Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 4 de agosto de 2026
Deniega la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR, la Resolución 28/2024 de 26 de abril, cursante de fs. 115 a 117, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Séptima de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo de ninguna de las varias reclamaciones expuestas en la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1145/2026-S2 Sucre, 4 de agosto de 2026 JURISPRUDENCIA REITERADA - Debido proceso SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 63735-2024-128-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 28/2024 de 26 de abril, cursante de fs. 115 a 117, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Silvia Patricia Roncal Gutiérrez en representación sin mandato de Luis Carlos Arteaga Altamirano contra Enrique Manuel Cadena Pinto, Rosemary Conde Murillo, Rosmery Yaneth Ramos Carlo, Juez, Secretaria y Auxiliar del Juzgado de Sentencia Penal Décimo Quinto de la Capital del departamento de La Paz, respectivamente; Elsner Cruz Choque y Rudy Terceros Mejía Fiscales de Materia; y Adalid Omar Zegada Portugal Director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de La Paz.
Por memorial presentado el 24 de abril de 2024, cursante a fs. 1; y, de fs. 43 a 48, el accionante, a través de su representante sin mandato, denunció la lesión del debido proceso, vinculado a sus derechos a la libertad física, de locomoción, presunción de inocencia y a la vida, alegando que, dentro el proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito estafa: a) El Juez demandado, el 4 de abril de 2024 emitió mandamiento de aprehensión en su contra por una presunta rebeldía, sin considerar que purgó rebeldía el 6 de marzo y 2 de agosto de 2023, y que existía un decreto de 30 de octubre del mismo año que ya disponía una aprehensión, mismo que “no se sabe donde esta”; b) La Secretaria demandada emitió informe, el cual tiene el objetivo de amedrentar e impedir que su representante sin mandato -esposa-, recabe información del proceso, incumpliendo la atribución contenida en el art. 101 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ); c) La Auxiliar demandada, no respondió preguntas sobre notificaciones practicadas a sus abogados patrocinantes, y llamó a funcionarios policiales para amedrentar a su representante sin mandato; d) Los Fiscales demandados efectúan una persecución indebida y procesamiento ilegal, dado que no cumplen con lo dispuesto en una anterior acción de libertad, en la que se emitió la Resolución “67-2023” de 13 de octubre, que le otorgó la tutela, determinando que la -en ese entonces- Fiscal “no puede Ordenes de Aprehensión ni allanamientos y cese la persecución indebida” (sic), teniendo el Fiscal ahora asignado, Elsner Cruz, conocimiento de ello; por lo tanto, le correspondía hacer cumplir lo determinado en dicha acción de libertad, pero en un incumplimiento de deberes remitió al Fiscal Rudy Terceros Mejía, -se entiende el mandamiento de aprehensión- sin tener su persona rebeldía en su contra; y e) “entra un nuevo actor que es el Director de la FELCC que no se debe permitir que materialice lo ilegal con el Mandamiento de Aprehensión” (sic); asimismo, señala que su vida está en peligro porque sufre de síndrome vertiginoso crónico, hipocausia derecha y pérdida de la audición, pero no puede acudir a sus controles médicos ni recibir el respectivo tratamiento médico, por la persecución indebida que realizan los demandados. Conforme a lo expuesto, interpone la presente acción de defensa, solicitando se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, disponga que “la autoridad Recurrida CESE LA PERSECUCIÓN INDEBIDA a cuyo efecto se deje sin efecto MANDAMIENTO DE ORDEN DE APREHENSIÓN Y SE HAGA CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE ACCIÓN DE LIBERTAD No. 67-2023”. Enrique Manuel Cadena Pinto, Juez de Sentencia Penal Décimo Quinto de la Capital del departamento de La Paz, por informe cursante de fs. 65 a 66 vta., manifestó que las audiencias señaladas durante la tramitación del proceso fueron suspendidas en diferentes oportunidades debido a la inasistencia del accionante, quien alegó encontrarse delicado de salud; sin embargo, esta situación no se evidenció, pues la médico forense no pudo realizar la valoración ordenada pese a haberse constituido en el domicilio del impetrante de tutela en reiteradas oportunidades, sin ser atendida; es así que, el 3 de marzo de 2023 declaró la Rebeldía del accionante, misma que fue purgada; sin embargo, el 16 de agosto del mismo año se ordenó su aprehensión por inasistencia a la audiencia de dicha fecha, en aplicación del art. 129.2 del CPP. Rosemary Conde Murillo, Secretaria; y Rosmery Yaneth Ramos Carlo, Auxiliar, ambas del Juzgado de Sentencia Penal Décimo Quinto de la Capital, por informes cursantes a fs. 83 y vta., y 102 y vta. respectivamente, refirieron que a solicitud de la acusadora particular, por decreto de 16 de marzo de 2023 el Juez de la causa –codemandado- dispuso que los antecedentes del cuaderno procesal podían ser revisados únicamente por las partes procesales y abogados patrocinantes; por lo que, en cumplimiento a dicha determinación, solo ellos tienen acceso al cuaderno y no así la representante sin mandato del accionante -esposa-, al no ser parte del proceso, no habiéndose negado el acceso a su abogado; por lo que solo se cumplió lo dispuesto por la autoridad jurisdiccional. Rudy Terceros Mejía, y Elsner Cruz Choque, Fiscales de Materia demandados, por informes de fs. 70 y vta., y en audiencia, señalaron que no existe ninguna persecución ilegal, ni procesamiento indebido contra el accionante; al contrario, el Juez obró conforme a sus facultades, pues ante la inconcurrencia a la audiencia de juicio oral y la falta de justificación, emitió declaratoria de rebeldía y mandamiento de aprehensión; asimismo, el impetrante de tutela debió agotar los mecanismos previstos ante el órgano jurisdiccional, previo a acudir a la vía jurisdiccional. Adalid Omar Zegada Portugal, Director de la FELCC -ahora codemandado-, a fs. 72 y vta. informó que no está inmiscuido en la ejecución de ningún mandamiento de aprehensión en contra del accionante, y que los requerimientos son recepcionados por secretaría y remitidos al Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia para su ejecución, por lo que no tiene legitimación pasiva. La Jueza de garantías denegó la tutela, alegando que no se evidenció lesión al debido proceso, persecución ilegal o indebida, ni vulneración, restricción o peligro del derecho a la vida del accionante. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se determinó la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Por ello, el formato del presente fallo se ajusta a lo precedentemente determinado.
Respecto al principio de subsidiariedad excepcional, la SCP 0008/2010-R de 6 abril, estableció: ”…en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas” .
En esa misma línea, la SCP 0618/2021-S3 de 6 de septiembre, sobre el incidente por actividad procesal defectuosa y su alcance de idoneidad y eficacia intra proceso penal, estableció que: “Respecto de la actividad procesal defectuosa, que fuere invocada a través del incidente de nulidad por defectos absolutos, el art. 169 del CPP, señala: ‘No serán susceptibles de convalidación los defectos concernientes a: … 3) Los que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y en este Código; y, 4) Los que estén expresamente sancionados con nulidad', en consecuencia, las decisiones judiciales u omisiones de procedimiento con inobservancia de la Constitución Política del Estado y del Código de Procedimiento Penal, que causaren agravio a las partes procesales podrán ser impugnadas ante la autoridad judicial con el debido fundamento. Lo que implica que cuando el agraviado alegue nulidad por defectos absolutos, necesariamente deberán ser planteados ante la autoridad jurisdiccional como contralor de garantías y que el procedimiento se desarrolle sin vicios de nulidad'.’”
La SCP 1620/2025-S3 de 25 de noviembre, establece a la acción de libertad, como el mecanismo de defensa “… extraordinario, inmediato, eficaz y sumarísimo, que tiene por objeto la protección de los derechos fundamentales a la libertad física y de locomoción; y, a la vida. Para que el accionante logre la tutela, cese la persecución indebida, se establezcan las formalidades o se restituya su derecho a la libertad, se dispone los siguientes supuestos para su activación, cuando: i) La vida se encuentre en peligro; ii) Exista persecución ilegal o indebida; iii) Haya procesamiento ilegal o indebido; y, iv) Exista privación de libertad indebida”. De lo que se extrae que la naturaleza jurídica y alcance de esta acción tutelar, responden o están definidos por los bienes jurídicos que protege, lo que a su vez determina cuáles los supuestos de activación que determinan su procedencia.
De la pretensión procesal expuesta por el accionante, se advierte que el motivo de la interposición de la presente acción de defensa deviene de una multiplicidad de reclamos en relación a distintas autoridades y funcionarios; por lo que, los mismos serán resueltos conforme corresponda; así:
1) Respecto a que el Juez demandado, el 4 de abril de 2024 emitió mandamiento de aprehensión en su contra, pese a que ya purgó rebeldía; corresponde señalar que de acuerdo al informe presentado por dicha autoridad, la aprehensión fue dispuesta por inasistencia del procesado a la audiencia de 16 de agosto de 2023 -luego de las anteriores purgas de rebeldía- determinando en dicha audiencia que ”..el acusado en reiteradas audiencias inaciste, la última audiencia…se ha declarado Rebelde al inculpado, ahora el abogado que ha presentado memorial de purga de rebeldía del inculpado señala que solo era con el fin de la purga…después desconoce el número de celular, su domicilio…, por otra parte también se ha escuchado que el inculpado estaría en un centro de salud, sin embargo no se tiene ninguna prueba evidente que demuestre o que se manifieste en esta audiencia y conforme establece el art. 129 del procedimiento penal, num. 2) expídase mandamiento de aprehensión en contra del inculpado…” [(sic) fs. 107 a vta.], lo cual a su vez habría dado lugar al decreto de 30 de octubre, ante la representación del mandamiento de aprehensión y la imposibilidad de su ejecución, disponiéndose una nueva orden de emisión del mismo (fs. 15), que derivó en el mandamiento de 4 de abril de 2024 ahora cuestionado (fs. 16), actuaciones que evidencian que el marco de lesividad alegado emerge del contenido de las determinaciones citadas anteriormente por inasistencia reiterada del accionante a las audiencias, y que, a criterio del Juez demandado no se encontraban justificadas. En ese sentido, corresponde señalar que la legalidad o no del despliegue procesal con efecto en una posible restricción de libertad del ahora impetrante de tutela, debe ser verificado necesariamente mediante un análisis y resolución propio de la jurisdicción ordinaria penal, a través de la activación del mecanismo de actividad procesal defectuosa previsto en el art. 169 del CPP, el cual conforme se tiene precisado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se constituye en el medio idóneo, efectivo y oportuno para conocer el reclamo del accionante; por lo que, al no haber sido activado conforme correspondía, se debe denegar la tutela por subsidiariedad. 2) Respecto a que la Secretaria y la Auxiliar codemandadas, asumieron conductas con el objetivo de amedrentar e impedir que su representante sin mandato -esposa-, recabe información del proceso, es aplicable el entendimiento asumido en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional, debido a que el reclamo sobre la conducta asumida por las mismas converge en presuntas irregularidades del debido proceso, que no responde a ninguno de los cuatro presupuestos de activación y procedencia de la acción de libertad en vinculación a los bienes jurídicos que protege; por lo que, sin mayor pronunciamiento corresponde denegar la tutela al respecto. 3) En referencia a que los Fiscales demandados efectuarían una persecución indebida y procesamiento ilegal, dado que no cumplen con lo dispuesto en una anterior acción de libertad, en la que se emitió la Resolución “67-2023”, que le otorgó tutela; se tiene que no es posible atender tal reclamación de incumplimiento de lo dispuesto en una primigenia acción de defensa, dado que, conforme lo establece la reiterada jurisprudencia constitucional “no es posible interponer una acción tutelar para exigir el cumplimiento de un fallo pronunciado en otra acción tutelar” (SC 1237/2010-R de 13 de septiembre); consecuentemente, sobre dichas autoridades demandadas, también se debe denegar la tutela.
4) Respecto a que “el Director de la FELCC que no se debe permitir que materialice lo ilegal con el Mandamiento de Aprehensión” (sic); se debe señalar que esa ambigua alegación respecto a dicha autoridad, sin ninguna vinculación con la emisión y disposición del mandamiento de aprehensión, configura en falta de legitimación pasiva, la jurisprudencia emitida por este Tribunal establece ”… que la acción sea dirigida contra la autoridad, funcionario o persona que cometió el acto ilegal u omisión indebida que atenta contra el derecho a la libertad, o a la vida, ya sea a través de una persecución, procesamiento o detención ilegales o indebida; …” (SCP 0617/2016-S3 de 1 de junio, que a su vez citó a la SC 192/2010-R de 24 de mayo). En el caso, no se advierte que la autoridad policial demandada hubiese causado o participado de las presuntas irregularidades ahora cuestionadas, correspondiendo denegar la tutela. 5) Finalmente en cuanto a la invocación de que su vida está en peligro porque sufre de síndrome vertiginoso crónico, hipocausia derecha y pérdida de la audición, pero no puede acudir a sus controles médicos ni recibir el respectivo tratamiento médico, se debe señalar que no se advierte la existencia de un elemento objetivo que demuestre ser cierto y de inminente realización, y permita ingresar al fondo de su análisis. Al respecto, la SCP 0019/2019-S2, de 15 de marzo, en base a los criterios desarrollados por la jurisprudencia constitucional, precisó: «“(…) debe dejarse establecido que, es la justicia constitucional la que deberá analizar si realmente se está ante una lesión o peligro directo al derecho a la vida tutelable a través de la acción de libertad, pues su sola enunciación no activa el análisis de fondo de esta acción’ (…).”
(…) en el marco de lo instituido en el art. 125 de la CPE, que regula los supuestos de procedencia de la acción de libertad, que, en el caso de acciones de tutela en las que se denuncien amenazas contra el derecho a la vida, las mismas deben ser ciertas y de inminente realización, no pudiendo basarse en hechos subjetivos, sino que deberán ser apreciadas de forma integral en elementos de juicio objetivos que permitan verificar, se reitera, que las amenazas demandadas son reales y que el peligro al que se pone al actor es grave.» Por lo que, sin mayor pronunciamiento, corresponde denegar la tutela sobre esta invocación.
En consecuencia, la Jueza de garantías al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR, la Resolución 28/2024 de 26 de abril, cursante de fs. 115 a 117, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Séptima de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo de ninguna de las varias reclamaciones expuestas en la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1145_2026-S2.pdf · páginas 1 a 7.
Huella digital del PDF (SHA-256): e73936af12e2a8eb1abd9b34c5ab54efae5650f78220e9634566baefb81788a3
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