Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 19 de septiembre de 2025
Deniega la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de motivación, fundamentación y valoración de la prueba, vinculando a la libertad, a la presunción de inocencia, a la certidumbre jurídica y los principios de congruencia y seguridad jurídica; alegando que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, la Vocal demandada al pronunciar el Auto de Vista 70/2023-SP2 de 29 de marzo, que declaró sin lugar a la impugnación planteada, no efectuó una correcta fundamentación y motivación respecto a los motivos que determinaron la imposición de la medida extrema, no habiendo respondido de manera concreta a los agravios que planteó, conforme a lo establecido en el art. 398 del CPP; asimismo, se evidenció una omisión arbitraria en la valoración de los medios probatorios, a fin de determinar la persistencia o no de los peligros procesales; por el contrario, se sustentó en cuestiones subjetivas y sin respaldo alguno. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 03/2023 de 20 de abril, cursante de fs. 134 a 139, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Yacuiba del departamento de Tarija; y en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, en virtud a los razonamientos expresados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Dimensionar los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, manteniendo vigentes todas las medidas y acciones que pudieron derivar de la concesión parcial de la tutela por parte del citado Tribunal de garantías, conforme a lo expuesto en el Fundamento Jurídico precedente.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1136/2025-S3 Sucre, 19 de septiembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 55263-2023-111-AL Departamento: Tarija En revisión la Resolución 03/2023 de 20 de abril, cursante de fs. 134 a 139, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Cristian Alejandro Moreno contra Gemma Marcela Baldiviezo Tavera, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija.
Por memorial presentado el 19 de abril de 2023, cursante de fs. 110 a 118, el accionante expresó que:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de abuso sexual, en la audiencia de cesación de la detención preventiva, celebrada el 14 de marzo de 2023, el Juez de la causa le negó su solicitud, manteniendo la extrema medida; por lo que, interpuso recurso de apelación incidental; a tal efecto, la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija -ahora demandada-, en audiencia pronunció el Auto de Vista 70/2023-SP2 de 29 de marzo, declarando sin lugar a su impugnación, confirmando la Resolución apelada. Sin embargo, dicha autoridad de alzada al emitir su fallo, no asumió los criterios esenciales, a efectos de resolver su situación jurídica; puesto que, no se evidenció una debida ponderación respecto a los motivos que determinaron la imposición de la medida de última ratio y cuáles los nuevos elementos de convicción aportados, a objeto de demostrar que ya no concurren o denoten la conveniencia que la medida sea sustituida por otra. Tampoco se advirtió una correcta fundamentación y motivación en la decisión asumida, no habiendo respondido de manera concreta a los agravios planteados en su recurso de apelación, conforme a lo establecido en el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP); asimismo, omitió de manera arbitraria la valoración de los medios probatorios, sin efectuar una evaluación integral sobre los parámetros y criterios objetivos, a fin de determinar la persistencia o no de los peligros procesales, menos realizó un test sobre los aspectos favorables o desfavorables que informen al caso; contrariamente, se sustentó en cuestiones subjetivas y sin respaldo alguno.
Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de motivación, fundamentación y valoración de la prueba, vinculando a la libertad, a la presunción de inocencia, a la “certidumbre jurídica” y los principios de congruencia y seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 22, 23.I, 115.I, 116.I, 117.I y II, 119, 180 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo la nulidad del Auto de Vista 70/2023-SP2 y se pronuncie una nueva resolución motivada y congruente, que realice una interpretación según los parámetros constitucionales “delineados” en la jurisprudencia constitucional.
Celebrada la audiencia pública virtual el 20 de abril de 2023, según consta en acta cursante de fs. 132 a 133 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, reiteró in extenso los fundamentos expuestos en su memorial de acción de libertad.
Isabel Andrea Roymant Valdéz, Fiscal de Materia, en audiencia de garantías solicitó se declare sin lugar la presente acción tutelar; en virtud a que, el riesgo de obstaculización sigue activo, al ser el accionante familiar de la víctima, “…y el peligro de fuga también activado dado que el acusado cuenta nos encontramos en un país vecino al cual se puede acceder fácilmente” (sic).
Gemma Marcela Baldiviezo Tavera, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, conforme señaló el Tribunal de garantías en su Resolución, habría presentado informe escrito, -el mismo que sin embargo, no fue adjuntado al expediente- refiriendo que, con relación a los agravios formulados por el peticionante de tutela, de la revisión de actuados y las pruebas presentadas, se advierte que no son evidentes los extremos referidos, al no haberse vulnerado los derechos a la libertad, al debido proceso y a la presunción de inocencia, ajustándose a la ley; por lo que, solicitó se deniegue la tutela impetrada (fs. 135 vta.).
El Tribunal de Sentencia Penal Primero de Yacuiba del departamento de Tarija, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 03/2023 de 20 de abril, cursante de fs. 134 a 139, concedió “en parte” -aunque la concesión fue total, constituyendo el término en parte un error formal del Tribunal de garantías- la tutela solicitada, disponiendo que la Vocal demandada, emita un nuevo pronunciamiento en relación al trabajo, la doble nacionalidad y al peligro de obstaculización. Decisión asumida, con base en los siguientes fundamentos: a) Se observó que la Vocal demandada al emitir el Auto de Vista 70/2023-SP2, no respondió al accionante en cuanto al domicilio, previsto en el art. 234.1 del CPP; b) Con relación al componente trabajo, se tiene como antecedente el acta de audiencia de cesación de la detención preventiva de 31 de diciembre de 2022, donde se generó esa situación; y, en la audiencia de 14 de marzo de 2023, se añadió un nuevo elemento, solicitando un documento que acredite la existencia actual de la empresa “BORDO”; sin embargo, el fallo objetado no dio una respuesta en concreto a esa petición, pues se le pidió que se pronunciara respecto a este nuevo componente, transgrediendo el principio de congruencia y el debido proceso; c) En cuanto al art. 234.2 del indicado Código, el peticionante de tutela señaló que este riesgo procesal se activó bajo el supuesto de la doble nacionalidad; y, en la segunda audiencia de cesación de la medida extrema, indicó que era boliviano, presentando documentación que acredita ese hecho; empero, no se tuvo una respuesta por parte de la Vocal demandada, existiendo contradicción que no dio certidumbre jurídica al prenombrado, lesionando el debido proceso y los principios de legalidad y congruencia; y, d) Respecto al art. 235.2 del citado Código, se activó por la falta de declaración de testigos y un supuesto ofrecimiento de dinero que realizó la actual pareja del impetrante de tutela a la madre de la víctima, siendo esos los elementos para activar ese peligro procesal; en la referida audiencia de cesación, le sorprendieron al indicado con la aparición de un nuevo elemento como es la acusación, lo cual vulnera el debido proceso.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Cristian Alejandro Moreno -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de abuso sexual agravado, en audiencia de solicitud de cesación de la detención preventiva, el Juez de Instrucción Penal Segundo de Yacuiba del departamento de Tarija, emitió el Auto Interlocutorio 92/2023 de 14 de marzo, disponiendo mantener la medida extrema, negando el pedido del peticionante de tutela. Al finalizar dicho actuado, el prenombrado a través de su abogado, interpuso recurso de apelación incidental, al amparo del art. 251 del CPP (fs. 2 a 5). II.2. En audiencia virtual de apelación incidental, la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija -ahora demandada-, pronunció el Auto de Vista 70/2023-SP2 de 29 de marzo, declarando sin lugar a la impugnación planteada, y en su caso confirmó el fallo recurrido (fs. 6 a 8 vta.).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de motivación, fundamentación y valoración de la prueba, vinculando a la libertad, a la presunción de inocencia, a la certidumbre jurídica y los principios de congruencia y seguridad jurídica; alegando que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, la Vocal demandada al pronunciar el Auto de Vista 70/2023-SP2 de 29 de marzo, que declaró sin lugar a la impugnación planteada, no efectuó una correcta fundamentación y motivación respecto a los motivos que determinaron la imposición de la medida extrema, no habiendo respondido de manera concreta a los agravios que planteó, conforme a lo establecido en el art. 398 del CPP; asimismo, se evidenció una omisión arbitraria en la valoración de los medios probatorios, a fin de determinar la persistencia o no de los peligros procesales; por el contrario, se sustentó en cuestiones subjetivas y sin respaldo alguno. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La jurisprudencia constitucional estableció de manera uniforme, la observancia de las condiciones y formalidades que debe cumplir la resolución que disponga la detención preventiva de un imputado, exigencia que debe ser observada tanto por el juez de instrucción penal como por el tribunal de alzada; en esa perspectiva, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, sostuvo: “…la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/o obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares…” (las negrillas nos corresponden).
Respecto a los límites que deben observar los tribunales de alzada, al momento de conocer y resolver los recursos de apelación presentados por las partes, en el marco de la aplicación de medidas cautelares, el art. 398 del CPP, establece lo siguiente: “Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución” (las negrillas son añadidas). Sobre la norma legal precedentemente referida, la SCP 0077/2012 de 16 de abril, concluyó que: “…los tribunales de alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expresados en la apelación, no pudiendo ir más allá de lo que la parte apelante no hubiere cuestionado respecto de la resolución apelada, dado que el ámbito en el que deben circunscribir su actuación es a resolver los aspectos impugnados de quien tiene derecho de recurrir.
(…) En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva…” (énfasis agregado). Asimismo, la SCP 0011/2018-S2 de 28 de febrero, sostuvo que: “…el deber de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales también ataña a los tribunales de apelación; sobre el particular, la jurisprudencia constitucional recalcó la importancia que los tribunales de segunda instancia fundamenten sus decisiones, debido a que en los hechos hacen una revisión de la resolución del inferior, teniendo especial importancia la determinación del tribunal de apelación que revisa una resolución que ha impuesto, revocado, modificado una medida cautelar o que sustituye u ordena la cesación de una detención preventiva por su vinculación con los derechos a la libertad y a la presunción de inocencia” (las negrillas son añadidas). Por otra parte, la SCP 0903/2012 de 22 de agosto, sostuvo lo siguiente: “…la fundamentación y motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo”. Entendimiento que fue reiterado por la SCP 005/2020-S3 de 2 de marzo, añadiendo que: «Los entendimientos asumidos por la jurisprudencia constitucional, resultan aplicables a todos los fallos que resuelven cuestiones de fondo, indistintamente si son emitidos por autoridades judiciales en primera o segunda instancia, siendo deber de las mismas cumplir indefectiblemente con las exigencias de la motivación y fundamentación como elementos del debido proceso, entre otros. Sobre este particular la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Tristán Donoso Vs. Panamá sostuvo que: “…la motivación ‘es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión’. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática”; en tal sentido, se tiene que la motivación debe ser entendida como la justificación razonada de los fallos mediante la cual el juzgador arriba a una conclusión y asume una decisión; imperativo por el que toda resolución debe contener el desarrollo de los razonamientos por los cuales se emite el pronunciamiento vinculados con cada uno de los asuntos sometidos a la decisión del juzgador, esto es, las razones fácticas y circunstancias de hecho y probatorias que sustenten la determinación asumida, constituyendo por ende la motivación de todo fallo un deber fundamental inexcusable al momento de resolver los asuntos que conozcan. Por otra parte, la fundamentación constituye la estructura jurídico-legal que sustenta los entendimientos expresados por el administrador de justicia, quien recurre sistemáticamente a las normas del ordenamiento jurídico a objeto de resolver las causas sujetas a su conocimiento, ello implica que las razones fácticas o criterios que son parte de la motivación se subsumen a la norma aplicable al caso, configurando ello los razonamientos legales de la decisión» (las negrillas corresponden al texto original).
Al respecto, la SCP 0538/2012 de 9 de julio, expresó lo siguiente: “Conforme prevén los arts. 233 y 239.1 del CPP, se ponderan elementos de convicción suficientes que determinen que el imputado es con probabilidad autor o partícipe del hecho y que no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; situación que puede ser modificable y fijar su cesación, cuando nuevos elementos de juicio demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente su sustitución. Ahora bien, importa referirse a la valoración de la prueba; aplicable también a en estos casos, al pertenecer a la jurisdicción ordinaria. Al respecto, este Tribunal de manera reiterada y constante, expresó que la valoración de la prueba en las solicitudes de cesación a la detención preventiva, es atribución exclusiva de la jurisdicción ordinaria, concerniéndole excepcionalmente a la jurisdicción constitucional revisar si dicha labor se enmarcó en los principios que la regula, así como los de razonabilidad y equidad, más no efectuarla, así lo determinó el Tribunal Constitucional a través de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, al señalar: ‘…debe precisarse que el control de constitucionalidad, solamente puede operar en la medida en la cual se cumplan los siguientes presupuestos a saber: a) Exista un apartamiento flagrante de los principios de razonabilidad, proporcionalidad y objetividad; ó b) La autoridad jurisdiccional o administrativa, incurra en una conducta omisiva, que se traduzca en dos aspectos concretos a saber: i) No recibir los medios probatorios ofrecidos, ii) No compulsar los medios probatorios producidos, entonces, siguiendo el razonamiento ya plasmado en las SSCC 0873/2004-R, 0106/2005-R, 0129/2004-R, 0797/2007-R y 0965/2006-R entre otras, se tiene que solamente en el caso de cumplirse los presupuestos antes citados puede operar el control de constitucionalidad para restituir así los derechos fundamentales afectados, en consecuencia, el incumplimiento de los parámetros establecidos supra, generaría que el órgano contralor de constitucional adquiera una disfunción tal que lo convertiría en una instancia casacional, situación que no podría ser tolerada en un Estado Constitucional’, líneas jurisprudenciales reiteradas por las SSCC 0019/2012-R, 0880/2011-R y 0222/2010-R. De lo referido, se establece que solo en el caso de cumplirse los presupuestos señalados, puede operar el control de constitucionalidad para la restitución de los derechos vulnerados, entre tanto, no concurran los mismos, el Tribunal Constitucional Plurinacional no puede realizar una valoración probatoria (SC 1926/2010-R de 25 de octubre). Asimismo la SC 0779/2011-R de 20 de mayo estableció: ‘La valoración de los elementos que sustentan las decisiones de las autoridades judiciales de la jurisdicción ordinaria, es facultad privativa de ellas, en virtud a los principios de legalidad e inmediación que hacen tanto a su incorporación como a su ponderación tomando en cuenta el objeto a probar; es decir, su pertinencia, así como su oportunidad. No es posible rehacer ese equilibrio a través de la lectura de actas, incurriendo en meros subjetivismos, pues de así hacerlo, este Tribunal, se convertiría en una instancia revisora de la actividad valorativa probatoria de otra jurisdicción, situación que resultaría contradictoria con los fines específicos que esta instancia debe cumplir en su calidad de contralor de la constitucionalidad’” (las negrillas corresponde al texto original). Entendimiento reiterado por la SCP 0221/2018-S3 de 14 de junio.
De la compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se llega a evidenciar que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Cristian Alejandro Moreno -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de abuso sexual agravado, en audiencia de solicitud de cesación de la detención preventiva, el Juez de Instrucción Penal Segundo de Yacuiba del departamento de Tarija, emitió el Auto Interlocutorio 92/2023 de 14 de marzo, disponiendo mantener la medida extrema, negando el pedido del peticionante de tutela. A la finalización de dicho actuado procesal, el prenombrado a través de su abogado, interpuso recurso de apelación incidental, al amparo del art. 251 del CPP; a tal efecto, la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija -ahora demandada-, pronunció el Auto de Vista 70/2023-SP2 de 29 de marzo, declarando sin lugar a la impugnación planteada, y en su caso confirmó el fallo recurrido. Ahora bien, ingresando a examinar el fondo del presente caso, con el fin de establecer si las denuncias expresadas por el peticionante de tutela, respecto a la falta de respuesta a los agravios expuestos, en función al art. 398 del CPP, la no valoración de la prueba presentada y la carencia de motivación y fundamentación en el Auto de Vista ahora confutado, son evidentes o no; corresponde en primera instancia, identificar los agravios expresados en el recurso de apelación incidental formulado, los mismos que se hallan transcritos en el indicado fallo de alzada; en mérito a ello, se colige lo siguiente: 1) Respecto al art. 234 del CPP, referido al domicilio, el Juez a quo observó que carecía de requerimiento fiscal; por ello, presentó el mismo en la audiencia, además actualizó los certificados de domicilio y adjuntó boletas de luz y agua, así como la certificación de la Organización Territorial de Base (OTB); empero, la citada autoridad señaló que existía una contradicción en cuanto a la referencia del barrio y un error por parte del funcionario policial. Sin embargo, todos los elementos presentados refieren que su domicilio es en el local 15 de abril entre Juan XXII y Campero, y que no valoró correctamente los indicios; 2) En cuanto a la actividad laboral, el Juez de la causa exigió un contrato vigente, “…y es que han presentado una certificación emitida por yacimientos en el que se tiene un contrato vigente y que tiene orden de trabajo para realizar, también se hubiera observado que se acredite la capacidad de trabajo, pero no existe el trabajo de ayudante tener una especialidad o algún curso, toda vez, que es como ayudante que solamente va a pasar tubos y otros, también se ha exigido por parte del Juez aquo que se acredite contratos privados, tomando en cuenta de que las conexiones son gratuitas realizadas por el Estado y ha exigido otras cosas que no se pidieron anteriormente” (sic);
3) Con relación al riesgo procesal sobre la vulnerabilidad de la víctima,
“…se ha tomado en cuenta que el autor estuviera a cargo de educación…” (sic); por lo que, la Resolución de la referida autoridad judicial se encuentra sin fundamento; pues, las medidas cautelares son variables y no causan estado; no habiendo valorado los nuevos elementos como la documental de laboratorio, donde no se encontró ningún tipo de grado alcohólico u otro como droga en la menor; y, 4) En lo referente al peligro de obstaculización, presentó un requerimiento fiscal, para que el asignado al caso emita un informe si existe algún perito o persona que haya sufrido alguna amenaza o solicitado protección, situación que no se dio; asimismo, el Juez de la causa fundamentó que se encuentran a puertas del juicio, para que declaren los testigos, quienes; sin embargo, de manera reticente, podrían no presentar su declaración. Por todo ello, en el Auto Interlocutorio 92/2023, no existiría una debida fundamentación y motivación, vulnerando el debido proceso.
A su turno, la Vocal demandada a través del Auto de Vista 70/2023-SP2, declaró sin lugar al recurso de apelación interpuesto, y en su caso confirmó el fallo impugnado, con los siguientes fundamentos: i) Respecto al domicilio, el Juez inferior valoró correctamente los elementos probatorios, manteniendo activo el riesgo procesal, al haber incurrido en un error el funcionario policial que realizó la verificación del mismo; hecho que no dio la certeza ni la seguridad del domicilio legal del imputado -hoy accionante-; por lo que, no se advirtió la vulneración del debido proceso con relación a ese elemento; puesto que, de manera clara y precisa dicha autoridad explicó la razón por la que no dio credibilidad, al encontrarse contradicciones marcadas; ii) Con relación al trabajo, la autoridad judicial no se apartó de lo exigido por la norma; ya que, todo trabajo debe indicar mínimamente el lugar, el barrio o el distrito donde se estuvieran realizando las conexiones del gas domiciliario; siendo una documental idónea, las boletas de contrato con los barrios donde se estuvieran instalando, las certificaciones de conexiones privadas o de algunas instituciones públicas; no se exigió un contrato privado con los dueños o propietarios de los inmuebles beneficiarios de la conexión de gas, sino se observó que como prueba, deberían adjuntarse dichas boletas y certificaciones. iii) Valoró las demás pruebas presentadas, como son las documentales de pago del Gobierno Autónomo Municipal y la certificación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) que requiere sobre la licencia de operación de vigencia, de acuerdo al detalle que especifica su actividad, señalando también las demás pruebas, sin omitir ninguna de ellas; refiriendo inclusive, que se tiene un contrato con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), donde se hubiera contratado al peticionante de tutela por un determinado tiempo, el 18 de febrero de 2021, indicando de manera detallada que no existiría ninguna nota de 2023, para que se pueda tener la certeza de que está efectuando sus actividades; no habiéndoles otorgado un valor positivo a los elementos probatorios; puesto que, no son documentales idóneas para acreditar el trabajo del prenombrado, manteniendo por ello el art. 234.1 del CPP;
iv) En cuanto al art. 234.2 del referido Código, se activó ese riesgo procesal por la doble nacionalidad del impetrante de tutela; puesto que, al tener el Documento Nacional de Identidad (DNI) de extranjero, tenía las facilidades para abandonar el país y estar oculto en la República Argentina, y habiendo valorado la prueba documental presentada referida a sentencias constitucionales de Gabriela Pizarro y otro caso de corrupción, “…no se debe considerar subjetivamente para activar el riesgo procesal en base a la documentación extranjera y es que no se ha considerado la doble nacionalidad del imputado en esta sentencia y que con lo cual no corresponde desactivar dicho riesgo procesal” (sic);
Con relación al peligro de obstaculización, previsto en el art. 235.2 v)
del indicado Código, al momento de mantener firmes los riesgos procesales, el Juez a quo tomó también en cuenta la perspectiva de género que conlleva a otorgarle mayor protección a la víctima, tal y como lo establecen los estándares internacionales, que determinan los aspectos que se deben considerar y que emergen de la Constitución Política del Estado, cual es el derecho de las mujeres de llevar una vida libre, y en este caso específicamente la protección reforzada de una mujer; y, vi) La indicada autoridad judicial, realizó una correcta valoración de los elementos presentados por la defensa, fundamentando y activando debidamente las razones por las que mantuvo activos los riesgos procesales; por consiguiente, la detención preventiva del solicitante de tutela, aplicando lo previsto por la SCP “0353/2018-S2”, en lo que respecta a aquellos aspectos de consideración de las víctimas, al tratarse de un hecho contra la libertad sexual, debiendo aplicarse el art. 4 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, y lo afirmado por el art. 193 del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA).
De acuerdo al desarrollo jurisprudencial expresado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, los tribunales de alzada al momento de conocer y resolver un recurso de apelación incidental, están obligados a responder a los agravios expuestos en el mismo -según dispone el art. 398 del CPP-, no pudiendo ir más allá de lo que la parte recurrente no hubiere cuestionado respecto de la resolución apelada, emitiendo, asimismo, una resolución debidamente motivada y fundamentada, en observancia de lo dispuesto por el art. 124 del citado Código.
Teniendo presente el entendimiento jurisprudencial expresado en líneas precedentes y de los fundamentos esgrimidos en el Auto de Vista ahora cuestionado, se advirtió claramente que todos los agravios denunciados por el accionante en su recurso de apelación incidental, fueron considerados y respondidos por la Vocal demandada, justificando razonablemente su decisión de declarar sin lugar la impugnación planteada; y, en consecuencia confirmar el Auto Interlocutorio 92/2023, pronunciado por el Juez de Instrucción Penal Segundo de Yacuiba del departamento de Tarija, al no advertir agravio alguno respecto a los riesgos procesales previstos en los arts. 234.1 y 2 y 235.2 del CPP. Esto debido a que, analizados los argumentos esgrimidos en respuesta a los agravios expresados, los mismos contienen la suficiente fundamentación y motivación que sustenta su determinación, acorde con los preceptos jurídicos procesales pertinentes; dado que, adecuó su actuación conforme a lo previsto en los arts. 398 y 124 del Código Adjetivo Penal, así como la jurisprudencia constitucional citada; haciendo hincapié a que, la aludida fundamentación y motivación no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, sino que integre todos los puntos demandados, no dejando margen de duda respecto a su determinación; extremo que en el caso que se analiza efectivamente aconteció. Cabe aclarar además que, por mandato de la ley, las autoridades jurisdiccionales tienen facultades privativas para determinar la detención preventiva de los imputados, aplicar medidas sustitutivas a la misma, disponer la cesación o mantener la impuesta con la debida fundamentación, hecho que sucedió en el caso analizado respecto a la autoridad demandada, quien adecuó su actuación conforme lo previsto por la jurisprudencia descrita en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional. Por los argumentos mencionados precedentemente, no se evidenció la vulneración del derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia, vinculando a la libertad, correspondiendo en tal mérito denegar en parte la tutela demandada. Con relación a la valoración de la prueba, expresada también entre los argumentos del peticionante de tutela, cabe mencionar que la misma es una atribución exclusiva de la vía ordinaria, concerniendo excepcionalmente a la jurisdicción constitucional, en la medida en que se cumplan los presupuestos plasmados expresamente en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; lo que, en el caso que se analiza no aconteció. Respecto a los derechos a la presunción de inocencia y a la “certidumbre jurídica”, no se advirtió cómo se habrían vulnerado los mismos; y, con relación al principio de seguridad jurídica, es pertinente señalar que la jurisdicción constitucional no tutela principios de manera directa, sino cuando se encuentran vinculados a un derecho fundamental.
Finalmente, en mérito a la denegatoria de la tutela, corresponde aplicar lo previsto por el art. 28.II del Código Procesal Constitucional (CPCo), que establece: “La parte resolutiva del fallo sobre el fondo de la acción, demanda, consulta o recurso podrá determinar su dimensionamiento en el tiempo y los efectos sobre lo resuelto”, dimensionando los efectos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, considerando el tiempo transcurrido desde la emisión de la Resolución emitida por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Yacuiba del departamento de Tarija, constituido en Tribunal de garantías, que data del 20 de abril de 2023 y los efectos de lo resuelto, al haber concedido “en parte” -pese a que la concesión fue total, constituyendo el término en parte un error formal del Tribunal de garantías- la tutela solicitada. En ese contexto, corresponde mantener vigentes y subsistentes las acciones que hayan derivado de la mencionada concesión, ello en resguardo del principio de seguridad jurídica y evitando que los efectos de este fallo constitucional repercutan de manera negativa en las partes. En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber concedido “en parte” -aunque la concesión fue de forma total- la tutela impetrada, no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 03/2023 de 20 de abril, cursante de fs. 134 a 139, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Yacuiba del departamento de Tarija; y en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, en virtud a los razonamientos expresados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Dimensionar los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, manteniendo vigentes todas las medidas y acciones que pudieron derivar de la concesión parcial de la tutela por parte del citado Tribunal de garantías, conforme a lo expuesto en el Fundamento Jurídico precedente. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1136_2025-S3.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): 692e0f196e0fed8452b88da3d8d07d367e76bee47f306ea3d02ea5487af63316
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →