Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 25 de septiembre de 2025
Deniega la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus vertientes legalidad, motivación, congruencia, “…errónea valoración de la prueba y errónea aplicación e interpretación de la ley” (sic); toda vez que, la Vocal demandada, al pronunciar el Auto de Vista 175/2023: i) Omitió valorar las pruebas documentales presentadas en alzada, con las cuales pretendía acreditar su actividad laboral y, en consecuencia, desvirtuar el peligro de fuga previsto en el art. 234.1 del CPP;
ii) Declaró la concurrencia del numeral 2 del citado artículo con base en un flujo migratorio que fue ofrecido recién en la audiencia de aplicación de medidas cautelares, sin darle oportunidad de preparar una defensa; al margen de ello, no consideró que los viajes consignados en el referido flujo migratorio databan de más de doce años atrás, cuando él era menor de edad; y, iii) Fundamentó la persistencia del numeral 7 del mencionado artículo en consideraciones abstractas sobre la gravedad del delito de narcotráfico, sin analizar su comportamiento personal ni la prueba que demostraba su carencia de antecedentes penales. Ante ello, la Vocal demandada no presentó informe escrito alguno ni se conectó a la audiencia virtual programada. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 066/2023 de 17 de agosto, cursante de fs. 81 a 91, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justica de Beni; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1139/2025-S2 Sucre, 25 de septiembre de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 57890-2023-116-AAC Departamento: Beni En revisión la Resolución 066/2023 de 17 de agosto, cursante de fs. 81 a 91, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Missael Nallar Viveros contra Asunta Montenegro Melgar, Vocal de la Sala Civil Mixta, de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica del Tribunal Departamental de Justicia de Beni.
Por memorial presentado el 1 de agosto de 2023, cursante a fs. 1 y 20 a 29 vta., el accionante manifiesta lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, el 24 de octubre de 2022, el Ministerio Público emitió imputación formal en su contra. Posteriormente, en audiencia de aplicación de medidas cautelares, la Jueza de Instrucción Penal Segunda de la Capital del departamento de Beni, dictó “auto interlocutorio” disponiendo su detención preventiva, al considerar que concurrían los peligros de fuga y obstaculización previstos en los arts. 234.1, 2, 4 y 7; y, 235.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Ante ello, interpuesto el recurso de apelación incidental, Asunta Montenegro Melgar, Vocal de la Sala Civil Mixta, de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica del Tribunal Departamental de Justicia de Beni -ahora demandada-, por Auto de Vista 175/2023 de 5 de “junio” -lo correcto y en adelante será julio-, revocó en parte la Resolución impugnada, ratificando la concurrencia del peligro de fuga establecido en el art. 234.1, 2 y 7 del CPP y manteniendo su detención preventiva. Con dicha determinación se lesionó sus derechos y garantías constitucionales; toda vez que: a) Respecto al peligro de fuga establecido en el art. 234.1 del CPP, durante la apelación incidental, presentó prueba documental obtenida mediante requerimiento fiscal para demostrar su arraigo y actividad laboral, aunque no tenía obligación legal de aportarla. Esa prueba fue ofrecida conforme al art. 404 del citado Código, que permite presentar pruebas en segunda instancia, ya sea por escrito o en audiencia; sin embargo, la Vocal demandada rechazó valorarla, argumentando que no fue considerada por la Jueza a quo, interpretación sesgada que lo dejó en total indefensión; b) Sobre el peligro de fuga previsto en el art. 234.2 del CPP, relativo a la posibilidad de abandonar el país o permanecer oculto, en la imputación formal no se mencionó el flujo migratorio, pues el Ministerio Público introdujo dicho elemento recién en la audiencia de aplicación de medidas cautelares, sin darle oportunidad de preparar una defensa; al margen de ello, los viajes consignados en el flujo migratorio databan de más de doce años atrás, cuando él era menor de edad y que utilizarlos para presumir la existencia de un riesgo de fuga resultó irrazonable, ya que, de aceptarse ese criterio, cualquier persona que ejerció su derecho constitucional a la libre locomoción podría ser considerada automáticamente peligrosa; y, c) En cuanto al peligro de fuga establecido en el art. 234.7 del CPP, relacionado con el peligro para la sociedad, la autoridad judicial fundamentó este aspecto en consideraciones abstractas sobre la gravedad del delito de narcotráfico, sin analizar su comportamiento personal ni la prueba que demostraba su carencia de antecedentes penales. Asimismo, la autoridad judicial demandada ignoró la jurisprudencia aplicable, especialmente la SCP 0220/2020-S3 de 13 de julio, que estableció que la peligrosidad debía basarse en elementos objetivos y verificables, no solo en la naturaleza del delito. Dicha jurisprudencia indicó que la gravedad del ilícito no bastaba para sostener que un imputado representaba un peligro para la sociedad o la víctima. Estas deficiencias demuestran que fue privado de su libertad como resultado de un indebido proceso y de interpretaciones arbitrarias de la ley, pues, al mantener su detención preventiva, se lo obligó, en los hechos, a cumplir una condena anticipada.
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus vertientes legalidad, motivación, congruencia, “…errónea valoración de la prueba y errónea aplicación e interpretación de la ley” (sic); citando al efecto el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: 1) Se deje sin efecto en parte el Auto de Vista 175/2023; y, 2) La Vocal demandada emita uno nuevo, declarando enervados o no acreditados los riesgos procesales: “…del Art. 234 -2 y 7 del C.P.P…” (sic) y, respecto al elemento trabajo, que valore las pruebas presentadas en su momento procesal.
Celebrada la audiencia pública virtual el 17 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 72 a 80 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad y, ampliando en audiencia de garantías, señaló que: i) Presentó un memorial el 25 de mayo de 2023 con toda la documentación necesaria para enervar los riesgos procesales, incluyendo certificaciones notariales y de asociaciones de ganaderos que acreditaban su actividad laboral lícita, la cual cumplía con los requisitos del art. 404 del CPP, que permite ofrecer evidencia en segunda instancia por escrito o en audiencia, señalando los agravios específicos; por consiguiente, al no valorar la documentación presentada, hizo una interpretación errónea del citado artículo, impidiendo una correcta valoración de las pruebas y, con ello, vulnerando su derecho al debido proceso; y, ii) A través de requerimientos fiscales recabó certificaciones de empresas de transporte terrestre, mismas que tampoco fueron consideraras por la Vocal demandada.
Asunta Montenegro Melgar, Vocal de la Sala Civil Mixta, de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, no se conectó a la audiencia virtual programada ni remitió informe escrito alguno, pese a su notificación cursante a fs. 36.
Víctor Marcelo Flores Laime, Fiscal de Materia, en audiencia de garantías, sostuvo que los tribunales ordinarios y el Tribunal Constitucional Plurinacional manejaron criterios uniformes sobre la admisibilidad de la prueba en segunda instancia, pues conforme al art. 404 del CPP y la jurisprudencia contenida en la SCP 0585/2020-S1 de 8 de octubre, la prueba debió ofrecerse en el momento de la apelación, ya fuera de manera escrita u oral, con el fin de garantizar la igualdad entre las partes; por el contrario, el accionante pretendió ampliar sin límites el derecho a presentar pruebas, ignorando que el art. 251 del citado Código establece la obligación de ofrecerlas al interponer el recurso contra resolución que impuso las medidas cautelares.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justica de Beni -con la intervención del Vocal de su similar Segunda ante la acefalía existente-, por Resolución 066/2023 de 17 de agosto, cursante de fs. 81 a 91, concedió la tutela solicitada, dejando sin efecto en parte el Auto de Vista 175/2023, solo con relación al peligro de fuga establecido en el art. 234.1, 2 y 7; y, ordenando a la autoridad judicial demandada emita uno nuevo “…respecto al trabajo la misma debiendo dictar una nueva Resolución respecto a la valoración Integral que deba de hacer cada uno de ellos, a efectos bajo los parámetros de esta Resolución Constitucional…” (sic); con base en los siguientes fundamentos: a) En lo que respecta al peligro de fuga inserto en el art. 234.7 del CPP, el mismo no puede fundarse en la relevancia del delito cometido, aunque sea socialmente reprochable por la sociedad, lo que ocurrió en el caso concreto; b) En cuanto al art. 234.2 del CPP, la Jueza a quo y la Vocal demandada fundaron este riesgo de fuga en elementos que no fueron aportados por el Ministerio Público en su imputación formal, lo cual carece de toda fundamentación; al margen de ello, la valoración de dichas pruebas debió centrarse en la conducta del accionante durante la investigación o el proceso, y no en hechos anteriores a la apertura del mismo; esta actuación implicó una errónea interpretación de la norma y un desconocimiento de los parámetros fijados por la SCP 1147/2016-“R” -lo correcto es S1- de 16 de noviembre, la cual ordenó que el peligro de fuga debía evaluarse desde la conducta desplegada al inicio del proceso y no con base en circunstancias previas; y, c) En relación con el art. 234.1 del CPP, aunque resultaba evidente lo señalado por el Ministerio Público, que el impetrante de tutela, en apelación, no cumplió con lo establecido en el art. 404.II del citado Código; es decir, que para producir prueba en segunda instancia, debió ofrecerla en audiencia, fundamentarla ante el Tribunal de apelación o presentarla por escrito: “…sin embargo a consecuencia de los fundamentos desarrollado en la presente resolución justamente con toda decisión que debe tomar el administrador de Justicia debe pronunciar una resolución que sea fundamentada motivada razonable lo cual no cumple respecto a este punto lo determinado por la juez y si es bien y cierto y evidente que las mismas no fueron pronunciadas en audiencia debe establecer los parámetros de la verdad material del momento de la apelación se contaba ya con la documentación pertinente al caso para que merezca un pronunciamiento por parte de la autoridad jurisdiccional sea de forma negativa o positiva respecto al peligro de fuga establecido en el artículo 234 numeral 1 respecto al trabajo y consecuentemente debe pronunciarse conforme corresponda en derecho en el caso de autos” (sic). En vía de enmienda, complementación y aclaración, el representante del Ministerio Público solicitó se aclare: ¿por qué no se tomó en cuenta la jurisprudencia que citó durante su intervención, relativa a la producción de prueba en segunda instancia? En respuesta, la Sala Constitucional ratificó su decisión, señalando que: 1) Se fundamentó que, no correspondía considerar la concurrencia de peligro de fuga inserto en el art. 234.7 del CPP solamente en función a la naturaleza del delito atribuido; 2) Sobre el numeral 2 del referido artículo, la jurisprudencia citada en la Resolución precisó que no resultaba aplicable la utilización de hechos que no formaban parte de la investigación; y, 3) “…en esta resolución este tribunal de garantías, ha sido claro primero por encima de cualquier jurisprudencia están los principios y garantías constitucionales establecidos en la verdad material en la verdad material había una documentación presentada que debió de darle un valor a la autoridad sea negativa o positiva…” (sic).
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursan acta de la audiencia virtual de apelación incidental de 5 de julio de 2023, en la cual se consideraron las medidas cautelares del caso (fs. 2 a 11 vta.) y Auto de Vista 175/2023 de la misma fecha, emitido por Asunta Montenegro Melgar, Vocal de la Sala Civil Mixta, de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica del Tribunal Departamental de Justicia del Beni -ahora demandada-, que dispuso la revocatoria parcial de la decisión asumida en la audiencia de medidas cautelares de 24 de noviembre de 2022, específicamente en lo referido a la valoración de los riesgos procesales, estableciendo la concurrencia de los arts. 233.1 y 234 numerales 1, 2 y 7 del CPP, y dejando por desvirtuados los riesgos procesales de peligro de fuga previstos en el art. 234.4 del CPP y de obstaculización establecidos en el art. 235.1 de igual norma (fs. 12 a 18 vta.).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus vertientes legalidad, motivación, congruencia, “…errónea valoración de la prueba y errónea aplicación e interpretación de la ley” (sic); toda vez que, la Vocal demandada, al pronunciar el Auto de Vista 175/2023: i) Omitió valorar las pruebas documentales presentadas en alzada, con las cuales pretendía acreditar su actividad laboral y, en consecuencia, desvirtuar el peligro de fuga previsto en el art. 234.1 del CPP;
ii) Declaró la concurrencia del numeral 2 del citado artículo con base en un flujo migratorio que fue ofrecido recién en la audiencia de aplicación de medidas cautelares, sin darle oportunidad de preparar una defensa; al margen de ello, no consideró que los viajes consignados en el referido flujo migratorio databan de más de doce años atrás, cuando él era menor de edad; y, iii) Fundamentó la persistencia del numeral 7 del mencionado artículo en consideraciones abstractas sobre la gravedad del delito de narcotráfico, sin analizar su comportamiento personal ni la prueba que demostraba su carencia de antecedentes penales. Ante ello, la Vocal demandada no presentó informe escrito alguno ni se conectó a la audiencia virtual programada. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0339/2012 de 18 de junio, con relación a la obligación del Tribunal de apelación de fundamentar y motivar sus resoluciones, estableció que: “En cuanto al Tribunal de apelación, la citada SC 0089/2010-R, señaló: ‘…está obligado igualmente a dictar una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, se ha establecido que el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva’”. Ahora bien, dicha fundamentación recae también sobre la valoración de la prueba, pero conforme a la SCP 0295/2012 de 8 de junio, se tiene que: “…interpuesto y admitido este recurso, se abre la competencia del tribunal de alzada únicamente para la revisión sobre cuestiones de derecho y no de hecho que hubieran sido resueltas por la autoridad judicial a quo; ya que no constituye una nueva instancia en la que sea admisible la consideración de nueva prueba por el tribunal de apelación…”. En ese contexto, si bien el art. 404 del CPP modificado por el art. 16 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, prevé la posibilidad de producir prueba en segunda instancia, tal permisibilidad está reservada a los casos en los que se pretenda probar la existencia de un agravio; por consiguiente, esta actividad no puede estar encaminada a suplir la omisión en la que incurrió la parte en la audiencia de instancia. Así, el principio de verdad material referido por el art. 180.I de la CPE como parte del debido proceso obliga a las autoridades jurisdiccionales a valorar íntegramente la prueba, pero dentro de los parámetros procesales previstos por el principio de reserva legal, siempre y cuando las formas procesales busquen resguardar los derechos y garantías de las partes procesales y preservar un orden mínimo que el debate racional reclama.
Delimitado como está el ámbito de análisis, es evidente que, el 5 de julio de 2023 se llevó a cabo una audiencia de apelación de medidas cautelares dentro del proceso penal seguido contra Missael Nallar Viveros -ahora accionante- por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas. En esa oportunidad, Asunta Montenegro Melgar, Vocal de la Sala Civil Mixta, de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica del Tribunal Departamental de Justicia de Beni -ahora demandada-, por Auto de Vista 175/2023 de la misma fecha, revocó en parte la audiencia de medidas cautelares de 24 de noviembre de 2022, ratificando la concurrencia del peligro de fuga establecido en el art. 234.1, 2 y 7 del CPP y manteniendo la detención preventiva del prenombrado (Conclusión II.1).
En ese contexto, corresponde abordar la problemática planteada de la siguiente manera: Con relación al primer cargo del objeto procesal
Al respecto, de la revisión del acta de audiencia de apelación incidental de medidas cautelares de 5 de julio de 2023, se evidencia que el accionante, a tiempo de referirse a la concurrencia del peligro de fuga inserto en el art. 234.1 del CPP en su elemento trabajo, invocó el art. 404 del CPP modificado por la Ley 1173, señalando que: “…cuando el recurrente en este caso intente producir pruebas en segunda instancia le ofrecerá audiencia, es fundamentar al tribunal y por escrito cuando corresponda lo hemos hecho por escrito, y vamos a determinar de que esta documentación que estábamos presentando y que debe ser valorada, pues supondría en cumplimiento cuatrocientos cuatro, tiene que valorar la documentación es pues el señor tiene su actividad ganadera, es un reconocido ganadero con antecedente anteriores a estos procesos, un empresario que vende compra, y hace Genética de la ganadería, tal como se cursa en toda la documentación, uno en certificaciones notariales, por ejemplo, que se encuentra en el cuaderno de apelaciones que establece que se entiende que el señor misael demuestra como actividad principal la ganadería afiliado de acuerdo al certificado AGAGUA de agosto del año veintidós en el cual certifica que Michel registrado una matrícula, ocho, tres, setenta y cinco, eso socio activo del premio Málaga y se dedica a la cría requería ganado para engorde en el precio del municipio de Puente, provincia guarayo el departamento de Santa Cruz también es afiliado tal como se puso en la documentación a la asociación de ganaderos de san Joaquín, se ha demostrado todo el movimiento, de ganado que ha hecho reportado por la entidad correspondiente como el senasag a través de la instancia correspondiente, todo el movimiento ganadero…” (sic). Vale decir, durante su intervención hizo alusión a pruebas con las que pretendía valerse durante la fundamentación de su recurso. Dicho planteamiento fue resuelto por Auto de Vista 175/2023, donde la Vocal demandada refirió en lo pertinente que: “…respecto al trabajo donde la parte considera que se debe considerar lo establecido en el art 404 parágrafo II del Codigo de Procedimiento Penal respecto a la actividad lícita que realiza el señor Misael Nallar, la suscrita Vocal considera que esta prueba debió anunciarse en la apelación o a momento de presentarse mínimamente, porque si bien consta en el cuaderno procesal, esta prueba de actividad ilícita del señor Nallar no fue presentado conforme a la norma y procedimiento, no fue anunciada como debió serlo, incluso hay una sentencia constitucional que establece esta situación, por lo tanto se mantiene este elemento del trabajo” (sic). En otras palabras, la Vocal demandada omitió valorar estas pruebas, ya que consideró que las mismas no fueron incorporadas conforme a procedimiento. Al respecto, corresponde referir al entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, donde se llegó a la conclusión de que, el recurso de apelación incidental no constituye una nueva instancia en la que sea admisible la consideración de nueva prueba por el Tribunal de alzada, y que, si bien el art. 404 del CPP modificado por la Ley 1173 permite la producción de prueba en segunda instancia, esta se encuentra reservada para los casos en los cuales se pretenda probar la existencia de un agravio. En ese contexto, se advierte que la decisión asumida por la Vocal demandada en este punto fue correcta aspecto reconocido por la propia Sala Constitucional; sin embargo, de manera contradictoria dispuso su valoración en los siguientes términos: “…si es bien y cierto y evidente que las mismas no fueron pronunciadas en audiencia debe establecer los parámetros de la verdad material del momento de la apelación se contaba ya con la documentación pertinente al caso para que merezca un pronunciamiento…” (sic); en ese sentido, la prueba presentada por el accionante estaba dirigida a demostrar el ejercicio de una actividad lícita y, con ello, desvirtuar el peligro de fuga acreditado en su situación jurídica, más no a evidenciar la existencia de un agravio en la Resolución entonces impugnada. En consecuencia, se entiende que pretendió suplir la omisión en la que incurrió durante la audiencia ante la Jueza a quo, incorporando elementos probatorios distintos a los considerados y ponderados por dicha autoridad, lo cual, tal como señala la autoridad judicial demandada, no se ajusta al procedimiento previsto para la producción de pruebas en segunda instancia, razón por la cual corresponde denegar la tutela en este extremo y corresponde llamar la atención a la Sala Constitucional que con su orden transformó la apelación en una audiencia de cesación a la detención preventiva. En cuanto al segundo cargo del objeto procesal Al respecto, el impetrante de tutela refiere que la Vocal demandada: a) Declaró la concurrencia del art. 234.2 del CPP con base en un flujo migratorio que fue ofrecido recién en la audiencia de aplicación de medidas cautelares; y, b) No consideró que los viajes consignados en el referido flujo migratorio databan de más de doce años atrás, cuando él era menor de edad. Con relación al punto a) de este acápite, de la revisión del acta de audiencia de apelación incidental de medidas cautelares de 5 de julio de 2023, se advierte que el peticionante de tutela no invocó dicho extremo como agravio ante la Vocal demandada; en ese contexto, corresponde remitirnos al criterio establecido en la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, en la que se precisó la siguiente causal de improcedencia de la acción de amparo constitucional por incumplimiento del principio de subsidiariedad: “…cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación…”. En consecuencia, no corresponde pronunciarse sobre el referido agravio; toda vez que, el accionante no hizo valer oportunamente ante la autoridad judicial demandada. Respecto al punto b) de este acápite, la Vocal demandada entendió que el impetrante de tutela ya tenía antecedentes de salir del país. Sobre el punto el impetrante de tutela no explicó de qué manera la decisión de la autoridad cuestionada sobre el peligro de fuga varió sustancialmente si se consideró la antigüedad de los viajes y su condición de menor de edad al momento de realizarlos sin expresar de qué manera esto incide en la decisión final. Al respecto, la SCP 0062/2025-S2 de 26 de febrero, estableció que: “…para que la justicia constitucional revise la valoración probatoria, es necesario que la parte accionante proceda a: 1) Identificar la prueba omitida en su valoración o valorada indebidamente; 2) Determinar cómo la obtención o la falta de producción de una prueba lesiona derechos y garantías; y, 3) Prestar atención a la relevancia constitucional; es decir, debe demostrarse que de haberse valorado una prueba en un determinado sentido, o en su caso de no hacerlo, los resultados del proceso habrían sido diferentes”, parámetros que no fueron cumplidos en la acción constitucional. Respecto al tercer cargo del objeto procesal En este punto, el accionante afirma que la autoridad judicial demandada fundamentó la persistencia del peligro de fuga establecido en el art. 234.7 del CPP en consideraciones abstractas sobre la gravedad de los delitos vinculados al narcotráfico, sin analizar su comportamiento personal ni la prueba que demostraba su carencia de antecedentes penales. Ahora bien, a efectos de verificar si lo alegado tiene mérito, corresponde remitirnos a los fundamentos del Auto de Vista 175/2023 respecto a esta temática, donde, en efecto, la Vocal demandada aborda los argumentos contextuales expuestos por la representación fiscal en cuanto al peligro de fuga de referencia, afirmando lo siguiente: 1) El tráfico de sustancias controladas representa una grave amenaza para la salud y el bienestar de la población, afectando principalmente a grupos vulnerables como niños, adolescentes, mujeres y personas en situación de calle; 2) Este delito genera graves impactos sociales, económicos y culturales, fortaleciendo organizaciones delictivas transnacionales y corrompiendo estructuras estatales y comerciales; 3) Las drogas afectan órganos vitales y el sistema nervioso central, generan dependencia y delincuencia derivada, afectando también a las familias de los consumidores; 4) Las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0969/2017-S3 de 25 de septiembre y 0015/2020-S2 de 11 de marzo vincularon el peligro de fuga con la naturaleza del delito más que con los antecedentes del imputado; y, 5) En la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 25 de noviembre de 1988, se enfatizó la necesidad de combatir el tráfico desde sus eslabones más cercanos a la comunidad, protegiendo a los menores. Posteriormente, para finalizar, la Vocal demandada en el Auto de Vista cuestionada refirió lo siguiente: “Tomando en cuenta que el proceso se encuentra en la etapa preparatoria y siendo que la camioneta marca TOYOTA TACOMA, con placa de circulación 319 DSK, color plata mismo que a la hora de intervención y secuestro del mismo se encontraban a bordo los señores WILBERT HAYRA ABREGU de nacionalidad peruana, DECO FALCON ABAD de nacionalidad peruana y Mario Suarez Bernal de nacionalidad boliviana mismos que se encuentran rebeldes en otro proceso y relacionado directamente como propietario del vehículo el Señor Misael Nallar Viveros por lo que su conducta se adecua a lo establecido en el 234 7) del CPP, el ahora imputado se constituye en un riesgo para la sociedad” (sic) denotando la complejidad en el número de participantes, recursos comprometidos, etc. En ese entendido, la Vocal demandada articuló las consideraciones generales referidas a la naturaleza y la trascendencia social de los ilícitos vinculados al tráfico de sustancias controladas con una circunstancia fáctica específica. Bajo tal parámetro, a diferencia de lo alegado por el impetrante de tutela, la configuración del peligro de fuga no se sustentó exclusivamente en la gravedad del delito atribuido, sino que se edificó sobre hechos concretos y determinados, mismos que no fueron oportunamente controvertidos. Por el contrario, cercenó el razonamiento de la autoridad jurisdiccional demandada y lo examina de forma parcializada, sin evidenciar de qué manera el hilo argumentativo, apreciado en su conjunto, se apartaba de los estándares de razonabilidad exigibles; razón por la cual corresponde denegar la tutela en lo que respecta a este extremo en la medida en la que esta Sala no efectúa de oficio la revisión de la decisión, debido a que no cuenta con la prueba, ni existe relación de inmediación con las partes limitándose a evidenciar si existió o no vulneración a derechos y garantías fundamentales, pero no a obrar como una instancia de revisión a decisiones penales. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada, obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 066/2023 de 17 de agosto, cursante de fs. 81 a 91, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justica de Beni; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López MAGISTRADO
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1139_2025-S2.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): f051df4f79017d4f3b24f45f93c35ad5d5e42a9168155160567c6fa6e6d54606
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