Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 31 de agosto de 2023
Deniega la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/2021 de 19 de octubre, cursante de fs. 25 a 30, pronunciada por la Jueza de Ejecución Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, sobre la base de los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1146/2023-S1 Sucre, 31 de agosto de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 43598-2021-88-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 10/2021 de 19 de octubre, cursante de fs. 25 a 30, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Daniel Erick Rodríguez Aillón contra Patricia Torrico Ortega, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
Mediante memorial presentado el 18 de octubre de 2021, cursante de fs. 6 a 14 el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de estafa, en audiencia de medidas cautelares de 29 de septiembre de 2021, se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Sebastián Varones de Cochabamba por encontrarse concurrentes los riesgos procesales previstos en los arts. 234.2, 4 y 6 y 235.1 y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP); ante tal determinación planteó recurso de apelación, emitiéndose en consecuencia el Auto de Vista de 12 de octubre de 2021 que únicamente declaró la inconcurrencia del riesgo procesal dispuesto en el art. 235.1 del señalado Código, Resolución que incurre en los siguientes agravios: No realizó un correcto análisis de la normativa aplicable; toda vez que, respecto al presupuesto material, señaló a la acción desplegada por Daniel Erick Rodríguez Aillón, “el desplazamiento económico realizado por Katherine Adrián Castillo, lo propio por Iván Peredo Fernández” (sic) y en la parte final hace referencia a una tercera persona, argumento que resulta errado, puesto que el Auto Interlocutorio de 29 de septiembre de 2021 en ningún acápite de la autoría señala a esta tercera persona, ya que no se identificó a tres personas como establece el referido Auto de Vista; es decir, no se señaló como víctima en ningún momento a Richard Díaz Angulo; por lo que, la Vocal demandada actuó de forma oficiosa, cuando debió verificar únicamente si el Auto interlocutorio se encontraba debidamente fundado y motivado, no podía introducir a una nueva víctima y aplicar el artículo de estafa con la agravante de víctimas múltiples. Con relación a los riesgos procesales, se establece que la carga de la prueba le corresponde a la parte acusadora, aspecto no considerado por la autoridad demandada, señalando respecto al art. 234.2 del CPP, que “es evidente que realiza viajes a La Paz y Sucre a realizar actividades empero no fueron demostradas qué actividades por lo que concurre el riesgo procesal, más aun cuando fue la defensa quien adjuntó un boleto de bus” (sic) dando a entender que él tenía la carga de la prueba y debía probar por qué viajaba a Sucre; además, sobre este mismo riesgo procesal, no existe prueba alguna presentado por los acusadores que evidencie que su persona estaría realizando un viaje fuera del país o intentando permanecer oculto, y solo por el hecho de que su persona es abogado y tiene viajes a Sucre o La Paz por motivos de trabajo, es que se adjuntó un boleto a nombre de su esposa por el tema de facturación, sin embargo se declaró la persistencia de este riesgo procesal. Respecto al riesgo procesal dispuesto en el art. 234.4 del CPP, el antes señalado Auto de Vista refirió: “Que se habría señalado una audiencia a la que no concurrió y de igual forma existe un mandamiento de aprehensión en otro caso por lo que concurre dicho riesgo procesal” (sic), que no se encuentran debidamente fundadas ni motivadas, siendo que su incomparecencia a la declaración fue por causa de la pandemia por COVID-19, empero, no se pronunció sobre este elemento de prueba, confirmando el riesgo procesal y estableciendo el no sometimiento al proceso. Sobre el 234.6 del CPP, señaló sin mayor argumento “que existen 7 procesos penales, si bien cuatro con rechazo, hace ver que existe actividad delictiva, al estar relacionada con el delito de estafa” (sic), sin considerar la presunción de inocencia que se encuentra garantizada por el art. 116 de la CPE. Con relación al art. 235.2 del CPP, arguyó que puede influenciar sobre la víctima, Jessica Katherine Adrián Castillo, empero este argumento carece de fundamentación, ya que la víctima obviamente declaró los hechos a favor de su persona, no pudiendo someterse al contradictorio a fin de estar en igualdad de condiciones; empero la Vocal ahora demandada, se limitó a copiar la argumentación errónea del Juez a quo.
Denuncia la lesión de su derecho al debido proceso vinculado a la libertad, citando al respecto a los arts. 22, 23, 115, 117, 180, 203 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga dejar sin efecto de manera parcial el Auto de Vista de 12 de octubre de 2021, respecto al presupuesto material como a la concurrencia de los riesgos procesales señalados en los arts. 234.2, 4 y 6; y, 235.2 del CPP, más el levantamiento de la medida cautelar de detención preventiva y el señalamiento de medidas sustitutivas, emitiéndose una nueva resolución en apego a la jurisprudencia constitucional.
La audiencia virtual de consideración de la presente acción de libertad, se realizó el 19 de octubre de “2020” -siendo lo correcto 2021- , según consta en acta cursante de fs. 22 a 24 vta., produciéndose los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado ratificó íntegramente el contenido de su demanda tutelar y ampliándola señaló: a) Con relación al art. 233.1 del CPP, de autoría y participación, la ahora demandada cometió el error de considerar que el delito de estafa con víctimas múltiples refiere a que con varios hechos se afectó a varias personas, cuando lo correcto es que con un hecho se afectó a múltiples víctimas; por lo que, no podía considerarse la detención preventiva de conformidad al art. 232.6 del CPP; y, b) Respecto a los riesgos procesales, se exigió que la defensa ofrezca prueba y que respecto a que el pasaje se encuentre a nombre de su esposa es únicamente por beneficio de la facturación no es para evadir la acción de la justicia; por lo que, no podía exigírsele que acredite el motivo de sus viajes, como lo hizo la Resolución cuestionada.
Patricia Torrico Ortega, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, a través de informe escrito de 19 de octubre de 2021, cursante de fs. 20 a 21 vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada en base a los siguientes fundamentos: 1) El Auto de Vista de 12 de octubre de 2021, no es arbitrario puesto que se pronunció en función a una apelación incidental planteada y la decisión se sujetó al art. 398 del CPP, que establece que los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados en la resolución, absolviendo cada uno de los puntos cuestionados por los apelantes; 2) La resolución se encuentra debidamente motivada, puesto que constan las razones por las que se declaró la improcedencia del recurso, producto del análisis y aplicación de la jurisprudencia constitucional y la doctrina legal, partiendo de la premisa que el recurso de apelación no reviste las características de una segunda instancia en el sistema penal acusatorio, sino de control de legalidad sobre aspectos cuestionados de la resolución impugnada, motivo de ello, no puede afirmarse que carece de una razonable y coherente fundamentación, puesto que los mismos responden a lo regulado por el art. 124 del CPP; 3) El accionante no señala de forma concreta como se relaciona su libertad con los actos realizados por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba en el Auto de Vista de 12 de octubre de 2021, limitándose a realizar una relación de hechos que sustentan el proceso investigativo y los actos procesales, para posteriormente emitir su propio análisis valorativo, pretendiendo que la instancia constitucional realice una nueva revisión de actos procesales y elementos de convicción que fueron presentados en la audiencia de 29 de septiembre del referido año; 4) No puede el accionante solicitar que la instancia constitucional revoque la detención preventiva al ser un análisis que solo le compete a la jurisdicción ordinaria; y, 5) Las medidas cautelares no causan estado, pudiendo modificarse en cualquier momento demostrando objetivamente su pretensión.
Irma Avalos Cuellar, Fiscal de Materia, en audiencia señaló que: i) Se indica que se vulneró su derecho al debido proceso, sin embargo, no indicó por que la resolución no se encontraría debidamente fundamentada, limitándose a narrar los hechos; asimismo, se hizo referencia a que la imputación no se encontraría sustentada con relación al tipo penal y por ende a una detención preventiva; por lo que, se debe considerar que las calificaciones realizadas, tienen carácter provisional, la parte accionante convalido los actos que observa; toda vez que, del inicio de investigaciones e imputación formal tenía el plazo para plantear incidentes y excepciones conforme a la norma; ii) Con relación a la concurrencia del art. 234.4 del CPP y la enfermedad del imputado de COVID-19, dicho extremo fue de conocimiento; por lo que, se reprogramó la audiencia de declaración informativa, sin embargo, no compareció a la misma ni justificó su ausencia, en ese entendido no se observa vulneración a sus derechos y garantías; y, iii) Sobre el art. 234.6 del CPP, se tiene que de los antecedentes policiales y denuncias ante el Ministerio Público, se evidenció la existencia de actividad delictiva reiterada; por lo que, la Resolución cuestionada se encuentra debidamente fundamentada y motivada.
La Jueza de Ejecución Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Jueza de Garantías, mediante Resolución 10/2021 de 19 de octubre, cursante de fs. 25 a 30, denegó la tutela solicitada en atención a los siguientes fundamentos: a) Respecto a que la carga de la prueba le corresponde al acusador, la autoridad ahora demandada desarrolló una revisión y análisis del Auto Interlocutorio apelado y emitió resolución, en estricta aplicación a lo previsto por el art. 398 del CPP. Es en este entendido se evidencia que el accionante no precisó la interrelación de su libertad con la emisión del Auto de Vista de 12 de octubre de 2021, ya que simplemente realizó una mención de los puntos de agravio; b) Respecto al presupuesto material y la concurrencia de los riesgos procesales previstos en los arts. 234.2, 4 y 6; y, 235.2 del CPP, y el petitorio a través del cual solicitó se levante la medida cautelar de la detención preventiva y se otorguen medidas sustitutivas conforme a ley, se establece que dicho análisis le corresponde a la jurisdicción ordinaria. Más aun teniendo en cuenta que las medidas cautelares tienen un carácter provisional, instrumental y sobre todo excepcional; c) En consecuencia, el Auto de Vista emitido, no puede ser tildado de insuficientemente motivado, arbitrario, incongruente, absurdo, ilógico o erróneo, puesto que no corresponde a la jurisdicción constitucional suplir a la jurisdicción ordinaria en la interpretación de la legalidad ordinaria; en consecuencia el ahora peticionante de tutela, no está siendo sometido a un procesamiento indebido y la aplicación de las medidas cautelares personales, emana de autoridad competente; y, d) Es en este contexto, que una vez efectuado el análisis, conforme a la normativa explanada en la presente resolución se concluye que la Vocal demandada, dentro de la presente acción de libertad, no vulnero de derechos y garantías constitucionales como el debido proceso vinculado a la libertad.
Por Decreto Constitucional de 18 de noviembre de 2022 (fs. 38), a solicitud de la Magistrada Relatora se dispuso la suspensión del plazo a objeto de solicitar documentación complementaria para resolver la causa; habiéndose remitido la misma, se reanudó el plazo a partir del día siguiente hábil de la notificación con el Decreto Constitucional (fs. 65) notificado a las partes el 25 de agosto de 2023, de acuerdo a antecedentes; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del plazo legal. Al no haber obtenido consenso en la Sala, de conformidad al art. 30.I.6 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), se procedió a convocar al Presidente de este Tribunal, a fin de dirimir con su voto el caso en análisis, consideraciones a partir de las cuales, el presente fallo constitucional es pronunciado dentro del plazo legal establecido por el Código Procesal Constitucional.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio de 29 de septiembre de 2021, a través del cual se dispuso la detención preventiva de Daniel Erick Rodríguez Aillón en el Centro Penitenciario de San Sebastián Varones de Cochabamba por el plazo de dos meses, “toda vez que únicamente faltan por realizar pericias informáticas al celular a efectos de verificar las circunstancias que hace referencia el Ministerio Público, así como también las declaraciones testificales a eventuales testigos…” (sic), determinación asumida, en la cual respecto al presupuesto material establecido en el art. 233.1 del CPP, se señaló que:
“Bajo este entendido de antecedentes se advierte que los denunciantes Jessica Peredo e Iván Fernández habrían conocido desde fecha 03 de agosto de 2018 al imputado Daniel Erick Rodríguez Aillón, en circunstancias de que las víctimas y del ahora imputado sus hijos irían a una misma escuela, por el cual el ahora imputado les contrata como chofer de taxista a la víctima Iván Peredo Fernández para que lleve a los hijos al colegio y le pagaría de los trabajos realizados como chofer, de esa manera el imputado se habría ganado la confianza de los denunciantes Jessica e Iván, según los denunciantes debido a que el imputado sería un abogado prestigioso y honesto, y al ser un profesional con dichas cualidades este habría señalado que podría solucionar un proceso de divorcio que tendría su madre de las víctimas, proceso que ya se encontraba con sentencia ejecutoriada, es por ello que el ahora imputado habría mencionado a las víctimas que podría anular por vicios de nulidad dicho proceso, sin embargo la victima Jessica Katherine habría dudado de las circunstancias que habría hecho referencia el imputado, sin embargo este logra convencer a la misma para proceder con dichos servicios de abogado, acordando un montón entre $us. 3.000 y $us. 4.000, en fecha 20 de abril es que la víctima se acerca al domicilio del imputado y le entrega documentos de su madre y dinero haciéndola en desplazamiento económico patrimonial, posteriormente a ello a medida que iba avanzando el tiempo la victima Jessica Katherine Adrián Castillo no habría firmado ningún documento pese a que ya habría entregado en fecha 20 de abril la suma de $us. 3.000, en fecha 30 de abril otros $us. 1.000, en fecha 02 de mayo, 04 de julio y 28 de julio distintas sumas de dinero, haciendo un total de $us.-5.000, montos entregados inclusive a una cuenta bancaria en el Banco Fie a nombre de Daniel Erick Rodríguez Aillon, además por la supuesta venta de unos terrenos, posteriormente en fecha 28 de julio nuevamente se hizo un depósito de Bs. 12.398 de los cuales a la fecha la victima Jessica Katherine Adrián Castillo no habría visto avances de su proceso.
Por otro lado el Sr. Iván Peredo Fernández también habría entregado montos de dinero en la suma de $us. 8.000 por la supuesta compra de un vehículo que el ahora imputado iba a traer de Chile y lo iba a entregar en un mes, sin embargo hasta la fecha no se habría entregado dicho vehículo ni siquiera el dinero entregado, a efectos de corroborar esta fundamentación realizada por el Ministerio Publico, la parte denunciante y las denuncias realizadas por ambas víctimas se acompañan distintos elementos de convicción entre ellos el acta de registro de no conciliación en la cual se establece que el imputado Daniel Erick Rodríguez Aillón evidentemente habría recibido esas sumas de dinero e inclusive el mismo acepta que es una suma de $us. 18.000 entregados, también se acompaña un memorial de fecha 19 de abril de 2021 por parte de la defensa en la cual justifica su inasistencia a dicha audiencia de conciliación arguyendo distintas circunstancias en la cual también hace referencia a que evidentemente se va hacer la devolución de $us. 18.000, se acompaña distintas invitaciones a conciliación realizado por el Ministerio Publico solicitada por las víctimas, así también recibos originales por la suma de $us. 3.000, recibo original de $us. 5.000, de Bs. 12.000 entregados por Jessica Katherine Adrián Castillo, acta de entrevistas de las victimas Iván Peredo Fernández y Jessica Katherine Adrián Castillo, de igual manera se acompaña conversaciones de Whatsapp donde evidentemente el imputado reconoce que se le debe entregar un vehículo a la víctima Iván Peredo Fernández, además acompañan certificación del Gobierno Autónomo Municipal de la cual se evidencia que en el sistema a nombre de Jessica Katherine no se encuentra ningún vehículo, tampoco a nombre del ahora imputado Daniel Erick Rodríguez Aillón empadronado en el sistema RUAT, por lo que no existe ningún trámite de inscripción vehicular, de las documentales acompañadas se puede advertir que evidentemente las victimas por un lado Jessica Katherine y por otro Iván Peredo habrían entregado distintas sumas de dinero, ello con "fin de que el imputado en su calidad de profesional abogado termine con unos procesos que habría prometido a las mismas, sin embargo a la fecha no se establece ninguna de estas circunstancias, deducido también por la parte denunciante y el ministerio publico teniendo en cuenta que desde el año 2018 hasta ahora, aproximadamente 3 años que el ahora imputado no habría iniciado dichos procesos como bien hizo referencia el Ministerio Publico; el Art. 335 del CPP establece (ESTAFA). "El que con la intención de obtener para sí o un tercero un beneficio económico indebido, mediante engaños o artificios provoque o fortalezca error en otro que motive la realización de un acto de disposición patrimonial en perjuicio del sujeto en error o de un tercero, será sancionado con reclusión de uno a cinco años y con multa de sesenta a doscientos días", lo que conlleva que en este caso el imputado buscó beneficiarse del patrimonio ajeno empleando técnicas de engaño y artificios lo que con la suma de $us. 18.000 entregados, lo que da a entender que existe ánimo y lucro, se demuestra también el propósito de faltar a la verdad, engaños, el ardid y artificios con el fin de alterar la realidad, el imputado quien es el que conoce que lo pactado no se podrá realizar. La defensa señala que es de ultima ratio los documentos pecuniarios empero el auto supremo 297/2016 establece el "negocio criminalizado en lo cual toda vez o contrato jurídico en el que se logra mediante engaño disposición patrimonial del sujeto pasivo es constitutivo del delito de Estafa, el auto supremo 126/2020 establece "es inevitable que el dolo debe preceder en todo caso de los demás elementos del tipo de estafa, es una característica importante ante la línea del incumplimiento de obligación y la estafa está en el sujeto activo que sabe desde el primer momento de la concreción contractual que no querrá o no podrá la contraprestación que le incumbe, estableciéndose ellos con actos, manifiestos e inequívocos, siendo entonces que los negocios civiles y mercantiles criminales se producen con el propósito defraudatorios, se generan o al momento de la celebración del contrato y es capaz de mover la voluntad de la otra parte a diferencia del mero incumplimiento contractual, la defensa únicamente señala que no es con agravantes múltiples y a la vez acompaña un proceso preliminar con Nurej: 30280141, a decir del imputado de manera oral en la presente audiencia señala que las dos víctimas firman dichos documentos de diligencias preparatorias, si verificamos dicho memorial solicitado por Iván Peredo Fernández quien firma Iván Peredo Fernández y Daniel Rodríguez Aillon, quien es el ahora imputado, no percata la autoridad jurisdiccional que firma la otra víctima Jessica Katherine Adrián Castillo, en virtud a lo manifestado esta Autoridad considera que se da el delito de Estafa con agravantes múltiples en sentido de que, por un lado a la señora Jessica Katherine Adrián Castillo habría después su disposición patrimonial hacia el imputado en distintos cortes para que este termine un proceso o en su casa anule con vicios de nulidad un proceso familiar, así también a la misma victima Jessica Katherine habría engañado por ventas de lotes de terreno y por otro lado al señor Iván Peredo Fernández se ha establecido que el imputado le habría prometido mediante engaños, ardid o artificios este le compraría un vehículo a un bajo precio, entregándole la victima al ahora imputado una suma de $us. 8.000, son dos personas distintas a la cual a criterio de esta autoridad jurisdiccional que se da la figura del delito de Estafa con victimas múltiples, es decir son dos víctimas distintas al margen de que los mismos sean casados, en virtud a ello esta Autoridad considera bajo los argumentos esgrimidos que concurren el núm. 1 del Art. 233, dejando en claro a las partes que lo se califica en esta etapa procesal es únicamente la probabilidad de autoría y no así la certeza de la misma, consecuentemente concurre el núm. 1 del Art. 233 del C.P.P. (fs. 48 a 51).
octubre de 2021, el ahora accionante expresó los siguientes agravios: 1) Existe una vulneración al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación a momento de construirse el presupuesto material y formal; respecto a este último, por la mala valoración de los mismos realizándose presunciones subjetivas. Respecto al presupuesto material, puesto que no existe identificación del hecho como tal y la calificación efectuada por el Ministerio Público versaría únicamente sobre las víctimas múltiples, siendo una percepción errónea; 2) El Juez se limitó a tomar en consideración lo señalado por el Ministerio Público, puesto que no consideró porque aparecieron otras dos víctimas referente al mismo hecho investigado; y, 3) En cuanto al peligro de fuga, este no puede fundarse en meras suposiciones, se sustentó en que el imputado tuvo viajes a La Paz y Sucre, empero se presentó las facturas de esos viajes que estaban a nombre de la esposa del imputado, que no fueron ni valoradas ni motivadas correctamente (fs. 52 y vta.). II.3. Consta Auto de Vista de 12 de octubre de 2021 a través del cual, la ahora autoridad demandada declaró procedente en parte el recurso de apelación interpuesto por Daniel Erick Rodríguez Aillón, confirmando el Auto Interlocutorio de 29 de septiembre del mismo año y únicamente extrayendo el riesgo procesal dispuesto en el art. 235.1 del CPP; determinación asumida en base a los siguientes fundamentos: i) En el caso en concreto DANIEL ERICK RODRÍGUEZ AILLÓN a través de su defensa, sostiene en condición de parte apelante y como aspecto cuestionado de la resolución, la vulneración al debido proceso en base a los siguientes elementos: errónea aplicación de la ley, la falta de fundamentación y motivación en la construcción del presupuesto material y del presupuesto procesal, respecto a este último, la mala valoración de los mismos y la errónea construcción sobre la base de las presunciones subjetivas, incorporadas por la autoridad jurisdiccional, la carencia de fundamentación en criterio de la parte apelante refleja el error en la que incurre la autoridad de instancia, en relación al presupuesto material porque no existe la identificación del hecho como tal y que la calificación efectuada por el Ministerio Público versaría únicamente no respecto a víctimas múltiples como erróneamente habría concluido la autoridad de instancia, la observación central, respecto al presupuesto material, radica en la ausencia de fundamentación e identificación del hecho como tal y que el mismo responda o no a la identificación de víctimas múltiples, en relación al presupuesto procesal ha observado cada uno de ellos en base a argumentos que también han sido versados en este acto concreto y que este Tribunal los va a recoger a tiempo de resolver cada uno de ellos; ii) Delimitado como está el ámbito de análisis se advierte lo siguiente: Evidentemente el régimen de medidas cautelares responde a la potestad normativa reglada, porque emerge de la reserva legal inserta en el art. 23.1 de la CPE, tal es así que los operadores de justicia no podemos apartarnos de los presupuestos que establece la ley 1970 en sus modificaciones conforme a la ley 1173 relativo al presupuesto material y procesal; y fundamentalmente en la naturaleza de los peligros procesales, la finalidad o carácter instrumental del régimen de medidas cautelares frente los fines del proceso, desarrollados en el art. 221 del CPP. El Tribunal de Alzada está obligado a efectuar el control normativo, partiendo de la base de la carga argumentativa recursiva, constituyendo estos los elementos que en definitiva al concluir con la condición de forma inserta en el art. 396.3 del CPP, permite desarrollar esta labor, esta competencia asignada por el art. 398 CPP, en este propósito se advierte lo siguiente; iii) En la resolución traída en revisión, en la parte Considerativa, se describe cual es la acción que hubiera desplegado DANIEL ERICK RODRÍGUEZ AILLÓN, que denota la existencia de un hecho con contenido penal, el Juez de instancia hace referencia a la existencia de Jessica Katherine Adrián Castillo, el desplazamiento económico realizado por esta ciudadana, lo propio el desplazamiento económico de IVÁN PEREDO FERNÁNDEZ y que el mismo responde a una promesa no solo de prestación de servicios, sino de venta de lote de terreno, entrega del vehículo y que estos dos elementos estarían siendo cuestionados como inexistentes y de ahí deviene la existencia que habría provocado este desplazamiento económico, si esto es así, este Tribunal advierte que existe la carga argumentativa necesaria para verificar que se identificó a un hecho con contenido penal, porque se hace referencia a la existencia de un ardid, de un deslazamiento económico por parte de los ciudadanos; en la parte final y al reverso de la hoja, siguiendo el mismo párrafo se hace referencia de la existencia de una tercera persona, la afirmación que realiza el Ministerio Público en sentido de que se trata de víctimas múltiples, evidentemente es un hecho que recae en la facultad exclusiva del representante fiscal y lo que le corresponde es acreditar ante la autoridad de instancia es que esa su hipótesis está respaldada con los elementos que fueron presentados o adjuntos a la imputación formal de donde se extrae que precisamente son tres las personas identificadas; Iván Peredo Fernández, Jessica Katherine Adrián Castillo y una tercera persona, quienes fueron mencionados precisamente en esta audiencia y que además está en los datos de la resolución, como ser, RICHARD DÍAZ ANGULO y que forman parte del proceso investigativo, por ello es que la autoridad de instancia concluye en la existencia del presupuesto material. Se hace referencia a la agravante de víctimas múltiples para analizar que en este hecho no está comprendido las causales de improcedencia previsto en los art. 232.6 CPP, porque siendo un delito de contenido patrimonial, “el máximo legal no está en el baremo que indica esta norma, toda vez que la misma taxativamente señala "cuyo máximo legal sea inferior o igual a seis años", si la calificación provisional se subsume en el art. 346 Bis procesal, cuya privación de libertad oscila de 3 a 10 años, lógicamente el hecho como tal no está comprendido en la causal de improcedencia, porque la pena es mayor a la indicada en la norma procesal, que estas víctimas múltiples sean tres, sean dos o simplemente exista más, es un hecho motivo de un proceso investigativo, como tal existe una identificación de un hecho con contenido penal que versa en el desplazamiento económico realizado del patrimonio de tres personas y que fueron provocados por la existencia de una promesa que se convierte en ardid, porque se estaría verificando la inexistencia de esta, vale decir, los lotes de terreno, el vehículo y es más, la autoridad de instancia tiene el cuidado de verificar que se ha presentado por parte del Ministerio Público la documentación que respalda la inexistencia de un vehículo registrado a nombre del ahora imputado y de ello deviene la calificación de engaño que respalda el criterio de la autoridad jurisdiccional respecto al contenido penal del hecho” (sic). Por consiguiente, en el caso en particular, este Tribunal de Alzada advierte que está identificado el presupuesto material, sobre la base de los elementos proporcionados por el Ministerio Público; iv) Ahora bien, respecto al presupuesto procesal, partiendo del art. 234.2 CPP, bajo la premisa que debe identificarse cuál es el comportamiento del imputado que denote el afán de la dilación de la justicia en una de las formas que señala la norma procesal en análisis, se advierte un hecho que no es controvertido y que está desarrollado en el “párrafo II de la foja 156”, afirmándose que el imputado realiza distintos viajes a la ciudad de La Paz y Sucre y según el texto de la resolución traída en revisión, la defensa manifiesta que existe una razón para que el imputado constantemente realice este desplazamiento y lo que extraña a esta autoridad de instancia es que en ese momento no se haya respaldado estas facilidades del imputado para trasladarse de un lugar a otro en territorio Nacional y este supuesto fáctico que sostiene la incorporación del peligro procesal como tal, sumado a que al momento de la intervención policial se encontraba el imputado portando un ticket o un boleto de viaje a nombre de otra persona, entonces son dos elementos que sostienen este supuesto fáctico generador del peligro; v) En relación al art. 234.4 CPP, si nos remitimos al texto legal, taxativamente refiere "El comportamiento del imputado durante el proceso o en otro anterior, en la medida que indique su voluntad de no someterse al mismo", entendido que en el tracto procesal como la reticencia de asumir el proceso, la autoridad de instancia identifica esta reticencia no solamente al hecho de que ha existido alguna suspensión de audiencias, si no que existe un mandamiento de aprehensión contra el imputado y que fue emitido por otra autoridad jurisdiccional y es de ahí que se concluye que en la intención o la voluntad del imputado de no someterse al proceso y es lo que provoco la emisión del mandamiento de aprehensión; este mandamiento de aprehensión entendido como la compulsión a la que recurre la autoridad fiscal y también la autoridad jurisdiccional, tiene por presupuesto el no cumplimiento a las órdenes que emiten las autoridades que están involucradas en la administración de justicia, si esto es así, existe respaldo fáctico y jurídico para sostener la existencia de este peligro procesal; vi) En relación al art. 234.6 CPP, “este Tribunal en el Considerando II, hizo referencia a la S.C.56/2014 del 3 de enero, que si bien identifica bajo otra numeración los peligros procesales, la esencia son los mismos que mantiene la Ley 1173” (sic), de ahí deviene que la premisa en cuanto al análisis de la existencia de la actividad delictiva reiterada es distinta a la del peligro efectivo para la sociedad, en el entendido de que en el art. 234.6 CPP, se analiza como riesgo emergente los antecedentes personales del imputado por haberse acreditado que con anterioridad ha estado sometido a otros procesos por delitos dentro a la misma gama o familia de delitos que provoca el proceso investigativo como tal, no se ha negado en audiencia de aplicación de medidas cautelares y tampoco en esta audiencia de apelación y por ende no es un hecho controvertido que haya existido siete procesos contra el ahora apelante por el delito de Estafa, los mismos estarían cuatro con rechazo y un proceso estaría en la etapa del juicio, indistintamente el estado donde se encuentra estos procesos, evidentemente existe una actividad delictiva reiterada que se extrae de la existencia de los múltiples procesos investigativos a los cuales fue sometido DANIEL ERICK RODRÍGUEZ AILLÓN, consecuentemente la incorporación de este riesgo procesal también es correcto; y, vii) Respecto al art. 235.2 del CPP, tomando en cuenta que está identificada la persona contra la cual se habría expresado amenazas y que las mismas radican precisamente en la profesión del imputado y lo que haría en caso de que se presente la denuncia, de manera inicial oponerse a la presentación de denuncia, es un acto obstaculizador por que impide de que el Estado pueda intervenir a través de los órganos creados para la investigación y en su caso de un juzgamiento de un hecho considerado punible. En este caso Jessica Katherine Adrián Castillo, habría sido víctima de amenazas y que las amenazas versan precisamente en impedir la presentación de denuncia por una parte y la afectación que podría hacerse a la familia de este por la profesión que tiene el imputado, si esto es así, el indicador del peligro de obstaculización está correctamente construido porque tiene el presupuesto fáctico generador y responde a las exigencias de la premisa normativa de donde resulta que más allá de haberse verificado la concurrencia simultanea de los dos presupuestos material y procesal y que es inexistente la causal de improcedencia de detención preventiva aludida por la parte imputada, corresponde declarar procedente en parte la apelación formulada por DANIEL ERICK RODRÍGUEZ AILLÓN, en sentido de que el presupuesto procesal si existe un exceso al incorporarse un indicador de peligro procesal de obstaculización que no responde a los cánones del art. 235 del CPP (fs. 52 vta. a 57).
FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO El accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso vinculado a la libertad; toda vez que, la Vocal demandada en el Auto de Vista de 12 de octubre de 2021 incurrió en los siguientes agravios: a) Respecto al presupuesto material, incorporó a una tercera víctima -Richard Díaz Angulo- que nunca fue señalada en la resolución de primera instancia, actuando de forma oficiosa y conllevando a la aplicación del artículo de estafa con la agravante de víctimas múltiples; b) Respecto al riesgo procesal inserto en el art. 234.2 del CPP, se le exigió la carga probatoria de justificar sus viajes a Sucre, sin que exista prueba alguna que evidencie que su persona estuviese realizando viajes fuera del país o intentando permanecer oculto; c) Respecto al riesgo dispuesto en el art. 234.4 del indicado Código, la Vocal demandada argumentó que se señaló una audiencia a la que no concurrió y que en otro caso, existe un mandamiento de apremio en su contra; afirmaciones que no se encuentran debidamente fundamentadas ni motivadas, puesto que su incomparecencia a la declaración fue por causa de COVID-19, siendo este un aspecto que se acreditó pero que no mereció pronunciamiento alguno; d) Sobre el riesgo procesal dispuesto en el art. 234.6 del CPP, se señaló sin mayor argumento que existen siete procesos iniciados en su contra, de los cuales, cuatro estarían con rechazo, determinación asumida sin considerar la presunción de inocencia garantizada por el art. 116 de la CPE; y, e) Finalmente sobre el art. 235.2 del mismo Código, se arguyó que puede influenciar sobre la víctima, empero este argumento carece de fundamentación, puesto que la víctima declaró los hechos a su favor, no pudiendo someterse al contradictorio en igualdad de condiciones. En consecuencia, corresponde analizar, en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes temas: 1) La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso ; 2) La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares: Las resoluciones de los tribunales de apelación y la interpretación del art. 398 del Código de Procedimiento Penal; y, 3) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por las SSCCPP 0349/2018-S2 y 0353/2018-S2 ambas de 18 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento: El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.
Posteriormente, en el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elementos configurativos del debido proceso, como ser:
a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso.
1El Cuarto Considerando, indica: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma.
…consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”. 2El FJ III.3, refiere: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”. 3El FJ III.2.3, señala: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cuál es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados.
En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”.
Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre, se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: 1) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-.
4El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 5El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación:
(…)
(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia.
(…)
b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´.
(…)
c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”. 6El FJ III.2, establece: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo. 5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”. 7El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 8El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”. 9El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 10El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. La jurisprudencia contenida en la SCP 2221/2012 como en la SCP 0100/2013 citadas anteriormente fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció que:
Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o cuando ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa, cuya tutela por vía de amparo procederá siempre y cuando tenga relevancia constitucional.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0447/2018-S2 de 27 de agosto, precedida por la SCP 0353/2018-S2 de 18 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento: Los estándares de fundamentación y motivación contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013 -citadas anteriormente-, son aplicables a las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares, conforme a las exigencias específicas en materia procesal penal y a lo dispuesto en los arts. 233.1 y 2; 234 y 235 del CPP; asimismo, la SCP 0077/2012 de 16 de abril, en una resolución judicial que resolvió una medida cautelar en apelación, interpretó el art. 398 del mismo Código. Ahora bien, la modulación efectuada por la SCP 0014/2018-S2, que analiza previamente la relevancia constitucional, para disponer la nulidad de la resolución cuando se denuncia arbitraria o insuficiente motivación, no alcanza a las resoluciones que imponen la medida cautelar de detención preventiva, en las que sí, es exigible disponer la nulidad y realizar el reenvío ante la autoridad jurisdiccional ordenando se emita nueva resolución; por cuanto en estos casos, aun se advierta que la corrección de una decisión con fundamentación o motivación arbitraria o insuficiente, no modificará la parte resolutiva, esto es, la decisión de la detención preventiva; sin embargo, es esencial que el imputado y el juez o tribunal conozcan las razones jurídicas que sustentaron la decisión de detención preventiva respecto a las condiciones establecidas en el art. 233.1 y 2 del CPP, vinculadas a los arts. 234 y 235 del citado cuerpo legal; es decir, es esencial que conozcan cuáles fueron los elementos de convicción y supuestos que determinaron la imposición de la medida, a efectos que: a) Por una parte, el imputado pueda solicitar en el futuro su cesación, aportando nuevos elementos de convicción que demuestren que ya no concurren los motivos que la determinaron, y por tanto, solicite medidas sustitutivas o su libertad irrestricta; y, b) Por otra, el juez o tribunal analice de manera ponderada, si los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado, demuestran que ya no concurren los motivos que determinaron la medida o la conveniencia que la misma sea sustituida por otra. En efecto, conforme destacó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador, en la Sentencia de 21 de noviembre de 2007 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, la motivación de la decisión judicial que restringe la libertad personal, garantiza el derecho a la defensa, por cuanto, evita que una falta de motivación impida que el imputado conozca las razones por las cuales permanece privado de libertad, además, que le dificulta su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr su liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante. Por lo que, tanto la resolución que impone la medida cautelar de detención preventiva, como la que resuelve la apelación deben tener, en palabras de la Corte IDH, una fundamentación suficiente, que permita al privado de libertad conocer los motivos por los cuales se mantiene su restricción a este derecho; y si la detención se ajusta a las condiciones necesarias para su aplicación -indicios razonables que vinculen al acusado, fines legítimos, aplicación excepcional y criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad-. En el marco de lo anotado, el art. 236 del CPP, exige que la resolución que disponga la detención preventiva, se encuentre debidamente motivada sobre los presupuestos que dieron lugar a su determinación. Por su parte, el Tribunal Constitucional en la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en el Fundamento Jurídico III.1.7, explicó la necesidad constitucional de motivar las resoluciones que disponen la detención preventiva, así como las que rechazan el pedido de su imposición, las que la modifican, sustituyen o revocan, al señalar lo siguiente:
La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla (resaltado añadido).
Más tarde, la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.4, sobre la motivación de las resoluciones judiciales, estableció que éstas deben expresar las razones de hecho y derecho en las cuales basa su convicción y el valor que otorga a los medios de prueba que presenten las partes, aclarando que esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes, señalando que:
…la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos mencionados por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes.
Por otra parte, el deber de motivación de las resoluciones judiciales también ataña a los tribunales de apelación, sobre el particular la jurisprudencia constitucional recalcó la importancia de que los tribunales de segunda instancia fundamenten sus decisiones, debido a que en los hechos, hacen una revisión de la resolución del inferior, teniendo especial importancia la del tribunal de apelación, que revisa una decisión que impuso una medida cautelar, que la revoca, la modifica, la sustituye u ordena la cesación de una detención preventiva, por su vinculación con los derechos a la libertad y la presunción de inocencia.
Al respecto, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, reiterada, entre otras, por la SCP 0166/2013 de 19 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.2, establece que:
…la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar.
Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva.
Recogiendo dichos entendimientos, la SCP 0077/2012 de 16 de abril señala que el art. 398 del CPP establece que los tribunales de alzada deben circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución; lo que no implica, que estos se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución, por la cual, deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer la cesación; quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los presupuestos que la normativa legal prevé. En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP.
Cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio del recurso de apelación de la medida cautelar, el análisis del tribunal de alzada, no puede reducirse a una mera formalidad, sino, debe examinar las razones invocadas por el recurrente y manifestarse expresamente sobre cada una de ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto anterior, debiendo expresar fundadamente los motivos por los que 13El FJ III.3, refiere: “Finalmente, cabe remitirse a lo previsto en el 236 del CPP, entre cuyos requisitos del auto de detención preventiva se encuentran: `3) La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la detención, con cita de las normas legales aplicables´. En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes.
En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP”.
considera que efectivamente se dan los riesgos procesales previstos por el art. 233 del CPP. En todo caso, el tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que fundamenta el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir razonadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican que se mantenga la detención preventiva; no siendo posible un rechazo sistemático de la solicitud de revisión, limitándose a invocar, por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de fuga. El tribunal de apelación no puede limitarse a invocar presunciones legales relativas a los riesgos procesales o normas, que de una forma u otra, establecen la obligatoriedad del mantenimiento de la medida. Si a través del fundamento de la resolución, no se demuestra que la detención preventiva de la persona es necesaria y razonable, para el cumplimiento de sus fines legítimos, la misma deviene en arbitraria. En virtud a lo señalado, la fundamentación y motivación no exige que las resoluciones sean ampulosas, sino que contengan una explicación razonable de los motivos que llevaron a la autoridad judicial a decidir sobre la aplicación de una medida cautelar, en especial la detención preventiva; lo que implica que, se deberá razonar sobre el cumplimiento de los requisitos formales y materiales de legalidad, así como de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, siempre que corresponda; aclarándose que, respecto a la proporcionalidad, cuando se analice la necesidad de la medida, no es menester que la autoridad judicial exponga las razones por las cuales se desestima cada una de las medidas sustitutivas previstas en el Código de Procedimiento Penal, sino que explique, por qué resulta indispensable su aplicación en mérito a los riesgos procesales existentes, a partir de la argumentación realizada por el Ministerio Público o la parte acusadora.
El accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso vinculado a la libertad; toda vez que, la Vocal demandada en el Auto de Vista de 12 de octubre de 2021 incurrió en los siguientes agravios: a) Respecto al presupuesto material, incorporó a una tercera víctima -Richard Díaz Angulo- que nunca fue señalada en la resolución de primera instancia, actuando de forma oficiosa y conllevando a la aplicación del artículo de estafa con la agravante de víctimas múltiples; b) Respecto al riesgo procesal inserto en el art. 234.2 del CPP, se le exigió la carga probatoria de justificar sus viajes a la ciudad de Sucre, sin que exista prueba alguna que evidencie que su persona estuviese realizando viajes fuera del país o intentando permanecer oculto; c) Respecto al riesgo dispuesto en el art. 234.4 del indicado Código, la Vocal demandada argumentó que se señaló una audiencia a la que no concurrió y que en otro caso, existe un mandamiento de apremio en su contra; afirmaciones que no se encuentran debidamente fundamentadas ni motivadas, puesto que su incomparecencia a la declaración fue por causa de COVID-19, siendo este un aspecto que se acreditó pero que no mereció pronunciamiento alguno; d) Sobre el riesgo procesal dispuesto en el art. 234.6 del CPP, se señaló sin mayor argumento que existen siete procesos iniciados en su contra, de los cuales, cuatro estarían con rechazo, determinación asumida sin considerar la presunción de inocencia garantizada por el art. 116 de la CPE; y, e) Finalmente sobre el art. 235.2 del mismo Código, se arguyó que puede influenciar sobre la víctima, empero este argumento carece de fundamentación, puesto que la víctima declaró los hechos a su favor, no pudiendo someterse al contradictorio en igualdad de condiciones. De las conclusiones del presente fallo constitucional se tiene que a través de Auto Interlocutorio de 29 de septiembre de 2021, se dispuso la detención preventiva de Daniel Erick Rodríguez Aillón -ahora accionante-por el plazo de dos meses (Conclusión II.1), ante tal decisión, el imputado interpuso recurso de apelación solicitando se revoque el Auto de primera instancia (Conclusión II.2) emitiéndose en consecuencia el Auto de Vista de 12 de octubre del señalado año, que declaró procedente en parte el recurso de apelación, confirmando en el fondo la resolución emitida por el Juez a quo, acogiendo únicamente el riesgo procesal previsto en el art. 235.1 del CPP (Conclusión II.3).
En ese contexto corresponde revisar si la denuncia de lesión de derechos fundamentales es evidente, remitiéndonos al análisis de las denuncias traídas por el ahora impetrante de tutela: Con relación al presupuesto material, la ahora autoridad demandada incorporó a una tercera víctima -Richard Díaz Angulo- que nunca fue señalada en la resolución de primera instancia, actuando de forma oficiosa y conllevando a la aplicación del artículo de estafa con la agravante de víctimas múltiples y no únicamente del delito de Estafa.
En principio es evidente que la autoridad demandada, en el Auto de Vista de 12 de octubre de 2021 (Conclusión II.3), agrega a una tercera víctima a momento de diseñar el presupuesto material al señalar, que:
En la resolución traída en revisión, en la parte Considerativa, se describe cual es la acción que hubiera desplegado DANIEL ERICK RODRIGUEZ AYLLON, que denota la existencia de un hecho con contenido penal, el Juez de instancia hace referencia a la existencia de Jessica Katherine Adrián Castillo, el desplazamiento económico realizado por esta ciudadana, lo propio el desplazamiento económico de IVÁN PEREDO FERNÁNDEZ y que el mismo responde a una promesa no solo de prestación de servicios, sino de venta de lote de terreno, entrega del vehículo y que estos dos elementos estarían siendo cuestionados como inexistentes y de ahí deviene la existencia que habría provocado este desplazamiento económico, si esto es así, este Tribunal advierte que existe la carga argumentativa necesaria para verificar que se identificó aun hecho con contenido penal, porque se hace referencia a la existencia de un ardid, de un desplazamiento económico por parte de los ciudadanos; en la parte final y al reverso de la hoja, siguiendo el mismo párrafo se hace referencia de la existencia de una tercera persona, la afirmación que realiza el Ministerio Publico en sentido de que se trata de víctimas múltiples, evidentemente es un hecho que recae en la facultad exclusiva del representante fiscal y lo que le corresponde es acreditar ante la autoridad de instancia es que esa su hipótesis está respaldada con los elementos que fueron presentados o adjuntos a la imputación formal de donde se extrae que precisamente son tres las personas identificadas; Iván Peredo Fernández, Jessica Katherine Adrián Castillo y una tercera persona, quienes fueron mencionados precisamente en esta audiencia y que además está en los datos de la resolución, como ser, RICHARD DÍAZ ANGULO y que forman parte del proceso investigativo, por ello es que la autoridad de instancia concluye en la existencia del presupuesto material. Se hace referencia a la agravante de victimas múltiples para analizar que en este hecho no está comprendido las causales de improcedencia previsto en los art. 232.6 CPP, porque siendo un delito de contenido patrimonial, el máximo legal no está en el baremo que indica esta norma, toda vez que la misma taxativamente señala "cuyo máximo legal sea inferior o igual a seis años", si la calificación provisional se subsume en el art. 346 Bis Procesal, cuya privación de libertad oscila de 3 a 10 años, lógicamente el hecho como tal no está comprendido en la causal de improcedencia, porque la pena es mayor a la indicada en la norma procesal, que estas víctimas múltiples sean tres, sean dos o simplemente exista más, es un hecho motivo de un proceso investigativo, como tal existe una identificación de un hecho con contenido penal que versa en el desplazamiento económico realizado del patrimonio de tres personas y que fueron provocados por la existencia de una promesa que se convierte en ardid, porque se estaría verificando la inexistencia de esta, vale decir, los lotes de terreno, el vehículo y es más, la autoridad de instancia tiene el cuidado de verificar que se ha presentado por parte del Ministerio Público la documentación que respalda la inexistencia de un vehículo registrado a nombre del ahora imputado y de ello deviene la calificación de engaño que respalda el criterio de la autoridad jurisdiccional respecto al contenido penal del hecho. Por consiguiente, en el caso en particular, este Tribunal de Alzada advierte que está identificado del presupuesto material, sobre la base de los elementos proporcionados por el Ministerio Público; De lo que resulta evidente, que esta tercera persona no aparece en el Auto Interlocutorio como otra víctima (Conclusión II.1), sino cuando se analiza el riesgo procesal del art. 235.1 del CPP, al señalar: “(…) sin embargo la parte denunciante refiere que de la prueba aportada de la denuncia presentada por el señor Richard Díaz Angulo indica hacer referencia que este le habría dejado en calidad de préstamo una documentación consistente en documentos de terreno a nombre de la señora Jessica Katherine Adrián Castillo, (…) ” (sic); por lo que, las dos víctimas correctamente identificadas únicamente son: Iván Peredo Fernández y Jessica Katherine Adrián Castillo, de las cuales se determinó la existencia de elementos indiciarios para alegar una presunta autoría, sin embargo la inclusión como víctima de esta tercera persona no tiene incidencia a que al imputado se le procese bajo la figura de estafa con víctimas múltiples y no solo de estafa; toda vez que la determinación del tipo penal investigado no emerge de la resolución emitida por la autoridad judicial sino de la imputación formal que realiza la representación del Ministerio Público como una facultad privativa, así en su momento, el accionante tuvo la oportunidad de plantear el incidente de nulidad de imputación formal, si consideraba que el tipo penal de estafa agravada, se encontraba erróneamente dispuesto. En este sentido, la resolución no adolece de incongruencia, dado que el Tribunal de alzada ahora demandado actuó dentro del marco legal establecido y la inclusión de Richard Díaz Angulo no altera la naturaleza del tipo penal en cuestión ni los derechos del imputado, quienes han tenido la oportunidad de defenderse adecuadamente en el proceso. En ese contexto, corresponde denegar la tutela solicitada respecto a esta denuncia. Respecto al riesgo procesal inserto en el art. 234.2 del CPP, el accionante alega que se le exigió la carga probatoria de justificar sus viajes a Sucre sin que exista prueba alguna que evidencie que su persona estuviese realizando viajes fuera del país o intentando permanecer oculto, a tal efecto se tiene que en el referido Auto de Vista se señaló: Ahora bien, respecto al presupuesto procesal, partiendo del art. 234.2 CPP, bajo la premisa que debe identificarse cuál es el comportamiento del imputado que denote el afán de la dilación de la justicia en una de las formas que señala la norma procesal en análisis, se advierte un hecho que no es controvertido y que está desarrollado en el “párrafo II de la foja 156”, afirmándose que el imputado realiza distintos viajes a la ciudad de La Paz y Sucre y según el texto de la resolución traída en revisión, la defensa manifiesta que existe una razón para que el imputado constantemente realice este desplazamiento y lo que extraña a esta autoridad de instancia es que en ese momento no se haya respaldado estas facilidades del imputado para trasladarse de un lugar a otro en territorio Nacional y este supuesto fáctico que sostiene la incorporación del peligro procesal como tal, sumado a que al momento de la intervención policial se encontraba el imputado portando un ticket o un boleto de viaje a nombre de otra persona, entonces son dos elementos que sostienen este supuesto fáctico generador del peligro (Conclusión II.3). De lo que se evidencia que la Vocal demandada advierte que el imputado realiza viajes entre Sucre, La Paz y Cochabamba, hecho que esta ratificado por el boleto o pasaje que al momento de su aprehensión se encontraba portando, lo que llevó a concluir que al tener facilidad de desplazamiento de un lugar a otro dentro del país es un elemento que denota que el imputado tiene facilidades para permanecer oculto, riesgo que se encuentra acreditado objetivamente con el boleto de pasaje a nombre de una tercera persona que utiliza el imputado para desplazarse de una ciudad a otra. Asimismo, de la lectura de la resolución ahora cuestionada, no resulta evidente que se le imponga la carga para desvirtuar los riesgos procesales al imputado, más cuando este riesgo además fue considerado concurrente porque en distintas circunstancias el accionante no se habría presentado ante el Ministerio Público, bajo ese entendido, la decisión de alzada está debidamente motivada y fundamentada en las acciones y comportamientos del imputado, que objetivamente justifican la evaluación del riesgo procesal, sin que exista incongruencia en la resolución. Por lo señalado corresponde en consecuencia denegar la tutela solicitada sobre la presente problemática. Con relación al riesgo previsto en el art. 234.4 del CPP, se denuncia que los argumentos no se encuentran debidamente fundadas ni motivadas, puesto que su incomparecencia a la declaración fue por causa de la pandemia, siendo este un aspecto que se acreditó pero que no mereció pronunciamiento alguno. A efectos de analizar la denuncia, se tiene que la autoridad judicial ahora demandada señaló:
En relación al art. 234.4 CPP, si nos remitimos al texto legal, taxativamente refiere "El comportamiento del imputado durante el proceso o en otro anterior, en la medida que indique su voluntad de no someterse al mismo", entendido que en el tracto procesal como la reticencia de asumir el proceso, la autoridad de instancia identifica esta reticencia no solamente al hecho de que ha existido alguna suspensión de audiencias, si no que existe un mandamiento de aprehensión contra el imputado y que fue emitido por otra autoridad jurisdiccional y es de ahí que se concluye que en la intención o la voluntad del imputado de no someterse al proceso y es lo que provoco la emisión del mandamiento de aprehensión; este mandamiento de aprehensión entendido como la compulsión a la recurre la autoridad fiscal y también la autoridad jurisdiccional, tiene por presupuesto el no cumplimiento a las órdenes que emiten las autoridades que están involucradas en la administración de justicia, si esto es así, existe respaldo factico y jurídico para sostener la existencia de este peligro procesal Se observa entonces, que la resolución si bien reitera en parte lo argumentado en el Auto Interlocutorio emitido por el Juez de primera instancia, pero también efectúa fundamentos propios respecto al mandamiento de aprehensión que fue emitido ante el no cumplimiento del peticionante de tutela a las órdenes impartidas por las autoridades, que si bien realiza una motivación concisa pero resulta ser suficiente; toda vez que, permite comprender las razones del porque concurre dicho riesgo procesal, denotándose además que dicha respuesta es congruente con los antecedentes del caso y el agravio invocado correspondiendo en consecuencia denegar la tutela solicitada sobre la presente problemática.
El accionante refiere que sobre el riesgo procesal previsto en el art. 234.6 del CPP, se señaló sin mayor argumento que existen siete procesos iniciados en su contra, de los cuales, cuatro estarían con rechazo, siendo una determinación asumida sin considerar la presunción de inocencia garantizada por el art. 116 de la CPE; por su parte la autoridad jurisdiccional ahora demandada, para determinar la concurrencia del riesgo procesal dispuesto en el art. 234.6 del CPP, señaló:
En relación al art. 234.6 CPP, “este Tribunal en el Considerando II, hizo referencia a la S.C.56/2014 del 3 de enero, que si bien identifica bajo otra numeración los peligros procesales, la esencia son los mismos que mantiene la ley 1173” (sic), de ahí deviene que la premisa en cuanto al análisis de la existencia de la actividad delictiva reiterada es distinta a la del peligro efectivo para la sociedad, en el entendido de que en el art. 234.6 CPP, se analiza como riesgo emergente los antecedentes personales del imputado por haberse acreditado que con anterioridad ha estado sometido a otros procesos por delitos dentro a la misma gama o familia de delitos que provoca el proceso investigativo como tal, no se ha negado en audiencia de aplicación de medidas cautelares y tampoco en esta audiencia de apelación y por ende no es un hecho controvertido que haya existido siete procesos contra el ahora apelante por el delito de Estafa, los mismos estarían cuatro con rechazo y un proceso estaría en la etapa del juicio, indistintamente el estado donde se estos procesos, evidentemente existe una actividad delictiva reiterada que se extrae de la existencia de los múltiples procesos investigativos a los cuales fue sometido DANIEL ERICK RODRÍGUEZ AILLÓN, consecuentemente la incorporación de este riesgo procesal también es correcto;
Observando en consecuencia, que tal fundamentación de forma congruente tomó en cuenta los antecedentes referidos por el Ministerio Público, concretamente a los siete procesos que existían en contra del peticionante de tutela y que uno de ellos se encontraba en juicio, antecedentes que a criterio del ad quem dan lugar a la concurrencia del riesgo procesal previsto en el art. 234.6 del CPP, considerando que dicha norma a partir de la Ley 1173 exige únicamente la actividad delictiva reiterada o anterior debidamente demostrada, sin que ello tenga que ser acreditado con una sentencia condenatoria ejecutoriada, por consiguiente, no se advierte la vulneración del derecho al debido proceso en su componente de fundamentación, motivación y congruencia. En consecuencia, corresponde denegar la tutela sobre la presente problemática. En relación al riesgo procesal descrito en el art. 235.2 del CPP, se denuncia que se arguyó que el imputado puede influenciar sobre la víctima, empero este argumento carece de fundamentación, puesto que la víctima declaró los hechos a favor de su persona, no pudiendo someterse al contradictorio en igualdad de condiciones. En principio, a efectos de analizar y declarar la concurrencia de este riesgo procesal, se debe considerar la SCP 0210/2019-S2 de 10 de mayo, que en el análisis del caso concreto refirió:
“Así, precisados los fundamentos por los cuales se mantuvieron latentes los riesgos procesales antes señalados, se observa que los Vocales demandados incurrieron en falta de motivación y fundamentación respecto a las razones por las cuales determinaron que los numerales 2 y 4 del art. 235 del CPP no hubieran sido desvirtuados; por cuanto, respecto a la posibilidad que la imputada pueda influir negativamente sobre los partícipes, testigos y peritos a objeto que informen falsamente o se comporten de manera reticente, no resulta suficiente indicar el número de personas imputadas y las probables futuras investigaciones a ser realizadas; pues, para que la imputada pueda comprender a cabalidad los motivos por los cuales este riesgo sigue latente, se le debe indicar concretamente en cuáles de los sujetos procesales podría influir negativamente y en qué medida; de lo contrario, el establecer de manera indeterminada la influencia descrita en el numeral 2 del art. 235 del CPP, no sería razonable y conllevaría a la imposibilidad de desvirtuar dicho riesgo procesal…” (sic)
Análisis también realizado por la SCP 0276/2018-S2 de 25 de junio y que conlleva a establecer que, para declarar la concurrencia de este riesgo procesal, previamente debe identificarse sobre qué persona se influirá y en qué medida. Ahora bien, en la resolución cuestionada (Conclusión II.3) se tiene que la misma sobre este riesgo procesal indicó que:
Respecto al art. 235.2 del CPP, tomando en cuenta que está identificada la persona contra la cual se habría expresado amenazas y que las mismas radican precisamente en la profesión del imputado y lo que haría en caso de que se presente la denuncia, de manera inicial oponerse a la presentación de denuncia, es un acto obstaculizador por que impide de que el Estado pueda intervenir a través de los órganos creados para la investigación y en su caso de un juzgamiento de un hecho considerado punible. En este caso Jessica Katherine Adrián Castillo habría sido víctima de amenazas y que las amenazas versan precisamente en impedir la presentación de denuncia por una parte y la afectación que podría hacerse a la familia de este por la profesión que tiene el imputado, si esto es así, el indicador del peligro de obstaculización está correctamente construido porque tiene el presupuesto factico generador y responde a las exigencias de la premisa normativa de donde resulta que más allá de haberse verificado la concurrencia simultanea de los dos presupuestos material y procesal y que es inexistente la causal de improcedencia de detención preventiva aludida por la parte imputada, corresponde declarar procedente en parte la apelación formulada por DANIEL ERICK RODRÍGUEZ AILLÓN, en sentido de que el presupuesto procesal si existe un exceso al incorporarse un indicador de peligro procesal de obstaculización que no responde a los cánones del art. 235 del CPP.
De lo que evidencia que en el presente caso efectivamente se identificó de manera específica que la persona sobre la cual recaería la amenaza es en Jessica Katherine Adrián Castillo -víctima-, donde al mismo tiempo se describe claramente que la amenaza realizada inicialmente consistió en procurar que la nombrada víctima no efectué la denuncia contra el imputado y un segundo elemento, como la afectación que podría hacerse a la familia de la misma, lo que en síntesis acredita que el presupuesto se encuentra totalmente delimitado. Tal aspecto, permite concluir que la resolución ahora cuestionada respecto a este reclamo, se encuentra debidamente fundamentada, motivada y congruente conforme lo dispuesto por el Fundamento Jurídico III.1 y 2 del presente fallo constitucional; por lo que, corresponde también denegar la tutela respecto a la presente problemática.
En consecuencia, la Jueza de garantías al denegar la tutela solicitada, obro de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/2021 de 19 de octubre, cursante de fs. 25 a 30, pronunciada por la Jueza de Ejecución Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, sobre la base de los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Al no haber existido consenso en la Sala dentro del presente caso, dirime el Magistrado Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora, Presidente, siendo de Voto Disidente la Magistrada MSc. Georgina Amusquivar Moller.
Fdo. Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora
PRESIDENTE
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.
11 El párrafo 118, señala: “Por otro lado, la Corte destaca que la motivación de la decisión judicial es condición de posibilidad para garantizar el derecho de defensa. En efecto, la argumentación ofrecida por el juez debe mostrar claramente que han sido debidamente tomados en cuenta los argumentos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado rigurosamente, más aún en ámbitos en los que se comprometen derechos tan importantes como la libertad del procesado. Ello no ocurrió en el presente caso. La falta de motivación en las decisiones de la Jueza impidió que la defensa conociera las razones por la cuales las
víctimas permanecían privadas de su libertad y dificultó su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr la liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante”. 12El párrafo 107, indica: “El Tribunal recalca que son las autoridades nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no del mantenimiento de las medidas cautelares que emiten conforme a su propio ordenamiento. Al realizar esta tarea, las autoridades nacionales deben ofrecer la fundamentación suficiente que permita a los interesados conocer los motivos por los cuales se mantiene la restricción de la libertad (…)”. Del mismo modo, el párrafo 117, subraya: “De igual forma, ante cada solicitud de liberación del detenido, el juez tiene que motivar aunque sea en forma mínima las razones por las que considera que la prisión preventiva debe mantenerse (…)”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1146_2023-S1.pdf · páginas 1 a 28.
Huella digital del PDF (SHA-256): 4a4d423e7c7f88d106cfcbf27620a7b5c72e263c62ec3d924bcddae918e0558f
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