Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 19 de septiembre de 2025
Concede la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al acceso a la justicia, a la vida, a vivir libre de violencia, a la integridad, al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación; por cuanto, las autoridades demandadas no realizaron sus investigaciones en el marco de la debida diligencia, ni actuaron con perspectiva de género, así: a) la denuncia que por violencia psicológica presentó en contra de Juan Marcelo Mercado Paz, fue rechazada por la Fiscal de Materia demandada Teresa Apaza Catarí, quién no cumplió con medidas de protección que dispuso a su favor, no realizó los actos de investigación, no recibió la declaración informativa del sindicado, no dio curso a los a los actos de investigación que solicitó, como tampoco actuó con celeridad a la objeción de rechazo que presentó, ni fundamento su determinación, ni valoró en forma razonable el informe psicológico; y, b) la denuncia que Juan Marcelo Mercado Paz presentó en su contra por supuestas lesiones leves y graves, ha dado lugar a que el Fiscal de Materia codemandado -Gustavo Valdez Aguayo- requiriera imputación formal, sin investigar el contexto de violencia que vive, que quedó en evidencia en su declaración informativa que ni consideró, siendo el único elemento que valoró un certificado médico de incapacidad de cuatro días; por lo que, solicitó se conceda tutela y en consecuencia se disponga: 1) Cumplan con su deber de ejercer la debida diligencia de actos investigativos, analizando los hechos desde una perspectiva de género; y, 2) Se ordene la reparación integral de todos sus derechos lesionados. En cons…
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 45/2023 de 21 de abril, cursante de fs. 232 a 237, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia:
1º CONCEDER en todo la tutela impetrada, por desconocer un debido procesamiento, debiendo aplicar las autoridades demandadas el enfoque integral y de contexto del problema jurídico, como actuar con la debida diligencia, con base en los fundamentos jurídicos señalados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2º Disponer que la Fiscal de Materia Teresa Apaza Catari, cumpla lo determinado por el Juez de garantías; y que el Fiscal de Materia Gustavo Valdez Aguayo, debe aplicar el enfoque integral y de contexto del problema jurídico, como actuar con la debida diligencia en el caso sometido a su conocimiento, con base en los fundamentos jurídicos señalados en el presente fallo constitucional; y,
3º Exhortar a las autoridades no judiciales demandadas, así como a las autoridades judiciales, que conozcan la tramitación de los procesos penales que motivó la presente tutela, que se encuentran vinculados, que tengan presente la prohibición de revictimización y la máxima oficiosidad durante el desarrollo de la etapa investigativa, como de la tramitación de todo el proceso penal.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1144/2025-S3 Sucre, 19 de septiembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 55226-2023-111-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 45/2023 de 21 de abril, cursante de fs. 232 a 237, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Mirian Daza Fernández contra Teresa Apaza Catarí, Fiscal de Materia de la Fiscalía Departamental de La Paz; y, Gustavo Valdés Aguayo, Fiscal de Materia de la Fiscalía especializada en delitos contra la integridad personal del citado departamento.
Por memorial presentado el 20 de abril de 2023, cursante de fs. 191 a 205, la accionante manifestó lo siguiente:
El año 2020 conoció a Juan Marcelo Mercado Paz y tuvo una relación sentimental que duró aproximadamente tres meses, posteriormente le prestó dinero que se negó a devolverle, además de agredirla psicológicamente al decirle vieja, neurótica, que nadie la va a querer, que solo él era su oportunidad. En 16 de noviembre de 2022, la citó en la Iglesia de los Remedios y en su auto la insultó, le dijo loca, ladrona, esquizofrénica, que era influyente y conocía a autoridades, cuando quiso bajarse le mostró una caja donde había un revolver dorado y con terror salió del auto como pudo. En Miraflores el 1 de diciembre de 2022 a horas 13:00, cerca del Hipermaxi se encontró con su ex pareja, quién la insultó como: ladrona, estafadora, te has metido con mis hijos, vas a llorar hasta que no tengas lágrimas, nerviosa se entró al Restaurante Don Pollo, llamó a su prima quién con su hija la auxilió, al salir nos siguió, filmó e insultándolas la amenazó con hundirla. Por dichos actos, ese mismo día, es decir el 1 de diciembre de 2022, presentó denuncia en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV) contra su agresor; y por requerimiento fiscal de 5 de diciembre de 2022, se dictó medidas de protección a su favor como que el agresor se someta a terapia, prohibición de acercarse y otras, con las que sin embargo nunca se lo notificó; ante la no protección del Estado, éste persistió con las amenazas y agresiones, como se advierte cuando el mismo pegó carteles con adjetivos denigrantes en inmediaciones de su barrio, Tribunal Electoral, Colegio de Abogados y otros. En el desarrollo de la investigación, Teresa Apaza Catari, Fiscal de Materia cumplió con actos de investigación en forma parcial, como se evidenció en el informe de 8 de febrero de 2023, efectuado por el investigador asignado al caso; su agresor fue citado por cédula el 9 de febrero de 2023, para que preste su declaración informativa el 15 de ese mes y año, a la cual no se hizo presente; por lo que, se emitió mandamiento de aprehensión en su contra que nunca llegó a ejecutarse. El Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, el 17 de febrero de 2023, conminó a la Fiscal de Materia, emita resolución conclusiva de investigación preliminar; ante la falta de realización de actos de investigación, el 28 de febrero de 2023, propuso la realización de algunos; pero en 9 de marzo de 2023, en cumplimiento del plazo establecido en el auto de control jurisdiccional, la Fiscal demandada presentó Resolución de rechazo 37/2023; decisión que fue objetada, remitiéndose antecedentes ante el Fiscal Departamental de La Paz, aunque hasta la fecha de la presentación de la acción tutelar -20 de abril de 2023- no se hizo esa remisión, pese a su objeción. Con esas actuaciones, hubo ausencia en la celeridad de la investigación, no se actuó con debida diligencia al no disponer otros actos de investigación, tampoco efectuó una correcta dirección del proceso, emitiendo una resolución plagada de sesgos de género. De manera paralela a su denuncia, su agresor el 1 de diciembre de 2022, presentó otra denuncia en su contra, alegando que con su prima habrían ejercido violencia física; el Fiscal que inicialmente conoció el caso dispuso valoración médico forense, habiéndole otorgado cuatro días de incapacidad. En este caso cuando se la citó, esta prestó su declaración informativa, explicando la situación de violencia en la que se encontraba, como mujer sola y viuda; sin embargo, esa declaración no fue tenida en cuenta por el Fiscal de Materia -Gustavo Valdez Aguayo-, quién sin efectuar investigación alguna sobre la situación de violencia en la que se encontraba, emitió el requerimiento de 25 de enero de 2023, por el que presentó resolución de imputación formal en su contra, por la supuesta comisión de lesiones graves y leves, dándose credibilidad a su agresor, sin considerar el contexto de violencia que sufre, sin ni siquiera requerir información sobre la denuncia que efectuó, siendo insuficiente un examen médico forense, que no ofreció ningún elemento de convicción sobre su participación en tal acto. Por ello, afirma que se evidenció la falta de investigación en el marco del principio de objetividad y perspectiva de género, que también se aplica cuando la mujer es imputada, no habiéndose analizado el contexto de la violencia examinando la situación de subordinación en la que se encuentra la mujer. En su actuación, dichas autoridades incumplieron con su deber de la debida diligencia y vulneraron sus derechos al acceso a la justicia, una vida libre de violencia e integridad personal, no aplicaron la perspectiva de género en la investigación de la denuncia que presentó, así como en la investigación seguida en su contra, incumpliendo su obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar la violencia en razón de género, desconociendo los estándares del sistema universal e interamericano de protección de los Derechos Humanos, así como la jurisprudencia constitucional en el ámbito de lo razonado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0033/2013 -derecho a la vida-; 0019/2918-S2 y 0017/2019-S2 -vida digna libre de violencia, no siendo aplicable la subsidiaridad, el deber de la debida diligencia-; 0064/2018-S2 -obligación de las autoridades de aplicar una perspectiva de género-. Asimismo, las determinaciones de las autoridades demandadas no han sido fundamentadas ni motivadas; toda vez que, no se encuentran sometidas a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad, por lo que son resoluciones con motivación insuficiente, desconociéndose la jurisprudencia constitucional establecida mediante las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0112/2010-R, 1471/2012 -fundamentación y motivación son parte del debido proceso-; 0683/2013 -con relación a la motivación-; 0802/2007-R -contenido esencial-; 0014/2018-S2 -sistematización del derecho de fundamentación en cuanto al contenido esencial, arbitrariedad de una decisión sin motivación y relevancia constitucional-.
La accionante denunció la lesión de su derecho de acceso a la justicia, a la vida, a vivir una vida libre de violencia, a la integridad personal, al debido proceso en su elemento fundamentación y motivación, citando al efecto los arts. 13, 15, 115.II, 117 y 125 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga que: a) La Fiscal de Materia -Teresa Apaza Catarí- cumpla con el deber de la debida diligencia realizando actos investigativos necesarios y disponga ejecución de las medias de protección dispuesta a su favor; b) el Fiscal Gustavo Valdez Aguayo, antes de emitir requerimientos analice hechos desde una perspectiva de género; y, c) La reparación integral de sus derechos.
Celebrada la audiencia pública el 21 de abril de 2023, según consta en acta cursante de fs. 223 a 231, se produjeron los siguientes actuados:
La parte accionante a través de sus abogadas, reitero íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, manifestó que: 1) La Fiscal demandada Teresa Apaza Catari, pronunció Resolución de rechazo de su denuncia: 1.i.) Las medidas de protección de 5 de diciembre nunca fueron cumplidas, porque no se citó al agresor quién tuvo la oportunidad de esconderse, quedando la víctima en desprotección, al extremo que continuó recibiendo amenazas y empapelo con panfletos la ciudad difamándola y mellando su dignidad; 1.ii.) No cumplió con los ocho días de investigación; 1.iii.) El funcionario policial identificó cámaras, pero no recabó una copia de las grabaciones; 1.iv.) La propia parte accionante solicitó actos de investigación, pese a que no tenía la obligación de hacerlo, pero tampoco se dio curso a los mismos; 1.v.) No se recopiló los antecedentes penales del agresor, que tiene muchos por violencia sexual y otras barbaridades; 1.vi.) Al rechazo de su denuncia, no se guardó debida diligencia y celeridad, en la remisión de su objeción al Fiscal Departamental, no pudiendo operar ninguna subsidiaridad; 1.vii.) No fundamentó su Resolución de rechazo, pues no puede ampararse en su propia negligencia en la falta de realización de actos investigativos, no se realizó una valoración razonable de los elementos que cursan en antecedentes, no se consideró la declaración de la testigo principal, ni se valoró adecuadamente el informe psicológico; 2) El Fiscal codemandado Gustavo Valdés Aguayo en la denuncia presentada en su contra, rápidamente presentó imputación formal: 2.a.) Debió investigar el contexto de violencia que vive la accionante; 2.b.) La perspectiva de género también es aplicable a casos en los que la mujer está siendo imputada en un contexto de violencia; 2.c.) Violencia del denunciante que fue expresada en su declaración informativa y no fue considerada, tampoco el hecho de que presentó denuncia contra su agresor, no habiéndose realizado ningún acto investigativo sobre el mismo; 2.d.) No se ha considerado que se ha utilizado un proceso penal, para contrarrestar la violencia que ella denunció; 2.e.) El único elemento probatorio fue un certificado médico forense que dio incapacidad de cuatro días al supuestamente agredido; 2.f) Minimizó los actos de violencia que sufrió su persona y sin ningún elemento realizó imputación formal en su contra, sin analizar el contexto desde una perspectiva de género; 3) La acción de libertad protege: 3.1.) El derecho a una vida libre de violencia, vida digna, desde la SCP 0033/2013; 3.2.) Tratándose de violencia en razón de género, no corresponde presentar ninguna vía de impugnación previa, porque corre riesgo la vida de las mujeres, en la SCP 0019/2018-S2; 3.3.) El Estado garantiza la debida diligencia, que va implicar en los hechos una investigación oficiosa, SC 0017/2019-S2; y, 4) Por todo lo expresado, ambas autoridades demandadas, no han realizado la investigación en el marco de la debida diligencia, pese a que tenían la obligación de actuar con una perspectiva de género; razón por la que han solicitado reparación del daño, por las acciones y omisiones denunciadas, ordenando el acomodo y corrección de las omisiones sucedidas.
Teresa Apaza Catarí, Fiscal de Materia, por informe oral dado en audiencia, señaló que: i) Asumió conocimiento del caso el 5 de diciembre de 2022, y emitió medidas de protección; asimismo, el investigador asignado al caso notificó por cedula al denunciado el 9 de febrero de 2023 en su domicilio de calle Atahuallpa 280; ii) A fines de que el sindicado comparezca, señaló audiencia para el 15 de febrero de igual año, actuado al que este no compareció, ni justificó su inasistencia; por lo que, emitió orden de aprehensión, no habiendo sido ejecutado el mismo por no haber sido encontrado; iii) Además, el 3 de marzo de 2023, fue notificada con el auto de control jurisdiccional, de 17 de febrero del citado año; iv) Para poder cumplir con el plazo establecido en el referido auto, emitió su requerimiento de rechazo en el que en forma objetiva valoró los actuados investigativos; v) Se valoró el informe psicológico forense, en el que la evaluada presentó leve perturbación en su estado de ánimo, teniendo ansiedad moderada; vi) La testigo no proporcionó información con relación al hecho investigado; vii) En cuanto a las notificaciones, no puede practicarlas de forma personal, pues existe una oficina de servicio común del Ministerio Público que se encarga del mismo; y, viii) Se notificó con la Resolución de rechazo a la presunta víctima el 17 de marzo de 2023, habiendo presentado su objeción el 24 de igual mes y año, y siendo notificado el sindicado el 18 de abril, la objeción fue remitida el 20 de abril de 2023, teniendo veinticuatro horas para remitirse al superior, actuado que fue realizado dentro de plazo, no habiéndose vulnerado ningún derecho o garantía. Gustavo Valdés Aguayo, Fiscal de Materia de la Fiscalía especializada en delitos contra la integridad personal, en audiencia de garantías, manifestó que: a) El principio de subsidiaridad no ha sido cumplido; b) No se ha realizado la imputación formal contra la accionante por el delito de homicidio, sino por el delito de lesiones graves y leves; c) En ningún momento se ha puesto en riesgo la vida de la impetrante de tutela; d) En cuanto a la falta de celeridad y diligencia, la imputación contra la prenombrada ha sido emitida pasando veinte días de la investigación; e) No existe ninguna norma que lo obligue a valorar más de un elemento de convicción, para emitir una imputación formal, incluso se podría ir a juicio con una sola prueba; f) La ley le prohíbe imputar a quién no se recibió su declaración informativa; por lo que, se rechazó la denuncia por el delito de homicidio contra la sindicada Evelyn Paty, a quién no se la pudo identificar, porque no quiso dejar su carnet cuando fue a su oficina y trato mal a su personal; g) Con esta acción se hizo abuso del derecho, pretendiendo hacerle incurrir en error a su autoridad, manipulando a la justicia; y, h) La resolución de imputación formal es provisional, tiene vía expedita para acudir al control jurisdiccional si considera que lo determinado fue emitido con carencia de fundamentación.
El Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 045/2023 de 21 de abril, cursante de fs. 232 a 237, denegó la tutela solicitada contra el Fiscal de Materia Gustavo Valdez Aguayo y concedió en parte en contra de Teresa Apaza Catari -Fiscal demandada-, disponiendo que la autoridad demandada, en el día proceda a remitir los antecedentes ante la Fiscalía Departamental de La Paz, a efectos de que pueda emitir pronunciamiento en relación a la objeción de rechazo presentada por Mirian Daza Fernández, pronunciamiento que debe ser lógicamente dentro de los plazos previstos por la normativa procesal penal; determinación, que se dio con base en los siguientes fundamentos: 1) Con relación a la Fiscal de Materia Teresa Apara Catari: 1.i.) ha emitido la Resolución de rechazo 37/2023, objetaba el 24 del mismo mes y año, pero ha puesto en conocimiento de la autoridad jerárquica superior o Fiscal Departamental, cuando transcurrieron algo más de veinte días, no evidenciándose una justicia pronta, oportuna y con acceso a la justicia reclamado por la víctima, no habiendo cumplido la labor de dirección de la causa; y, 1.ii) con relación a las otras denuncias efectuadas en esta acción tutelar, se debe considerar que se ha activado el mecanismo ante el Fiscal Departamental, cuando se realizó la objeción de rechazo, correspondiendo a esa autoridad restituir los derechos reclamados en esta acción tutelar; y; 2) Con relación al Fiscal de Materia Gustavo Valdez Aguayo, todas las denuncias presentadas en su contra, corresponden ser consideradas en el fondo ante las instancias procesales respectivas, que son las autoridades judiciales, quienes asumen el control jurisdiccional de la investigación, no pudiendo desnaturalizar la actuación de los jueces ordinarios, que son quienes tienen competencia primaria en el control del proceso.
En la vía de complementación y enmienda, el Juez de garantías emitió la Resolución cursante a fs. 238 y vta., refiriendo que: a) No se aplicó la SCP 0017/2019-S2, conociendo que se procedió de forma directa a realizar la intervención de la justicia constitucional y la problemática es diferente a la presente causa y no se puede desnaturalizar la actuación que tienen las autoridades ordinarias bajo las competencias primariamente que tienen de ejercer el control de proceso, no observándose la necesidad de aclarar, explicar, complementar lo determinado; b) En relación a las medidas de protección, se considera que la naturaleza de las mismas son tendientes a evitar que los hechos produzcan mayores consecuencias, que se cometan nuevos hechos o se agraven las mismas, reduciendo la situación de vulnerabilidad de quien se constituye en víctima, y en ese sentido la autoridad fiscal Teresa Apaza Catarí, previo análisis de los antecedentes puestos en su conocimiento, pueda en su caso proceder a ampliar las medidas de protección y efectivizarlas, logrando su ejecución en el plazo máximo de veinticuatro horas; y, c) Se dispone la emisión del oficio correspondiente al Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz a efectos de que emita los recordatorios necesarios al personal respectivo de todas las unidades encargadas de recepcionar las acciones de libertad “…a fin de evitar que en estas acciones de libertad se rompan ese principio de informalismo con la que goza esta acción constitucional” (sic).
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. En 1 de diciembre de 2022, a horas 15:43, Juan Marcelo Mercado Paz presentó denuncia contra de Mirian Daza Fernández, registrándose el caso con Código Único de Denuncia (CUD) 201102012209617, por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves, que habrían sucedido en la fecha, a horas 12:15 en inmediaciones de la Calle Pososkanki y esquina Busch, donde se encontró con la denunciada para que le entregue papeles, ingresando a un restaurant para hablar y llamó a su prima Evelyn, quién va: “a atacar al denunciante logrando cortarle la mano y luego de eso intenta estrangular al denunciante con una cinta la cual enreda en su cuello, mientras Mirian Daza Fernández le rascaba la espalda … sus agresoras lograron que pierda la conciencia por unos 2 minutos” (fs. 2 a 3). II.2. En 1 de diciembre de 2022, a horas 17:30, Mirian Daza Fernández presentó denuncia en contra de Juan Marcelo Mercado Paz, registrándose el caso con el CUD 201103052203480; por la presunta comisión del delito de violencia psicológica, que habría sucedido en la fecha, a horas 13:00 en inmediaciones de la calle carrasco -inmediaciones del Hipermaxi-, cuando el denunciado la agredió psicológicamente con insultos: “eres una ladrona, estafadora, me has hecho suspender mi título de médico, te has metido con mis hijos, ahora vas a llorar hasta que no tengas lágrimas … como maneja revolver … me entre a un restaurante Dn. Pollo, de ahí no salí … vino mi prima y le agarró de su polera … nos fuimos con mi prima y mi sobrina, él nos persiguió filmándonos e insultándonos” (fs. 36 y 37); y a horas 18:00 de ese mismo día, la víctima prestó su declaración informativa, como consta en acta de la fecha (fs. 40 a 41). II.3. Por certificado médico legal-forense de 1 de diciembre de 2022, se concluye que Juan Marcelo Mercado Paz, tiene contusión de tipo equimotica en cuello, excoriativas en tórax y herida cortante en mano izquierda (fs. 7); el 2 de diciembre de 2022, Carlos Renán Cortez Callizaya -Fiscal de Materia- informó al Juez de Instrucción Penal de Turno de la Capital del departamento de La Paz, el inicio de la investigación en el caso CUD 201102012209617 (fs. 8). II.4. Por Informe psicológico forense F.E.L.C.V., evaluado entre el 24 de noviembre y 1 de diciembre de 2022, se concluye que Mirian Daza Fernández recordaba que le prestó dinero a su ex enamorado y que no le devolvió, lo que repercutió en su estado emocional, manifestándose en nerviosismo, tensión, inquietud, estados de tristeza, sentimientos de culpa, miedo susceptibilidad por su seguridad y la de su familia (fs. 42 a 49); el 2 de diciembre de 2022, Carlos Renán Cortez Callizaya, Fiscal de Materia, informó al Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer de Turno de la Capital del departamento de La Paz, el inicio de la investigación, en el caso 201103052203480 (fs. 55). II.5 En consideración a la denuncia que sigue el Ministerio Público a instancias de Juan Marcelo Mercado Paz contra de Evelin N/N por el presunto delito de homicidio en grado de tentativa y contra de Mirian Daza Fernández por el presunto delito de lesiones graves y leves, Gustavo Valdez Aguayo -Fiscal de materia- especializado en delitos contra la integridad personal, el 5 de diciembre de 2022, dispuso se proceda a la asignación de investigador y a la realización de las primeras diligencias preliminares (fs. 9); asimismo, el 29 de diciembre de 2022, Mirian Daza Fernández presentó su declaración informativa (fs. 14 a 15). II.6. En consideración a la denuncia que sigue el Ministerio Público a instancias de Mirian Daza Fernández contra Juan Marcelo Mercado Paz, por el presunto delito de violencia familiar o doméstica, Teresa Apaza Catarí, Fiscal de Materia, el 5 de diciembre de 2022, dispuso la apertura del caso y el inicio de las investigaciones preliminares (fs. 56); en la misma fecha dispuso: 1) Medidas de protección en favor de la víctima, ordenando que el denunciado se someta a terapia, no se acerque a su domicilio o trabajo, ni realice actos de intimidación o coacción (fs. 57); y, 2) De Juan Marcelo Mercado Paz, se informe y/o certifique del: 2.i.) Servicio de Registro Cívico-SERECI (fs. 59); 2.ii) Servicios Técnicos Auxiliares de la Policía (fs. 60); 2.iii) Registro de Antecedentes Penales (REJAP) (fs. 61); y, 2.iv) Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción, y Erradicación de la Violencia en razón de Género (SISPPASE) (fs. 62). II.7. El 24 de enero de 2023, se elaboró Informe Técnico de Registro del Lugar del hecho INF-TEC-09/2023 de F.E.L.C.V. de La Paz, verificándose que en el lugar se evidenciaron cámaras y se tomó muestrario fotográfico de las mismas (fs. 68 a 71); el 8 de febrero de 2023, el investigador asignado al caso solicitó a la Fiscal de Materia, requiera para que los propietarios de inmuebles y negocios, remitan grabaciones de sus cámaras de seguridad, sobre el hecho que habría sucedido el 1 de diciembre de 2022 (fs. 71); en la misma fecha; es decir, el 8 de febrero de 2023, prestó su declaración informativa Evelyn Fátima Hurtado, en calidad de testigo (fs. 75 a 76). II.8. El Fiscal de Materia el 25 de enero de 2023, puso a conocimiento del Juez de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, la Resolución de imputación formal G.V.A. 06/2023 en contra de Mirian Daza Fernández, por el hecho adecuado al delito de lesiones graves y leves (fs. 22 a 26); en la misma oportunidad, presentó Resolución de rechazo F.E.D.C.I.P.G.V.A 19/2023 de 19 de enero contra Evelin N/N por el presunto delito de homicidio en grado de tentativa (fs. 27 a 29). II.9. Mediante cédula el 9 de febrero de 2023, se notificó a Juan Marcelo Mercado Paz para que preste su declaración informativa el 15 de febrero de 2023, No habiéndose hecho presente según lo expresado en el informe que dio el investigador asignado al caso (fs. 119 a 120). II.10. El Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, mediante Auto de 17 de febrero de 2023, conminó a la Fiscal de Materia demandada, para que dentro del plazo de cinco días hábiles, emita resolución conclusiva en las investigaciones preliminares (fs. 125). II.11. La accionante el 28 de febrero de 2023, presento un memorial a la Fiscal de Materia, adjuntando placas fotográficas -que evidenciarían el acoso del agresor hacia su persona-, así como solicitó congelamiento de imágenes e informes de Radio patrullas 110 (fs. 102 a 116); solicitud que se dio curso por requerimiento fiscal el 1 de marzo de 2023 (fs. 117). II.12. No habiéndose presentado el sindicado a prestar su declaración informativa, se emitió en su contra mandamiento de aprehensión, mismo que el 7 de marzo de 2023, no se logró dar cumplimiento ni en el domicilio señalado por el SEGIP ni donde podría estar habitando, conforme se ha informado el 8 de marzo de 2023 por parte del investigador asignado al caso (fs. 119 a 120). II.13. Mediante Resolución de rechazo 37/2023 de 9 de marzo, la Fiscal de Materia, dando cumplimiento al plazo establecido en el auto de control jurisdiccional, presentó Resolución de rechazo de denuncia, por considerar que hasta la fecha de esa determinación no se contó con suficientes elementos de convicción para poder imputar (fs. 126 a 130); notificándose el 17 de marzo de 2025 (fs.137). II.14. El 24 de marzo de 2023, Mirian Daza Fernández, puso a conocimiento de la Fiscal de Materia, objeción a la Resolución de rechazo 37/2023 de 9 de marzo, para que se eleve ante la autoridad jerárquica superior y esta pueda revocar dicha determinación, y se continúe con la investigación correspondiente y se realice la imputación formal (fs. 138, y 140 a 141); asimismo, el 27 de marzo de 2023, la Fiscal demandada dispuso se remitan antecedentes ante el Fiscal Departamental de La Paz (fs. 143). II.15. Panfletos pegados en diversos lugares públicos, con insultos en contra de Mirian Daza Fernández (fs. 146 a 171; fs. 173 a179; 181, 188, 189).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al acceso a la justicia, a la vida, a vivir libre de violencia, a la integridad, al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación; por cuanto, las autoridades demandadas no realizaron sus investigaciones en el marco de la debida diligencia, ni actuaron con perspectiva de género, así: a) la denuncia que por violencia psicológica presentó en contra de Juan Marcelo Mercado Paz, fue rechazada por la Fiscal de Materia demandada Teresa Apaza Catarí, quién no cumplió con medidas de protección que dispuso a su favor, no realizó los actos de investigación, no recibió la declaración informativa del sindicado, no dio curso a los a los actos de investigación que solicitó, como tampoco actuó con celeridad a la objeción de rechazo que presentó, ni fundamento su determinación, ni valoró en forma razonable el informe psicológico; y, b) la denuncia que Juan Marcelo Mercado Paz presentó en su contra por supuestas lesiones leves y graves, ha dado lugar a que el Fiscal de Materia codemandado -Gustavo Valdez Aguayo- requiriera imputación formal, sin investigar el contexto de violencia que vive, que quedó en evidencia en su declaración informativa que ni consideró, siendo el único elemento que valoró un certificado médico de incapacidad de cuatro días; por lo que, solicitó se conceda tutela y en consecuencia se disponga: 1) Cumplan con su deber de ejercer la debida diligencia de actos investigativos, analizando los hechos desde una perspectiva de género; y, 2) Se ordene la reparación integral de todos sus derechos lesionados. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La garantía del derecho a la vida, no solo implica la prohibición de su privación, sino que conlleva que la persona acceda a condiciones que le permitan el ejercicio de otros derechos, para garantizar el goce efectivo de una vida con dignidad; en consecuencia, en aquellos casos en los que se encuentren involucradas mujeres en situación de violencia, que ponga en riesgo su derecho a la vida, es posible acudir directamente a la jurisdicción constitucional en busca de tutela inmediata, o lo que es lo mismo, es posible acudir de manera directa a la jurisdicción constitucional en busca de tutela inmediata. Así quedó determinado en la SCP 0019/2018-S2 de 28 de febrero, que estableció el siguiente precedente constitucional:
[G]arantizar el derecho a la vida no implica solamente el prohibir su privación, sino que conlleva que la persona involucrada acceda a condiciones que le permitan el ejercicio de otros derechos y de todos los componentes imprescindibles para garantizar el goce efectivo de una vida con dignidad. En este contexto, el Estado asume un doble rol; primero, garantizar que las personas no sean privadas de ese derecho; y segundo, implementar simultáneamente políticas para garantizar una vida digna.
A partir del desarrollo anterior, se puede establecer que un elemento nocivo al ejercicio de una vida digna, es la desigualdad material a la que se enfrentan las mujeres, debido a que históricamente sobre la diferencia de sexo, se construyeron roles, estereotipos e instituciones desde una visión patriarcal, que ha dado lugar a la discriminación en el ejercicio de los derechos de las mujeres. Frente a ello, el Estado y la sociedad asumen una tarea importante de deconstruir estas concepciones, de erradicar la discriminación y violencia que aqueja a este sector de la población. Por lo que, ante la igualdad formal que reconoce el constituyente -art. 13.III de la CPE- y sobre el hecho que ya existe una importante tradición jurisprudencial que así lo consagra, el problema latente sigue presentándose respecto a una igualdad material o de hecho, que supone reconocer un derecho subjetivo fundamental a recibir un trato jurídico desigual y favorable para conseguir la igualdad en las condiciones reales de la existencia, lo cual se extrae a partir de una interpretación sistemática del texto constitucional.
En ese contexto, este Tribunal, al resolver una acción de amparo constitucional, pronunció la señalada SCP 0033/2013, otorgando la tutela de manera directa, en razón que los mecanismos de la vía ordinaria no resultaron efectivos en el establecimiento de medidas de protección a una mujer víctima de violencia; por lo que, correspondía reforzar su protección jurídica, entendimiento que por el carácter tutelar de esta acción, resulta extensivo al trámite de la acción de libertad; más aun, si se toma en cuenta los bienes jurídicos que se hallan inmersos en su ámbito de su protección.
Por estas razones, al tratarse de aquellos casos en los que se hallen involucradas mujeres en situación de violencia, que ponga en riesgo su derecho a la vida, es posible acudir directamente a la jurisdicción constitucional en busca de tutela inmediata.
En los casos de violencia en razón de género, en la señalada SCP 0017/2019-S2, se ha manifestado que el análisis que realice la autoridad jurisdiccional ordinaria como la constitucional, debe expresar: a) Un equilibrio entre los derechos de la víctima, con los de la parte que está siendo imputada; y, b) Un enfoque integral del problema jurídico, a continuación, se pasa hacer la mención correspondiente.
La comisión de un hecho delictivo y su correspondiente denuncia o descubrimiento, constituye el germen del proceso penal, y la víctima es la persona a quien el Estado debió proteger, para impedir que en su contra se consumara el atentado al bien jurídico tutelado; de ahí, que si bien la protección de los derechos del acusado es fundamental dentro del proceso penal; empero, también es necesario precautelar los derechos de la víctima; por ello, no puede dejar de abordarse el problema jurídico material que dio inicio al proceso penal, equilibrando los derechos del imputado y de la víctima, en particular, en delitos de violencia contra la mujer; en los cuales, el Estado, a través de las instancias de investigación, de acusación y de juzgamiento, tiene la obligación de actuar con la debida diligencia, en el marco de las normas constitucionales y los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos.
En ese marco, la citada Sentencia se refirió al equilibrio entre los derechos del imputado señalando lo siguiente:
Con referencia a los derechos de las víctimas de un delito, la SC 0815/2010-R de 2 de agosto, señala que la Constitución Política del Estado vigente, asume una nueva visión de protección a las mismas; pues, si bien el Estado asume el ius puniendi -poder punitivo-, cobran importancia trascendental los derechos de la víctima; pues, conforme al art. 121 de la CPE, tiene derecho a ser oída antes de cada decisión judicial. Asimismo, la indica SC 0815/2010-R, hizo referencia a la Declaración Sobre los Principios Fundamentales de Justicia Para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de la Resolución 40/34 de 29 de noviembre de 1985. (…)
A partir de dichas normas, la SC 0815/2010-R antes citada, concluyó que el derecho procesal penal, no solo debe operar como manifestación del poder sancionador del Estado, a favor del incriminado, sino, que debe procurar también por los derechos de la víctima, haciendo: “…compatibles los intereses de ambos sujetos procesales, pues, el perjudicado con el delito no puede convertirse en una pieza suelta e ignorada por la política criminal del Estado ya que, como se ha explicado, los derechos de los sujetos procesales constituyen valores y principios reconocidos por la Constitución Política…”.
En la misma línea, la SC 1388/2011-R de 30 de septiembre, señala que todo hecho punible, genera una colisión entre las garantías fundamentales de la víctima, del imputado, y en último término, de la sociedad; por ello:
…se requiere lograr un justo equilibrio entre los derechos constitucionales de la víctima y las garantías procesales del imputado, que naturalmente nadie niega y todos deben respetar; así encontramos entre los valores en el que se sustenta el Estado Plurinacional, el ‘equilibrio’ y ‘el bienestar común’ reconocidos por el art. 8.II de la CPE; valores éstos que forman parte del concepto ‘buen vivir’ y del modelo Boliviano de ‘Estado de Derecho del vivir bien’, asumiendo el Estado una responsabilidad fundamental (las negrillas son incorporadas).
En el marco de la jurisprudencia anotada precedentemente, es evidente que en las diferentes acciones de defensa, que llegan a conocimiento de la jurisdicción constitucional, emergentes de procesos penales, no se debe pasar por alto el equilibrio que se busca entre los derechos del imputado y de la víctima; especialmente, cuando éstos se encuentran en conflicto. En ese sentido, ya sea que la acción de defensa sea presentada por la víctima o por el imputado, este Tribunal debe considerar los derechos de la otra parte dentro del proceso penal; y por ende, sus resoluciones no pueden limitarse a analizar el problema jurídico planteado en la acción de defensa de manera unilateral, sino también, examinando el contexto y los derechos en conflicto, cuando corresponda; más aún, tratándose de los casos de violencia hacia las mujeres, en los cuales, se deben aplicar los estándares internacionales e internos para la tutela de sus derechos, conforme se analizará en el siguiente fundamento.
Asimismo, la SCP 0017/2019-S2 refiriéndose al enfoque integral del problema jurídico en casos de violencia en razón de género, abordó un conjunto de razonamientos respecto al análisis integral en aquellos casos en los que se identifiquen víctimas de violencia, señalando al efecto, el deber de verificar el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales de protección de los derechos de las víctimas de violencia y del deber de aplicar un enfoque integral del problema jurídico en casos de violencia en razón de género en las acciones de defensa, estableciendo lo siguiente:
Los principios y garantías procesales a favor de las víctimas mujeres de violencia, que fueron descritos en el anterior Fundamento Jurídico, no solo se aplican a los procesos penales, sino, como manda la misma Ley 348, a todas las causas por hechos de violencia contra las mujeres, en todas las materias; consiguientemente, también en la justicia constitucional; pues, en el marco de lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia, es obligación del Tribunal Constitucional Plurinacional, analizar el problema jurídico planteado en las acciones de defensa de manera integral, considerando los derechos de las partes en conflicto; más aún, tratándose de casos que emerjan de hechos de violencia en razón de género; pues en éstos asuntos, aun el peticionante de tutela sea el imputado, corresponderá analizar el contexto del proceso penal, para verificar si se cumplieron los estándares internacionales e internos respecto a la protección de los derechos de las mujeres; de lo contrario, se cohonestaría actuaciones contrarias a la normativa internacional e interna; incumpliendo con las responsabilidades internacionales asumidas por el Estado boliviano.
Entendimiento, que es coherente con el principio de verdad material contemplado en el art. 180.I de la CPE, a partir del cual, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, la o el juzgador debe buscar la paz social, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos, encontrando la verdad de los hechos, por encima de mecanismos formales o procesales (…)
El principio de verdad material no solo es predicable respecto a las o los jueces, sino, que como todo principio, se irradia hacia la actividad de las y los diferentes operadores jurídicos, cuyas actuaciones se enmarcan en la debida diligencia, en el marco de los estándares de la Corte IDH y lo previsto expresamente por el art. 86.11 de la Ley 348; según el cual, las decisiones administrativas o judiciales, que se adopten respecto a casos de violencia contra las mujeres, deben considerar la verdad de los hechos comprobados, por encima de la formalidad pura y simple.
En mérito a lo anotado, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional, considera que en las acciones de defensa que emerjan de procesos judiciales o administrativos en los que se debatan hechos de violencia hacia las mujeres, la justicia constitucional está obligada a efectuar un análisis integral del problema jurídico, sin limitarse a la denuncia efectuada por la o el accionante, sino también, analizando los derechos de la víctima y las actuaciones realizadas por las autoridades policiales, fiscales o judiciales, de acuerdo al caso; pues, solo de esta manera, se podrá dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por el Estado y se respetarán los derechos de las víctimas de violencia en razón de género, entre ellos, el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, así como a una vida libre de violencia.
Siguiendo dicha línea de entendimiento más tarde la exigencia del análisis del problema jurídico integral en las acciones de defensa, ha sido extendido a los diferentes procesos. Así se tiene expresado en la SCP 0268/2020-S2 de 5 de agosto, que estableció lo siguiente:
De todo lo descrito y desarrollado por la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto y la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, citados y precisados en esta Sentencia Constitucional Plurinacional; se tiene que, éstas, contienen reflexiones constitucionales con un enfoque interseccional, que contribuyen en la tarea de reforzar y garantizar la protección de las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia conforme al Bloque de Constitucionalidad y la normativa nacional; lo cual, sin duda alguna, las sitúan dentro el ámbito de la doctrina del estándar más alto respecto a la protección de estos grupos altamente vulnerables; extremo, que conlleva a que dichos razonamientos, deben ser aplicados por las instancias investigativas (policiales y fiscales) y jurisdiccionales en todos los casos en los que se advierta como víctimas a mujeres, niñas, niños y adolescentes; cumpliendo de esta forma, con las exigencias internacionales a nuestro Estado, respecto de la obligación de actuar con la debida diligencia, para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, guiados a una finalidad mayor que es la erradicación total de la violencia y protección a las víctimas.
La SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, refiriéndose al derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación; y, el consiguiente deber del Estado y la sociedad de eliminar toda forma de violencia en razón de género, determinó:
La magnitud de la violencia contra las mujeres a nivel nacional e internacional y los resultados adversos que ocasiona a la víctima, pone de manifiesto el grave problema que la sociedad enfrenta. Detrás de estos cuadros de violencia contra la mujer, se devela una discriminación estructural, resultante de categorías, roles y diferencias culturales y sociales, donde predominó y continúa predominando una visión patriarcal; es decir, la posición subordinada de la mujer respecto del varón, se origina en una estructura social construida sobre la base de un modelo de masculinidad hegemónica; ya que en el caso de la mujer, no existen razones naturales o biológicas que la releguen a una posición de subordinación o dependencia; puesto que, su situación no es asimilable a otros sectores poblaciones, que por sus características físicas o psíquicas resultan vulnerables. Sin embargo, la construcción cultural y social vista desde una visión patriarcal, es la que tiende a situarla en un escenario de desigualdad.
Ahora bien, la violencia de género, se presenta como un reflejo de esta situación de desigualdad, basada en la distribución de roles sociales que fueron transcendiendo históricamente; lo cual, engloba a las diversas aristas que adquiere la violencia contra la mujer, que según el espacio físico o personal en el que ocurre el hecho de violencia, comprende aquella que la mujer sufre en el ámbito doméstico o familiar. Ello, nos demuestra que la violencia hacia las mujeres, y en particular, la violencia en el seno familiar, no es un problema que deba resolverse entre particulares, por la trascendencia y connotación social que adquirió, como una violación a los derechos humanos de las mujeres y los demás miembros del núcleo familiar, que limita el desarrollo pleno de sus potencialidades, y que el Estado no puede desatender. (…)
Estos aspectos fueron visibilizados en la comunidad internacional; así, la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, establece: “…la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales e impide total o parcialmente a la mujer gozar de dichos derechos…” (…)
Por otra parte, la Convención de Belém do Pará, en el art. 7.d. y f. establece que los Estados tienen el deber de:
d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; (…)
f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; (…)
La jurisprudencia constitucional de este Tribunal realizando control de convencionalidad ha establecido que la debida diligencia obliga al Estado y a todas sus autoridades públicas a cumplir un rol de protección proactiva, cuando llega a su jurisdicción un caso en el que se denuncie violencia de género; por lo que, en este tipo de problemáticas debe buscarse en la medida de lo posible la justicia material dentro de las tareas de investigar, sancionar y reparar los daños sufridos por las víctimas. Así quedó determinado en la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, que estableció el siguiente precedente constitucional:
En el marco de los estándares internacionales e internos de protección a las mujeres víctimas de violencia, el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; debida diligencia que, en la labor de investigación, se traduce en la investigación de oficio de los hechos de violencia hacia las mujeres, la celeridad en su actuación, la protección inmediata a la mujer, la prohibición de revictimización, y que la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público y no a la víctima.
En dicho contexto, la citada Sentencia Constitucional Plurinacional, refiriéndose a normas especiales de la Ley 348, aplicables en los procesos judiciales y administrativos por hechos de violencia en razón de género, resalta que la citada norma, en el Título IV, Persecución y Sanción Penal, Capítulo I, hace referencia a la denuncia, establece en el art. 45, las garantías que debe tener toda mujer en situación de violencia, entre ellos, (3) el acceso a servicios de protección inmediata, oportuna y especializada, desde el momento en que el hecho constitutivo de violencia, (7) la protección de su dignidad e integridad, evitando la revictimización y maltrato que pudiera recibir de cualquier persona responsable de su atención, tratamiento o de la investigación del hecho, (8)
la averiguación de la verdad, la reparación del daño y prevención de la reiteración de los actos de violencia.
La misma Ley, en el Capítulo II, hace referencia a la investigación, señalando en el art. 59, que la investigación debe ser seguida de oficio, independientemente del impulso de la denunciante, norma que está vinculada directamente con la consideración de la violencia en razón género dentro del ámbito público y no privado; por ello, conforme ha concluido la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo:
[A]ún la víctima desista o abandone la investigación, el Ministerio Público debe seguirla de oficio; por ello, no es sostenible rechazar denuncias por falta de colaboración de la víctima, o porque ésta, una vez efectuada la denuncia, no volvió a oficinas de la FELCV o del Ministerio Público, pues dichas afirmaciones vulneran no sólo la norma expresa contenida en el art. 59 de la Ley 348, sino también el principio de la debida diligencia, y las obligación internacional del Estado de investigar, sancionar y reparar los hechos de violencia hacia las mujeres, y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
La citada Sentencia Constitucional, destacó las medidas esenciales establecidas en la Ley 348 a partir de los cuales las y los fiscales de materia deben regirse cuando ejerzan la acción penal pública en casos de violencia hacia las mujeres, conforme a lo establecido por el art. 61, en la que se ha señalado que deberán adoptar en el ejercicio de sus funciones, entre otras, las siguientes medidas:
1. Adopción de las medidas de protección que sean necesarias, a fin de garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección y seguridad, así como a sus hijas e hijos, pedir a la autoridad jurisdiccional su homologación y las medidas cautelares previstas por Ley, cuando el hecho constituya delito.
2. Recolección de las pruebas necesarias, como responsable de la investigación de delitos de violencia en razón de género, sin someter a la mujer a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes que no sean los imprescindibles, debiendo recurrir a métodos de investigación alternativa, científica y con apoyo de la tecnología, a fin de averiguar la verdad. (…)
En el marco de la debida diligencia, la señalada SCP 0017/2019-S2, también destacó la necesidad de direccionar las causas de violencia de género, bajo los principios rectores que se encuentran en la Ley 348, destacando lo siguiente:
Por otra parte, en el Título V sobre Legislación Penal, en el Capítulo III, específicamente en el art. 86 de la Ley 348, se establecen los principios procesales que deben regir los hechos de violencia contras las mujeres, disponiendo que:
ARTÍCULO 86. (PRINCIPIOS PROCESALES). En las causas por hechos de violencia contra las mujeres, las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, además de los principios establecidos en el Código Penal deberán regirse bajo los siguientes principios y garantías procesales:
2. Celeridad. Todas las operadoras y operadores de la administración de justicia, bajo responsabilidad, deben dar estricto cumplimiento a los plazos procesales previstos, sin dilación alguna bajo apercibimiento… 4. Legitimidad de la prueba. Serán legítimos todos los medios de prueba y elementos de convicción legalmente obtenidos que puedan conducir al conocimiento de la verdad… 7. Protección. Las juezas y jueces inmediatamente conocida la causa, dictarán medidas de protección para salvaguardar la vida, integridad física, psicológica, sexual, los derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia…. 11. Verdad material. Las decisiones administrativas o judiciales que se adopten respecto a casos de violencia contra las mujeres, debe considerar la verdad de los hechos comprobados, por encima de la formalidad pura y simple.
12. Carga de la prueba. En todo proceso penal por hechos que atenten contra la vida, la seguridad o la integridad física, psicológica y/o sexual de las mujeres, la carga de la prueba corresponderá al Ministerio Público.
15. Reparación. Es la indemnización por el daño material e inmaterial causado, al que tiene derecho toda mujer que haya sufrido violencia (el resaltado es nuestro).
Otro de los aspectos inherentes a la debida diligencia, son las directrices de procedimiento que fueron recogidos de la Ley 348, la citada SCP 0017/2019-S2, recordó los siguientes:
En el mismo Capítulo III -del referido Título V-, respecto a las directrices de procedimiento, en el art. 87.4 de la referida Ley 348, se dispone que en todos los procedimientos administrativos, judiciales e indígena originario campesinos (IOC), se aplicarán, entre otras, la siguiente directriz: “Obligación de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de todos los hechos que constituyan violencia hacia las mujeres” (el resaltado es nuestro).
Esta obligación se complementa con lo previsto en el art. 90 de la Ley 348, que determina que todos los delitos contemplados en el referido cuerpo normativo, son de acción pública; de ahí, el deber no solo de perseguir de oficio, sino también, de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de los hechos de violencia hacia las mujeres; obligación, que se refuerza con lo previsto por el art. 94 de dicha Ley 348, que con el nombre de Responsabilidad del Ministerio Público, señala que:
Ninguna mujer debe tener la responsabilidad de demostrar judicialmente aquellas acciones, actos, situaciones o hechos relacionados con su situación de violencia; será el Ministerio Público quien, como responsable de la investigación de los delitos, reúna las pruebas necesarias, dentro el plazo máximo de ocho (8) días bajo responsabilidad, procurando no someter a la mujer agredida a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes, careos que constituyan revictimización.
En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. Si se tratara de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios gratuitos de los Servicios Integrales de Atención.
La o el Fiscal deberá acortar todos los plazos de la etapa preparatoria hasta la acusación en casos de violencia contra la mujer por su situación de riesgo (las negrillas son añadidas).
De lo anotado, se concluye que en el marco de los estándares internacionales e internos de protección a las mujeres víctimas de violencia, el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; debida diligencia que, en la labor de investigación, se traduce en la investigación de oficio de los hechos de violencia hacia las mujeres, la celeridad en su actuación, la protección inmediata a la misma, la prohibición de revictimización y que la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público y no a la víctima.
En el orden de ideas señalado, el alcance de la debida diligencia obliga a que las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, encuadren su actuación a la debida diligencia desde el momento que se presenta una denuncia o se conoce sobre un hecho de violencia en razón de género, esto implica que se actúe en el marco de los principios de celeridad, verdad material, economía procesal, protección efectiva y demás principios que se encuentran previstos en la Ley 348.
En dicho contexto, los Fiscales de Materia y demás autoridades, a quienes por ley se les ha conferido la facultad de disponer medidas de protección, deberán de actuar no sólo con la celeridad debida, sino también de manera proactiva, sin esperar el impulso de la víctima; por ello, no resulta conducente con la normativa nacional e internacional en vigencia, circunscribir su actuación únicamente a lo que la parte denunciante pueda o no solicitar, debido a que en estos casos no solo corresponde actuar con una debida diligencia, sino también utilizar una perspectiva de género, lo que obliga a investigar los casos de violencia, identificando: i) Las relaciones asimétricas de poder; y, ii) La identificación de las posibles víctimas involucradas, entre ellos, niñas, niños o adolescentes que pueden estar afectados dentro de un ambiente familiar en situación de violencia, respecto de los cuales se deben adoptar las medidas de protección necesarias en el marco de su interés superior, adoptando una perspectiva especializada también en niñez y adolescencia.
El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como uno de los elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), así se ha reconocido en SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero de 2018, que se constituye en el precedente constitucional que ha efectuado una sistematización de la jurisprudencia constitucional en cuanto al desarrollo del derecho de fundamentación y motivación de las resoluciones y su contenido esencial, en la que se ha expresado que:
[E]s la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: a) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; b) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; c) Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación; d) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad y, e) La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero -.
Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión sin motivación, con motivación arbitraria, insuficiente y por la falta de coherencia del fallo. (…)
En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa.
Con carácter previo, corresponde a este Tribunal Constitucional Plurinacional, hacer mención a los aspectos de forma que han sido alegados por las autoridades demandadas, más aún cuando la Resolución 45/2023 pronunciada por el Juez de garantías constitucionales, denegó la tutela solicitada contra el Fiscal de Materia, Gustavo Valdez Aguayo; y, concedió en parte en contra de la Fiscal de Materia, Teresa Apaza Catari; sosteniendo que dicha denegatoria se dio por razones de forma, relativas a la subsidiaridad, en cuanto habría correspondido a la parte accionante, antes de plantear la acción tutelar, agotar los medios ordinarios de defensa que tiene, así: i) en la denuncia que presentó la accionante, el requerimiento de rechazo emitido por la Fiscal demandada Teresa Apaza Catari, fue objetada, habiéndose activado el mecanismo ante el superior; es decir ante el Fiscal Departamental de La Paz, a quién corresponde restituir los derechos reclamados; y, ii) en la denuncia que se presentó en contra de la accionante, el requerimiento de imputación formal en su contra, puede ser cuestionado ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional de la investigación. Con ese razonamiento, expresado en sus informes por las autoridades demandadas, así como en la Resolución del Juez de garantías constitucionales, se ha desconocido el precedente constitucional contenido en la SCP 0019/2018-R, mencionado en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional; en mérito al cual, el derecho a la vida no solo se encuentra relacionado a prohibir su privación, sino que más allá de ello, el derecho a la vida se expresa en el derecho que se tiene a vivir una vida digna, que tratándose de mujeres, se da cuando las mismas viven libres de violencia y sin discriminación; por el bien jurídico protegido, la persona que se considere víctima de violencia, por agraviar su vida e integridad, tiene abierta la posibilidad de plantear la tutela de manera directa, acudiendo a la jurisdicción constitucional en demanda de protección inmediata, sin que con carácter previo se agoten los reclamos ante la autoridad administrativa u ordinaria. De los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia la existencia de las denuncias de Mirian Daza Fernández y Juan Marcelo Mercado Paz, la primera por supuesta comisión de violencia psicológica y la otra por supuesta comisión de lesiones graves y leves, por los hechos que habrían sucedido el 1 de diciembre de 2022. A partir de los requerimientos fiscales que se emitieron en ambos procesos investigativos, uno de rechazo y el otro de imputación formal, es que la parte accionante planteó la tutela denunciando la violación de sus derechos a la vida e integridad personal, entre otras denuncias, por la realización de procesos investigativos sin cumplir con el deber de la debida diligencia. En casos como el presente, hay denuncias como emergencia de un hecho de violencia familiar y/o doméstica, en los que habría peligro en la vida de una mujer, por violencia contra su integridad personal -que no solo es física, sino también psicológica-, por lo que no rige el principio de subsidiaridad, habiendo tenido la parte agraviada abierta la jurisdicción constitucional para solicitar tutela o reparación de sus derechos que se consideran violados; por lo que, el Juez de garantías constitucionales, al haber desconocido esa posibilidad, no ha actuado correctamente al denegar la tutela aplicando en el caso concreto el señalado principio de subsidiaridad. En ese mérito, este Tribunal Constitucional Plurinacional, pasa a conocer y resolver el fondo de los extremos denunciados en la acción tutelar, a fin de determinar si se ha producido o no la vulneración de los derechos y garantías que señala la parte accionante, como se pasa analizar. a) Con referencia al equilibrio que debe existir entre los derechos de la víctima y de la parte sindicada y/o imputada La parte accionante, ha expresado que se tramitaron dos procesos investigativos, uno que siguió contra Juan Marcelo Mercado Paz, y otro que este mismo presentó contra de la ahora impetrante de tutela; denunciando que las autoridades demandadas no habrían realizado la investigación en el marco de la debida diligencia, desconociendo su obligación de actuar con una adecuada perspectiva de género. De la revisión de obrados, se evidencia que por hechos de violencia que se habrían producido el 1 de diciembre de 2022, en horas posteriores al medio día, las partes involucradas presentaron denuncias penales; así a horas 15:43 Juan Marcelo Mercado Paz presentó denuncia contra de Mirian Daza Fernández, por supuestas lesiones graves y leves, caso CUD 201102012209617, que llegó a conocimiento de Gustavo Valdez Aguayo, Fiscal de Materia especializado en delitos contra la integridad personal. A su vez, a horas 17:30 Mirian Daza Fernández, presentó denuncia en contra de Juan Marcelo Mercado Paz, por la supuesta comisión del delito de violencia psicológica, caso que se encuentra registrado con el CUD 201103052203480, mismo que llegó a conocimiento de Teresa Apaza Catarí, Fiscal de Materia de la Fiscalía departamental de La Paz, el 5 de diciembre de 2022. Como consecuencia de ambas denuncias, se abrió procesos investigativos, en el que ambas partes asumen la calidad de víctimas, denunciando hechos de violencia; en el caso, el que ingresó primero resultaría ser víctima Juan Marcelo Mercado Paz, siendo sindicada Mirian Daza Fernández, posteriormente imputada; a su vez, en el caso, que el ingresó se produjo aproximadamente una hora después, resultaría ser víctima Mirian Daza Fernández y sindicado Juan Marcelo Mercado Paz; en consecuencia, existen dos denuncias por violencia, dos procesos investigativos y dos autoridades fiscales que han recibido dichos casos, en ese mérito la parte ahora accionante, tiene doble calidad como imputada en un caso y víctima en otro, lo propio sucede con Juan Marcelo Mercado Paz, como víctima en un caso y sindicado en otro. En el marco de lo expresado, en aplicación de la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2., de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que la denuncia de la comisión de un supuesto hecho delictivo se constituye en el germen del proceso penal, en el que se visualizan en forma clara dos partes procesales, cuyos derechos deben ser cuidados, por una parte se tiene a la víctima que es la persona contra quién se comete el hecho, atentando bienes jurídicos tutelados, debiendo impedir que se consumen ese tipo de atentados; por otra parte, se encuentra el procesado, quién es el que supuestamente habría cometido el hecho delictivo, pero no por encontrarse en esa situación jurídica pierde sus derechos, debiendo someterse a ambos sujetos procesales, a la tramitación de un debido proceso, en el que se resguarde y se cuiden los valores, principios, derechos y garantías normativas como procesales. Se debe proteger los derechos de ambos sujetos procesales, teniendo especial relevancia en aquellos casos en los que existe una denuncia de violencia contra una mujer, que por pertenecer a grupos históricamente excluidos y sufrir una discriminación estructural, se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad; en ese tipo de circunstancias, el equilibrio que debe existir entre quién denuncia ser víctima de una situación de violencia, con relación a la parte que esa siendo sindicada o inclusive imputada, es de mucho más cuidado, más aún cuando en ese tipo de circunstancias es un deber de toda autoridad del poder público, sea jurisdiccional o no, ejercer un adecuado control de convencionalidad difuso, como control de constitucionalidad, en ese contexto, conforme a las normas del bloque de constitucionalidad, consagrado en el art. 410-II de la CPE debe aplicarse normas internacionales especializadas como estándares internacionales, así como las normas internas que parten de la Constitución y descienden a normas especializadas como la Ley Integral para Garantizar una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013- y otras, siempre considerando el sentido más favorable al ser humano y de manera especial dando vigencia al derecho que tienen todas las mujeres de vivir libre de violencia y sin discriminación. De obrados se evidencia que los hechos que motivaron ambos procesos investigativos, se encuentran vinculados a lo sucedido en una misma fecha – el 1 de diciembre de 2022-, en el primer caso -con CUD 201102012209617- denunciado por Juan Marcelo Mercado Paz por supuestas lesiones graves y leves, tendría origen porque Mirian Daza Fernández: “le rascaba la espalda” y que su prima Evelyn intento: “estrangular al denunciante con una cinta la cual enreda en su cuello” , lo que dio lugar a que Gustavo Valdez Aguayo, Fiscal de materia demandado emitiera resolución de imputación formal en contra de Mirian Daza Fernández, valorando un informe médico que habría otorgado cuatro días de incapacidad. En el segundo caso con CUD 201103052203480, denunciado por Mirian Daza Fernández por supuesta violencia psicológica, tendría origen porque Juan Marcelo Mercado Paz la habría agredido psicológicamente indicando: “eres una ladrona, estafadora … ahora vas a llorar hasta que no tengas lágrimas … nos fuimos con mi prima y mi sobrina, él nos persiguió filmándonos e insultándonos”, lo que dio lugar a que Teresa Apaza Catarí, Fiscal de materia demandada, emitiera una resolución de rechazo de la denuncia que presentó Mirian Daza Fernández en calidad de víctima. Sin todavía ingresar a un análisis de fondo de las razones o argumentos que se emitieron en ambos requerimientos fiscales, correspondientes a los casos denunciados -con códigos CUD 201102012209617 y 201103052203480-, se evidencia un total desequilibrio respecto a los derechos que puede tener la mujer que se encuentra vinculada a hechos de violencia, pues cuando la misma está siendo sindicada -por rascar la espalda-, se dispone en su contra la emisión de una imputación formal; a la inversa, cuando la mujer denuncia ser víctima de violencia, dicha denuncia ha sido rechazada, cortándose el proceso investigativo, sin abrirse la posibilidad que el mismo se desarrolle hasta que pueda establecerse la verdad de los hechos controvertidos. Por la relación expresada, de inicio se puede constatar que las autoridades del Ministerio Público ahora demandados, no han cuidado la existencia de una relación de equilibrio y protección entre los derechos de quién ha denunciado violencia, como los derechos de quién está siendo sindicado o imputado; máxime si en ambos de los procesos investigados, uno de los sujetos procesales se trata de una mujer, en un caso como sindicada luego imputada, en el otro como víctima, circunstancia que por sí sola es suficiente para que dichas autoridades aseguren y garanticen una relación de equilibrio entre víctima con la persona que está siendo sindicado y/o imputado, lo que de inicio no se dio.
b) Con relación al enfoque integral que debe existir, en todos aquellos casos de denuncia de violencia, en los que intervienen mujeres
La parte accionante, en su acción tutelar ha expresado que el Fiscal de Materia, Gustavo Valdez Aguayo, en el proceso investigativo que se abrió en su contra, a denuncia de Juan Marcelo Mercado Paz, por supuestas lesiones leves y graves, ha dispuesto imputación formal, sin que con carácter previo se hubiera considerado o valorado su declaración informativa, en la que dejó en evidencia el contexto de violencia que vive su persona, no habiéndose realizado ningún acto investigativo al respecto, tampoco se habría aplicado una perspectiva de género que debe ser considerada, en casos como el suyo, en el que la parte denunciada es una mujer. De los antecedentes que cursan en obrados, se tiene que el 1 de diciembre de 2022, Juan Marcelo Mercado Paz presentó denuncia en contra de Mirian Daza Fernández, registrándose el caso con CUD 201102012209617; el 5 de diciembre de 2022, Gustavo Valdez Aguayo, Fiscal de Materia de la Fiscalía especializada en delitos contra la integridad personal, dispuso la realización de las primeras diligencias preliminares (Conclusión II.5); el 29 de diciembre de 2022 recibió la declaración informativa de la sindicada Mirian Daza Fernández (Conclusión II.5); y, el 25 de enero de 2023 emitió resolución de imputación formal en contra de la denunciada (Conclusión II.8). Iniciado que fue el proceso investigativo, en la declaración informativa que prestó la accionante Mirian Daza Fernández, manifestó que el día en que se produjo el hecho denunciado, su persona recibió una llamada del denunciante, quién le manifestó: “sino vas será tu último día … nos encontramos … Juan empezó a insultarme, amenazarme y decirme calificativos despectivos … me salí y Juan me iba grabando y filmando..”, declaración que probablemente acreditaría que la parte denunciada también habría sido agredida por el denunciante; sin embargo dicha declaración, no ha sido considerada, menos valorada en el requerimiento que emitió, cuando dispuso la imputación formal en su contra. Conforme se ha expresado en Fundamento Jurídico III.2. de la presente decisión constitucional, es obligación de toda autoridad pública, sea judicial o no, cuando conoce un problema jurídico, debe realizar un enfoque integral del mismo, que implica considerar los hechos denunciados, pero tampoco puede o debe abstraerse de los hechos que está señalando la parte sindicada, más aún en casos como el presente, en el que los hechos que dan lugar al proceso investigativo, involucran derechos de una mujer que señala sufrir actos de violencia, que también deben ser investigados, para que sean juzgados en su integridad. El Fiscal demandado, al conocer el hecho denunciado por quién considera ser la víctima del delito, en el marco del procedimiento ha dispuesto la declaración informativa de la parte sindicada, actuación por la que no ha cometido ningún acto ilegal; sin embargo, el no considerar y no tener en cuenta nada de lo dicho por la parte sindicada, ha implicado la existencia una omisión ilegal, que desconoce el deber que tenía de aplicar un enfoque integral al problema jurídico, que responde a un mismo hecho de violencia que se ha denunciado y que se habría suscitado el mismo día y en el mismo rango de horas, hecho en el que la impetrante de tutela considera ser víctima, pero en otro proceso investigativo la misma es la parte sindicada y viceversa con relación a la contra parte. A partir de la denuncia de la víctima, así como de la declaración informativa recibida de la parte sindicada, si Gustavo Valdez Aguayo, Fiscal codemandado, habría tenido presente dicho enfoque integral de los hechos sucedidos y denunciados, pudo haber asumido las medidas más adecuadas al proceso de investigación que conoció y que se vinculaba directamente a otro que se estaba desarrollando, en conocimiento de una autoridad diferente del Ministerio Público; entre las medidas adecuadas que pudo haber adoptado fue la verificación previa en el sistema de gestión de denuncias, precisamente a cargo de la señalada institución, a fin de evitar la apertura de varios procesos penales sobre el mismo hecho denunciado, labor que sin duda habría sido reflejo de una actuación diligente, que en el caso de autos no se evidencia. Debe tenerse presente que la verificación previa de denuncia señalada, en casos de procesos abiertos, no solo tiene como finalidad evitar que de manera innecesaria se vayan tramitando dos o más procesos investigativos, sino que ese control puede contribuir a que no se produzca una revictimización, máxime si se trata de hechos vinculados a delitos de violencia en razón de género; además de haberse dado tal verificación, el fiscal demandado bien pudo disponer la acumulación de actuados investigativos u otras medidas que pueda requerir una investigación, pero como nada de eso sucedió, no cumplió adecuadamente con su obligación, de maximizar sus esfuerzos para asegurar que en el caso concreto, se asuman las mejores determinaciones, a favor de una mujer que se ha encontrado en una situación de violencia, que era necesario investigarla con enfoque integral y aplicando la perspectiva de género. En consecuencia, Gustavo Valdez Aguayo, Fiscal de Materia demandado, ha realizado un proceso investigativo indebido, porque no ha realizado un análisis integral del contexto, como así correspondía hacerlo en caso de denuncias donde ha tenido conocimientos de hechos de violencia contra una mujer, que era necesario investigarlos, para garantizar y asegurar la prevención que corresponde al Ministerio Público, como parte del Estado Boliviano, debiendo haber adoptado desde el inicio las medidas investigativas necesarias para cumplir con su obligación de aplicar la perspectiva de género, en el marco de los estándares nacionales e internacionales, a fin de evitar que se produzcan procesos de revictimización, en casos en los que existe denuncias de violencia. c) Con referencia al deber que tienen las autoridades del Ministerio Público de ejercer debida diligencia, en procesos en los que hay denuncia de violencia en contra de mujeres
En la acción tutelar, Mirian Daza Fernández ha expresado que la Fiscal de Materia Teresa Apaza Catarí no cumplió con su deber de actuar con la debida diligencia en los actos investigativos, en cuanto rechazó la denuncia que presentó sin cumplir con las medidas de protección que dispuso ni recibir la declaración informativa del sindicado por falta de citación, además de no haber cumplido con actos de investigación solicitados, ni haber remitido oportunamente la objeción al Fiscal Departamental de La Paz.
De los antecedentes que cursan en obrados, se tiene que el 1 de diciembre de 2022, Mirian Daza Fernández presentó denuncia contra de Juan Marcelo Mercado Paz -CUD 201103052203480-, por la supuesta comisión del delito de violencia psicológica, inicialmente el caso llegó a conocimiento de Carlos Renán Cortez Callizaya, Fiscal de Materia de turno quién informó al Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer de Turno de la Capital del departamento de La Paz, el inicio de la investigación (Conclusión II.4); sin embargo en forma posterior, el caso recién llego a conocimiento de la: “FISCAL TITULAR: TERESA APAZA CATARÍ”, quién mediante requerimiento de 5 de diciembre de 2022, dispuso la apertura del caso y el inicio de las investigaciones preliminares (Conclusión II.6).
Corresponde establecerse si en sus actuaciones, la Fiscal demandada ha actuado cumpliendo o no con su deber de la debida diligencia, que es una responsabilidad que tienen las autoridades del poder público en general, sean judiciales y no, en la prevención, atención, sanción, reparación y erradicación de la violencia hacia las mujeres.
De la revisión de los actos investigativos, se tiene que la referida Fiscal de Materia, Teresa Apaza Catarí, ahora autoridad demandada, el 5 de diciembre de 2022, emitió una serie de requerimientos, así dispuso a favor de la víctima una serie de medidas de protección, en sentido de que el denunciado: 1) se someta a una terapia psicológica; 2) queda prohibido de acercarse o ingresar a su domicilio; y, 3) de comunicarse e intimidar, debiendo acudir a la sección de actas y garantías de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) de La Paz, advirtiéndose que de incumplir las medidas se otorgarán medidas más gravosas, para el efecto también se ordenó que el investigador asignado al caso, proceda a notificar a las partes (Conclusión II.6).
Frente a una denuncia de violencia contra una mujer, el requerimiento mencionado, inicialmente respondió a obligaciones nacionales e internacionales, en sentido de que con la debida diligencia y total celeridad, se adopten medidas jurídicas de protección, conminando al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer, como así dispuso la Fiscal demandada.
Sin embargo de ello, el cumplimiento del verdadero deber de la debida diligencia en la fase investigativa, no se puede limitar a dar medidas de protección, que por muy válidas y amplias que sean, si las mismas no se ejecutan en su real dimensión, no llegan a tener ningún sentido y no resultan ser más que expresiones escritas sin ningún valor material o real, como ha sucedido en el caso de autos, en cuanto el supuesto agresor, nunca fue notificado con las medidas de protección que se establecieron en favor de la víctima; si bien es cierto que el requerimiento fiscal dispuso una orden al investigador asignado al caso, para que proceda a “notificar” a las partes, esa determinación no quitó la responsabilidad de la fiscal demandada de realizar un control de la investigación en cuanto a los actos y el trabajo de todos quienes se encontraron bajo su dirección y responsabilidad, como son los funcionarios de apoyo policial, lo que de hecho no sucedió, razón por la que nunca llegó a materializarse las medidas de protección.
En casos como el presente, donde se emiten o dictan medidas de protección, pero que sin embargo las mismas no se materializan, no se llega a neutralizar o minimizar los efectos novicios que se dan cuando se van produciendo situaciones de violencia contra las mujeres, al contrario y con mayor probabilidad, los efectos nocivos pueden maximizarse o ampliarse en forma exponencial, como probablemente ha sucedido en el caso de autos, que al no haberse dado cumplimiento a las medidas de protección, después de los sucesos del hecho denunciado, van ocurriendo otros hechos agresivos, como se evidencia en los panfletos que se habrían ido pegando en lugares públicos, donde se va insultando con adjetivos tremendamente lesivos a la dignidad de cualquier ser humano, que hacen mayor la violencia que se ejerció contra la mujer denunciante (Conclusión II.15), hechos posteriores que debieron haber sido considerados durante el proceso investigativo, pero por la inercia de la Fiscal demandada en la dirección de la investigación, nada de eso sucedió, con lo que se lesionó de manera directa el derecho que tiene la parte accionante, a vivir una vida digna, libre de violencia.
Asimismo, siendo la denuncia de violencia contra una mujer, la Fiscal demandada, debió haber tenido especial cuidado de asegurarse y realmente dirigir la investigación, en sentido de que los funcionarios policiales cumplan con su deber de notificar al denunciado o agresor y de que el mismo preste su declaración informativa, a fin de valorar dicha declaración y poder determinar de manera objetiva lo que en derecho pudiera corresponder; pero nada de eso sucedió, como se evidencia en obrados, pues se notificó al denunciado por cédula, ante el incumplimiento se emitió mandamiento de aprehensión, que resultó ser una simple formalidad, pues nunca llego a ejecutarse y en consecuencia, nunca se recibió la declaración informativa del supuesto agresor, menos se la valoró y sin ese elemento probatorio hasta se llegó a rechazar la denuncia, lo que sin duda constituye un acto agresivo contra el derecho que tiene la accionante a gozar de una vida libre de violencia y expresa el incumplimiento de una obligación de actuar con debida diligencia en la investigación.
Con relación a los actos de investigación, conforme ha quedado ampliamente expresado en Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, a fin de contribuir a erradicar la violencia contra la mujer, que por el solo hecho de ser tal, se encuentra integrando aquel grupo humano en situación de vulnerabilidad, en cuanto ha sido y es estructuralmente discriminada; ahora bien, para protegerlas, conforme obligaciones nacionales e internacionales, en todo proceso en el que se atente contra su vida y/o integridad, corresponderá a las autoridades del Ministerio Público asumir la carga de la prueba, en ese sentido, inclusive de oficio, deberán llevar adelante los actos de investigación, lo que en la especie nada de eso ha sucedido.
De obrados se evidencia: i) Que la Fiscal de Materia demandada, para realizar la investigación en el caso concreto, dispuso que diversas instituciones REJAP, SISPPASE, SERECI y otras, informen sobre el denunciado Juan Marcelo Mercado Paz (Conclusión II.6); ii) La existencia de un informe del oficial a cargo de la investigación, quién ante la ausencia de material investigativo, solicitó se emita un requerimiento para que propietarios de inmuebles y negocios, remitan grabaciones de sus cámaras de seguridad, sobre el hecho que habría sucedido el 1 de diciembre de 2022 (Conclusión II.7); y, iii) La parte denunciante, solicitó a la Fiscal de Materia proceda al congelamiento de imágenes y transcripción de audios de un Disco Compacto (CD) que adjuntó como prueba, también pidió que el Director de Radio patrullas 110 informe sobre lo sucedido con relación al hecho denunciado, solicitud a la que se dio curso por requerimiento de 1 de marzo de 2023 (Conclusión II.11).
Si bien es cierto que la autoridad demandada, dispuso se proceda a realizar ciertos actos que contribuyan a esclarecer el proceso informativo, tal la solicitud de informes y/o certificaciones a diversas instituciones públicas, mismas que en su resolución de rechazo las considera como “directrices de investigación”, no tienen ningún valor real si las mismas nunca llegaron a producirse, por tanto mucho menos a ser valoradas, son solo un listado de lineamientos de intenciones que no se materializaron; por otra parte, ha sido el investigador asignado al caso, quién solicitó a la autoridad demandada emita un requerimiento a propietarios de inmuebles y negocios que remitan grabaciones de sus cámaras, requerimiento que en obrados no se evidencia, por lo que tampoco tuvo resultado y menos se valoró la información que solicitó la policía, que parece dar más impulso a los actos de investigación que el propio Ministerio Público; pese a que la parte denunciante no tiene bajo su responsabilidad la carga de la prueba, se evidencia que la denunciante asumió esa obligación pero sin éxito, pues aunque se dio curso formal a lo solicitado, nunca se procedió al congelamiento de imágenes, menos se llegó realmente a emitir un requerimiento dirigido a Radio patrullas 110.
Los actos investigativos señalados, unos dispuestos, otros no, simplemente fueron nominales, pues estrictamente ninguno de ellos llego a existir, menos a ser valorado como se evidencia en la Resolución de rechazo de denuncia; esa negligencia investigativa o ese incumplimiento al deber de realizar una investigación de oficio asumiendo la carga de la prueba, o esa absoluta falta de ejercicio con el deber de cumplir la debida diligencia en la fase investigativa, ha sido justificado por la autoridad demandada, en sentido que tuvo que emitir el requerimiento conclusivo -decantándose por el rechazo-, porque con el auto de control jurisdiccional de 17 de febrero de 2023 (Conclusión II.10), habría sido notificado el 3 de marzo de 2023 y para cumplir ese plazo emitió su requerimiento de rechazo -así informó en la audiencia tutelar-.
Sin embargo, ese razonamiento se cae de los propios actuados del proceso, en el que se evidencia que ese 1 de marzo de 2023, la propia autoridad demandada emitió un decreto por el que dio curso a la solicitud de la denunciante de realizar actos investigativos (Conclusión II.11), en esas circunstancias se tiene que unos días después de que dio curso a los actos investigativos solicitados, y se emitió la Resolución de rechazo de 9 de marzo de 2023 (Conclusión II.11), sin que previamente se concluyan las investigaciones autorizadas, siendo inadmisible esta forma de actuar, donde la directora de la investigación, desconoce y no cumple sus propias determinaciones de investigación.
Es atribución de cualquier juez que ejerza un control jurisdiccional, cumplir sus funciones de contralor de la investigación, como así lo hizo en el caso de autos el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer de Turno de la Capital del departamento de La Paz; sin embargo, ante una determinación de esa naturaleza, no impide a cualquier director de la investigación, en el presente caso Teresa Apaza Catarí, Fiscal de Materia y autoridad demandada, que realice los actos investigativos en el tiempo de la etapa preparatoria, es decir dentro de los seis meses de iniciado el proceso, en el marco de lo regulado por el art. 134 del Código de Procedimiento Penal (CPP), inclusive con posibilidad de ampliar el plazo de la investigación, en aquellos casos en los que existen actos investigativos pendientes de realización, todo lo que desconoció la Fiscal demandada y evidencia como incumplió la misma con el deber de actuar con la debida diligencia investigativa, lo que de manera directa agravia el derecho que tiene la parte accionante de vivir una vida libre de violencia.
Una vez que se emitió la Resolución de rechazo de denuncia y se notificó a la parte denunciante el 24 de marzo de 2023, y en oportunidad legal, presentó a conocimiento de la Fiscal de Materia demandada, objeción sobre dicha resolución (Conclusión II.14), habiéndose remitido a conocimiento de la autoridad jerárquica superior el 20 de abril de 2024, conforme informó de la autoridad demandada, quién justificó esta situación señalando que lo hizo en el plazo legal de veinticuatro horas, una vez que el sindicado habría sido notificado el 18 de abril de 2024.
El deber de la debida diligencia, se sustenta en uno de los principios procesales consagrados en el art. 86.2. de la Ley 348, en mérito al cual, la autoridad del poder público, debe dar cumplimiento a los plazos procesales, sin dilación, lo que no sucedió en el caso de autos; resulta inadmisible que casi un mes después de la objeción se hubiera remitido el caso al superior en grado -del 24 de marzo al 20 de abril de 2023-, no siendo razonable la justificación que intentó dar la autoridad demandada en audiencia, que no se remitió antes porque no se citó al sindicado, quién no era agraviado con su determinación, al contrario era la persona beneficiaria, llama la atención la preocupación de la Fiscal demandada, quién cuido la notificación al sindicado con el auto de rechazo, pero descuido la notificación al mismo con la aplicación de las medidas de protección y también con su declaración informativa, que nunca llegaron a producirse; además de ser evidente que la fecha tardía de remisión coincido con el planteamiento de la presente acción tutelar, que no podría ser el medio que sirva para que las autoridades cumplan con sus obligaciones legales.
Conforme se ha expresado en los párrafos anteriores, existe evidencia clara que la Fiscal demandada, sin completar actos investigativos, sin recibir la declaración informativa del denunciado y lo que es peor aún sin dar cumplimiento a su requerimiento de medidas de protección otorgada a la víctima, de manera directa emitió un requerimiento conclusivo, decantándose de manera simple y llana por el rechazo de la denuncia; a todo eso se suma que esa decisión de rechazo que lesionó los derechos de la parte accionante, cuando fue objetada en oportunidad legal, fue remitida al superior en grado en forma extemporánea, desconociéndose el principio de celeridad procesal.
Por todo lo expresado se llega a la conclusión que, en el presente caso, Teresa Apaza Catarí, Fiscal de Materia -ahora demandada-, no ha cumplido con su deber de ejercer la debida diligencia, en procesos como el presente, en el que ha habido una denuncia de violencia psicológica contra una mujer, lo que conlleva una afectación moral y la lesión a su derecho a tener una vida digna. d) Con relación a la necesidad de emitirse requerimientos fiscales, debidamente fundamentados y motivados
Toda resolución que emita una autoridad judicial o no, como son las autoridades del Ministerio Público, tienen el deber y la obligación de pronunciar un requerimiento adecuadamente argumentado, a fin de garantizar el derecho que tiene toda persona, a que se emita una resolución que sea adecuadamente fundamenta y motivada, siendo el contenido esencial del señalado derecho, el sometimiento que tiene que tener la autoridad que emite una decisión, a la Constitución Política del Estado, así como al bloque de constitucionalidad, conforme se ha señalado en Fundamento Jurídico III.4. de la presente decisión constitucional.
En la demanda de acción tutelar, se ha cuestionado la emisión del requerimiento fiscal conclusivo, contenido en la Resolución de rechazo 37/2023 9 de marzo, en la que se expresó que, de acuerdo al análisis de los antecedentes cursantes en el cuaderno de investigación, no se cuentan con suficientes elementos de convicción para determinar imputación formal, por lo que dispuso el rechazo de la denuncia (Conclusión II.13).
De una revisión del requerimiento señalado, después de realizar una relación de lo que habría sucedido, la Fiscal demandada, hizo mención a los elementos que valoró para llegar a la conclusión del rechazo de la denuncia, tales: a) el informe técnico de registro del lugar del hecho “documental que por sí sola resulta insuficiente para establecer que el sindicado hubiera incurrido en el delito atribuido”; y, b) el Informe Psicológico Forense, por el que: “se advierte que la evaluada presenta una leve perturbación en el estado de ánimo … no se cuenta con ningún elemento documental indiciaria que permita establecer que la constituida en víctima”.
La valoración del informe técnico del registro del lugar (Conclusión II.7) resulta ser un despropósito, en cuanto en el mismo solo se evidenciaron las cámaras que existían en el lugar, pero eso no puede considerarse como prueba que sirva para ningún tipo de proceso investigativo; a partir de ese informe técnico, realizado por la policía, el investigador asignado al caso solicitó a la Fiscal ahora demandada que requiera a los propietarios del lugar que tengan cámaras, remitan sus grabaciones; en consecuencia, esa prueba no podría ser considerada suelta, sino en relación a los otros actos de investigación, respeto a los que no se refirió, porque no se realizaron, ni el solicitado por el investigador asignado al caso ni el que hizo referencia, tampoco se hizo mención a los actos de investigación que solicitó la ahora accionante, que pese a ser admitida, no se procedió a congelar cámaras, incumpliéndose con su deber de la debida diligencia en la investigación; en consecuencia, la Fiscal demandada valoró un acto investigativo vacío de contenido, por cuanto por su inercia no se realizaron los actos investigativos subsecuentes y relacionados, solicitados por el investigador y por la impetrante de tutela, por esa omisión no existieron elementos que cursen en el cuaderno de investigaciones.
En la Resolución de rechazo, llama la atención que la autoridad demandada, haya valorado un inicial elemento probatorio -Informe Técnico de Registro del Lugar-, que por ser tal no tenía ningún elemento probatorio; sin embargo, no valoró ni consideró la declaración informativa que prestó la testigo principal Evelyn Fátima Hurtado (Conclusión II.7), quién relató la forma como vivió los agravios que fueron denunciados, declaración que para la Fiscal demandada prácticamente ni existió, omisión valorativa evidente, pues debió haber considerado dicha declaración informativa, así sea para llegar a la conclusión a la que arribó, máxime si en el caso concreto ni siquiera existió una declaración informativa del agresor, por la inercia investigativa en la que incurrió.
Un elemento probatorio que sí consideró en la Resolución de rechazo, fue el Informe psicológico forense, considerado que la denunciante presentaría una leve perturbación, valoración que fue sesgada, en cuanto no lo tuvo en cuenta en toda su integridad, pues en el mismo se dejó constancia que la relación con el denunciado repercutió en su estado emocional, nerviosismo, tensión, inquietud, estados de tristeza, sentimientos de culpa, miedo susceptibilidad por su seguridad y la de su familia, sentimientos todos que se habrían producido en el lapso de tiempo en el que se hizo la evaluación, que es entre el 24 de noviembre y 1 de diciembre de 2022 (Conclusión II.4); La autoridad demandada, no solo no realizó una valoración integral de lo informado por el profesional médico, sino que también no tuvo en cuenta el tiempo en el que se realizó la valoración, que inclusive fue un tiempo anterior al día que se produjo el hecho que dio lugar a la denuncia, lo que de entrada evidencia la existencia de una situación de perturbación y/o violencia anterior al mismo hecho denunciado, nada de eso fue considerado.
Por las razones señaladas, en el marco de lo expresado en Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo constitucional, se evidencia que la Resolución de rechazo de denuncia, emitida por Teresa Apaza Catarí, Fiscal de Materia, ha sido una determinación con una motivación arbitraria, por una valoración irrazonable de la prueba relativa al Informe Técnico de Registro del Lugar, que era la base sobre la que no se continuó los actos investigativos por negligencia de dirección de la Fiscal demandada; además, ha existido una evidente omisión en la valoración de la prueba relativa a la declaración informativa de la principal testigo del hecho denunciado; asimismo, hay una motivación totalmente insuficiente cuando en forma parcial se valoró el certificado psicológico forense; todo lo que evidencia la existencia de un requerimiento fiscal de rechazo de denuncia arbitrario, por motivación arbitraria e insuficiente, con lo que se ha lesionado la garantía al debido proceso de la parte accionante, en consecuencia se ha lesionado su derecho a tener un requerimiento adecuadamente motivado, además que con el rechazo arbitrariamente dispuesto, también se ha lesionado su derecho de acceso a la justicia.
Asimismo, el referido requerimiento de rechazo, al no haber cumplido con el deber de la debida diligencia, como se ha expresado en el presente punto y en el anterior, es una determinación notoriamente carente de fundamentación, porque la ausencia en el cumplimiento del deber dispuesto por normas internacionales y que se integran a nuestro ordenamiento jurídico, conforme al bloque de constitucionalidad, en cuyo marco se ha sancionado la Ley 348, sin lugar a dudas expresa una lesión al derecho que tiene la parte accionante, de tener un requerimiento fiscal que se ajuste a un adecuado control de convencionalidad difuso, lo que no ha sucedido en el caso de autos, con lo que también se ha violado la garantía al debido proceso, en su elemento relativo al derecho de tener una resolución fundamentada, razón por la que también amerita conceder la tutela planteada. De igual manera corresponde referirse a las actuaciones del otro Fiscal codemandado, Gustavo Valdez Aguayo, quién el 25 de enero de 2023, emitió su Resolución de imputación formal G.V.A. 06/2023 en contra de Mirian Daza Fernández -ahora accionante-, por la presunta comisión de los delitos de lesiones leves y graves; en la acción tutelar, la impetrante entiende que esa determinación tubo una única valoración de la prueba en forma arbitraria, el certificado médico forense que dio una incapacidad de cuatro días.
De la revisión de obrados, se observa que las aseveraciones de la parte accionante son evidentes, en cuanto es cierto que el Fiscal codemandado, para disponer la imputación formal por la denuncia que se presentó contra Mirian Daza Fernández, solo valoró el certificado médico forense (Conclusión II.3).
Correspondió a la autoridad codemandada, valorar ese certificado médico, en el que se estableció cuatro días de incapacidad médico legal, en función de los hechos denunciados por Juan Marcelo Mercado Paz, que no fue única y exclusivamente contra Mirian Daza Fernández, a quién la denunció por lesiones graves y leves -por rascarle la espalda-, sino que también la denuncia se presentó contra su prima Evelyn NN, quien supuestamente habría cometido contra su humanidad una tentativa de homicidio, pues fue ella quién -con una cinta- lo habría intentado estrangular.
Además, de ser cierto lo expresado en el certificado médico forense, el mismo correspondería a supuestas acciones físicas y de violencia que habrían cometido las denunciadas, pero el resultado de la investigación fue rechazar la denuncia contra la que supuestamente cometió el acto mayor (intento de homicidio) -por no haberla podido identificar-, e imputar contra quién cometió el supuesto acto menor -lesiones graves y leves-, lo que carece de lógica y deja en evidencia una dejadez investigativa, que ha dado lugar a la emisión de un requerimiento de imputación, ausente de una adecuada motivación y valoración probatoria.
Esa falta de valoración probatoria, en el requerimiento de imputación formal, también se dio cuando en el mismo no se ha realizado ninguna referencia ni apreciación, con relación a la declaración informativa de la parte sindicada (Conclusión II.5.) en la que la misma manifestó, como en la oportunidad que dio lugar a los hechos denunciados, su persona habría sido víctima de violencia (psicológica); nada de eso es considerado y valorado, lo que dio lugar a que la autoridad codemandada desconozca el contexto en el que se produjeron los hechos de violencia, como se ha desarrollado en el apartado III.5.b) de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, a la que nos remitimos, pero que también sirven para dejar en evidencia la ausencia de motivación en la determinación cuestionada en la acción tutelar. Finalmente, la determinación asumida por el Fiscal Gustavo Valdez Aguayo, no solo carece de una motivación adecuada, sino que también la misma adolece de falta de fundamentación, en cuanto no es suficiente que cualquier requerimiento fiscal, tenga la transcripción de una serie de Sentencias Constitucionales Plurinacionales, como ha sucedido en el requerimiento cuestionado; sino que es preciso que los precedentes contenidos en las mismas, sean subsumidos al caso concreto, lo que en la resolución de imputación formal no se evidencia, por lo que también hay una clara lesión a la garantía al debido proceso, en su elemento fundamentación, por lo que corresponde concederse la tutela planteada. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder en parte la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 45/2023 de 21 de abril, cursante de fs. 232 a 237, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia:
1º CONCEDER en todo la tutela impetrada, por desconocer un debido procesamiento, debiendo aplicar las autoridades demandadas el enfoque integral y de contexto del problema jurídico, como actuar con la debida diligencia, con base en los fundamentos jurídicos señalados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2º Disponer que la Fiscal de Materia Teresa Apaza Catari, cumpla lo determinado por el Juez de garantías; y que el Fiscal de Materia Gustavo Valdez Aguayo, debe aplicar el enfoque integral y de contexto del problema jurídico, como actuar con la debida diligencia en el caso sometido a su conocimiento, con base en los fundamentos jurídicos señalados en el presente fallo constitucional; y,
3º Exhortar a las autoridades no judiciales demandadas, así como a las autoridades judiciales, que conozcan la tramitación de los procesos penales que motivó la presente tutela, que se encuentran vinculados, que tengan presente la prohibición de revictimización y la máxima oficiosidad durante el desarrollo de la etapa investigativa, como de la tramitación de todo el proceso penal. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
1 Entendimiento asumido de la Sentencia C-277/98, emitida por la Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia.
2 Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género del Órgano Judicial de Bolivia.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1144_2025-S3.pdf · páginas 1 a 37.
Huella digital del PDF (SHA-256): 200d53b72fc5d92e6f8b9d23f56a65d69c7829687dbd3a0d610bfb771e66fe1d
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