Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 30 de septiembre de 2025
Concede en parte la tutela
Los accionantes denuncian la lesión de sus derechos a la inamovilidad laboral, al trabajo, a la estabilidad laboral, a la remuneración justa, a la seguridad social, a la salud, a la “…vida de nuestros hijos menores de un año y esposa…” (sic), a la maternidad, a la alimentación, a la integridad física y al “…reconocimiento de nuestra personalidad, capacidad y dignidad…” (sic); toda vez que, fueron desvinculados sin considerar su condición de padres progenitores de hijos menores a un año de edad, razón por la cual gozaban de inamovilidad laboral; asimismo, en el caso de Julio César Moya Patiño no recibió las asignaciones familiares que por ley le correspondían. Ante ello, las autoridades demandadas manifestaron que ambos impetrantes de tutela ocupaban cargos de libre nombramiento, sujetos a la decisión de autoridades electas conforme al art. 5 inc. c) del EFP; de modo que, su relación laboral concluyó sin que corresponda la aplicación del régimen de inamovilidad. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 053/2023 de 17 de agosto, cursante de fs. 249 a 256 vta., pronunciada por Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto al derecho a la inmovilidad laboral, conforme los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; empero, solo disponer que las autoridades demandadas procedan a cancelar los derechos laborales de los accionantes correspondientes al período hasta que sus hijos cumplan un año de edad, realizando previamente el descuento de las remuneraciones que hubieran percibido en caso de haber trabajado en otras instituciones, conforme a lo establecido en el art. 113.II de la Norma Suprema; y, 2° DENEGAR la tutela impetrada, con relación a la lesión de sus derechos a la remuneración justa, a la salud, a la “…vida de nuestros hijos menores de un año y esposa…” (sic), a la alimentación, a la integridad física y al “…reconocimiento de nuestra personalidad, capacidad y dignidad…” (sic), conforme los argumentos del presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1146/2025-S2 Sucre, 30 de septiembre de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 57972-2023-116-AAC Departamento: Beni En revisión la Resolución 053/2023 de 17 de agosto, cursante de fs. 249 a 256 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Rosendo Figueroa Rocha y Julio Cesar Moya Patiño contra Freddy Ortiz Campos, Presidente, Giovanna Gutiérrez Sotto, Oficial Mayor Administrativo y Financiero; y, Lizbeth Flores Franco, Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, todos de la Asamblea Legislativa Departamental de Beni.
Por memoriales presentados el 2 y 4 de agosto de 2023, cursantes de fs. 1; 87 a 94; y, 97, los accionantes manifiestan lo siguiente:
El 3 de mayo de 2021 fueron designados bajo “…la partida 121 del Programa de Fortalecimiento Legislativo…” (sic) en la Asamblea Legislativa Departamental del Beni, bajo diferentes modalidades de contrato, desarrollando su actividad laboral de manera continua e ininterrumpida. No obstante, en el mes de mayo de 2023 se decidió no contratarlos nuevamente, a pesar de que comunicaron de manera oportuna su condición de padres progenitores, “…ya que en el caso de ROSENDO FIGUEROA ROCHA se tiene un hijo menor de un año y en el caso de JULIO CESAR MOYA PATIÑO se tiene un hijo concebido con 7 meses de gestación” (sic). En ese contexto, fue desvinculado el 11 de mayo de 2023 -Rosendo Figueroa Rocha-, sin que se tomara en cuenta que era padre progenitor de un hijo menor de un año. Por ello, mediante nota del 7 de julio del mismo año, solicitó la restitución de su derecho a la estabilidad laboral, misma que no recibió respuesta. De manera similar, mediante nota de 26 de mayo de 2023 -Julio César Moya Patiño-, dirigida a Freddy Ortiz Campos, Presidente, Giovanna Gutiérrez Sotto, Oficial Mayor Administrativo y Financiero; y, Lizbeth Flores Franco, Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, todos de la Asamblea Legislativa Departamental de Beni -ahora demandados-, comunicó que su esposa se encontraba en estado de gestación, solicitando en consecuencia el reconocimiento de su derecho a la inamovilidad laboral y el pago de las asignaciones familiares correspondientes. No obstante, dicha nota dio lugar a la emisión de un informe que fue entregado posteriormente a la culminación de sus funciones, entendiéndose como fecha de desvinculación el 31 del mismo mes y año. En dicho informe se concluyó que, conforme a la normativa vigente, al tratarse de un cargo de libre nombramiento y remoción, sujeto a la voluntad de la autoridad electa, no correspondía el reconocimiento de la inamovilidad laboral.
Los accionantes denuncian la lesión de sus derechos a la inamovilidad laboral, al trabajo, a la estabilidad laboral, a la remuneración justa, a la seguridad social, a la salud, a la “…vida de nuestros hijos menores de un año y esposa…” (sic), a la maternidad, a la alimentación, a la integridad física y al “…reconocimiento de nuestra personalidad, capacidad y dignidad…” (sic); citando al efecto los arts. 15, 16.I y II, 18, 35.I, 45.I, III y V, 46.I, 48.VI, 49.III, 59.I, 60 y 62 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitan se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: a) Disponer la inmediata restitución a sus fuentes laborales; b) El pago de salarios devengados a partir del 30 de abril de 2023 -Rosendo Figueroa Rocha- y el 31 de mayo de igual año -Julio César Moya Patiño-; c) La asignación de subsidio de prenatal desde el quinto mes de embarazo de su esposa -Julio César Moya Patiño-; d) El pago del bono de nacido vivo; e) La asignación del subsidio de lactancia hasta que su hijo cumpla un año de edad -Julio César Moya Patiño-; f) Garantizar seguro social para su persona -Julio César Moya Patiño-, pareja e hijo hasta el año de nacido; y, g) El pago de costos y costas procesales.
Celebrada la audiencia pública virtual el 17 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 244 a 248 vta., se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes ratificaron in extenso el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional y ampliando en audiencia de garantías señalan que, la institución empleadora, a fin de hacer prevalecer sus derechos, podría “…hacernos rotar de cargo de esa manera no se vería afectada la nueva autoridad que ya no tiene la voluntad o que no tiene la suficiente confianza para continuar manteniéndonos en el mismo cargo…” (sic).
Freddy Ortiz Campos, Presidente; Giovanna Gutiérrez Sotto, Oficial Mayor Administrativo y Financiero; Lizbeth Flores Franco, Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, todos de la Asamblea Legislativa Departamental de Beni, por informe escrito cursante de fs. 226 a 232, sostuvieron que: 1) Los accionantes, por las características inherentes a su designación, remuneración y demás condiciones laborales, se encuentran comprendidos dentro del personal de libre nombramiento y remoción, por lo que su permanencia está sujeta a la libre disposición de las autoridades electas; 2) Las solicitudes de inamovilidad laboral realizadas por Rosendo Figueroa Rocha, quien ejerció el cargo de “Asesor II” dependiente de la bancada MAS-IPSP, fueron debidamente respondidas mediante los Informes Legales ALDB/ALA 051/2022 de 2 de febrero, y 07/2023-2024 de 31 de julio. En dichos informes se indicó que, al tratarse de un servidor público de libre nombramiento, conforme a lo establecido en el art. 5 inc. c) del Estatuto del Funcionario Público (EFP), no corresponde aplicar el régimen de inamovilidad laboral; 3) Se comunicó al mencionado servidor público que en ningún momento se vulneraron los derechos de su hijo; toda vez que, su cónyuge contaba con seguro de salud en la Caja Nacional de Salud (CNS), en su calidad de funcionaria pública. En ese sentido, el menor gozaba de atención médica dentro del régimen de la seguridad social de corto plazo, además de percibir las asignaciones familiares que legalmente le correspondían; y, 4) Mediante el Informe RR.HH. INF. 12/2023/2024 de 10 de agosto, se estableció que Julio César Moya Patiño no ejerció funciones de manera continua, existiendo un lapso de quince días durante el mes de mayo del mismo año no contemplado en su documentación de designación. Asimismo, no se configuró un despido, sino la conclusión de su contratación, ya que la Unidad de Recursos Humanos no recibió instrucción alguna de la autoridad electa para prorrogar su vínculo más allá del periodo establecido. No obstante, se reconoció el deber de otorgarle las asignaciones familiares que correspondan, aspecto que en ningún momento fue desconocido. En consecuencia, solicitaron se deniegue la tutela impetrada.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, por Resolución 053/2023 de 17 de agosto, cursante de fs. 249 a 256 vta., concedió en parte la tutela solicitada, únicamente sobre el pago de asignaciones familiares a la esposa e hijo de Julio César Moya Patiño, disponiendo que la Asamblea Legislativa Departamental del Beni otorgue los subsidios que por ley le corresponden, manteniendo su afiliación en el régimen de seguridad social a corto plazo; y, denegó la tutela impetrada, respecto a Rosendo Figueroa Rocha y Julio Cesar Moya Patiño en cuanto a la restitución a sus fuentes laborales, así como al pago de sus sueldos devengados; con base en los siguientes fundamentos: i) Los impetrantes de tutela desempeñaron cargos públicos en calidad de personal eventual a plazo fijo y de libre nombramiento, habiendo sido designados a solicitud de autoridades electas en virtud de la confianza depositada en ellos. Por ello, no corresponde aplicar el beneficio de la inamovilidad laboral en estos casos; ii) Los peticionantes de tutela tenían pleno conocimiento tanto de la fecha de inicio como de la conclusión de su relación laboral, en consideración a la naturaleza temporal y provisional de los cargos que ejercían; y, iii) Al momento de resolverse la presente acción tutelar, el hijo de Rosendo Figueroa Rocha ya había cumplido un año de edad; mientras que, en el caso de Julio César Moya Patiño, se verificó que su esposa aún se encuentra en estado de gestación, motivo por el cual corresponde el reconocimiento de las asignaciones familiares en su favor hasta que su hijo cumpla un año de edad.
En relación a la solicitud de complementación y enmienda presentada por la parte demandada, la sala constitucional dispuso que, para el cumplimiento de la tutela parcial concedida, Julio César Moya Patiño debía presentar, a la brevedad posible, ante el área de Recursos Humanos de la Asamblea Legislativa Departamental del Beni, la documentación necesaria para efectuar los trámites relativos a su permanencia en el seguro social a corto plazo, garantizando así la atención médica durante las etapas prenatal, de parto y postparto, así como la tramitación correspondiente al subsidio prenatal en curso.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Contratos administrativos de prestación de servicios de consultoría individual en línea, realizados por la Asamblea Legislativa Departamental del Beni y Rosendo Figueroa Rocha -ahora accionante- conforme al siguiente detalle: a) Contrato administrativo A.L.D.B./U.J.A./XJE/ 61/2022 de 10 de enero; y, b) Contrato administrativo A.L.D.B./U.J.A./XJE/ 110/2022 de 3 de marzo, mediante los cuales fue contratado como Asesor Técnico Especializado IV de la Bancada del MAS-IPSP (fs. 138 a 143). II.2. Por Contratos administrativos de prestación de servicios de consultoría individual en línea, realizados por la Asamblea Legislativa Departamental del Beni y Julio César Moya Patiño -ahora coaccionante- conforme al siguiente detalle: 1) Contrato administrativo A.L.D.B./U.J.A./XJE/ 58/2022 de 10 de enero; y, 2) Contrato administrativo A.L.D.B./U.J.A./XJE/ 95/2022 de 8 de marzo, fue contratado como Asesor Técnico Especializado IV de la Bancada Indígena (fs. 148 a 153). II.3. Consta Memorándum ALDB-RR.HH. 029/2023 de 10 de enero, emitido por Edwin Cáceres Chávez, Oficial Mayor Administrativo y Financiero de la Asamblea Legislativa Departamental del Beni, comunicando que Rosendo Figueroa Rocha ejerció el cargo de “Asesor II”, hasta el 30 de abril de mismo año (fs. 8). II.4. Mediante Memorándum ALDB-RR.HH. 031/2023-2024 de 16 de mayo, Giovanna Gutiérrez Sotto, Oficial Mayor Administrativo y Financiero, y Lizbeth Flores Franco, Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, ambas de la Asamblea Legislativa Departamental del Beni, se comunicó a Julio César Moya Patiño que su cargo como “Asesor II”, concluyó el 31 de mayo del mismo año (fs. 22). II.5. Cursan notas de 28 de enero y 11 de julio de 2023, presentadas por Rosendo Figueroa Rocha, mediante las cuales solicitó su inamovilidad laboral debido a su condición de padre progenitor de un hijo menor de un año de edad; asimismo, adjuntó el certificado de nacimiento del menor (fs. 15, 17 y 19). II.6. Por nota de 26 de mayo de 2023, presentada por Julio César Moya Patiño, se solicitó su inamovilidad laboral y el pago de las asignaciones familiares de prenatalidad, natalidad y lactancia, siendo que su esposa -Nélida Gladys Lima Mamani- se encontraba en estado de gestación; de igual manera, cursan certificados de atención prenatal de 25 de mismo mes y año (fs. 20, 21, 23 y 24). II.7. Consta la emisión de los Informes Jurídicos ALDB-UJ 07/2023-2024 y ALDB-UJ 02/2023-2024, ambos de 31 de julio, elaborados por Evert Torrico Gonzales, Jefe de la Unidad Jurídica de la Asamblea Legislativa Departamental del Beni, referidos a la situación legal de los impetrantes de tutela, donde se concluye que sus cargos como funcionarios públicos eran de libre nombramiento, designados por la bancada de asambleístas, razón por la cual no corresponde el reconocimiento de inamovilidad laboral (fs. 109 a 121).
Los accionantes denuncian la lesión de sus derechos a la inamovilidad laboral, al trabajo, a la estabilidad laboral, a la remuneración justa, a la seguridad social, a la salud, a la “…vida de nuestros hijos menores de un año y esposa…” (sic), a la maternidad, a la alimentación, a la integridad física y al “…reconocimiento de nuestra personalidad, capacidad y dignidad…” (sic); toda vez que, fueron desvinculados sin considerar su condición de padres progenitores de hijos menores a un año de edad, razón por la cual gozaban de inamovilidad laboral; asimismo, en el caso de Julio César Moya Patiño no recibió las asignaciones familiares que por ley le correspondían. Ante ello, las autoridades demandadas manifestaron que ambos impetrantes de tutela ocupaban cargos de libre nombramiento, sujetos a la decisión de autoridades electas conforme al art. 5 inc. c) del EFP; de modo que, su relación laboral concluyó sin que corresponda la aplicación del régimen de inamovilidad. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El art. 48.VI de la CPE, establece que: “…se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad”. No obstante, dicha garantía encuentra una excepción en el caso de los funcionarios electos, conforme a lo señalado por la SCP 1521/2012 de 24 de septiembre. Ahora bien, conforme al art. 5 inc. c) del EFP, son cargos de libre nombramiento aquellos que, por su naturaleza, “…realizan funciones administrativas de confianza y asesoramiento técnico especializado para los funcionarios electos o designados”. De ello se desprende que es posible distinguir entre los trabajadores que desempeñan funciones de carácter técnico-operativo y los servidores públicos de confianza, quienes, por la naturaleza de su cargo, ejercen poder de decisión. En este sentido, la SCP 0579/2015-S3 de 10 de junio estableció que el derecho a la inamovilidad laboral no es absoluto para todos los servidores públicos y puede verse limitado tratándose de cargos de libre nombramiento, dado que: “…las labores que desempeñan este tipo de funcionarios son de iniciativa, decisión y mando; por ello su duración en el cargo es temporal, y su retiro discrecional. Aceptar lo contrario significaría afectar la gestión pública, pues se obligaría a una autoridad ejecutiva a reconocer en un puesto de libre nombramiento a personal que no cuenta con la confianza o condiciones técnicas requeridas…” (las negrillas nos pertenecen). De ahí que, se concluye que, tratándose de cargos de libre nombramiento, únicamente los cargos de confianza se encuentran excluidos del derecho a la inamovilidad laboral, incluso cuando exijan condiciones técnicas; en cambio, los cargos de asesoramiento técnico no están comprendidos en dicha exclusión, por lo que sí gozan de esa protección.
En consecuencia, conforme a la Sentencia citada, los servidores públicos de confianza se caracterizan por ocupar una posición jerárquica diferenciada, en tanto representan al empleador en el ámbito administrativo. Esto implica su participación en la toma de decisiones estratégicas, la supervisión de personal o la intervención en procesos de contratación y desvinculación de otros funcionarios. Por ello, constituyen una excepción a la garantía prevista en el art. 48.VI, de la CPE; y, en tal contexto, la carga probatoria respecto a la condición de servidor público de confianza recae en la institución que dispuso la desvinculación. En consecuencia, conforme a la diferenciación prevista en el art. 5 inc. c) del EFP, resulta incongruente calificar como “trabajador de confianza” a quien desempeña funciones de carácter técnico-operativo, destinadas al apoyo funcional de tareas ejecutivas, sin participación directa en la toma de decisiones de alto nivel, la dirección de personal o la gestión estratégica institucional. Si bien estos trabajadores pueden ser designados bajo la modalidad de libre nombramiento, ello no implica, por sí mismo, que revistan la calidad de personal de confianza, toda vez que su naturaleza funcional no reúne los elementos esenciales que caracterizan a dicha categoría. Sostener lo contrario supondría desconocer la distinción expresamente establecida por la norma citada. Dicha diferenciación también encuentra respaldo en el derecho internacional. Así, el Convenio sobre las horas de trabajo (industria), 1919 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), dispone en su art. 2 inc. a), que las normas relativas a la jornada laboral “…no son aplicables a las personas que ocupen un puesto de inspección o de dirección o un puesto de confianza”. Esta exclusión evidencia que los trabajadores de confianza reciben un tratamiento diferenciado, no por el tipo de vínculo contractual, sino por las responsabilidades inherentes a sus funciones y el grado de representación del empleador que ejercen. En consecuencia, la referida distinción no solo tiene sustento en el ordenamiento jurídico interno, sino que también forma parte del bloque de constitucionalidad, conforme a los compromisos internacionales asumidos por el Estado.
Previamente, corresponde señalar que, si bien la acción de amparo constitucional se rige por el principio de subsidiariedad establecido en el art. 128 de la CPE, dicho principio admite una excepción en los casos de protección del derecho a la inamovilidad laboral reforzada de los progenitores, hasta que su hija o hijo cumpla un año de edad. En este sentido, la jurisprudencia constitucional estableció que, ante una eventual cesación de funciones, tanto la madre gestante como el padre pueden acudir directamente a la justicia constitucional, sin necesidad de agotar previamente las vías ordinarias o administrativas, en concordancia con lo dispuesto por el Decreto Supremo (DS) 496 de 1 de mayo de 2010 y el art. 6 del DS 12 de 19 de febrero de 2009, considerando el riesgo de una afectación irreparable al derecho fundamental que se pretende tutelar. En el presente caso, se constata que Rosendo Figueroa Rocha y Julio Cesar Moya Patiño -ahora accionantes- solicitaron la aplicación de la inamovilidad laboral, acompañando la documentación de respaldo correspondiente: en el caso de Rosendo Figueroa Rocha, el certificado de nacimiento de su hijo menor de edad (Conclusión II.5); y en el caso de Julio César Moya Patiño, el certificado de atención prenatal (Conclusión II.6). Dicha documentación acredita la condición de progenitores de hijos menores de un año, habilitándolos para recurrir directamente a la vía del amparo constitucional, tratándose de una excepción al principio de subsidiariedad. Por tanto, corresponde a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de lo alegado. De acuerdo con los antecedentes, ambos impetrantes de tutela manifiestan que fueron desvinculados de su fuente laboral sin que la entidad empleadora respetara su derecho a la inamovilidad laboral por ser padres de hijos menores. Señalan, además, que esta situación fue oportunamente comunicada a Freddy Ortiz Campos, Presidente, Giovanna Gutiérrez Sotto, Oficial Mayor Administrativo y Financiero; y, Lizbeth Flores Franco, Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, todos de la Asamblea Legislativa Departamental de Beni -ahora demandados-: en el caso de Rosendo Figueroa Rocha, mediante notas de 28 de enero y 11 de julio de 2023 (Conclusión II.5); y, en el caso de Julio César Moya Patiño, mediante nota de 26 de mayo del mismo año (Conclusión II.6), sin que dichas comunicaciones fueran consideradas al momento de su desvinculación. Al respecto, las autoridades demandadas sostienen que, en ambos casos, no resulta procedente aplicar la garantía de inamovilidad laboral, toda vez que las designaciones se efectuaron a solicitud expresa de las autoridades electas, conformadas por la comisión de bancadas de la institución empleadora. Es así que, existiría una relación de carácter personal y de confianza, propia de los cargos de libre nombramiento, conforme a lo dispuesto en el art. 5 inc. c) del EFP. No obstante, las autoridades demandadas se limitan a sostener que la condición de “cargo de confianza” se deriva exclusivamente de la designación efectuada por las comisiones de bancada, sin cumplir con la carga probatoria y argumentativa que les corresponde, consistente en demostrar cuáles eran las tareas o funciones efectivamente desempeñadas por los accionantes en favor de la institución empleadora, que justificaran su calificación como trabajadores de confianza. En otras palabras, consideran que el carácter de confianza se determina únicamente por la forma de designación, sin atender a la verdadera naturaleza de las funciones desarrolladas por los impetrantes de tutela. Seguir este criterio supondría, de facto, que ningún funcionario público estaría amparado por la garantía de inamovilidad laboral. Así, en el caso de Rosendo Figueroa Rocha, el Informe Jurídico ALDB-UJ 07/2023-2024 31 de julio (Conclusión II.7) señaló que su cargo consistía en ser “…un profesional especializado para asesoramiento a una Autoridad Electa (en este caso Asambleístas)…” (sic). Asimismo, se observa que, en sus contratos de prestación de servicios de consultoría (Conclusión II.1), se establecía que el impetrante de tutela debía cumplir con tareas eminentemente técnicas y no políticas, tales como: “Colaborar en todos los temas legales en la Bancada del Mas-IPSP, Recibir, clasificar, registrar los documentos inherentes a su unidad, Elaboración de informes…” (sic). Estos extremos evidencian que su función consistía en brindar asesoramiento técnico-legal, sobre la base del cual se tomarían decisiones posteriores, sin que el accionante participara directamente en la adopción de las mismas; aspecto que la institución demandada confunde, al deducir erróneamente que ello configuraría un cargo de confianza. Respecto al caso de Julio César Moya Patiño, ocurre la misma situación, ya que, de acuerdo con el Informe ALDB-UJ 02/2023-2024 de 31 de julio, fue designado como “ASESOR II DE COMISIÓN - Dependiente De La Comisión de Derechos Humanos Y De Asuntos Indígenas, Originario Campesinos DE LA Asamblea Legislativa Departamental del Beni…” (sic), cargo que “…depende directamente de una Autoridad electa, en este caso un presidente de comisión” (sic).
En la misma medida, tampoco se explica cómo se configuraría la naturaleza de un cargo de confianza si las funciones desempeñadas por el accionante son estrictamente operativas, como la elaboración de informes y el apoyo técnico-legal a la comisión (Conclusión II.2). Por tanto, corresponde, en ambos casos, otorgar la tutela, disponiendo que las autoridades demandadas apliquen la inamovilidad laboral hasta que los hijos de los accionantes cumplan un año de edad, en tanto estos son padres progenitores, conforme al Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Sin embargo, dado que transcurrió el tiempo suficiente y los menores ya tendrían más de un año -por lo que concluyó el período de inamovilidad laboral-, no corresponde ordenar la reincorporación en ambos casos, sino únicamente el pago de los derechos laborales, previa deducción de lo que los impetrantes de tutela hubiesen percibido, en caso de haber trabajado en otras instituciones.
En cuanto a lo referido por los peticionantes de tutela, respecto a la vulneración del derecho a la remuneración justa, a la salud, a la “…vida de nuestros hijos menores de un año y esposa…” (sic), a la alimentación, a la integridad física y al “…reconocimiento de nuestra personalidad, capacidad y dignidad…” (sic); no resultan pertinentes de tratamiento, en la medida en que su afectación no fue debidamente fundamentada ni demostrada con elementos objetivos. Además, su invocación no guarda una relación con los agravios concretos que los accionantes plantearon; en ese sentido, corresponde denegar la tutela respecto de estos aspectos. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder en parte la tutela impetrada, obró de manera parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 053/2023 de 17 de agosto, cursante de fs. 249 a 256 vta., pronunciada por Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto al derecho a la inmovilidad laboral, conforme los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; empero, solo disponer que las autoridades demandadas procedan a cancelar los derechos laborales de los accionantes correspondientes al período hasta que sus hijos cumplan un año de edad, realizando previamente el descuento de las remuneraciones que hubieran percibido en caso de haber trabajado en otras instituciones, conforme a lo establecido en el art. 113.II de la Norma Suprema; y, 2° DENEGAR la tutela impetrada, con relación a la lesión de sus derechos a la remuneración justa, a la salud, a la “…vida de nuestros hijos menores de un año y esposa…” (sic), a la alimentación, a la integridad física y al “…reconocimiento de nuestra personalidad, capacidad y dignidad…” (sic), conforme los argumentos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas es de Voto Aclaratorio.
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1146_2025-S2.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): b3bb208e8a7b1fd2ac1cd3756688037ef6864a18b8169f0be8ace097149523dd
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