Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 19 de septiembre de 2025
Concede en parte la tutela
El adolescente accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso; y, principios de seguridad jurídica y celeridad procesal, señalando que, a “mediados de junio de 2025”, fue detenido preventivamente en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, bajo una identidad falsa como “Jonathan Sebastián Flores Tonconi”, de dieciocho años, cuando en realidad su verdadero nombre era AA -de dieciséis años-; aspecto que una vez conocido, por su abogada del SEPDEP, el 9 de julio de 2025, solicitó corrección de procedimiento y declinatoria de competencia a favor del “Juzgado de la Niñez y Adolescencia”, adjuntando las pruebas pertinentes; sin embargo, el Juez demandado el 10 del citado mes y año, denegó su solicitud por carecer de firma; por lo cual, ese mismo día, presentó memorial subsanando lo observado y reiterando su petición de conformidad al art. 83 del CPP; y, el 11 de julio de 2025, se le informó por el Secretario codemandado, que la respuesta recién se emitiría el lunes, negándosele además el acceso al libro de litigantes al pasante de la citada entidad. Por esta razón, denuncia falta de diligencia y celeridad procesal, dado que pese a la evidencia de su minoría de edad a la “fecha” continuó privado de libertad en un recinto penitenciario de adultos, conculcando ambos demandados sus derechos fundamentales señalados. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte, la Resolución de 21/2025 de 14 de julio, cursante de fs. 20 a 24, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada únicamente en cuanto al Juez demandado, respecto a los derechos a la libertad, al debido proceso y principio de celeridad procesal, en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías y conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela en cuanto al Secretario codemandado; y, al principio de seguridad jurídica. 3° Exhortar, Armando Zeballos Guarachi, Juez de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Décimo de la Capital, para que, en lo sucesivo obre conforme a los razonamientos expuestos en los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional, absteniéndose de incurrir en dilaciones indebidas que vulneren derechos de adolescentes infractores privados de libertad.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1146/2025-S3 Sucre, 19 de septiembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 75830-2025-152-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 21/2025 de 14 de julio, cursante de fs. 20 a 24, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ingrid Rossio Portugal Espejo en representación sin mandato de Álvaro Sebastián Tarqui Flores contra Armando Zeballos Guarachi, Juez de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Décimo de la Capital; y, el Secretario del mismo Juzgado.
Por memorial presentado el 11 de julio de 2025, cursante de fs. 6 a 8, el accionante a través de su representante señaló que:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra y otro, por la presunta comisión del delito de corrupción de menores, con Código Único de Denuncia (CUD) 201102012504026, “a mediados de junio” fue detenido preventivamente en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, identificándose erróneamente como “Jonathan Sebastián Flores Tonconi”, de dieciocho años de edad; sin embargo, posteriormente se constató que su verdadera identidad era AA, de “dieciséis” -siendo lo correcto diecisiete- años, con cédula de identidad 15707330 y fecha de nacimiento de 29 de marzo de 2008. Indicó que, el 5 de julio de 2025, su abogada del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP) tomó conocimiento de dicha situación, verificando el 7 de igual mes y año, el número de causa y Juzgado competente; asimismo, el 8 de julio, sus progenitores presentaron la documentación que acreditaba su identidad real. El 9 de julio de 2025, su defensa presentó memorial de apersonamiento solicitando corrección de procedimiento y declinatoria de competencia a favor del “Juzgado de la Niñez y Adolescencia”, adjuntando las pruebas correspondientes; sin embargo, la autoridad jurisdiccional a cargo del Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Décimo de la Capital, denegó su solicitud el 10 de julio del referido año, por carecer de firma de la parte impetrante. Ese mismo día, a horas 16:25, su abogada presentó memorial subsanado y reiterando la petición de declinatoria urgente y corrección de datos, conforme al art. 83 del CPP. No obstante, al día siguiente -11 de julio del citado año- el “Secretario” de su Juzgado, señaló que la respuesta a su solicitud recién se emitiría el lunes, negando además el acceso al libro de litigantes al pasante de la referida institución. No obstante, de encontrarse privado de libertad y ser adolescente, su caso, no fue atendido con la diligencia y celeridad procesal que ameritaba, al omitir el Juez y Secretario demandados, dar respuesta a sus solicitudes, causando una demora injustificada en la tramitación de las mismas; puesto que, pese a la evidencia documental de su minoría de edad, continuó privado de libertad en un recinto penitenciario de adultos.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso; y, principios de seguridad jurídica y celeridad procesal, citando al efecto los arts. 23, 115, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH); y, 7 del Pacto de San José de Costa Rica.
Solicitó se conceda la tutela impetrada y, en consecuencia, se disponga la inmediata declinatoria de competencia, considerando que, por razón de especialidad, el conocimiento del proceso corresponde a un “Juez de la Niñez y Adolescencia”.
Celebrada la audiencia virtual el 14 de julio de 2025, según consta en acta cursante de fs. 18 a 19, produciéndose los siguientes actuados:
El peticionante de tutela a través de su abogada, reiteró de manera íntegra el contenido de su acción de libertad y ampliándolo manifestó que: a) En audiencia de medidas cautelares celebrada ante Juez demandado, contra “Jonathan Sebastián Flores Tonconi” -cuya identidad correcta era la del adolescente AA- y Richard Calderón Zeballos, por la presunta comisión del delito de corrupción de menores, mediante Auto Interlocutorio 263/2025, se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, por el lapso de noventa días; b) Por temor y falta de experiencia, proporcionó una identidad falsa al momento de su aprehensión, identificándose erróneamente como Jonathan Sebastián Flores Tonconi, de dieciocho años, cuando en realidad se trataba de su persona AA, de 17 años; c) El 9 de julio del citado año, presentó memorial solicitando declinatoria de competencia en razón de materia a favor del “Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia”, argumentando su minoría de edad. No obstante, el Juez demandado, por decreto de 10 de julio de 2025, dispuso que, antes de tramitar la excepción de incompetencia, se pusiera en conocimiento del Fiscal de Materia asignado al caso, para su pronunciamiento en el plazo de cuarenta y ocho horas; y, d) El 10 de julio del indicado año, su defensa, reiteró la solicitud de declinatoria, a la cual la autoridad judicial recién respondió el 14 de igual mes y año, señalando audiencia de consideración de la excepción de incompetencia para el 15 de julio de 2025 a horas 13:00, incurriendo en una demora inusual y actos dilatorios en la tramitación de dicho mecanismo procesal.
Armando Zeballos Guarachi, Juez de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Décimo de la Capital del departamento de La Paz, por informe escrito presentado el 14 de julio de 2025, cursante a fs. 12 y vta., señaló que: 1) El ahora accionante se encontraba con detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, por la presunta comisión del delito de corrupción de niña, niño o adolescente, dentro del proceso penal con CUD 201102012504026, tramitado inicialmente bajo el nombre falso de Jhonatan Sebastián Flores Tonconi, cuando en realidad se trataba del adolescente AA, de “dieciséis” años de edad; 2) El origen del problema derivó de la conducta del propio impetrante de tutela y su primer abogado defensor, quienes proporcionaron datos falsos al Ministerio Público y a su autoridad, induciendo a error sobre su identidad; 3) El 9 de julio de 2025 a horas 8:30, el peticionante de tutela presentó un memorial de apersonamiento con su nuevo patrocinante, Brian Joel Ruiz Luna, sin aclarar su verdadera identidad ni solicitar corrección alguna; por lo que, mediante decreto de 10 de igual mes y año, requirió previamente la firma correspondiente; 4) Posteriormente, a horas 13:00, del mismo día, Ingrid Rossio Portugal Espejo, Abogada del SEPDEP, presentó memorial solicitando declinatoria de competencia a favor del “Juzgado de la Niñez y Adolescencia”; al cual, providenció disponiendo que el Ministerio Público en el plazo de cuarenta y ocho horas informe sobre los extremos planteados, habiéndose notificado al Fiscal de Materia asignado al caso, el 11 de julio de 2025; 5) Reiterada la solicitud por el SEPDEP, la citada fecha, emitió el decreto de 14 de julio de 2025, señalando audiencia de consideración de declinatoria de competencia para el 15 de igual mes y año a horas 13:00, con notificación a las partes; 6) Demostró que no era cierto que se hubiera denegado la solicitud por falta de firma ni que se hubiese actuado con negligencia o dilación, puesto que la petición fue tramitada conforme a procedimiento; 7) El accionante incurrió en varias imprecisiones y contradicciones en su memorial de acción de libertad, como referirse erróneamente a un “secretario” cuando el cargo lo ocupaba una mujer, además de señalar como domicilio la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y alegar falsamente la negativa de acceso al libro de litigantes; y, 8) Debe considerarse que en el proceso penal se encuentran como víctimas a dos menores de edad de dieciséis años, quienes merecen especial protección del Estado. En audiencia aclaró que, no existieron actos de maltrato ni negligencia por parte del personal de su Juzgado, precisando que el cargo de Secretaria recae en una mujer y no en un secretario, como erróneamente se consignó en la acción; asimismo, informó que ya se encontraba señalada la audiencia para considerar la excepción de incompetencia para el 15 de julio de 2025 a horas 13:00, habiéndose cumplido con todas las diligencias necesarias para su desarrollo; por lo que, solicitó se deniegue la acción de libertad. El Secretario Abogado del Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Décimo de la Capital del departamento de La Paz, no asistió a la audiencia de garantías, ni presentó informe alguno, pese a su notificación cursante a fs. 11.
El Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de la Capital del departamento de La Paz, mediante la Resolución 21/2025 de 14 de julio, cursante de fs. 20 a 24, concedió la tutela impetrada, disponiendo que el Juez demandado de forma inmediata mediante auto motivado remita las actuaciones al juez o al tribunal competente y, la remisión del infractor a disposición del Juez Público de la Niñez y Adolescencia. Pronunciando su fallo bajo los siguientes fundamentos: i) Conforme al art. 292 del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), los plazos procesales son improrrogables y perentorios, y según el art. 293.II del mismo cuerpo normativo, la etapa investigativa a cargo del fiscal no podrá exceder de cuarenta o noventa días, en caso de pluralidad de adolescentes imputados; ii) La acción de libertad puede ser conocida directamente, sin exigir el agotamiento de medios ordinarios, dada la aplicación del principio del interés superior del adolescente; iii) En aplicación del art. 83 del CPP, los errores en los datos de identificación pueden ser corregidos en cualquier momento del proceso; iv) Si bien el adolescente impetrante de tutela, al ser puesto a disposición judicial el 13 de junio de 2025, proporcionó una identidad y edad falsas, identificándose como “Jonathan Sebastián Flores Tonconi”, de dieciocho años de edad, posteriormente, mediante el SEPDEP, se presentaron los memoriales de 9 y 10 de julio de 2025, acreditando su verdadera identidad como AA, de “diecisiete años”, con copias de su cédula de identidad, certificado de nacimiento y documentos personales de sus padres. No obstante, el Juez demandado, mediante decreto de 10 del citado mes y año, dispuso poner en conocimiento del Fiscal de Materia asignado al caso, la solicitud de declinatoria de competencia antes de pronunciarse en relación a la misma, inobservando así el debido proceso y el derecho al juez natural garantizado por el art. 120.I de la CPE, al prolongar innecesariamente la consideración de la excepción de incompetencia por razón de materia, que debió ser tramitada de forma inmediata; v) Conforme al art. 314.II del CPP, la audiencia sobre excepciones debe ser señalada dentro de las veinticuatro horas y realizada dentro de los tres días siguientes; por ello, si la solicitud se presentó el miércoles 9 de julio de 2025, la audiencia debió celebrarse hasta el lunes 14 de igual mes y año, y no recién el 15 de julio, como lo hizo la autoridad judicial demandada, vulnerando además el art. 46 del citado Código, que impone la obligación de remitir las actuaciones al juez competente y poner a disposición al detenido cuando se advierta incompetencia por materia; y, vi) La inobservancia de las reglas de competencia por materia produce la nulidad de los actos, además en casos de adolescentes infractores la detención preventiva no puede exceder los cuarenta días, conforme prevé la Ley 548.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Certificado de Nacimiento correspondiente al adolescente AA -ahora accionante-, consignando como fecha de nacimiento el 29 de marzo de 2008 (fs. 4). II.2. Mediante memorial presentado el 9 de julio de 2025, ante el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Décimo de la Capital del departamento de La Paz -demandado-, Ingrid Rossio Portugal Espejo, Abogada del SEPDEP, en representación de “Jonathan Sebastián Flores Tonconi”, solicitó declinar competencia al tratarse de un menor de “dieciséis” años, refiriendo asimismo que al momento de su detención preventiva “a mediados de junio”, proporcionó erróneamente su identidad, siendo la verdadera AA, con fecha de nacimiento de 31 de agosto de 2009, adjuntando a ese efecto su certificado de nacimiento (fs. 2 y vta.). II.3. Consta decreto de 10 de julio de 2025; por el cual, el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Décimo de la Capital del departamento de La Paz, dispuso que con carácter previo la “autoridad fiscal” informe sobre lo expuesto en el memorial presentado por el impetrante de tutela (fs. 14). II.4. A través de escrito presentado el 10 de julio de 2025 -con cargo de recepción de 14 de igual mes y año-, Ingrid Rossio Portugal Espejo en representación de “Jonathan Sebastián Flores Tonconi”, subsanando lo observado al memorial de 9 de julio de 2025, reiteró al Juez demandado, decline competencia al tratarse de un menor de “dieciséis” años de edad y se remita al aprehendido al “Juez de la Niñez y Adolescencia” (fs. 3 y vta.).
II.5. Por providencia de 14 de julio de 2025, el nombrado Juez de Instrucción Penal, fijó audiencia para considerar la declinatoria de competencia para el 15 de ese mes y año a horas 13:00 (fs. 17).
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio, se dispuso la priorización en el sorteo de casos de Niñas, Niños y Adolescentes a efectos de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
El adolescente accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso; y, principios de seguridad jurídica y celeridad procesal, señalando que, a “mediados de junio de 2025”, fue detenido preventivamente en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, bajo una identidad falsa como “Jonathan Sebastián Flores Tonconi”, de dieciocho años, cuando en realidad su verdadero nombre era AA -de dieciséis años-; aspecto que una vez conocido, por su abogada del SEPDEP, el 9 de julio de 2025, solicitó corrección de procedimiento y declinatoria de competencia a favor del “Juzgado de la Niñez y Adolescencia”, adjuntando las pruebas pertinentes; sin embargo, el Juez demandado el 10 del citado mes y año, denegó su solicitud por carecer de firma; por lo cual, ese mismo día, presentó memorial subsanando lo observado y reiterando su petición de conformidad al art. 83 del CPP; y, el 11 de julio de 2025, se le informó por el Secretario codemandado, que la respuesta recién se emitiría el lunes, negándosele además el acceso al libro de litigantes al pasante de la citada entidad. Por esta razón, denuncia falta de diligencia y celeridad procesal, dado que pese a la evidencia de su minoría de edad a la “fecha” continuó privado de libertad en un recinto penitenciario de adultos, conculcando ambos demandados sus derechos fundamentales señalados. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La Constitución Política del Estado integra al catálogo de derechos fundamentales, los referidos a la niñez y adolescencia; así, su art. 58 dedica una sección especial a los mismos, denominada: Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud; sosteniendo que:
Se considera niña, niño y adolescente, toda persona menor de edad, titular de derechos reconocidos en la Constitución, con los límites establecidos en ella, y de los derechos específicos inherentes a un proceso de desarrollo, a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional; y a la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones.
El art. 59.I de la CPE, determina que: “Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo integral”. Asimismo, el art. 60 de la citada Norma Suprema, prescribe que: “Es deber del Estado, la sociedad y la familia, garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos (…)” [las negrillas son nuestras].
En tal sentido, la Constitución Política del Estado protege de manera integral y progresiva a los niños y adolescentes, en el entendido que de acuerdo a su crecimiento y desarrollo de su personalidad, asumen progresivamente derechos y obligaciones. Sobre la protección directa de los derechos de este grupo etario -niño, niña y adolescente-, a través de este mecanismo de defensa -acción de libertad- la SC 0818/2006-R de 21 de agosto que moduló el entendimiento contenido en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, referido a los supuestos de subsidiariedad del hábeas corpus; estableció que es posible la presentación directa de esta acción de defensa en los supuestos en los que: “…menores infractores se vean involucrados en la presunta comisión de delitos…”; entendimiento reiterado en la SC 2378/2010-R de 19 de noviembre. Razonamiento jurisprudencial, enmarcado en las disposiciones del Código del Niño, Niña y Adolescente abrogado -Ley 2026 de 27 de octubre de 1999- que en su art. 222, específicamente establecía una edad mínima de aplicación de la “responsabilidad social”, comprendida entre los 12 hasta los 16 años.
Actualmente, el Sistema Penal para adolescentes previsto en el nuevo Código Niña, Niño y Adolescente, contempla la franja etaria de 14 a 18 años de edad, a quienes se aplica una responsabilidad penal atenuada, en 1El FJ III.1.2, establece: “Consiguientemente, como el ordenamiento jurídico no puede crear y activar recursos simultáneos o alternativos con el mismo fin sin provocar disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional, se debe concluir que el proceso constitucional del hábeas corpus, únicamente se activa cuando los medios de defensa existentes en el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata. Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus”. 2El FJ III.3, señala: “Resulta necesario precisar que la subsidiariedad con carácter excepcional del recurso de hábeas corpus, instituida en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, cuando existen medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, a los cuales el afectado deberá acudir en forma previa y solamente agotados tales medios de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus, no es aplicable a los supuestos en los que menores de 16 años, considerados menores infractores, se vean involucrados en la presunta comisión de delitos, por cuanto en correspondencia con el régimen especial de protección y atención que el Estado y la sociedad deben garantizar a todo niño, niña y adolescente, éstos se hallan bajo la protección y regulación de las disposiciones del Código Niño, Niña y Adolescencia, cuyas normas son de orden público y de aplicación preferente…” (Las negrillas nos corresponden).
mérito a la protección constitucional reforzada de la que gozan; en ese sentido se les otorga una protección especial; a quienes no resulta aplicable la subsidiariedad excepcional desarrollada en la SC 0160/2005-R, al ser la acción de libertad de tramitación especial y sumarísima, reforzada por características como la inmediata protección de los derechos que comprende su espectro de protección y el informalismo, entre otras. Consiguientemente, no corresponde denegar la acción de libertad por aspectos formales vinculados a la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, cuando es presentada a favor de niños, niñas o adolescentes; más aún, cuando el art. 60 de la CPE establece que es deber del Estado, la sociedad y la familia, garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado. El razonamiento citado ha sido glosado de la SCP 0183/2020-S1 de 28 de julio.
El art. 115 de la CPE, estipula:
I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos;
II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. Asimismo, el art. 178.I de la referida Norma Suprema, señala:
La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. Por su parte, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la referida SCP 0557/2016-S1, desarrolló la celeridad como un principio, con el cual deben manejarse los administradores de justicia, más aún, tratándose de aquellos casos vinculados con la libertad de las personas; toda vez que, toda petición relacionada con este derecho, debe ser atendida sin dilaciones indebidas y en cumplimiento estricto de los plazos legales. Sobre la base de este entendimiento, debemos concluir que si existe un plazo legal, otorgado al Ministerio Público y al juez de instrucción penal, respecto a la tramitación de una aprehensión, se debe actuar sin dilaciones y definir la situación jurídica de la persona aprehendida con la mayor celeridad, debiendo cumplir con sus obligaciones desde el primer momento que se computa el plazo y no esperar el último instante; lo que no significa, que el actuar con prontitud deja en indefensión al aprehendido.
El razonamiento jurisprudencial citado precedentemente se halla desarrollado en la SCP 0441/2018-S2 de 27 de agosto.
El art. 314 del CPP, en examen, con las modificaciones introducidas por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 03 de mayo de 2019-, establece:
I. Durante la etapa preparatoria las excepciones e incidentes se tramitarán por la vía incidental por una sola vez, ofreciendo prueba idónea y pertinente.
Las excepciones podrán plantearse desde el inicio de la investigación penal hasta diez (10) días siguientes de la notificación judicial con la imputación formal.
Los incidentes deberán plantearse dentro del plazo de diez (10) días de notificado o conocido el acto que vulnere un derecho o garantía jurisdiccional.
El planteamiento de las excepciones e incidentes no implica la suspensión de los actos investigativos o procesales.
II. La jueza o el juez de Instrucción en lo Penal dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, señalará audiencia y notificará a las partes con la prueba idónea y pertinente. La audiencia se llevará a cabo dentro del plazo de tres (3) días, en la cual se considerará el planteamiento de las excepciones e incidentes y respuestas de las partes.
Cuando la parte procesal que planteó las excepciones e incidentes no asista injustificadamente a la audiencia señalada, se rechazará su planteamiento y en su caso, se aplicará el principio de convalidación del acto u omisión cuestionada. Cuando la otra parte no asista a la audiencia, no será causal de suspensión, salvo impedimento físico acreditado mediante prueba idónea.
III. Excepcionalmente, durante la etapa preparatoria y juicio oral, el imputado podrá plantear la excepción por extinción de la acción penal, ofreciendo prueba idónea y pertinente, la cual será notificada a las partes conforme establece el numeral 4 del Artículo 308 del presente Código.”
El razonamiento citado ha sido glosado de la SCP 0776/2023-S1 de 12 de julio.
Sobre el tópico, la SCP 0258/2017-S2 de 20 de marzo, estableció el siguiente razonamiento: «…la minoridad constituye uno de los sectores más vulnerables en la sociedad; por ello, resulta absolutamente necesaria la materialización de los principios y normas que regulan los procesos especiales estatuidos para definir su situación jurídica. Corresponde precisar, que en el marco constitucional y por la legislación supranacional contenida en tratados internacionales -que constituye un referente importante en base al cual por imperio de los arts. 13.IV, 14.III, 256.I y 257 de la CPE, se debe propender al bienestar del menor en todos los aspectos y en situaciones especiales en las que los menores o adolescentes entren en conflicto con la Ley, deben servir como guía y como marco indiscutible y preferente de protección de sus derechos. Estos instrumentos internacionales y nacionales, orientan la labor de las personas encargadas de la aplicación de la ley, de todos los sujetos intervinientes y de terceros, siempre en la búsqueda de una administración de justicia de menores eficaz, justa y sobre todo humanitaria. La SC 0249/2011-R de 16 de marzo, a tiempo de analizar un caso referido a la minoridad ha señalado: “La Constitución Política del Estado, dentro de su catálogo de derechos fundamentales, dedica una sección especial a los derechos de la niñez, adolescencia y juventud. Así, en su art. 58, señala: '…Las niñas, niños y adolescentes son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución, con los límites establecidos en ésta, y de derechos específicos inherentes a su proceso de desarrollo; a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional; y a la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones'. Por su parte el art. 60 de la Constitución Política del Estado (CPE), prescribe: 'Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado'. La Ley 054 de 8 de noviembre de 2010, de Protección Legal de Niñas, Niños y Adolescentes, en concordancia con los preceptos anotados en su art. 1 (Marco Constitucional y Objeto), señala: 'La presente Ley tiene por fundamento constitucional los Artículos 60 y 61 de la Constitución Política del Estado en cuanto la función primordial del Estado de proteger a la niñez y la adolescencia'. Por su parte, el Código del Niño Niña y Adolescente en su art. 1, refiere que el mismo tiene por objeto establecer y regular el régimen de prevención, protección y atención integral que el Estado y la sociedad deben garantizar a todo niño, niña o adolescente a fin de asegurarle un desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y social en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia; en el art. 100 del CNNA, señala que: “El niño, niña o adolescente tiene derecho a la libertad, al respeto y a la dignidad como persona en desarrollo”; el art. 102 del mismo cuerpo normativo, referido a la libertad de locomoción, establece que: 'Ningún niño, niña o adolescente será internado, detenido ni citado de comparendo sin que la medida sea dispuesta por el Juez de la Niñez y Adolescencia y de acuerdo con lo dispuesto por el presente Código'”. En ese marco, se tiene que en toda actuación administrativa o proceso jurisdiccional en el que se encuentre involucrado un menor de edad, respecto del cual se tenga que adoptar una determinación sea administrativa o judicial, por imperio expreso del art. 8 del CNNA, se requiere que la autoridad responsable, lo resuelva con prioridad y celeridad, disposición concordante con el espíritu de los convenios internacionales suscritos por el país, la Constitución Política del Estado y otras leyes internas, de tal suerte que todo menor de edad sometido a conocimiento de la autoridad administrativa o judicial, no esté en incertidumbre prolongada y menos cuando se trate de su libertad y dignidad; en este marco interpretativo, se debe señalar asímismo, que el carácter “preferente” de la normativa especial, definida por el art. 3 del CNNA, supone la sobreposición de las normas más favorables contenidas en el Código del Niño, Niña y Adolescente a cualesquier otra que le sea contraria y deben interpretarse, velando por el interés superior del niño, niña y adolescente, de acuerdo con la Constitución Política del Estado, las Convenciones, Tratados Internacionales vigentes, y las leyes de la República» (el resaltado es añadido).
El adolescente accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso; y, de los principios de seguridad jurídica y celeridad procesal, aduciendo que, “a mediados de junio de 2025” fue detenido preventivamente bajo una identidad falsa como adulto, cuando en realidad tenía “dieciséis” años, y pese a que el 5 y 9 de julio del citado año, el SEPDEP y sus padres acreditaron su verdadera identidad, la autoridad judicial demandada demoró en tramitar la corrección de datos y la declinatoria de competencia al “Juzgado de la Niñez y Adolescencia” más de cincuenta días, negando incluso el acceso al libro de litigantes, manteniéndolo injustificadamente privado de libertad en un “penal” de adultos. De manera previa a ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados, corresponde establecer que el accionante es un adolescente menor a los dieciocho años de edad (Conclusión II.1); condición que determina la aplicación de un régimen de protección reforzada, en el marco de lo jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que reconocen a las niñas, niños y adolescentes como titulares plenos de derechos fundamentales, imponiendo al Estado, la sociedad y la familia el deber de garantizar el interés superior del menor, la preeminencia de sus derechos y el acceso inmediato a una justicia oportuna y especializada. En ese marco, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado una excepción a la regla de subsidiariedad de la acción de libertad cuando se trata de adolescentes involucrados en procedimientos de naturaleza penal, acorde al entendimiento asumido en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, el cual, establece que no resulta exigible el agotamiento previo de otros medios de defensa cuando la acción de libertad se interpone a favor de menores, en razón de la protección reforzada que los ampara y del carácter sumario, inmediato e informal de este mecanismo constitucional. De igual forma, la doctrina constitucional, razonó que el régimen penal para adolescentes previsto en el Código Niña, Niño y Adolescente, aplicable a personas entre catorce y dieciocho años, ratifica la vigencia de un sistema de responsabilidad diferenciada, sujeto a consideraciones específicas de tutela reforzada. Consiguientemente, no corresponde aplicar de manera restrictiva la doctrina de la subsidiariedad excepcional desarrollada para personas mayores de edad, ni puede denegarse la acción por aspectos formales vinculados a la existencia de medios ordinarios de impugnación. Por tanto, al estar la acción dirigida a favor de un menor de dieciocho años, corresponde -en observancia del interés superior del niño, niña o adolescente- ingresar directamente al análisis de las presuntas vulneraciones denunciadas, sin exigir el agotamiento previo de otras vías, a fin de garantizar la protección efectiva y urgente de los derechos fundamentales cuya tutela se pretende. De las Conclusiones y antecedentes de la presente causa, se advierte en lo sustancial que el 9 de julio de 2025, Ingrid Rossio Portugal Espejo, Abogada del SEPDEP, en representación de “Jonathan Sebastián Flores Tonconi”, presentó memorial ante el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Décimo de la Capital del departamento de La Paz, solicitando la declinatoria de competencia a favor del “Juzgado de la Niñez y Adolescencia”, dado que el procesado era en realidad un adolescente de diecisiete años de edad, identificado correctamente como AA, quien se encontraba detenido en el Centro Penitenciario San Pedro del citado departamento bajo una identidad errónea. En dicho memorial, la defensa formalizó su apersonamiento y solicitó que se remitan los antecedentes al juzgado competente y a la “fiscalía juvenil”, amparándose en los arts. 24 y 115 de la CPE, en atención a la minoría de edad del impetrante de tutela. Al día siguiente, 10 de julio de 2025, la autoridad judicial emitió decreto mediante el cual dispuso que la autoridad fiscal informe previamente sobre los extremos señalados en el memorial, otorgándose un plazo de cuarenta y ocho horas para su pronunciamiento, antes de resolver lo solicitado por la defensa, estableciendo así un trámite previo que condicionaba la resolución de la declinatoria de competencia. Ese mismo día, la abogada del SEPDEP presentó un nuevo memorial subsanando y reiterando la solicitud de declinatoria de competencia, explicitando la verdadera identidad del adolescente peticionante de tutela como AA, con cédula 15707330 y fecha de nacimiento 31 de agosto de 2009, e insistiendo en la remisión inmediata de antecedentes al “Juzgado de la Niñez y Adolescencia” y a la fiscalía juvenil, conforme al art. 83 del CPP, ratificando lo planteado en el memorial del 9 de julio de 2025; documento que fue recibido formalmente por el Juzgado en cuestión el 14 de igual mes y año. Finalmente, mediante providencia de 14 de julio de 2025, la autoridad judicial demandada, fijó audiencia para considerar la declinatoria de competencia para el 15 del citado mes y año a horas 13:00, señalando que se notificaría a las partes y al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, para que el imputado, identificado correctamente como AA, pudiera participar a través de la plataforma virtual Zoom, adoptando las medidas necesarias para garantizar su conexión y la valoración de los elementos probatorios en la audiencia correspondiente. De conformidad con la jurisprudencia constitucional esgrimida en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional, la tramitación de las excepciones e incidentes en materia penal -regulada en los arts. 314 y 315 del CPP, modificados por el art. 12 de la Ley 1173, reviste carácter sumarísimo y eminentemente oral, imponiendo a la autoridad jurisdiccional el deber de observar estrictamente los plazos preclusivos que la norma dispone. Conforme al citado precedente, una vez interpuesta una excepción o incidente, el juez o jueza de instrucción debe señalar audiencia en el plazo de 24 horas y celebrarla dentro de los tres (3) días siguientes, con la presencia ininterrumpida de las partes, garantizando el principio de celeridad procesal, contradicción e inmediación. El precedente enfatiza que estos medios de defensa constituyen mecanismos procesales destinados a la protección de derechos o garantías que pueden verse afectados dentro del proceso penal, pero que no suspenden el curso de los actos investigativos. Por tanto, la autoridad judicial debe resolverlos sin dilación alguna, observando los principios rectores del procedimiento penal y, especialmente, el de celeridad y eficiencia judicial previsto en los arts. 178.I y 180.I de la CPE. En ese marco normativo y jurisprudencial, la tramitación de la excepción de incompetencia por razón de materia o la solicitud de declinatoria de competencia -como ocurrió en el caso presente- se encuentra comprendida dentro de las reglas del art. 314 del CPP, lo cual obliga al juez a actuar con prontitud en la programación de la audiencia y en la resolución del incidente; toda vez que, la norma modificada por la Ley 1173, no deja margen para diferir injustificadamente el señalamiento o sustanciación de la audiencia, pues ello supondría una afectación directa al derecho al debido proceso y al acceso a la justicia oportuna. Ahora bien, en el caso concreto, se tiene que la defensa pública del impetrante de tutela, mediante memorial presentado el 9 de julio de 2025, solicitó la declinatoria de competencia ante el Juez de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Décimo de la Capital -demandado-, argumentando que el procesado era un adolescente de dieciséis años de edad; por lo cual, correspondía que el conocimiento de la causa pase al Juzgado de la Niñez y Adolescencia. Posteriormente, el 10 del citado mes y año, la autoridad judicial demandada dispuso mediante decreto que el Ministerio Público informe previamente sobre lo solicitado, otorgando un plazo de cuarenta y ocho horas antes de pronunciarse. Ese mismo día, la defensa presentó un nuevo memorial de subsanación y reiteración, el cual fue recepcionado en el Juzgado el viernes 11 de julio de 2025. En ese contexto, respecto a las denuncias alegadas en relación al Juez demandado, del examen de los antecedentes, se advierte que el imputado, al momento de su aprehensión, indicó tener dieciocho años, situación que fue posteriormente rectificada mediante información del SEPDEP, verificándose que en realidad se trataba de un adolescente de dieciséis años, hecho que ante la situación de minoridad del adolescente accionante debió implicar la aplicación del principio del favoris debilis y la obligación por parte de la autoridad judicial demandada de asumir una postura proteccionista respecto de sus derechos fundamentales, en particular su libertad, dignidad y desarrollo integral, conforme a lo previsto por los arts. 58, 60 de la CPE, el art. 1 del CNNA y demás normativa vinculante. Así también, cabe referir que en atención a los principios de celeridad y prontitud consagrados en los arts. 115 y 178 de la CPE, y desarrollados por este Tribunal y que se encuentran glosados en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, toda actuación judicial vinculada con la libertad de las personas debe resolverse sin dilaciones indebidas, cumpliendo estrictamente los plazos legales, de manera que la protección de los derechos del menor no se vea postergada por cuestiones formales o procedimientos rutinarios. Cabe referir que la jurisprudencia de este Tribunal (Fundamento Jurídico III.4) y la normativa nacional e internacional aplicable en materia de niñez y adolescencia, establecen que los menores de edad constituyen un grupo vulnerable que requiere especial protección y tramitación preferente de sus casos, de modo que cualquier medida restrictiva de la libertad debe ser adoptada únicamente por el Juzgado de la Niñez y Adolescencia, salvaguardando el principio de interés superior del niño y la adolescente, conforme a los arts. 3, 8, 100 y 102 del CNNA, los Tratados Internacionales ratificados por Bolivia y la legislación complementaria. En el caso de autos, la autoridad judicial demandada, al tener conocimiento de que se trataba de un menor de dieciocho años de edad, debió, con base en el principio del favoris debilis y la normativa especial aplicable, disponer de manera inmediata la remisión de los obrados al Juzgado de la Niñez y Adolescencia de Turno de la Capital del departamento de La Paz, sin demorar la decisión solicitando subsanaciones o informes al Fiscal de Materia asignado al caso, como aconteció en el caso de autos; toda vez que, dicha actuación derivó en la permanencia en incertidumbre procesal del adolescente impetrante de tutela prolongando la restricción de sus derechos fundamentales a la libertad y al debido proceso en su vertiente celeridad procesal, generando un perjuicio directo a su libertad, dignidad y desarrollo integral. En consecuencia, corresponde enfatizar que las autoridades judiciales deben actuar con celeridad, diligencia y priorización de los derechos del menor, asegurando que cualquier procedimiento o excepción que afecte su libertad o garantías fundamentales sea resuelto de forma inmediata, eficaz y protectora, en armonía con los principios constitucionales, legales e internacionales que rigen la administración de justicia para niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley; no obstante a lo señalado, conforme se precisó precedentemente la autoridad judicial demandada al no haber actuado con la debida diligencia y celeridad que el caso ameritada, actuó contrariamente a los principios de celeridad y prontitud consagrados en los arts. 115 y 178 de la CPE, concerniendo conceder la tutela impetrada en relación a la nombrada autoridad. Ahora bien, en cuanto al Secretario codemandado, el accionante no efectúo carga argumentativa que denote cómo la supuesta afirmación por parte de dicho personal de apoyo jurisdiccional de que la respuesta a su solicitud de declinatoria de competencia se emitiría el lunes, hubiese conculcado sus derechos invocados, tampoco existe actuado que demuestre la negación del acceso al libro de litigantes al pasante del SEPDEP; por lo cual, al no advertirse la lesión alegada, no corresponde dar curso a la concesión de tutela sobre este punto. Finalmente, con relación al principio de seguridad jurídica, es pertinente señalar que la jurisdicción constitucional no tutela principios de manera directa, sino cuando se encuentran vinculados a un derecho fundamental. En consecuencia, el Tribunal de garantías al conceder la tutela solicitada, actuó de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte, la Resolución de 21/2025 de 14 de julio, cursante de fs. 20 a 24, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada únicamente en cuanto al Juez demandado, respecto a los derechos a la libertad, al debido proceso y principio de celeridad procesal, en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías y conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela en cuanto al Secretario codemandado; y, al principio de seguridad jurídica. 3° Exhortar, Armando Zeballos Guarachi, Juez de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Décimo de la Capital, para que, en lo sucesivo obre conforme a los razonamientos expuestos en los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional, absteniéndose de incurrir en dilaciones indebidas que vulneren derechos de adolescentes infractores privados de libertad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
3 En el FJ III.4, precisa:”…a través de la SCP 0248/2012 de 29 de mayo, respecto al derecho a la libertad y el principio de celeridad, señalo que: ʽToda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentra involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, evitando de ésta manera dilaciones innecesarias que en definitiva lesionan el derecho fundamental de la libertad´. La jurisprudencia constitucional al referirse al principio de celeridad y con relación a los administradores de justicia, estableció que este principio: “…impone a quien administra justicia el deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas; exigencia que se hace más apremiante en aquellos casos vinculados a la libertad personal, toda vez que tales peticiones deben ser atendidas de forma inmediata si no existe una norma que establezca un plazo, y si existiera, el plazo deberá ser cumplido estrictamente”. Así, las SSCC 0758/2000-R-, 1070/2001-R y 0105/2003-R entre otras”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1146_2025-S3.pdf · páginas 1 a 17.
Huella digital del PDF (SHA-256): 817c27cbce68bb343c66b5e7f480617bb079b19099e15e88ea916e001ae291b6
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
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