B.IA.LEGAL

SCP 1135/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera Especializada · 9 de julio de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
9 de julio de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
66552-2024-134-AAC
Departamento
Chuquisaca
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

Los accionantes, denuncian la vulneración de sus derechos a la vivienda, a la propiedad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, pertinencia, igualdad procesal, razonabilidad, objetividad, proporcionalidad y equidad; así como, a los principios de legalidad y seguridad jurídica; puesto que, los entonces Magistrados ahora accionados -a tiempo de resolver el recurso de casación formulado contra el Auto de Vista SCCI-341/2023 de 16 de octubre, que ratificó el fondo de la Sentencia 125/2023 de 24 de agosto, la cual dispuso la constitución de servidumbre de alcantarillado-, emitieron el AS 1230/2023 de 1 de diciembre, declarando infundado el recurso de casación, incurriendo en valoración arbitraria y omisiva del Informe Pericial de 3 de enero de 2023, y el Informe Técnico de Catastro de Redes CR.23.096 de 15 de mayo del señalado año, emitido por ELAPAS, sin explicar los motivos de su determinación sino, limitarse a deducir que su derecho precluyó, así como, no considerar otras alternativas a dicha servidumbre de paso ni los daños y perjuicios que ocasionaría a su proyecto de vivienda, mucho menos los gastos que ello conllevaría. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) Sobre la valoración de la prueba, componente del debido proceso. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 133/2024 de 13 de agosto, cursante de fs. 128 a 133 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la valoración de la prueba, componente del debido proceso.
  2. III.2. La fundamentación y motivación en la jurisdicción constitucional
  3. III.3. La congruencia como elemento del debido proceso
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1135/2026-S1 Sucre, 9 de julio de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 66552-2024-134-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 133/2024 de 13 de agosto, cursante de fs. 128 a 133 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Rosmery Blanca Ramos Figueroa y Juan Pablo Bellido Díaz contra José Antonio Revilla Martínez, Juan Carlos Berrios Albizu y Marco Ernesto Jaimes Molina, ex Magistrados de la Sala Civil, del Tribunal Supremo de Justicia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Los accionantes, por memoriales presentados el 9 y 16 de julio de 2024, cursantes de fs. 10 a 26 vta.; y, 49 y vta., manifestaron que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso civil de servidumbre de paso forzoso de alcantarillado, formulado por Adela Rodríguez Saavedra de Daza, Rossi Álbaro Enríquez Llave, Edith Rodríguez Serrudo de Enríquez y Eduardo Daza Durán -ahora terceros interesados-; a pesar, de tener salida natural por la calle Granada de la ciudad de Sucre; además, no respaldar su pretensión ni contar con los planos sanitarios aprobados que demuestren sus necesidades, se empeñaron en perjudicarles su derecho de usar, gozar y disfrutar de su propiedad; por lo que, el Juez Público Civil y Comercial Tercero de la Capital del departamento de Chuquisaca, emitió la Sentencia 125/2023 de 24 de agosto, declarando probada en parte la demanda, determinándose la constitución de servidumbre de alcantarillado solamente en lo referente a la evacuación de las cámaras de la parte posterior de los bienes inmuebles de los hoy terceros interesados y sin lugar a daños y perjuicios; ya que, sus personas presentaron recurso de apelación, y se pronunció el Auto de Vista SCCI-341/2023 de 16 de octubre, por los Vocales de la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento, cuya parte dispositiva revocó en parte la mencionada Sentencia y en el fondo declaró no ha lugar a las costas y costos, manteniéndose en lo demás incólume. Contra dicha determinación, sus personas formularon recurso de casación en la forma y en el fondo, siendo resuelto por el Auto Supremo (AS) 1230/2023 de 1 de diciembre, emitido por los entonces Magistrados ahora accionados, que sin considerar todos los antecedentes del caso, la prueba presentada y el valor justicia, se limitaron a convalidar las ilegalidades en las que incurrieron las autoridades de menor jerarquía, declarando infundado el mismo, con las siguientes omisiones: a) Se empleó una valoración arbitraria del Informe Técnico Pericial 01-03/01/2023-A.J.J. 3ro. de 3 de enero de 2023, suscrito por el Arquitecto; ya que, no se elaboró conforme a lo determinado en la audiencia preliminar de 18 de julio del mismo año, al centrarse únicamente en el carácter forzoso del alcantarillado a través de su propiedad, haciendo referencia a los perjuicios de los hoy terceros interesados y a la supuesta necesidad técnica de la servidumbre por un desnivel, sin analizar la posibilidad de emplear otro conducto regular o una solución alternativa, y sobre un segundo punto, se pronunció de manera suscinta en un breve párrafo, que a pesar de solicitar aclaraciones y complementaciones, el Juez Público Civil y Comercial Tercero de la Capital del departamento de Chuquisaca, las declaró no ha lugar, criterio ratificado por los mencionados Magistrados, convalidando el mismo y concluyendo que al no objetar la decisión de dicho Juez para una eventual apelación con la sentencia, su derecho precluyó, sin valorar los hechos e interpretar la norma aplicable, considerándolo como prueba plena; a pesar, de la incoherencia entre el sustento fáctico y su aplicación objetiva y racional en la decisión. Asimismo, se incurrió en omisión valorativa del Informe Técnico de Catastro de Redes CR.23.096 de 15 de mayo de igual año, emitido por el personal de la Empresa Local de Agua Potable y Alcantarillado Sucre (ELAPAS), contrarias a los arts. 125 y 1286 del Código Civil (CC), que respecto del servicio de alcantarillado en su zona, concluyó que se cuenta con conexión propia hacia la calle Granada de la ciudad de Sucre, siendo innecesario afectar su propiedad, consintiendo la omisión de la prueba de descargo. De igual forma en cuanto al Reglamento Nacional de Prestaciones de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, que establece normas específicas para acceder al servicio de alcantarillado, sin que las propiedades que reclaman servidumbre cuenten con planos sanitarios y estudios técnicos que avalen el paso necesario por su propiedad; lo que, ameritaba una valoración integral y correcta de los hechos y circunstancias, lejos de una verdad material que tenga el propósito de impartir justicia; y, b) Consintieron únicamente los argumentos de los ahora terceros interesados, sin considerar sus pretensiones jurídicas, aplicando todo el rigor procesal y procedimental en su contra, limitándose a deducir que su derecho precluyó, convalidando el incumplimiento de plazos, la inobservancia de normas y la subsanación de oficio de errores procedimentales en favor de los nombrados, impidiéndoles ejercer su defensa en igualdad de oportunidades; además, no explicaron los motivos de su determinación, sino, recurrieron a conclusiones parciales e incompletas a partir de deducciones falsas y arbitrarias de las autoridades de las instancias inferiores -Juez de primera instancia y Vocales de la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de ese departamento- , evitando considerar otras opciones para reencausar o solucionar el problema de alcantarillado, sea por otro fundo vecino o por medio de la calle Granada de la ciudad de Sucre, sin atender los daños y perjuicios a su proyecto de vivienda en relación a su mejora, demandándole gastos superiores.

I.1.2. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados

Los accionantes, denuncian la vulneración de sus derechos a la vivienda, a la propiedad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, pertinencia, igualdad procesal, razonabilidad, objetividad, proporcionalidad y equidad; así como, a los principios de legalidad y seguridad jurídica; citando al efecto los arts. 19.I, 56.I y II, 109.I, 115.I y II, 117.I, 119.I y II; y, 120.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 1, 7, 8, 10; y, 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 8.1, 21.1 y 2, 24, 25.1; y, 29. a. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 2.1, 3.a y b., 14.1; y, 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 2.1 y 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).

I.1.3. Petitorio

Solicitan se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga que se deje sin efecto el AS 1230/2023 de 1 de diciembre, emitido por los entonces Magistrados hoy accionados, debiendo emitirse un nuevo auto supremo, conforme a derecho, subsanando las vulneraciones al debido proceso.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 13 de agosto de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 117 a 127, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los accionantes a través de su abogado, ratificaron de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestaron que: 1) El AS 1230/2023, se sustentó en el Informe Técnico Pericial de 3 de enero de 2023, sin considerar la afectación económica que les genera la apertura de servidumbre de paso forzoso de alcantarillado dispuesta, así como a su proyecto de vida, el cual debe resguardarse como un derecho fundamental, como estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH); y, 2) Se encuentra en trámite de aprobación su construcción -como parte del ejercicio del derecho propietario- ante la Dirección de Urbanismo y Vivienda del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, aspecto no considerado, cuyo sistema de justicia debía estar al servicio de la ciudadanía para resolver los problemas íntegramente y no zanjar alguna necesidad inmediata u ocasionar un problema mayor a la hora de construir su vivienda en desmedro de su ejercicio del derecho propietario.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

Juan Carlos Berrios Albizu, entonces Magistrado de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, mediante informe presentado el 13 de agosto de 2024, cursante de fs. 110 a 116 vta., manifestó que: i) Los accionantes se limitaron a expresar sus razones de disconformidad con la determinación del AS 1230/2023, sin realizar la vinculación de los hechos con la falta de motivación, fundamentación y valoración probatoria cuestionada, prescindiendo de argumentos jurídicos para cuestionar la decisión de declarar infundado el recurso de casación, careciendo de explicación adecuada de cómo se vulneraron los derechos y garantías constitucionales alegados, conforme exige el art. 33 del Código Procesal Constitucional (CPCo); ii) La fundamentación y motivación no implica que las resoluciones deban contener exposiciones ampulosas de consideraciones y citas legales, sino, se exige una estructura de forma y de fondo concisa y clara que satisfaga los puntos cuestionados, tal cual precisó la SCP 0903/2012 de 22 de agosto; iii) El AS 1230/2023 cuestionado por medio de la acción de amparo constitucional, realizó un examen minucioso de los fundamentos de la determinación del Tribunal de alzada -Vocales de la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca- y, respondió a cada uno de los puntos cuestionados en el recurso de casación, llegando a observar una debida fundamentación y motivación, explicando de manera clara y precisa los motivos que condujeron a su decisión asumida, considerando y analizando toda la prueba aparejada, con base a informes de que los retiros de los ventanales hacia el predio ubicado en Calle Faustino Suárez de la ciudad de Sucre, de la parte demandada -accionantes- fuera ajena al objeto del proceso; puesto que, no se discute las luces y vistas ni si las construcciones cuentan con autorización o no; ya que, no son puntos a ser probados por las partes procesales, y que si bien se demostró que en frente de su propiedad -calle granada de esa ciudad- se cuenta con alcantarillado, el informe técnico pericial fue determinante en establecer que en la parte posterior del bien inmueble de los actores -terceros interesados- existe una pendiente física -desnivel de 5 metros-, no pudiendo sacar su alcantarillado por dicha vía, sino, hacia la Calle Faustino Suárez, pasando por la propiedad vecina de los demandados -accionantes- en el proceso civil, sin existir otra manera de evacuar sus aguas de esa parte de su construcción, otorgándose al mismo la fuerza probatoria establecida por el art. 202 del Código Procesal Civil (CPC); y, iv) Sobre la valoración de la prueba, los accionantes incumplieron con la exigencia de la normativa y la jurisprudencia contenida en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1215/2012 de 6 de septiembre y 0238/2018-S2 de 11 de junio, debiendo denegarse la acción de amparo constitucional formulada, al no haberse vulnerado derecho ni garantía alguna. José Antonio Revilla Martínez y Marco Ernesto Jaimes Molina, entonces Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, no asistieron a la audiencia de consideración de la acción de amparo constitucional, ni remitieron informe alguno, pese a su citación cursante a fs. 53 del primero y, respecto al segundo no consta en el cuaderno procesal dicha diligencia de citación.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Adela Rodríguez Saavedra de Daza, Rossi Álbaro Enríquez Llave, Edith Rodríguez Serrudo de Enríquez y Eduardo Daza Durán, a través de su abogado, en audiencia, manifestaron que: a) Los accionantes relatan hechos que a ellos les conviene y no lo que realmente ocurrió; ya que, es falso que hace dos años estuvieran en posesión de su bien inmueble ubicado en calle Faustino Suárez de la ciudad de Sucre, cuando el mismo deviene de una tradición hereditaria desde el 2015, así como el hecho de que se tendría un trámite de aprobación de su proyecto de construcción en el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, siendo una excusa para impedir que se ejecuten las obras dispuestas mediante Sentencia 125/2023; b) En el Informe Pericial elaborado por un Perito de oficio, se concluyó la existencia de un desnivel de la parte posterior de sus bienes inmuebles -de los ahora terceros interesados-, que únicamente tenían salida a la calle Faustino Suárez, pasando por el bien inmueble de los accionantes, quienes hicieron cambios en su inmueble, provocando que el mismo quede colgado, requiriéndose con suma urgencia dicha servidumbre; puesto que, el alcantarillado fue cortado por los nombrados, que “a la fecha” -se entiende de interposición de esta acción de defensa- sus bienes inmuebles están reteniendo aguas servidas y de los baños que tienen en la parte posterior, así como aguas fluviales en época de lluvia que no pueden desembocar en otro lado, siendo además un servicio básico del cual gozan, y se encuentra consagrado en la Norma Suprema; y, c) Los accionantes incurrieron en actos consentidos; ya que, dejaron precluir sus derechos que a tiempo de solicitar la medida cautelar para que les puedan otorgar paso, ellos asumieron el conocimiento del proceso y presentaron recurso de apelación frente a la determinación del Juez Público Civil y Comercial Tercero de la Capital del departamento de Chuquisaca; empero, sin proveer los recaudos de ley y, si bien figura que presentaron otro recurso de apelación, fue presentado de forma extemporánea. Por lo manifestado, piden se deniegue la tutela solicitada.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante Resolución 133/2024 de 13 de agosto, cursante de fs. 128 a 133 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: 1) El AS 1230/2023, no carece de congruencia ni de fundamentación, al ser resuelto el recurso de casación en el marco del Auto de Admisión 1143/2023-RA de 16 de noviembre, establecido en el Considerando IV, numerales 1, 2 y 3 que responden a los términos planteados por los accionantes, en cuanto a la fundamentación, tampoco se observa falencia alguna, cuya exposición del Considerando III, hace referencia a la jurisprudencia ordinaria, respecto de la aplicación de los principios dispositivo y iura novit curia, y en el Considerando IV, realiza la exposición de los argumentos con base en la aplicación del Código Procesal Civil, respecto de las cuestiones discutidas y dilucidadas durante el proceso principal, respondiéndose a la pretensión del recurso de casación y la demanda principal de constituir una servidumbre dentro de los fundos que se encontraban en litigio en la vía civil; 2) Sobre la motivación, respecto de la inobservancia del art. 110 del CPC, referente a los presupuestos para presentar una demanda en materia civil, en el Considerando IV se dedujo que no son aspectos que puedan ser recurridos en casación, siendo cuestiones formales que no guardan relación con el objeto principal por el cual se llegó a emitir la Sentencia 125/2023 y, si no fueron superados, los accionantes debían haber reclamado por el mecanismo pertinente; empero, no corresponde su análisis en fase de casación, al constituir vicisitudes de un recurso de apelación que tienen que ver con aspectos formales que no son materia de un recurso de casación, y si bien fue admitido, por los entonces Magistrados ahora accionados, en el fondo hicieron inferencia a que ese aspecto no puede ser sujeto de un análisis en casación; 3) Sobre la valoración, dedujeron con base al principio iura novit curia el derecho sobre los hechos que fueron expuestos o alegados por las partes procesales en la demanda principal; por lo que, de ninguna manera podría considerarse un alejamiento al principio de congruencia, siendo una facultad potestativa que tiene el Juez para adecuar el derecho a las consideraciones o pretensiones de las partes, en consideración de que el objeto principal de la demanda es la determinación de la existencia de servidumbre forzosa, conforme concluyeron los Vocales de la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, en el Auto de Vista SCCI-341/2023, criterio compartido por los mencionados Magistrados; y, 4) Respecto de la valoración de los Informes: 117/2023 de 12 de junio, evacuado por el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, el informe de ELAPAS y el Informe Técnico Pericial; así como, el Auto de 24 de agosto de 2023 -sobre las aclaraciones complementarias al Informe Técnico Pericial-, se realizó un análisis sobre aspectos técnicos con relación a la servidumbre de alcantarillado y la necesidad de paso de la servidumbre por ambos fundos, haciendo una descripción de las características existentes en el sector y respecto de la estructura de las viviendas, en aplicación del art. 142 del CPC. Con base a todas esas consideraciones, no se advierte que los entonces Magistrados ahora accionados, omitieran la valoración ni se parcializaran con determinada prueba, sino que, hicieron una consideración de los citados Informes para determinar como correcto lo razonado por el Tribunal de alzada para revocar en parte la Sentencia 125/2023, en aplicación del principio iura novit curia, teniéndose una explicación razonada, lógica y coherente y si bien en el marco del derecho a la propiedad, proyecto de vida o de la vivienda, el propietario tiene ejercicio pleno sobre el uso, goce y disfrute de sus derechos a la vivienda; no obstante, desde el punto de vista de la relaciones civiles, dicho ejercicio de derechos debe también contraponerse al ejercicio de la propiedad que tiene un tercero, cuyas limitaciones pueden ser emergentes de la constitución de una servidumbre de paso a partir del art. 255 del CC; por lo que, el hecho de constituirse una servidumbre, no supone precisamente la vulneración del derecho de propiedad. En vía de aclaración, complementación y enmienda, los accionantes a través de su abogado solicitaron se complemente la Resolución 133/2024, ante la existencia de un riesgo irremediable de ejecutar dicha Resolución; por lo que, solicitaron como medida cautelar la no intervención de perforar y meter tubos a través del muro provisional, hasta que el Tribunal Constitucional Plurinacional realice la revisión respectiva. Respecto a lo solicitado, los terceros interesados manifestaron por medio de su abogado que, existe un informe pericial complementario, con cuestiones técnicas que da soluciones al conflicto, siendo muy lejana la revisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, debiendo salvarse las cuestiones de imposibilidad y cualquier vicisitud con un análisis técnico del Perito. En mérito a esa solicitud, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, complementó la Resolución 133/2024, disponiendo: conceder la medida cautelar entre tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional se pronuncie sobre el fondo de la acción de amparo constitucional, advirtiendo también a las partes procesales -valga la aclaración- de que mientras tanto se suscite la decisión por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional, “…las partes pueden presentar ante el Tribunal de Garantías las solicitudes, ya sea de constitución de nueva medida cautelar o en su defecto también de cesación de la medida cautelar, lo cual también es una incidencia que emerge de la tramitación propia de las acciones constitucionales; en tal entendido, esto no es una limitante expresamente determinada a los fines de que deba aguardarse de manera necesaria la emisión de la Resolución en cosa juzgada por parte del Tribunal Constitucional, sino que también puede ser discutible y debatible mientras tanto dure la medida cautelar o en este caso, sobrevivan las circunstancias por las cuales está disponiendo la aplicación de la misma…” (sic).

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa Mediante Auto Constitucional 616/2025-CA/S de 15 de diciembre, cursante de fs. 281 a 286, se dispuso el adelanto de sorteo de la presente causa; por lo que, en cumplimiento a dicha determinación la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin guardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la misma. Mediante decreto constitucional de 27 de abril de 2026, cursante a fs. 294, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 8 de julio del citado año, cursante a fs. 298; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Sentencia 125/2023 de 24 de agosto, emitida por el Juez Público Civil y Comercial Tercero de la Capital del departamento de Chuquisaca, declarando con lugar la constitución de servidumbre de alcantarillado, solamente en lo referente a la evacuación de las cámaras de la parte posterior de los bienes inmuebles de Adela Rodríguez Saavedra de Daza, Rossi Álbaro Enríquez Llave, Edith Rodríguez Serrudo de Enríquez y Eduardo Daza Durán -ahora terceros interesados- y sin lugar a daños y perjuicios; ya que, fue motivo de recurso de apelación formulado por Rosmery Blanca Ramos Figueroa y Juan Pablo Bellido Díaz -hoy accionantes-, emitiéndose el Auto de Vista SCCI-341/2023 de 16 de octubre, por los Vocales de la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento, donde se mantuvo incólume en el fondo la citada Sentencia dentro del proceso civil de servidumbre de paso forzoso de alcantarillado, interpuesto por los ahora terceros interesados contra los accionantes (fs. 182 a 198). II.2. Cursa AS 1230/2023 de 1 de diciembre, emitido por Juan Carlos Berrios Albizu y Marco Ernesto Jaimes Molina, entonces Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia -ahora accionados-, en atención al recurso de casación formulado por los accionantes, cuya parte dispositiva declara “INFUNDADO el recurso de casación…” (sic [fs. 199 a 211]). II.3. Consta Informe Técnico Pericial 01-03/01/2023-A.J.J. 3ro. de 3 de enero de 2023, emitido por el Arquitecto, quien remitió al Juzgado Público Civil y Comercial Tercero de la Capital del departamento de Chuquisaca, “…las siguientes conclusiones:

 PARA EVITAR MAYORES DAÑOS A LOS INMUEBLES SE TENDRÍA QUE HACER UNA EXCAVACIÓN PERFORAR EL MURO DE CONTENCIÓN Y HACER LA UNION DE LA CONEXIÓN DEL TUBO Y DE ESTA MANERA EVITAR DAÑOS MAYORES O IRREPARABLES.  AL HACER ESTE TRABAJO NO SE DAÑARÍA DE NINGUNA MANERA EL MURO DE CONTENCIÓN YA EDIFICADO PUES SOLO SE HARÍA UNA PERFORACIÓN SIN AFECTAR SU TRABAJO MECÁNICO ESTRUCTURAL.  LAS CÁMARAS DE RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS DE LAS CONSTRUCCIONES MAYORES DE AMBOS TERRENOS, ES DECIR A Y B ESTÁN CON SALIDA A LA CALLE GRANADA, SOLO ESTARÍA CON CONEXIÓN LAS CÁMARAS ANTIGUAS QUE POR LA PENDIENTE YA EXPLICADA NO TIENEN OPCIÓN DE SALIDA A LA CALLE GRANADA SI NO A LA CALLE FAUSTINO SUAREZ POR EL FUNDO VECINO.  ADJUNTO FOTOS SATELITALES DE LA EVOLUCIÓN DE LOS TERRENOS YA SEÑALADOS.  ADJUNTO IMÁGENES EN 3D DE LA CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO ANTIGUO DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS ANTES DE LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN.

 ESTA FIGURA SE DENOMINA PASO DE SERVIDUMBRE PARA EVACUACIÓN DE AGUAS SERVIDAS Y ALCANTARILLADO.  EN LOS INFORMES DE LAS ENTIDADES MUNICIPALES COMO EN EL INFORME DE LA EMPRESA DE AGUAS DE SUCRE ELAPAS SE RECOMIENDA PERMITIR EL PASO DE SERVIDUMBRE FORZOSO TIPIFICADO EN EL CÓDIGO CIVIL EN SU ARTÍCULO 362” (sic [fs. 161 a 165]). II.4. Se tiene Informe Técnico de Catastro de Redes CR.23.096 de 15 de mayo de 2023, emitido por el personal de ELAPAS, que concluye: “…luego de consultar los planos de Catastro de Redes y de realizar la inspección de campo se informa: 1. Que SI existe tuberías de Agua Potable instaladas por ELAPAS como se muestra en la imagen satelital. 2. Que SI existe tuberías de Alcantarillado Sanitario instaladas por ELAPAS como se muestra en la imagen. 3. Que si encuentra DENTRO de área de prestación de servicios de ELAPAS” (sic [fs. 47 a 48]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes, denuncian la vulneración de sus derechos a la vivienda, a la propiedad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, pertinencia, igualdad procesal, razonabilidad, objetividad, proporcionalidad y equidad; así como, a los principios de legalidad y seguridad jurídica; puesto que, los entonces Magistrados ahora accionados -a tiempo de resolver el recurso de casación formulado contra el Auto de Vista SCCI-341/2023 de 16 de octubre, que ratificó el fondo de la Sentencia 125/2023 de 24 de agosto, la cual dispuso la constitución de servidumbre de alcantarillado-, emitieron el AS 1230/2023 de 1 de diciembre, declarando infundado el recurso de casación, incurriendo en valoración arbitraria y omisiva del Informe Pericial de 3 de enero de 2023, y el Informe Técnico de Catastro de Redes CR.23.096 de 15 de mayo del señalado año, emitido por ELAPAS, sin explicar los motivos de su determinación sino, limitarse a deducir que su derecho precluyó, así como, no considerar otras alternativas a dicha servidumbre de paso ni los daños y perjuicios que ocasionaría a su proyecto de vivienda, mucho menos los gastos que ello conllevaría. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) Sobre la valoración de la prueba, componente del debido proceso. Jurisprudencia uniforme; ii) La fundamentación y motivación en la jurisdicción constitucional; iii) La congruencia como elemento del debido proceso; y, iv) Análisis del caso concreto.

III.1. Sobre la valoración de la prueba, componente del debido proceso.

Jurisprudencia uniforme

La justicia constitucional delimita las atribuciones entre jurisdicciones respecto a la valoración de la prueba; así, la SC 0025/2010-R de 13 de abril, señala que: “…este Tribunal, en invariable y reiterada jurisprudencia, ha establecido que la jurisdicción constitucional no tiene competencia para ingresar a valorar la prueba, dado que ésta compulsa corresponde exclusivamente a la jurisdicción ordinaria, cuyos jueces y tribunales, conforme a la atribución que les confiere la Constitución de manera general; y las leyes de manera específica, deben examinar todo cuanto sea presentado durante el proceso y finalmente emitir un criterio con la independencia que esto amerita...” (las negrillas nos corresponden). También se establecieron situaciones excepcionales en las que se puede ingresar a la valoración de la prueba, así mediante las Sentencias Constitucionales 0938/2005-R de 12 de agosto, 0965/2006-R de 2 de octubre, y 0662/2010-R de 19 de julio, entre otras, señala que:“…La facultad de valoración de la prueba corresponde privativamente a los órganos jurisdiccionales ordinarios, por ende la jurisdicción constitucional no puede ni debe pronunciarse sobre cuestiones de exclusiva competencia de los jueces y tribunales ordinarios, en consecuencia, menos aún podría revisar la valoración de la prueba que hubieran efectuado las autoridades judiciales competentes, emitiendo criterios sobre dicha valoración y pronunciándose respecto a su contenido. Ahora bien, la facultad del Tribunal Constitucional a través de sus acciones tutelares alcanza a determinar la existencia de lesión a derechos y garantías fundamentales cuando en la valoración de la prueba efectuada por la jurisdicción ordinaria exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad y/o se hubiese omitido arbitrariamente efectuar dicha ponderación” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen [SC 0662/2010-R de 19 de julio]). De igual manera, la SC 0115/2007-R de 7 de marzo, consideró otra excepción a las subreglas jurisprudenciales, concluyendo que: “…además de la omisión en la consideración de la prueba, (…) es causal de excepción de la subregla de no valoración de la prueba, otra excepción se da cuando la autoridad judicial basa su decisión en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento” (las negrillas son nuestras). Finalmente, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, establece que: “…por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: a) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Claro está que además de ello, en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia de que su incumplimiento ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional. Supuestos que constituyen excepciones a la regla aludida; dado que se admite injerencia de la jurisdicción constitucional, únicamente cuando se evidencian dichas vulneraciones; empero, dicha competencia se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente” (las negrillas nos pertenecen).

III.2. La fundamentación y motivación en la jurisdicción constitucional

La SCP 0060/2025-S1 de 10 de marzo, reiterando los razonamientos de la SCP 0074/2024-S3 de 10 de abril, establece que: «La motivación es una exigencia constitucional de las resoluciones -judiciales y administrativas o cualesquiera otras, expresadas en una resolución en general, sentencia, auto, etc., - porque se viola la garantía del debido proceso (art. 115.I de la CPE) sin ella. El contenido esencial a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada fue desarrollado en la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, y complementado por la SCP 0100/2013 de 17 de enero, teniendo en cuenta las finalidades que persigue este derecho fundamental. (…) Sobre el segundo contenido, es decir, lograr el convencimiento de las partes de que la resolución no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia, en la SCP 2221/2012, el Tribunal Constitucional ha desarrollado las formas en las que puede manifestarse la arbitrariedad, señalando: “la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) una ‘decisión sin motivación’, o extiendo esta es, b.2)

una ‘motivación arbitraria’; o en su caso, b.3) una ‘motivación insuficiente, desarrollando más adelante, el contenido de cada una de ellasʹ. b.1) Por ejemplo, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.), no da razones (justificaciones) que sustenten su decisión, traducido en las razones de hecho y de derecho, estamos ante la verificación de una ‘decisión sin motivación’, debido a que ‘decidir no es motivar’. La ‘justificación conlleva formular juicios evaluativos [formales o materiales] sobre el derecho y los hechos sub iudice [asunto pendiente de decisión]’. b.2) Del mismo modo, verbigracia, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.) sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, se está ante una ‘motivación arbitraria’. Al respecto el art. 30.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) [Obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, es escrito cumplimiento de las garantías procesales]. En efecto, un supuesto de ‘motivación arbitraria’ es cuando una decisión coincide o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba o, en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso (SC 0965/2006-R), que influye, en ambos casos, en la confiabilidad de las hipótesis fácticas (hechos probados) capaces de incidir en el sentido, en los fundamentos de la decisión. Es decir, existe dependencia en cómo cada elemento probatorio fue valorado o no fue valorado, para que se fortalezca o debilite las distintas hipótesis (premisas) sobre los hechos y, por ende, la fundamentación jurídica que sostenga la decisión. (…) b.3) De otro lado, cuando una resolución no justifica las razones por las cuales omite o se abstiene de pronunciar sobre ciertos temas o problemas jurídicos planteados por las partes, se está ante una ‘motivación insuficiente”’». En ese mismo sentido, la SCP 0071/2018-S1 de 19 de marzo, señalando a la SCP 0558/2016-S2 de 27 de mayo, estableció que: “La fundamentación es una exigencia contenida dentro del debido proceso, siendo que una decisión es arbitraria cuando carece de razones, es antojadiza o producto de conocimientos insuficientes que no pueden sostener un mínimo análisis jurídico legal; al contrario, la decisión tiene fundamento en la medida en que se afirmen circunstancias de hecho y de derecho, sustentada en pruebas y normas aplicables que visualicen la base sobre la cual se apoya la decisión; estas afirmaciones no pueden ser frases trilladas o rutinarias, sino razones coherentes y claras referidas al caso concreto. Quien emita una resolución, sea administrativa o judicial, está en el deber de fundamentarla, porque solo así el administrado tendrá la posibilidad de analizar la decisión y de impugnarla; ante la omisión de una suficiente fundamentación se coarta su derecho a la defensa por estar imposibilitado de ponerla en duda. En ese sentido no debe limitarse la motivación como un mero requisito formal, al contrario, este requisito tiene por finalidad permitir la defensa del administrado. (...) Dicho de otra forma, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (SSCC 0863/2007-R, 0752/2002-R, SC 1369/2001-R, entre otras)”. En cuanto a la motivación, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, determinó lo siguiente: ‘…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’, coligiéndose que toda resolución emitida dentro de un proceso judicial o administrativo, debe inexcusablemente contener una adecuada motivación respecto a los hechos en los que se base, a las pruebas que se aportaron y a las disposiciones legales en las que se sustente su decisión, puesto que el relacionamiento de éstas con los hechos que le dieron origen, constituye la fundamentación y motivación a la que el debido proceso se refiere. Ahora bien, de manera inescindible, el derecho a una debida motivación y fundamentación de las resoluciones, se halla interrelacionado con el principio de congruencia entendido como ‘…la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación. Esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, y que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume’ (SCP 0387/2012 de 22 de junio), de donde se infiere que las resoluciones judiciales, deben emitirse en función al sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes procesales. En cuanto al componente de congruencia como elemento del debido proceso, la SCP 0712/2015-S3 de 3 de julio, estableció que: ‘La congruencia fue definida como un principio normativo que limita facultades resolutorias del juez, por el cual debe existir identidad entre lo resuelto y controvertido, oportunamente, por los litigantes, y relación con los poderes atribuidos en cada caso al órgano jurisdiccional por el ordenamiento jurídico, con la finalidad de que exista identidad jurídica entre lo resuelto y lo pretendido. De esta forma es pacífica la noción de congruencia como la debida correspondencia entre las partes que componen un todo. A contrario sensu se entiende como resolución incongruente a aquella que no guarda una resolución lógica entre lo solicitado y lo resuelto. En ese orden, la doctrina estableció una clasificación general de las resoluciones incongruentes, entre las que se encuentran: a) Incongruencia por ultra petita; b) Incongruencia por extra petita; c) Incongruencia por infra petita; y, d) Incongruencia por citra petita (…). Es importante precisar que el principio de congruencia también adquiere un matiz reforzado a partir del Estado Constitucional, así lo reconoció el Tribunal Constitucional Plurinacional que desarrolló dicho principio desde dos ámbitos de acción; de un lado, dentro de cualquier proceso como unidad, delimitando las actuaciones de las partes procesales como del órgano jurisdiccional o administrativo; y de otro, en cuanto a la estructura misma de las resoluciones, situación esta última que involucra la exigencia de que, en dicho fallo, se absuelvan todos los aspectos puestos a consideración del juzgador de manera coherente y que además de ello, se establezca una relación entre los argumentos expuestos por las partes, los fundamentos argüidos por el juzgador donde se incluirá la base normativa, el análisis fáctico y la parte resolutiva que deberá responder o ser el resultado del problema jurídico, analizando y considerado por dicha autoridad (SCP 0037/2012 de 26 de marzo)”’».

III.3. La congruencia como elemento del debido proceso

La SCP 0687/2016-S2 de 8 de agosto, citada en la SCP 1033/2025-S1 de 29 de agosto, establece que: “…la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes. (…) El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia, la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia” (las negrillas nos pertenecen).

III.4. Análisis del caso concreto

Los accionantes, denuncian la vulneración de sus derechos a la vivienda, a la propiedad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, pertinencia, igualdad procesal, razonabilidad, objetividad, proporcionalidad y equidad; así como, a los principios de legalidad y seguridad jurídica; puesto que, los entonces Magistrados ahora accionados -a tiempo de resolver el recurso de casación formulado contra el Auto de Vista SCCI-341/2023 de 16 de octubre, que ratificó el fondo de la Sentencia 125/2023 de 24 de agosto, la cual dispuso la constitución de servidumbre de alcantarillado-, emitieron el AS 1230/2023 de 1 de diciembre, declarando infundado el recurso de casación, incurriendo en valoración arbitraria y omisiva del Informe Técnico Pericial de 3 de enero de 2023, y el Informe Técnico de Catastro de Redes CR.23.096 de 15 de mayo del señalado año, emitido por ELAPAS, sin explicar los motivos de su determinación sino, limitarse a deducir que su derecho precluyó, así como, no considerar otras alternativas a dicha servidumbre de paso ni los daños y perjuicios que ocasionaría a su proyecto de vivienda, mucho menos los gastos que ello conllevaría. De la revisión de los antecedentes arrimados al proceso constitucional, se tiene el cuaderno procesal del proceso sobre servidumbre de paso forzoso de alcantarillado activado por los ahora terceros interesados contra los accionantes; causa dentro de la cual, se pronunció la Sentencia 125/2023, que declaró probada en parte la demanda, determinándose la constitución de servidumbre de alcantarillado solamente en lo referente a la evacuación de cámaras de la parte posterior de los bienes inmuebles cuya titularidad corresponde a los hoy terceros interesados; determinación que, al merecer recurso de apelación, se dictaminó por los Vocales de la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, el Auto de Vista SCCI-341/2023, revocando en parte la Sentencia 125/2023 y en el fondo declaró no ha lugar a las costas y costos, manteniendo en lo demás incólume dicha Sentencia; siendo objeto de recurso de casación, los entonces Magistrados hoy accionados emitieron el AS 1230/2023, declarando “INFUNDADO el recurso de casación…” (Conclusiones II.1. y II.2.); así también, cursan: Informe Técnico Pericial 01-03/01/2023-A.J.J. 3ro., suscrito por el Arquitecto, remitido al Juzgado Público Civil y Comercial Tercero de la Capital del departamento de Chuquisaca, e Informe Técnico de Catastro de Redes CR.23.096, emitido por personal de ELAPAS (Conclusiones II.3. y II.4.). En ese contexto, antes de ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, resulta pertinente aclarar que, en virtud de la configuración procesal de la acción de amparo constitucional -subsidiaria-, la revisión en sede constitucional de las decisiones asumidas por otras jurisdicciones que fueran objeto de cuestionamiento -en el presente caso dentro de un proceso civil-, se realiza a partir de la última decisión pronunciada; es decir, el AS 1230/2023; en razón de que, los entonces Magistrados ahora accionados en fase de casación tuvieron la posibilidad de corregir, enmendar y/o anular las determinaciones dispuestas por las autoridades de menor jerarquía, sin que la jurisdicción constitucional pueda ingresar a invadir la competencia de la jurisdicción ordinaria o administrativa en la revisión de lo obrado como si fuera una instancia más dentro de esos procesos, cuando cada una de estas vías tienen sus propios medios de impugnación, pudiendo las ilegalidades -denunciadas oportunamente- ser examinadas y corregidas en el mismo proceso y solo cuando éstas se mantengan -agotados los medios de impugnación-, recién se apertura la vía constitucional -SCP 0431/2015-S3 de 4 de mayo-. Por ello, así como el hecho de que el citado Auto Supremo no se tenga por suscrito por el entonces Magistrado hoy accionado, resulta incontrovertible la denegatoria de tutela solicitada con relación a dicho Magistrado. Precisada dicha aclaración, atendiendo a la identificación de la problemática del caso que nos ocupa, corresponde abordar el análisis verificando si el AS 1230/2023, se pronunció en el marco del debido proceso o, con carencia de alguno de sus elementos alegados; para lo cual, es imprescindible sintetizar los puntos cuestionados por el recurrente vía recurso de casación, para luego proceder a su compulsa y contraste, en función a los derechos cuya vulneración se alega, extractándose dichos alegatos del contenido del citado Auto Supremo: a) Tanto el informe pericial como la documental presentada corroboraría que los bienes inmuebles de los demandantes -ahora terceros interesados- cuentan con acceso a alcantarillado principal en la calle Granada de la ciudad de Sucre y no se encontrarían enclavados entre otros fundos, obviando considerar el Auto de Vista SCCI-341/2023, que el bien inmueble está fraccionado en dos lotes, un edificio de más de siete pisos que debe cumplir una serie de requisitos para obtener un paso de servidumbre como la presentación de planos de construcción y sanitario debidamente aprobados por autoridad competente; así como, no se dio importancia al Reglamento Nacional de Prestaciones Sanitarias de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para Centros Urbanos, cuyas irregularidades denotan que se trata de una construcción ilegal, tal como consta en el Informe con Cite: U.C.D.U. 117/2023, evacuado por el Responsable de Control y Desarrollo Urbano del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre. b) Vulneración del art. 110.5 y 7 del CPC, al no examinarse ni manifestado los Vocales de la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, sobre la excepción planteada, dejándoles en indefensión, al desconocer de qué acción legal asumir defensa; c) Lesión al debido proceso en su elemento de debida fundamentación y congruencia con relación al art. 1.3 del CPC, respecto a que la Sentencia 125/2023, contiene incongruencias que no fueron atendidas mediante el Auto de Vista SCCI-341/2023, y que este último, no observó ni subsanó el cumplimiento de los requisitos para admitir la demanda; y, Seguidamente, entre los fundamentos del AS 1230/2023, se tiene los siguientes puntos: 1) De la valoración desplegada por los entonces Magistrados hoy accionados, se concluyó que: «“…conforme al art. 143 del CPC, se elaboró el informe pericial (ver 170 a 190) que señaló: ‘Existe una diferencia de pendiente entre los inmuebles de la parte demandante con el inmueble de parte demandada de aproximadamente 5 mts. con relación al nivel de la calle Granada que es la calle por donde se tiene acceso (…) las características de las construcciones ya existentes no se puede tener salida a la calle Granada sino por el fundo vecino, es decir, por el terreno de la parte demandada, pues como ya habíamos mencionado antes estos terrenos antes de la división eran un solo predio (…) las cámaras de recolección de aguas servidas de las construcciones mayores de ambos terrenos, es decir, A y B están con salida a la calle Granada, sólo estaría con conexión las cámaras antiguas que por la pendiente ya explicada no tienen opción de salida a la calle Granada sino a la calle Faustino Suárez por el fundo vecino (…) solo las cámaras inferiores estarían utilizando este paso para que pueda evacuar sus aguas servidas como se mencionó en el informe preliminar (…) dadas las características del sector y como está organizada la estructura de las viviendas no existe otra manera de evacuar esas dos cámaras por otro lado, sino es como se plantea en el sistema del informe pericial’.

Pericia que fue elaborada conforme al debido proceso, que fue puesta en conocimiento de las partes, y los demandados mediante memorial de fs. 201 a 202, solicitaron aclaración y ampliación, además de impugnar el informe pericial, en ese comprendido, por Auto de 24 de agosto de 2023 (ver fs. 222 a 224), en la audiencia complementaria se absolvieron los dos puntos planteados; primero, respecto a la aclaración y complementación, y segundo, sobre la impugnación a la pericia, dejando sin lugar a las aclaraciones y/o complementaciones, así como declaró sin lugar a la impugnación formulada, sin que, esta última haya sido objetada para una eventual apelación con la Sentencia, por lo que el derecho de la parte demandada ha precluido conforme el art. 201.II del Código Procesal Civil, en ese marco, la pericia tiene el valor que le asigna el art. 202 del Código Procesal Civil con relación al art. 1331 del Código Civil. A efectos de responder a todos los reclamos en este punto, se indica que no se dio importancia a la documental sobre el Reglamento nacional de prestaciones sanitarias de servicios de agua potable y alcantarillado para centros urbanos presentada por la parte recurrente, tratándose de una construcción ilegal de un edificio, tal como consta en el informe Cite U.C.D.U. N° 117/2023, evacuado por el responsable de control y desarrollo urbano del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre que cursa de fs. 151 a 153, igualmente el Auto de Vista al referirse a los inmuebles de los demandantes no habría mencionado nada respecto a que el inmueble está fraccionado en dos lotes, uno de ellos es un edificio de más de 7 pisos que debe cumplir una serie de requisitos para obtener un paso de servidumbre como ser la presentación del plano de construcción y sobre todo el plano sanitario, debidamente aprobado por autoridad competente. Inicialmente, atañe exteriorizar que del examen de la documental de fs. 151 a 153, referente al informe de inspección de vivienda, en el cual se desprende que se coordinó una inspección técnica para la medición de los retiros de las vistas con relación al predio de Juan Pablo Bellido Díaz, de los resultados de esas mediciones se evidenció que las ventanas cumplen con lo establecido en el Código Civil en relación a sus artículos 124 y 125 de luces y vistas, teniendo un retiro de más de 2 mts. hacia el límite y colindancias con el predio de José Luis Bellido. En ese comprendido, lo señalado en el aludido informe sobre la medición de los ‘retiros de los ventanales hacia el predio de la parte demandada’, es ajena al proceso, ya que, en el caso de autos, no se está discutiendo las ‘luces y vistas’, tampoco si las construcciones o edificaciones de la parte demandante cuentan o no con autorización, consecuentemente esos aspectos no constituyeron objeto del presente proceso, ni mucho menos se encuentra fijado dentro de los puntos a ser probados descrito a fs. 229, resultando estos argumentos fuera de contexto. La parte demandada acusa también que se comprobó con el informe del perito y con la documental presentada a fs. 110, los inmuebles de los demandantes cuentan con acceso a la alcantarilla principal en la calle Granada, es decir, no se encuentran enclavados entre otros fundos. Debemos remitirnos al objeto de la prueba y puntos de debate, que para la parte actora consistía en la acreditación técnica de las condiciones para el establecimiento de la servidumbre de alcantarillado en el fundo sirviente, que resultaría necesario emplear ese espacio físico para tal servidumbre; en cambio para la parte demandada, que el paso de aguas hervidas y pluviales de los demandantes puede emplear otras fracciones físicas no siendo necesario el paso por su propiedad (ver fs. 166). De los puntos señalados, era necesario establecer aspectos técnicos que determinen la situación de los inmuebles de los demandantes, sus servidumbres de alcantarillado y si era necesario el paso de la servidumbre por el fundo de los demandados. Estos extremos fueron absueltos por el informe pericial, donde el perito de oficio aclaró que los inmuebles de los demandantes en la parte posterior por la pendiente física desnivel de 5 mts. no pueden sacar su alcantarillado por la calle Granada, sino hacia la calle Faustino Suarez, pasando por el fundo vecino de los demandados, aclarando que el paso de la servidumbre de alcantarillado solo es relación a la parte posterior de los inmuebles de los actores que comprende el desagüe del baño, lavandería y aguas pluviales, no así la parte frontal que tiene su propio desagüe por la calle Granada. Bajo esas consideraciones, es que los Tribunales de instancia según el art. 142 del Código Procesal Civil, han precisado como prueba idónea y conducente la pericia que estableció que por las características de las construcciones no tienen opción de salida a la calle Granada sino a la calle Faustino Suárez por el fundo vecino, sólo en relación a las cámaras que se encuentran en la parte posterior de los inmuebles de los demandantes, ya que dadas las características del sector y como está organizada la estructura de las viviendas no existe otra manera de evacuar esas dos cámaras por otro lado. Por todas las consideraciones realizadas, corresponde emitir resolución para el recurso, conforme a lo previsto por el art. 220.II de la Ley Nº 439 Código Procesal Civil…”» (sic); 2) Respecto del reclamo de vulneración de los arts. 110.5 y 7 del CPC, razonó que: “…la excepción previa de demanda defectuosa, al no ser de carácter definitivo su impugnación concluye con la emisión del Auto de Vista en el marco del art. 260.I del Código Procesal Civil, inhibiendo a este Tribunal de casación su examen por no tener competencia para conocer determinaciones interlocutorias simples, siendo improcedente su conocimiento en casación” (sic); y, 3) Sobre tercer motivo, sostuvieron que: “‘…la parte recurrente debe tener presente que los de instancia aplicaron el principio iura novit curia, que supone que el Juez es quien debe conocer el derecho y corresponde aplicarlo sin que se encuentre constreñido al encuadre de los hechos alegado por las partes, lo que de ninguna manera supone permisión en sentido de alejarse del principio de congruencia, toda vez que el principio iura novit curia supone que en la Sentencia se aplicará el derecho que considere corresponder para la solución de las cuestiones pretendidas, pero sin alterar ni sustituir las pretensiones deducidas ni los hechos en que las partes fundan las mismas, ello en aras de resguardar el principio dispositivo en virtud al cual el Juez no puede de oficio suplir las pretensiones demandadas por las partes. En ese entendido, la parte recurrente erróneamente entiende que los actores solicitaron servidumbre de paso “para acceder a un camino”, sin embargo, los Tribunales de grado establecieron que se solicitó una servidumbre de alcantarillado para el desagüe de las dos cámaras posteriores de sus inmuebles, en ese escenario, no se evidencia vulneración al debido proceso en su vertiente de debida fundamentación y congruencia, máxime si tomamos en cuenta que en el Considerando IV del Auto de Vista, se explica que la decisión de la Sentencia no está alejada de la pretensión perseguida por los actores, que es la servidumbre de alcantarillado, y siendo indiscutible, así también en lo sustancial, por lo que no existió una modificación ni sustitución de los términos de la demanda ni de los hechos controvertidos, sino un análisis intelectivo de la pretensión perseguida, por lo que no se evidenció que el A quo hubiese concedido más o menos de lo demandado, en consecuencia, este Tribunal considera que el Auto de Vista es congruente y que aplicó de forma correcta el principio iura novit curia, ya que, como se explicó anteriormente, los hechos se subsumen a la determinación establecida por los Tribunales de grado, en ese comprendido los reclamos devienen en infundados”’ (sic). Desarrollados los fundamentos del AS 1230/2023, se evidencia que efectivamente, declaró infundado el recurso de casación, cuya revisión con base a la delimitación de la problemática, debe partir de los siguientes elementos: i) Sobre la errónea valoración y omisión valorativa de la prueba; ii) Con relación a la fundamentación y motivación; y, iii) Respecto de la congruencia. Sobre la errónea valoración y omisión valorativa de la prueba Respecto al elemento del debido proceso, la jurisdicción constitucional entendió que por regla general está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, -tratándose de la vulneración de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales-, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: a) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de la prueba, sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento (SCP 1215/2012 de 6 de septiembre). Ahora bien, bajo ese marco jurisprudencial, en el caso de autos que se encuadra el cuestionamiento de valoración al primer presupuesto de verificación, la compulsa desplegada por los entonces Magistrados ahora accionados en el AS 1230/2023 -identificada como primer punto de agravio- parte de las conclusiones que abordó el Informe Técnico Pericial 01-03/01/2023-A.J.J. 3ro., el cual concluyó de manera técnica la existencia de una diferencia de pendiente entre ambos bienes inmuebles objeto del proceso, deduciendo que el bien inmueble de los ahora terceros interesados y el terreno de los accionantes, tiene una pendiente de aproximadamente 5 metros con relación al nivel de la calle Granada de la ciudad de Sucre, y que por cuyas características de las construcciones ya existentes no se podría tener salida a la citada Calle, sino por el terreno de los hoy terceros interesados, por cuyo declive solo se tendría salida a la calle Faustino Suárez, sin existir otra manera de evacuar las cámaras de alcantarillado. De la labor valorativa, no se tiene que los mencionados Magistrados se apartaran de los marcos legales de razonabilidad y equidad, advirtiéndose en su valoración una particular atención al peritaje elaborado por un profesional perito que los llevó a concluir por un criterio técnico. Además, a pesar de impugnarse dicho estudio pericial, ese fue resuelto mediante Auto de 24 de agosto de 2023, en audiencia complementaria, sin lugar a la impugnación formulada, cuya determinación no fue objetaba en previsión procesal del art. 201.II del CPC, siendo evidente lo decidido por los señalados Magistrados, que el derecho de los accionantes respecto a cuestionar que su contenido precluyó. Por otro lado, los entonces Magistrados hoy accionados no consideraron la importancia del Reglamento Nacional de Prestaciones Sanitarias de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para Centros Urbanos, de las conclusiones arribadas por el Informe con Cite: U.C.D.U.117/2023, evacuado por el Responsable de Control y Desarrollo Urbano del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, el mismo fue desechado debido a que su contenido hacía alusión a las luces y vistas, así como el retiro de ventanales, objeto diferente al objeto del proceso civil de servidumbre de paso, cuyas conclusiones a las que abordaría fueran impertinentes a la problemática que se dilucida en la causa ordinaria, valoración que tampoco contiene un exceso ni un apartamiento del sentido común y razonabilidad. Por último, sobre el hecho de que los bienes inmuebles de los ahora terceros interesados cuentan con acceso a la alcantarilla principal en la calle Granada de la ciudad de Sucre, es decir, no se encuentran enclavados entre otros fundos concluido por el Informe Técnico de Catastro de Redes CR.23.096, emitido por personal de ELAPAS, se optó por privilegiar al Informe Técnico Pericial 01-03/01/2023-A.J.J. 3ro. que dedujo que no existiría técnicamente otra manera de evacuar las dos cámaras por otro lado. Valoración que decanta en una apreciación integral de la estructura de los bienes inmuebles, en consideración de la posición geográfica caracterizada por una diferencia en el nivel, no encontrándose motivo alguno para objetar la labor valorativa desplegada por los entonces Magistrados hoy accionados; de modo que, no se advierte la concurrencia del primer presupuesto de verificación en la labor valorativa inferida por los nombrados, deviniendo consecuentemente en la denegatoria al respecto. Con relación a la fundamentación y motivación

Sobre los elementos del debido proceso respecto a la fundamentación y motivación, la jurisprudencia constitucional de manera categórica y enfática definió su alcance: sobre el primero, como la obligación de toda autoridad de resolver un determinado caso con la cita de los preceptos legales sustantivos y adjetivos, en los cuales se apoya la decisión adoptada y respecto del segundo, como la expresión de los razonamientos lógico-jurídicos sobre el por qué el caso se ajusta a la premisa normativa; es decir, precisar los criterios jurídicos de la disposición a pronunciarse, exponiendo de manera clara las razones que la sustentan, citando las cuestiones de hecho y derecho, efectuando una explicación razonable e inteligible sobre el fondo, exteriorizando las convicciones determinativas de su resolución bajo una estructura concisa y clara, además que satisfaga los puntos reclamados, conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Bajo ese marco jurisprudencial, respecto del segundo punto, referente a que se carecería de explicación sobre la excepción de previo pronunciamiento planteada sobre los motivos del art. 110.5 y 7 del CPC, lo que provocó que se los deje en indefensión, el AS 1230/2023, sostiene que la excepción previa de demanda defectuosa, al no ser de carácter definitivo su impugnación concluyó con la emisión del Auto de Vista SCCI-341/2023 en el marco del art. 260.I del CPC, lo imposibilitaría la competencia del Tribunal de casación; dicha apreciación resulta evidente, en consideración de que la configuración procesal del proceso civil, respecto de una excepción sobre demanda defectuosa por los requisitos del art. 110 del citado Código, en virtud del art. 113.II del mismo Código, contra la desestimación o rechazo a la subsanación a los requisitos de la demanda, solo procederá el recurso de apelación, sin recurso ulterior, alegato que fue respondido y explicado por los entonces Magistrados ahora accionados. Respecto del segundo punto, en el que se cuestiona que la Sentencia 125/2023, contiene incongruencias que no fueron atendidas mediante el Auto de Vista SCCI-341/2023, en atención al principio dispositivo previsto por el art. 1.3 del CPC; los entonces Magistrados hoy accionados resolvieron que los Vocales de la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, aplicaron el principio iura novit curia, infiriendo que el Juez de la causa es quien debe conocer el derecho y corresponde aplicarlo sin que se encuentre constreñido al encuadre de los hechos alegados por las partes procesales, lo que de ninguna manera supone permisión en sentido de alejarse del principio de congruencia, en aras de resguardar el principio dispositivo en virtud al cual el Juez no puede de oficio suplir las pretensiones demandadas por las partes; ya que, se tiene que explicaron y respondieron a dicho agravio, concluyendo que los accionantes erróneamente entienden que los hoy terceros interesados solicitaron servidumbre de paso “para acceder a un camino”; sin embargo, tanto el Juez de primera instancia como el Tribunal de alzada, establecieron que se solicitó una servidumbre de alcantarillado para el desagüe de las dos cámaras posteriores de los bienes inmuebles de los ahora terceros interesados, aclarando que en el Considerando IV del Auto de Vista SCCI-341/2023, se explicó que la decisión de la Sentencia 125/2023, no está alejada de la pretensión -servidumbre de alcantarillado- de los señalados terceros interesados, teniéndose en consecuencia un análisis intelectivo de la pretensión perseguida, y una exposición suficiente y razonada al respecto. Consecuentemente, el Auto de Vista SCCI-341/2023, contiene una estructura y contenido ordenado, desde el Primer Considerando donde se identifica a las partes y antecedentes del proceso, se efectúa una relación de las actuaciones en primera instancia y en el Segundo Considerando se delimita el recurso de casación formulado por los accionantes y su contestación, y para el Tercer Considerando precisar la doctrina aplicable al caso sobre el principio dispositivo, la pretensión, la congruencia y el principio iura novit curia, para finalmente desarrollar los fundamentos del mencionado Auto de Vista, lo que hacen a una estructura sustentada en el marco de los criterios interpretativos del ordenamiento jurídico, sin advertirse de modo alguno vulneración del debido proceso en sus elementos de fundamentación ni motivación, correspondiendo denegar la tutela solicitada al respecto. Respecto de la congruencia Sobre la congruencia denunciada también como vulnerada, los accionantes no precisan sobre qué puntos recurridos no se recibió respuesta o bajo que parámetros radica su denuncia de atribuir al AS 1230/2023 de incongruente; más aun, si del contraste desarrollado de los puntos cuestionados en el recurso de casación, cada uno de esos merecieron respuesta, de cuya revisión se coligió que contiene una orden y racionalidad desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los alegatos y la determinación de la parte dispositiva, manteniendo una coherencia entre sus partes, en el marco de la jurisprudencia constitucional (SC 0486/2010-R de 5 de julio y la SCP 1083/2014 de 10 de junio). Por último, con relación a los derechos a la vivienda, a la propiedad y los elementos pertinencia, igualdad procesal, razonabilidad, objetividad, proporcionalidad y equidad del debido proceso también alegados como vulnerados, no se tiene del memorial de amparo constitucional, cómo se configuró la vulneración contra los mismos o, de qué manera se transgredieron dichas prerrogativas, debiendo demostrarse su lesión en circunstancias reales y materiales, teniéndose en el caso circunscrito el objeto procesal a cuestionar únicamente la fundamentación, motivación y valoración de la prueba. Así también, respecto de los principios de legalidad y seguridad jurídica, no se tiene argumentado cómo se configuró dicha vulneración o de qué manera se vulneró el mismo; más aun, si la protección de principios únicamente procede cuando se los vincule con derechos fundamentales -SCP 1167/2015-S3 de 16 de noviembre-, exigencia que en el caso de autos no fue acreditada, limitándose los accionantes a una simple mención sin vincularlos con los derechos que alegan su transgresión, correspondiendo igualmente la denegatoria de la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 133/2024 de 13 de agosto, cursante de fs. 128 a 133 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1135_2026-S1.pdf · páginas 1 a 25.

Huella digital del PDF (SHA-256): b0ea58c3773081bc8ebadf5a97f6097dfc02c122fa125c41e2d63ec7650f4ec2

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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