Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 5 de octubre de 2023
Concede en parte la tutela
El peticionante de tutela a través de su representante sin mandato, denunció la lesión de sus derechos fundamentales a la libertad personal; a la locomoción; y al debido proceso en sus vertientes de derecho a la defensa, motivación, fundamentación, congruencia, legalidad y el principio de seguridad jurídica, toda vez que la Jueza de Sentencia Penal Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, una vez emitida la Sentencia Condenatoria de dos años, no otorgó el beneficio del perdón judicial, tampoco resolvió la solicitud de modificación de medidas cautelares reales, disponiendo su detención preventiva, sin considerar que al ser condenado a dos años de privación de libertad resulta improcedente; por lo que a través de esta acción de tutela, solicitó que: Se deje sin efecto el Auto Interlocutorio de 30 de marzo de 2022, ordenando la inmediata libertad expidiendo el correspondiente mandamiento de libertad, se proceda a una nueva audiencia de consideración de modificación de las medidas cautelares en lo referente a la fianza económica observando los principios de excepcionalidad y proporcionalidad, considerando que se sometió al procedimiento abreviado, y fue sentenciado a dos años y por ese hecho existe previsión legal de beneficiarse con medidas distintas a la privación de libertad, se declare la responsabilidad civil y penal de la autoridad demandada por manifiesta vulneración de los derechos y garantías constitucionales.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 06/2022 de 2 de abril, cursante de fs. 49 a 51 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Séptima de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela, en cuanto a la solicitud de modificación de la medida cautelar real, sobre la base de los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; disponiendo lo siguiente:
a) Que la Jueza demandada en el plazo de veinticuatro horas señale día y hora para resolver la solicitud de modificación de medida cautelar de carácter real, siempre y cuando a la fecha, no se haya modificado la situación jurídica del accionante; y, 2° DENEGAR respecto a la solicitud del beneficio de perdón judicial y a la medida cautelar de detención preventiva, sin ingresar al análisis de fondo. 3° Se llama severamente la atención a Cinthia Fabiola Pardo Chavarría, Jueza de Sentencia Penal Séptima de la Capital del departamento de Santa Cruz, por la razón expuesta en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1143/2023-S1 Sucre, 5 de octubre de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 52002-2022-105-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 06/2022 de 2 de abril, cursante de fs. 49 a 51 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Juan Héctor Santa Cruz Rodríguez en representación sin mandato de Marcos Edwin Trigo Miranda contra Jenny Liseth Camargo Jaldin, Jueza de Sentencia Penal Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 1 de abril de 2022, cursante de fs. 2 a 7 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Señala que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de María Teresa Fernández Peñaranda en su contra por el presunto delito de violencia doméstica, una vez presentada la acusación formal y particular, ante la solicitud de la víctima el 22 de febrero de 2022 se celebró audiencia de medida cautelar en la que se le concedió nueve medidas sustitutivas, entre ellas la fianza de carácter real en la suma de Bs10 000.- (diez mil 00/100 bolivianos) con observación de acreditar domicilio laboral y que el empleador aclare cuales son las jornadas laborales y sus funciones, otorgando el plazo de veinte días para cumplir esas observaciones. El 14 de marzo de 2022 se acogió a procedimiento abreviado aceptando la condena de dos años de privación de libertad más la multa de Bs3 000.- (tres mil 00/100 bolivianos), que ha sido aceptado por las partes, por lo que la situación jurídica cambio sustancialmente a la que tenia al momento de la audiencia cautelar, en la misma audiencia solicito vía enmienda y complementación se conceda el perdón judicial; sin embargo, la autoridad judicial demandada no emitió ningún pronunciamiento, por lo que se interpuso apelación restringida que se tramita por cuerda separada. Posteriormente, el 16 de marzo de 2022, antes del cumplimiento del plazo de los veinte días y ante la imposibilidad de oblar la fianza de Bs10 000.- solicitó se conceda ampliación o diferimiento en el plazo. El 25 del mismo mes y año, habiendo cambiado sustancialmente la situación jurídica como efecto de la condena de dos años, se solicitó modificación de la medida cautelar de la fianza en cuanto al importe. El 30 de marzo de 2022, se llevó a cabo la audiencia de revocatoria de medidas sustitutivas sin considerar el pedido de modificación de la medida cautelar de la fianza económica, solamente resolvió la solicitud de revocatoria de las medidas sustitutivas a la detención preventiva, revocando las medidas impuestas por no haberse cumplido con las observaciones, sin tomar en cuenta que al haber sido condenado a dos años de privación de libertad, existía el impedimento legal del art. 232.II del Código de Procedimiento Penal (CPP), por ser más gravosa a la misma condena y se transgredió el art. 232.2 y 3 del CPP, referido a los casos de improcedencia de la detención preventiva por delitos con penas de corta duración.
Consideró lesionados sus derechos a la libertad personal; a la locomoción; y al debido proceso en sus vertientes de derecho a la defensa, motivación, fundamentación, congruencia, legalidad y el principio de seguridad jurídica; citando al efecto los arts. 22, 23, 115, 116 117 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se deje sin efecto el Auto Interlocutorio de 30 de marzo de 2022, ordenando la inmediata libertad expidiendo el correspondiente mandamiento de libertad, se proceda a una nueva audiencia de consideración de modificación de las medidas cautelares en lo referente a la fianza económica observando los principios de excepcionalidad y proporcionalidad, considerando que se sometió al procedimiento abreviado, y fue sentenciado a dos años y por ese hecho existe previsión legal de beneficiarse con medidas distintas a la privación de libertad, se declare la responsabilidad civil y penal de la autoridad demandada por manifiesta vulneración de los derechos y garantías constitucionales.
Celebrada la audiencia el 2 de abril de 2022, según acta de fs. 44 a 48, produciéndose los siguientes actuados:
El peticionante de tutela a través de su abogado patrocinante sin mandato, procedió a ratificar el contenido de la acción presentada; y, ampliándola manifestó: a) La solicitud de 25 de marzo de 2022 no fue resuelta, siendo que inclusive se le permitió producir la prueba que ofreció, pero no lo resolvió, hasta resolver la misma no podía revocar las medidas sustitutivas; y, b) No es posible disponer la detención preventiva cuando el procesado está condenado a dos años de privación de libertad y le corresponde el perdón judicial.
Jenny Liseth Camargo Jaldin, Jueza de Sentencia Penal Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, presentó informe escrito el 2 de abril de 2022 cursante de fs. 16 a 17 señalando lo siguiente: 1) La víctima solicitó la aplicación de medidas cautelares, motivo por el cual el 22 de febrero de 2022 se desarrolló la audiencia en la cual por Auto Interlocutorio se dispuso medidas sustitutivas a la detención preventiva que fue recurrida en apelación por la víctima, aclarando que el acusado no apeló de la resolución; 2) Posteriormente vencido el plazo para el cumplimiento de las medidas sustitutivas, la víctima solicito la revocatoria de las mismas, por lo que se señaló audiencia para el 30 de marzo de 2022 en la que de acuerdo a los fundamentos de las partes, se emitió resolución debidamente fundamentada y motivada, realizando una compulsa y valoración de acuerdo al caso, por lo que ante el incumplimiento de las medidas correspondía revocar y disponer la detención preventiva a la cual la parte accionante interpuso recurso de apelación el que se encuentra pendiente por lo que con referencia al principio de subsidiariedad, el accionante no agotó los recursos establecidos en la Ley; 3) En casos de delitos de violencia familiar o domestica el ordenamiento jurídico tiene el deber de tutela reforzada en las causas que involucran a mujeres víctimas de violencia y que el mismo ordenamiento jurídico no contempla el perdón judicial sino, los delitos cometidos dentro del ámbito de la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, determina su propio procedimiento; y, 4) A momento de emitir la resolución se fundó en el art. 247.1 y 234.4 del CPP; por lo que solicitó se deniegue la tutela.
La Jueza de Sentencia Penal Séptima de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 06/2022 de 2 de abril, cursante de fs. 49 a 51 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo la anulación del Auto Interlocutorio 04/2022 de 30 de marzo, disponiendo la emisión del mandamiento de libertad; bajo los siguientes fundamentos: i) Resulta evidente la emisión de la Sentencia Condenatoria de 14 de marzo de 2022 en procedimiento abreviado a dos años de privación de libertad del accionante, así como la solicitud de perdón judicial y negación a dicho beneficio, finalmente que la autoridad judicial no se pronunció respecto a las medidas que deberían ser impuestas como sanciones alternativas cuando una persona es condenado a dos años de privación de libertad por el delito de violencia familiar o domestica; ii) Que a la solicitud de modificación de la fianza económica, el 28 de marzo de 2022 se providenció -este a los antecedentes del proceso- sin considerar lo peticionado y sin señalar audiencia; iii) Mediante Auto Interlocutorio 4/2022, la autoridad demandada dispuso la detención preventiva del accionante en razón a la solicitud de revocatoria de medidas sustitutivas, vulneró el debido proceso y el derecho a la libertad, porque no consideró lo establecido en el art. 232 del CPP que no procede la detención preventiva en aquellos casos en los que la pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea inferior a tres años, emitiéndose una resolución contraria a lo que establece la ley; y, iv) Que por disposición del art. 76 de la Ley 348 cuando el autor no es reincidente y la pena impuesta no sea mayor a tres años, es posible aplicar sanciones alternativas a la privación de libertad, en el caso se evidenció que el accionante fue condenado a una pena de dos años de privación de libertad, por lo que debió aplicarse el art. 76 de la Ley 348; sin embargo, la Jueza demandada no dio cumplimiento, no se pronunció al respecto, más al contrario dispuso la detención preventiva tomando en cuenta el petitorio de la víctima y no del accionante.
II.1. De la revisión del expediente que cursa en obrados, no se cuenta con documentación alguna para ser compulsada y analizada dentro de la presente acción de libertad.
El peticionante de tutela a través de su representante sin mandato, denunció la lesión de sus derechos fundamentales a la libertad personal; a la locomoción; y al debido proceso en sus vertientes de derecho a la defensa, motivación, fundamentación, congruencia, legalidad y el principio de seguridad jurídica, toda vez que la Jueza de Sentencia Penal Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, una vez emitida la Sentencia Condenatoria de dos años, no otorgó el beneficio del perdón judicial, tampoco resolvió la solicitud de modificación de medidas cautelares reales, disponiendo su detención preventiva, sin considerar que al ser condenado a dos años de privación de libertad resulta improcedente; por lo que a través de esta acción de tutela, solicitó que: Se deje sin efecto el Auto Interlocutorio de 30 de marzo de 2022, ordenando la inmediata libertad expidiendo el correspondiente mandamiento de libertad, se proceda a una nueva audiencia de consideración de modificación de las medidas cautelares en lo referente a la fianza económica observando los principios de excepcionalidad y proporcionalidad, considerando que se sometió al procedimiento abreviado, y fue sentenciado a dos años y por ese hecho existe previsión legal de beneficiarse con medidas distintas a la privación de libertad, se declare la responsabilidad civil y penal de la autoridad demandada por manifiesta vulneración de los derechos y garantías constitucionales.
En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; b) Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad. Vías paralelas; y, c) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0176/2018-S2 de 14 de mayo, entre otras, asumió el siguiente entendimiento: El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señaló que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad-“…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último: “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. En ese marco, la SC 0465/2010-R de 5 de julio señala que el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho -ahora acción de libertad-, se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad, cuando esté relacionada con la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: i) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; ii) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, iii) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificados legalmente y no comparecen a la audiencia; entendimiento complementado con la SC 0384/2011-R de 7 de abril y reiterada por la SCP 0005/2012 de 16 de marzo.
Asimismo, la SCP 0015/2012 de 16 de marzo, en el marco de una interpretación plural, introdujo el principio ético-moral del ama qhilla -no seas flojo- a las construcciones jurisprudenciales referidas a la celeridad procesal, constituyéndose en una Sentencia moduladora, al establecer que las autoridades judiciales, en virtud al citado principio, tienen el deber procesal de dirigir y resolver, sin dilaciones indebidas, las solicitudes de cesación de la detención preventiva sometidas a su conocimiento.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de las SCP 0241/2018-S2 de 12 de junio, asumió el siguiente razonamiento:
b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad.
c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”. 3El FJ III.2.1, indica: “De acuerdo al nuevo orden constitucional, el art. 8.I de la CPE, dentro de los principios y valores del nuevo Estado Plurinacional de Bolivia, asume y promueve como de carácter ético-morales de la sociedad plural, el `ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón)´; máximas milenarias que fueron constitucionalizadas y resumen de manera extraordinaria la moral que toda persona, natural o jurídica debe practicar en todas sus actividades. En ese sentido, se hace énfasis en el principio del ama qhilla, que establece una conducta de vida diligente que debe observar todo individuo, con mayor razón un servidor público como es el juez, del cual debe exigirse una actitud acuciosa en la administración de justicia, sobre todo cuando afecta a un vivir bien, así como a una vida armoniosa.
Los principios ético morales constitucionalizados: `ama qhilla, ama llulla y ama suwa´, vinculados entre sí, constituyen directrices de obligada observancia por los servidores de justicia cuando resuelvan derechos y garantías constitucionales, están en el deber imperativo de impulsar, ser director y promotor del proceso, velando su desarrollo, siendo responsables de cualquier demora por su inactividad, impulsando la nueva justicia en el nuevo Estado Plurinacional”.
El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad; ya en el marco de la Constitución Política del Estado vigente a partir de 2009, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, señaló que la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria. Posteriormente, la SC 0105/2010-R de 10 de mayo señaló que cuando quien recurre de hábeas 4El FJ III.1.2., señal: “De lo anterior se extrae, que la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida.
En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria”. 5El FJ III.4, menciona: “Bajo la premisa expuesta, los medios de defensa, y en este caso la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria; por ello, y sin que implique una restricción a sus alcances, ni desconocimiento al principio de favorabilidad, sino para que no pierda su esencia misma de ser un recurso heroico, se ha establecido que en los casos, que en materia penal se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal- y judiciales -posteriores a la imputación-, a través de la acción de libertad, hay aspectos que se deben tener en cuenta, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones, en los siguientes supuestos:
Primer supuesto:
Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación.
Segundo Supuesto:
Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física.
Tercer supuesto:
Si impugnada la resolución la misma es confirmada en apelación; empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar”. 6El FJ III.3, indica: “En ese sentido, para que se abra la tutela que brinda esta acción, es preciso que previamente se determine si existen los medios de impugnación específicos e idóneos para restituir el derecho a la libertad en forma inmediata, pero además de ello, se debe considerar también que cuando quien recurre de hábeas corpus, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aún en el supuesto de que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, es lógico suponer que tampoco procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad, ello debido a que el recurrente, actual accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza la acción tutelar, pues al activar en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico”.
corpus -ahora acción de libertad-, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aun en el supuesto que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, no procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad; puesto de lo contrario, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico. Más adelante en la SC 0687/2011-R de 16 de mayo se denegó la tutela en razón a que el accionante activo paralelamente las jurisdicciones ordinaria y constitucional, luego la SCP 0160/2014-S2 de 20 de noviembre, también denegó la tutela por activación paralela de las jurisdicciones ordinaria y constitucional.
Conforme a lo anotado, se evidencia que la jurisprudencia constitucional mantuvo uniforme el entendimiento de la no procedencia de la acción de libertad cuando el impetrante de tutela activa simultánea las jurisdicciones ordinaria y constitucional, en mérito a la subsidiariedad excepcional.
El peticionante de tutela denuncia la lesión de sus derechos fundamentales a la libertad personal; de locomoción; y al debido proceso en sus vertientes de derecho a la defensa, motivación, fundamentación, congruencia, legalidad y el principio de seguridad jurídica; toda vez que, la Jueza de Sentencia Penal Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, una vez emitida la Sentencia Condenatoria de dos años no otorgó el beneficio del perdón judicial, tampoco resolvió la solicitud de modificación de medidas cautelares reales, disponiendo su detención preventiva, sin considerar que al ser condenado a dos años de privación de libertad resulta improcedente. De acuerdo a la Resolución 06/2022, de la presente acción de tutela, da cuenta que la Jueza de garantías, verificó que dentro del proceso penal instaurado contra el accionante, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, se emitió Sentencia Condenatoria en procedimiento abreviado de dos años de privación de libertad contra el accionante, así como la solicitud de perdón judicial efectuada y la negación a dicho beneficio. También verificó que el accionante presentó la solicitud de modificación de la fianza económica, habiendo merecido la providencia de 28 de marzo de 2022: “este a los antecedentes del proceso” sin señalar audiencia, ni resolverlo. Asimismo, evidenció que mediante Auto Interlocutorio 4/2022 de 30 de marzo, la autoridad judicial demandada dispuso la detención preventiva del impetrante de tutela en razón a la solicitud de revocatoria de medidas sustitutivas. Ahora bien, existiendo tres problemáticas a resolver a continuación se analizará de la siguiente manera:
Conforme lo argumentado por el accionante en la acción de libertad y lo referido por la Jueza de garantías, se evidencia que habiéndose emitido Sentencia Condenatoria de dos años de privación de libertad, en la misma audiencia el accionante habría solicitado se conceda el beneficio de perdón judicial, y que al ser rechazado por la autoridad demandada, tal como el impetrante de tutela refiere, planteó recurso de apelación restringida que se tramitaba por cuerda separada, de lo que se concluye que conforme al Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el accionante ha denunciado este hecho en la jurisdicción ordinaria y de manera simultánea acudió a la jurisdicción constitucional a través de la presente acción de libertad, por lo que dicha pretensión se enmarca a la subsidiaridad excepcional de la acción de libertad por vías paralelas; lo que constituye un impedimento para que esta jurisdicción efectúe el examen sobre las presunta arbitrariedad cometida por la autoridad demandada, en el entendido de que un pronunciamiento al respecto, sin previamente conocer la decisión del Tribunal de apelación, provocaría una duplicidad de fallos que podría ocasionar una disfunción procesal en el orden jurídico vigente; por lo que, corresponde denegar la tutela, sin ingresar al fondo de la problemática planteada.
Resulta evidente, tal como refirió la Jueza de garantías, que a través del Auto Interlocutorio 04/2022, efectivamente se revocó las medidas sustitutivas impuestas al accionante y se dispuso su detención preventiva, sin embargo de conformidad al art. 251 del CPP el accionante tenia expedita la posibilidad de plantear el recurso de apelación incidental, siendo ese un recurso expedito e idóneo para resguardar sus derechos; no obstante, al no constar que se lo haya hecho incumplió con la subsidiariedad excepcional dispuesta en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; toda vez que, el ordenamiento jurídico penal en la cadena de instancias prevé medios de impugnación específicos y expeditos para el restablecimiento de las formalidades legales infringidas a consecuencia de la ilegal e indebida privación de libertad; en consecuencia, al no haber impugnado la resolución judicial de medida cautelar interponiendo el recurso de apelación previo a acudir a la jurisdicción constitucional, impidió que un tribunal de alzada tenga la posibilidad de corregir las supuestas arbitrariedades denunciadas por el accionante, en ese contexto no es posible que este Tribunal ingrese a analizar la problemática jurídica planteada y aperture su ámbito de protección tutelar; correspondiendo denegar la tutela solicitada.
La Jueza de garantías, evidenció que ciertamente el accionante solicitó la modificación a la fianza económica que se le impuso y que la Jueza demandada, habría providenciado el 28 de marzo de 2022 que: “se esté a los antecedentes del proceso”; sin embargo, la autoridad demandada en su informe de descargo guardó silencio sobre dicha temática, por lo que aplicando el principio de veracidad se da por cierto lo denunciando por el accionante; en tal sentido, se tiene que la autoridad demandada al no haber señalado audiencia de consideración de la modificación de la fianza económica dentro del plazo previsto por el art. 239 del CPP, incurrió en una dilación indebida en la tramitación de esa solicitud, pues la autoridad demandada estaba en la obligación de resolver de manera oportuna la solicitud que planteó el accionante, sea de manera favorable o no y al no haberlo hecho evidencia la lesión del derecho al debido proceso y el principio de celeridad vinculado al derecho a la libertad del accionante.
En ese orden, conforme lo señalado en párrafos precedentes, este Tribunal concluye que el actuar de la Jueza demandada, constituye una actitud negligente, que al no ser desvirtuada, provocó una injustificada e indebida dilación en la resolución de la modificación de la medida cautelar real. Por lo expuesto, corresponde conceder la tutela impetrada sobre este acto en concreto, al verificarse que no se actuó conforme a las normas del Código de Procedimiento Penal y a la jurisprudencia constitucional; puesto que, cualquier solicitud que esté relacionada con el derecho a la libertad, como en este caso, la consideración de la situación jurídica del ahora accionante, debió ser tramitada observando los principios de celeridad en el marco del debido proceso, con la aclaración que la concesión de la tutela de ninguna manera implica analizar el fondo de la solicitud de modificación de la medida cautelar real formulada o disponer la libertad del demandante de tutela; pues, dicho análisis debe ser efectuado por la autoridad jurisdiccional a partir de los criterios establecidos por la jurisprudencia constitucional.
Corresponde señalar que la Jueza de garantías, al momento de resolver el fondo del problema jurídico denunciado por el impetrante de tutela, dispuso la emisión de mandamiento de libertad en su favor; extralimitando con ello su competencia; puesto que es deber de la jurisdicción ordinaria restablecer las formalidades que no fueron observadas y subsanar cualquier vulneración generada, todo conforme a sus atribuciones y competencias, por lo que corresponde efectuar una llamada de atención. De acuerdo al contenido de la Resolución de la presente acción de tutela, la Jueza de garantías tuvo acceso al cuaderno de investigación y los antecedentes del proceso penal seguido en contra del accionante; empero, estos actuados no constan en el expediente remitido, razón por la cual, corresponde llamar la atención a dicha autoridad para que en lo sucesivo remita todos los actuados presentados por las partes, así como los que resulten pertinentes y conducentes producto del examen del cuaderno de control jurisdiccional. Finalmente, se constata que siendo resuelta la acción de defensa el 2 de abril de 2022, la misma recién fue remitida en revisión ante este Tribunal Constitucional Plurinacional después de más de siete meses -25 de noviembre de 2022- conforme se tiene de la papeleta del Cartero courier (fs. 60); es decir, fuera del plazo de las veinticuatro horas establecido en los arts. 126.IV de la Norma Suprema y 38 del Código Procesal Constitucional (CPCo), por tal incumplimiento de plazos procesales constitucionales, corresponde llamar la atención a la Jueza de Sentencia Penal Séptima de la Capital del departamento de Santa Cruz, Jueza de garantías, para que en futuras actuaciones dentro de la jurisdicción constitucional, remita la acción de libertad dentro del plazo establecido. En consecuencia, la Jueza de garantías al haber concedido la tutela; obró de manera parcialmente correcta, aunque con otros fundamentos.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 06/2022 de 2 de abril, cursante de fs. 49 a 51 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Séptima de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela, en cuanto a la solicitud de modificación de la medida cautelar real, sobre la base de los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; disponiendo lo siguiente:
a) Que la Jueza demandada en el plazo de veinticuatro horas señale día y hora para resolver la solicitud de modificación de medida cautelar de carácter real, siempre y cuando a la fecha, no se haya modificado la situación jurídica del accionante; y, 2° DENEGAR respecto a la solicitud del beneficio de perdón judicial y a la medida cautelar de detención preventiva, sin ingresar al análisis de fondo. 3° Se llama severamente la atención a Cinthia Fabiola Pardo Chavarría, Jueza de Sentencia Penal Séptima de la Capital del departamento de Santa Cruz, por la razón expuesta en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
1 El FJ III.4, señala: “Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, y tal y como se desarrolló en el punto III.3 de la presente Sentencia, este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. 2El FJ III.3, señala: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1143_2023-S1.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): a3a8eb1f03400e7049d36cbb845d534380e65eb54c99a3856eeba955eb30e718
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