el mismo en un procesamiento indebido. Al respecto del presente punto, cabe puntualizar que si bien el art. 247 del CPP establece que solo la víctima como el Ministerio Público pueden solicitar la revocatoria de medidas cautelares; empero, la parte impetrante de tutela no consideró que conforme determina el art. 250 del citado código, toda decisión que imponga una medida cautelar o la rechace es modificable aún de oficio, extremo que concurrió en el presente caso; por tal razón, la autoridad judicial demandada, apoyándose en el informe emitido por la Secretaria de su despacho, el cual señalaba que el ahora accionante incumplió determinadas medidas impuestas a través del Auto de Vista 632/2021 de 19 de noviembre (Conclusión II.2), obró conforme a procedimiento al señalar audiencia de .

revocatoria en; en tal situación, corresponde denegar la tutela impetrada. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve REVOCAR en parte la Resolución 1/2022 de 14 de enero, cursante de fs. 62 a 66 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada en cuanto a la Secretaria demandada, por vulneración del derecho a la defensa conforme se estableció en las sub problemáticas III.3.1.1 y III.3.1.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Disponer que en lo futuro la Secretaria demandada, adecue su actuar conforme a sus funciones según establece el art. 56 del Código de Procedimiento Penal; y en caso de desobediencia, de ser reiterativa su conducta, se remitirán antecedentes ante la instancia administrativa para su procesamiento. 3° DENEGAR la tutela incoada respecto al Juez demandado, conforme se desarrolló en las sub problemática III.3.2, de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Notas al pie

y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad, ya que cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, más aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccional” (las negrillas y el subrayado son añadidos). De la citadas líneas jurisprudenciales, respecto a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos o de apoyo jurisdiccional, se concluye como subregla que los mismos carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos; sin embargo, existe la excepción a esta subregla, es decir, que adquieren legitimación pasiva y por consiguiente pueden ser demandados en acciones tutelares en tres supuestos, cuando: a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; si concurren alguno de estos supuestos, los funcionaros subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva”.

6. Coordinar funciones con la Oficina Gestora de Procesos conforme a reglamentos operativos, circulares y protocolos, de conformidad a sus respectivas competencias; 7. Informar a las partes con la debida diligencia y buen trato; 8. Dirigir al personal auxiliar; y, 9. Cumplir con todas las tareas que la jueza, el juez o tribunal ordene en procura de mejorar la gestión del despacho judicial. II. En ningún caso las secretarias y los secretarios pueden realizar tareas propias de la función jurisdiccional. La delegación de funciones jurisdiccionales en estos funcionarios hará inválidas las actuaciones realizadas y hará responsable directamente a la jueza o al juez.”

7 Artículo 56 Bis. (OFICINA GESTORA DE PROCESOS).

I. La jueza, juez o tribunal será asistido por la Oficina Gestora de Procesos, instancia administrativa de carácter instrumental que dará soporte y apoyo técnico a la actividad jurisdiccional con la finalidad de optimizar la gestión judicial, el efectivo desarrollo de las audiencias y favorecer el acceso a la justicia. La Oficina Gestora de Procesos tiene las siguientes funciones: (..) 2. Notificar a las partes, testigos, peritos y demás intervinientes; (…)

8 Artículo 247. (CAUSALES DE REVOCACIÓN). Las medidas cautelares personales podrán ser revocadas a solicitud del fiscal o de la víctima, aunque no se haya constituido en querellante, cuando se acrediten sin otra formalidad que: 1. El imputado incumpla alguna de las obligaciones impuestas; 2. Se compruebe que el imputado realiza actos preparatorios de fuga o de obstaculización en la averiguación de la verdad; o, 3. El imputado incumpla alguna de las medidas de protección especial en casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes. La revocación dará lugar a la sustitución de la medida por otra más grave, incluso la detención preventiva cuando sea procedente.

9 Artículo 250º.- (Carácter de las decisiones). El auto que imponga una medida cautelar o la rechace es revocable o modificable, aún de oficio.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1148_2023-S1.pdf · páginas 1 a 16.

Huella digital del PDF (SHA-256): 9bbb54fd412f4b94f7040c69c6fff350b909c96c147e65b15c06d16089293bed

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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