Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 4 de agosto de 2026
Deniega la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 011/2024 de 3 de mayo, cursante de fs. 35 a 37, pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1136/2026-S2 Sucre, 4 de agosto de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 63963-2024-128-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 011/2024 de 3 de mayo, cursante de fs. 35 a 37, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Mónica Claudia Irusta Flores en representación sin mandato de Beatriz Añaguaya Huanto contra Javier Flores Mamani, Juez y Zuleika Abelina Altamirano Torres, Secretaria, ambos del Juzgado de Ejecución Penal Tercero de la Capital del Departamento de La Paz; y, Betsaida Llanos Céspedes, Directora del Centro de Orientación Femenina de Miraflores del mismo departamento.
La accionante, a través de su representante sin mandato, denunció la lesión de su derecho a la libertad; toda vez que, el 26 de abril de 2024, cuando se encontraba en inmediaciones de la calle Santa Cruz de la zona Max Paredes de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, fue detenida de manera ilegal por dos funcionarios de la Policía Boliviana, quienes sin identificarse ni darle explicación alguna, la condujeron directamente al Centro Penitenciario de Miraflores del indicado departamento; por lo que, solicitó que se le conceda tutela. Ante ello, Javier Flores Mamani, Juez de Ejecución Penal Tercero de la Capital del Departamento de La Paz -ahora demandado-, refirió que: a) El 4 de abril de 2024, la causa penal relacionada a la accionante, fue radicada en el Juzgado a su cargo, en virtud a la emisión de la Sentencia Condenatoria 20/2018 de 15 de agosto -ejecutoriada-, emitida en contra de la nombrada por la comisión del delito de estafa; en dicho fallo, se dispuso el cumplimiento de la pena privativa de libertad de cuatro años; en consecuencia, ejerce el control del cumplimiento de la pena y de los beneficios penitenciarios; b) La impetrante de tutela, apeló la citada Sentencia por lo que, tuvo pleno conocimiento de la causa seguida en su contra, no pudiendo alegar lesión de derechos con base en su propia negligencia; por el contrario, estaba obligada a presentarse y cumplir la pena que le fue impuesta y no esperar su captura; y, c) La nombrada no demostró cuáles fueron los actos u omisiones ilegales o indebidos que le generaron indefensión. Por su parte, Zuleika Abelina Altamirano Torres, Secretaria del Juzgado de Ejecución Penal antes citado -codemandada-, sostuvo que carece de legitimación pasiva; pues, es la autoridad jurisdiccional quien dispone la emisión del mandamiento de captura, y que, dadas sus funciones, solo dio fe del mismo. A su vez, Betsaida Llanos Céspedes, Directora del Centro de Orientación Femenina de Miraflores del departamento de La Paz -codemandada-, manifestó que, el 26 de abril de 2024, la accionante ingresó al citado Centro, con un mandamiento de captura emitido por el Juez demandado, el mismo que fue ejecutado por funcionarios policiales en cumplimiento de sus funciones. El Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 011/2024 de 3 de mayo, cursante de fs. 35 a 37, denegó la tutela solicitada; al efecto sostuvo que, el demandado únicamente ejerció las facultades que le otorga la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) -Ley 2298 de 20 de diciembre de 2001-; respecto a la Secretaria codemandada, que no se estableció de forma concreta el grado de su participación en relación a los hechos denunciados; y, en cuanto a la Directora codemandada, que solamente dio cumplimiento al mandamiento de captura. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se determinó la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Por ello, el formato del presente fallo se ajusta a lo precedentemente determinado.
La SC 0008/2010-R de 6 de abril, estableció que: “El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas” (las negrillas nos pertenecen).
La accionante, activó la presente acción de libertad alegando que fue detenida por funcionarios de la Policía Boliviana, quienes la condujeron directamente al Centro de Orientación Femenina de Miraflores del departamento de La Paz, sin brindarle explicación alguna sobre las razones de dicha actuación; sostiene además que nunca fue notificada con actuado judicial previo alguno; por lo que, considera que su privación de libertad resulta ilegal y lesiva de su derecho a la libertad. Al respecto, de los antecedentes, se evidencia que la causa penal seguida contra la accionante fue radicada el 4 de abril de 2024 ante el Juzgado de Ejecución Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, en virtud de la existencia de la Sentencia Condenatoria 20/2018 de 15 de agosto -ejecutoriada-, que le impuso la pena privativa de libertad de cuatro años por la comisión del delito de estafa, extremo acreditado por el decreto cursante a fs. 30. Asimismo, se advierte que el 5 de abril del mismo año, dicha autoridad emitió el correspondiente mandamiento de captura para cumplimiento de condena, disponiendo su ejecución conforme al art. 430 del Código de Procedimiento Penal (CPP), según consta a fs. 31. En ese contexto, corresponde precisar que, al momento de interponerse la presente acción de libertad, el proceso penal se encontraba bajo el control jurisdiccional del Juez de Ejecución Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, autoridad a la que la ley atribuye la competencia para conocer y resolver todas las incidencias que surjan durante la etapa de ejecución de la sentencia. En consecuencia, cualquier cuestionamiento relacionado con la ejecución del mandamiento de captura o con la supuesta falta de notificación con actuaciones procesales previas debía ser planteado, en primera instancia, ante dicha autoridad jurisdiccional, a efectos de que, en ejercicio de sus atribuciones legales, verifique los extremos denunciados y, de ser evidente la lesión alegada, disponga las medidas correctivas correspondientes. En ese sentido, si la accionante consideraba que no fue legalmente notificada con las actuaciones procesales que precedieron a la emisión del mandamiento de captura, correspondía que previamente acudiera ante el Juez de Ejecución Penal exponiendo tales circunstancias y activando los mecanismos procesales idóneos previstos para solicitar, según corresponda, la nulidad de actuados o cualquier otra medida destinada al restablecimiento de los derechos que considera vulnerados. Sin embargo, optó por acudir directamente a la jurisdicción constitucional, sin haber brindado a la autoridad que ejerce el control jurisdiccional la posibilidad de conocer y resolver previamente dichos reclamos. En consecuencia, conforme al entendimiento jurisprudencial desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad únicamente procede de manera directa cuando no existan mecanismos específicos, idóneos y oportunos para restablecer el derecho lesionado o cuando, habiendo sido activados, estos resulten insuficientes para reparar la vulneración denunciada; ninguno de dichos supuestos concurre en el caso analizado; por el contrario, se evidencia que la accionante omitió acudir previamente ante la autoridad judicial competente en aplicación del art. 169 del CPP, para plantear los reclamos que ahora formula en sede constitucional, razón por la cual corresponde denegar la tutela solicitada, al verificarse la concurrencia del principio de subsidiariedad excepcional que rige la presente acción de defensa, lo que impide un análisis de fondo. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 011/2024 de 3 de mayo, cursante de fs. 35 a 37, pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1136_2026-S2.pdf · páginas 1 a 5.
Huella digital del PDF (SHA-256): 2cebb5fe81d58f30adf1883d8f2a5d59162d12ea2df3e4946beda777323b8a7f
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