B.IA.LEGAL

SCP 1144/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 29 de diciembre de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
29 de diciembre de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
56851-2023-114-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa, al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia; y, a los principios de legalidad y seguridad jurídica; puesto que como resultado del proceso de verificación iniciado contra la Empresa Constructora “ALTO” Ltda. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 128/2023 de 22 de junio, cursante de fs. 816 a 822, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación al derecho al debido proceso en su elemento de congruencia, conforme los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° Disponer dejar sin efecto la Sentencia 86 de 26 de mayo de 2022, debiendo los Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia sin espera de turno, ni previo sorteo, pronunciar un nuevo fallo que responda a todos y cada uno de los argumentos de contestación formulados por la parte accionante dentro de la demanda contencioso administrativa de la cual emerge esta acción de defensa; y, 3° DENEGAR la tutela solicitada respecto a los derechos a la defensa, a la impugnación, a la igualdad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, así como a los principios de legalidad y seguridad jurídica, de acuerdo a los expresado en este fallo constitucional. 4° Llamar la atención a Carmiña Ninoska Vera Márquez y Rubén Ramírez Conde, Vocales de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz ante la inobservancia del art. 13 inc. b) del Reglamento de Buzón Judicial cuando se presente una acción tutelar a través de ese medio telemático, conforme lo expresado en este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El plazo de inmediatez en la acción de amparo constitucional y su cómputo
  2. III.2. Sobre la presentación de las acciones y recursos dentro de los plazos perentorios y el uso del Buzón Judicial
  3. III.3. La fundamentación y motivación como elementos del derecho al debido proceso
  4. III.4. La congruencia como elemento del derecho al debido proceso
  5. III.5. De la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento a la defensa
  6. III.6. Del principio de legalidad
  7. III.7. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1144/2023-S3 Sucre, 29 de diciembre de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 56851-2023-114-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 128/2023 de 22 de junio, cursante de fs. 816 a 822, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jhonny Daniel Plata Arispe, Gerente de la Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) contra Esteban Miranda Terán y José Antonio Revilla Martínez, Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La parte accionante por memoriales presentados el 11 -por Buzón Judicial-, 15, 16 y 26 de mayo de 2023, cursantes de fs. 227 a 240, 245 a 246 vta. y 256 a 267, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Como resultado del proceso de verificación correspondiente a la Orden de Verificación 14290200006 iniciado contra la contribuyente Empresa Constructora “ALTO” Limitada (Ltda.) -hoy tercera interesada-, concluido el período de treinta días a partir de su notificación para la presentación de descargos o pago del importe determinado, al no haber presentado el contribuyente descargos ni formulado argumentos que desvirtúen los adeudos establecidos por la Vista de Cargo, se pronunció la Resolución Determinativa 17-0273-2014 de 25 de junio de 2014, que lo intimó a depositar UFV’s2 911 690.- (dos millones novecientas once mil seiscientas noventa unidades de fomento a la vivienda) equivalente a Bs5 698 381.- (cinco millones seiscientos noventa y ocho mil trescientos ochenta y un bolivianos), por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA), intereses, sanción por omisión de pago por los períodos abril a noviembre 2009 y febrero 2010, y multa por incumplimiento de deberes formales del período fiscal abril 2014; Resolución que al no ser impugnada fue declarada ejecutoriada mediante Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) 24-1543-2014 de 4 de agosto, con el que la Empresa ahora tercera interesada fue notificada el 19 de junio de 2015; no obstante, el 3 de febrero de 2016, la indicada Empresa formuló oposición a la ejecución tributaria por prescripción de la facultad de determinar la deuda tributaria sin considerar que el proceso se encontraba en ejecución tributaria -etapa procesal totalmente diferente a la que ya se venció con la no impugnación del acto administrativo por su negligencia-, indicando que para el adeudo por los períodos de abril a noviembre de 2009, la deuda había prescrito el 31 de diciembre de 2013, omitiendo deliberadamente considerar el art. 62 del Código Tributario Boliviano (CTB) que señala la suspensión de seis meses por notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente, lo que determinaría que el cómputo se extienda hasta el 30 de junio de 2014, por lo que al ser la misma fecha en la que se procedió a notificar personalmente al contribuyente con la Resolución Determinativa 17-073-2014, la facultad para determinar la deuda tributaria no prescribió, situación que al ser de su conocimiento, se constituyó en la razón por la que no impugnara la mencionada Resolución Determinativa. Mediante Resolución Administrativa (RA) 231829000280 de 27 de agosto de 2018, el SIN rechazó la oposición a la ejecución tributaria por prescripción, que impugnada, mereció la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0629/2019 de 24 de mayo, confirmándola, decisión contra la que interpuso recurso jerárquico siendo resuelta por Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0971/2019 de 9 de septiembre, confirmando la Resolución del Recurso de Alzada; situación que motivó a la Empresa contribuyente a interponer el 13 de diciembre de 2019, un proceso contencioso administrativo contra dicha Resolución de Recurso Jerárquico dentro del que se pronunció la Sentencia 86 de 26 de mayo de 2022, que no expuso ni analizó los argumentos expuestos por la Administración Tributaria en su calidad de tercera interesada, refiriéndose únicamente a los argumentos del contribuyente Empresa Constructora “ALTO” Ltda. relativos a la prescripción de las facultades para determinar la deuda tributaria, resolviendo de manera ultra petita la prescripción de la ejecución tributaria sin que esta hubiere sido solicitado en la demanda contencioso administrativa, exponiendo motivos que no fueron debatidos en la RA 231829000280 emitida por el SIN ni fueron fundamentos de las decisiones de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) menos de la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT) -hoy tercera interesada-, ignorando que el propio contribuyente en sus solicitudes de prescripción consintió que los períodos diciembre 2009, enero a marzo 2010 no estaban prescritos, declarando en su totalidad la prescripción de las facultades para la ejecución tributaria; por lo que considera que dicha Sentencia vulneró su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia. Además, los Magistrados hoy accionados pretenden en la infundada Sentencia 86 justificar que se resolvió la prescripción de la ejecución tributaria emitiendo una Sentencia ultra petita, cuando la Empresa ahora tercera interesada se empeñó en demostrar con fútiles argumentos, que lo que estaba prescrito eran las facultades de determinación tributaria sobre la supuesta irretroactividad con base en las Leyes “291, 317 y 812” que modifican el régimen de la prescripción, sin considerar que el proceso se encontraba en etapa de ejecución, argumentos que reiteraron en la demanda contencioso administrativa; empero, los Magistrados accionados al indicar que el cómputo de la prescripción inició el 22 de julio de 2014 hasta el 22 de julio del 2018 y que la RA 231829000280 que rechazó la oposición a la prescripción de la ejecución tributaria fue notificada el 31 de agosto de 2018, llegaron a la conclusión de que las facultades de la Administración Tributaria estaban prescritas, sin percatarse que el 19 de junio de 2015 habían sido notificados con el PIET 24-1543-2014 de 4 de agosto; sin embargo, considerando que la problemática estaba vinculada a dilucidar la posible extinción por prescripción de la facultad de ejecución tributaria, era determinante establecer en qué gestión comenzó el cómputo para la prescripción y la norma tributaria respecto al régimen de prescripciones que estaba vigente a momento de inicio del cómputo considerando el “tempus regis actum” -la norma aplicable vigente al momento de iniciarse el procedimiento- citando como jurisprudencia la SCP 0001/2004-R de 7 de enero y el Auto Supremo (AS) 52/2016-S de 28 de junio, toda vez que de acuerdo con el art. 60.II del CTB el ejercicio de la facultad de ejecución tributaria de la Administración Tributaria se computa desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria, correspondía en el caso efectuar el mismo desde la notificación con el indicado PIET 24-1543-2014 de acuerdo con el art. 4 del Decreto Supremo (DS) 27874 de 26 de noviembre de 2004, iniciándose el 19 de junio de 2015 hasta el 19 de junio de 2019; por lo que considerando que el 9 de octubre de 2018, se notificó a la Administración Tributaria con el Auto de Admisión del Recurso de Alzada que suspende las facultades de ejecución tributaria hasta la devolución formal de los antecedentes administrativos que se realizó el 23 de febrero de 2023, dichas facultades no estaban prescritas, situación que vulneró los derechos a la defensa y al debido proceso, los principios de seguridad jurídica y de legalidad con los razonamientos expuestos en la Sentencia 86. Por consiguiente, los Magistrados ahora accionados al resolver la prescripción planteada que no fue solicitada en la demanda contencioso administrativa, realizaron el cómputo a efecto de determinar la prescripción de las facultades de ejecución tributaria, desechando los argumentos respecto de las facultades para la determinación tributaria que fue lo que requirió el contribuyente -Empresa ahora tercera interesada-, pronunciando en consecuencia una resolución ultra petita, exponiendo argumentos que no fueron debatidos en la RA 231829000280 ni alegados en los fallos de la ARIT ni ante la AGIT -hoy tercera interesada-; por lo que ignorando que fue la propia Empresa Constructora “ALTO” Ltda. -reiteró- quien admitió en su solicitud de prescripción que los períodos de diciembre 2009 y de enero a marzo 2010 no prescribieron, procedieron a declarar en su totalidad la prescripción de la facultad de ejecución tributaria que no fue solicitada por la citada Empresa aplicando las Leyes “291, 317 y 812” que modifican el régimen de la prescripción, por cuanto su solicitud de prescripción se refería a las facultades de determinación tributaria, aspecto que vulneró el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, sin tomarse en cuenta que el proceso se encontraba en ejecución de sentencia, pues iniciado el cómputo de prescripción para las facultades de ejecución tributaria el 22 de julio de 2014 hasta el 22 de igual mes de 2018 y considerando que la referida Resolución Administrativa del SIN que rechazó la oposición de prescripción a la ejecución tributaria fue notificada el 31 de agosto de 2018, dicha facultad estaría prescrita, omitiendo considerar el PIET 24-1543-2014, que le fuera notificado el 19 de junio de 2015 y el art. 60.II del CTB, análisis que coincide con lo manifestado en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0971/2019 que establece que el término de la prescripción empieza a computarse a partir de la notificación con el título de ejecución tributaria abarcando desde el 19 de junio de 2015 hasta el 19 del mismo mes de 2019.

I.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados

La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa, a la impugnación, a la igualdad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia; y, a los principios de legalidad y seguridad jurídica; citando al efecto los arts. 56, 115.II, 119.II y 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se admita la acción tutelar, y se anule la Sentencia 86 de 26 de mayo de 2022, emitiéndose un nuevo pronunciamiento debidamente fundamentado, motivado y congruente en apego a la normativa aplicable para el cómputo de la prescripción de las facultades de ejecución tributaria, tomando en cuenta los argumentos del SIN para resguardar los derechos a la defensa y al debido proceso vinculado con el resguardo a los principios de seguridad jurídica y de legalidad.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 22 de junio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 806 a 815 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte accionante a través de su abogado ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

Esteban Miranda Terán y José Antonio Revilla Martínez, Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, mediante informe presentado el 22 de junio de 2023, cursante de fs. 278 a 285, manifestaron que: a) Interpuesta la presente acción tutelar, la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz pronunció el decreto de 16 de mayo de 2023, pidiendo se subsane la ausencia de los requisitos previstos por el art. 33.1, 2, 4, 5 y 8 del Código Procesal Constitucional (CPCo), razón por la cual la parte accionante presentó memorial de subsanación el 26 de mayo de 2023, advirtiéndose de la lectura del mismo que no cumplió con las observaciones efectuadas; por lo que conforme con el art. 30.I.1 de dicho Código al no subsanarse las observaciones efectuadas, debió darse por no presentada la referida acción tutelar; b) Una acción de amparo constitucional no es una tercera instancia, ni revisa los fallos de la jurisdicción ordinaria; empero, esa regla tiene su excepción cuando concurren los requisitos para efectuar una revisión de la legalidad ordinaria ante eventuales vulneraciones a derechos y garantías constitucionales, los que en el caso no se cumplieron, al no subsanarse las observaciones realizadas a los requisitos de admisibilidad; c) La cuestionada Sentencia 86 explicó de forma clara y razonada los motivos para la declaratoria de probada la demanda contencioso administrativa, dejando sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0971/2019 y prescrita la facultad de ejecución tributaria del SIN respecto de la deuda tributaria contenida en la Resolución Determinativa 17-0273-2014 indicando la norma jurídica que justifica la decisión, describiendo las circunstancias que hacen aplicable dicha norma al caso concreto, transcribiendo varias sentencias constitucionales referidas al derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, y los principios de legalidad y de seguridad jurídica por lo que de la lectura de la Sentencia 86 no se advierte vulneración a dichos derechos ni principios, confirmando el accionante en su memorial de subsanación que la Empresa hoy tercera interesada presentó oposición de prescripción a las facultades de determinar la deuda tributaria y de ejecución tributaria respecto de las que se pronunciaron; y, d) Notificada la Empresa contribuyente -ahora tercera interesada- el 30 de junio de 2014, con la Resolución Determinativa 17-0273-2014, tenía el plazo de veinte días para impugnarla hasta el 21 de julio del 2014; pero, al no haber actuado así dicha Resolución adquirió la calidad de título de ejecución tributaria el 22 de igual mes y año, fecha en la que se inició el término de prescripción de la facultad de ejecución tributaria y de la aplicación de medidas tendientes al cobro de la deuda tributaria en el plazo previsto por el “…art. 59.1.4 del CTB – 2008…” (sic) sin que concurran las causales de interrupción previstas por el art. 60.II del citado Código; consiguientemente el 31 de agosto de 2018, cuando la Administración Tributaria notificó a la referida Empresa con la RA 231829000280, que rechazó la oposición de prescripción de la ejecución tributaria solicitada mediante Notas ECA “019/2016” y “074/2018”, ya había transcurrido “…4 años, 1 mes 1 semana y 2 días…” (sic) , por lo que dicha facultad estaba prescrita, pidiendo se deniegue la tutela solicitada, al encontrarse la Sentencia 86 correctamente emitida.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Katia Mariana Rivera Gonzáles, Directora Ejecutiva a.i. del AGIT a través de sus representantes legales, mediante informe presentado el 22 de junio de 2023 cursante de fs. 325 a 329 y en audiencia señaló: 1) La Sentencia 86 incorporó cuestiones que no fueron debatidas en la RA 231829000280, misma que fue confirmada por la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0629/2019 y la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0971/2019 objeto de la demanda contencioso administrativa, sin que corresponda aplicar al caso el art. 60 del CTB por ser ajeno al control de legalidad demandado a los Magistrados ahora accionados; 2) Las autoridades accionadas en lugar de referirse a las cuestiones expresamente reclamadas fueron más allá de lo que les correspondía al cuestionar una norma que forma parte del ordenamiento jurídico vigente y es aplicable a la controversia puesta a su conocimiento, disponiendo sin sustento que no correspondía su aplicación como si la referida demanda versara sobre un control normativo o de constitucionalidad de preceptos legales; 3) Determinada la deuda tributaria mediante la Resolución Determinativa 17-0273-2014 y al encontrarse en etapa de ejecución producto de su falta de impugnación por parte de la Empresa hoy tercera interesada, se configuró la condición prevista en el art. 59.IV del CTB modificado por la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012 para la aplicación del nuevo régimen de prescripción, en sentido que: “La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible” (sic), norma que los Magistrados ahora accionados no analizaron a pesar de que la misma se aplicó a momento de pronunciar la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0971/2019 respecto de la que ejercieron el control de legalidad demandado por el sujeto pasivo; y, 4) Por lo expuesto, la Sentencia 86 no contiene un pronunciamiento debidamente motivado ni fundamentado apartándose su razonamiento de la normativa tributaria vigente aplicable a la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria, resultando su contenido incongruente con relación a lo analizado y resuelto, constatándose que la indicada Sentencia no fue dictada en sujeción a lo manifestado por las partes y los antecedentes del proceso vulnerando derechos y garantías constitucionales. Roberto Torres Ponce de León representante legal de la Empresa Constructora “ALTO” Ltda. por memorial presentado el 22 de junio de 2023 (fs. 553 a 571), ratificado en audiencia a través de su abogado apoderado manifestó que: i) Debía procederse a rechazarse la admisión por presentación extemporánea de la acción de defensa fue presentada de forma extemporánea a través del Buzón Judicial a horas 19:30 del día jueves 11 de mayo de 2023, y sabiendo el representante de la Empresa accionante que tenían la obligación de presentar la documentación original al “día siguiente” viernes 12 de mayo -de 2023-, recién aparecieron en horas de la tarde, sin lograr ingresar el memorial, razón por la que recién la presentaron el “día lunes” 15 de mayo del año en curso, cuando la oficina de la Gerencia GRACO La Paz del SIN, hoy accionante se encuentra a tres cuadras de la Plataforma del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, sin que conste en antecedentes prueba alguna de los supuestos impedimentos para plantearla fuera de término, dejando pasar más de seis meses de acuerdo con el principio de inmediatez, sin que por el hecho de haber recurrido al Buzón Judicial pretendan ampliar en cuatro días calendario el plazo de seis meses; ii) La demanda contencioso administrativa que presentaron se refirió a la extinción de la deuda tributaria como consecuencia de la prescripción del ejercicio de la facultad de determinación y consiguiente facultad de ejecución tributaria existiendo una total coherencia de lo demandado con la respuesta, sin que sea posible distorsionar los hechos al haberse establecido la litis con relación a esos dos aspectos, prescripción de la determinación al pronunciarse la resolución determinativa después de cuatro años y prescripción de la facultad de ejecución “…porque ya estábamos en período de ejecución…” (sic); y, iii) El art. 60 del CTB resulta aplicable para el cómputo de la prescripción, al señalar que el mismo se inició a partir de la notificación con el título de ejecución tributaria, que en el caso quedó firme al no impugnarse la Resolución Determinativa 17-0273-2014 de 25 de junio de 2014, pues el contribuyente tenía veinte días para su impugnación, caso contrario el titulo alcanza firmeza existiendo la obligación del contribuyente de pagar y de la Administración Tributaria de ejecutar la resolución, por lo que no era necesario ser notificados dos veces con una resolución determinativa, al no poder darse al acreedor la posibilidad de que el cómputo de la prescripción se inicie cuando realice el primer requerimiento de pago, ya que la ejecución debe ser en tiempos razonables y no iniciarse después de seis años. Piden se deniegue la tutela al no haberse vulnerado ningún derecho.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz mediante Resolución 128/2023 de 22 de junio, cursante de fs. 816 a 822, denegó la tutela solicitada sin ingresar al fondo, sin costos procesales ni multa en atención a que fue presentado por una persona colectiva, bajo los siguientes fundamentos: a) Si la notificación con la Sentencia 86 se efectuó el 11 de noviembre de 2022, el cómputo de los seis meses vencía el 11 de mayo de 2023, observándose de los antecedentes y la carátula que la acción tutelar fue presentada el 15 de mayo del mismo año; es decir, cuatro días después del plazo previsto, sin que la parte accionante hubiere justificado los motivos por los que recién interpuso la presente acción en esa fecha, aspecto no desconocido por el propio accionante quien indicó que dicha presentación la efectuó mediante Buzón Judicial conforme el certificado de envío 266858 a horas 19:37 del día 11 de mayo de 2023; b) No se entiende las razones por las que el accionante esperó hasta el último minuto del día hábil para presentar su acción y cuáles las razones por las que no logró presentarla ese día, asumiendo con la presentación posterior a horas 19:37 que ese extremo quedó subsanado, dando a entender que el plazo de presentación y el uso del Buzón Judicial estaría vigente, sin considerar que se trata de una herramienta de trabajo que se usa ante la imposibilidad y urgencia para formular o realizar una solicitud cuando esta por vencer un plazo que en el caso ya estaba vencido; d) La presentación en el Buzón Judicial, que es un medio extraordinario telemático, determinaba que el documento tenía que ser presentado físicamente veinticuatro horas después, hasta el 12 de mayo de 2023, en plataforma o ventanilla; por lo que a pesar de la búsqueda en antecedentes no se encontró una certificación existiendo solo excusas de la parte accionante que refieren la existencia de una confusión, que no le recibieron, que lo mandaron de oficina en oficina “…lo que puede ser pero un acto idóneo…” (sic); sin embargo, una acción incorrecta tiene una consecuencia negativa, ya que al no consolidarse el envío, el acto quedaba prácticamente suspendido; pues presentado mediante el Buzón Judicial una acción o recurso llega a la Sala o Tribunal un certificado con datos exactos que refieren que la fecha de presentación del documento y se realiza un seguimiento para conocer la fecha y hora en la que fue presentado de forma física; e) En el caso, no existe ningún seguimiento al Buzón Judicial desconociendo que sucedió, pues puede ser inclusive que los documentos presentados hubieren desaparecido y no hubieren sido acreditados de manera física, lo que si se conoce es que en el Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ) bajo el Número de Registro Judicial (NUREJ) 204084767 se recibió una acción de amparo constitucional a horas 9:07 del 15 de mayo de 2023, siendo la caratula el único documento idóneo que genera convicción, al resultar cualquier acto previo inidóneo, sin efecto, erróneo y que pretende ser convalidado por la parte accionante al encontrarse fuera del plazo previsto por los arts. 129.II de la CPE y 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo); y, f) El objeto de debate de esta acción de defensa no es conocer porqué la parte accionante la presentó el último momento, sino que fue formulada cuatro días después, fuera de plazo, aspecto que incumple el principio de inmediatez, sin que pueda pretenderse que una acción tutelar se encuentre a disposición de las partes de manera indeterminada e indefinida, situación que produce dos efectos, para el accionante una caducidad respecto de sus derechos y para el Tribunal de garantías una prohibición de ingresar al fondo de la denuncia de la acción tutelar, por lo que al subsumirse el caso en el indicado principio, sin ingresar al análisis de fondo, corresponde su rechazo.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante decreto constitucional de 1 de septiembre de 2023, cursante a fs. 835, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de su notificación con el decreto constitucional de 21 de igual mes y año, cursante a fs. 839; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante la Vista de Cargo 32-0033-2014 (CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVE/VC/ 33/2014) de 20 de mayo, Orden de Verificación 14290200006, emitida por el entonces Gerente de la Gerencia GRACO La Paz del SIN, determinó las obligaciones tributarias de la Empresa Constructora “ALTO” Ltda. -hoy tercera interesada- relativas al Impuesto al Valor Agregado (IVA) por los períodos fiscales abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de la gestión 2009 y febrero de 2010 en lo que respecta a las pólizas de importación observadas, calificando preliminarmente la conducta del contribuyente como omisión de pago de acuerdo con el art. 165 del CTB (fs. 2 a 6). II.2. Por Resolución Determinativa 17-0273-2014 (CITE: SIN/GGLPZ/DJCC /UTJ 00055/2014) de 25 de junio, emitida por el entonces Gerente de la Gerencia GRACO La Paz del SIN, se declaró: primero, la inexistencia de deuda tributaria por el IVA de los períodos fiscales diciembre 2009, enero 2010 y marzo 2010; segundo, se determinó de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible las obligaciones impositivas del contribuyente Empresa ahora tercera interesada por el IVA de los períodos fiscales abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2009, y febrero de 2010 en de Bs1 864 657.- (un millón ochocientos sesenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y siete bolivianos); tercero, se calificó su conducta como omisión de pago al adecuarse al tipo previsto en el art. 165 del CTB, sancionándolo con una multa igual al 100% establecida en UFV’s1 215 400.- (un millón doscientos quince mil cuatrocientas unidades de fomento a la vivienda) ante el ilícito incurrido; y, cuarto, sancionó al contribuyente con una multa de UFV’s3 000.- (tres mil unidades de fomento a la vivienda) ante la comisión del ilícito de incumplimiento de deberes formales por el período fiscal de abril 2014 (fs. 7 a 13). II.3. A través del PIET 24-1543-2014 de 4 de agosto, pronunciada por el entonces Gerente de la Gerencia GRACO La Paz del SIN se declaró firme y ejecutoriada la Resolución Determinativa 17-0273-2014 (CITE: SIN /GGLPZ/DJCC/UTJ/00055/2014), conminándose a la Empresa Constructora “ALTO” Ltda. a pagar el monto líquido y exigible de Bs5 698 381.- (cinco millones seiscientos noventa y ocho mil trescientos ochenta y un bolivianos) a actualizarse a la fecha de pago; anunciándose al contribuyente que a partir del tercer día siguiente a la notificación con dicho proveído, la Administración Tributaria procedería a ejecutar las medidas coactivas establecidas por el art. 110 del CTB, hasta obtener el pago total de la deuda tributaria, reconociendo previa verificación los pagos efectuados por el contribuyente (fs. 14 y 41). II.4. Ante la anulación de obrados hasta el vicio más antiguo, hasta el Primer Aviso de Visita de la diligencia de notificación practicada con los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria 24-1540-2014 y 24-1543-2014 (CITES: SIN/GGLPZ/DJCC/UCC/PIET/01537/2014 y SIN/GGLPZ/DJCC/UCC/PIET/ 01612/2014 de 4 y 29 de agosto, a la Empresa hoy tercera interesada la instrucción de proceder con la notificación con los indicados Proveídos de conformidad con el art. 83 y ss. del CTB (fs. 22 a 23); se procedió a notificar mediante cédula al contribuyente -empresa ahora tercera interesada- legalmente representada por Roberto Torres Ponce de León con los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria 24-1540-2014 y 24-1543-2014, el 19 de junio de 2015 (fs. 28). II.5. Por Nota ECA-019/2016 presentada el 3 de febrero, la Empresa Constructora “ALTO” Ltda. se apersonó ante la Gerencia GRACO La Paz del SIN e interpuso oposición a la ejecución tributaria por prescripción respecto del PIET 24-1543-2014 (CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UCC/PIET /01537/2014), por prescripción alegando que, como los períodos fiscales IVA alcanzados para la determinación de la deuda tributaria son abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2009, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2010, por lo que de acuerdo con el art. 59 del CTB modificado por la Disposición Adicional Quinta dela Ley 291, la prescripción operó el 31 de diciembre de 2013 -término de 4 años-, excepto para el período de febrero 2010, cuyo cómputo de prescripción inició el 1 de enero de 2011; por lo que al no existir suspensión ni interrupción en el curso de la prescripción al haberse notificado recién con la Orden de Verificación el 8 de abril de 2014, las obligaciones tributarias por la gestión 2009 hasta noviembre inclusive, ya estaban prescritas; procediéndose a la notificación con la Resolución Determinativa 17-0273-2014 el 30 de junio, cuando dichas obligaciones tributarias fiscalizadas estaban prescritas; pidiendo se deje sin efecto por los períodos de abril a noviembre de 2009 y dejándolo subsistente solo con relación al período de febrero de 2010 en cumplimiento del art. 109.II.1 del CTB (fs. 37 a 40); petición que fue reiterada mediante cite ECA-074/2016 de 17 de abril (fs. 42 a 43). II.6. Mediante Nota ECA-048/2016 de 7 de marzo, la Empresa hoy tercera interesada aclaró el alcance de pago con la Boleta de Pago Formulario 1000, indicando que ante la posibilidad de acogerse al plan de pagos por el tributo omitido correspondiente al período febrero 2010, no prescrito, y la multa por incumplimiento de deberes formales por el período abril 2014, ante la recomendación de funcionarios del SIN y la amenaza de proceder a una retención de las cuentas bancarias recién liberadas por tributos omitidos correspondientes a otros períodos fiscales, se procedió al pago de Bs10 000.- (diez mil bolivianos), sin contradecir la oposición formulada (fs. 30 a 35). II.7. El 31 de agosto de 2018, se procedió a la notificación personal de la Empresa hoy tercera interesada con la RA 231829000280 de 27 del mismo mes y año (fs. 44), rechazando la oposición a la prescripción de la ejecución tributaria de acuerdo con los arts. 59 y 61 del CTB y las modificaciones introducidas por las Ley 291 y la Ley del Presupuesto General del Estado, Gestión 2013 -Ley 317 de 11 de diciembre de 2012-, disponiendo proseguir con la ejecución tributaria hasta el pago total de la deuda tributaria (fs. 45 a 47).

II.8. Por memorial de 20 de septiembre de 2018, ante la Directora Ejecutiva de la ARIT; la Empresa hoy tercera interesada formuló el recurso de alzada contra la RA 231829000280, (fs. 51 a 57 vta.) que fue admitido por Auto de 3 de octubre de ese año (fs. 66), y resuelto por Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 2012/2018 de 21 de diciembre, confirmando la resolución administrativa impugnada, manteniendo firme y subsistente las facultades de ejecución tributaria de la Administración Tributaria (fs. 68 a 81); interpuesto el recurso jerárquico, se emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0294/2019 de 25 de marzo, emitida por el Director Ejecutivo General de la AGIT -entidad hoy tercera interesada-, que anuló la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 2012/2018, con reposición hasta el vicio más antiguo y dispuso que la ARIT La Paz emita un nueva debidamente motivada y fundamentada (fs. 96 a 106 vta.). II.9. En cumplimiento a dicho fallo se pronunció la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0629/2019 de 24 de mayo, por la Directora a.i. de la ARIT que confirmó la RA 231829000280, manteniendo firme y subsistente las facultades de ejecución tributaria de la Administración Tributaria (fs. 108 a 124 vta.); la que cuestionada mediante recurso jerárquico mereció la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0971/2019 de 9 de septiembre, pronunciado por el Director Ejecutivo a.i. de la AGIT confirmando la decisión impugnada que a su vez confirmó la RA 231829000280 (fs. 125 a 141). II.10. Ante la solicitud de facilidades de pago efectuada por el representante legal de la Empresa hoy tercera interesada mediante Formulario 8000 R-1332-01 Definitivo el 13 de octubre de 20202, presentado el 23 del mismo mes y año, ante la Gerencia GRACO LA Paz del SIN (fs. 149 a 150), emitiendo la Jefatura del Departamento de Recaudación y Empadronamiento el Informe R-0003-01 (CITE: SIN/GGLPZ/DRE/UPBD /INF/453/2020) de 3 de noviembre, que recomendó se proceda de acuerdo a normativa (fs. 164 a 166), pronunciando el Gerente Distrital I de GRACO La Paz la Resolución Administrativa de Facilidades de Pago 202029000425 (CITE: SIN/GGLPZ /DJCC/UTJ/RAFP/423/2020) de 6 de noviembre; por el que se autorizó la solicitud realizada por la Empresa hoy tercera interesada en cuarenta y ocho cuotas mensuales por la deuda contenida en la Resolución Determinativa 17-0273-2014, a someterse a actualización conforme los arts. 47 del CTB y 9.II de la Resolución Normativa de Directorio 101800000001 de 16 de enero de 2018 (fs. 167 a 169), con la que se notificó mediante cédula a la citada Empresa el 10 de noviembre de 2020 (fs. 171). II.11. Mediante memorial presentado el 13 de diciembre de 2019, la Empresa Constructora “ALTO” Ltda. interpuso demanda contencioso administrativa contra la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ “0571/2019” de 9 de septiembre (fs. 681 a 696), habiéndose apersonado como tercero interesado la Gerencia GRACO La Paz del SIN y expresado sus argumentos (fs. 697 a 700 y vta.), pronunciando los Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia -ahora accionados-, la Sentencia 86 de 26 de mayo de 2022, declarándola probada, y en consecuencia, dejando sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0971/2019 de 9 de septiembre (fs. 214 a 221 y 707 a 714), con la que se notificó mediante cédula a la Gerencia GRACO La Paz del SIN -hoy accionante-, a horas 8:02 del 11 de noviembre de 2022 (fs. 223 y 716). II.12. Cursa el registro en el SIREJ (fs. 240) de una acción de amparo constitucional con NUREJ 204084767 formulada a horas 9:07 del 15 de mayo de 2023 por Jhonny Daniel Plata Arispe, Gerente GRACO La Paz del SIN -ahora accionante- contra Esteban Miranda Terán y José Antonio Revilla Martínez, Presidente y Magistrado de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia -hoy accionados- (fs. 227 a 239). II.13. Mediante memorial presentado a horas 18:07 del 15 de mayo de 2023, el ahora accionante aclaró y justificó la consolidación de la presentación del amparo constitucional en Plataforma el día lunes 15 de mayo de 2023 (fs. 245 a 246), adjuntando el Certificado de Envío a través de Buzón Judicial 266858, que refiere que a horas 19:37:24 del día 11 de mayo de 2023, “SE INTERPONE ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL CONTRA LOS MAGISTRADOS DE LA SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA (SENTENCIA N° 86 DE 26 DE MAYO DE 2022)” en 25 páginas (fs. 248). II.14. Por decreto de 16 de mayo de 2023, la Vocal Semanera de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, solicitó a la parte accionante de conformidad con el art. 33 del CPCo subsanar los numerales 1, 2, 4, 5 y 8, otorgándole el plazo de tres días a partir de su legal notificación, bajo alternativa de tener por no presentada la acción tutelar de acuerdo con el art. 30.I.1 del CPCo (fs. 241 y vta.), en cuyo cumplimiento a horas 18:13 del 26 de igual mes y año, se presentó el escrito subsanando lo observado (fs. 256 a 267). II.15. Por Auto de 30 de mayo de 2023, se admitió la presente acción tutelar y se señaló audiencia virtual para el 22 de junio del mismo año, disponiéndose la citación personal o por cédula a los Magistrados hoy accionados; a Katia Mariana Rivera Gonzáles, Directora Ejecutiva a.i. del AGIT y Roberto Torres Ponce de León representante legal de la Empresa Constructora “ALTO” Ltda. en su calidad de terceros interesados (fs. 268 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa, al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia; y, a los principios de legalidad y seguridad jurídica; puesto que como resultado del proceso de verificación iniciado contra la Empresa Constructora “ALTO” Ltda. se pronunció la Resolución Determinativa 17-0273-2014 de 25 de junio, que al no ser impugnada se declaró ejecutoriada por PIET 24-1543-2014 de 4 de agosto, con el que dicha Empresa fue notificada el 19 de junio de 2015, para formular el 3 de febrero de 2016, oposición a la ejecución tributaria por prescripción de las facultades de la Administración Tributaria de determinar la deuda tributaria sin considerar que el proceso se encontraba en etapa de ejecución, siendo rechazada por RA 231829000280 de 27 de agosto de 2018, que impugnada mereció la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0629/2019 de 24 de mayo, confirmando lo resuelto y ante el planteamiento del recurso jerárquico mereció la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0971/2019 de 9 de septiembre, confirmando la resolución impugnada; ante esa situación la indicada Empresa formuló una demanda contencioso administrativa en el que se pronunció la Sentencia 86 de 26 de mayo de 2022, que sin exponer ni analizar los argumentos expuestos por la Administración Tributaria en su calidad de tercera interesada, refiriéndose únicamente a los argumentos sobre prescripción de las facultades para la determinación de la deuda tributaria, de manera ultra petita resolvió la prescripción de la ejecución tributaria, petición que no fue efectuada en la demanda contencioso administrativa ni fue objeto de examen en la referida Resolución Administrativa emitida por el SIN menos en los fundamentos expuestos por las Autoridades Regional y General de Impugnación Tributaria, desconociendo que fue el propio contribuyente -Empresa ahora tercera interesada- quien en sus solicitudes de prescripción consintió o admitió que los períodos de diciembre 2009, de enero a marzo 2010 no estaban prescritos; sin embargo, los Magistrados hoy accionados declararon la prescripción de las facultades para la ejecución tributaria respecto de la totalidad del adeudo tributario. En consecuencia, corresponde determinar en revisión si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El plazo de inmediatez en la acción de amparo constitucional y su cómputo

La SCP 0376/2019-S1 de 12 de junio, señala que: «Precisando los entendimientos asumidos por la jurisprudencia constitucional respecto al plazo de caducidad en la interposición del amparo constitucional, la SCP 1098/2016-S3 de 10 de octubre, señaló: “El art. 129.II de la CPE, en relación a la inmediatez establece que: ‘La acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial’; asimismo, el art. 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), refiere expresamente que: ‘La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho’”. La jurisprudencia constitucional en su SC 1039/2010-R de 23 de agosto, entre otras, estableció en cuanto al principio de inmediatez el siguiente entendimiento: “La inmediatez, es una condición esencial para que el control de constitucionalidad pueda operar a través del amparo constitucional, en virtud a este presupuesto de orden procesal constitucional, éste se consagra como un mecanismo caracterizado por su prontitud y efectividad para brindar la tutela debida. En efecto, la inmediatez del amparo constitucional encuentra su génesis en el art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que taxativamente manda a los estados miembros del sistema interamericano de protección de Derechos Humanos, disciplinar a favor de las personas un recurso sencillo, rápido y efectivo para la defensa de sus derechos reconocidos en la Constitución, la ley o la citada Convención, precepto que debe ser fielmente cumplido en virtud al principio ‘pacta sunt servanda’. Por lo señalado, siguiendo el criterio desarrollado supra, se infiere que la acción de amparo, es un mecanismo sencillo, rápido y efectivo para la protección de Derechos Fundamentales no tutelados por otros recursos específicos, en ese contexto, esencialmente la rapidez como característica del principio de inmediatez se encuentra circunscrita al plazo de seis meses para su interposición, criterio plasmado en el art. 129.II de la Constitución Política del Estado (CPE), en ese contexto, se tiene que el derecho para la petición de tutela constitucional a través de la acción de amparo fuera del citado plazo caduca, razón por la cual el órgano contralor de constitucionalidad no puede ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada”. Respecto al cómputo del plazo de seis meses para la formulación de las acciones de amparo constitucional, la uniforme jurisprudencia constitucional, entre ellas la contenida en la SCP 1463/2013 de 22 de agosto, estableció que: “Los arts. 128 y 129 de la CPE, establecen que la acción de amparo constitucional constituye un medio de tutela de carácter extraordinario y se rige esencialmente por los principios de subsidiariedad e inmediatez, que hacen a su naturaleza jurídica. El principio de inmediatez se caracteriza por tener una doble dimensión; positiva y negativa, la primera consistente en que el amparo constitucional es la vía idónea para la protección inmediata de derechos fundamentales y garantías constitucionales restringidos o suprimidos indebida o ilegalmente; la segunda, la activación de esta garantía jurisdiccional depende que su interposición se realice en un plazo razonable, que la Norma Fundamental fijó en seis meses computables a partir de la comisión del acto ilegal u omisión indebida del servidor público o del particular, o de notificado con la última decisión judicial o administrativa”» (las negrillas fueron añadidas).

III.2. Sobre la presentación de las acciones y recursos dentro de los plazos perentorios y el uso del Buzón Judicial

Conforme lo establecido en el art. 1 de la Ley 1104 de 27 de septiembre de 2018, modificatoria de la Ley 254 de 5 de julio de 2012, ante la creación de las Salas Constitucionales dentro de la estructura de los Tribunales Departamentales de Justicia y con dependencia funcional del Tribunal Constitucional Plurinacional, se entiende que dichas Salas son competentes para conocer y resolver las acciones tutelares por hechos generados en las ciudades capitales de departamento y los municipios que se encuentren a veinte kilómetros de las mismas, cuya presentación se efectúe en la Plataforma de cada Tribunal Departamental de Justicia y a través del Buzón Judicial tal cual prevé el art. 110 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), al expresar: “I. En la sede del Tribunal Supremo de Justicia, de los Tribunales Departamentales de Justicia y de los tribunales y juzgados en provincias, funcionará el servicio de buzón judicial, donde se centralizará la presentación de memoriales y recursos fuera del horario judicial y en días inhábiles, en caso de urgencia y cuando esté por vencer un plazo perentorio. II. Este servicio podrá utilizar medios electrónicos que aseguren la presentación en términos de día, fecha y hora”.

En ese sentido, el Tribunal Supremo de Justicia aprobó el Reglamento del Buzón Judicial que debe aplicarse obligatoriamente en los nueve Tribunales Departamentales de Justicia (art. 3), que tiene por objeto: “…normar y regular la utilización y funcionamiento del servicio de Buzón Judicial electrónico, donde se centralizará la presentación de memoriales y recursos dentro de los plazos previstos por ley, como opción de emergencia a la presentación de memoriales y recursos en plataforma, fuera del horario judicial y en días inhábiles, en caso de urgencia y cuando esté por vencer un plazo procesal, utilizando medios electrónicos que aseguren la presentación en día, fecha y hora” (art. 1), concordante con el art. 10 que refiere que: “El sistema de Buzón Judicial estará habilitado en días y horas inhábiles según el horario de oficina que rige en cada Tribunal Departamental de Justicia” (las negrillas son nuestras), constituyendo su finalidad:

“1) Brindar una opción de emergencia a la presentación de memoriales, otros documentos y recursos fuera de horario judicial, en días inhábiles, en caso de urgencia o cuando este por vencer un plazo perentorio

2) De permitir al litigante un acceso oportuno a la administración de justicia. 3) De utilizar medios electrónicos que aseguren la presentación en día, fecha y hora” (art. 4). Por su parte el art. 13 del Reglamento del Buzón Judicial entre las obligaciones del usuario externo establece: “a) Manejar con responsabilidad el buzón judicial. b) Constituirse en plataforma o servicio común, el primer día hábil para a efecto de que se consolide la presentación de los documentos, o en un plazo no mayor a dos días en casos excepcionales debidamente justificados” (las negrillas nos corresponden). De lo referido se puede concluir que, si bien el Buzón Judicial se encuentra habilitado con la finalidad de presentar, entre otros, los recursos y escritos que serán objeto de consideración y análisis en las causas que se encuentran en trámite o las que se iniciaren en los respectivos juzgados y salas ordinarias y constitucionales de los Tribunales Departamentales de Justicia, dicha presentación no está exenta de la observancia de determinadas condiciones a ser cumplidas como ser plazos perentorios estipulados por las normas, formas de presentación, horarios y documentación a ser aparejada, debiendo tomar los recurrentes los recaudos necesarios para formular dichos recursos antes del vencimiento de los términos, al constituir una opción de emergencia en caso de urgencia y cuando se esté por vencer un plazo procesal para la presentación de memoriales y recursos en Plataforma de los Tribunal Departamentales de Justicia, fuera del horario judicial y en días inhábiles, constituyendo un medio electrónico que asegura la presentación en el día, en la fecha y dentro de la hora requerida para que sea considerada.

III.3. La fundamentación y motivación como elementos del derecho al debido proceso

La SCP 0652/2015-S1 de 22 de junio, estableció lo siguiente: «"'…La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que se ha arribado, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías, así se ha entendido en varios fallos de este Tribunal, entre ellos, la SC 0752/2002-R de 25 de junio. Asimismo, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas' (SC 2023/2010-R de 9 de noviembre reiterada por la SC 1054/2011-R de 1 de julio). De lo expuesto, inferimos que la fundamentación y la motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo‟.

De lo expresado concluimos que la fundamentación y la motivación en una resolución judicial o administrativa, constituye un deber ineludible de toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, en tal razón estos fallos a más de estar debidamente motivadas tienen que tener un sustento jurídico; es decir que, deben estar fundamentadas en elementos de hecho y de derecho» (las negrillas nos pertenecen).

III.4. La congruencia como elemento del derecho al debido proceso

La SCP 0687/2016-S2 de 8 de agosto citando a la SCP 0177/2013 de 22 de febrero, indicó que: “…la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes. (…)

El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia, la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia” (las negrillas son nuestras).

III.5. De la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento a la defensa

La SCP 0013/2018-S3 de 2 de marzo, que hizo referencia a su vez a la SCP 1089/2012 de 5 de septiembre, que ratificó el entendimiento de las SSCC 2777/2010-R de 10 de diciembre y 183/2010-R de 24 de mayo, precisó que el derecho a la defensa es la: ‘“…potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea. Asimismo, implica la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal en las mismas condiciones con quien lo procesa, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos’, habiéndose razonado en la SC 0183/2010-R de 24 de mayo, que además el derecho a la defensa se extiende: ‘…i) Al derecho a ser escuchado en el proceso; ii) Al derecho a presentar prueba; iii) Al derecho a hacer uso de los recursos; y, iv) Al derecho a la observancia de los requisitos de cada instancia procesal, que actualmente se encuentra contemplado en el art. 119.II de la CPE’. En atención a lo mencionado, se denota que uno de los elementos de la garantía del debido proceso, es el derecho fundamental a la defensa consagrado por el art. 115.II de la CPE, que a decir de la SC 1842/2003-R de 12 de diciembre, citada en la SC 0206/2010-R de 24 de mayo, tiene dos connotaciones: ‘…la primera es el derecho que tienen las personas, cuando se encuentran sometidas a un proceso con formalidades específicas, a tener una persona idónea que pueda patrocinarles y defenderles oportunamente, mientras que la segunda es el derecho que precautela a las personas para que en los procesos que se les inicia, tengan conocimiento y acceso de los actuados e impugnen los mismos en igualdad de condiciones conforme a procedimiento preestablecido y por ello es inviolable por las personas o autoridades que impidan o restrinjan su ejercicio, por ello en caso de constatarse la restricción al derecho fundamental a la defensa, se abre la posibilidad de ser tutelado mediante el amparo constitucional, ahora acción de amparo constitucional”” (las negrillas fueron añadidas).

III.6. Del principio de legalidad

En lo que se refiere a la incorrecta aplicación de la ley o vulneración al principio de legalidad entendido de acuerdo con la SC 0982/2010-R de 17 de agosto, como: “El principio de legalidad en su clásica concepción implica el sometimiento de gobernantes y gobernados a la ley; significa, entonces, el reconocimiento al legislador como único titular de la facultad normativa, a la cual debe estar sometida la administración. Sin embargo, actualmente dicha definición resulta insuficiente en el marco del estado constitucional de derecho y el sistema constitucional boliviano vigente; por ello debe entenderse que dicho principio supone, fundamentalmente, el sometimiento de los gobernantes y gobernados a la Constitución Política del Estado, la vigencia de derecho y el respeto a la norma. (…) De lo señalado, se colige que en un Estado Constitucional de Derecho, tanto gobernantes como gobernados, deben someterse al imperio de la ley, a fin que no sean los caprichos personales o actuaciones discrecionales, las que impongan su accionar, desconociendo lo anteladamente establecido por la norma positiva, vulnerando el principio de seguridad”. Conforme a lo establecido por la SC 0096/2010-R de 4 de mayo, que: ‘“Sobre la seguridad jurídica, invocada en su momento por la accionante, como ‘derecho fundamental’, cabe señalar que, si bien la Constitución Política del Estado abrogada, en el catálogo de derechos fundamentales contenidos en su art. 7 inc. a), establecía que toda persona tiene el derecho: ‘A la vida, la salud y la seguridad’, a partir de lo cual, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional estableció la consagración del ‘derecho a la seguridad jurídica’ como derecho fundamental, y en su mérito, ante la constatación de su vulneración, en repetidas ocasiones otorgó la tutela del amparo. No obstante, al presente, y en vigencia de la Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009, la seguridad jurídica, no se encuentra consagrada como derecho fundamental, sino como un principio que sustenta la potestad de impartir justicia emanada del pueblo (art. 178 de la CPE); y por otro lado, como un principio articulador de la economía plural en el modelo económico boliviano (art. 306.III de la CPE). Esta característica actual, es coincidente con lo establecido por otra Constitución y Tribunal Constitucional, tal el caso de España que en su Constitución en el art. 9.3, establece a la seguridad jurídica como principio, y en su jurisprudencia, a través de la STC 3/2002 de 14 de enero, ha señalado que: ‘la seguridad jurídica es un principio general del ordenamiento jurídico y un mandato dirigido a los poderes públicos que no configura, sin embargo, derecho fundamental alguno a favor de los ciudadanos que pueda interesarse en el proceso constitucional de amparo’. En consecuencia, y volviendo a la realidad jurídica nacional actual, se debe tener claramente establecido que ‘la seguridad jurídica’ al ser un principio, no puede ser tutelado por el recurso o acción de amparo constitucional que tiene por finalidad proteger derechos fundamentales -no principios-, reconocidos por la Constitución, las normas internacionales de derechos humanos reconocidos y/o ratificados por el país (que conforman el bloque de constitucionalidad) y las leyes; sin embargo, por su reconocimiento constitucional, no puede ser inobservado por las autoridades jurisdiccionales y/o administrativas, a momento de conocer y resolver un caso concreto sometido a su competencia, por tanto es de inexcusable cumplimiento. De tal manera que cuando se viola un derecho fundamental en esa instancia procesal sea judicial o administrativa, deviene en la inobservancia a este principio de orden general y procesal, es decir, es un efecto o consecuencia; más sin embargo ello no implica que sea tutelable, precisamente y como se tiene explicado, por no ser un derecho autónomo, como sostuvo la pasada jurisprudencia de este Tribunal. Por ello, cuando se exigía la tutela en su generalidad se lo hacía unido a otros derechos como lógica consecuencia, no así de manera independiente” (las negrillas y el subrayado nos corresponden); criterio reiterado en la SCP 1123/2017-S3 de 31 de octubre. Lo referido anteriormente permite concluir respecto del principio de legalidad y de otros principios que pueden ser denunciados como vulnerados que, la acción de amparo constitucional no es la vía para tutelar principios, excepto cuando se encuentren vinculados a derechos, vinculación que el accionante debe efectuar a momento de plantear una acción tutelar para permitir un análisis adecuado de los mismos dentro de la problemática presentada.

III.7. Análisis del caso concreto

La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa, al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia; y, a los principios de legalidad y seguridad jurídica; puesto que como resultado del proceso de verificación iniciado contra la Empresa Constructora “ALTO” Ltda. se pronunció la Resolución Determinativa 17-0273-2014 de 25 de junio, que al no ser impugnada se declaró ejecutoriada por PIET 24-1543-2014 de 4 de agosto, con el que dicha Empresa fue notificada el 19 de junio de 2015, para formular el 3 de febrero de 2016, oposición a la ejecución tributaria por prescripción de las facultades de la Administración Tributaria de determinar la deuda tributaria sin considerar que el proceso se encontraba en etapa de ejecución, siendo rechazada por RA 231829000280 de 27 de agosto de 2018, que impugnada mereció la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0629/2019 de 24 de mayo, confirmando lo resuelto y ante el planteamiento del recurso jerárquico mereció la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0971/2019 de 9 de septiembre, confirmando la resolución impugnada; ante esa situación la indicada Empresa formuló una demanda contencioso administrativa en el que se pronunció la Sentencia 86 de 26 de mayo de 2022, que sin exponer ni analizar los argumentos expuestos por la Administración Tributaria en su calidad de tercera interesada, refiriéndose únicamente a los argumentos sobre prescripción de las facultades para la determinación de la deuda tributaria, de manera ultra petita resolvió la prescripción de la ejecución tributaria, petición que no fue efectuada en la demanda contencioso administrativa ni fue objeto de examen en la referida Resolución Administrativa emitida por el SIN menos en los fundamentos expuestos por las Autoridades Regional y General de Impugnación Tributaria, desconociendo que fue el propio contribuyente -Empresa ahora tercera interesada- quien en sus solicitudes de prescripción consintió o admitió que los períodos de diciembre 2009, de enero a marzo 2010 no estaban prescritos; sin embargo, los Magistrados hoy accionados declararon la prescripción de las facultades para la ejecución tributaria respecto de la totalidad del adeudo tributario. 1) Con carácter previo a ingresar analizar la problemática planteada resulta necesario referirnos al argumento esgrimido por el Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz a efecto de determinar si es evidente o no la inobservancia al principio de inmediatez en la que supuestamente incurrió la parte accionante.

El art. 128 de la CPE establece que: “La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidas de los servidores públicos o de persona individual o colectiva que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”, disponiendo el art. 129.II de la Norma Suprema que: “(…) podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial” (las negrillas son nuestras); es decir, que el juez o tribunal de garantías y las salas constitucionales que asuman competencia para conocer y resolver una acción de defensa en atención al principio pro actione, entendido “…como el deber de interpretar las normas procesales en el sentido más favorable a la admisibilidad de la acción, lo que también evita pronunciamiento de inadmisibilidad por defectos que puedan ser subsanados sin dar la oportunidad de hacerlo, prohibiendo asimismo la discriminación al acceso de la justicia de cualquier persona y brindar una justicia pronta y oportuna, sin dilaciones” (SCP 2271/2012 de 9 de noviembre), antes de ingresar al análisis de los requisitos de admisibilidad contenidos en el art. 33 del CPCo, deben verificar el cumplimiento de las condiciones de improcedencia contempladas en los arts. 53, 54 y 55 del CPCo, de manera que al momento de conocer y resolver el fondo de la problemática expuesta, no exista impedimento para llevar adelante el examen necesario para atender la solicitud de tutela pretendida debido al incumplimiento de dichas condiciones de procedencia a cargo de la parte accionante.

En el presente caso se advierte que, no obstante que los Vocales de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz llevaron adelante dicho análisis y mediante decreto de 16 de mayo de 2023, solicitaron a la parte accionante subsanar los requisitos establecidos en los numerales 1, 2, 4, 5 y 8 del art. 33 del CPCo, para lo que otorgaron el plazo de tres días a partir de su legal notificación, bajo alternativa de tener por no presentada la acción de defensa conforme el art. 30.I.1 del CPCo, subsanación que se dio por cumplida con el memorial presentado el 26 de mayo de 2023 (Conclusión II.14.); sin embargo, en el señalado decreto no se advierte observación al incumplimiento del principio de inmediatez para la interposición de esta acción de defensa, mismo que se encuentra contemplado en el art. 55.I del indicado Código que exige como requisito sine quanon para abrir la competencia de la vía constitucional, la interposición de la acción de amparo constitucional en el plazo máximo de seis meses computable a partir de conocido el hecho; resultando ilógico y un contrasentido que admitida esta acción tutelar se deniegue conocer el fondo de la problemática planteada por un aspecto de procedencia, cuya observancia, de ser evidente, debió ser detectada y cuestionada previamente en la etapa de admisibilidad para que sin mayor trámite se declare la improcedencia in limine de la demanda, por cuanto resulta innecesario, accionar el aparato jurisdiccional constitucional para finalmente en audiencia denegar la tutela por falta de inmediatez en la activación de esta acción de defensa, situación que no condice con su carácter sumarísimo ni con el principio de economía procesal, por cuanto de ser así la causa, siempre que se active el mecanismo procesal pertinente, es enviada en revisión ante la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional y no queda en espera de turno para sorteo en Sala Plena.

De los antecedentes aparejados al cuaderno procesal se puede constatar que notificada la parte accionante el 11 de noviembre de 2022, con la Sentencia 86, emitida dentro del proceso contencioso administrativo seguido contra la Empresa hoy tercera interesada, se declaró probada la demanda contencioso administrativo y se dejó sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0971/2019 (Conclusión II.11.); no obstante, del Certificado de Envío a través de Buzón Judicial 266858, se constata que la acción de amparo constitucional fue presentada a horas 19:37:24 del día jueves 11 de mayo de 2023 (Conclusión II.13.), pero en observancia del art. 13 inc. b) del Reglamento del Buzón Judicial, la parte accionante tenía la obligación de constituirse en Plataforma del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz el primer día hábil -viernes 12 de igual mes y año- o hasta un plazo no mayor a dos días -se entiende hábiles-; es decir hasta el lunes 15 de mayo de 2023, extremo que correspondía a la parte accionante justificar, lo que aconteció tal cual se advierte del memorial presentado en Plataforma del referido Tribunal a horas 18:07 del mismo día lunes 15 de mayo de 2023 (Conclusión II.13.) cuya suma indica: “ACLARA Y JUSTIFICA CONSOLIDACIÓN DE PRESENTACIÓN DEL AMPARO CONSTITUCIONAL EN PLATAFORMA EL DIA LUNES 15 DE MAYO DE 2023”, escrito que debió ser examinado y valorado por los Vocales de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz antes de pronunciar el decreto de 16 de mayo de 2023, requiriendo la subsanación de los requisitos comprendidos en el art. 33 del CPCo, pues de resultar incomprensible y poco claro el cómputo del plazo de inmediatez para la formulación de esta acción de defensa, ese aspecto también pudo solicitarse sea subsanado; no obstante, en atención al principio de verdad material, la documentación aparejada al expediente y el razonamiento expuesto correspondía a la referida Sala Constitucional efectuar un análisis de la problemática, al no ser evidente la supuesta inobservancia al principio de inmediatez. 2) En ese sentido, por razones de economía procesal y con la finalidad de evitar dilatar aún más el análisis de la problemática planteada, al formularse la presente acción tutelar dentro del plazo de los seis meses, se ingresará analizar el caso considerando los derechos y principios que se alegaron como vulnerados, a cuyo efecto corresponde conocer los puntos a los que se refirió la parte accionante (fs. 697 a 700 vta.), en su calidad de tercero interesado dentro de la demanda contencioso administrativa referidos a: El demandante señaló que la modificación de plazos establecida en los arts. 59 y 60 del CTB por las Leyes 291, 317 y 812 no podría extender el período de prescripción cuando el acto de determinación tiene un efecto declarativo de acuerdo con el art. 99.III del citado Código, lo que implica que la norma a aplicarse durante la determinación tributaria debe ser la vigente el momento en el que se produjeron los hechos imponibles y no así cuando se practica la fiscalización respecto los principios de seguridad jurídica e irretroactividad, conduciendo la presunción de constitucionalidad de dichas leyes sobre la aplicación retroactiva un falso debate al disponerse de manera ex profesa un claro propósito recaudatorio de la Administración Tributaria cuando por el contrario el texto jurídico debió interpretarse dotándolo de racionalidad y teniendo presente valores y principios ligados al ideal justicia, y que la determinación tributaria en un acto administrativo reglado por los arts. 59, 92 y 95 de dicho Código que establecen que el ejercicio de la facultad de determinación de oficio prescribe a los cuatro años el cual alcanza al ejercicio del derecho de cobro y que para el cómputo de la prescripción debió aplicarse la Ley 291 respecto de las obligaciones tributarias derivadas de hechos generadores acaecidos el 2013 y 2018, añadiendo que en el caso el cómputo de la prescripción de las acciones de la Administración Tributaria a partir del período 2008, no se completó ante la entrada en vigencia de la Ley 291, antes que el citado cómputo finalice afectando el término de la prescripción que se encontraban inconcluso, lo que deja en evidencia que dicha Ley tiene carácter retrospectivo, pues desde su vigencia se alcanzó a situaciones cuyos efectos jurídicos no se consolidaron a momento de su entrada en vigencia, correspondiendo aplicar las disposiciones de dicha Ley modificatoria del Código Tributario Boliviano a partir de su vigencia sin que constituya una interpretación ilógica, sesgada o carente de racionalidad, ni implique vulneración a los principios de legalidad e irretroactividad previsto por los arts. 150 y 123 de la CPE o principios de certeza y seguridad jurídica. Respecto de la normativa aplicarse a momento de materializado o perfeccionado el hecho generador para efectuar el cómputo de la prescripción se refirió a la SCP 0401/2017-S2 de 2 de mayo, con la finalidad de diferenciar la retrospectividad y retroactividad, entendió que esta última está inmersa en la garantía de irretroactividad de la ley como retroactividad no auténtica que implica la aplicación inmediata de la nueva ley a situaciones que si bien pudieron iniciarse en vigencia de una ley anterior, no se cumplieron, completaron o perfeccionaron; por lo que considerando que el texto original del Código Tributario Boliviano señalaba que las acciones de la Administración Tributaria para ejercer su facultad de ejecución tributaria prescribían a los cuatro años, ante las modificaciones introducidas por la Ley 291, corresponde que la misma se aplique al caso, ya que por intervención y decisión del legislador expresada en las Leyes 291 y 317 se extendió el plazo de la prescripción bajo una modalidad progresiva y retrospectiva ante la necesidad de evitar conforme dispone la Norma Suprema y la ley de extinción de la obligación respecto a deudas impagas por incumplimiento formal o material de parte de los sujetos pasivos para evitar un trato discriminatorio que favorezca a quien no cumplió sus obligaciones tributarias en detrimento del interés del fisco que representa los intereses colectivos quedando claro que los principios de legalidad y seguridad jurídica no sufrieron menoscabo alguno; por lo que considera que el control de legalidad mediante la demanda contenciosa administrativa no recae sobre actos de la Administración Tributaria en la emisión de la Resolución Determinativa 17-0273-2014 como erróneamente entendió el demandante, sino sobre la vigencia de sus facultades para ejecutar la deuda establecida en dicha Resolución que fue notificada el 30 de junio de 2014 y si se configuró la condición legal prevista por el art. 50.IV del CTB, la cual no prescribió.

Sobre la prescripción de la facultad de determinación de la Administración Tributaria, refirió que el 19 de junio de 2015 se notificó al sujeto pasivo con el PIET 24-1543-2014, contra el que la Empresa ahora tercera interesada opuso prescripción, notificándose al contribuyente con la RA 231829000280, que en respuesta al sujeto pasivo no solo respecto de la prescripción de la facultad de ejecución sino de la facultad de determinación tributaria, aclaró sobre la facultad de determinación, que la deuda consignada en la resolución determinativa era inmodificable e inalterable al haber adquirido firmeza y encontrarse ejecutoriada y al no haber interpuesto el contribuyente recurso alguno dentro del plazo previsto por ley, pues de lo contrario se atentaría contra el principio de cosa juzgada, siendo el petitorio del sujeto pasivo la prescripción de la facultad de ejecución tributaria respecto de los períodos fiscales abril a noviembre de 2009 y la petición de cese de las medidas de ejecución coactiva sin que sea evidente la alegación de la prescripción de las facultades de determinación ni denunciado vicios de nulidad en el procedimiento de determinación, habiendo comunicado el 8 de marzo de 2016 el pago de Bs10 000.- mediante Boleta de Pago 1000 para cancelar el adeudo que consideró no prescrito reconociendo la validez del acto de determinación sin que implique el reconocimiento del saldo del adeudo tributario. Por lo que considerando que las etapas de fiscalización, determinación y ejecución constituyen partes de un mismo proceso destinado a la comprobación de la correcta liquidación, pago de tributos y recuperación de adeudos tributarios, al encontrarse el caso en etapa de ejecución, el análisis de la prescripción debe necesariamente circunscribirse a la facultad de ejecución tributaria al no ser posible ejercer otras, resultando improcedente los argumentos de la Empresa ahora tercera interesada sobre este punto; por lo que al establecerse que dicha facultad no está prescrita corresponde la declaratoria de improbada la demanda contenciosa administrativa. Ante los argumentos expuestos por la parte accionante, tercero interesado, se procede a contrastar lo expresado por los Magistrados ahora accionados en la Sentencia 86 de 26 de mayo de 2022, con la finalidad de verificar si son evidentes o no los agravios originados a los derechos a la defensa, a la impugnación, a la igualdad, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, advirtiéndose lo siguiente: Conforme los argumentos expuestos por el contribuyente -Empresa ahora tercera interesada- referidos a la prescripción, los Magistrados ahora accionados efectuaron la siguiente aclaración: Respecto de la facultad de determinación

Los Magistrados hoy accionados manifestaron que notificada la Resolución Determinativa 17-0273-2014, el 30 de junio de 2014, de acuerdo con el art. 143 del CTB el contribuyente -Empresa ahora tercera interesada- tenía el plazo de veinte días para impugnarla; es decir, hasta el 21 de julio de ese año; empero, al no hacerlo, consintió y dejó precluir su derecho, principio denominado también de “eventualidad” que se basa en la pérdida o extinción de una facultad o potestad procesal y encuentra su fundamento en el orden consecutivo del proceso pues concluida una etapa, las partes no pueden efectuar ciertos actos, ya que de realizarlos carecerían de eficacia; por esa razón la indicada Resolución Determinativa adquirió firmeza administrativa y se constituyó de acuerdo con el art. 108.I.1 del “CTB-2003”, en un Título de Ejecución Tributaria emitiendo la Administración Tributaria el PIET 24-1543-2014 de 4 de agosto, a través del cual comunicó al contribuyente que se iniciaría la ejecución tributaria; es decir, que al dejar precluir el contribuyente su derecho de impugnar la determinación tributaria del SIN, se encontraban impedidos de emitir un pronunciamiento sobre la prescripción de la facultad de determinación tributaria de la Administración Tributaria aspecto que se hizo constar también en el numeral xxxiv de la resolución jerárquica impugnada, en el que la AGIT hoy tercera interesada expresó: “...el presente análisis no recae sobre el control de legalidad de los actos de la Administración Tributaria en la emisión de la Resolución Determinativa N° 17-0273-2014, como erróneamente entiende el Sujeto Pasivo; ese contexto, versa sobre la vigencia de las facultades de la mencionada Administración para ejecutar la deuda establecida en la referida Resolución Determinativa...” (sic); por lo que únicamente correspondía analizar y pronunciarse sobre la facultad de ejecución tributaria del SIN. Con relación a la facultad de ejecución tributaria

En el marco de la doctrina tributaria y los principios de seguridad jurídica, irretroactividad de la ley, tempus comici delicti y tempus regis actum, al tratarse del vencimiento de pago del IVA de los períodos fiscales de abril a noviembre de la gestión 2009, los que ocurrieron en la gestión 2009, aplicaron los arts. 59 y ss. del “CTB-2003”, sin modificaciones, con la finalidad de verificar si la facultad de ejecución tributaria del SIN prescribió o no; en ese sentido, el indicado art. 59 señala que: “I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria (…); por su parte el art. 60.II refirió: “II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria”. Por su parte, el art. 61 inc. a) del “CTB-2003” sobre la interrupción de la prescripción indicó que: “La prescripción se interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa (…) Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción”; estableciendo el art. 62 del “CTB-2003” sobre el curso de la prescripción que esta se suspende con: “I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis meses” y “II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo”; disponiendo el art. 4 del DS 27874 de 26 de noviembre de 2004, para la ejecución tributaria de los títulos de ejecución tributaria previstos por el art. 108 del CTB que: “La ejecutabilidad de los títulos listados en el Parágrafo I del Artículo 108 de la Ley Nº 2492, procede al tercer día siguiente de la notificación con el proveído que dé inicio a la ejecución tributaria, acto que, de conformidad a las normas vigentes, es inimpugnable”; por lo que cuando el SIN notificó al contribuyente con la Resolución Determinativa 17-0273-2014, interrumpió el cómputo del término de prescripción de la facultad de determinación de la deuda tributaria del SIN y al no haberla impugnado hasta el 21 de julio de 2014, dicha Resolución adquirió la calidad de título de ejecución tributaria a partir del 22 del mismo mes y año, iniciándose en esa fecha el término de prescripción de la facultad de ejecución tributaria, etapa en la que el SIN debió ejercer su facultad y aplicar medidas coactivas para el cobro de la deuda tributaria dentro el plazo previsto por el art. 59.1.4 del “CTB-2003”. Por lo expresado concluyó que, no correspondía aplicar al caso el art. 60.II del CTB al contradecir el principio de seguridad jurídica al ser el propósito de la prescripción otorgar seguridad jurídica a los sujetos pasivos e implicar el incremento de la deuda tributaria; por lo que una vez que la Resolución Determinativa 17-0273-2014 adquirió la calidad de título de ejecución tributaria, la Administración Tributaria debió ejercer su facultad en el plazo de cuatro años, la cual de acuerdo con el art. 4 del DS 27874, podía ser ejercida sólo si después de los tres días de notificarse el PIET, el contribuyente no pagaba el título de ejecución tributaria, antes de aplicarse las medidas coactivas previstas por el art. 110 del “CTB-2003”, debido a que el SIN debía ejecutar las medidas coactivas previa comunicación al contribuyente del inicio de la ejecución tributaria a efecto de darle la posibilidad de pagar la deuda tributaria y/o multas, aviso que se configura con la notificación del PIET; por lo que el término de cuatro años, para ejercer la facultad de ejecución tributaria concluyó el 22 de julio de 2018, operando la prescripción desde el 23 de ese mes y año, sin que hubiesen concurrido las causales de interrupción previstas por el art. 61.b) del “CTB-2003”, cuando la Administración Tributaria notificó al contribuyente el 31 de agosto de igual año con la RA 2318290002808, que rechazó la oposición de prescripción de la ejecución tributaria requerida al transcurrir cuatro años, un mes, una semana y dos días encontrándose -se reitera- la referida facultad prescrita.

En consideración a los argumentos expuestos por la AGIT al momento de contestar la demanda contenciosa administrativa, los Magistrados hoy accionados refirieron que el cumplimiento del principio de legalidad no significaba desconocer o apartarse del principio de irretroactividad instituido en los arts. 123 de la CPE y 150 de del CBT; pues al contrario, en una adecuada aplicación de dicho principio, debía observarse lo desarrollado en la doctrina, jurisprudencia y legislación con la finalidad de cumplir con la naturaleza jurídica del principio de irretroactividad como garantía de seguridad del Estado en favor de los ciudadanos y observancia del principio de legalidad al no estar cuestionando ni resolviendo la constitucionalidad de las modificaciones introducidas por las Leyes 291, 371 y 812; por lo que en el presente caso, no es posible aplicar retroactivamente normas que entraron en vigencia de forma posterior al vencimiento del pago del IVA por los períodos fiscales “…enero a diciembre de 2009…” (sic) y que originaron posteriormente la fase de ejecución tributaria, considerando que el hecho generador se produjo en la gestión 2009, más aún si no favorecen de ninguna manera al contribuyente; aclarando que no resulta aplicable la SCP 0401/2017-S2 de 2 de mayo, por no existir identidad fáctica y precisando que en materia tributaria rige normativa especial con disposiciones específicas sobre la irretroactividad de las leyes tributarias; argumentos con los que declararon probada la demanda contenciosa administrativa, dejaron sin efecto la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0971/2019 y declararon prescrita la facultad de ejecución tributaria del SIN, respecto de la deuda tributaria contenida en la Resolución Determinativa 17-0273-2014.

De lo expresado en la Sentencia 86, se constata que los agravios denunciados por la parte accionante, en su calidad de tercero interesado dentro de la demanda contenciosa administrativa no fueron respondidos, al constatarse que la mencionada Sentencia no se refirió en absoluto a ellos, por cuanto si bien no los negó, ni desvirtuó tampoco se refirió en absoluto a los mismos; a pesar que en el encabezamiento de la misma, en el subtítulo de “VISTOS” se consignó: “…la contestación del tercer interesado de fs. 161 a 164…” (fs. 707), reiterando en fs. 708 vta.: “Apersonamiento y fundamentación del tercer interesado. Respecto a lo señalado por el tercero interesado, cursa a fs. 161 a 164, la contestación de la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, que con argumentos similares al de la AGIT, solicitó se declare improbada la demanda planteada de contrario”. Consecuentemente, los Magistrados hoy accionados al momento de resolver los agravios y argumentos expuestos por las partes, ya sea negando o admitiéndolos, en el subtítulo “Resolución del caso concreto” no se refirieron a los argumentos expuestos por el Gerente de la Gerencia GRACO La Paz -parte accionante-, en el memorial presentado el 25 de marzo de 2021 (fs. 697 a 700 vta.), advirtiendo que sí realizaron ese análisis respecto de los agravios expresados en los memoriales de interposición de la demanda contenciosa administrativa presentada por el contribuyente -Empresa hoy tercero interesado- y la AGIT en su calidad de entidad demandada, sin que la falta de pronunciamiento a los argumentos expuestos por la parte accionante, tercero interesado en aquella demanda contenciosa administrativa, pueda ser subsanada con la afirmación de que formuló argumentos similares al de la AGIT, pues aun de ser evidente ese aspecto, debió efectuar un resumen de los puntos que consideraban más importantes y proceder a responderlos uno por uno con la finalidad evitar una supuesta vulneración de derechos y garantías, permitiendo a la parte en caso de observaciones requerir una enmienda, complementación o aclaración respecto de los mismos e inclusive, en caso de cuestionamiento o impugnación aperturar la vía constitucional. Por consiguiente, la falta de respuesta expresa a cada uno de los agravios formulados por la parte accionante generó como defecto procesal el no poder establecer si la cuestionada Sentencia 86 vulneró los derechos a la defensa, a la impugnación, a la igualdad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia; y, los principios de legalidad y seguridad jurídica de la Administración Tributaria en representación de la cual actúa la parte accionante, deficiencia que corresponde ser subsanada con la finalidad de responder y desarrollar los argumentos que resuelvan los agravios expuestos, por cuanto no es posible presumir si los indicados derechos y principios conforme el marco jurisprudencial establecido en los Fundamentos Jurídicos III.3., III.4., III.5. y III.6. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional fueron o no conculcados al constatarse un defecto en la Sentencia 86 que requiere de manera previa ser subsanada, por cuanto una vez se pronuncie un fallo con la debida fundamentación, motivación y congruencia, en el que los Magistrados hoy accionados demuestren que no se vulneraron los derechos a la defensa, impugnación e igualdad de partes, además de los principios de legalidad y seguridad jurídica a vinculados a los mismos, recién se podrá verificar, analizar y asumir una determinación sobre si esos derechos y principios fueron vulnerados, no pudiéndose ante la deficiencia jurisdiccional evidenciada efectuar el examen de fondo respecto a los alegados derechos y principios, sino únicamente abrir el campo de protección tutelar en cuanto al derecho al debido proceso en su elemento de congruencia. De lo analizado y expuesto precedentemente, corresponde conceder en parte la tutela solicitada a través de la presente acción de defensa. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela solicitada, obró de manera parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 128/2023 de 22 de junio, cursante de fs. 816 a 822, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación al derecho al debido proceso en su elemento de congruencia, conforme los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° Disponer dejar sin efecto la Sentencia 86 de 26 de mayo de 2022, debiendo los Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia sin espera de turno, ni previo sorteo, pronunciar un nuevo fallo que responda a todos y cada uno de los argumentos de contestación formulados por la parte accionante dentro de la demanda contencioso administrativa de la cual emerge esta acción de defensa; y, 3° DENEGAR la tutela solicitada respecto a los derechos a la defensa, a la impugnación, a la igualdad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, así como a los principios de legalidad y seguridad jurídica, de acuerdo a los expresado en este fallo constitucional. 4° Llamar la atención a Carmiña Ninoska Vera Márquez y Rubén Ramírez Conde, Vocales de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz ante la inobservancia del art. 13 inc. b) del Reglamento de Buzón Judicial cuando se presente una acción tutelar a través de ese medio telemático, conforme lo expresado en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1144_2023-S3.pdf · páginas 1 a 31.

Huella digital del PDF (SHA-256): ca0897656d736d01522204780ad57c61c894247b3811545036f56669df03a7c2

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