Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 25 de septiembre de 2023
Concede la tutela
El accionante denuncia que la parte demandada lesionó sus derechos a la estabilidad y continuidad laboral, al trabajo y remuneración, a la salud y a la seguridad social, debido a que dicha institución, no obstante haberlo reincorporado por Memorándum 255/2022 de 5 de mayo, en cumplimiento a la Conminatoria de Reincorporación Laboral JDTSC/JCCHS/CONM. 039/2022 de 23 de febrero y la Resolución Administrativa JDTSC/JCCHS/R.R. 096/2022 de 25 de abril, que confirmó la conminatoria; la institución ahora demandada, lo retiró del cargo a través del Memorándum de agradecimiento 343/2022 de 7 de junio, indicando como último día laboral el 17 de junio de 2022, desconociendo así su estabilidad laboral y lo dispuesto en la referida Conminatoria, puesto que fue cumplida parcialmente, toda vez que sólo reconoció la reincorporación laboral por su condición de padre progenitor en contraposición a lo manifestado por la Jefatura Departamental del Trabajo en dicha Conminatoria que estableció que debía permanecer en su fuente laboral por haber suscrito varios contratos de trabajo, existiendo tácita reconducción, por lo que obvió su estabilidad y continuidad laboral establecida en la Constitución Política del Estado. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 50 de 21 de marzo de 2023, cursante de fs. 148 a 150, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos señalados en la Conminatoria de Reincorporación Laboral JDTSC/JCCHS/CONM. 039/2022; y, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1136/2023-S1 Sucre, 25 de septiembre de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 54482-2023-109-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 50 de 21 de marzo de 2023, cursante de fs. 148 a 150, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Óscar Alfredo Vásquez Zambrana contra Vicente Remberto Cuéllar Tellez, Rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM).
Por memoriales presentados el 7 y 13 de marzo de 2023, cursantes de fs. 50 a 59; y, 116 a 119, el accionante expuso los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Señala que la Resolución Ministerial 1131/22 de 23 de septiembre, confirmó totalmente la Resolución Administrativa JDTSC/JCCHS/R.R. 096/2022 de 25 de abril, y consecuentemente confirmó la Conminatoria de Reincorporación Laboral JDTSC/JCCHS/CONM. 039/2022 de 23 de febrero, por inamovilidad laboral - padre progenitor. En cumplimiento de la referida Conminatoria de Reincorporación Laboral, por Memorándum de 5 de mayo de 2022, la institución ahora demandada lo reincorporó a su fuente laboral; empero, lo retiró a través del Memorándum de agradecimiento 343/2022 de 7 de junio, tomándose como último día laboral el 17 de junio del mismo año, desconociendo su estabilidad laboral y sin que hayan sido cancelados sus sueldos devengados, correspondiente a los meses de enero a abril de 2022, no obstante que fue ordenado el pago por la Jefatura Departamental del Trabajo en la Conminatoria emitida.
La UAGRM cumplió parcialmente la conminatoria, reincorporándolo por motivos del nacimiento de su hija menor, la misma que en aquel entonces no llegaba al año de nacida, pero obvió su estabilidad y continuidad laboral establecida en la Constitución Política del Estado, pues sólo reconoció la misma por su condición de padre progenitor, en contraposición a lo manifestado por la Jefatura Departamental del Trabajo en la Conminatoria de Reincorporación que estableció que debía permanecer en su fuente laboral por haber suscrito varios contratos de trabajo, existiendo tácita reconducción. Como consecuencia de la Resolución Ministerial 1131/22 de 23 de septiembre, solicitó a la Jefatura Departamental del Trabajo, verifique el cumplimiento de dicha resolución, quienes informaron que la UAGRM, no dio cumplimiento a la orden de reincorporación, sin tener respuesta hasta la fecha, correspondiendo en consecuencia su contratación de carácter indefinido, lo cual ha sido maliciosamente interpretado por la institución demandada, vulnerando de esta manera sus derechos y garantías constitucionales.
Considera lesionados sus derechos a la estabilidad y continuidad laboral, al trabajo y remuneración, a la salud y a la seguridad social, citando al efecto los arts. 18.I. y II, 35.I, 45.I, II y III, 46.I.1 y 2, 48.I y II, 49.III de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda tutela, y en consecuencia se disponga la reincorporación a su fuente laboral con el mismo sueldo que percibía al momento del despido injustificado el 17 de junio de 2022, más el pago de todos los sueldos devengados correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril y parte de junio y subsiguientes meses hasta la fecha efectiva de su reincorporación y demás derechos laborales que le corresponden.
La audiencia pública de consideración de la acción de amparo constitucional, se realizó el 21 de marzo de 2023, según consta en acta cursante de fs. 143 a 148, produciéndose los siguientes actuados:
El accionante, por medio de su abogado, ratificó íntegramente los términos de su demanda tutelar.
Vicente Remberto Cuéllar Tellez, Rector de la UAGRM, por medio de abogado y apoderado Edwin Osinaga Solares, en audiencia señaló: a) Mediante el Memorándum 255/2022 de 5 de mayo, la UAGRM, dio cumplimiento a la Conminatoria de Reincorporación Laboral JDTSC/JCCHS/CONM. 039/2022 de 23 de febrero; b) El accionante no ha cumplido con los principios de inmediatez y subsidiariedad que rigen la acción de amparo constitucional; ya que desde que se le notificó a la Universidad con esa conminatoria, le empezó a correr el plazo de los seis meses que rige el principio de inmediatez, sin perjuicio que el empleador haga uso de los recursos administrativos; es así que ante la negativa por parte del empleador de dar cumplimiento, abre inmediatamente la posibilidad de activar la acción de amparo constitucional, no siendo necesario esperar que la vía administrativa se encuentre en estado de ejecutoria, en este caso el cómputo del plazo de los seis meses de inmediatez comenzará a correrá a correr a partir de que el empleador se rehúse a cumplir la misma; c) De acuerdo a los antecedentes descritos y a la jurisprudencia constitucional, el accionante tenía la posibilidad de formular su acción en dos momentos; el primero, al momento de efectuar la notificación al empleador con la conminatoria de reincorporación, y el segundo, cuando se le notificó con el Memorándum de agradecimiento. El accionante considera que el Memorándum 255/2022 de 5 de mayo es engañoso y que no se ha cumplido con la conminatoria; sin embargo, desde esa fecha hasta la presentación de esta demanda el 7 de marzo de 2023, transcurrieron más de diez meses, es decir no ha cumplido con el plazo de seis (6) meses; d) Con respecto a la emisión del Memorándum de agradecimiento 343/2022 de 7 de junio, de igual forma se encuentra fuera del plazo para interponer la acción de amparo constitucional, pero además este es un nuevo hecho, por cuanto el accionante no ha realizado previamente su reclamo a la Jefatura del Trabajo. Corresponde señalar que la Ley de Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales -Ley 1468 de 30 de septiembre de 2022-, vigente desde noviembre de 2022, tiene por objeto resguardar el derecho al trabajo, a la estabilidad laboral, en caso de despido injustificado, la inamovilidad laboral, la falta de pago, remuneración y otros, esta Ley ha creado un procedimiento sumario para la restitución de los derechos laborales. En ese sentido, el accionante, antes de acudir ante la justicia constitucional, tiene la obligación de agotar los recursos y mecanismos administrativos previos que rige la norma, no siendo admisible acudir de forma directa a la justicia constitucional, máxime si en la fecha de presentación de la acción tutelar ya no tiene un hijo menor de un año. En el presente caso, el accionante no ha acreditado que el Ministerio de Trabajo haya conminado a la UAGRM respecto al nuevo hecho que constituye el Memorándum de agradecimiento de servicios, siendo este un nuevo acto, situación por la cual opera el principio de subsidiariedad; y, e) Siendo que el accionante no ha cumplido con los principios de inmediatez y subsidiariedad, no corresponde ingresar al fondo de la problemática, por lo que pide denegar la tutela.
La Sala Constitucional Tercera del departamento de Santa Cruz, mediante Resolución 50 de 21 de marzo de 2023, cursante de fs. 148 a 150, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) Existe una Conminatoria de Reincorporación Laboral JDTSC/JCCHS/CONM. 039/2022 de 23 de febrero, en la cual, el Jefe Departamental del Trabajo, conminó a la UAGRM a que proceda a la reincorporación inmediata de Óscar Alfredo Vásquez Zambrana; posteriormente a esta conminatoria, se emitió la Resolución Administrativa 096/2022 que resolvió el recurso de revocatoria planteado, lo que hace ver que para esa fecha la Universidad ya tenía conocimiento de esa conminatoria de reincorporación laboral, y por ende el ahora accionante tenía el término de los seis (6) meses para interponer la acción tutelar, vale decir que desde el momento que estaba notificada la Universidad, se encontraba habilitado para interponer su acción de amparo constitucional, por considerar que no estaban cumpliendo con la conminatoria y no puede activarla ahora, a más de un año desde que se emitió dicha conminatoria, desnaturalizando la esencia y el fundamento de la inmediatez de la acción de amparo constitucional; y, 2) La parte accionante alega que hubiese existido una desvinculación a través de un memorándum que se hubiese emitido reincorporándolo, y que posteriormente fue despedido, pero frente a ese hecho, no existe una conminatoria adicional, otro reclamo que haya efectuado ante el Jefe Departamental del Trabajo y que éste hubiese dispuesto que no era legal esa desvinculación de “05 de mayo de 2022” (sic), por lo que sumado a lo anterior, se tiene que han pasado más de diez meses para acudir a esta acción tutelar, dejando pasar el plazo de los seis meses para reclamar por la vía constitucional el cumplimiento de la referida conminatoria, pudiendo acudir a la judicatura laboral donde podrá reclamar la reincorporación a su fuente laboral, la reconducción tácita de sus contratos laborales, por lo que consideran que no se ha pasado la barrera de la inmediatez por haber interpuesto la acción tutelar fuera del plazo de los seis (6) meses que establece el art. 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo).
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa la Conminatoria de Reincorporación Laboral JDTSC/JCCHS/CONM.
039/2022 de 23 de febrero, por Inamovilidad Laboral - Padre Progenitor, emitida por el Jefe Departamental de Trabajo de Santa Cruz, dependiente del Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, que determinó la reincorporación laboral de Oscar Alfredo Vásquez Zambrana -ahora accionante- a su fuente laboral en el mismo puesto que ocupaba, reponiendo los sueldos devengados desde el despido injustificado, manteniendo su antigüedad y demás derechos que corresponden por ley, bajo el principio de la Constitución Política del Estado por ser un derecho adquirido y consolidado de los trabajadores y sea de forma inmediata a partir de su legal notificación (fs. 12 a 14). II.2. Por Resolución Administrativa JDTSC/JCCHS/R.R. 096/2022 de 25 de abril, dictada por el Jefe Departamental de Trabajo de Santa Cruz, resolvió confirmar totalmente la Conminatoria JDTSC/JCCHS/CONM. 039/2022 de 23 de febrero (fs. 17 a 18). II.3. Mediante el Memorándum 255/2022 de 5 de mayo, el Departamento de Desarrollo Humano de la UAGRM, dando cumplimiento a la referida Conminatoria, comunicó al ahora impetrante de tutela que a partir del 3 de mayo de 2022, se lo reincorpora a sus funciones, con carácter provisional en tanto se resuelvan los recursos de ley o hasta que su hijo a hija cumpla el año de edad (fs. 19). II.4. A través del Memorándum 343/2022 de 7 de junio, emitido por la UAGRM, dirigido al ahora impetrante de tutela, agradeció por los servicios prestados a la institución, tomándose como último día laboral el 17 de junio de 2022, en atención a la Conminatoria de Reincorporación Laboral JDTSC/JCCHS/CONM. 039/2022 de 23 de febrero, por Inamovilidad Laboral - Padre Progenitor (fs. 24). II.5. Cursa la Resolución Ministerial 1131/22 de 23 de septiembre, pronunciada por la Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que confirmó totalmente la Resolución Administrativa JDTSC/JCCHS/R.R. 096/2022 de 25 de abril y consecuentemente la Conminatoria de Reincorporación Laboral JDTSC/JCCHS/CONM. 039/2022 de 23 de febrero, por Inamovilidad Laboral – Padre Progenitor, emitida por el Jefe Departamental de Trabajo de Santa Cruz (fs. 33 a 37 vta.). II.6. Consta memorial de 30 de noviembre de 2022 presentado por el accionante el 4 de diciembre de ese año, dirigido al Rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) -ahora demandado-, por el cual hizo conocer la emisión de la Resolución Ministerial 1131/22 y solicitó el cumplimiento de la misma (fs. 30 a 31). II.7. Cursa el Informe de la Inspectora del Trabajo de 15 de febrero de 2023, remitido a la Jefa Departamental de Trabajo de Santa Cruz, el cual indica que en cumplimiento al Memorándum 013/2023 del 15 de febrero, se constituyó en las instalaciones de la UAGRM, evidenciando que dicha institución no ha dado cumplimiento a la Resolución Ministerial 1131/22 de 23 de septiembre, disponiendo la Reincorporación Laboral de Oscar Alfredo Vásquez Zambrana, al mismo puesto que ocupaba, más el pago de salarios devengados por el tiempo que estuvo fuera de funciones, así como todos los derechos que pudiere corresponderle (fs. 44)
El accionante denuncia que la parte demandada lesionó sus derechos a la estabilidad y continuidad laboral, al trabajo y remuneración, a la salud y a la seguridad social, debido a que dicha institución, no obstante haberlo reincorporado por Memorándum 255/2022 de 5 de mayo, en cumplimiento a la Conminatoria de Reincorporación Laboral JDTSC/JCCHS/CONM. 039/2022 de 23 de febrero y la Resolución Administrativa JDTSC/JCCHS/R.R. 096/2022 de 25 de abril, que confirmó la conminatoria; la institución ahora demandada, lo retiró del cargo a través del Memorándum de agradecimiento 343/2022 de 7 de junio, indicando como último día laboral el 17 de junio de 2022, desconociendo así su estabilidad laboral y lo dispuesto en la referida Conminatoria, puesto que fue cumplida parcialmente, toda vez que sólo reconoció la reincorporación laboral por su condición de padre progenitor en contraposición a lo manifestado por la Jefatura Departamental del Trabajo en dicha Conminatoria que estableció que debía permanecer en su fuente laboral por haber suscrito varios contratos de trabajo, existiendo tácita reconducción, por lo que obvió su estabilidad y continuidad laboral establecida en la Constitución Política del Estado. En consecuencia, solicita se conceda tutela y se disponga la reincorporación a su fuente laboral, con el mismo sueldo que percibía al momento del despido injustificado el 17 de junio de 2022, más el pago de todos los sueldos devengados correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, parte de junio y subsiguientes meses, hasta la fecha efectiva de su reincorporación y demás derechos laborales que le corresponden. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela, para el efecto se analizarán los siguientes temas: i) La garantía de inamovilidad laboral de las mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo y los derechos involucrados: Distinción en las modalidades de acceso a la justicia constitucional y unificación del problema jurídico material; ii) Sobre la Doctrina de Unificación Jurisprudencial respecto al incumplimiento de las Conminatorias de reincorporación laboral denunciado a través de la acción de amparo constitucional; iii) Presentación directa de la acción de amparo constitucional ante el incumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral; y, iv) Análisis del caso concreto.
del problema jurídico material El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0148/2019-S2 de 17 de abril, reiterada por la SCP 0040/2020-S1 de 10 de julio -entre otras-, asumió el siguiente entendimiento: Corresponde distinguir las dos modalidades diferenciadas de protección constitucional que proceden y que están en la tradición jurisprudencial ante la vulneración de la garantía de la inamovilidad laboral de las mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo y los derechos involucrados, como son: i) La tutela directa a través de la acción de amparo constitucional, sin la exigencia del agotamiento de ninguna vía judicial o administrativa, o en su caso; ii) La tutela a través de la acción de amparo constitucional, vía cumplimiento de la conminatoria de reincorporación emitida por la Jefatura Departamental del Trabajo. La distinción mencionada, permite visualizar claramente que ante despidos producidos en el sector público o privado, la búsqueda de la protección de la garantía de inamovilidad laboral de las mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o del hijo contenida en la norma constitucional prevista en el art. 48.VI de la CPE, formalmente puede tener dos procedimientos disímiles; por cuanto, algunas veces la o el progenitor justiciable opta por acudir directamente a la justicia constitucional vía amparo constitucional sin que exista ninguna conminatoria de reincorporación emitida por la autoridad administrativa laboral, y otras veces, elige acudir previamente a la vía administrativa, esto es, ante la Jefatura Departamental del Trabajo y, en este camino procesal, obtiene una conminatoria de reincorporación y, ante su incumplimiento por el empleador, interpone acción de amparo constitucional buscando precisamente se cumpla la misma. En ese orden, si bien formalmente se plantean dos actos lesivos distintos ante la justicia constitucional, esto es: a) La denuncia de incumplimiento de la conminatoria de reincorporación emitida por la Jefatura Departamental del Trabajo por el empleador, quien se niega a reincorporar a la o el progenitor; o, b) La denuncia de despido de la mujer embarazada o del padre, bajo la protección de la garantía de inamovilidad hasta el año de nacimiento de la hija o el hijo, a ser valorado directamente por la justicia constitucional, sin que exista de por medio una conminatoria de autoridad administrativa que cumplir; sin embargo, en ambos casos existe, en realidad, un mismo acto lesivo esencial vinculado al despido o no contratación de las mujeres embarazadas, progenitoras o progenitores, y en ambas situaciones se busca la protección de la garantía de inamovilidad del progenitor contenida en el art. 48.VI de la CPE y el resguardo de los derechos involucrados en esta garantía, que trascienden el derecho al trabajo, sumándose los derechos a la salud, a la seguridad social, a la vida digna y a la vida de la madre y de la niña o del niño, conforme lo entendió la SCP 1417/2012 de 20 de septiembre, bajo una interpretación finalista; y la petición es la misma; es decir, la solicitud de reincorporación de la o del progenitor trabajador y el reconocimiento de los demás derechos laborales. De ello se desprende que existe un mismo problema jurídico; pues, se trata de un mismo acto lesivo esencial, de los mismos o similares derechos supuestamente vulnerados y de la misma petición.
Lo señalado anteriormente, permite aclarar algunos presupuestos procesales básicos comunes al problema jurídico sobre la inamovilidad laboral de la o el progenitor: 1) La legitimación activa. Por regla general, la legitimación activa la ostenta la o el trabajador progenitor del sector público o privado que está bajo la protección de la garantía de inamovilidad prevista en el art. 48.VI de la CPE; por cuando, es el directamente afectado quien puede interponer la acción de amparo constitucional, de forma directa u otra persona a su nombre con poder suficiente, conforme lo disponen los arts. 129.I de la CPE y 52.1 del Código Procesal Constitucional (CPCo). 2) La legitimación pasiva flexible. La legitimación pasiva es entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la vulneración de los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción (Por todas, las SSCC 691/01-R de 9 de julio de 2001 y 0192/2010-R de 24 de mayo, entre muchas otras).
3En el FJ III.2, realiza la vinculación entre derechos protegidos dentro de la garantía de inamovilidad laboral de progenitores, refiriendo que : “…lo que se precautela en todos estos casos, no es el trabajo simple y llano del trabajador, sino los derechos del nasciturus (interpretación finalista) que se encuentra en el vientre materno o del hijo-hija recién nacido, entre los que se encuentra el derecho primordial a la vida, reconocido en el art. 15 de la CPE (…); así como también el derecho a la salud, reconocido en el art. 18 de la CPE (…) toda vez que el trabajo, al ser el medio por el cual se procura de los medios de subsistencia para uno mismo y su familia, entendiendo a esta última, no solo a las personas ya nacidas, sino también a las que están por nacer, puesto que si bien se encuentran aún en el vientre materno, ya llegan a ser miembros integrantes de la familia, la cual de igual manera, debe ser protegida por parte del Estado, según lo dispone el art. 62 (…) y el art. 64 de la CPE (…) ‘II. El Estado protegerá y asistirá a quienes sean responsables de las familias en el ejercicio de sus obligaciones’”. 4La SCP 0015/2018-S2 de 28 de febrero, en su FJ.III.2.1, citando a la SCP 0367/2012 de 22 de junio, enfatizó que tanto los jueces o tribunales de garantías y el Tribunal Constitucional Plurinacional antes de realizar la fundamentación normativa y la motivación fáctica de las resoluciones constitucionales que emitan, deben identificar de manera resumida y clara el o los problemas jurídicos que deberán resolver, en cuya formulación, “…deben tomarse en cuenta tres elementos que conforman un problema jurídico, esto es, los actos u omisiones ilegales denunciados por la parte accionante (acto lesivo), en los que hubiera incurrido la o las autoridades o persona o personas demandadas, vinculadas con los derechos o garantías supuestamente lesionados, suprimidos o amenazados de restricción o supresión, con el amparo solicitado; es decir, la petición”.
En ese orden, si bien, dependiendo del acto lesivo concreto denunciado, la legitimación pasiva la ostenta el Jefe Departamental del Trabajo y el empleador, uno de ellos o, finalmente a ambos, empero, teniendo en cuenta que se unificó el problema jurídico material (Fundamento Jurídico III.1), el legitimado pasivo principal es el empleador del sector público o privado, quien causó la lesión de los derechos de la o del progenitor bajo la protección de la garantía de inamovilidad contenida en el art. 48.VI de la CPE; y en ese sentido, es la persona o autoridad llamada a reparar tal garantía y los derechos involucrados en ella; sin embargo, cuando corresponda, la acción también puede ser formulada contra el Jefe Departamental de Trabajo, en los casos en que no emita la correspondiente conminatoria de reincorporación; con la aclaración que si solo se interpuso contra uno de ellos, corresponderá la flexibilización de la legitimación pasiva, debido a que se trata de la protección de un grupo de atención prioritaria. 3) Plazo de interposición. La acción de amparo constitucional debe ser presentada en el plazo de seis meses computables desde: 3.i) La última actitud renuente del empleador del sector público o privado, quien se niega a cumplir la conminatoria de reincorporación laboral emitida por la Jefatura Departamental del Trabajo (Por todas, la SCP 1712/2013 de 10 de octubre), aplicable por contener el entendimiento jurisprudencial más favorable al acceso a la justicia constitucional y materializar el principio pro actione; y, 3.ii) El último acto reclamado realizado por la o el progenitor trabajador en procura de la reparación a los derechos, antes de interponer la acción de amparo constitucional.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0206/2021-S1 de 25 de junio, reiterada por la SCP 0269/2021-S1 de 21 de julio, entre otras, asumió el siguiente entendimiento:
En todos los casos en los que se denunciaron despidos ilegales, como el incumplimiento de las Resoluciones de Conminatoria de reincorporación laboral emitidas por las Jefaturas Departamentales de Trabajo, este despacho siempre tuvo como uno de sus principales objetivos el tratar de materializar los derechos fundamentales a la estabilidad laboral y el derecho al trabajo, en beneficio de las trabajadoras y los trabajadores, disponiendo el cumplimento integral de las conminatorias de reincorporación laboral, que se vieron reflejados en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0016/2018-S2 de 28 de febrero, 0814/2018-S2 de 11 de diciembre, 0985/2019-S2 de 21 de octubre (cumplimiento integral de conminatoria), como también en los Votos Disidentes a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0318/2018-S2 de 9 de julio, 0214/20018-S2 de 22 de mayo, 0133/2018-S2 de 16 de abril, 0260/2019-S2 de 21 de mayo y 0789/2018-S2 de 26 de noviembre, entre otras. Lo que implica que siempre hubo una actitud consecuente sobre la necesidad de tutelar los derechos de estabilidad laboral y al trabajo, mediante la aplicación del estándar más alto de protección tal y como lo estableció la SCP 0814/2018-S2 de 11 de diciembre, que sistematizó y contextualizó la línea jurisprudencial sobre este tema en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0138/2012, 0177/2012 y 1608/2012, 0016/2018-S2, 0028/2018-S2, 0058/2018-S2 y 0060/2018-S2. Posteriormente, con el objeto de unificar la línea jurisprudencial de los precedentes constitucionales emitidos por las Salas de este Tribunal, respecto al incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral y sobre todo para lograr la materialización del derecho al trabajo de toda persona, reconocido por instrumentos internacionales como por nuestra Constitución Política del Estado, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en Sala Plena, a través de la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio, unificó la línea jurisprudencial sobre esta temática:
1) En cuanto al cumplimiento integral de la conminatoria de reincorporación, esto es además de la reincorporación, el pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales, precautelando el derecho al trabajo del cual derivan otros derechos conexos, conforme a los entendimientos y la sistematización realizada en la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, es decir:
1.i) Cuando una trabajadora o trabajador sea despedido injustificadamente o por causas no contempladas en el art. 16 de la LGT, podrá optar por el pago de los beneficios sociales o por su reincorporación;
1.ii) Es posible interponer directamente la acción de amparo constitucional - abstrayendo el principio de subsidiariedad-cuando la trabajadora o el trabajador demande el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación emitida por las Jefaturas Departamentales o Regionales de Trabajo por parte de su empleador; 1.iii) La referida conminatoria no constituye una resolución definitiva respecto a la situación laboral de la trabajadora o el trabajador siendo netamente provisional la otorgación de la tutela puesto que las autoridades administrativas o judiciales en materia laboral son las idóneas para resolver en el fondo y con carácter definitivo la situación laboral tanto para el empleador como para el trabajador; 1.iv) El prenombrado tiene el deber de dar cumplimiento inmediato a la conminatoria precitada aunque hubiera planteado recurso de revocatoria o jerárquico que este pendiente de resolverse o hubiera interpuesto cualquier otro recurso en la vía judicial o administrativa; 1.v) La justicia constitucional se encuentra imposibilitada de ingresar a analizar si la conminatoria efectuó una indebida o ilegal fundamentación a tiempo de determinar la reincorporación, o si los datos, hechos y circunstancias que le dieron lugar -incluyendo la prueba-, ameritaban tal determinación, debido a que ese aspecto le corresponde a la jurisdicción ordinaria; y, 1.vi) La conminatoria de reincorporación antedicha debe ser acatada en su integridad, sin omitir ninguna de las determinaciones dispuestas (las negrillas fueron añadidas).
A partir de los precedentes establecidos ut supra y, con la facultad prevista en la norma procesal constitucional, este Tribunal en la parte resolutiva de dicho fallo de doctrina constitucional, dispuso:
UNIFICAR la línea jurisprudencial relativa al incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral denunciada a través de la acción de amparo constitucional, en los siguientes términos:
1° En cuanto al alcance de la conminatoria de reincorporación laboral de trabajadoras y trabajadores en general, que contemple además de la reincorporación, el pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales, se dispone la vigencia de los entendimientos y la sistematización asumidos en la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, correspondiendo a la jurisdicción constitucional velar por el cumplimiento integral de la conminatoria sin omitir ninguna de sus determinaciones… (negrillas agregadas) La Resolución de Doctrina Constitucional ratificó las líneas jurisprudenciales garantistas emitidas por este despacho por medio de sus Sentencias y Votos Disidentes, precitados anteriormente, lo que implica que la unificación de jurisprudencia vincula al mismo Tribunal Constitucional Plurinacional a materializar los derechos fundamentales de los trabajadores, aplicando los entendimientos más favorables y con el estándar más alto de protección, reconociendo que estos derechos tienen un carácter progresivo en su protección e implementación dentro de nuestro ordenamiento jurídico, principios que no tienen un techo en su aplicación y que siempre se buscará la manera más efectiva de tutelar los derechos fundamentales.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0206/2021-S1 de 25 de junio, reiterada por la SCP 0269/2021-S1 de 21 de julio, entre otras, asumió el siguiente razonamiento: El 1 de mayo de 2006 se dictó el DS 28699, que en sus arts. 10 y 11, establece la posibilidad que cualquier persona que se encuentre sometida al régimen laboral y crea que fue injustamente despedida o alejada de su fuente laboral -salvo las causas de despido previstas por el art. 16 de la LGT-, pueda acudir ante el ahora Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, reclamando su derecho a la estabilidad laboral o el pago de beneficios sociales; en contraposición al derogado art. 55 del DS 21060 de 29 de agosto de 1985, que permitía libremente rescindir los contratos de trabajo. Posteriormente, el 1 de mayo de 2010, se emitió el DS 0495, que en su Artículo Único modificó el parágrafo III del art. 10 del DS 28699, señalando:
En caso de que el trabajador opte por su reincorporación podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, donde una vez constatado el despido injustificado, se conminará al empleador a la reincorporación inmediata al mismo puesto que ocupaba la trabajadora o trabajador al momento del despido, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales que correspondan a la fecha de la reincorporación, a través de las Jefaturas Departamentales y Regionales de Trabajo (las negrillas son nuestras). Además, incluyó los parágrafos IV y V, con los siguientes textos: “IV. La conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a partir de su notificación y (únicamente) podrá ser impugnada en la vía judicial, cuya interposición no implica la suspensión de su ejecución”; se aclara que la palabra únicamente fue declarada inconstitucional por la SCP 0591/2012 de 20 de julio. Por su parte, el parágrafo V indica: “V. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Parágrafo IV del presente Artículo, la trabajadora o trabajador podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral” (las negrillas de ambos textos normativos son incorporadas); se entiende que esto ocurre en la fase de la conminatoria. Por su parte, la Resolución Ministerial (RM) 868/10 de 26 de octubre de 2010, que reglamenta el procedimiento para la aplicación del DS 0495, en su art. 3 refiere:
ARTÍCULO 3.- (Acciones Constitucionales). Ante el incumplimiento de la Reincorporación instruida, la trabajadora o trabajador podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral (las negrillas son incorporadas). Vale decir, que ante la inobservancia del plazo para que un empleador ejecute una resolución de reincorporación de un trabajador a su fuente laboral, éste último puede acudir directamente a la jurisdicción constitucional, en procura de la reparación de los derechos que considere afectados. El Tribunal Constitucional Plurinacional, en numerosas oportunidades se pronunció sobre el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación dispuesta por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, señalando que en estos casos procede directamente la acción de amparo constitucional. Así, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0138/2012 de 4 de mayo y 0177/2012 de 14 de mayo, establecen que debe hacerse abstracción del principio de subsidiariedad en aquellos casos en los que una trabajadora o trabajador demande la reincorporación a su fuente laboral ante un despido sin causa legal justificada, con el único requisito previo de recurrir a las Jefaturas Departamentales o Regionales de Trabajo denunciando este hecho, a objeto que estas entidades, una vez establecido el retiro injustificado, conminen al empleador la reincorporación inmediata, en los términos previstos por el DS 0495 de 1 de mayo de 2010; y ante su incumplimiento, se hace viable la tutela constitucional a través de la acción de amparo constitucional; efectivamente, la señalada SCP 0177/2012, tuvo el siguiente razonamiento en el Fundamento Jurídico III.3:
1) En caso de que una trabajadora o un trabajador, ante un eventual retiro intempestivo sin causa legal justificada opte por su reincorporación, deberá denunciar este hecho ante las Jefaturas Departamentales de Trabajo; entidades que deberán asumir el trámite previsto por el DS 0495, emitiendo si corresponde la conminatoria de reincorporación en los términos previstos en esta norma, y en caso de que el empleador incumpla la conminatoria, el trabajador o trabajadora podrá interponer la acción de amparo constitucional, misma que resulta más idónea en estos casos por las razones antes expuestas. 2) Aclarando que la conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, en los alcances del DS 0495, no constituye una resolución que defina la situación laboral de la trabajadora o el trabajador, por cuanto el empleador puede impugnar ésta determinación en la justicia ordinaria, conforme previene el referido Decreto Supremo; vale decir, interponiendo una acción laboral dentro los alcances establecidos por el art. 65 del Código Procesal del Trabajo (CPT), precepto que otorga la posibilidad al empleador de constituirse en parte demandante en una acción social, instancia en la que en definitiva se establecerá si el despido fue o no justificado, esto debido a que la justicia constitucional sólo viabiliza la tutela inmediata ante la decisión unilateral del empleador que opta por un despido intempestivo sin causa legal justificada. 3) En aquellos casos en que la trabajadora o trabajador, fuera sometido a un proceso interno dentro el cual se determine su despido por una de las causales establecidas en el art. 16 de la LGT y art. 9 del DR, en su caso por vulneración a su Reglamento Interno, el procedimiento previsto por el DS 0495, no será aplicable; debiendo la trabajadora o trabajador, que estime que su destitución fue ilegal o injustificada, incoar la correspondiente demanda de reincorporación ante la judicatura laboral (las negrillas nos corresponden). Por lo referido, las conminatorias de reincorporación emitidas por las jefaturas departamentales o regionales de trabajo, deben ser cumplidas de manera obligatoria, sin perjuicio que puedan ser impugnadas por el empleador o parte patronal en la vía administrativa o judicial; no obstante, mientras se suscite dicho aspecto, la conminatoria pronunciada debe ser ejecutada con la finalidad de resguardar los derechos constitucionales de los trabajadores, otorgándoles seguridad jurídica y estabilidad laboral, siendo posible en caso de inobservancia, la formulación de una acción de amparo constitucional, para la restitución de los derechos lesionados. Por otra parte, en los casos que este Tribunal concedió la tutela ante incumplimiento de conminatorias de reincorporación, también se pronunciaba sobre los sueldos devengados y otros beneficios sociales establecidos por ley, por entender, que forman parte de la reparación que debe brindar la justicia constitucional ante la lesión a los derechos fundamentales. En ese sentido, por ejemplo, la SCP 0177/2012, aprobó la resolución del Tribunal de garantías que concedió la tutela y dispuso la cancelación de los sueldos devengados y demás beneficios sociales. De manera expresa, la SCP 1608/2012 de 24 de septiembre, entre otras, luego de conceder la acción de amparo constitucional, dispuso la cancelación de sueldos devengados. No obstante, lo anotado precedentemente, la SCP 0083/2014-S3 de 27 de octubre, refirió que la jurisdicción constitucional no puede dimensionar el alcance de los sueldos devengados y otros beneficios, bajo el argumento que son las autoridades administrativas o judiciales las que deben realizar dicha labor; entendimiento que fue reiterado por la SCP 1130/2017-S3 de 31 de octubre, entre otras. Al respecto, posteriores Sentencias Constitucionales Plurinacionales, entre ellas, la SCP 0016/2018-S2 y la SCP 0028/2018-S2, ambas de 28 de febrero, confirmaron las Resoluciones emitidas por los Tribunales de garantías que concedieron la tutela y dispusieron la cancelación de los sueldos devengados y demás beneficios sociales. En ese sentido, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0058/2018-S2 y 0060/2018-S2, ambas de 15 de marzo, hizo extensiva la tutela al pago de sueldos devengados y beneficios sociales, que la ley establece desde el día de su desvinculación ilegal. Efectuada la contextualización jurisprudencial anterior, debe recordarse que una de las características de los derechos humanos contenida en el art. 13.I de la Constitución Política del Estado (CPE), es su progresividad, que implica, por una parte; que los derechos humanos reconocidos en la Norma Suprema y en los Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, no son un catálogo cerrado, sino que, de manera permanente se amplían en cuanto al reconocimiento de nuevos derechos, como también se desprende de la cláusula abierta prevista en el art. 13.II de la referida CPE. Por otra parte, el principio de progresividad, supone que las conquistas alcanzadas respecto a un derecho ya sea a nivel normativo o jurisprudencial, no pueden luego ser desconocidas, lo que significa que, en materia de Derechos Humanos, no corresponde la regresividad, es decir, el retroceder en la protección de los derechos humanos. El principio de progresividad fue desarrollado por la jurisprudencia constitucional en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2491/2012, 0210/2013, 1617/2013, entre muchas otras. Así en la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, el Tribunal Constitucional Plurinacional, señaló que el principio de progresividad establece la responsabilidad para el Estado boliviano, de no desconocer los logros y el desarrollo alcanzado en materia de Derechos Humanos, en cuanto a la ampliación en número, al desarrollo de su contenido y al fortalecimiento de los mecanismos jurisdiccionales para su protección, en el afán de buscar el progreso constante del Derecho Internacional de Derechos Humanos, que se inserta en nuestro sistema jurídico a través del bloque de constitucionalidad -art. 410.II de la CPE-. Conforme a lo anotado, las medidas adoptadas por los órganos estatales que tienden a menoscabar derechos ya reconocidos o desmejorar una situación jurídica favorable vinculada a un derecho, constituye una afectación al principio de progresividad. En el marco del principio de progresividad, el Tribunal Constitucional Plurinacional pronunció las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2233/2013 de 16 de diciembre y 0087/2014-S3 de 27 de octubre, que razonaron sobre la teoría del estándar jurisprudencial más alto, como metodología para definir la sentencia aplicable en un determinado caso, ante una pluralidad de entendimientos; metodología, que a partir de los arts. 13 y 256 de la CPE, estableció que el precedente constitucional en vigor o vigente, resulta aquél que acoja el estándar más alto de protección del derecho fundamental o garantía constitucional invocada, esto es, aquella decisión que hubiera resuelto un problema jurídico de manera más progresiva a través de una interpretación que tiende a efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Norma Suprema y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad; estándar que se escoge después del examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, ya no solamente a partir del criterio temporal de las sentencias constitucionales -si fue anterior o posterior-que hubiere cambiado, modulado o reconducido un determinado entendimiento jurisprudencial, sino sobre todo, aquél que sea exponente del estándar más alto de protección del derecho. Conforme a lo anotado y en el marco de la contextualización de la línea jurisprudencial vinculada a la tutela directa de la acción de amparo constitucional por incumplimiento de la conminatoria de reincorporación, cabe señalar que el estándar jurisprudencial más alto se encuentra en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0138/2012, 0177/2012, 1608/2012, 0016/2018-S2, 0028/2018-S2, 0058/2018-S2 y 0060/2018-S2, al contener razonamientos que aseguran la máxima eficacia del derecho al trabajo, estabilidad laboral y el derecho a la reparación; por cuanto, por una parte, se concede la tutela ante el incumplimiento de la conminatoria, sin necesidad de efectuar otras consideraciones como la fundamentación o la legalidad de la misma, exigencias que no toman en cuenta los principios que informan la materia laboral, que se encuentran reconocidos en el art. 48 de la CPE, que establece que las normas laborales se interpretarán sobre la base de los principios de, entre otros, protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; y, de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador. Cabe aclarar, que lo señalado no implica una negación del derecho a la defensa de la parte empleadora, quien, como lo indicó la jurisprudencia constitucional, podrá acudir a la jurisdicción laboral denunciando la supuesta ilegal conminatoria, con independencia de la concesión de la tutela. Por otra parte, las citadas Sentencias Constitucionales Plurinacionales, se pronuncian sobre los sueldos devengados y otros beneficios, conforme a los principios de interpretación referidos en el anterior párrafo y considerando que toda concesión de la tutela supone la reparación de la lesión del derecho o la garantía constitucional invocada como vulnerada, en el marco de lo señalado por el art. 113.I de la CPE, que establece que: “La vulneración de los derechos concede a las víctimas el derecho a la indemnización, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios en forma oportuna”; norma constitucional que es coherente con las normas internacionales sobre Derechos Humanos, y en concreto, con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -que forma parte del bloque de constitucionalidad- que desarrolló la reparación como concepto genérico que contiene varios elementos. Así, para la Corte IDH, la reparación supone la restitución integral del derecho que fue vulnerado, es decir, el restablecimiento del derecho a la situación anterior a su violación; pero también implica la adopción de otras medidas como la indemnización, que es la reparación por daños materiales físicos o mentales, los gastos incurridos, las pérdidas de ingreso; la rehabilitación, en los casos que corresponda, comprendiendo la atención médica y psicosocial requerida; la satisfacción pública, que consiste en el reconocimiento de la responsabilidad; y, las garantías de no repetición, que tienen por objeto adoptar medidas estructurales para evitar la repetición de las vulneraciones a derechos. Entonces, a partir de todo lo desarrollado, se tienen las siguientes subreglas respecto al incumplimiento de la conminatoria de reincorporación pronunciada por la autoridad del trabajo:
i) Procede la acción tutelar de manera directa, lo que significa que el trabajador no requiere agotar previamente la jurisdicción laboral ni la vía administrativa; ii) La competencia de la jurisdicción constitucional se limita a verificar el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación, sin que corresponda analizar la fundamentación o la legalidad de dicha determinación; pues, esa labor es propia de la jurisdicción laboral, que podrá ser activada por el empleador si considera que la conminatoria resulta ilegal, con independencia de la concesión de la tutela por la justicia constitucional; pues esta concesión resulta provisional, hasta que la jurisdicción laboral defina la situación de la o el trabajador; y, iii) La concesión de la tutela supone la adopción de medidas de reparación como la indemnización, en concreto, tratándose de incumplimiento de conminatoria de reincorporación, la cancelación de los sueldos devengados desde la desvinculación ilegal constatada por la autoridad de trabajo y demás beneficios sociales que le correspondan al trabajador (las negrillas son añadidas).
El peticionante de tutela denuncia que la parte demandada lesionó sus derechos a la estabilidad y continuidad laboral, al trabajo y remuneración, a la salud y a la seguridad social, debido a que no obstante haberlo reincorporado por Memorándum 255/2022 de 5 de mayo, en cumplimiento a la Conminatoria de Reincorporación Laboral JDTSC/JCCHS/CONM. 039/2022 de 23 de febrero, y la Resolución Administrativa JDTSC/JCCHS/R.R. 096/2022 de 25 de abril que confirmó la conminatoria, posteriormente lo retiró del cargo a través del Memorándum de agradecimiento 343/2022 de 7 de junio, indicando como último día laboral el 17 de junio de 2022, desconociendo así su estabilidad laboral y lo dispuesto en la referida Conminatoria, puesto que fue cumplida parcialmente, toda vez que sólo reconoció la reincorporación por su condición de padre progenitor en contraposición a lo manifestado por la Jefatura Departamental del Trabajo en la Conminatoria de Reincorporación que estableció que debía permanecer en su fuente laboral por haber suscrito varios contratos de trabajo, existiendo tácita reconducción, por lo que obvió su estabilidad y continuidad laboral establecida en la Constitución Política del Estado. Del memorial de acción de amparo constitucional y antecedentes que cursan en el expediente, se tiene la Conminatoria de Reincorporación Laboral JDTSC/JCCHS/CONM. 039/2022 de 23 de febrero, por Inamovilidad Laboral - Padre Progenitor, emitida por el Jefe Departamental de Trabajo de Santa Cruz, dependiente del Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, que determina la reincorporación laboral de Oscar Alfredo Vásquez Zambrana -ahora accionante- a su fuente laboral en el mismo puesto que ocupaba, reponiendo los sueldos devengados desde el despido injustificado, manteniendo su antigüedad y demás derechos que corresponden por ley, bajo el principio de la Constitución Política del Estado por ser un derecho adquirido y consolidado de los trabajadores y sea de forma inmediata a partir de su legal notificación (Conclusión II.1); conminatoria que fue confirmada por Resolución Administrativa JDTSC/JCCHS/R.R. 096/2022 de 25 de abril, dictada por el Jefe Departamental de Trabajo de Santa Cruz (Conclusión II.2.); es así que mediante el Memorándum 255/2022 de 5 de mayo, el Departamento de Desarrollo Humano de la UAGRM, dando cumplimiento a la referida Conminatoria, comunica al ahora impetrante de tutela que a partir del 3 de mayo de 2022, se lo reincorpora a sus funciones, con carácter provisional en tanto se resuelvan los recursos de ley o hasta que su hijo a hija cumpla el año de edad (Conclusión II.3.); empero, a través del Memorándum 343/2022 de 7 de junio, emitido por la UAGRM, dirigido al ahora impetrante de tutela, agradece por los servicios prestados a la institución, tomándose como último día laboral el 17 de junio de 2022, en atención a la referida Conminatoria de Reincorporación Laboral por Inamovilidad Laboral-Padre Progenitor (Conclusión II.4.). Posteriormente, a través de Resolución Ministerial 1131/22 de 23 de septiembre, pronunciada por la Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, se confirma totalmente la Resolución Administrativa JDTSC/JCCHS/R.R. 096/2022 de 25 de abril y consecuentemente la Conminatoria de Reincorporación Laboral JDTSC/JCCHS/CONM. 039/2022 de 23 de febrero, por Inamovilidad Laboral - Padre Progenitor, emitida por el Jefe Departamental de Trabajo de Santa Cruz (Conclusión II.5.). Ante esta resolución, el accionante presentó memorial ante el Rector de la UGRAM ahora demandado, solicitando se dé cumplimiento a la referida Resolución Ministerial (Conclusión II.6.); de igual manera, con anterioridad acudió a la Jefatura Departamental del Trabajo solicitando la verificación del cumplimiento de la conminatoria emitida, motivo por el cual la Inspectora del Trabajo emitió el informe de 15 de febrero de 2023, remitido a la Jefa Departamental de Trabajo de Santa Cruz, el cual indica que en cumplimiento al Memorándum 013/2023 del 15 de febrero, se constituyó en las instalaciones de la UAGRM, evidenciando que dicha institución no dio cumplimiento a la Resolución Ministerial 1131/22 de 23 de septiembre, disponiendo la Reincorporación Laboral de Oscar Alfredo Vásquez Zambrana, al mismo puesto que ocupaba, más el pago de salarios devengados por el tiempo que estuvo fuera de funciones, así como todos los derechos que pudiere corresponderle (Conclusión II.7.). En ese contexto, de manera preliminar corresponde señalar que la Sala Constitucional, resolvió denegar la tutela solicitada, argumentando que desde la emisión de la Conminatoria de Reincorporación Laboral JDTSC/JCCHS/CONM. 039/2022 de 23 de febrero, por Inamovilidad Laboral - Padre Progenitor y la Resolución Administrativa JDTSC/JCCHS/R.R. 096/2022, hasta la fecha de interposición de la presente acción de amparo constitucional, transcurrieron más de diez meses, por tanto, el accionante habría incumplido el plazo de inmediatez de seis meses, correspondiendo en consecuencia denegar la tutela. Sin embargo, conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, cuando se trata del cumplimiento de conminatorias de reincorporación el plazo de seis meses para interponer la acción de amparo constitucional se cuenta desde: “iii.1) La última actitud renuente del empleador del sector público o privado, quien se niega a cumplir la conminatoria de reincorporación laboral (…); y, iii.2) El último acto reclamado realizado por la o el progenitor trabajador en procura de la reparación a los derechos, antes de interponer la acción de amparo constitucional”. En el caso concreto, el último acto reclamado realizado por el accionante en procura de la reparación de sus derechos, se constituye el memorial de 30 de noviembre de 2022 presentado el 4 de diciembre de ese año, dirigido al Rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), por el cual, hizo conocer la emisión de la Resolución Ministerial 1131/22 y solicitó el cumplimiento de la misma (Conclusión II.6.); por consiguiente, desde el 4 de diciembre de 2022 hasta el 7 de marzo de 2023 que fue presentada esta acción de amparo constitucional, transcurrieron solamente tres meses y tres días, estando vigente el plazo de seis meses para la interposición de la presente acción de amparo constitucional, correspondiendo en consecuencia, ingresar al análisis de fondo de lo planteado. En ese sentido, resolviendo la problemática concreta, se advierte la emisión de la Conminatoria de Reincorporación Laboral JDTSC/JCCHS/CONM. 039/2022 que dispuso la reincorporación laboral de Oscar Alfredo Vásquez Zambrana -ahora accionante- a su fuente laboral en el mismo puesto que ocupaba, reponiendo los sueldos devengados desde el despido injustificado, manteniendo su antigüedad y demás derechos que corresponden por ley; determinación asumida por dos motivos, el primero, la consideración de la condición del accionante de ser padre de una niña menor de un año de edad, y el segundo, por haber suscrito un total de cuatro contratos de trabajo a plazo fijo de cuya revisión por parte de la Jefatura del Trabajo, se advirtió que ninguno de esos contratos se encuentra visado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, por tanto no contarían con la eficacia jurídica para ser considerados a plazo fijo, además de no haberse desvirtuado que las funciones desempeñadas por el denunciante no constituían tareas propias y permanentes de la entidad empleadora; en esos términos fue emitida la mencionada conminatoria de reincorporación, además de haber señalado la presentación de notas emitidas por el Director de la Carrera de Odontología en las que solicita la contratación indefinida del ahora accionante. En ese marco, si bien esta jurisdicción, conforme se expuso en la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, en caso de denunciarse el despido de un padre o madre de un niño o niña que aún no ha cumplido un año de edad; es decir, por vulneración del derecho a la inamovilidad laboral; puede ejercer su competencia de manera directa prescindiendo del principio de subsidiariedad; no obstante, en el caso concreto, se advierte que el accionante, si bien fue destituido antes de que su hija cumpla un año de edad, sin embargo, de manera posterior fue nuevamente contratado por la parte demandada hasta que su hija cumplió el año de edad; por tanto, conceder una tutela de manera directa y definitiva en el sentido que ya fue concretado, no resultaría ser relevante. No obstante, además de lo señalado, aun así se hubiera subsanado la vulneración a la inamovilidad laboral antes de la interposición de esta acción tutelar; sin embargo, lo que de manera más precisa corresponde, es dar cumplimiento a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.3. de este fallo constitucional, que señala: “En caso de que una trabajadora o un trabajador, ante un eventual retiro intempestivo sin causa legal justificada opte por su reincorporación, deberá denunciar este hecho ante las Jefaturas Departamentales de Trabajo; entidades que deberán asumir el trámite previsto por el DS 0495, emitiendo si corresponde la conminatoria de reincorporación en los términos previstos en esta norma, y en caso de que el empleador incumpla la conminatoria, el trabajador o trabajadora podrá interponer la acción de amparo constitucional, misma que resulta más idónea en estos casos por las razones antes expuestas” (las negrillas son añadidas). Conforme a la jurisprudencia citada, en el caso concreto, se reitera que si bien la parte demandada, de manera posterior a la emisión de la referida Conminatoria de Reincorporación Laboral JDTSC/JCCHS/CONM. 039/2022, a través del Memorándum 255/2022 de 5 de mayo reincorporó al accionante a sus funciones; sin embargo, lo hizo solamente hasta que su hija cumplió el año de edad, siendo evidente que no dio cumplimiento íntegro a la referida conminatoria de reincorporación en los términos que fue dispuesta o en su alcance real; puesto que de acuerdo a los fundamentos de dicha conminatoria, se advierte que no solamente comprende la inamovilidad laboral por la condición del trabajador de padre de una niña menor de un año de edad, sino también la reincorporación por estabilidad laboral por haberse suscrito varios contratos a plazo fijo que no fueron refrendados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social y supuestamente en tareas propias y permanentes del empleador; por tanto, la reincorporación del accionante solamente hasta que su hija cumplió el año de edad, efectivamente denota el incumplimiento de la Conminatoria de Reincorporación Laboral JDTSC/JCCHS/CONM. 039/2022 en los términos que fue dispuesta, situación que dio lugar a que el accionante presente esta acción de amparo constitucional; correspondiendo en consecuencia a este Tribunal, en atención a la jurisprudencia constitucional referida anteriormente, disponer el cumplimiento íntegro de la mencionada conminatoria de reincorporación para que sea acatada en los mismos términos que fue dispuesta, es decir, la reincorporación del accionante de manera indefinida en atención a la presunta tácita reconducción de los contratos suscritos.
Conforme a lo señalado, la parte demandada, en caso de considerar indebida la emisión de la referida Conminatoria de Reincorporación Laboral por la suscripción de varios contratos a plazo fijo -que se considerarían como tácita reconducción-, determinación que fue confirmada por la instancia administrativa laboral cuando resolvió los recursos de revocatoria y jerárquico interpuestos por el empleador, puede aún acudir a la instancia judicial en materia laboral; no obstante, conforme estableció la jurisprudencia citada en los Fundamentos Jurídicos III.2 y III.3 de este fallo constitucional, corresponde a esta jurisdicción otorgar la tutela temporal disponiendo el cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral emitida, en sus mismos términos, y de manera íntegra, lo cual además de la reincorporación del accionante al mismo puesto que ocupaba -conforme a los fundamentos expuestos en la jurisprudencia aludida-, comprende también la reposición de los sueldos devengados desde el despido injustificado, manteniendo su antigüedad y demás derechos que corresponden por ley.
Asimismo, a efecto del cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, el accionante puede solicitar a la Dirección General de Trabajo, Higiene y Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, la cuantificación de salarios devengados, y así pedir la ejecución por la vía judicial con el procedimiento previsto en el art. 14 de la Ley 1468 de 30 de septiembre de 2022, aplicable conforme establece la parte final del art. 32 del Protocolo de Actuación para la Aplicación de la Ley 1468, aprobado por Resolución Ministerial 1377 de 1 de noviembre de 2022. Finalmente, considerando que el 30 de septiembre 2022, se promulgó la Ley de Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales, que abroga el Decreto Supremo (DS) 0495 de 1 de mayo de 2010, y deroga los parágrafos III, IV y V del art. 10 y art. 13 del DS 28699 de 1 de mayo de 2006, concierne señalar que la citada Ley entró en vigencia el 1 de noviembre de 2022 y los hechos suscitados en este caso, son anteriores a la entrada en vigencia de dicha Ley, por tanto el procedimiento de dicha Ley no fue considerado, salvo la parte de la norma aplicable, señalada anteriormente. De lo expresado precedentemente, se tiene que la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 50 de 21 de marzo de 2023, cursante de fs. 148 a 150, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos señalados en la Conminatoria de Reincorporación Laboral JDTSC/JCCHS/CONM. 039/2022; y, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
1 En ese sentido, la SC 0558/2011-R de 29 de abril, en su FJ III.1, señala: “La acción de amparo constitucional, como garantía jurisdiccional extraordinaria hace posible la materialización de los derechos y garantías fundamentales previstos en la Constitución Política del Estado y las leyes, cuando son restringidos, suprimidos o amenazados por particulares o funcionarios públicos y siempre que no hubiere otro medio o recurso legal para su protección. Se activa ante la inexistencia de otras vías, empero, tratándose de resguardar y/o proteger derechos primarios de la mujer trabajadora embarazada y del ser en gestación, cuya protección es urgente e inmediata, ante el retiro intempestivo de la fuente laboral que provoca la supresión del derecho a la seguridad social que a su vez resguarda y garantiza el derecho a la salud, poniendo en riesgo el derecho a la vida que no puede estar supeditado al agotamiento previo de otras vías o instancias legales, es decir, no se sujeta al principio de subsidiariedad, característica de esta acción, debiendo hacer abstracción del mismo con el fin de tutelar en forma prioritaria e inmediata los derechos a la vida y a la salud como parte de la maternidad”. Jurisprudencia constitucional reiterada de manera uniforme, en varios fallos constitucionales, como en la SCP 0673/2013-L de 18 de julio y en la 0076/2012 de 12 de abril. 2Entre las sentencias constitucionales plurinacionales que protegieron a las o los progenitores bajo la garantía del art. 48.VI de la CPE, ante la reticencia del empleador del sector público o privado, pueden consultarse las siguientes:
5 El FJ.III.3, señaló que: “…el cómputo del plazo de los seis meses de inmediatez comenzará a correr a partir de que el empleador se rehúse a cumplir la conminatoria; es decir, posteriormente a su legal notificación el empleador renuente abre la posibilidad para que el trabajador accione la vía constitucional y por tanto el plazo de inmediatez se deberá computar desde el primer acto manifiesto por el cual el empleador demuestra su falta de voluntad de cumplir con la conminatoria” y, en ese sentido, en la parte resolutiva, dispuso: “2º EXHORTAR al Ministerio del Trabajo, a que al emitir conminatorias de reincorporación, las mismas adviertan por escrito a los trabajadores que tienen seis meses desde la actitud renuente del empleador para plantear la acción de defensa”. Esta sentencia al contener el entendimiento jurisprudencial más favorable al acceso a la justicia constitucional y materializar el principio pro actione, deja inaplicables las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0809/2012 de 20 de agosto y 1033/2014 de 9 de junio, entre otras, que establecían que el plazo comienza a computarse desde la notificación con la conminatoria de reincorporación y la SCP 1511/2013 de 30 de agosto, que entendía que el plazo de los seis meses debía ser computado desde el momento en que la conminatoria adquiere ejecutoria.
6 El FJ III.4, señala: “… cuando el DS 0495 y la RM 868/10, disponen una única instancia para resolver administrativamente la reincorporación del trabajador, afectan el derecho al debido proceso en su elemento de acceso a una segunda instancia, de las partes que acceden a este mecanismo de resolución de conflictos, que pueden ser el trabajador como el empleador, debiendo por ello expulsarlas del ordenamiento jurídico, para que en aplicación del debido proceso consagrado por el art. 115.II de la CPE, las partes tengan acceso a una segunda instancia administrativa en reclamo de la conminatoria a la reincorporación, sin perjuicio de la vía judicial” (las negrillas son nuestras).
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1136_2023-S1.pdf · páginas 1 a 23.
Huella digital del PDF (SHA-256): 6dc7fe4313d3377f96a229545d0bdbfbcb513817bb0070fd2cb9dac0e46906d3
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
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