Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 19 de septiembre de 2025
Deniega la tutela
El ahora demandante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos la libertad personal, al debido proceso y a la defensa; y, al principio de seguridad jurídica; roda vez que, dentro del proceso penal iniciado por el Ministerio Público a denuncia de Juan Marcelo Mayta Huanca, en su contra, por la presunta comisión de diversos delitos -entre ellos resoluciones contrarias a la Constitución, atentados contra dignatarios de Estado, violencia política contra las mujeres, racismo, discriminación y asociación delictuosa-, tras la comunicación del inicio de investigaciones el 11 de noviembre de 2022 y su declaración informativa de 22 de marzo de 2023, los Fiscales de Materia asignados al caso, emitieron imputación formal el 21 de abril de igual año; posteriormente, la autoridad judicial ahora demandada señaló audiencia de medidas cautelares para el 27 del referido mes y año, ordenando que compareciera virtualmente desde el Centro Penitenciario San Pedro de Chonchocoro de La Paz, mientras los demás sujetos procesales asistieron presencialmente; determinación que a su concepto vulneró los principios procesales de oralidad, inmediación, continuidad y contradicción previstos en el art. 113 del CPP, además de contradecir el Instructivo CM-RRHH-SCZ 16/2022 de 29 de marzo, que restringía el uso de la virtualidad a supuestos excepcionales. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 03/2023 de 27 de abril, cursante de fs. 161 a 164, pronunciada por la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia, del Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal Primera de Viacha del departamento de La Paz; y, en consecuencia; DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1145/2025-S3 Sucre, 19 de septiembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 55271-2023-111-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 03/2023 de 27 de abril, cursante de fs. 161 a 164, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Carlos Martín Camacho Chávez, Cristopher Balcázar Jiménez y Jesús Fernando Vaca Bonilla en representación sin mandato de Luis Fernando Camacho Vaca contra Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA I. I.1. Contenido de la demanda Por memorial presentado el 26 de abril de 2023, cursante de fs. 33 a 40 vta., el accionante a través de sus representantes sin mandato expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho: I.1.1. Hechos que motivan la acción Dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público, a instancia de Juan Marcelo Mayta Huanca, en su contra; por la presunta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la constitución y a las leyes, atentados contra el presidente y otros dignatarios de estado, violencia política contra las mujeres, racismo, discriminación, atentados contra la libertad de trabajo, atentados contra la seguridad de los servicios públicos, impedir o estorbar el ejercicio de funciones y asociación delictuosa -previstos y sancionados por los arts. 132, 133, 134, 153, 148 ter, 161 y 281 quinquies y sexies; y 303 del Código Penal (CP)-; el 11 de noviembre de 2022, se informó el inicio de investigaciones ante el Juez de Instrucción Penal de turno de la Capital del departamento de La Paz, y el 22 de marzo de 2023, prestó su declaración informativa policial ante la Fiscal de Materia asignada al caso. Posteriormente, tras cinco meses y catorce días, el “24” de abril del citado año, el Ministerio Público presentó Resolución de imputación formal en su contra. En mérito a ello, la autoridad judicial demandada, mediante providencia de 25 de abril de 2023, señaló audiencia de medidas cautelares para el 27 del mismo mes, disponiendo que compareciera a ese acto procesal de forma virtual desde el Centro Penitenciario San Pedro de Chonchocoro del citado departamento, mientras que los demás sujetos procesales debían asistir de manera presencial; vulnerando con dicha decisión el art. 113 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que regula la programación de las audiencias sobre los principios de oralidad, inmediación, continuidad y contradicción. La determinación de audiencia virtual no consideró el Instructivo CM-RRHH-SCZ 16/2022 de 29 de marzo, emitido por la Encargada Distrital del Consejo de la Magistratura de Santa Cruz, que suspendía la modalidad de teletrabajo salvo casos excepcionales (personas vulnerables, mayores de sesenta y cinco años, embarazadas o con enfermedades crónicas); empero, en su caso, no se cumplía ninguno de dichos presupuestos, tampoco existía impedimento material que imposibilitase su celebración de forma presencial. Por ello, en su caso, al no ser aplicable la excepcionalidad de la audiencia virtual, la decisión asumida por la autoridad judicial demandada de realizarla de la indicada manera, inobservó el principio de inmediación establecido en nuestra normativa legal, que rige la actividad judicial, ocasionando la conculcación de su derecho al debido proceso, al pretender llevarse una audiencia cautelar irregular en su contra. I.1.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados El impetrante de tutela a través de sus representantes sin mandato, denunció la lesión de sus derechos a la libertad personal, al debido proceso y a la defensa; y, al principio de seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 22, 23, 115.I y II, 116, 117, 120, 178.I y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 7.1, 3 y 6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIPCP). I.1.3. Petitorio Solicitó se conceda la tutela impetrad; y en consecuencia, se ordene al Juez de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital de departamento de La Paz, deje sin efecto el decreto de 25 de abril de 2023, que fijó la audiencia cautelar virtual, disponiendo en su lugar la realización de dicho acto procesal de forma presencial, a fin de garantizar el debido proceso y su defensa material. I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías Celebrada la audiencia virtual el 27 de abril de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 151 a 160, se produjeron los siguientes actuados: I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción El peticionante de tutela a través de sus representanes sin mandato, se ratificó de manera íntegra en los términos de su memorial de acción tutelar y ampliando los mismos, en audiencia, señaló que: a) Mediante Resolución de Imputación Formal FIS LPZ-MVBH 012/2023 de 21 de abril y providencia de 25 de igual mes y año, se dispuso la realización de la audiencia de aplicación de medidas cautelares en la modalidad virtual únicamente respecto a su persona, mientras que los demás sujetos procesales debían concurrir de manera presencial; aspecto, que denotaba un trato desigual, generando una violación directa a los principios de inmediación, oralidad, contradicción e igualdad procesal, establecidos en el art. 113 del CPP, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, modificada por la Ley 1226 de 23 de septiembre de igual año; b) La inmediación constituye un principio rector del proceso penal, mediante el cual la autoridad jurisdiccional debe mantener contacto directo con los sujetos procesales durante la audiencia, garantizando así la correcta valoración de los elementos de convicción y la defensa material del imputado; empero, la audiencia virtual, en su caso, rompía con ese principio fundamental, afectando la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva; c) La modalidad virtual no podía convertirse en regla, puesto que el art. 115 de la CPE, garantiza la protección oportuna y efectiva por los jueces, así como el derecho al debido proceso y a la defensa, mientras que el art. 119 de la Norma Suprema reconoce la igualdad de oportunidades en el proceso y el derecho inviolable a la defensa; por ello, el señalamiento realizado por el Juez demandado, al restringir su participación directa implicó una vulneración material a estos mandatos constitucionales; d) La Representación Distrital de Santa Cruz del Consejo de la Magistratura, a través del Instructivo CM-RRHH-SCZ 16/2022, dispuso la suspensión del teletrabajo para el personal jurisdiccional y administrativo, dejando claro que la virtualidad era solo una excepcionalidad aplicable a casos de vulnerabilidad específica, como personas mayores de sesenta y cinco años, embarazadas o con enfermedades crónicas, y no una regla procesal permanente; por lo tanto, no existía razón válida para impedir la realización del citado acto procesal de forma presencial; e) El señalamiento de la audiencia en la modalidad virtual no solo desconoció los principios procesales internos, sino que también transgredió compromisos internacionales asumidos por el Estado boliviano; en ese sentido, el art. 8 de la CADH, consagra el derecho a ser oído con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial; asimismo, la audiencia virtual, al limitar la inmediación del imputado con la autoridad judicial, contradecía esta garantía internacional de debido proceso; y, f) La jurisprudencia constitucional boliviana, ha establecido de manera uniforme que las formas procesales no pueden imponerse por encima de los derechos fundamentales, en particular, se recordaron precedentes en los que el Tribunal Constitucional Plurinacional, enfatizó que las audiencias deben respetar los principios de oralidad e inmediación como garantías del derecho a la defensa. En uso de su defensa material, el ahora accionante señaló que la programación en la modalidad virtual de la audiencia de medidas cautelares afectó directamente su derecho a ejercer defensa plena y personal y que el trato diferenciado respecto de los demás coimputados no tenía sustento jurídico alguno y respondía más bien a una decisión arbitraria de la autoridad judicial demandada. Por otra parte, en la dúplica, refirió que; 1) Hasta el momento fueron comprensivos respecto a la participación de terceros “interesados” en la audiencia; debiendo considerarse, la SC 0975/2013-AL de 27 de agosto, que moduló la SC 204/2012 de 24 de mayo, estableciendo que, por la naturaleza de la acción de libertad, no es admisible la intervención de terceros interesados, a diferencia de lo que ocurre en el amparo constitucional. La jurisprudencia constitucional determina que, en los procesos constitucionales, si un tercero comparece de forma voluntaria y el juez de garantías considera necesaria su presencia, su participación se limita únicamente a plantear solicitudes de aclaración, complementación o enmienda, pero no a contestar ni intervenir de manera plena en el proceso; 2) Dentro de la audiencia ya se escuchó a la abogada del Ministerio de Gobierno, quien acreditó su representación mediante poder; sin embargo, ahora comparece un abogado de nombre Daniel Juniors Mollo Figueroa, supuestamente en representación de un Viceministerio, pero sin haber presentado poder alguno que le otorgue legitimación activa en este caso; por lo que, en la medida en que no se exhiba dicho poder, no es posible verificar la legitimidad de su actuación; y, 3) Solicitó que en aplicación de la jurisprudencia constitucional citada, se limite la participación del mencionado abogado únicamente a lo permitido por la normativa y la jurisprudencia; es decir, a eventuales solicitudes de aclaración, complementación o enmienda, siempre que se verifique la validez de su representación. I.2.2. Informe de la autoridad demandada Mario Elmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital, en audiencia, refirió que: i) En su despacho existe un proceso penal en curso contra el ahora demandante de tutela; en el cual, conforme correspondía, luego de la presentación de la imputación formal por el Ministerio Público, fijó audiencia de medidas cautelares de manera inmediata, tomando en cuenta que el imputado ya se encontraba privado de libertad en otro caso; ii) La determinación de realizar la audiencia de forma virtual se basa en instructivas emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia durante la pandemia por el COVID-19, las cuales facultaron a los distintos distritos judiciales a disponer audiencias virtuales o presenciales según la situación sanitaria; ii) En el departamento de La Paz, no existía una disposición expresa que hubiese dejado sin efecto las medidas de virtualidad y que, por el contrario, incluso recientemente el Ministerio de Salud reportó un incremento de contagios con nuevas variantes; por ello, la audiencia virtual se ajusta a la normativa y protocolos vigentes, sin que pueda considerarse una vulneración de derechos fundamentales; iii) La acción de libertad está siendo utilizada de manera indebida; ya que, el ahora solicitante de tutela no agotó los recursos ordinarios disponibles; puesto que, planteó recurso de reposición contra el decreto que dispuso la modalidad virtual, mismo que fue resuelto y rechazado; en ese sentido, conforme al principio de subsidiariedad excepcional, la justicia constitucional no debe reemplazar la vía ordinaria cuando existen mecanismos legales para reclamar; iv) No corresponde que sea considerado sujeto pasivo de la acción de libertad, puesto que él no ha dictado la normativa que regula la realización de audiencias virtuales; esas disposiciones provienen de autoridades superiores en el marco de la pandemia; bajo ese criterio, no se le puede atribuir la vulneración de derechos alegada por el peticionante de tutela; v) Su actuación busca garantizar una justicia pronta y oportuna, tal como lo exige el art. 314 del CPP, que le obliga a dar celeridad a los incidentes y a resolver con prioridad la situación jurídica de las personas privadas de libertad; en consecuencia, solicitó se deniegue la tutela constitucional; ya que, su conducta se enmarca en la normativa vigente y no vulnera derecho alguno. I.2.3. Intervención de los terceros intervinientes Carlos Eduardo del Castillo del Carpio, en ese entonces Ministro de Gobierno, a través de sus representantes, refirió que: a) Conforme a la SCP 0975/2013 de 27 de agosto, se reconoce la participación de terceros interesados en procesos constitucionales, incluso con la posibilidad de producir prueba ante el Juez de garantías en virtud del art. 115 de la CPE; b) En un proceso paralelo tramitado en la ciudad de Santa Cruz, con idénticos fundamentos vinculados a la supuesta vulneración del principio de inmediación, el Juez de garantías denegó la acción de libertad interpuesta; c) En el proceso penal ordinario seguido contra el ahora accionante se presentó imputación formal con solicitud de ampliación de la detención preventiva, cuya audiencia se celebró con participación del Ministerio de Gobierno, habiéndose remitido a despacho judicial memoriales, la imputación formal, el memorial de ampliación de detención preventiva y notas de prensa relacionadas; y, d) El art. 113 del CPP, modificado por la Ley 1173, faculta la realización de audiencias mediante videoconferencia, siendo esta disposición de carácter vinculante y prevalente sobre cualquier circular administrativa del Tribunal Supremo de Justicia; por lo cual, solicitó se deniegue la acción de libertad, al no cumplirse los presupuestos previstos en el artículo 125 de la CPE. El Jefe de Unidad del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, en audiencia de garantías, señaló que, intervino en ese acto procesal, al haberse enterado de manera extraoficial de la realización del mismo, esa Cartera de Estado, a través de dicha Unidad, se encuentra apersonada en condición de víctima coadyuvante y querellante institucional tanto en el Ministerio Público como en el Órgano Jurisdiccional, desde el 20 de marzo de 2023, en ese sentido, la SC 0030/2005 de 10 de enero, establece que, cuando un tercero se presenta voluntariamente en una audiencia, bajo el principio de verdad material, es atendible que se le escuche; asimismo, acorde al art. 31 de del Código Procesal Constitucional (CPCo), solicitó que, en atención a su apersonamiento previo dentro del proceso que dio lugar a la acción de libertad, se le permita participar en la audiencia y exponer su posición de manera puntual y concreta. La Viceministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, en uso de la palabra, ratificó su presencia en audiencia, refiriendo que: 1) En su calidad de autoridad ejecutiva, no requería poder adicional para participar, habiéndose además remitido previamente documentación acreditativa consistente en la Resolución Suprema de designación, cédula de identidad funcional de servidor público y apersonamientos presentados ante el Ministerio Público y el órgano jurisdiccional; 2) El impetrante de tutela presentó con “fecha actual” un recurso de reposición y un incidente de nulidad de imputación, los cuales aún se encuentran pendientes de resolución por el juez de la causa; situación por la cual, acorde al principio de subsidiariedad, corresponde al juez ordinario resolver dichos recursos, encontrándose dentro del plazo legal para su tramitación; por lo que, la acción de libertad no puede suplir decisiones judiciales aún no adoptadas; 2) La determinación de si la audiencia se llevaría a cabo de forma presencial o virtual depende de la autoridad judicial, considerando que la Ley 1173, modificó del art. 113 de la norma procesal penal, habilitando la celebración de audiencias por videoconferencia; por lo cual, el verificativo programado -para esa fecha- se desarrolló de forma virtual, permitiendo la participación de los abogados defensores y demás personas que apoyan al ahora impetrante de tutela, sin que ello constituya vulneración de derechos; 3) Las disposiciones a las que alude el demandante de tutela, emitidas por el Tribunal de Departamental de Justicia de Santa Cruz, no resultan vinculantes para el distrito judicial de La Paz; ya que, la normativa local no establece obligatoriedad de presencialidad; y, 4) Solicitó que la acción de libertad sea rechazada; ya que, no puede suplir actos judiciales pendientes de resolución, considerando asimismo que su interposición resulta dilatoria. I.2.3. Resolución La Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia, del Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal Primera de Viacha del departamento de La Paz, constituido en Jueza de garantías, mediante la Resolución 03/2023 de 27 de abril, cursante de fs. 161 a 164, denegó la tutela impetrada, bajo los siguientes fundamentos: i) El solicitante de tutela mediante su memorial de acción de libertad y la exposición de su abogado en aquella audiencia, denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso, seguridad jurídica y derecho a la defensa, señalando que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Juan Marcelo Mayta Huanca, en su contra; por la presunta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las Leyes, atentados contra el Presidente y otros dignatarios de Estado y violencia política contra las mujeres, la autoridad judicial demandada dispuso la realización de la audiencia de medidas cautelares de manera virtual para el ahora peticionante de tutela y presencial para los demás sujetos procesales, circunstancia que vulneró el art. 113 del CPP, que establece que las audiencias penales deben realizarse bajo los principios oralidad, inmediación, continuidad y contradicción; ii) La jurisprudencia constitucional ha señalado de manera reiterada que la acción de libertad procede únicamente cuando la vulneración denunciada constituye la causa directa de la supresión o restricción del derecho a la libertad personal; así, la SCP 0345/2016-S2 de 18 de abril, establece que la tutela del derecho al debido proceso por esta vía se limita a los supuestos en que afecte directamente la libertad, requiriéndose además un estado de indefensión que impida acceder a otra vía procesal, de manera similar, la SCP 0204/2018-S2 de 22 de mayo, reiteró que este mecanismo constitucional solo es procedente cuando los actos lesivos impiden el acceso a mecanismos ordinarios de defensa; iii) En el caso concreto, se constató que el impetrante de tutela conoció la investigación en su contra, se presentó a declarar y fue notificado con la imputación formal, contando con todos los mecanismos de defensa previstos en el ordenamiento jurídico; situación por la cual, no se cumplen los presupuestos jurisprudenciales para activar la acción de libertad por vulneración al debido proceso; iv) Respecto a la modalidad de la audiencia de medidas cautelares, la forma de participación, sea virtual o presencial, no afecta el derecho a la defensa material del ahora accionante, quien puede ejercerlos plenamente a través de los mecanismos intraprocesales existentes; la simple determinación de modalidad no constituye causa directa de restricción de la libertad, conforme a lo previsto en el art. 113 del CPP, modificado por la Ley 1173, que permite la realización de audiencias por videoconferencia, siempre que se adopten las medidas necesarias para garantizar la defensa; v) La Circular 07/2022, emitida por el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, aclarada posteriormente mediante comunicado aclaratorio, dispone que los jueces pueden realizar audiencias presenciales y/o virtuales, respetando protocolos de bioseguridad y aforo, quedando a discrecionalidad de la autoridad judicial decidir la modalidad más adecuada; por consiguiente, la decisión de que la audiencia de medidas cautelares se lleve a cabo de manera virtual no puede interpretarse como vulneración del debido proceso; vi) Respecto al pronto despacho, el impetrante de tutela no se encuentra privado de libertad en el proceso que motiva la presente acción de defensa, sino que se halla pendiente de audiencia de medidas cautelares derivada de la Resolución 012/2023 del 21 de abril; por lo tanto, no se configura retraso indebido que justifique la activación de la acción de libertad bajo este fundamento; vii) No se acreditó la vulneración de los derechos a la libertad, vida o integridad personal del ahora demandante de tutela, ni fueron cumplidos los requisitos para tutelar la presunta vulneración al debido proceso mediante la acción de libertad; por lo que, no resulta procedente la solicitud planteada. A la solicitud de explicación, complementación y aclaración de la Resolución emitida, por parte del peticionante de tutela, alegando que la autoridad judicial demandada estaría incurriendo en irregularidades durante las audiencias virtuales, tales como apagar los micrófonos, desconectar a los abogados y limitar la participación plena en la defensa técnica; asimismo, que no se habría considerado el acceso al cuaderno de investigaciones ni al expediente procesal, así como los principios y buenas prácticas para personas privadas de libertad reconocidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otras normas internacionales aplicables, invocando la jurisprudencia de la SCP 0010/2010-R de 6 de abril, sobre bloque de constitucionalidad y respeto a derechos fundamentales. En sustanciación y resolución, la Jueza de garantías refirió que las decisiones adoptadas por la autoridad jurisdiccional se encuentran regidas por el Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias inherentes al poder disciplinario en audiencias en materia penal, conforme lo establece el art. 5 del mencionado Reglamento; en este sentido, ante la presunta ocurrencia de irregularidades durante la conducción de audiencias virtuales, el abogado de la parte ahora accionante cuenta con la vía legal correspondiente para acudir ante la autoridad competente, debiendo agotar los mecanismos previstos en la normativa disciplinaria y procesal aplicable.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Resolución de Imputación Formal FIS LPZ-MVBH 012/2023 de 21 de abril, presentada Magaly Bustamante Herbas y Bready Gastón Mostajo Balderrama, Fiscales de Materia, dentro del caso signado bajo el Código Único de Denuncia (CUD) 201102012208950, seguido por el Ministerio Público contra Luis Fernando Camacho Vaca -ahora impetrante de tutela- por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, resoluciones contrarias a la constitución y a las leyes, racismo, discriminación, atentados contra la libertad de trabajo, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, impedir o estorbar el ejercicio de funciones y asociación delictuosa, desórdenes o perturbaciones públicas -arts. 132, 133, 134, 148 ter, 153, 161, 214, 281 quinquies y sexies; y, 303 del CP-, solicitando que al concurrir los riesgos procesales establecidos en los arts. 233.1 y 2, relacionados al 234.1, 2 y 6, y 235.2 del CPP, se aplique la detención preventiva por el lapso de seis meses (fs. 2 a 22). II.2. Por decreto de 25 de abril de 2023, Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandado-, programó audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares contra el impetrante de tutela para el 27 de abril de 2023 a horas 14:00, bajo la modalidad virtual, debiendo a ese efecto los sujetos procesales conectarse a la sala de audiencia (fs. 32).
El ahora demandante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos la libertad personal, al debido proceso y a la defensa; y, al principio de seguridad jurídica; roda vez que, dentro del proceso penal iniciado por el Ministerio Público a denuncia de Juan Marcelo Mayta Huanca, en su contra, por la presunta comisión de diversos delitos -entre ellos resoluciones contrarias a la Constitución, atentados contra dignatarios de Estado, violencia política contra las mujeres, racismo, discriminación y asociación delictuosa-, tras la comunicación del inicio de investigaciones el 11 de noviembre de 2022 y su declaración informativa de 22 de marzo de 2023, los Fiscales de Materia asignados al caso, emitieron imputación formal el 21 de abril de igual año; posteriormente, la autoridad judicial ahora demandada señaló audiencia de medidas cautelares para el 27 del referido mes y año, ordenando que compareciera virtualmente desde el Centro Penitenciario San Pedro de Chonchocoro de La Paz, mientras los demás sujetos procesales asistieron presencialmente; determinación que a su concepto vulneró los principios procesales de oralidad, inmediación, continuidad y contradicción previstos en el art. 113 del CPP, además de contradecir el Instructivo CM-RRHH-SCZ 16/2022 de 29 de marzo, que restringía el uso de la virtualidad a supuestos excepcionales. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Con relación a la tutela del derecho acusado, la SCP 0490/2019-S2 de 9 de julio, efectuó el siguiente entendimiento:
“A partir de lo señalado precedentemente, corresponde efectuar un examen de la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional sobre el procesamiento indebido y su protección vía acción de libertad. Así, cabe mencionar como antecedente a la SC 0024/2001-R de 16 de enero, que estableció que la protección al debido proceso a través del entonces recurso de habeas corpus, era viable solamente en aquellos casos en los cuales exista directa causalidad con la libertad personal o de locomoción, es decir, cuando los actos u omisiones denunciados sean la causa directa para la restricción o supresión del derecho a la libertad. Posteriormente, la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, refirió que las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien fue objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y solo agotados éstos, es posible acudir a la justicia constitucional a través del entonces recurso de amparo constitucional, al ser el medio idóneo para precautelar las lesiones al debido proceso, salvo que se constate que a consecuencia de dichas violaciones, se colocó al accionante en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad. Los criterios señalados fueron sistematizados en la SC 0619/2005-R de 7 de junio indicando que para la tutela del debido proceso a través del entonces recurso de hábeas corpus, debían concurrir los siguientes requisitos: 1) Los actos u omisiones denunciados debían estar vinculados con la libertad y ser causa directa para su supresión o limitación; y, 2) Debía existir absoluto estado de indefensión, impidiéndoles impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso. Este entendimiento fue seguido por la jurisprudencia constitucional hasta su modulación por la SCP 0217/2014 de 5 de febrero, en la que, a partir de una interpretación sistemática y teleológica de los arts. 115.II, 125, 178.I y 180.I de la CPE con relación al art. 46 del CPCo, a la luz del principio de favorabilidad y la fuerza expansiva de los derechos fundamentales, estableció en el Fundamento Jurídico III.1, que: …Efectivamente, debe considerarse, por un lado, que los supuestos de procedencia de la acción de libertad señalados en el art. 125 de la CPE y el art. 47 del CPCo, y cuando se hace referencia al indebido procesamiento, en ningún momento se condiciona la procedencia la vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal. En ese entendido, bajo una interpretación literal de dichas normas, pero también atendiendo a una interpretación teleológica de las mismas, debe señalarse que la garantía del debido proceso en materia penal es tutelable por la acción de libertad, aún no exista una vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal, siendo suficiente la existencia de una relación indirecta con dicho derecho ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone (…) [resaltado añadido]. Asimismo, la misma Sentencia señaló que: “…las lesiones al debido proceso en materia penal en aquellos casos en los que se colocó al accionante en absoluto estado de indefensión o cuando éste agotó los medios de impugnación intra procesales, son susceptibles de la tutela constitucional que brinda la acción de libertad”.
Sin embargo, posteriormente la SCP 1609/2014 de 19 de agosto recondujo la línea al criterio restrictivo; es decir, a la exigencia de la directa causalidad entre el acto u omisión denunciados como lesivos y la libertad; y, la existencia de absoluto estado de indefensión. Ahora bien, efectuando un examen de la línea jurisprudencial en cuanto al procesamiento indebido en las acciones de libertad, el estándar jurisprudencial más alto se encuentra contenido en la SCP 0217/2014, por cuanto no limita la protección de la garantía del debido proceso vía acción de libertad a la existencia de indefensión absoluta y vinculación directa con el derecho a la libertad, sino -como se tiene señalado-establece que es posible la protección de la garantía del debido proceso, dentro de los procesos penales, aun no exista una vinculación directa con el derecho a la libertad, siempre que se hubieren agotado los medios intraprocesales de impugnación, salvo los supuestos de indefensión absoluta, en los cuales no se exige el agotamiento previo de las vías de impugnación existentes. De conformidad a lo anotado, se entiende que las subreglas aplicables en materia de procesamiento indebido vía acción de libertad, deberían ser las siguientes: La garantía del debido proceso en materia penal es tutelable por la acción de libertad, cuando: i) Exista vinculación directa o indirecta con el derecho a la libertad física o personal, ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone; y, ii) Se hubieren agotado los medios de impugnación dentro del proceso penal, siempre que estos sean idóneos, específicos y aptos para restituir de forma inmediata los derechos que se encuentran en el ámbito de protección de la acción de libertad; salvo indefensión absoluta del accionante, supuesto en el cual, la acción de libertad podrá ser formulada de manera directa”.
Con el propósito de garantizar el acceso a la justicia en situaciones de necesidad o crisis, el legislador boliviano ha previsto la incorporación de Tecnologías de la Comunicación e Información, dirigidas a dinamizar el proceso judicial, así como al desarrollo de las audiencias judiciales en las diferentes materias. Así, el art. 121.I de la Ley del Órgano Judicial -Ley 025-establece la incorporación de nuevas tecnologías, en las prácticas jurisdiccionales puesto que dicha norma establece que los “Los tribunales y juzgados, podrán utilizar medios informáticos, electrónicos, magnéticos, archivos de imagen, programas, bancos de datos y otras aplicaciones de medios que posibiliten la tecnología para garantizar la autenticidad, integridad y seguridad de la documentación y las actuaciones procesales”.
Por su parte, el art. 7 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, modifica el art. 113 del CPP, estableciendo que “La jueza, el juez o tribunal podrá disponer que la audiencia se lleve a cabo mediante video conferencia precautelando que no se afecte el derecho a la defensa, debiendo las partes adoptar las previsiones correspondientes, para garantizar la realización del acto procesal”; dicha previsión legal permite la realización de una audiencia virtual dentro del proceso, siempre y cuando no se afecte el ejercicio del derecho a la defensa, no resulte contrario a los principios de contradicción e inmediación; y cuando las condiciones de conectividad permitan su realización. Con relación a esta temática, la jurisprudencia constitucional, a través de la SCP 0811/2025-S3 24 de julio, señala que “Según la SCP 0867/2021-S4 de 17 de noviembre, sentó en el siguiente entendimiento: “Sobre dicha normativa, esta Sala asumió que: ‘…la finalidad del nuevo sistema penal boliviano, y las disposiciones del Tribunal Supremo de Justicia, se tiene que, ante la emergencia sanitaria por la pandemia del covid-19, los operadores de justicia, no podrían justificar una dilación en la tramitación de solicitudes vinculadas con el derecho a la libertad, ello en virtud, de que los mismos cuentan con herramientas digitales que efectivizan estas actuaciones procesales, en procura de garantizar el debido proceso en vinculación con la máxima constitucional de acceso a la justicia’” (SCP 0707/2020-S4 de 12 de noviembre [las negrillas corresponden al texto original]). En el fallo comentado, esta Sala, concluyó que “el señalamiento de audiencia con carácter virtual no es irregular; al contrario, se encuentra reconocido por el sistema de justicia penal”. Finalmente, la realización de las audiencias en materia penal en la modalidad virtual se hallan permitidas por la legislación procesal penal, y su aplicación, no es, per se, contraria a los principios de inmediación y contradicción; en todo caso, su realización resulta válida en la medida que no afecte el ejercicio pleno del derecho a la defensa de las partes, la aportación de las pruebas y la alegación en condiciones de igualdad; siempre y cuando las condiciones de conectividad garanticen el ejercicio de tales derechos, así como la contradicción e inmediación.
El impetrante de tutela refiere que, ante la presentación de la imputación formal en su contra, la autoridad judicial ahora demandada, indebidamente, programó audiencia cautelar disponiendo su comparecencia virtual desde el Centro Penitenciario San Pedro de Chonchocoro de La Paz, mientras los demás sujetos procesales “debían asistir de forma presencial”, decisión que consideró contraria a los principios de oralidad, inmediación y contradicción del art. 113 del CPP y al Instructivo CM-RRHH-SCZ 16/2022 de 29 de marzo, emitido por el “Consejo de la Magistratura de Santa Cruz”, que restringía las audiencias virtuales a casos excepcionales. Por otra parte, el ahora solicitante de tutela, en la audiencia de la presente acción tutelar, añadió que la petición de audiencia presencial se debió a que la autoridad judicial demandada incurría en irregularidades en audiencias virtuales como apagar micrófonos, desconectar a los abogados y limitar su defensa técnica y que tampoco se le habría garantizado el acceso al cuaderno de investigaciones ni al expediente. Asimismo, invocó los principios y buenas prácticas para personas privadas de libertad reconocidos por la CIDH, otras normas internacionales aplicables y la jurisprudencia de la SC 0010/2010-R, relativa al bloque de constitucionalidad, afirmando que tales circunstancias vulneraban sus derechos a la tutela judicial efectiva, al debido proceso, a la igualdad de oportunidades y a la defensa previstos en los arts. 115 y 119 de la CPE; por lo que, pidió tutela constitucional. Ahora bien, de los antecedentes procesales contenidos en las Conclusiones de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que dentro del caso identificado con CUD 201102012208950, el Ministerio Público, mediante Resolución de Imputación Formal FIS LPZ-MVBH 012/2023 de 21 de abril, promovió acción penal contra Luis Fernando Camacho Vaca -ahora accionante- por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, racismo, discriminación, atentados contra la libertad de trabajo, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, impedir o estorbar el ejercicio de funciones, asociación delictuosa y desórdenes o perturbaciones públicas, previstos en los -arts. 132, 133, 134, 148 ter, 153, 161, 214, 281 quinquies y sexies; y, 303 del CP-, en relación con el art. 20 del mismo cuerpo normativo. Según la imputación formal, la Fiscalía atribuyó al ahora impetrante de tutela haber desplegado una serie de conductas vinculadas al denominado paro cívico indefinido desarrollado en el departamento de Santa Cruz, entre el 22 de octubre y el 25 de noviembre de 2022; refiriendo que, en el marco de dicha medida, se habrían producido hechos violentos, agresiones, ataques a derechos fundamentales, daños a servicios públicos, muertes, lesiones graves, bloqueos, impedimento de tránsito, afectación al derecho al trabajo, actos discriminatorios y atentados contra instituciones y funcionarios públicos; el Ministerio Público concluyó que existían suficientes elementos de convicción que fundaban la imputación formal y atribuían al demandante de tutela la calidad de autor mediato, conforme a la teoría del “autor detrás del autor”; solicitando en consecuencia, la aplicación de medidas cautelares de la detención preventiva por el plazo de seis meses, en atención a la concurrencia de los arts. 233.2; 234. 1, 2 y 6; y 235.2 del CPP. Recibida la imputación formal, el Juez de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandado-, mediante decreto de 25 de abril de 2023, dispuso tener presente la imputación formulada por el Ministerio Público y ordenó la notificación del imputado conforme al art. 163.1 y 2 del CPP, modificado por la Ley 1173. Asimismo, en cumplimiento del art. 314 del citado Código, modificado también por la Ley 1173, se ordenó la notificación de las partes para que dentro del plazo de diez días presenten los medios de defensa que estimen pertinentes en ejercicio de sus derechos y atendiendo la solicitud fiscal, la autoridad judicial demandada, señaló audiencia de consideración de medidas cautelares contra el solicitante de tutela para el 27 de abril de 2023 a horas 14:00, disponiendo que la misma se lleve a cabo bajo la modalidad virtual, debiendo los sujetos procesales conectarse a la respectiva sala de audiencia. Del contenido del referido decreto de 25 de abril de 2023, no se advierte que la autoridad ahora demandada hubiera dispuesto la modalidad virtual únicamente para el ahora peticionante de tutela y presencial para los demás sujetos procesales; puesto que, en dicha determinación se señala “debiendo a ese efecto los sujetos procesales conectarse a la sala de audiencia” (sic); por lo cual, no es evidente que el Juez ahora demandado haya proferido un trato diferenciado al ahora accionante con relación a las demás partes del proceso; tampoco cursa en antecedentes de la presente acción tutelar otra determinación en la que se haya modificado dicha determinación en los términos vertidos por el impetrante de tutela; es decir que, la audiencia se desarrolle de manera virtual para el accionante y presencial para los demás sujetos procesales; por lo que, no se advierte que en referido señalamiento se haya vulnerado el derecho al debido proceso en su elemento derecho a la igualdad de trato. Por otra parte, conforme se desarrolla en el Fundamento Jurídico III.3. del presente fallo constitucional, la realización de las audiencias virtuales dentro del proceso penal, no infringe el art. 133 del CPP, modificado por la Ley 1173; por el contrario, dicha norma reconoce la facultad potestativa de la autoridad jurisdiccional de disponer la modalidad de videoconferencia, es decir la realización de la audiencia de forma virtual, la cual, por si misma no es necesariamente contraria a la los principios de oralidad, inmediación y contradicción, cabe acotar que, en mérito al principio de jerarquía normativa previsto en el art. 410 de la CPE, el Instructivo CM-RRHH-SCZ 16/2022 de 29 de marzo, que hubiese emitido la Dirección Distrital del Consejo de la Magistratura de Santa Cruz, no constituye un óbice para el ejercicio de las facultades potestativas de la autoridad jurisdiccional sobre sus actuaciones -como el señalamiento de audiencias-; el verificativo de la audiencia virtual, está condicionado a que se den las condiciones técnicas; en el caso ahora examinado, el peticionante de tutela alega inconvenientes referidos a las malas prácticas en esta modalidad de audiencias, como el apagado de micrófonos, la desconexión de abogados u otros, empero, no ha acreditado tales aspectos, en particular, la interrupción de la intervención de los abogados exceda la poder disciplinario que tiene los jueces en el desarrollo de las audiencias; es decir, no existe evidencia cierta que demuestre la existencia de motivos razonables suficientes para considerar que no resultaba conveniente el verificativo en de la audiencia en la modalidad virtual; razón por la cual, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Jueza de garantías al denegar la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 03/2023 de 27 de abril, cursante de fs. 161 a 164, pronunciada por la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia, del Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal Primera de Viacha del departamento de La Paz; y, en consecuencia; DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1145_2025-S3.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): 68f236197267860fd2079835fd390d52a48a633e4ce300b71c3465d0b97f8a81
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