B.IA.LEGAL

SCP 1144/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 25 de septiembre de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
25 de septiembre de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
57942-2023-116-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus componentes aplicación objetiva de las normas, valoración razonable de la prueba, fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales; y, del principio de legalidad; toda vez que, a su criterio, el Auto de Vista 73/2023, desnaturalizó el proceso ejecutivo al resolver derechos controvertidos, puesto que: 1) Se omitió la aplicación de los métodos de interpretación teleológico y sistemático, lo que provocó una errónea interpretación de los arts. 375, 380.III y 381.II.7 del CPC, los cuales, permitirían concluir que el proceso ejecutivo se fundamenta en el grado de certeza de la pretensión respaldada por el título ejecutivo presentado; el único medio de defensa admisible era la oposición mediante excepciones; y, respecto a la excepción de pago documentado que fue opuesta, esta debía limitarse estrictamente al monto consignado en el recibo presentado como prueba; y, 2) Se prescindió emplear la sana crítica para una correcta y razonable valoración de la prueba, puesto que, el monto consignado en el recibo que sustentó la excepción de pago documentado opuesta por los terceros interesados, no podía alterar ni incrementar la suma final a amortizarse a la deuda. Las autoridades demandadas no presentaron informe escrito alguno ni ingresaron a la audiencia de garantías para rebatir los argumentos de la parte accionante. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 102/23 de 14 de agosto de 2023, cursante de fs. 144 vta. a 148 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con base en los argumentos expuestos de este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre el principio de subsidiariedad en la revisión constitucional de los procesos ejecutivos
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1144/2025-S2 Sucre, 25 de septiembre de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 57942-2023-116-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 102/23 de 14 de agosto de 2023, cursante de fs. 144 vta. a 148 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Erick Cristhian Vargas Camacho en representación legal de “CARGILL BOLIVIA” Sociedad Anónima (S.A.) contra Efraín Cruz Limachi, ex Vocal; y, Mirian Rosell Terrazas, actual Vocal, ambos de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 26 de julio y 9 de agosto de 2023, cursantes de fs. 112 a 126; y, 132, la parte accionante manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

A causa de una relación comercial de compra y venta de granos de soya, Sandra Cristina de Souza -hoy tercera interesada-, mediante documento de reconocimiento de deuda y compromiso de pago de 20 de noviembre de 2019, reconoció el monto de $us470 000.- (cuatrocientos setenta mil dólares estadounidenses) a favor de “CARGILL BOLIVIA” S.A.; y, ante el incumplimiento del pago de dicha deuda, el 27 de octubre de 2021, planteó demanda civil ejecutiva en contra de esta; producto de ello, se emitió la Sentencia Inicial 171/21 de 29 del mismo mes y año, que la declaró probada; sin embargo, el 4 de enero de 2022, la deudora y su cónyuge -quien a su vez es garante de la obligación- opusieron excepción de pago documentado, adjuntando un recibo en fotocopia a color por la suma de “$us. 218.405,46.-”, con el cual, estos no estuvieron de acuerdo, ya que, consideraron que tenían derecho al reconocimiento de una amortización mayor “…en función del precio de la tonelada de soya” (sic). Sin perjuicio de ello, en audiencia -se entiende de resolución de excepciones-, reconoció de buena fe el pago del monto contenido en el referido recibo, quedando una suma pendiente de pago de $us251 594,54.- (doscientos cincuenta y un mil quinientos noventa y cuatro 54/100 dólares estadounidenses); no obstante, la Sentencia Definitiva 14/22 de 17 de agosto de 2022, declaró improbada la excepción de pago documentado, ya que, el recibo no se refería al documento base de la obligación. Ante la controversia sobre el señalado documento, se exigió que la decisión se circunscriba a la excepción planteada y se la declare probada por el monto contenido en tal documental; empero, el 26 de agosto de 2022, los deudores plantearon recurso de apelación contra la Sentencia Definitiva 14/22, cuestionando que, el precio de la tonelada de soya era mayor al contenido en el recibo y, por ende, solicitaron un incremento en el monto de amortización de la suma adeudada. En ese sentido, se emitió el Auto de Vista 73/2023 de 6 de abril, que revocó la referida Sentencia Definitiva y declaró probada en parte la excepción de pago documentado por una suma de $us263 828,94.- (doscientos sesenta y tres mil ochocientos veintiocho 94/100 dólares estadounidenses). Sin embargo, el Tribunal de alzada, ingresó a dilucidar aspectos de fondo vinculados al valor de la tonelada de soya para determinar la suma final del monto a amortizarse a la deuda, “…ordinariza[ndo] tácitamente la apelación…” (sic); puesto que: a) Se omitió emplear las reglas de interpretación de los métodos teleológico y sistemático que provocó una errónea interpretación de los arts. 375, 380.III y 381.II.7 del Código Procesal Civil (CPC), ya que, al utilizar únicamente el método gramatical, concluyeron que tenían un amplio margen de actuación y apreciación sobre los hechos y derechos, sin considerar que, utilizando los precitados métodos, concluirían que: 1) El art. 375 del CPC, establece que la naturaleza sumaria del proceso ejecutivo se sustenta en los documentos constitutivos de la obligación que le dan cierto grado de certeza, pues, el mismo no tiene por fin dilucidar hechos o derechos controvertidos; por lo que, del análisis del título ejecutivo no existe controversia sobre el monto adeudado; 2) El art. 380.III del citado Código, refiere que las observaciones a tales documentos se encuentran restringidas únicamente a la oposición de excepciones, pues, no existe contestación a la demanda y menos reconvención; y, dado que se presentó una excepción, su consideración debe restringirse a la documental que la sustenta; y, 3) El art. 381.III de dicha Norma procesal, subraya que la excepción de pago documentado debe resolverse con base a la prueba que se aporte al proceso, pues su análisis debe restringirse al recibo, sin necesidad de otras investigaciones; es así que, debió declararse el pago parcial de la deuda con base en el monto contenido en tal escrito; b) Se omitió sujetarse a los criterios de la sana crítica, incurriendo en una incorrecta e irrazonable valoración de la prueba, debido a que, alteraron el monto contenido en el recibo de 17 de agosto de 2022, desconociendo que, la excepción de pago documentado, solo puede ser acreditada mediante recibo emanado por el ejecutante y debe sujetarse al monto contenido en este; en ese sentido, al haber presentado un recibo por el monto de “$us. 218.405,46.-”, distorsionaron el mismo por la suma de $us263 828,94.-, en base a “otros documentos” que señalarían el precio de la tonelada de soya, cuando en un proceso ejecutivo no se pueden modificar los datos contenidos en los documentos presentados; sumado a que, la única prueba que podía valorarse era tal escrito junto con el título ejecutivo y, en caso de existir controversia, ello debía dilucidarse en un proceso ordinario; y, c) Prescindió explicar los fundamentos legales, jurisprudenciales y doctrinales por los cuales resolvieron un derecho controvertido en un proceso ejecutivo, más aún, cuando la excepción planteada daba la apariencia de una reconvención. Es por ello que, de haber aplicado objetivamente las referidas normas, haber valorado razonablemente las pruebas aportadas al proceso y, fundamentado y motivado el Auto de Vista 73/2023, se hubiera emitido una resolución diferente.

I.1.2. Derecho y principio supuestamente vulnerados

La parte peticionante de tutela alega la lesión de su derecho al debido proceso en sus componentes aplicación objetiva de las normas, valoración razonable de la prueba, fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales; y, del principio de legalidad; citando al efecto los arts. 115 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: i) Se deje sin efecto el Auto de Vista 73/2023; ii) Se emita un nuevo pronunciamiento en resguardo de sus derechos constitucionales; y, iii) Se ordene la reparación pecuniaria en la “...vía llamada por ley” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 14 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 141 a 144 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional y, ampliando en audiencia, señaló que: a) El Tribunal de alzada, al emitir el Auto de Vista 73/2023, ordinarizó tácitamente el proceso ejecutivo al haber resuelto derechos controvertidos, señalando que, los terceros interesados tendrían derecho “...a un mayor precio por cada tonelada de soja entregada...” (sic), sin considerar que, no existe controversia respecto a la deuda de los $us470 000.- consignada en el título ejecutivo, ni respecto al monto de amortización de los $us218 404,10.- (doscientos dieciocho mil cuatrocientos cuatro 10/100 dólares estadounidenses) establecido en el recibo que sustentó la excepción de pago documentado; b) Según la “SCP 1174/2012”, se precisó que el proceso ejecutivo no puede dilucidar derechos controvertidos; empero, las autoridades demandadas permitieron incorporar un medio de defensa ajeno a la excepción de pago documentado opuesta, una “especie de reconvención” que ingresó a discutir sobre el precio de la tonelada de soya, el tipo de grano de soya entregado y el derecho a un precio mayor por esta; c) El recibo que acreditó la excepción de pago documentado debía amortizarse al capital en un monto fijo, pues, el mismo no estaba sujeto a condiciones que permitieran modificar la suma contenida en aquel; y, d) No se citaron los fundamentos legales, jurisprudenciales o doctrinales que respaldarían o motivarían razonablemente la determinación asumida, es así que, la misma, desvirtúa la naturaleza del proceso ejecutivo para convertirlo en un proceso ordinario.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Efraín Cruz Limachi, ex Vocal; y, Mirian Rosell Terrazas, actual Vocal, ambos de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no presentaron informe escrito alguno ni ingresaron a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 135 y 136.

I.2.3. Participación de los terceros interesados

Sandra Cristina de Souza y Víctor Marlos Kublik, a través de su abogada, en audiencia solicitó se rechace in limine o, en su caso, se deniegue la tutela solicitada, señalando que: 1) No se observó el cumplimiento de todos los requisitos previstos en el art. 54 del Código Procesal Constitucional (CPCo), pues no se agotó la subsidiariedad, ya que existen aspectos que deben resolverse en un proceso ordinario posterior, añadido a que, en el memorial de la acción de amparo constitucional se señala que correspondía la ordinarización del proceso ejecutivo, dado que, “...existían controversias respecto a los saldos a favor y en contra de ambas partes...” (sic); 2) El proceso ejecutivo instaurado deviene de una relación comercial con la parte accionante, quienes el 2019, suscribieron un documento de comercialización de granos de soya, en virtud del cual, les extendieron una “línea de crédito”, a través del cual, con la entrega de soya se descontaba -se entiende, el monto de- dicho crédito; 3) En aplicación del art. 391.7 del CPC, al momento de contestar la demanda ejecutiva, hicieron conocer el pago documentado de dicha deuda, sumado a que, la parte impetrante de tutela confesó en audiencia de 17 de agosto de 2022 -se entiende, de resolución de excepciones- que se le hizo un pago documentado mediante la entrega de granos de soya en una suma que asciende a $us324 431,96 (trescientos veinticuatro mil cuatrocientos treinta y un dólares americanos); 4) El Auto de Vista 73/2023 se basó en el documento que acreditó el pago documentado que fue legalmente emitido por la parte peticionante de tutela; por lo que, se encuentra debidamente fundamentado y motivado, y cuenta con una razonable valoración de la prueba, señalando en qué fojas se encuentran cada una de las pruebas analizadas; y, 5) Según las Sentencias Constitucionales Plurinacionales “0238/2018-S2 y 0410/2023”, la justicia constitucional se encuentra impedida de cuestionar la valoración probatoria a ser realizada por la jurisdicción ordinaria.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Resolución 102/23 de 14 de agosto de 2023, cursante de fs. 144 vta. a 148 vta., denegó la la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) El Auto de Vista 73/2023, no se sustenta en la resolución de la pretensión principal planteada, sino en la resolución de la excepción de pago documentado acreditado por el recibo reconocido en la audiencia de 17 de agosto de 2022, sobre el cual, se discute si las autoridades demandadas tenían la facultad de valorar y si se vulneró el debido proceso conforme lo alegado por la parte accionante; ii) Sobre la errónea aplicación de la ley y la errónea valoración de la prueba, ambos tienen el común denominador de cuestionar el quantum del recibo que sustentó la excepción de pago documentado; empero, al no considerarse dicha documental por el Juez ad quo -se entiende, al momento de emitir la Sentencia Definitiva 14/22, en ejercicio de sus facultades, el Tribunal ad quem corrigió tal situación -se entiende, al momento de emitir el Auto de Vista 73/2023-; iii) La determinación del monto cuestionado se sustentó en dos aspectos: a) El monto contenido en el referido recibo; y, b) La actualización del valor “...al momento de realizada la entrega de las 800 toneladas...” (sic), aspectos que, las autoridades demandadas determinaron en ejercicio de su facultad de verificar la carga documental de las partes y que no merece un control tutelar; iv) Sobre la fundamentación y motivación, en virtud del principio iura novit curia, no le es exigible a las autoridades jurisdiccionales sustentar ampulosamente sus decisiones sino de forma concreta y congruente; y, v) La sola mención de articulados legales o jurisprudencia constitucional, no justifica dejar sin efecto el señalado Auto de Vista y, aun corrigiéndose ello, el resultado sería el mismo. En vía de enmienda, complementación y aclaración, la parte accionante solicitó se aclare “...la facultad legal [que] le permite al tribunal ad quem...” (sic) cambiar el monto del recibo presentado y proceder a descontar un monto diferente; ante ello, la Sala Constitucional respondió que, al no haberse valorado tal extremo por el Juez ad quo, esta omisión es corregida por el Tribunal ad quem; por lo que, no se evidencia la lesión de derechos y garantías constitucionales.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por documento de reconocimiento de deuda y compromiso de pago 3370/19 de 20 de noviembre de 2019, Sandra Cristina de Souza y Víctor Marlos Kublik -ahora terceros interesados- reconocieron adeudar en favor de “CARGILL BOLIVIA” S.A. -hoy parte accionante-, la suma de $us470 000.-, señalando que la misma se constituyó dentro de “…una relación comercial de compraventa de granos” (sic [fs. 65 a 67]); el cual, mediante formulario 0599020 de la misma fecha, fue reconocido en sus firmas y rúbricas ante Mónica Isabel Villarroel de Herrera, Notaria de Fe Pública Noventa y uno de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (fs. 68). II.2. Cursa documental de 12 de agosto de 2020, sobre “LIQUIDACIÓN DE CONTRATO POR COMPRA” (sic), suscrita entre la tercera interesada -Sandra Cristina de Souza- como vendedora; y, “CARGILL BOLIVIA” S.A., como comprador, por el valor total de $us218 404,10.- (fs. 79). II.3. Dentro del proceso ejecutivo civil instaurado por la parte accionante contra los terceros interesados, se emitió la Sentencia Inicial 171/21 de 29 de octubre de 2021 por el Juez Público Civil y Comercial Vigesimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, que declaró probada la demanda (fs. 76 a 77); ante ello, los prenombrados opusieron excepción de pago documentado con base en la documental descrita en la Conclusión II.2 y solicitaron sea considerada en la suma de $us352 000.- (trescientos cincuenta y dos mil dólares estadounidenses); ante la cual, se emitió la Sentencia Definitiva 14/22 de 17 de agosto de 2022, que la declaró improbada (fs. 94 vta. a 95). II.4. Consta documental de 17 de agosto de 2022, sobre los “saldos pendientes de pago” de la tercera interesada -Sandra Cristina de Souza-, por el cual, “CARGILL BOLIVIA” S.A., establece el monto total adeudado de $us324 431,96.- (fs. 86). II.5. Contra la Sentencia Definitiva 14/22, los terceros interesados, interpusieron recurso de apelación, en virtud del cual, Efraín Cruz Limachi, ex Vocal; y, Mirian Rosell Terrazas, actual Vocal, de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -ahora demandados-, emitieron el Auto de Vista 73/2023 de 6 de abril, que revocó la resolución recurrida y declaró probada en parte la excepción de pago parcial en el monto de $us263 828,94.- (fs. 100 a 102 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus componentes aplicación objetiva de las normas, valoración razonable de la prueba, fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales; y, del principio de legalidad; toda vez que, a su criterio, el Auto de Vista 73/2023, desnaturalizó el proceso ejecutivo al resolver derechos controvertidos, puesto que: 1) Se omitió la aplicación de los métodos de interpretación teleológico y sistemático, lo que provocó una errónea interpretación de los arts. 375, 380.III y 381.II.7 del CPC, los cuales, permitirían concluir que el proceso ejecutivo se fundamenta en el grado de certeza de la pretensión respaldada por el título ejecutivo presentado; el único medio de defensa admisible era la oposición mediante excepciones; y, respecto a la excepción de pago documentado que fue opuesta, esta debía limitarse estrictamente al monto consignado en el recibo presentado como prueba; y, 2) Se prescindió emplear la sana crítica para una correcta y razonable valoración de la prueba, puesto que, el monto consignado en el recibo que sustentó la excepción de pago documentado opuesta por los terceros interesados, no podía alterar ni incrementar la suma final a amortizarse a la deuda. Las autoridades demandadas no presentaron informe escrito alguno ni ingresaron a la audiencia de garantías para rebatir los argumentos de la parte accionante. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre el principio de subsidiariedad en la revisión constitucional de los procesos ejecutivos

Por un lado, el art. 129.I de la CPE, estipula que la acción de amparo constitucional procede: “…siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”, criterio reiterado por el art. 54.I del CPCo; y, por otro lado, siguiendo lo contenido por el art. 386.I del CPC, se establece que: “Lo resuelto en el proceso ejecutivo podrá ser modificado en proceso ordinario posterior, siempre que la acción tenga por objeto el derecho material y de ninguna manera el procedimiento del proceso ejecutivo”. Es así que, dada la posibilidad de que la determinación del proceso ejecutivo respecto a hechos o derechos controvertidos puede ser cambiada en un proceso ordinario ulterior, la procedencia de la tutela de derechos y garantías constitucionales vía acción de amparo constitucional requiere, como condición impuesta por el principio de subsidiariedad, haber activado previamente dicho proceso ordinario. Al respecto, la SCP 0367/2012 de 22 de junio, constituyó determinadas reglas para la aplicación del principio de subsidiariedad en los proceso ejecutivos, así: “Cuando se denuncian a través de la acción de amparo constitucional decisiones judiciales emergentes de procesos de ejecución -proceso ejecutivo o acción coactiva civil- la jurisprudencia constitucional ha distinguido dos supuestos de hecho en resguardo del principio de subsidiariedad, previsto ahora en los arts. 129.I de la CPE y 74. 1 y 3, y 76 de la LTCP”; y, en cuanto al segundo supuesto de hecho, señaló que: “La segunda situación es cuando dentro del proceso de ejecución -ejecutivo o acción coactiva civil- los actos lesivos denunciados a través de la acción de amparo constitucional pueden ser analizados, revisados y corregidos en proceso ordinario posterior, precisamente por no incidir en la lesión a derechos fundamentales o garantías constitucionales constitutivas del debido proceso y referirse a aspectos que requieren amplio debate en el proceso…” (las negrillas nos corresponden).

III.2. Análisis del caso concreto

A causa de una relación comercial de compra y venta de granos de soya entre “CARGILL BOLIVIA” S.A. -ahora parte accionante- y Sandra Cristina de Souza y Víctor Marlos Kublik -terceros interesados-, que se traducía en la otorgación de “líneas de créditos” de la parte impetrante de tutela -como acreedora- en favor de los prenombrados -como deudores-, cuyo cumplimiento se realizaba mediante la entrega de determinadas cantidades de granos de soya que, de acuerdo a su valor comercial, se calculaba un monto de dinero amortizable a los mismos, se suscribió el documento de reconocimiento de deuda y compromiso de pago de 20 de noviembre de 2019, en la suma de $us470 000.- (Conclusión II.1); ante el incumplimiento de este, la parte peticionante de tutela instauró proceso ejecutivo civil contra los terceros interesados, dentro del cual, el Juez Público Civil y Comercial Vigesimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, emitió la Sentencia Inicial 171/21 de 29 de octubre de 2021; y, ante la oposición de la excepción de pago documentado, en la que solicitaron sea considerada en la suma de $us352 000.-, se emitió la Sentencia Definitiva 14/22 de 17 de agosto de 2022, que la declaró improbada en la medida en la que, se consideró que no existía una: “…constancia documental del pago…” (sic) con un monto específico vinculado al título ejecutivo sino un “…contrato de compra venta para cereales y oleaginosas…” (sic) como sustento del argumento de la entrega de granos de soya como forma de pago (Conclusión II.3); determinación que fue impugnada mediante recurso de apelación, producto del cual, la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Segunda del señalado asiento judicial, emitió el Auto de Vista 73/2023 de 6 de abril, que revocó la resolución recurrida y declaró probada en parte la citada excepción en el monto de $us263 828,94.- (Conclusión II.5); sobre cuya decisión, la parte accionante alega se han vulnerado sus derechos y garantías constitucionales, puesto que, el monto contenido en el recibo de la excepción de pago documentado opuesta, ascendería a “$us. 218.405,46.-”. Ahora bien, con relación al primer punto reclamado, vinculado a la premisa mayor o fundamentación normativa del Auto de Vista 73/2023, la parte impetrante de tutela advierte la omisión de la aplicación de los métodos de interpretación teleológico y sistemático que dio lugar a una errónea interpretación de los arts. 375, 380.III y 381.II.7 del CPC, pues, de no haberse incurrido en ello, concluirían que: i) El proceso ejecutivo se sustenta en el grado de certeza que le proporciona el título ejecutivo a la pretensión planteada; ii) El único medio de defensa admisible es la oposición de excepciones; y, iii) La excepción de pago documentado debe sustentarse en el monto establecido en la prueba del recibo.

Ahora bien, la fundamentación normativa que empleó el Auto de Vista 73/2023, se basó en el art. 381.I y II.7 del CPC, por medio del cual, concluyó que la excepción de pago documentado debía resolverse con base en los documentos suscritos o emanados por el ejecutante y que guarden relación con el título ejecutivo; en el caso concreto, ello implicó que el Tribunal ad quem -para determinar el monto del valor de los granos de soya entregados como pago amortizable a la deuda principal y reconocida por la entidad ejecutante- recurrió al análisis de la causa de la relación contractual comercial de compraventa de granos de soya -basado en una línea de crédito cuyo cumplimiento se realizaba mediante la entrega de determinadas cantidades de granos de soya que de acuerdo a su valor comercial se calculaba un monto de dinero amortizable a la deuda- entre la parte peticionante de tutela y los terceros interesados, que daría origen a la suscripción del título ejecutivo de reconocimiento de deuda y compromiso de pago, para secuencialmente, considerar el documento de 12 de agosto de 2020, relativo a la venta de granos de soya por el valor inicial de $us218 404,10.- al valor actualizado de $us263 828,94.-, al momento de resolver la excepción de pago documentado planteada contra el título por el cual se instauró el proceso ejecutivo civil. En ese sentido, si bien los arts. 375 y 380.III del CPC no fueron objeto de la fundamentación normativa del Auto de Vista 73/2023; puesto que, este se limitó a resolver el recurso de apelación interpuesto por los terceros interesados contra la Sentencia Definitiva 14/22, que declaró improbada la excepción de pago documentado opuesta, si lo fue el art. 381.II.7 del citado Código; respecto al cual, la parte accionante afirmó que su interpretación obliga a que la excepción de pago documentado debe basarse únicamente en el recibo emitido por el ejecutante; por lo que, el Auto de Vista debía basarse en el monto contenido en el documento que expidieron el 17 de agosto de 2022; no obstante, las autoridades demandadas sostienen que su interpretación faculta no sólo analizar las literales que sustentan la excepción de pago documentado sino la causa que las originan y vinculan con el título ejecutivo; por ello, establecieron que la relación contractual comercial de las partes -como causa que daría origen al título ejecutivo-debía considerarse para determinar el monto final a actualizarse en el documento de 12 de agosto de 2020. De ello se desprende que, si bien existen dos interpretaciones distintas respecto del art. 381.II.7 del CPC, conforme a lo establecido en el Fundamento Jurídico II.1 del presente fallo constitucional, dicho aspecto se encuentra íntimamente vinculado al marco normativo aplicable a una cuestión de carácter material -esto es, la determinación del cálculo del monto amortizable a la deuda principal como efecto de la oposición de la excepción de pago documentado- relacionada con la satisfacción del derecho de crédito. Este extremo requiere un amplio debate probatorio y argumentativo, máxime cuando la interpretación cuestionada emerge de la definición de una relación contractual de naturaleza comercial, la cual demanda un contradictorio que solo puede desarrollarse en el proceso ordinario ulterior legalmente habilitado para tal efecto, sin que la justicia constitucional pueda suplir dicha instancia, menos aún, cuando esta no ha sido previamente agotada. En consecuencia, al encontrarse dicha vía expresamente prevista por el art. 386.I del CPC, correspondía el previo agotamiento de ese proceso, en observancia del principio de subsidiariedad, como presupuesto indispensable para que la justicia constitucional pudiera, en su caso, ingresar al análisis de lo solicitado. La inobservancia de este requisito impide a la jurisdicción constitucional efectuar un pronunciamiento de fondo sobre la controversia planteada sobre este punto.

Siguiendo ese tenor, con relación al segundo punto reclamado, vinculado a la premisa menor o motivación fáctica del Auto de Vista 73/2023, la parte peticionante de tutela sostiene que no se sujetó a los criterios de la sana crítica, por lo cual, incurrió en una incorrecta e irrazonable valoración del recibo de 17 de agosto de 2022, que establecería la suma de “$us. 218.405,46.-” a amortizarse a la deuda principal como efecto de la excepción de pago documentado que reconocieron en favor de los terceros interesados, distorsionando e incrementando la suma a $us263 828,94.-. Ahora bien, la motivación fáctica que empleó el Auto de Vista 73/2023, para resolver la excepción de pago documentado opuesta por los terceros interesados, se basó en el documento del 12 de agosto de 2020, sobre “LIQUIDACIÓN DE CONTRATO POR COMPRA” por un valor de $us218 404,10.- (sic [fs. 79]), que consignaría “…la entrega de 800.015 toneladas de soya por el precio de 273 $us la tonelada…” (sic [fs. 101 vta.]) en favor de la parte accionante; y, en cuanto esta habría reconocido en audiencia de resolución de excepciones tal entrega, actualizando mediante documental de 17 de agosto de 2022, la liquidación de la deuda a $us324 431,96.-, dado que, la Dirección General de Análisis de Producto (DIAPRO) establecería el valor de $us329,78.- (trescientos veintinueve dólares 78/100 estadounidenses) por tonelada de soya, las autoridades demandadas concluyen que el precio real de la entrega ascendería a $us263 828,94.-, monto final que debería amortizarse a la deuda de $us470 000.- contenida en el título ejecutivo, quedando un saldo de $us189 824,94.- (ciento ochenta y nueve mil ochocientos veinticuatro 94/100 dólares estadounidenses) en favor de la parte impetrante de tutela. En ese contexto, revisado el punto de reclamo contra el Auto de Vista 73/2023, se establece que este versa sobre la actividad probatoria, es así que: a) Sobre la premisa fáctica -esto es, los hechos considerados probados, como la existencia de un pago parcial-, la parte peticionante de tutela sostiene que el documento de 17 de agosto de 2022 (Conclusión II.4), es la prueba de la excepción de pago, en cambio, el Tribunal ad quem basó su resolución en el documento de 12 de agosto de 2020 (Conclusión II.2); b) Sobre las premisas normativas -en este caso, las reglas de la sana crítica como criterios de valoración aludidas-, la parte accionante alega que el documento de la excepción emerge de una relación jurídica civil; por lo que, la valoración debe estar sujeta al monto contenido en el documento adjunto; por el contrario, el Tribunal ad quem consideró que el documento de la excepción emerge de una relación jurídica comercial; entonces, la valoración debía estar sujeta al valor comercial del producto entregado como pago; y, c) Sobre la conclusión probatoria derivada de las premisas antes descritas, tanto la parte impetrante de tutela como los terceros interesados, aceptan que debía amortizarse el valor comercial de los granos de soya entregados como pago de la deuda principal objeto del proceso ejecutivo contenido en el documento que sustenta la excepción de pago documentado opuesta; empero, la primera señala que el monto asciende a la suma de “$us. 218.405,46.-” -en el entendido que, el precio comercial acordado al momento de pactar la entrega fue inferior-; por otro lado, el Tribunal ad quem determinó que el monto actualizado al valor de mercado -en el entendido que, el precio comercial al momento de la entrega efectiva fue mayor- asciende a la suma de $us263 828,94.-, ya que, de acuerdo a DIAPRO, el valor de la tonelada de soya a tiempo de su entrega no era de $us273,00.- sino de $us329,78.-; por lo cual, ajustó el monto final de la amortización justificando tal determinación en la contingencia de la cuarentena, por la cual, los terceros interesados no habrían podido entregar el producto en el tiempo acordado. Siguiendo ese tenor, conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, se tiene que, el agravio invocado se basa en discrepancias con el proceder de la actividad de valoración probatoria aplicada por el Tribunal ad quem, ya que, los cuestionamientos alegados sobre este punto versan sobre la valoración del documento base de la excepción de pago documentado opuesta, que para la parte peticionante de tutela es el documento de 17 de agosto de 2022 y para las autoridades demandadas es el documento de 12 de agosto de 2020; la omisión de los criterios de valoración probatoria solicitados para ello, que para la parte accionante implicaba sujetarse al precio comercial acordado al momento de pactar la entrega de los granos de soya y para la autoridades demandadas implicaba actualizar el precio comercial al momento de la entrega efectiva de dicho producto; y, el monto final emergente de la excepción de pago documentado opuesta y amortizable a la deuda principal que para la parte impetrante de tutela ascendía a “$us. 218.405,46.-” y para las autoridades demandadas ascendía a $us263 828,94.-; por lo cual, ante la evidencia de hechos y derechos controvertidos, dichos extremos son cuestiones propias del debate valorativo e interpretativo del ámbito judicial ordinario. Es así que, la resolución de dichos extremos requiere un análisis de los hechos, pruebas y normas aplicables al caso a través de un proceso contradictorio y un debate jurídico amplio de las partes que solo puede desarrollarse dentro de un proceso ordinario ulterior, pues la controversia desarrollada en este acápite, remite a discrepancias valorativas propias del ámbito judicial ordinario, en la medida en la que, la acción de amparo constitucional no está diseñada para resolver controversias complejas que requieren producción y apreciación de prueba dentro de un proceso contradictorio y un debate jurídico amplio entre las partes; por lo que, al estar prevista dicha vía por el art. 386.I del CPC, el caso ameritaba haber agotado previamente dicho proceso como condición impuesta por el principio de subsidiariedad para que la justicia constitucional ingrese en su caso a analizar lo solicitado; extremo que, imposibilita un análisis de fondo sobre la controversia planteada por parte de la justicia constitucional. Finalmente, en cuanto a la presunta lesión del principio de legalidad, este no ha merecido mayor fundamentación a efectos de constatar su eventual vulneración no correspondiendo realizar mayor análisis al respecto, más aún, cuando el mismo tiene relación con el primer punto analizado ut supra. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, aunque con otros argumentos, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 102/23 de 14 de agosto de 2023, cursante de fs. 144 vta. a 148 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con base en los argumentos expuestos de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1144_2025-S2.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): 38b57bc8a280897794f39abb7ac928dda1e6972f6c8cd274181e7996b26deff3

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