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SCP 1140/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 19 de septiembre de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
19 de septiembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
55134-2023-111-AL
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, a través de su representante, denuncia la lesión de su derecho al debido proceso vinculado a su libertad, por cuanto: 1) Interpuso de manera oral recurso de apelación contra la Resolución que rechazó su solicitud de extinción de acción penal por conciliación; empero, el Vocal ahora demandado sin ingresar al fondo, declaró inadmisible su recurso de apelación, ante la inexistencia de fundamentación de los agravios sufridos, realizando una interpretación errónea de lo dispuesto por el art. 404 del CPP; y, 2) Se confundió el trámite de la apelación que presentó con una apelación de medida cautelar, al resolverse su recurso de apelación únicamente por un solo Vocal; por lo que, solicita se conceda la tutela y se deje sin efecto el Auto de Vista emitido por el Vocal demandado, debiendo la Sala Penal integrada por sus dos Vocales convocar a audiencia para escuchar sus agravios y resolver su apelación. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 12/2023 de “21” -lo correcto es 20- de abril, cursante de fs. 15 a 19, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada con relación a José Miguel Vásquez Castelo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, conforme al Fundamento Jurídico de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2º Disponer dejar sin efecto el Auto de Vista de 18 de abril de 2023, emitido por la autoridad judicial ahora demandada, debiendo la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, emitir una nueva resolución acorde al Fundamento Jurídico de este fallo constitucional, siempre y cuando a la fecha no hubiera cambiado la situación jurídica del accionante. 3º Exhortar a José Luis Quiroga Camacho, Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Juez de garantías, que en futuras acciones tutelares que sean puestas en su conocimiento, observe las formas de resolución establecidas por el art. 36.8 del CPCo.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Respecto a la formulación de la apelación incidental de manera oral en audiencia
  2. III.2. Análisis del caso concreto
  3. III.3. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1140/2025-S3 Sucre, 19 de septiembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 55134-2023-111-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 12/2023 de “21” -lo correcto es 20- de abril, cursante de fs. 15 a 19, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rando Luciano Chambi Mamani en representación sin mandato de Néstor Sanga Mayta contra José Miguel Vásquez Castelo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 19 de abril de 2023, cursante de fs. 5 a 6 vta., el accionante a través de su representante manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de estafa con agravante, radicado en el Juzgado de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Oruro, el 28 de marzo de 2023, luego de haber llegado a un acuerdo conciliatorio debido a la reparación del daño causado, -devolución de dineros-, se suscribió un documento privado de conciliación y desistimiento, que fue puesto a conocimiento del Juez de la causa a efecto de que programe audiencia de consideración de extinción de la acción penal por conciliación y reparación del daño causado, adjuntándose el documento privado de conciliación y su Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP). Solicitud que fue resuelta por Alipio Veliz Veliz, Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Oruro, en suplencia legal de su similar Tercero, rechazando la solicitud efectuada, motivo por el que, en el referido acto procesal, formuló recurso de apelación contra la citada Resolución. Mediante Auto de Vista de 18 de abril de 2023, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, a cargo de José Miguel Vásquez Castelo -ahora autoridad demandada-, declaró inadmisible su recurso de apelación incidental bajo el fundamento de que al haber interpuesto recurso de apelación de manera oral, una vez terminada la audiencia, no se fundamentó los agravios, motivo por el que declaró inadmisible su recurso planteado, sin observar lo establecido en los arts. 404 y 406 del Código de Procedimiento Penal (CPP). La autoridad jurisdiccional demandada al declarar inadmisible su recurso de apelación incidental, sin cumplir la normativa legal señalada precedentemente, retardó de forma ilegal el trámite de su libertad, sin considerar que ya existía una conciliación. . Por otro lado, su recurso de apelación debió ser resuelto por los Vocales que componían la citada Sala Penal y no únicamente por el Vocal demandado, debido a que si bien el art. 251 del CPP, establece que la apelación incidental de medidas cautelares personales lo resuelve un solo Vocal, la impugnación que presentó no era sobre medidas cautelares, sino contra una Resolución que rechazó una extinción de la acción penal, motivo por el cual debió ser resuelta por los Vocales que integraban la Sala Penal, irregularidad que vulneró el debido proceso, con directa afectación a su libertad al encontrarse detenido preventivamente.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho al debido proceso vinculado a su libertad, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia se disponga: a) Dejar sin efecto el Auto de Vista S/N de 18 de abril de 2023; y, b) La Sala Penal integrada por su dos Vocales convoque a audiencia en el plazo de veinticuatro horas, escuche los agravios y resuelva su apelación.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 20 de abril de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 12 a 14 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela a través de su representante ratificó los términos de su acción tutelar y ampliándola señaló que: 1) La normativa penal no establece que al interponerse el recurso de apelación de manera oral, deba hacerse conocer los agravios ante el Juez de primera instancia; por el contrario, estos agravios tienen que ser puestos a conocimiento del Tribunal de apelación; y, 2) El Vocal demandado, obró de manera incorrecta al declarar de manera directa inadmisible su recurso, sin considerar lo establecido por el art. 410 y siguientes de la Constitución Política del Estado (CPE), que ordena la aplicación de la norma más favorable a toda persona que se encuentra privada de libertad.

I.2.2. Informe de la parte demandada

José Miguel Vásquez Castelo, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, en audiencia de garantías señaló que: i) La acción de libertad interpuesta carece de sustento legal o fundamento jurídico, motivo por el cual, no cumple con lo establecido en los arts. 125 de la CPE y 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo); ii) El accionante entendió que debió fundamentar su recurso de apelación ante el Tribunal de alzada, sin considerar lo establecido en el art. 404 del CPP, que determina que cuando la resolución se dicte en audiencia, el recurso se interpondrá inmediatamente de forma oral ante el Juez o Tribunal de primera instancia, en tal sentido efectuó una interpretación errónea de la norma; iii) Respecto a que se debió sortear la apelación a ambos Vocales de la Sala y no solo a uno, es necesario aclarar que el sorteo se efectúa mediante el Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ), el cual está diseñado para que se sortee a la Sala correspondiente, donde se nombrará al Vocal relator, situación que aconteció en el presente caso; iv) En audiencia de 11 de abril de 2023, la autoridad jurisdiccional rechazó la solicitud de extinción de la acción penal del accionante, actuado procesal en el que su abogado de manera textual, señaló: “La palabra Señor Juez, conforme el art. 251 vamos a plantear recurso de apelación en contra de su resolución” (sic); y, v) Como Sala, siempre han tenido el cuidado de aplicar la taxatividad de la norma, a objeto de evitar que ello conlleve a una interpretación diferente en cada caso; por lo que, se actuó conforme la normativa vigente.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 12/2023 de 20 de abril, cursante de fs. 15 a 19, declaró “no ha lugar” a la presente acción de libertad y la “desestimó”. Determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: a) El Juez en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Oruro, en audiencia de 11 de abril de 2023 emitió la Resolución 167/2023, que rechazó la extinción de la acción penal por conciliación, actuado procesal en el que la defensa técnica del accionante, planteó recurso de apelación, en aplicación de lo establecido por el art. 251 del CPP; por lo que, el Juez en suplencia legal, dio curso a su recurso, remitiendo el testimonio ante la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, emitiéndose la Resolución 041/2023-SP1 de 18 de abril de 2023, que declaró inadmisible el recurso; b) El art. 58.II del CPP, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, referente a las atribuciones de las salas penales en materia penal, establece que las apelaciones de medidas cautelares de carácter personal y las consultas de excusas y recusaciones serán resueltas por el Vocal de turno de la Sala a la cual sea sorteada la causa; en consecuencia, el Vocal dio cumplimiento a lo señalado en la referida norma, habiéndose realizado el trámite correspondiente conforme establece el art. 251 del CPP; y, c) La autoridad demandada, declaró inadmisible el recurso de apelación; toda vez que, no se trataba de una apelación sobre el rechazo o admisión de una medida cautelar, motivo por el cual no correspondía aplicarse el art. 251 del CPP. Al tratarse de una apelación incidental debió emplearse lo dispuesto por el art. 404 del CPP; en consecuencia, una vez conocida la resolución emitida por el Juez inferior, la parte afectada estaba en la obligación de interponer y fundamentar inmediatamente de forma oral su recurso de apelación, situación que no aconteció.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Néstor Sanga Mayta -accionante- por la presunta comisión del delito de estafa con agravante, encontrándose detenido preventivamente en el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro, el 29 de marzo de 2023, el accionante al haber resarcido económicamente el daño causado, suscribió un documento privado de acuerdo conciliatorio y desistimiento con todas las víctimas, solicitando al Juez de Instrucción Penal Tercero de ese mismo departamento, la extinción de la acción penal por conciliación y reparación del daño, resuelta por el Juez en suplencia, que rechazó lo solicitado; motivo por el cual, en el mismo acto procesal, el accionante interpuso recurso de apelación contra esa determinación (fs. 2 a 4 vta.). II.2. Cursa Auto de Vista de 18 de abril de 2023, suscrito por la autoridad jurisdiccional ahora demandada, que declaró inadmisible el recurso de apelación sin ingresar al fondo, bajo el fundamento que el ahora accionante, únicamente se limitó a enunciar que recurrirá de apelación conforme lo establecido por el art. 251 del CPP, sin expresar o denunciar los agravios sufridos en dicho actuado procesal, conforme lo establecido por el art. 396.3 del CPP, que rige como regla general para los medios de impugnación, en relación a la primera parte del art. 404 del CPP modificado por la Ley 1173 (fs. 2 a 4).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de su representante, denuncia la lesión de su derecho al debido proceso vinculado a su libertad, por cuanto: 1) Interpuso de manera oral recurso de apelación contra la Resolución que rechazó su solicitud de extinción de acción penal por conciliación; empero, el Vocal ahora demandado sin ingresar al fondo, declaró inadmisible su recurso de apelación, ante la inexistencia de fundamentación de los agravios sufridos, realizando una interpretación errónea de lo dispuesto por el art. 404 del CPP; y, 2) Se confundió el trámite de la apelación que presentó con una apelación de medida cautelar, al resolverse su recurso de apelación únicamente por un solo Vocal; por lo que, solicita se conceda la tutela y se deje sin efecto el Auto de Vista emitido por el Vocal demandado, debiendo la Sala Penal integrada por sus dos Vocales convocar a audiencia para escuchar sus agravios y resolver su apelación. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Respecto a la formulación de la apelación incidental de manera oral en audiencia

La jurisprudencia constitucional pronunciada por este Tribunal ha desarrollado un entendimiento expreso con relación a la apelación incidental de forma oral, entre otras, la SCP 0991/2023-S2 de 12 de diciembre, siguiendo lo expresado por su similar 0935/2021-S2 de 3 de diciembre, manifiesta:

[Acorde] a dichas premisas y con el fin de establecer un marco normativo concordante con los fines y objetivos de la Ley 1173; se modificó el régimen de apelación incidental previsto en los art. 403 y ss. del CPP; así las cosas y en este nuevo contexto procesal el recurso de apelación incidental contra las resoluciones descritas en el art. 403 del Adjetivo Penal debe ser interpuesto de manera oral o escrita; el primer escenario, supone que el mismo debe ser formulado en audiencia e inmediatamente después que la autoridad jurisdiccional emitió la decisión que desde el punto de vista del recurrente, le ocasiona un agravio en sus derechos e intereses legítimos.

1 El Fundamento Jurídico III.1. de esta sentencia señaló: “[Las] partes deben formular el recurso de apelación de manera oral en la audiencia de resolución, luego de ser dictaminada la misma y notificada por su lectura, debiendo constar en dicho acto procesal de forma expresa su interposición, y cuya fundamentación será desarrollada posteriormente en alzada”. La promulgación de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, supone un cambio al procedimiento penal orientado entre otras cosas a evitar el retardo procesal y brindar una administración de justicia en los términos consagrados en el art. 115.II del CPP; es decir, pronta, oportuna, gratuita y sin dilaciones. El art. 1 de la referida disposición legal, señala que: “(Objeto).La presente Ley tiene por objeto procurar la pronta y oportuna resolución de los conflictos penales, adoptando al efecto, medidas indispensables para profundizar la oralidad, fortalecer la lucha contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres, evitar el retardo procesal y el abuso de la detención preventiva y posibilitar la efectiva tutela judicial de las víctimas, mediante la modificación de la Ley Nº 1970 de 25 de marzo de 1999, ‘Código de Procedimiento Penal’, y disposiciones conexas”. Acorde a dichas premisas y con el fin de establecer un marco normativo concordante con los fines y objetivos de la Ley 1173; se modificó el régimen de apelación incidental previsto en los art. 403 y ss. del CPP; así las cosas y en este nuevo contexto procesal el recurso de apelación incidental contra las resoluciones descritas en el art. 403 del Adjetivo Penal debe ser interpuesto de manera oral o escrita; el primer escenario, supone que el mismo debe ser formulado en audiencia e inmediatamente después que la autoridad jurisdiccional emitió la decisión que desde el punto de vista del recurrente, le ocasiona un agravio en sus derechos e intereses legítimos.

En ese orden y formulado el recurso de manera oral, de conformidad a lo previsto en el art. 405 de la norma adjetiva penal corresponde remitir los antecedentes al Tribunal de alzada en el plazo de veinticuatro horas, escenario natural de debate en el que se deberán exponer los agravios ocasionados por el juez o tribunal, ello en observancia de uno de los principios que fundamentan el sistema penal acusatorio; como es el de inmediación, que ordena una comunicación directa entre el juez o autoridad judicial decisora con las partes y órganos de prueba que puedan tener información pertinente sobre la veracidad o no de un hecho determinado; al respecto el art. 113 del CPP, dispone que las audiencias públicas deben realizarse en cumplimiento a los principios de oralidad, inmediación, continuidad y contradicción. (las negrillas nos corresponden) En este contexto, la apelación oral formulada en el marco previsto en el art. 404 del CPP, debe ser aceptada sin la exigencia de cumplimiento de ningún otro requisito de carácter formal que vaya en contrasentido del principio de inmediación -transversal en todo el proceso penal boliviano- como es la exigencia de argumentación o fundamentación de agravios ante una autoridad que eventualmente no será la decisora; a partir de ello, la sola interposición del recurso de manera inmediata-oral y la exposición de agravios ante el tribunal de alzada son suficientes para: remitir antecedentes al superior jerárquico, disponer la admisibilidad del recurso y obtener una respuesta de fondo en etapa de apelación; ello, acorde a lo previsto en la SCP 0935/2021-S2 de 3 de diciembre, que respecto al alcance del recurso de apelación incidental conforme al marco previsto en el art. 403 del CPP, establece que: “…las partes deben formular el recurso de apelación de manera oral en la audiencia de resolución, luego de ser dictaminada la misma y notificada por su lectura, debiendo constar en dicho acto procesal de forma expresa su interposición, y cuya fundamentación será desarrollada posteriormente en alzada [El resaltado es nuestro].

Bajo el mismo entendimiento la SCP 0732/2023-S2 de 28 de julio, estableció lo siguiente:

[La] simple interposición o formulación oral del recurso ante la autoridad que emitió la decisión impugnada; sin la exigencia de cualquier otro requisito formal como es el caso de la exposición de agravios ante la autoridad que no es decisora; es suficiente para que el legajo procesal sea remitido al Tribunal de alzada, este aperture su competencia, declare la admisibilidad del recurso y emita una decisión de fondo, que responda a la fundamentación de agravios realizada por el recurrente o apelante. Un entendimiento contrario; es decir, declarar la inadmisibilidad del recurso de apelación incidental (en el marco del art. 403 del CPP) a partir de la falta de exposición de agravios del recurrente ante el juez o tribunal que dictó la decisión judicial, no solo transgrede los principios que fundamentan el orden penal vigente; sino, criterios de interpretación de derechos humanos reconocidos por la jurisprudencia constitucional que permiten la vigencia y materialización efectiva de los mismos; así, en observancia del principio pro actione -SCP 0897/2013 de 20 de junio; los jueces y tribunales deben interpretar la norma en el sentido más favorable para la admisibilidad de un recurso o medio de impugnación a fin de que se emita un pronunciamiento de fondo; en el mismo sentido, y acorde al principio pro homine, las autoridades judiciales no solo deben aplicar las normas que sean más favorables para la protección o materialización de un derecho sino adoptar una interpretación también favorable y extensiva al mismo, por sobre una que restrinja y limite su efectividad y vigencia [El resaltado es nuestro].).

Los precedentes citados han sido aplicados en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0172/2025-S3 y 0097/2025-S3, de esta misma Sala.

III.2. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso vinculado a su libertad, toda vez que: i) Habiendo interpuesto recurso de apelación incidental de manera oral, contra la Resolución que rechazó su solicitud de extinción de la acción penal por conciliación, mediante Resolución de 18 de abril de 2023, la autoridad demandada declaró inadmisible su apelación, ante la supuesta falta de fundamentación de los agravios; y, ii) Su apelación fue resuelta únicamente por el Vocal relator, confundiendo el trámite de la apelación que presentó con una de apelación de medida cautelar. De la revisión de los antecedentes y conforme los datos consignados en el presente fallo constitucional, se advierte, que dentro del proceso penal seguido contra Néstor Sanga Mayta -accionante-, el 28 de marzo de 2023, el impetrante de tutela solicitó al Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Oruro, extinción de la acción penal por conciliación y reparación del daño, petición que fue rechazada. Contra dicha determinación, en el mismo actuado procesal, el solicitante de tutela, de manera oral formuló recurso de apelación incidental, que fue remitido a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, instancia en la que José Miguel Vásquez Castelo, en su calidad de Vocal -autoridad demandada-emitió el Auto de Vista de 18 de abril de 2023, declarando inadmisible dicha apelación, bajo el argumento que no se fundamentó los agravios sufridos con la emisión de la Resolución, y no se cumplió con el requisito exigido por el art. 396.3 del CPP en relación a la primera parte del art. 404 del citado Código, modificado por la Ley 1173. De conformidad con el precedente constitucional expuesto en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se ha establecido que ante la formulación oral del recurso de apelación en audiencia, corresponde la remisión de los antecedentes pertinentes al Tribunal de alzada, escenario en el que se deberán exponer los agravios ocasionados por el Juez o Tribunal; en consecuencia, una vez formulado el recurso de apelación en la audiencia, la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación incidental, sin la exigencia de cualquier otro requisito formal, razonamiento que guarda correspondencia con el principio de inmediación. En eso contexto, la determinación asumida por el Vocal demandado, se apartó del razonamiento efectuado por este Tribunal, al no resultar válida la pretensión de la autoridad judicial demandada de sostener que el accionante no fundamentó de forma oral los agravios contra la Resolución que rechazó la solicitud de extinción de la acción penal por conciliación ante el Juez de primera instancia, dado que, de acuerdo con la normativa vigente y los precedentes constitucionales aplicables al caso, la fundamentación de la apelación incidental será desarrollada ante el Tribunal de alzada, siendo únicamente necesario que la autoridad que resuelva el recurso sea la que conozca las razones por las cuales se interpuso la apelación. Por lo glosado precedentemente, la autoridad demandada tenía el deber de disponer la admisibilidad y resolver el recurso de apelación planteado, situación que no ocurrió debido a una interpretación limitativa y a la inobservancia de lo establecido por el principio pro actione, por el que se establece que los jueces y tribunales deben interpretar la norma en sentido más favorable para la admisibilidad de un recurso o medio de impugnación; aspecto que no aconteció en el presente caso, evidenciándose en consecuencia que la autoridad judicial demandada, efectuó una interpretación errónea del art. 404 del CPP, al igual que el Juez de garantías, al sostener que el impetrante de tutela estaba en la obligación de interponer y fundamentar inmediatamente de forma oral su recurso de apelacion ante el Juez de primera instancia; por lo que, en relación a este punto corresponde conceder la tutela impetrada. Finalmente, respecto a que el recurso de apelación debió ser resuelto por los dos Vocales que componen la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, corresponde señalar que conforme las modificaciones realizadas por la Ley 1173, al art. 58.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), “Las apelaciones de las medidas cautelares de carácter personal y las consultas de las excusas y recusaciones, serán resueltas por el Vocal de Turno de la Sala a la cual sea sorteada la causa”; en consecuencia, conforme se ha establecido en la presente acción de libertad, el impetrante de tutela presentó recurso de apelación contra la Resolución que rechazó su solicitud de extinción de acción penal por conciliación, no estando comprendida este tipo de apelaciones incidentales dentro de las previstas en el art. 58.II de la citada Ley; por lo mismo, si bien se alega que el accionante a tiempo de formular su apelación invocó el art. 251 del CPP, no es menos evidente que el recurso de apelación provenía de una Resolución que rechazó la solicitud de extinción de la acción penal por conciliación, aspecto que debió ser analizado por la autoridad judicial.

Consecuentemente, correspondía que la apelación presentada por el accionante sea considerada y resuelta por los dos Vocales que conforman la Sala señalada supra; por lo que, resulta evidente que la autoridad jurisdiccional ahora demandada incumplió lo dispuesto por la precitada disposición, al resolver la apelación del accionante sin convocar al otro Vocal que conforma la referida Sala Penal.

III.3. Otras consideraciones

De otra parte, es necesario referirse a la actuación del Juez de garantías, quien a través de la Resolución 12/2023, traída en revisión, dispuso “no ha lugar” y “desestimó” la acción tutelar presentada, inobservando las formas de resolución que se encuentran establecidas por el Código Procesal Constitucional, para conocer y resolver las acciones de defensa. Así de acuerdo con lo establecido en el art. 36.8 del CPCo, la forma de resolución es la concesión o denegatoria. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 12/2023 de “21” -lo correcto es 20- de abril, cursante de fs. 15 a 19, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada con relación a José Miguel Vásquez Castelo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, conforme al Fundamento Jurídico de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2º Disponer dejar sin efecto el Auto de Vista de 18 de abril de 2023, emitido por la autoridad judicial ahora demandada, debiendo la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, emitir una nueva resolución acorde al Fundamento Jurídico de este fallo constitucional, siempre y cuando a la fecha no hubiera cambiado la situación jurídica del accionante. 3º Exhortar a José Luis Quiroga Camacho, Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Juez de garantías, que en futuras acciones tutelares que sean puestas en su conocimiento, observe las formas de resolución establecidas por el art. 36.8 del CPCo.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1140_2025-S3.pdf · páginas 1 a 10.

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