Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 19 de septiembre de 2025
Deniega la tutela
El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad; toda vez que, el Juez demandado emitió mandamiento de apremio en su contra a efectos que su persona cancele el monto Bs13 544,82.- por concepto de liquidación de gastos extraordinarios, siendo que por disposición de la SCP 0446/2017-S3, no procede el apremio en estos casos; sin embargo la autoridad demandada, aplicó en su contra de forma ilegal, un procedimiento de cobro para la asistencia familiar, sin tomar en cuenta que el proceso para gastos extraordinarios tiene otra naturaleza jurídica y forma de pago; por lo que, se encuentra indebidamente procesado y privado de libertad. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para tal efecto, se resolverán los siguientes problemas jurídicos de carácter procesal constitucional y sustantivo, relativos a: 1) Legitimación pasiva en la acción de libertad; 2) La acción de libertad innovativa; 3) No es posible dar curso al apremio corporal para el cobro de gastos extraordinarios, salvo cuando se encuentren de por medio los derechos a la vida y salud. Modulación; y, 4) El oportuno suministro de la asistencia familiar sin perjuicio del ejercicio del derecho a la impugnación. Alcance para el cobro de gastos extraordinarios relacionados con la vida y salud.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2023 de 15 de abril, cursante de fs. 117 vta. a 120, pronunciada por la Jueza Pública, Mixta, de Familia, Niñez y Adolescencia, de Partido de Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal Primera de la Guardia del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, 1° DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° Disponer lo siguiente:
i) Que, el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, a través de la instancia que corresponda, instruya la difusión de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional moduladora, a todos los juzgados y salas en materia familiar y de la niñez y adolescencia, tanto de capitales como de provincias, a efectos de conocer y asumir sus entendimientos a favor de niñas, niños y adolescentes, cuya atención, protección y restauración de los derechos a la salud y vida, dependan de la erogación de gastos extraordinarios; ii) Que, el Consejo de la Magistratura en coordinación con la Escuela de Jueces del Estado, priorice la realización de capacitaciones relacionadas con los procedimientos a ser adoptados por analogía, a efectos de lograr la cancelación efectiva de los adeudos por gastos extraordinarios relacionados con la salud y vida de los beneficiarios; y, iii) Que, por Secretaría General de este Tribunal, se notifique con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, al Presidente del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo de la Magistratura. 3° Exhortar lo siguiente:
a) Que, Tadea Amanda Alba Barrientos, Jueza Pública, Mixta, de Familia, Niñez y Adolescencia, de Partido de Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal Primera de la Guardia del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, en otros casos similares, ingrese a conocer el fondo de la problemática planteada, asumiendo los entendimientos del Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional, favorables a los derechos a la vida y salud de las niñas, niños y adolescente beneficiarios de gastos extraordinarios; y, b) Que, Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, Juez Público, Mixto, Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primero de la Guardia del departamento de Santa Cruz, en casos similares, asuma los entendimientos del Fundamento Jurídico III.4 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; y otorgue un procedimiento rápido y oportuno en la tramitación de causas relacionadas con los derechos de las niñas, niños y adolescentes, conforme lo analizado en el Fundamento Jurídico III.5.3 de esta Sentencia.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1141/2025-S3 Sucre 19 de septiembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 55167-2023-111-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 03/2023 de 15 de abril, cursante de fs. 117 vta. a 120, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Piter Méndez Osinaga contra Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, Juez Público, Mixto, Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primero de la Guardia del departamento de Santa Cruz y Yanet Llanos Avalos.
Por memorial presentado el 14 de abril de 2023, cursante de fs. 104 a 106 vta., el accionante manifestó que:
Mediante Auto Interlocutorio 448/2021 de 4 de agosto, emitido por el Juez Mixto, Civil y Comercial, Familia e Instrucción Penal Primero de la Guardia del departamento de Santa Cruz, se homologó el pago de asistencia familiar a favor de su hijo adolescente por el monto de Bs435.-(cuatrocientos treinta y cinco bolivianos); posteriormente, en septiembre de 2021, su hijo sufrió un accidente en motocicleta, de donde emergieron una serie de gastos que cubrieron su recuperación y curación; los cuales, fueron presentados por la progenitora ante el referido Juzgado, mediante memorial de 26 de mayo de 2022, alegando que alcanzan a la suma total de Bs30 002,48.-(treinta mil dos 48/100 bolivianos), solicitando la liquidación del 50% de dicho monto a ser cancelado por su persona en calidad de gastos extraordinarios. Ante ello, el 8 de agosto del mismo año, observó dicha liquidación, identificando irregularidades y cuestionando ante el Juez de la causa la irresponsabilidad de la madre por permitir a su hijo, la conducción de una motocicleta que pone en peligro su vida; sin embargo, la autoridad judicial demandada por Auto Interlocutorio 51/23 de 25 de enero de 2023, aprobó la solicitud de liquidación de gastos extraordinarios por el monto de Bs13 544,83.-(trece mil quinientos cuarenta y cuatro 83/100 bolivianos), ordenándole su cancelación en el plazo de tres días, con el apercibimiento que en caso de incumplimiento, se libraría el mandamiento de apremio en su contra. El 28 de febrero de 2023, ante la solicitud de la progenitora, mediante providencia de 1 de marzo de igual año, el Juez demandado dispuso mandamiento de apremio en su contra; consiguientemente, el 27 del referido mes y año fue conducido al Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, donde se encuentra indebidamente detenido, además de ser víctima de violencia y amenazas dentro del penal. Finalmente, nunca incumplió con sus deberes de asistencia familiar; sin embargo, al no tener los recursos económicos suficientes, no pudo contratar un abogado que asuma su defensa; siendo injustamente recluido por más de tres semanas; por estas razones, acude a la justicia constitucional, a efectos de alegar que no se puede emitir un mandamiento de apremio por incumplimiento de gastos extraordinarios, por tener una naturaleza, funciones y características distintas a las que tiene la esencia de la asistencia familiar, conforme lo dispone la SCP 0446/2017-S3 de 26 de mayo; en consecuencia, la autoridad demandada, actuó en desconocimiento del art. 127 del Código de las Familias y del Proceso Familiar y de la jurisprudencia establecida en la referida Sentencia Constitucional Plurinacional.
Denunció la lesión de su derecho a la libertad, citando al efecto los arts. 23.I y III, 115.I y 119.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga su inmediata libertad.
Celebrada la audiencia virtual el 15 de abril de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 116 a 117 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogada ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, señaló que: a) Oportunamente se reclamó a la autoridad judicial demandada, que algunas facturas no están a nombre de ninguno de los progenitores y muchas de ellas, no corresponden a gastos como consecuencia de un accidente; b) Se ejecutó un mandamiento de apremio, como si se tratara del incumplimiento de una asistencia familiar; siendo que, el monto adeudado corresponde a gastos extraordinarios; y, c) Extrañamente, fue liberado después de planteada esta acción de libertad; es decir que, se emitió un mandamiento de libertad, empero sin que conste en obrados los actuados que acrediten este procedimiento.
Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, Juez Mixto Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primero de la Guardia del departamento de Santa Cruz, no presentó informe escrito, tampoco asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, pese a su notificación cursante a fs. 108. Yanet Llanos Ávalos, en audiencia señaló: 1) El accionante debe encargarse de la parte que le corresponde por concepto de gastos extraordinarios; 2) El impetrante de tutela debe once meses de asistencia familiar, al margen de los gastos extraordinarios solicitados; 3) Nunca recibió ayuda alguna del accionante para con su hijo; únicamente lo visitó en el hospital al cuarto día de su internación y no volvió más hasta el día de llevarse adelante la audiencia de consideración de esta acción de libertad; además de abandonarlo desde sus siete años hasta los diecisiete que tiene actualmente; es decir, que jamás se preocupó a pesar de ir a buscarlo para que tenga contacto con su padre, él lo esquivaba y se ocultaba, siendo que las veces que lo encontraban solo le regalaba Bs20.-(veinte bolivianos) o Bs30.-(treinta bolivianos); después del accidente, no quiso acompañar a su hijo ni una noche en el hospital a pesar que su casa era más cerca que la suya; no pagó ni una sola receta, siendo que en una oportunidad delante de él, le solicitaron la compra de medicamentos que alcanzaban al monto de Bs1 550.-(un mil quinientos cincuenta bolivianos), ante lo cual, señaló que solo podía aportar con Bs50.-(cincuenta bolivianos); 4) No es evidente que las facturas sean falsas, sino que, en esos momentos de tensión, otras personas le ayudaron a comprar medicamentos a sus nombres; además que se encontraba embarazada, y necesariamente recibió apoyo de terceras personas; sin embargo, al ser observadas ciertas facturas, la autoridad judicial rebajó el monto que correspondería pagar al obligado a: Bs13 544,83.-, siendo que debería cancelar la suma de Bs15 000.-(quince mil bolivianos); y, 5) Le perdonó al accionante en muchas oportunidades la cancelación de la asistencia familiar; necesita que cumpla esta obligación con el hospital; puesto que, su trabajadora social, fue a la casa de su madre para sacar fotos a efectos de solicitarle que cancele lo adeudado; además de tener el temor, que si su hijo en algún otro momento requiera de internación, la nieguen.
La Jueza Pública, Mixta, de Familia, Niñez y Adolescencia, del Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal Primera de la Guardia del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 03/2023 de 15 de abril, cursante de fs. 117 vta. a 120, denegó la tutela porque no se agotaron las vías correspondientes más idóneas para resolver el presente caso; determinación, efectuada sobre la base de los siguientes argumentos: i) La presentación de la acción de libertad requiere del agotamiento previo de otras vías idóneas dentro de la jurisdicción ordinaria; en el presente caso, el accionante debió acudir ante la autoridad judicial que está conociendo su asunto, a efectos de resolver su problemática; además que, un día antes a llevarse adelante la audiencia de consideración de esta acción de tutela, fue liberado como consecuencia de la emisión de un mandamiento de libertad; y, ii) La determinación por la que fue aprobada la liquidación de gastos extraordinarios por el monto de Bs13 544,82.-(trece mil quinientos cuarenta y cuatro 82/100 bolivianos) y la conminatoria al pago, no fueron impugnadas por el impetrante de tutela; es decir, que acudió directamente a la jurisdicción constitucional, siendo que tenía aperturada la vía ordinaria; por lo que, corresponde denegar la tutela impetrada al operar la subsidiariedad.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Auto Interlocutorio 448/2021 de 4 de agosto, el Juez Público Mixto, Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de la Guardia del departamento de Santa Cruz, homologó en los mismos términos, el Acuerdo Transaccional Provisional de Asistencia Familiar OF.DNNA 1-2 057/2021 de 28 de julio, suscrito entre Piter Méndez Osinaga -ahora accionante- y Yanet Llanos Avalos -ahora codemandada-, documento por el que se estableció la suma de Bs435.-(cuatrocientos treinta y cinco bolivianos) por concepto de asistencia familiar; y con relación a los gastos extraordinarios de salud, vestimenta y educación del hijo, ambos padres lo asumirían en partes iguales -es decir con 50% para cada uno-, obligación que comenzó a correr a partir del 28 de julio de 2021- (fs. 15 a 17 y vta.). II.2. Cursan facturas hospitalarias, de compra de medicamentos y Compromiso de Pago 10/2021 de 20 de octubre suscrito por la progenitora a efectos de cancelar al hospital San Juan de Dios una suma de dinero adeudada por la atención prestada a su hijo, como consecuencia de un accidente; lo que acredita que, el mismo data de octubre de 2021; asimismo, cursa en obrados que a través de la diligencia de notificación de 4 de agosto de 2022, el accionante tomó conocimiento de la liquidación de gastos extraordinarios dispuesta por el Juez Público, Mixto, Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primero de la Guardia del departamento de Santa Cruz -ahora demandado- a través del decreto de 27 de mayo de 2022; siendo que, hasta el 9 de marzo de 2023, fecha en la que fue librado el mandamiento de apremio en su contra, no canceló la suma adeudada de Bs13 544,82.-; de donde se tiene que, desde octubre de 2021 hasta el 9 de marzo de 2023, transcurrieron dos años y cinco meses, sin haber cubierto gasto alguno del accidente de su descendiente (fs. 20 a 59, 61, 87 y 103). II.3. Por memorial de 26 de mayo de 2022, la codemandada solicitó al progenitor, ante el Juez demandado, devolución de gastos extraordinarios por concepto de salud de su hijo adolescente, adjuntando facturas, recibos y Compromiso de Pago 10/2021 de 20 de octubre, suscrito con el hospital San Juan de Dios, los cuales ascienden al monto total de Bs30 002,48.-(treinta mil dos 48/100bolivianos); correspondiendo al padre devolver la suma del 50% del monto total de la deuda, que sería Bs15 001,20.-(quince mil un 20/100 bolivianos); memorial que mereció decreto de 27 de igual mes y año, por el que, la autoridad demandada corrió traslado al obligado para que presente descargos u observe la liquidación en el plazo de tres días, disponiendo que una vez vencido el mismo, de oficio o a instancia de parte se aprobará dicha liquidación, procediéndose a la intimación al pago al tercer día; y en caso de incumplimiento, se librará mandamiento de apremio de conformidad con el art. 415 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014- ; por lo que, mediante comisión instruida, por cédula de 4 de agosto de 2022, se dejó dichos actuados, notificando al accionante en su domicilio real, actuando como testigo, su primo (fs. 60 a 61 y 86 a 87). II.4. A través de memorial de 8 de agosto de 2022, Piter Méndez Osinaga -ahora accionante-, observó la liquidación de gastos extraordinarios presentada por la progenitora, argumentando que: a) Existían muchas irregularidades entre facturas, recibos y proformas a nombre de terceras personas, y no así a nombre de la demandante, al suyo o del beneficiario, solicitando que las mismas no sean tomadas en cuenta; b) Le sorprende el actuar de la progenitora, ya que le apoyó económicamente como consecuencia del accidente, con montos que le entregó personalmente en calidad de urgencia, sin solicitar comprobantes de pago; c) El accidente de tránsito de su hijo, se produjo por negligencia de la madre, porque siendo menor de edad, le permite manejar una motocicleta, en contra de su voluntad; d) No pretende eludir el pago de los gastos extraordinarios, sino, que la autoridad judicial apruebe una liquidación real; sobre la base de lo dispuesto por el art. 118 del CFPF; e) La asistencia familiar y los gastos extraordinarios tienen diferente naturaleza y alcance; siendo que el apremio corporal solo procede ante el incumplimiento del pago de la asistencia familiar, empero no, ante el impago de los gastos extraordinarios; y, f) Realizando un coteo minucioso de las facturas a nombre de la demandante y del beneficiario, alcanza al monto de Bs6 500.-(seis mil quinientos bolivianos); siendo la base, para solicitar una liquidación de gastos extraordinarios justa (fs. 77 y vta.).
II.5. Mediante decreto de 6 de septiembre del mismo año, la autoridad judicial corrió traslado a la demandante, quien mediante memorial de 7 de igual mes y año respondió al progenitor indicando que existe un Acta de Compromisos, donde el padre se responsabiliza al pago de asistencia familiar mensual y a la cancelación de todo gasto extraordinario emergente, con el 50% de responsabilidad para cada progenitor; sin que hasta la fecha de presentación de dicho memorial, haya cancelado monto alguno; demostrando su mala fe ante el derecho a la salud de su hijo; por lo que, rechazó su observación; mereciendo decreto de 14 de noviembre de 2022 -más de dos meses-, señalando audiencia para el 28 de igual mes y año, alegando recarga judicial; estando suspendida, la progenitora el 29 de noviembre, volvió a solicitar día y hora de audiencia; siendo que, el Juez demandado la reprogramó para el 18 de enero de 2023 (fs. 92 a 93 y 96 a 97) II.6. Cursa Auto Interlocutorio 51/23 de 25 de enero de 2023, por el que la autoridad jurisdiccional demandada aprobó la liquidación de gastos extraordinarios a cargo del impetrante de tutela, por el monto de Bs13 544,82.-(trece mil quinientos cuarenta y cuatro 82/100 bolivianos), conminando al accionante a la cancelación en el plazo de tres días a partir de su notificación, bajo apercibimiento que en caso de incumplimiento se librará mandamiento de apremio en su contra, conforme a los arts. 127 y 415 CFPF, con el que fue notificado por tablero judicial (fs. 99 a 100). II.7. Ante el incumplimiento de pago, Yanet Llanos Avalos mediante memorial de 28 de febrero de 2023, solicitó mandamiento de apremio contra el obligado; mereciendo decreto de 1 de marzo de 2023, por el cual, la autoridad demandada dispuso su ejecución para que el accionante sea conducido al Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz hasta que cancele el monto de liquidación aprobado; siendo librado el 9 de igual mes y año; por el cual, conforme a lo alegado por el accionante, se encuentra detenido desde el 27 del referido mes y año; sin embargo, sobre la base de lo manifestado por el Juez de garantías, el impetrante de tutela fue liberado antes de llevarse adelante la audiencia de consideración de la presente acción de libertad, frente a la ejecución de un mandamiento de libertad dispuesto por la autoridad demandada, sin haber cancelado el monto por gastos extraordinarios que por ley le corresponde (fs. 101 a 106 vta.).
El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad; toda vez que, el Juez demandado emitió mandamiento de apremio en su contra a efectos que su persona cancele el monto Bs13 544,82.- por concepto de liquidación de gastos extraordinarios, siendo que por disposición de la SCP 0446/2017-S3, no procede el apremio en estos casos; sin embargo la autoridad demandada, aplicó en su contra de forma ilegal, un procedimiento de cobro para la asistencia familiar, sin tomar en cuenta que el proceso para gastos extraordinarios tiene otra naturaleza jurídica y forma de pago; por lo que, se encuentra indebidamente procesado y privado de libertad. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para tal efecto, se resolverán los siguientes problemas jurídicos de carácter procesal constitucional y sustantivo, relativos a: 1) Legitimación pasiva en la acción de libertad; 2) La acción de libertad innovativa; 3) No es posible dar curso al apremio corporal para el cobro de gastos extraordinarios, salvo cuando se encuentren de por medio los derechos a la vida y salud. Modulación; y, 4) El oportuno suministro de la asistencia familiar sin perjuicio del ejercicio del derecho a la impugnación. Alcance para el cobro de gastos extraordinarios relacionados con la vida y salud.
La SCP 0974/2019-S2 de 21 de octubre, se ha referido al desarrollo jurisprudencial de la legitimación pasiva en la acción de libertad, parte del mismo, es el siguiente:
«El entendimiento que asumió este Tribunal respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad tiene como antecedentes la SC 0255/2001-R de 2 de abril, que resolvió el caso concreto a la luz de la legitimación pasiva; empero, fue la SC 691/01-R de 9 de julio 2001, la que la define señalando que ésta, debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción. Al respecto, el Tribunal Constitucional transitorio, a la luz de la Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009, a través de la SC 0010/2010-R de 6 de abril establece que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o un particular; entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 10 de agosto. Más tarde el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo, refuerza el entendimiento antes señalado y precisa, que para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento, apresamiento indebidos o ilegales; en concreto, es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquella contra quien se dirige la acción» (las negrillas son nuestras).
La SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, sobre la base de la SC 0327/2004-R de 8 de junio, recoge el estándar alto de protección respecto a la posibilidad de presentar la acción de libertad, aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de este mecanismo de defensa; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida, o en su caso, el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. Al respecto, el Fundamento Jurídico III.1 de la citada Sentencia establece:
[De] acuerdo a la nueva coyuntura constitucional imperante desde febrero de 2009, nuestro país atraviesa un proceso de constitucionalización en sus instituciones jurídicas y políticas. No se encuentra al margen la justicia constitucional, que acoge parámetros interpretativos y de amparo más garantistas y favorables a la protección de los derechos y de los derechos humanos.
En ese sentido, la interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 constitucional, no debe recorrer un camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la persona se encuentre privada de libertad, pues partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido. Este criterio se justifica, al análisis de lo dispuesto por el art. 256 de la CPE, que de forma expresa reconoce criterios de interpretación más favorables que los contenidos en nuestra propia Ley Fundamental y que se encuentran contenidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Recogiendo el sentido finalista de protección de la acción de libertad innovativa, la SCP 0266/2018-S2 de 25 de junio, que se constituye en una sistematizadora de línea, concluyó:
[E]fectivamente, debe señalarse que la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional, que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, es evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; sino, su vocación principal es que en lo sucesivo, no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales; en razón a que, como lo entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica subjetiva, sino también, desde una dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. […]
Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la figura de la acción de libertad innovativa, debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual, el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, así como de los derechos a la vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efecto de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática planteada, a efectos de determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o persona particular, cuya conducta sea contraria al orden constitucional y evitar futuras lesiones de derechos fundamentales y garantías constitucionales.
Este entendimiento fue asumido por la SCP 0800/2025-S3 de 24 de julio.
La SCP 0446/2017-S3 de 26 de mayo, con relación al cobro de gastos extraordinarios, en su Fundamento Jurídico III.1, estableció lo siguiente:
[Con] relación al pago de gastos extraordinarios, la legislación de la materia ha establecido que: “Cuando la o el beneficiario solicite el pago de gastos extraordinarios relacionados a necesidades emergentes imperativas o ineludibles, podrán ser pagados por la o el obligado en proporción a sus posibilidades por acuerdo de partes o determinación judicial” (art. 118 del CF) [el resaltado es nuestro]. Resulta necesario hacer notar por un lado, que si bien la legislación de la materia incluye esta regulación dentro del Título VII, Capítulo Único, relativo a la Asistencia Familiar, resulta claro que no se puede equiparar a dicho instituto por las siguientes razones: - El concepto de gasto extraordinario es indeterminado, inespecífico y su cuantía ilíquida por su propia naturaleza, y requiere de una previa determinación objetiva en cada momento y caso; - Puede requerir del consentimiento del otro progenitor para su materialización, o el aviso posterior a este, una vez efectuado y/o exigido el pago correspondiente; - Por su naturaleza, los gastos extraordinarios están destinados a cubrir las necesidades imperativas e ineludibles no contempladas por la asistencia familiar. - Si bien la norma refiere que la forma de pago puede darse por acuerdo de partes, o en su defecto, por determinación judicial, también deben aplicarse dichas salvedades en la determinación misma de las “necesidades emergentes imperativas o ineludibles” que serán asumidas como gastos extraordinarios; - La diversidad y pluralidad de casos que puede asumirse como un gasto extraordinario, y que pueden incluir gastos suntuosos, impiden asumir por analogía, el interés social y oportuno suministro prescrito para el caso de la asistencia familiar en el art. 127.I del CF; Por otro lado, resulta necesario considerar la garantía constitucional por la cual, “No se impondrá sanción privativa de libertad por deudas u obligaciones patrimoniales, excepto en los casos establecidos por la ley” (art. 117.III de la CPE), articulado que concuerda con lo también establecido en el art. 23.III de la misma Norma Suprema, cuyo tenor refiere: “Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley…” (el subrayado es nuestro). Desprendiéndose de dichas previsiones constitucionales, el principio de reserva legal que en materia de privaciones de libertad se configura como absoluto, dada la importancia de la libertad personal como condición para el cabal disfrute de los demás derechos. En el mismo sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos consagra el referido principio de reserva legal en su art. 7.2, de la siguiente manera: “Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas” (énfasis agregado). Al respecto, la jurisprudencia interamericana estableció que: “La Corte ha señalado que al remitir a la Constitución y leyes establecidas ‘conforme a ellas’, el estudio de la observancia del artículo 7.2 de la Convención implica el examen del cumplimiento de los requisitos establecidos tan concretamente como sea posible y ‘de antemano’ en dicho ordenamiento en cuanto a las ‘causas’ y ‘condiciones’ de la privación de la libertad física. Si la normativa interna, tanto en el aspecto material como en el formal, no es observada al privar a una persona de su libertad, tal privación será ilegal y contraria a la Convención Americana, a la luz del artículo 7.2.” (Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú. Sentencia de 20 de noviembre de 2014. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Parr. 109). De dichas premisas constitucionales y convencionales, y el análisis comparativo entre los institutos de la asistencia familiar en relación a los gastos extraordinarios, este Tribunal advierte que no es posible dar curso al apremio corporal para el cobro de los mismos, debido por un lado, a aquellas características referidas que los distinguen del instituto de asistencia familiar, y sobre todo, en razón a que la ley no regula expresamente el apremio corporal como medida de ejecución de la obligación de abono de dichos gastos extraordinarios. No obstante, lo anterior, resulta evidente que urge una regulación normativa específica respecto a los mecanismos legales para exigir el cumplimiento de los gastos extraordinarios por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en la que se determine los alcances de su incorporación dentro del régimen de asistencia familiar, y en su caso, si le son aplicables las medidas de ejecución en caso de impago por parte de la o el obligado, entre otros aspectos.
Si bien, el Tribunal Constitucional Plurinacional desde la emisión de la SCP 0446/2017-S3, que data de 16 de mayo de 2017 hasta la fecha de emisión de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, asumió el precedente que con relación a los gastos extraordinarios no es posible dar curso al apremio corporal para el cobro de los mismos, sustentado su argumentación en dos causales: i) A las características propias descritas precedentemente sobre la finalidad de los gastos extraordinarios que lo distinguen del instituto de la asistencia familiar; y, ii) En razón a que la ley no regula expresamente el apremio corporal como medida de ejecución de la obligación por gastos extraordinarios; ya que, toda privación de libertad debe estar sustentada por el principio de legalidad. Bajo dichos argumentos dispuso exhortar a la Asamblea Legislativa Plurinacional, para que regule el procedimiento de ejecución de los gastos extraordinarios; sin embargo, hasta la fecha de emisión de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la referida Asamblea Legislativa Plurinacional, hizo caso omiso de dicha exhortación y de la importancia, que exista regulación normativa para la ejecución de dichos gastos; toda vez que, su finalidad es velar por la satisfacción de necesidades emergentes de carácter imperativo e ineludible, constituyéndose su cancelación, en una obligación a favor de un sector vulnerable de la población; en resguardo del interés superior de la niña, niño y adolescente. En ese sentido, es evidente que el referido entendimiento desarrollado por la SCP 0446/2017-S3, permaneció de forma uniforme en toda la jurisprudencia, hasta la actualidad, siendo aplicable a la generalidad de los casos; esperando que la Asamblea Legislativa Plurinacional se pronuncie al respecto; empero, transcurrieron hasta la presenta fecha, más de ocho años; sin que en el ordenamiento jurídico exista una normativa que regule específicamente el procedimiento para el cobro de los gastos extraordinarios, cuya obligación de pago es de carácter imperativo e ineludible a favor de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes beneficiarios; por lo que, corresponde realizar una modulación sobre la base de los siguientes argumentos:
Los arts. 178.I y 196.I de la CPE, le otorgan al Tribunal Constitucional Plurinacional, la potestad de impartir justicia constitucional con la finalidad de velar por la supremacía constitucional, el ejercicio del control de constitucionalidad y por el respeto y la vigencia de los derechos y garantías constitucionales -art. 2 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP)-; lo cual, se encuentra relacionado con lo sustentado por el art. 410.I y II de la referida Ley Fundamental, que sobre la base del principio de jerarquía normativa, se reconoce la primacía constitucional; por la que: a) Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución; y, b) La Constitución Política del Estado se constituye en la norma suprema del ordenamiento jurídico, que goza de la primacía frente a cualquier otra disposición normativa. En ese sentido, el Tribunal Constitucional Plurinacional, ante la inobservancia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de generar un procedimiento legal que, regule el cobro por concepto de gastos extraordinarios, y al existir un vacío que perjudica las formas de su ejecución en contra de un grupo poblacional vulnerable -niñas, niños y adolescentes- al que se está dejando en estado de indefensión, frente a la irresponsabilidad de algunos obligados; tiene la potestad sobre los principios de supremacía y jerarquía constitucional de efectuar entendimientos y guiar un procedimiento, en el marco de las normas del Código de las Familias y del Proceso Familiar y los mandatos constitucionales y estándares internacionales en vigencia.
En ese sentido, conforme a los arts. 60 de la CPE y 6 inc. i) del CFPF, es un deber del Estado garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos respecto a otros, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con la asistencia de personal especializado; de donde se tiene que sus derechos prevalecerán frente a cualquier otro derecho o interés que les pueda afectar o limitar el ejercicio de los suyos. Siendo que esta norma constitucional, goza de jerarquía frente a cualquier otra disposición de carácter jurídico. Por otra parte, la Constitución Política del Estado, a través de su art. 64.I, dispone que ambos padres tienen iguales obligaciones, mediante un esfuerzo común con relación a sus hijos; mandato que se encuentra refrendado por los arts. 32 incs. c), h) e i), 41.I incs. a) b), c) y d) del CFPF; y, 20 y 41 del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), los cuales disponen deberes compartidos en igualdad de condiciones, para con sus hijos; en lo que respecta a: 1) Contribuir en su desarrollo integral con salud, alimentación, educación, vivienda, vestimenta, recreación y protección ; 2) Su relación paterno y materno filial, de manera igualitaria; 3) Recibir afecto de ambos progenitores; 4) Ser respetados en todas sus edades; 5) A recibir asistencia y auxilio de ambas partes; y, 6) Ser garantes inmediatos de su derecho a la salud, estando obligados a cumplir en igualdad de condiciones con las instrucciones, controles y gastos médicos que se prescriban y establezcan. Estos mandatos constitucionales para los progenitores, se encuentran, respaldados en los siguientes principios establecidos en el art. 6 incs. b), e) e i) del CFPF: i) Solidaridad; por el que, ambos padres deben actuar con comprensión y participación mutua, cooperación y esfuerzo común, a través de la cultura del diálogo; ii) Equidad de género; para asumir equitativas e igualitarias obligaciones y responsabilidades para con los hijos; y, iii) Interés Superior de la niña, niño y adolescente; por el cual, ambos padres deben tomar en cuenta, la preeminencia, primacía y prioridad de sus derechos y garantías frente a cualquier otro, incluso de los propios padres. Así, la Convención Sobre los Derechos del Niño, en sus arts. 18.1 y 19.1, dispone que, los Estados deben garantizar el reconocimiento del principio que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño, de donde se genera una responsabilidad primordial para con ellos; para lo cual, se debe adoptar todas las medidas legislativas, judiciales, administrativas, sociales y educativas, apropiadas para proteger a las niñas, niños y adolescentes de toda forma de descuido, trato negligente y malos tratos -entre otros-. En este sentido, sobre la base de estos mandatos constitucionales que se encuentran por encima de cualquier otra norma del ordenamiento jurídico, las autoridades judiciales conforme a los arts. 3.II inc. l), 4 inc. v) y 5 inc. g) del CFPF, tienen la obligación de proteger y garantizar de forma reforzada, aquellos derechos de niñas, niños y adolescentes, que emerjan de situaciones de vulnerabilidad, como en los casos donde de por medio se encuentren los derechos a la vida y a la salud, que requieran atención especial; siendo que, al momento de asumir una determinación que los afecten, deben velar por su bienestar; convocando a ambos padres a efectos que en igualdad de condiciones asuman sus responsabilidades que legalmente son de carácter mutuo y compartido.
Justamente uno de los derechos que emerge a favor de este sector poblacional, es la asistencia familiar -reconocida por el art. 119.I del CFPF-, que surge de la imperiosa necesidad de satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta; constituyéndose en una obligación exigible judicialmente, cuando no se la presta voluntariamente; en el entendido que, debe priorizarse el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, sobre cualquier interés o derechos, incluso de los mismos padres. En ese sentido, también la SCP 0657/2018-S2 de 15 de octubre -entre otras-, manifestó que la asistencia familiar es una obligación tanto de la madre como del padre, de contribuir en el sustento, la vivienda, vestimenta, educación y salud y/o atención médica del hijo; ello, se encuentra vinculado a su vida, subsistencia y a su interés superior, tal cual lo señala el art. 109.I del CFPF; por esta razón, el cumplimiento de la asistencia familiar no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno, bajo responsabilidad judicial. Asimismo, por disposición del art. 27.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, se asume como mandato internacional, que todos las niñas, niños y adolescentes, tienen derecho a beneficiarse de un nivel de vida adecuado para su desarrollo integral; siendo responsabilidad primordial de ambos padres, proporcionárselos; para lo cual, los Estados deben adoptar medidas apropiadas para que dicha responsabilidad pueda ser asumida de hecho; y si es necesario de derecho, mediante el pago de una pensión a través de la vía judicial.
6En el Fundamento Jurídico III.2, señala: «Teniendo en cuenta que la asistencia familiar consiste en la obligación de los progenitores -padre y madre- de contribuir con lo indispensable para el nacimiento, sustento, habitación, vestido, educación y atención médica de las y los hijos; lo que está claramente vinculado a su vida y subsistencia y al interés superior del niño, niña y adolescente; así, lo señala la previsión contenida en el art. 109.I CFPF cuando determina que: “La asistencia familiar es un derecho y una obligación de las familias y comprende los recursos que garantizan lo indispensable para la alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta; surge ante la necesidad manifiesta de los miembros de las familias y el incumplimiento de quien debe otorgarla conforme a sus posibilidades y es exigible judicialmente cuando no se la presta voluntariamente; se priorizará el interés superior de niñas, niños y adolescentes”.
En coherencia con ese mandado, el Código de las Familias y del Proceso Familiar de 19 de noviembre de 2014, consideró el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, al disponer en sus arts. 127.I y 414.VII, que el cumplimiento de la asistencia familiar no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno, bajo responsabilidad de la autoridad judicial». 7Dispone:
«1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. 2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño.
3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda. 4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado Parte como si viven en el extranjero (…)».
Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), a través de la Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 2002, sobre la Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, señala que las niñas, niños y adolescentes, tienen derechos especiales derivados de su condición de vulnerabilidad, a los que corresponden deberes específicos por parte de su familia, sociedad y Estado; en ese entendido, para asegurar en la mayor medida posible la prevalencia de su interés superior, estos derechos requieren de cuidados especiales; toda vez que, se debe tomar en cuenta la situación específica en la que se encuentra este sector poblacional; es decir, su estado de debilidad, inmadurez o inexperiencia. Para lo cual, se debe asumir como un valor fundamental, la salvaguarda de las niñas, niños y adolescentes, por su condición de seres humanos, por la dignidad inherente a ellos y por la situación especial en la que se encuentran; siendo que, por su inmadurez y vulnerabilidad, requieren protección reforzada que garantice el ejercicio de sus derechos dentro de la familia, de la sociedad y con respecto al Estado. La misma Corte IDH, en el Caso Carvajal Carvajal y otros Vs. Colombia, establece que los Estados a través de sus autoridades administrativas y judiciales, deben asumir la posición de garantes con mayor cuidado y responsabilidad a favor de las niñas, niños y adolescentes, en consideración a su condición especial de vulnerabilidad, respecto a sus derechos especiales a los que corresponde deberes específicos para sus padres, la sociedad y el Estado; en consecuencia, esta condición de vulnerabilidad exige una protección especial que debe ser entendida como un derecho adicional y complementario a los demás derechos humanos de este sector poblacional; ante lo cual, se debe adoptar medidas positivas para asegurar la plena vigencia de sus derechos.
8En sus párrafos 54 60 y 93, establece:
«54. Tal como se señalara en las discusiones de la Convención sobre los Derechos del Niño, es importante destacar que los niños poseen los derechos que corresponden a todos los seres humanos –menores y adultos- y tienen además derechos especiales derivados de su condición, a los que corresponden deberes específicos de la familia, la sociedad y el Estado.
60. En el mismo sentido, conviene observar que para asegurar, en la mayor medida posible, la prevalencia del interés superior del niño, el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que éste requiere “cuidados especiales”, y el artículo 19 de la Convención Americana señala que debe recibir “medidas especiales de protección”. En ambos casos, la necesidad de adoptar esas medidas o cuidados proviene de la situación específica en la que se encuentran los niños, tomando en cuenta su debilidad, inmadurez o inexperiencia.
93. Entre estos valores fundamentales figura la salvaguarda de los niños, tanto por su condición de seres humanos y la dignidad inherente a éstos, como por la situación especial en que se encuentran. En razón de su inmadurez y vulnerabilidad, requieren protección que garantice el ejercicio de sus derechos dentro de la familia, de la sociedad y con respecto al Estado». 9A través de la Sentencia de 13 de marzo de 2018, sobre Fondo, Reparaciones y Costas, serie C No. 35219, párrafo 193., establece:
«…el Estado se obliga a promover las medidas de protección especial orientadas en el principio del interés superior de la niña y del niño, asumiendo su posición de garante con mayor cuidado y responsabilidad en consideración a su condición especial de vulnerabilidad. La Corte ha establecido que las niñas y los niños tienen derechos especiales a los que corresponden deberes específicos por parte de la familia, la sociedad y el Estado. Además, su condición exige una protección especial debida por este último y que debe ser entendida como un derecho adicional y complementario a los demás derechos que la Convención reconoce a toda persona. Asimismo, el Estado tiene el deber de adoptar todas las medidas positivas para asegurar la plena vigencia de los derechos de la niña y del niño».
Asimismo, conforme al análisis realizado por la Corte IDH, en el Caso Ramírez Escobar y otros Vs. Guatemala, las niñas, niños y adolescentes, tienen derecho a vivir en familia, cuyos padres tienen la obligación, no solo de satisfacer sus necesidades materiales, sino, afectivas y psicológicas -entre otras-; siendo que, la convivencia armoniosa entre padres e hijos constituye un elemento fundamental en su vida; vale decir, para la materialización del principio de interés superior y su derecho al desarrollo integral. Consecuentemente, sobre la base de lo establecido en los arts. 219.III y 220 del CFPF, la autoridad judicial no podrá negar la administración de justicia en contra de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, por ausencia o insuficiencia de la norma; debiendo en su caso, acudir a los principios generales del derecho familiar, es decir -entre otros- a la verdad material, al no formalismo, al impulso procesal, a la buena fe y lealtad procesal, a la protección e interés superior de las niñas, niños y adolescentes; sobre todo, al principio procesal de la proactividad, por el que está en la obligación de desarrollar proactivamente todas las acciones tendientes a una solución justa, rápida y efectiva del conflicto, conforme lo establece el art. 231 del señalado Código; además de asumir los deberes -art. 232 inc. c) y e) del CFPF-, de: i) Resolver oportunamente y en tiempo las pretensiones puestas a su conocimiento; ii) Adoptar las medidas más adecuadas para evitar la lesión de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; y, iii) Buscar la tutela judicial efectiva del derecho material -entre otros deberes-. Consiguientemente, con relación a los gastos extraordinarios, el art. 118 del CFPF, establece: “Cuando la o el beneficiario solicite el pago de gastos extraordinarios relacionados a necesidades emergentes imperativas o ineludibles, podrán ser pagados por la o el obligado en proporción a sus posibilidades por acuerdo de partes o determinación judicial”; sobre el particular, si bien no existe mayor normativa que regule un procedimiento específico para su cobro; sin embargo, sobre la base de las normas sustantivas y procesales, tanto nacionales como internacionales de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, desarrolladas precedentemente, la autoridad judicial tiene las herramientas jurídicas necesarias para llevar adelante un procedimiento que beneficie a este sector poblacional en la satisfacción de sus necesidades imperativas e ineludibles que surjan en el tiempo y que beneficien a su desarrollo integral; y pondere, sobre todo, sus derechos respecto incluso a los de sus padres, velando por su interés superior, tal cual se analizó anteriormente. Además, la propia norma contenida en el citado art. 118 del CFPF, en su parte final, le otorga al Juez, realizar el cobro de los referidos gastos extraordinarios al obligado, conforme a su determinación, entendiendo que deviene de su sana crítica; lo que implica que se le arroga la potestad de poder aplicar el procedimiento de la asistencia familiar por analogía hasta antes de su forma de ejecución; estando obligado a adoptar todos los mecanismos para lograr la cancelación al beneficiario de forma oportuna y efectiva, con excepción del apremio corporal, el que se encuentra prohibido por mandato de la SCP 0446/2017-S3. Sin embargo, cuando de por medio estén dilucidándose los derechos a la vida y salud de una niña, niño y adolescente, constituyéndose el motivo para la solicitud del cobro de gastos extraordinarios, ya sea como consecuencia de una emergencia por accidente, de una enfermedad u otro motivo que ponga en riesgo su vida o salud física, mental, emocional y/o psicológica, producido de forma esporádica, intempestiva o imprevista; se constituye en gastos extraordinarios necesarios para la atención médica, la curación y recuperación de su salud, y por lo tanto, indispensables e imprescindibles para la protección de su derecho a la vida; en consecuencia, el gasto en igualdad de proporción para ambos padres se constituye en ineludible e inevitable; cuyo cobro, en caso de incurrir en omisión de pago, por el obligado, debe realizarse de carácter inmediato y oportuno; convirtiéndose el apremio corporal, sin perjuicio de otras medidas, que la autoridad judicial considere oportunas, en la medida idónea de ejecución de dicho cobro, siempre en el marco de las circunstancias particulares del caso concreto. Ello, considerando que el Estado a través de sus autoridades administrativas y judiciales, tienen la obligación de proveer medidas de protección y herramientas judiciales necesarias para que la vida de las niñas, niños y adolescentes, revista de condiciones dignas; en su situación de garantes de este derecho, les obliga a prevenir y reparar aquellas acciones u omisiones que lo afecten o trasgredan; toda vez que, la protección del derecho a la vida no solo comprende el derecho de toda niña, niño o adolescente a no ser privado de la vida de forma arbitraria, sino también, el derecho a que no se impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna. En ese sentido, una de las condiciones y a la vez derecho conexo-entre otros-, que garantiza la vida digna de este sector poblacional, es su derecho a la salud que engloba lo físico, mental y psicológico; en consecuencia, para este Tribunal, el principio de interés superior, se constituye en un mandato de priorización de este derecho, frente a cualquier acción u omisión que pueda afectarlo, incluso de sus padres; en consecuencia, las autoridades judiciales, tienen el deber de asumir medidas necesarias, apropiadas y razonables para prevenir y remediar la afectación de estos derechos; pues toda niña, niño y adolescente, merece el más alto nivel de salud, que engloba el acceso al tratamiento de enfermedades, a servicios sanitarios, a la prevención oportuna de enfermedades y a servicios de curación y rehabilitación; y sobre todo, el derecho a crecer y desarrollarse de forma integral -en lo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social-, al máximo de sus posibilidades y a vivir en condiciones que le permitan disfrutar del más alto nivel posible de salud; constituyéndose sus padres, en los primeros garantes para su materialización, por su condición de progenitores; razón por la cual, al ser la salud una necesidad básica e imprescindible para la vida de la niña, niño y adolescente, requiere del compromiso de ambos padres en igualdad de condiciones, de hacer efectivo todo gasto que devenga en la prevención y recuperación de su salud; y en caso de omisión de cualquiera de los dos, las autoridades judiciales deben aplicar la normativa más favorable de protección de los derechos a la vida y salud del beneficiario; incluso el medio coercitivo del apremio, a efectos de lograr su cancelación. Este entendimiento, se sustenta también en el análisis de la naturaleza jurídica de la asistencia familiar; que se constituye a su vez en un derecho y obligación de carácter patrimonial y obligatorio, generando un vínculo jurídico equitativo entre los padres, para cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta; lo cual, se basa en la solidaridad familiar y es exigible de manera coercitiva, cuando no se cumple voluntariamente; en consecuencia, se entiende que el derecho a la salud es una necesidad básica de las niñas, niños y adolescentes, ante lo cual, ambos padres tienen la responsabilidad de forma voluntaria y solidaria para con sus hijos, de cubrir todos los gastos que emerjan para su atención, curación, tratamiento médico y recuperación; porque logicamente, los gastos relacionados con la salud, siempre superarán el monto establecido para la asistencia familiar que, no solo está destinada a cubrir la realización de este derecho, sino de otros. Consecuentemente, en caso de un accidente o enfermedad intempestiva, ambos padres, están en la obligación de correr con los gastos en igualdad de condiciones; y al tratarse la salud de una necesidad básica que requiere de atención médica inmediata y oportuna, por lógica consecuencia, se necesita que ambos progenitores cubran con los gastos de forma inmediata y oportuna; empero en caso de que, la parte obligada incurra en irresponsabilidad al oponerse a cancelar una obligación inherente a su ser o esencia de padre o de madre; deben ponderarse los derechos a la salud y vida de sus hijos, para obligarles judicialmente y de forma coercitiva a cancelar los montos correspondientes, a través del apremio corporal, con la correspondiente emisión del mandamiento de apremio para su ejecución; razonamiento que encuentra sustento en la obligación de cuidar por la materialización efectiva de los derechos a la vida y salud de la niña, niño o adolescente beneficiario, velando por su interés superior -lograr su recuperación- y por su desarrollo integral; de esta forma, el Estado Plurinacional de Bolivia asume el compromiso internacional de ejercer la tutela judicial efectiva a favor de este sector vulnerable. Finalmente, este Tribunal, asume el entendimiento que ambos padres tienen el deber de compartir iguales obligaciones económicas, afectivas, educativas, de salud -entre otras-, demostrando empatía y sensibilidad en su condición de padres; de otorgarles su apoyo, comprensión, consideración por la edad, consejos, amor, entre otras necesidades físicas, emocionales, psicológicas, fisiológicas y económicas, que solo ambos padres pueden brindarles a efectos de ayudarles en su desarrollo integral, en la concreción de todos sus derechos y en el logro de su interés superior; por ello, tanto la asistencia familiar como los gastos extraordinarios relacionados con la vida y la salud del beneficiario, deben ser cancelados de forma oportuna e impostergable; de lo contrario, por omisión de responsabilidad y a causa del propio obligado, es legal la apertura de un procedimiento análogo de la asistencia familiar, a efectos de liquidar, aprobar y ejecutar el cobro adeudado, incluso con la medida coercitiva del apremio corporal, porque su finalidad es satisfacer la necesidad elemental a la salud del beneficiario, que no puede esperar prórroga alguna. Tampoco por justicia e igualdad, se puede esperar que toda la responsabilidad se sobrecargue en un solo progenitor, que tiene la guarda legal, siendo que tanto la madre y el padre, tienen obligaciones compartidas con la o el hijo.
Sobre la obligación del oportuno suministro de la asistencia familiar y los procedimientos fijados para su cumplimiento, se ha pronunciado la SCP 0714/2019-S2 de 21 de agosto, señalando lo siguiente:
Tomando en cuenta las características especiales de la obligación de la asistencia familiar que la distinguen de la obligación civil, destinada a la insoslayable asistencia integral del beneficiario para cubrir sus necesidades indispensables, y cuya naturaleza trasciende el vínculo familiar para convertirse en una responsabilidad social que incumbe a la sociedad y las diferentes entidades del Estado en todos sus niveles, en ese marco es necesario tomar en cuenta entre otros, el principio de prevalencia del derecho material respecto al formal, la observancia del principio de justicia material para la efectiva y oportuna concreción del derecho de asistencia familiar de los beneficiarios, extremo que podría alcanzarse de alguna manera a través de su cumplimiento voluntario extrajudicial, sin necesidad de acudir a la vía judicial y los medios compulsivos para su materialización, estado aconsejable tanto para los obligados como para los beneficiarios. Sin embargo, cuando no se cumpla en los términos indicados precedentemente, el CFPF en su art. 127.I, prescribe en forma terminante el cumplimiento oportuno e insoslayable de la asistencia familiar en favor de los beneficiarios, en los siguientes términos: “La obligación de asistencia familiar es de interés social. Su oportuno suministro no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno, bajo responsabilidad de la autoridad judicial”, bajo amenaza inminente de ordenarse las medidas compulsivas previstas en el art. 415.II, III y IV en la citada norma procesal. Esta regulación normativa merece algunas consideraciones, en los casos en que no sea posible su cumplimiento voluntario, puede acudirse a la vía judicial para la determinación o aprobación de la asistencia familiar, en el marco del debido proceso, traducido en el cumplimiento de los procedimientos fijados por el Código de las Familias y del Proceso Familiar a través de un proceso extraordinario de asistencia familiar o mediante un proceso de resolución inmediata cuando haya acuerdo para la asistencia familiar; asimismo, es posible el uso de los medios compulsivos para su cumplimiento, cuando, a pesar de la conminatoria emitida por la autoridad judicial, previa aprobación de la liquidación de la asistencia familiar propuesta y se tenga cuantificada la misma, conforme a lo previsto por el art. 415.I y II del CFPF, no es cumplida esta obligación, puesto que el cumplimiento del deber de asistencia familiar es inexorable y no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno. Es decir, la liquidación de asistencia familiar aprobada por la autoridad judicial y notificada al obligado, marca el momento del oportuno suministro de esta obligación en favor del beneficiario, que no puede posponerse o dilatarse, no puede condicionarse a plazo o condición alguna, a la resolución de recurso alguno o al cumplimiento de procedimiento alguno, pudiendo acudirse a los medios compulsivos como el apremio corporal incluso con autorización de allanamiento, rotura de candados o chapas de puerta, arraigo e hipoteca legal de los bienes que conforman el patrimonio del obligado, embargo y venta judicial, para el cumplimiento del importe de la asistencia familiar devengada. Con el añadido que el incumplimiento a este mandato insoslayable por la autoridad judicial, es susceptible de responsabilidad funcionaria.
La determinación de las medidas compulsivas para el oportuno suministro de la asistencia familiar, de modo alguno implica la restricción del derecho a impugnar; por cuanto el obligado puede ejercer el derecho a recurrir o a asumir los medios o recursos idóneos para lograr la revisión de la determinación asumida, sin perjuicio del cumplimiento de la asistencia familiar, cuya liquidación se encuentre aprobada y notificada al obligado, con la aclaración que si la resolución del recurso planteado por el obligado, le favorece de alguna manera, de tal forma que haya diferencia cuantitativa o de cálculo a su favor, ésta debe ser tomada en cuenta por la autoridad judicial a tiempo de substanciar la aprobación de las futuras liquidaciones, reconociendo la diferencia que le favorezca [el resaltado es añadido].
Estos entendimientos, si bien fueron efectuados a favor de los beneficiarios, a efectos de coadyuvar judicialmente, al cobro de la asistencia familiar, a través de la ejecución del mandamiento de apremio corporal; estableciendo que el obligado puede impugnar tal determinación a través del recurso idóneo, empero, sin perjuicio del cumplimiento de la asistencia familiar; es extensible, para la ejecución del mandamiento de apremio, frente al incumplimiento de un gasto extraordinario relacionado con la vida y la salud de la niña, niño o adolescente; toda vez que, en estos casos, los citados derechos se constituyen en necesidades básicas indispensables e ineludibles que deben ser respaldadas económicamente por ambos progenitores en igualdad de condiciones, de forma impostergable y oportuna; de lo contrario, por su carácter de necesidad, la autoridad judicial se encuentra facultada para poder ejecutar su cobro a través del mandamiento de apremio; sin que sea un óbice para que el obligado pueda ejercer su derecho a la defensa e impugnar un supuesto indebido procedimiento o la ejecución del mandamiento de apremio; no obstante ello, por mandato constitucional e internacional no puede suspenderse por ningún motivo ni recurso, la cancelación de los gastos extraordinarios relacionados con la salud y vida del beneficiario, porque se constituye en un derecho que alberga la concreción de los citados derechos, cuya realización se encuentra por encima de los derechos, incluso de los mismos padres; puesto que, sus beneficiarios están en una situación de vulnerabilidad, a los que el Estado debe proteger, velando por la realización de su interés superior y su desarrollo integral.
Antes de ingresar a dilucidar el fondo de la problemática planteada, es preciso desvirtuar problemas jurídicos de carácter procesal, relacionados con: a) La ausencia de legitimación pasiva en la codemandada, Yanet Llanos Ávalos; y, b) Sobre la naturaleza jurídica de la acción de libertad innovativa, a efectos de desvirtuar lo alegado por el Juez de garantías, en sentido que debiera denegarse la acción de libertad, porque el accionante, al tiempo de llevarse adelante la audiencia de su consideración ya se encontraba en libertad.
1) Sobre la ausencia de legitimación pasiva en la codemandada
Yanet Llanos Ávalos
El accionante presenta esta demanda tutelar contra Yanet Llanos Ávalos, en calidad de madre de su hijo adolescente, alegando que, como consecuencia de haber solicitado el pago de gastos extraordinarios, sobre la base de facturas falsas que, no respaldan la cobertura de los gastos realizados en su hijo que sufrió un accidente en moto a causa de su negligencia materna, fue privado de su libertad, por mandato de un mandamiento de apremio ilegal. Conforme al Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia, la acción de libertad procede contra los sujetos que cometieron una acción u omisión que dio lugar a una detención ilegal o indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden de apremio indebido o ilegal; en el presente caso, la referida codemandada como consecuencia de solicitar el pago de gastos extraordinarios, no privó de libertad al impetrante de tutela; porque esta solicitud fue puesta a conocimiento de una autoridad judicial competente que, tomó el control de las actuaciones procesales que conllevaron a que se emita un mandamiento de apremio, a través del cual, se privó de libertad al accionante; razón por la cual, al no constituirse en la responsable judicial de la privación de libertad del solicitante de tutela, carece de legitimación pasiva para ser demandada en esta acción de libertad.
2) Sobre la naturaleza jurídica de la acción de libertad innovativa, a efectos de desvirtuar lo alegado por la Jueza de garantías
La Jueza de garantías, fundamentó la denegatoria de esta acción de defensa, bajo el fundamento que al tiempo de celebrarse la audiencia para su consideración, el accionante ya se encontraba en libertad, por disposición de un mandamiento de libertad. Sobre el particular, conforme a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia, la acción de libertad en su modalidad innovativa, permite que este mecanismo de defensa pueda ser interpuesto no solo cuando una persona se encuentre privada de libertad, sino, incluso cuando haya cesado la vulneración a este derecho o la ilegalidad haya sido consumada; con la finalidad que, en lo futuro no se repitan acciones ilegales contrarias a la eficacia y vigencia del derecho a la libertad -entre otros derechos objetos de tutela-; por ello, a efectos de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política de prevención, corresponde pronunciarse en el fondo de la problemática planteada, para determinar la responsabilidad de las autoridades cuya conducta sea contraria al orden constitucional, evitando de esta forma, futuras lesiones de derechos fundamentales y garantías constitucionales. En el caso de autos, sobre la base de este entendimiento, corresponde ingresar a conocer el fondo de la problemática planteada a través de la acción de libertad en su modalidad innovativa, a efectos de determinar la lesión o no, del derecho a la libertad del accionante y si la autoridad judicial es o no responsable por la emisión del mandamiento de apremio ordenado contra el impetrante de tutela.
Superados los problemas jurídicos de carácter procesal o formal, corresponde ingresar a analizar el fondo de la problemática planteada. El accionante enfoca su problemática en el hecho que la autoridad judicial demandada lesionó su derecho a la libertad, al emitir un mandamiento de apremio ilegal en su contra, para que cancele la suma de Bs13 544,82.- por concepto de liquidación de gastos extraordinarios, siendo que por mandato de la SCP 0446/2017-S3, no procede el apremio corporal para la cancelación de gastos extraordinarios; además, de someterlo a un procedimiento de cobro similar al de la asistencia familiar, sin tomar en cuenta que tiene otra naturaleza jurídica; por lo que, se encuentra indebidamente procesado y privado de libertad. De obrados se tiene que, el accionante voluntariamente suscribió el Acuerdo Transaccional Provisional de Asistencia Familiar OF.DNNA 1-2 057/2021, que fue homologado por Auto Interlocutorio 448/2021, donde además de comprometerse al suministro de una asistencia familiar a favor de su hijo, se obligó a aportar el 50% de gastos extraordinarios por concepto de salud, vestimenta y educación -Conclusión II.1-; de igual forma, conforme a las facturas hospitalarias y Compromiso de Pago 10/2021, se advierte que el hijo del accionante sufrió un accidente de tránsito en octubre de 2021, que puso en riesgo su vida y salud; del cual, tuvo conocimiento el impetrante de tutela desde la referida fecha; sin embargo, al no cumplir voluntariamente con el compromiso suscrito en el señalado Acuerdo Transaccional; la progenitora solicitó la devolución del 50% de gastos extraordinarios por la suma Bs15 001,20.-; siendo que el 4 de agosto de 2022, fue notificado con el traslado, el 8 de igual mes y año observó la liquidación; y como consecuencia de ello, la autoridad judicial demandada, a través del Auto Interlocutorio de 51/23 aprobó la liquidación de gastos extraordinarios por el monto de Bs13 544,82.- Consiguientemente, ante el incumplimiento de pago, la progenitora, mediante memorial de 28 de febrero de 2023, solicitó mandamiento de apremio contra el obligado; mereciendo decreto de 1 de marzo de igual año, por el que, el Juez demandado dispuso su ejecución hasta que el accionante cancele el monto de liquidación aprobado, siendo ejecutado y privado de libertad a partir del 27 del referido mes y año hasta antes de celebrarse la audiencia de consideración de la presente acción tutelar; momento a partir del cual, goza de libertad sin haber cancelado el monto adeudado, sino, como consecuencia de la interposición de esta acción de libertad -conforme a lo descrito en las Conclusiones II.2 a II.7 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional-. Ahora bien, sobre la base de lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional que, modula el entendimiento de la SCP 0446/2017-S3, cuando de por medio estén dilucidándose los derechos a la vida y salud de una niña, niño y adolescente, constituyéndose el motivo para la solicitud del cobro de gastos extraordinarios, ya sea como consecuencia de una emergencia por accidente, de una enfermedad u otro motivo que ponga en riesgo su vida o salud física, mental, emocional y/o psicológica, producido de forma esporádica, intempestiva o imprevista; se constituye en gastos extraordinarios necesarios para la atención médica, la curación y recuperación de su salud, y por lo tanto, indispensables e imprescindibles para la protección de su derecho a la vida; en consecuencia, el gasto en igualdad de proporción para ambos padres se constituye en ineludible e inevitable; cuyo cobro, en caso de incurrir en omisión de pago, por el obligado, debe realizarse de carácter inmediato y oportuno; convirtiéndose el apremio corporal en la medida idónea de ejecución de dicho cobro, que puede ser adoptada por la autoridad judicial competente ante la falta de pago de la parte obligada. En el caso concreto, es lo que aconteció, toda vez que, el accionante desde octubre de 2021, conocía del accidente de tránsito que sufrió su hijo, y a pesar de estar consciente que como consecuencia de este hecho se erogan fuertes sumas de dinero por concepto de atención médica, pagos hospitalarios, tratamientos y suministración de fármacos para su recuperación, de obrados se constató que hasta la fecha de presentación de esta acción de libertad, evadió el compromiso asumido como progenitor de hacerse voluntariamente responsable del 50% de dichos gastos extraordinarios, transcurriendo dos años y ocho meses, sin asumir esa obligación ineludible, adquirida por su condición de progenitor; ante dicha irresponsabilidad y frente a la necesidad vital de lograr la recuperación de la salud de su hijo, la progenitora tuvo que solicitar judicialmente su cobro; de donde se tiene que, ante la omisión de una obligación que debería haber sido asumida de forma voluntaria, oportuna e inmediata en igualdad de condiciones por ambos padres; la progenitora inició el cobro judicial a causa de la propia irresponsabilidad del padre con relación a la salud de su hijo, conforme determina el art. 118 del CFPF. Si bien, no se establece un procedimiento propio para la tramitación del cobro de gastos extraordinarios; sin embargo, conforme lo desarrollado en el citado Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional, tanto la asistencia familiar como los gastos extraordinarios relacionados con la vida y la salud del beneficiario, deben ser cancelados de forma oportuna e impostergable; de lo contrario, por omisión de responsabilidad y a causa propia del obligado; es legal la apertura de un procedimiento análogo de la asistencia familiar, a efectos de liquidar, aprobar y ejecutar el cobro adeudado, incluso con la medida coercitiva del apremio corporal, porque su finalidad es satisfacer la necesidad elemental a la salud del beneficiario, que no pueden esperar prórroga alguna y tampoco por justicia e igualdad, se puede esperar que toda la responsabilidad se sobrecargue en un solo progenitor, que tiene la guarda legal, siendo que tanto la madre y el padre, tienen obligaciones compartidas con su hijo. En el presente asunto, la progenitora realizó la solicitud de la cancelación del 50% de gastos extraordinarios que fueron destinados a satisfacer la necesidad de recuperación de la salud y vida de su hijo; por lo que, siendo la realización del derecho a la salud del beneficiario la causa para el cobro del gasto extraordinario, la autoridad judicial demandada, obró de forma correcta al aperturar un proceso análogo de la asistencia familiar; cuya prerrogativa se encuentra en la parte final del art. 118 del CFPF, que frente a las emergentes necesidades imperativas e ineludibles del beneficiario, puede asumir la determinación que le sea más favorable, a efectos de lograrse la cancelación de lo adeudado; lo cual, se encuentra respaldado por los principios de supremacía y jerarquía constitucional que garantizan la prioridad del interés superior del adolescente, la preeminencia de sus derechos respecto a otros -incluso al de sus padres, la primacía en recibir protección y el acceso a una administración de justicia pronta y oportuna. En el caso de autos, al encontrarse en tela de juicio los derechos a la vida y salud de un adolescente, frente al no pago para cubrir los gastos emergentes por parte de su progenitor, corresponde ejecutar de forma compulsiva su pago, a través del mandamiento de apremio corporal; toda vez que, conforme a los principios de proactividad, verdad material, no formalismo e impulso procesal; la autoridad judicial, está llamada a adoptar las medidas más adecuadas, idóneas, oportunas e inmediatas, para evitar y/o reparar la lesión de los derechos a la salud y vida del beneficiario; de manera tal que el Juez demandado, cumplió con la tutela judicial efectiva a favor del hijo del accionante al emitir el mandamiento de apremio dentro de un debido proceso de cobro de gastos extraordinarios; por lo que, la autoridad judicial, al haber asumido un procedimiento de cobro de gastos extraordinario por salud, similar al establecido para el cobro de la asistencia familiar, obró de forma correcta; correspondiendo denegar la tutela impetrada. Finalmente cabe señalar, conforme se ha establecido en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, que el accionante debe tomar en cuenta, que el derecho a la salud de su hijo adolescente, se constituye en una necesidad básica y primordial para su vida, frente a la cual, ambos padres tienen la responsabilidad de forma voluntaria y solidaria de cubrir con los gastos que emerjan para su atención, curación, tratamiento médico y recuperación, de manera oportuna e inmediata; quien no debió esperar cobro alguno de forma judicial y menos coercitiva a través del mandamiento de apremio; es decir, que no es aceptable que omita sus responsabilidades para con su descendiente, mostrando falta de empatía y sensibilidad por su hijo; por el contrario, tiene la obligación de otorgarle un apoyo no solo económico, sino, mucha consideración por su edad, comprensión, consejos de amor, entre otras necesidades físicas, emocionales, psicológicas, fisiológicas y económicas, que solo ambos padres pueden brindarle a efectos de ayudarle en su desarrollo integral, en la concreción de sus derechos y en el logro de su interés superior; por lo que, se le recomienda asumir de manera responsable el papel de progenitor conjuntamente con la madre, al constituirse legamente en padres de un adolescente.
De otro lado, en el Fundamento Jurídico III.4 de esta sentencia constitucional, se establece que cuando la finalidad del cobro de un gasto extraordinario es cubrir montos destinados a la protección y satisfacción de los derechos a la salud y vida del beneficiario, que lo distingue de una obligación civil, sin perjuicio de otras medidas, se apertura la aplicación del medio compulsivo del apremio corporal para hacer efectivo el importe del gasto extraordinario por salud; con la aclaración que la determinación de las medidas compulsivas para su oportuna cancelación, no implica la restricción del derecho a impugnar. Consecuentemente, el obligado puede ejercer el derecho a recurrir o asumir medios idóneos para lograr la revisión de la determinación asumida, pero sin perjuicio del cumplimiento inmediato de la obligación familiar dispuesta por la autoridad judicial; empero, si el recurso planteado le favorece al obligado, de tal forma que exista diferencia cuantitativa o de cálculo a su favor; en todo caso, los excedentes para ese momento podrán ser tomados en cuenta por la autoridad judicial, al tiempo de substanciar la aprobación de futuras liquidaciones, relacionadas con la asistencia familiar u otros gastos extraordinarios, reconociendo la diferencia que le favorezca; ello, pensando en el interés superior de los beneficiarios y en la satisfacción de sus necesidades relacionadas con la vida y salud, para lograr su desarrollo integral. Ahora bien, en el caso de autos, la atención médica para su recuperación, se constituyen en necesidades básicas que no pueden esperar y tampoco pueden ser cargadas únicamente a la progenitora que está a cargo de la guarda legal; en todo caso, si el accionante decide interponer un recurso que resulte favorable a sus pretensiones, de ninguna manera puede afectar a su hijo; por el contrario, velando por sus derechos, corresponde ajustar sus cancelaciones para futuras mensualidades por concepto de asistencia familiar u otros gastos extraordinarios, que conforme a obrados, tiene la obligación de suministrar a favor de su hijo adolescente.
Finalmente, de obrados se tiene que, la autoridad judicial demandada respecto al memorial de 8 de agosto de 2022, por el que el accionante observó la liquidación de gastos extraordinarios, dispuso su traslado recién el 6 de septiembre; siendo que, por práctica procesal, los decretos de mero trámite deben realizarse dentro de las veinticuatro horas, de conocido el actuado procesal, y no así semanas después, como en este caso. De igual forma, se observa que, ante el memorial de 7 septiembre de 2022, a través del cual, la progenitora rechazó las observaciones a la planilla de liquidación realizada por el obligado, el Juez demando a través de decreto de 14 de noviembre de igual año, recién después de dos meses señaló día y hora de audiencia de consideración para el 28 de igual mes y año, cuando debió haber procedido al llamamiento a audiencia hasta el día siguiente; es decir, el 8 de septiembre del referido año; asimismo, se observa que dicha audiencia fue retrasada en varias oportunidades, siendo reprogramada para el 18 de enero de 2023. De donde se observa, una dilación arbitraria e incumplimiento de plazos procesales por parte del Juez demandado, no siendo justificativo la carga procesal, toda vez que, cuando de por medio se encuentra dilucidándose derechos de niñas, niños y adolescentes toda autoridad judicial tiene la obligación nacional e internacional de impartir celeridad, impuso procesal y la debida diligencia reforzada a favor de este grupo poblacional; lo cual, se encuentra sustentado en su interés superior, que obliga a las autoridades judiciales el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con atención diferenciada; lo que cual, no fue asumido por la autoridad demandada, retrasando un proceso que pudo haber sido resuelto en meses; sin embargo de actuados se constata que por negligencia de esta autoridad judicial, tardó más de dos años; sin que hasta la fecha de presentación de esta acción de libertad, el adolescente se haya beneficiado de la cancelación de los gastos extraordinarios que fueron erogados únicamente por la madre a efectos de su atención médica y recuperación; es decir, sin impartir justicia a favor de un niño que conjuntamente con su madre, están cargando el peso de adeudos por concepto de su vida y salud, frente a una grosera irresponsabilidad por parte del progenitor e implícitamente refrendada por la autoridad judicial. Por lo que, ante el incumplimiento de las normas y estándares nacionales e internacionales de protección de las niñas, niños y adolescentes e inobservancia de principios y plazos procesales en materia familiar para la tramitación del cobro de gastos extraordinarios por concepto de vida y salud, la autoridad judicial demandada, debe en el presente caso y en otros puestos a su consideración, cumplir con lo establecido en la Constitución Política del Estado, Tratados Internacionales relacionados con derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como las normas que regulan el procedimiento en materia de familia, niñez y adolescencia, observando la máxima celeridad en su tramitación. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada, aunque sobre la base de otros argumentos, actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2023 de 15 de abril, cursante de fs. 117 vta. a 120, pronunciada por la Jueza Pública, Mixta, de Familia, Niñez y Adolescencia, de Partido de Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal Primera de la Guardia del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, 1° DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° Disponer lo siguiente:
i) Que, el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, a través de la instancia que corresponda, instruya la difusión de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional moduladora, a todos los juzgados y salas en materia familiar y de la niñez y adolescencia, tanto de capitales como de provincias, a efectos de conocer y asumir sus entendimientos a favor de niñas, niños y adolescentes, cuya atención, protección y restauración de los derechos a la salud y vida, dependan de la erogación de gastos extraordinarios; ii) Que, el Consejo de la Magistratura en coordinación con la Escuela de Jueces del Estado, priorice la realización de capacitaciones relacionadas con los procedimientos a ser adoptados por analogía, a efectos de lograr la cancelación efectiva de los adeudos por gastos extraordinarios relacionados con la salud y vida de los beneficiarios; y, iii) Que, por Secretaría General de este Tribunal, se notifique con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, al Presidente del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo de la Magistratura. 3° Exhortar lo siguiente:
a) Que, Tadea Amanda Alba Barrientos, Jueza Pública, Mixta, de Familia, Niñez y Adolescencia, de Partido de Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal Primera de la Guardia del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, en otros casos similares, ingrese a conocer el fondo de la problemática planteada, asumiendo los entendimientos del Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional, favorables a los derechos a la vida y salud de las niñas, niños y adolescente beneficiarios de gastos extraordinarios; y, b) Que, Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, Juez Público, Mixto, Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primero de la Guardia del departamento de Santa Cruz, en casos similares, asuma los entendimientos del Fundamento Jurídico III.4 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; y otorgue un procedimiento rápido y oportuno en la tramitación de causas relacionadas con los derechos de las niñas, niños y adolescentes, conforme lo analizado en el Fundamento Jurídico III.5.3 de esta Sentencia. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
1 El cuarto Considerando, señala: “…Por consiguiente, la demandada carece de legitimación pasiva, calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción, lo que no ocurre en el presente caso…”. 2El FJ III.5, indica: “En el caso que se analiza, se tienen dos normas referidas al ámbito de protección de la acción de libertad -antes recurso de hábeas corpus: La Constitución abrogada y la interpretación constitucional, que establecía que el recurso no procedía respecto a particulares, y la Constitución vigente que amplía la protección respecto con relación a particulares. Ahora bien, indudablemente que la norma que es más favorable al sistema de derechos fundamentales, es la contenida en la Constitución vigente, pues así se reconoce la eficacia horizontal de los derechos fundamentales…”.
3 El FJ III.2, establece: “…los alcances y la naturaleza de la legitimación pasiva, que se encuentra en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción. En ese sentido, para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que esté dirigida contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción, ahora bien, la inconcurrencia de este presupuesto neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados”.
4 En el Fundamento Jurídico III.1 de la citada Sentencia se expone el desarrollo completo de la línea jurisprudencial sobre la acción de libertad innovativa. Así también, en el Fundamento Jurídico III.2 de la SCP 1021/2019-S2 de 22 de noviembre.
5 Dispone: «Artículo 18 1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño. Artículo 19 1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo».
10 A través de la Sentencia de 9 de marzo de 2018, sobre Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C No. 351, párrafo 151. 11Dispone: «PRINCIPIOS DEL PROCESO FAMILIAR. El proceso familiar, regulado por el presente Libro, sin perjuicio de los principios procesales constitucionales, se sustenta en los siguientes: (…) c) Verdad Material. Por el que la decisión jurisdiccional privilegia la verdad fáctica resultante de los elementos objetivos de las pruebas, su valoración integral y la interacción de los sujetos procesales. e) No Formalismo. Por el que en el desarrollo del procedimiento no se privilegian las formalidades en la consecución de los actos procesales. f) Impulso Procesal. Por el que la responsabilidad de la dirección y desarrollo de las actuaciones procesales recae en la autoridad judicial, adoptando ésta las medidas tendientes a evitar su paralización o dilación. h) Buena Fe y Lealtad Procesal. Por el que los sujetos procesales deben actuar en forma respetuosa, honesta, de buena fe, con transparencia, lealtad y veracidad sobre la base del conocimiento cierto de los hechos y su relación con el derecho aplicable. i) Protección de las Familias. Por el que prima en los procesos la protección a la familia y las relaciones entre sus miembros, la tutela sus derechos y la pronta resolución del conflicto. k) Interés Superior de las Niñas, Niños y Adolescentes. Por el que las autoridades judiciales al adoptar toda decisión, disposición o acción jurisdiccional en la que se involucre una niña, niño o adolescente, se guiarán en interés de éstos, precautelando sus derechos, con preeminencia, primacía y prioridad con relación a los demás sujetos».
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1141_2025-S3.pdf · páginas 1 a 30.
Huella digital del PDF (SHA-256): 5c3bf4299f61d7c89c3660805c66a23fa2f1c33a18e10c768fbd34e637d0d0fa
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
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