Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 25 de septiembre de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación y valoración de la prueba; a la defensa; al trabajo; y, a la libre circulación; la garantía de presunción de inocencia, así como los principios de legalidad y seguridad jurídica; toda vez que: a) Respecto al art. 234.2 del CPP, el Vocal demandado consideró los viajes realizados a la República de Chile como un indicio de facilidad de fuga, sin ofrecer una fundamentación suficiente ni valorar la documentación presentada que acreditaba su arraigo laboral y familiar, omitiendo además la jurisprudencia establecida en la SCP 0760/2013; b) En relación con el art. 234.4 del mismo Código, el Tribunal de alzada sustentó su decisión en la antigüedad del proceso -iniciado en 2022- sin explicar de manera concreta cómo su persona habría provocado dicho retraso. Asimismo, valoró un acta de incomparecencia correspondiente a otra coimputada, en contravención del principio de legalidad y de la correcta valoración de la prueba; y, c) En cuanto al art. 234.6 del CPP, se invocaron denuncias en otros procesos, ajenos al delito de estelionato y carentes de sentencia ejecutoriada, desconociendo que solo una condena firme puede acreditar la existencia de actividad delictiva reiterada.
Ante ello, el Vocal demandado no presentó informe escrito alguno ni asistió a la audiencia de garantías programada. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 74/2023 de 17 de agosto, cursante de fs. 34 a 40 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, únicamente respecto al punto b), dejando sin efecto el Auto de Vista 256/2023 debiéndose emitir nueva resolución que tome en cuenta los argumentos expuestos en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, siempre que la situación jurídica del accionante no haya sufrido modificaciones; y, 2° DENEGAR la tutela impetrada, en relación a los puntos a) y c), por las razones expuestas en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1143/2025-S2 Sucre, 25 de septiembre de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 57907-2023-116-AAC Departamento: Oruro En revisión la Resolución 74/2023 de 17 de agosto, cursante de fs. 34 a 40 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jhonny Martín Ibarra Mamani contra Julio Huarachi Pozo, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.
Por memoriales presentados el 3 y 11 de agosto de 2023, cursantes a fs. 1; 11 a 15 vta.; y, 19, el accionante manifiesta lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de estelionato, mediante Auto Interlocutorio 468/2023 de 27 de junio, William García Ríos, Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro dispuso la imposición de medidas cautelares personales, consistentes en: a) Presentación semanal ante el “Juzgado” y al Ministerio Público; b) Prohibición de contacto con las víctimas y su entorno familiar; c) Otorgamiento de fianza personal con dos garantes; y, d) Arraigo en el territorio nacional. Dicha decisión fue asumida al considerarse acreditada la concurrencia de riesgos procesales previstos en los arts. 234.2, 4 y 6, y 235 inc. 1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), con fundamento en los siguientes elementos: 1) La constatación de cinco salidas hacia la República de Chile y dos ingresos al país, registrados durante las gestiones 2018 y 2023; 2)
Las actas de incomparecencia por incumplimiento de órdenes de aprehensión emitidas contra ambos imputados; 3) Los antecedentes penales reiterados en perjuicio de la dignidad y patrimonio de las víctimas, quienes, además de haber sido estafadas, sufrieron actos de violencia; y, 4) La existencia de un depósito de $us30 000.- (treinta mil dólares estadounidenses), cuyo documento se ocultó con el propósito de inducir a error a las víctimas, ocasionándoles la pérdida de dicho patrimonio. Ante dicha determinación, interpuso recurso de apelación incidental, el cual fue resuelto por Julio Huarachi Pozo, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, -ahora demandado-, por Auto de Vista 256/2023 de 18 de julio, con los siguientes fundamentos: i) Respecto al art. 234.2 del CPP, señaló que la parte apelante reconoció haber realizado viajes a la República de Chile, lo que evidenciaría la facilidad para abandonar el país; en consecuencia, consideró que el riesgo procesal estaba debidamente acreditado, sin requerir mayor fundamentación; ii) En relación al art. 234.4 del CPP, sostuvo que el proceso penal se inició con la comunicación de 4 de noviembre de 2022 y que recién se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares, razón por la cual resultaba lógico que se hubiera expedido mandamiento de aprehensión, lo que denotaba una voluntad de no someterse al proceso; y, iii) En cuanto al art. 234.6 del citado Código, manifestó que resultaba errónea la exigencia de contar con una sentencia ejecutoriada para acreditar actividad delictiva reiterada, pues bastaba la existencia de un proceso penal en trámite. Finalmente, en relación con el daño económico alegado, precisó que el monto de $us29 000.-(veintinueve mil dólares estadounidenses) no constituía objeto del debate, concluyendo que, en todo caso, la medida cautelar impuesta resultaba sumamente benigna. De lo expuesto, se advierte que el Vocal demandado incumplió con el deber de fundamentación al aplicar el art. 234.2 del CPP; toda vez que, dicho riesgo procesal debe interpretarse a la luz del art. 22 y siguientes de la Constitución Política del Estado (CPE), que reconocen el derecho a la libre circulación, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, derecho que no puede ser restringido de manera arbitraria. En esa línea, la SCP 0760/2013 -sin precisión de fecha- estableció que la acreditación de domicilio, trabajo lícito y vínculos familiares constituye un arraigo natural, lo que en la práctica eliminó la vigencia del art. 234.2 del CPP; sin embargo, pese a esta doctrina constitucional, se vulneró el derecho al debido proceso, puesto que tanto la Jueza a quo como la autoridad judicial demandado se limitaron a sostener que los viajes realizados demostraban facilidad de fuga, sin motivar adecuadamente tal conclusión ni respaldarla en una norma aplicable. En relación al art. 234.4 del CPP, el Tribunal de alzada fundamentó su decisión en la antigüedad del proceso -iniciado en 2022-, sosteniendo que ello constituía un riesgo de fuga en caso de que no se sometiera al proceso; sin embargo, dicho argumento resulta meramente abstracto, pues no se explica de manera concreta cómo la conducta del procesado ocasionó un retardo en la tramitación de la causa. Asimismo, valoró un acta de incomparecencia que en realidad correspondía a otra coimputada, lo cual vulneró el principio de legalidad y refleja una indebida valoración de la prueba. Por otra parte, respecto al art. 234.6 del CPP, se invocaron presuntas denuncias en otros procesos para sustentar la existencia de una supuesta actividad delictiva reiterada, desconociéndose que una sentencia condenatoria ejecutoriada puede acreditar dicha circunstancia.
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación y valoración de la prueba; a la defensa; al trabajo; y, a la libre circulación; la garantía de presunción de inocencia, así como los principios de legalidad y seguridad jurídica; citando al efecto los arts. 22, 115.II, 116, 178 y 180 de la CPE.
Solicita se conceda la tutela impetrada, disponiendo se deje sin efecto el Auto de Vista 256/2023 y se disponga la emisión de uno nuevo, garantizando el respeto de sus derechos.
Celebrada la audiencia pública el 17 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 28 a 33, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional y ampliando en audiencia de garantías señaló que: a) Las salidas al exterior que realiza obedecen estrictamente a motivos laborales, por lo que la restricción impuesta afecta directamente su derecho al trabajo, protegido por el art. 46 de la CPE. Además, presentó documentación que respalda su actividad laboral, la cual no fue debidamente valorada por el Vocal demandado; b) En cuanto a los otros procesos señalados, debe precisarse que éstos son completamente ajenos al delito de estelionato, pues versan sobre supuestas calumnias, difamación o allanamiento; es decir, hechos que no guardan relación con la protección de la propiedad como bien jurídico. De igual manera, ninguno de estos procesos cuenta con sentencia ejecutoriada, ni siquiera se encuentran en etapa de juicio oral, de ahí que no pueden ser utilizados para sustentar riesgos procesales; y, c) Se vulneró el principio de seguridad jurídica; toda vez que, un juez debe actuar con imparcialidad, objetividad y cumpliendo con el deber de emitir resoluciones debidamente fundamentadas y motivadas. En consecuencia, tanto el Auto Interlocutorio 468/2023 como el Auto de Vista 256/2023 resultan lesivos a sus derechos.
Julio Huarachi Pozo, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, no presentó informe escrito alguno ni asistió a audiencia de garantías programada, pese a su notificación cursante a fs. 22.
José Antonio Lizondo Montero y Verónica Jimena Bejarano Mercado, no presentaron memorial alguno ni asistieron a audiencia de garantías programada, pese a su notificación cursante de fs. 25 a 26 vta.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por Resolución 74/2023 de 17 de agosto, cursante de fs. 34 a 40 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) El Tribunal de alzada sostuvo que las apreciaciones de carácter general no son susceptibles de tutela, pues resulta indispensable que las alegaciones sean concretas y precisas. En el caso presente, el accionante no expuso de manera específica qué aspecto jurídico debía ser considerado con exactitud para garantizar la tutela judicial efectiva. Tal razonamiento se encuentra respaldado en la jurisprudencia constitucional uniforme, que exige no solo la denuncia de omisiones, sino también la identificación expresa de las normas aplicables, la forma en que debió valorarse la prueba y las evidencias que fueron indebidamente omitidas; 2) El Vocal demandado señaló igualmente que el impetrante de tutela no presentó un contrato de trabajo que permita valorar los extremos invocados. Es así que, se concluyó que, dado que el peticionante de tutela realiza viajes frecuentes a la República de Chile, tendría facilidad para abandonar el país, sin que ello le impida ejercer su profesión de chofer dentro del territorio nacional. Bajo esta perspectiva, no se evidenció una afectación directa a su derecho al trabajo; 3) En cuanto a la existencia de procesos previos, la autoridad judicial demandada explicó que el proceso penal referido se inició con la comunicación de 4 de noviembre de 2022 y que la audiencia de medidas cautelares se desarrolló con posterioridad. Por ello, resultaba razonable la expedición de mandamientos de aprehensión, considerando la conducta evasiva asumida por el accionante respecto del proceso; 4) En relación al riesgo de fuga, se argumentó que este puede acreditarse mediante la existencia de otros procesos en curso, elemento que fue considerado en la fundamentación del Auto Interlocutorio 468/2023. Por consiguiente, el Tribunal de alzada determinó que no existía vulneración a los derechos del impetrante de tutela en este punto; y, 5) Respecto al principio de seguridad jurídica, se concluyó que la acción de amparo constitucional carecía de la carga argumentativa suficiente. Asimismo, se advirtió que no se demostró un nexo causal entre dicho principio y los derechos o garantías cuya vulneración alegaba el peticionante de tutela. En tal sentido, correspondía que este hubiera invocado y fundamentado de manera clara las supuestas infracciones a las reglas de interpretación contenidas en el Auto de Vista 256/2023.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Auto Interlocutorio 468/2023 de 27 de junio, William García Ríos, Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro, dispuso la aplicación de medidas cautelares contra Daysi Marcela Ajata Mariaca y Jhonny Martín Ibarra Mamani -ahora accionante-, consistentes en: i) La obligación de presentarse semanalmente ante dicho Juzgado y al Ministerio Público; ii) La prohibición de ingresar al domicilio de las víctimas; iii) La prohibición de comunicarse con las víctimas y su entorno familiar; iv) La presentación de una fianza personal con dos garantes; y, v) La imposición de arraigo a nivel nacional (fs. 2 a 6). II.2. Por Auto de Vista 256/2023 de 18 de julio, Julio Huarachi Pozo, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -ahora demandado-, confirmó el Auto Interlocutorio 468/2023 (fs. 9 a 10).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación y valoración de la prueba; a la defensa; al trabajo; y, a la libre circulación; la garantía de presunción de inocencia, así como los principios de legalidad y seguridad jurídica; toda vez que: a) Respecto al art. 234.2 del CPP, el Vocal demandado consideró los viajes realizados a la República de Chile como un indicio de facilidad de fuga, sin ofrecer una fundamentación suficiente ni valorar la documentación presentada que acreditaba su arraigo laboral y familiar, omitiendo además la jurisprudencia establecida en la SCP 0760/2013; b) En relación con el art. 234.4 del mismo Código, el Tribunal de alzada sustentó su decisión en la antigüedad del proceso -iniciado en 2022- sin explicar de manera concreta cómo su persona habría provocado dicho retraso. Asimismo, valoró un acta de incomparecencia correspondiente a otra coimputada, en contravención del principio de legalidad y de la correcta valoración de la prueba; y, c) En cuanto al art. 234.6 del CPP, se invocaron denuncias en otros procesos, ajenos al delito de estelionato y carentes de sentencia ejecutoriada, desconociendo que solo una condena firme puede acreditar la existencia de actividad delictiva reiterada.
Ante ello, el Vocal demandado no presentó informe escrito alguno ni asistió a la audiencia de garantías programada. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El art. 128 de la CPE establece que: “La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”. Uno de los derechos garantizados por la acción tutelar es el debido proceso, consagrado en el art. 115 de la Norma Suprema, cuya dimensión esencial comprende la obligación de motivar las resoluciones judiciales. En relación con la aplicación de este derecho en decisiones que disponen medidas cautelares, la SC 0782/2005-R de 13 de julio estableció que: “…la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar” (las negrillas y el subrayado son nuestros).
Habiéndose impugnado el Auto de Vista 256/2023 de 18 de julio y en atención a los agravios expuestos en la acción de amparo constitucional, corresponde ingresar al control de constitucionalidad tutelar de sus fundamentos.
Sobre el punto a), Jhonny Martín Ibarra Mamani -ahora accionante-señala que respecto al art. 234.2 del CPP, Julio Huarachi Pozo, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -ahora demandado- valoró sus viajes a la República de Chile como un indicio de facilidad de fuga, sin brindar motivación suficiente ni considerar la documentación presentada que acreditaba su arraigo laboral y familiar, desconociendo la jurisprudencia constitucional sentada en la SCP 0760/2013 -la fecha no fue consignada-. Al respecto, sobre este punto el Vocal demandado a través del referido Auto de Vista señaló lo siguiente:
En relación con el art. 234.2 del CPP, “…este tribunal de apelación, ha adoptado una infinidad de líneas interpretativas sobre este tema, es suficiente demostrar con documentos y flujo migratorio a los fines del art. 234 Núm. 2 del Código de Procedimiento Penal y en esta audiencia judicial, la parte apelante ha reconocido de que efectivamente realiza los viajes a la República de Chile, entonces tiene la facilidad de abandonar el país, eso es lógico, que otro razonamiento más se podría adoptar en sentido contrario, entonces el hecho de que se ha adoptado este riesgo procesal, consideramos de que está fundamentado y no hay necesidad de otro razonamiento, más allá de que el mismo contrato de trabajo señale en ese contexto que tampoco se ha desglosado para fines de su valoración” (sic). De lo referido, este Tribunal advierte que la autoridad judicial demandada, si bien de manera breve y escueta, cumplió con el deber de motivación. En efecto, en el Auto de Vista 256/2023 se valoró expresamente la información relativa a los frecuentes viajes que el accionante realizaba a la República de Chile, hecho que incluso fue reconocido por la propia parte apelante, concluyendo que, a juicio de la autoridad, dicha circunstancia evidenciaba objetivamente la posibilidad de abandonar el país y, por tanto, la concurrencia del riesgo de fuga previsto en el Código de Procedimiento Penal. De lo expuesto, la motivación no se limitó a una mera afirmación, sino que se fundamentó en un hecho concreto -los viajes al extranjero-considerado suficiente para acreditar la existencia del riesgo procesal. Asimismo, el Vocal demandado argumentó que la ausencia de desglose del contrato de trabajo no resultaba determinante para modificar la conclusión alcanzada, dado que el elemento central de valoración era el flujo migratorio. En consecuencia, se constata que la autoridad judicial demandada expuso de manera clara y concreta las razones de hecho y de derecho que fundamentan la aplicación del art. 234.2 del CPP, cumpliendo así con el requisito de motivación. Por lo tanto, sobre este punto corresponde denegar la tutela solicitada. Respecto al punto b), el impetrante de tutela sostiene que, en relación con el art. 234.4 del CPP, el Tribunal de alzada fundamentó su decisión en la antigüedad del proceso -que se remonta a 2022- sin explicar de qué manera ocasionó el retraso. Asimismo, el Tribunal valoró un acta de incomparecencia correspondiente a otra coimputada, contraviniendo así el principio de legalidad y afectando la correcta valoración de la prueba.
Al respecto, el señalado Auto de Vista señaló que según el art. 234.4 del citado Código “…solamente en la vía de control de logicidad, este proceso penal tiene su inicio de comunicación de 4 de noviembre de 2022 y recién se hubo realizado la audiencia cautelar para adoptar las medidas cautelares, de manera que, es lógico que se hubiese expedido mandamientos de aprehensión o la voluntad de no someterse al proceso, en consecuencia, es lógico entender de que el razonamiento adoptado va en ese sentido la no voluntad de someterse a este proceso penal” (sic). En este sentido, toda decisión judicial debe estar respaldada por una justificación epistémica, lo que garantiza que no se base en suposiciones arbitrarias, sino en creencias racionalmente fundamentadas, aunque estas puedan resultar erróneas. Por ejemplo, si un juez sostiene que el acusado estuvo presente en el lugar del robo, dicha afirmación debe sustentarse en pruebas objetivas, como testimonios, grabaciones de cámaras o informes periciales. Al constituir una creencia racional, esta puede ser debatida y controvertida por las partes dentro del proceso, en relación con su veracidad o falsedad, reforzando así el carácter contradictorio y garantista del debido proceso. En el presente caso, el Auto de Vista 256/2023 se limitó a inferir la falta de voluntad de someterse al proceso a partir de dos elementos: 1) La antigüedad del proceso y la demora en la audiencia cautelar; y, 2) La expedición de mandamientos de aprehensión como una consecuencia lógica de tal demora; sin embargo, no explicó cómo esos elementos acreditaban una conducta específica del accionante orientada a evadir el proceso. Por el contrario, las observaciones del impetrante de tutela -en el sentido de que se valoró un acta de incomparecencia atribuible a otra coimputada y la antigüedad del proceso, sin explicar cómo él habría producido el retraso del mismo-no fueron respondidas de forma puntual ni con prueba directa.
Por consiguiente, puede afirmarse que las cuestiones planteadas por el peticionante de tutela no fueron respondidas con una fundamentación suficiente desde una perspectiva epistémica. El Vocal demandado sustentó su conclusión en un razonamiento meramente lógico: “…es lógico que se hubiese expedido mandamientos de aprehensión o la voluntad de no someterse al proceso…” (sic), pero no en pruebas concretas que respalden dicha afirmación, como notificaciones válidas, actas de incomparecencia atribuibles directamente al accionante o constancias de resistencia a órdenes judiciales. Esta ausencia de respaldo probatorio genera un déficit de justificación epistémica, dado que la creencia central -la supuesta renuencia del impetrante de tutela a someterse al proceso- carece de fundamento suficiente, debilitando así la legitimidad epistémica de la decisión práctica posterior, consistente en la imposición de medidas cautelares. De ello se sigue que el Auto de Vista 256/2023 carece de una motivación que cumpla con los estándares de justificación epistémica, pues no fundamentó la creencia adoptada -la supuesta falta de voluntad del peticionante de tutela de someterse al proceso-en evidencias directas y pertinentes, limitándose únicamente a una inferencia lógica. En consecuencia, respecto de este extremo, corresponde conceder la tutela solicitada.
Finalmente, sobre el punto c), el accionante objeta que, en aplicación del art. 234.6 del CPP, se hayan considerado denuncias correspondientes a otros procesos ajenos al delito de estelionato y que carecen de sentencia ejecutoriada, ignorando que únicamente una condena firme puede acreditar la existencia de actividad delictiva reiterada.
Con relación al art. 234.6 del referido Código, el Auto de Vista indicó que “…la parte apelante ha señalado que para adoptar ese riesgo de fuga, sería necesario de que exista sentencia ejecutoriada, esa interpretación es absolutamente equivocada, a los fines de demostrarse ese riesgo de fuga de la actividad delictiva reiterada, se debe demostrar con cualquier proceso penal que se encuentre en trámite, a eso se denomina actividad delictiva reiterada, es decir, no se requiere sentencia ejecutoriada, tomando en cuenta todos esos reclamos que ha hecho referencia la parte apelante, consideramos que, no da a lugar a que se pueda hacer viable la apelación; más allá que en el caso analizado, en un análisis correcto del caso de autos, que no se ha cuestionado el Núm. 1 del art. 233 del Código de Procedimiento Penal, donde el presunto daño económico se entendería que es de $us. 30.000 o $us. 29.000, que no es objeto del debate. Más por el contrario considera este tribunal de apelación, sumamente benévolas las medidas adoptadas en los de la materia, en consecuencia las medidas adoptadas no son gravosas al que ha hecho referencia la parte hoy apelante, desde esa perspectiva no hay posibilidad de tutelarse la apelación interpuesta” (sic). Del análisis del argumento expuesto por el Vocal demandado, se advierte que éste respondió al cuestionamiento del peticionante de tutela señalando que, para acreditar la existencia de actividad delictiva reiterada, basta con la tramitación de cualquier proceso penal en curso; es decir, no resulta necesaria la existencia de una sentencia firme para la concurrencia de dicho riesgo procesal. En tal contexto, si el accionante discrepaba de este razonamiento -considerando que el riesgo previsto en el art. 234.6 del CPP solo podía acreditarse mediante una sentencia ejecutoriada y en procesos relacionados con el mismo delito- le correspondía explicar en qué consistía la incorrección de la interpretación efectuada por la autoridad judicial, precisar de qué manera dicho criterio vulneraba sus derechos y, finalmente, señalar cuál debía ser la interpretación jurídica correcta de la norma. Al no haber cumplido con estas cargas argumentativas necesario, en virtud al componente medular de la reclamación constitucional, este Tribunal se encuentra impedido de analizar los cuestionamientos planteados; por tanto, respecto a este punto, corresponde denegar la tutela solicitada.
En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de manera parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 74/2023 de 17 de agosto, cursante de fs. 34 a 40 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, únicamente respecto al punto b), dejando sin efecto el Auto de Vista 256/2023 debiéndose emitir nueva resolución que tome en cuenta los argumentos expuestos en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, siempre que la situación jurídica del accionante no haya sufrido modificaciones; y, 2° DENEGAR la tutela impetrada, en relación a los puntos a) y c), por las razones expuestas en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1143_2025-S2.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): 7648de947965db583d09c8d9c765b3a78c59ab3c53877998fab996f3b1682772
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