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SCP 1146/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 4 de agosto de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
4 de agosto de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
64281-2024-129-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 16/2024 de 16 de mayo, cursante de fs. 21 a 23, pronunciada por el Juzgado de Sentencia Penal Octavo del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la pérdida del objeto procesal en la acción de libertad
  2. III.2. Sobre la excepcionalidad de la subsidiariedad en la acción de libertad

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1146/2026-S2 Sucre, 4 de agosto de 2026 JURISPRUDENCIA REITERATIVA - Subsidiariedad Excepcional -Supuestos de activación de la acción de libertad ante procesamiento ilegal o indebido. SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 64281-2024-129-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 16/2024 de 16 de mayo, cursante de fs. 21 a 23, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Leopoldo Richard Chui Torrez contra Tito Champani Saavedra, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Octavo de la Capital del departamento de La Paz; y, Julio Synclair Acarrafi Revollo, Fiscal de Materia.

I. OBJETO PROCESAL

El accionante refiere que se lesionó su derecho a la libertad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de uso indebido de bienes y servicios públicos; una vez concluida la etapa preparatoria, el Fiscal de Materia presentó acusación formal el 17 de abril de 2024; es así que, el Juez de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Octavo de la Capital del departamento de La Paz, por decreto de 18 de mismo mes y año dispuso la remisión de la causa, diligencia que el Secretario demandado no cumplió hasta la fecha de presentación de la acción de libertad. Asimismo, solicitó al Fiscal de Materia codemandado fotocopias legalizadas que serían utilizadas como elemento probatorio para la modificación de medidas cautelares, misma que mereció el decreto de 6 de mayo de 2024, que estableció la necesidad de precisar las piezas procesales respecto a las que solicitaba copias. Posteriormente reiteró esa solicitud, recibiendo como respuesta el decreto del 10 del mismo mes y año, que estableció “estese a decreto de fecha 06 de mayo de 2024” (sic.), con dichas providencias, el Fiscal de Materia hubiera obstaculizado la obtención de elementos probatorios que servirían para modificar su situación jurídica. En merito a ello, no hace un pedido concreto; empero, se infiere que pretende que se remita su expediente al Juzgado de Sentencia Penal de turno como efecto de la acusación; así como la obtención de las fotocopias legalizadas por parte del Fiscal codemandado. Al respecto, el Secretario demandado en audiencia de garantías informó que, conforme al Libro de altas y bajas del Juzgado, el expediente fue recepcionado en el Juzgado de Sentencia Penal –no precisó número- el 2 de mayo de 2024, extremo cotejado a través del Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ), que consigna como fecha de recepción el 3 del mismo mes y año; por lo que no se vulneró ningún derecho. Por su parte el Fiscal de Materia codemandado informó que la solicitud de fotocopias no estaba vinculada a la libertad del impetrante de tutela; más aún cuando le explicó que primero aclare que piezas debían ser legalizadas, ya que no existían documentos originales que puedan ser objeto de esa autenticación; tampoco se precisó que las copias impetradas serían utilizadas en audiencia de medidas cautelares. En virtud a ello, solicitó se deniegue la tutela. Mediante Resolución 16/2024 de 16 de mayo, cursante de fs. 21 a 23, el Juez de Sentencia Penal Octavo del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituido en Juez de garantías, denegó la tutela impetrada. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

II. TRÁMITE PROCESAL

En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se determinó la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Por ello, el formato del presente fallo se ajusta a lo precedentemente determinado.

III. FUNDAMENTOS JURIDICOS DEL FALLO

III.1. De la pérdida del objeto procesal en la acción de libertad

Al respecto, la SCP 0744/2015-S3 de 29 de junio, estableció que: “La sustracción de la materia o pérdida del objeto procesal, deviene por la desaparición de los supuestos fácticos que motivaron su activación porque la violación o amenaza de violación del derecho cesó; y consecuentemente, el hecho denunciado dejó de vulnerar las garantías o derechos constitucionales, debido al cumplimiento del acto reclamado con su consecuente restitución. Asimismo, el objeto procesal constituye el elemento sustancial a resolver por la jurisdicción constitucional; en tal sentido, ante la sustracción de la materia o pérdida del objeto procesal, en acción de libertad, cuando el petitorio devino en insubsistente por la desaparición del hecho o supuesto que lo sustentaba, se inhibe un pronunciamiento sobre el fondo de la pretensión, correspondiendo la sustracción del mismo; toda vez que, la eventual concesión de la tutela, se tornaría en ineficaz e innecesaria” (las negrillas nos corresponden).

III.2. Sobre la excepcionalidad de la subsidiariedad en la acción de libertad

La SC 0080/2010-R de 3 de mayo, señaló que: “…Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física” (las negrillas y el subrayado nos corresponden).

II. 2. Análisis del caso concreto.

De los antecedentes relevantes traídos en revisión, se advierte que el accionante enfrenta un proceso penal por la presunta comisión del delito de uso indebido de bienes y servicios públicos; al respecto, considera que se lesionó su derecho a la libertad, ya que, una vez presentada la acusación fiscal, el Secretario demandado no remitió su expediente ante el Juzgado de Sentencia Penal de turno; y, respecto al Fiscal de Materia, alega que este se negó a extenderle las fotocopias legalizadas necesarias para solicitar la modificación de sus medidas cautelares. En relación al Secretario demandado, se tiene que fue notificado con esta acción de libertad el 15 de mayo de 2023, y la remisión del expediente del accionante fue efectivizada el 2 del indicado mes y año (fs. 17), siendo recibido por el Juzgado de Sentencia Penal y Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz; por lo cual, en mérito al Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, se configura de ese modo la sustracción de materia o pérdida del objeto procesal, tornándose insubsistente el petitorio ante la desaparición del hecho que lo sustentaba, por cuanto ya se materializó la remisión extrañada, razón por la cual corresponde denegar la tutela solicitada. En lo referente al Fiscal de Materia codemandado, si bien el accionante manifiesta que precisaba las fotocopias legalizadas para fundar una solicitud de modificación de sus medidas cautelares y que hubiera recibido una negativa del prenombrado; empero, dicha irregularidad debió ser puesta a conocimiento del Juez a cargo del control jurisdiccional de su causa, conforme se tiene establecido en la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 de esta resolución, aspecto que no aconteció; en ese entendido al no agotarse la subsidiariedad excepcional de esta acción tutelar, resulta inviable ingresar al análisis de fondo y menos otorgar la protección solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 16/2024 de 16 de mayo, cursante de fs. 21 a 23, pronunciada por el Juzgado de Sentencia Penal Octavo del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1146_2026-S2.pdf · páginas 1 a 5.

Huella digital del PDF (SHA-256): 46d8f68437f4694eb62cdc6b311b97c2ef17c3ffd06e8aa8d5cfc08f9f93290c

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