Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera Especializada · 9 de julio de 2026
Deniega la tutela
La parte accionante, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la defensa en sus componentes pertinencia, congruencia, motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales, así como los principios de eficacia y eficiencia; puesto que, el Juez hoy accionado, en el proceso por avasallamiento, mejor derecho propietario o preferencia entre adquirientes, restitución de predio y nulidad de documentación, más pago de daños y perjuicios, seguido por el ahora tercero interesado, al emitir el Auto Interlocutorio 219/2022 de 24 de octubre, rechazó el incidente de extinción del proceso por inactividad. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso; y, b) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 5-29 de 6 de abril de 2023, cursante de fs. 1552 a 1554, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1132/2026-S1 Sucre, 9 de julio de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 56144-2023-113-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 5-29 de 6 de abril de 2023, cursante de fs. 1552 a 1554, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Celia Sylvia Seng Novillo en representación legal de Nina Ingrid Hilda Van Herckenrode Colodro; Silvia Patricia Bustillos; María del Rosario Hurtado de Calvi; Hernán Wilfredo Arnez Salazar; Humberto Bustillos Bejarano; y, Sergio Martín; Raúl Alfonso ambos de apellidos Bustillos Durán contra Omar Poldar Fernández Velasco, Juez Agroambiental de la Capital del departamento de Santa Cruz.
La parte accionante, por memoriales presentados el 8 y 15 de marzo de 2023, cursantes de fs. 1525 a 1533; y, 1536 a 1537 vta., manifestó lo siguiente:
Luis Alfredo Romero Tirado, -hoy tercero interesado-, formuló demanda de avasallamiento, mejor derecho propietario o preferencia entre adquirientes, restitución de predio y nulidad de documentación, más pago de daños y perjuicios contra sus personas, signada con el Número de Registro Judicial (NUREJ) 70323069-1, ante el Juzgado Público Civil y Comercial Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, la cual fue rechazada in limine por defectuosa. Posteriormente, la misma demanda fue presentada el 11 de agosto de 2021, ante el Juzgado Agroambiental de la Capital del departamento de Santa Cruz, observada inicialmente por decreto de 16, 20 y 23 de agosto del referido año, subsanadas por memoriales de 17, 20 y 27 de agosto de igual año; es decir, después de diecisiete días, lo que implicaría negligencia del ahora tercero interesado. Admitida la demanda el 2 de septiembre de 2021, se tenía quince días para que el personal de apoyo jurisdiccional realice la citación a sus personas conforme establece el art. 79.II de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (LSNRA) -Ley 1715 de 18 de octubre de 1996-; empero, transcurrieron diecisiete meses, sin que dicha diligencia fuera cumplida. Por Auto Interlocutorio 163/2022 de 9 de agosto, se procedió a la nulidad de las citaciones de “30 de septiembre de 2021", respecto a los accionantes -Sergio Martín y Raúl Alfonso ambos de apellidos Bustillos Durán-, ordenando su citación en sus domicilios reales; por lo que, los nombrados fueron citados a través de comisión instruida el 14 de septiembre de 2022, no así Jorge Javier Bustillos Durán, del que no se tiene constancia de su citación; razón por la que, plantearon incidente de extinción del proceso por inactividad, el mismo que mereció el Auto Interlocutorio 219/2022 de 24 de octubre, rechazando el señalado, bajo el argumento de que la citación a los accionantes -Sergio Martín, Raúl Alfonso y Jorge Javier, todos de apellidos Bustillos Durán-, fue realizada el 30 de septiembre de 2022, en la quinta Bustillos, ubicada en el municipio de Porongo del departamento de Santa Cruz, lo que no fue cierto; ya que, los domicilios de los dos primeros fue en el municipio de Villamontes del departamento de Tarija, donde fueron citados mediante orden instruida y del último en la calle San Antonio 14, en Sangonera la Verde de Murcia, España, donde debió ser citado y no mediante edictos, como el hoy tercero interesado pretendió hacerlo; La Resolución 5-29, se constituyó como el acto vulnerador de sus derechos. Mediante memorial de 8 de noviembre de 2022, los accionantes -Sergio Martín y Raúl Alfonso ambos de apellidos Bustillos Durán-, formularon recurso de reposición, resuelto por Auto Interlocutorio 244/2022 de 28 de igual mes, rechazando el mismo y manteniendo firme el Auto Interlocutorio 219/2022, sin alternativa de apelación -art. 85 de la LSNRA-.
La parte accionante, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la defensa en sus elementos de pertinencia, congruencia, motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales, así como los principios de eficacia y eficiencia; citando al efecto los arts. 115.II., 117.I, 119.II, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitan se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga, dejar sin efecto el Auto Interlocutorio 219/2022 de 24 de octubre, que resolvió el incidente de extinción del proceso por inactividad y el Auto Interlocutorio 244/2022 de 28 de noviembre, que rechazó el recurso de reposición y sea con imposición de costas y calificación de daños y perjuicios por la gravedad de los hechos.
Celebrada la audiencia virtual el 6 de abril de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 1550 a 1551 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La parte accionante a través de su abogado, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestó que: a) Los predios en cuestión, se encontrarían en el radio urbano del municipio de Porongo del departamento de Santa Cruz, conforme a la certificación presentada; razón por la que, la primera demanda planteada por el ahora tercero interesado no prosperó, la cual ingresó posteriormente al Juzgado Agroambiental de la Capital del citado departamento, con los mismos errores; por lo que, formuló excepción de incompetencia; puesto que, los terrenos son urbanos y no agrarios; y, b) Tampoco fue cierto lo que indicó el nombrado, de que hubiese un saneamiento; ya que, su intención fue la de remitir documentación de “otro lugar” alejado a la propiedad de la familia Bustillos, buscando sustituirlos o sobreponerlos a su propiedad de larga trayectoria, que no fue agrario, ni ganadero, en la que varios predios fueron vendidos a diferentes personas y los títulos estarían anexos a la presente causa; por cuanto, son propietarios de dichos terrenos inscritos en la oficina de Derechos Reales (DD.RR.), como propiedad urbana del municipio de Porongo del referido departamento.
Omar Poldar Fernández Velasco, Juez Agroambiental de la Capital del departamento de Santa Cruz, no asistió a la audiencia de consideración de la acción de amparo constitucional, ni remitió informe alguno, pese a su citación, cursante a fs. 1540.
Luis Alfredo Romero Tirado, a través de su abogado, en audiencia manifestó que: 1) En el expediente cursaría “otra” acción de amparo constitucional “fs. 441", donde el accionante -Sergio Martín Bustillos Durán- tenía conocimiento de la demanda, cuando le notificaron en la quinta Bustillos; puesto que, extendió Poder Notarial para que presenten dicha acción tutelar en su contra; 2) Respecto a Jorge Javier Bustillos Durán, la parte accionante estarían refiriendose a una persona que vive en España, quien no dejó, ni confirió poder alguno en favor de los nombrados, para que pudieran hablar en representación de Jorge Javier Bustillos Durán; 3) la parte accionante escondió en la indicada acción tutelar, que el Juez hoy accionado advertido de su error de 9 de agosto de 2022 -Auto Interlocutorio 163/2022-, dispuso la nulidad de las citaciones a los accionantes -Jorge Javier, Raúl Alfonso y Sergio Martín-, ambos de apellidos Bustillos Durán “fs. 1400"; por lo que, fue solucionada su pretensión; 4) Los nombrados piden la extinción de la demanda de avasallamiento, mejor derecho propietario o preferencia entre adquirientes, restitución de predio y nulidad de documentación, más pago de daños y perjuicios, alegando que no se hubiese citado a uno de los accionantes; empero, el mencionado Juez procedió a ordenar la citación a las partes procesales como correspondía; 5) El Auto Supremo (AS) 57/2022 de 2 de febrero, señala que cuando se demanda a la familia, hermano o esposo, se presume que todos son familia y en el presente caso, la parte accionante está conformada por varios hermanos, a quienes se los citó en su domicilio, que uno de los accionantes esté de viaje es otra cosa, para ese efecto la Certificación del Servicio de Registro Cívico (SERECI) y del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP), señaló su domicilio en el municipio de Porongo y “Alemana” del departamento de Santa Cruz; 6) No fue vulnerado ningún derecho constitucional de la parte accionante; puesto que, no hubo una primera audiencia para ratificar su demanda, reiterando que el accionante -Sergio Martín Bustillos Durán-, tuvo conocimiento de la demanda; empero, respecto a Jorge Javier Bustillos Durán, no dejó poder notarial; razón por la que, cuando tramitaban la comisión instruida para notificarlos, los nombrados se apersonaron al proceso, el cual fue admitido, sin que suceda ningún otro acto procesal, de los incidentes planteados de manera sucesiva por ser varios los accionantes, quienes piden la extinción del proceso por inactividad; ya que, no notificaron a todas las partes procesales; 7) Inicialmente presentó la demanda ante el Juzgado Público Civil Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz; empero el Juez de la causa, la remitió al Juzgado Agroambiental del citado departamento; debido a que, los terrenos constituyen una propiedad de aproximadamente 55 ha, y por más que sean urbanas, dichos terrenos serían propiedades productivas ganaderas, lo cual conforme a la jurisprudencia constitucional, deben resolverse en la jurisdicción agroambiental, por la actividad que realizan; y, 8) La mencionada propiedad estaba a nombre de una “…señora de los años 85…” (sic), la que luego pasó a una empresa, la cual transfirió a su persona, siendo esta titulada, conforme el expediente del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en la que figuran todos los beneficiarios del terreno que cursa de "fs. 1440 a 1482" y de "fojas 1481 a 1482".
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 5-29 de 6 de abril de 2023, cursante de fs. 1552 a 1554, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) Existen dos características esenciales que componen la acción de amparo constitucional, referidas a la inmediatez y subsidiariedad, la primera concerniente al plazo dentro del cual puede presentarse; es decir, establece un lapso de seis meses para su interposición; en ese entendido, dicho requisito fue cumplido en el presente caso; puesto que, la citada acción tutelar fue interpuesta el 8 de marzo de igual año, con relación al supuesto acto lesivo; ii) En cuanto al principio de subsidiariedad y lo alegado por la parte accionante, respecto al Auto Interlocutorio 163/2022, el Juez ahora accionado hubiese vulnerado el debido proceso y con ello su derecho a la defensa; en virtud del principio de auto restricción, no podrían ingresar al análisis probatorio de elementos insertos en el procedimiento, al tutelar derechos constitucionales establecidos; por otra parte, dicho principio también señala que, cuando existe un proceso en el que las partes procesales estarían en conflicto, existiendo otro medio por el cual pudieran resolver el mismo, deben acudir al mencionado principio antes que a la vía constitucional; iii) En el presente caso, el hoy tercero interesado formuló demanda avasallamiento, mejor derecho propietario o preferencia entre adquirientes, restitución de predio y nulidad de documentación, más pago de daños y perjuicios ante el Juzgado Agroambiental de la Capital del señalado departamento, alegando el avasallamiento de su propiedad ubicada en el municipio de Porongo del citado departamento, el cual sería una propiedad agrícola ganadera que cumplió la Función Económico Social (FES) y consta de cerca de 52 ha; por otra parte, la parte accionante manifiesta que, dicha propiedad estaría en el radio urbano, conforme lo certificó el Gobierno Autónomo Municipal de Porongo del departamento de Santa Cruz, a nombre de la familia Bustillos Durán, existiendo así posiciones encontradas entre las partes procesales, sobre la ubicación y características de los terrenos objeto de proceso, cuyo derecho propietario concierne en su definición al INRA como autoridad competente a través del proceso de saneamiento; extremo que no fue demostrado, existiendo duda razonable de la existencia de un conflicto de derecho propietario de por medio y por lo tanto, subsidiariedad; iv) De obrados advirtieron también la sustanciación de un proceso penal en curso, iniciado por el hoy tercero interesado por el presunto delito de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, promovido por el Ministerio Público a instancia de la parte accionante, en el cual establecerán la legalidad o no de los títulos que ostenta el nombrado y la veracidad sobre los mismos, implicando también la subsidiariedad; v) De igual manera, por Auto Interlocutorio 163/2022, el Juez ahora accionado negó la solicitud de extinción del proceso; puesto que, no realizaron las notificaciones a la parte accionante adecuadamente y que el proceso estuvo en movimiento; por lo que, no podía extinguir el mismo, por el transcurso del tiempo o inactividad del mencionado proceso, circunstancias por las que hubiese la necesidad de una autoridad competente agroambiental o civil, que defina el derecho de las partes procesales, en virtud a un acervo probatorio sometido a su conocimiento y no de un Tribunal de garantías; puesto que, no atinge a la jurisdicción constitucional dirimir derechos de propiedad en conflicto; y, vi) Ámbitos en los que existiría subsidiariedad, aplicable al caso, de ahí que dicho derecho debe definirse en las instancias pertinentes; por lo que, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, se ve impedida legalmente de ingresar al fondo de la problemática planteada.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
Asimismo, por Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución, de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados los cuales se encontraban pendientes de resolución, a Comisión de Admisión a efecto de que se realice un nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas. Mediante decreto constitucional de 30 de abril de 2026, cursante a fs. 1564, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 8 de julio del citado año, cursante a fs. 1568; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial presentado el 15 de septiembre de 2022, ante el Juzgado Agroambiental de la Capital del departamento de Santa Cruz, Sergio Martín y Raúl Alfonso, ambos de apellidos Bustillos Durán -hoy accionantes- se apersonaron y plantearon extinción en el proceso por avasallamiento, mejor derecho propietario o preferencia entre adquirientes, restitución de predio y nulidad de documentación, más pago de daños y perjuicios, seguido por Luis Alfredo Romero Tirado -ahora tercero interesado-, contra Nina Ingrid Hilda Van Herckenrode Colodro; Silvia Patricia Bustillos; María del Rosario Hurtado de Calvi; Sergio Martín Bustillos Durán; Raúl Alfonso Bustillos Durán; Hernán Wilfredo Arnez Salazar; y, Humberto Bustillos Bejarano -hoy accionantes-, identificado como “Expediente 137/2021” radicado en citado Juzgado (fs. 1354 a 1356 vta.). II.2. Mediante Auto Interlocutorio 219/2022 de 24 de octubre, emitido por Omar Poldar Fernández Velasco, Juez Agroambiental de la Capital del departamento de Santa Cruz, -ahora accionado-, resolvió rechazar el incidente de extinción del proceso por inactividad, planteado por Sergio Martín y Raúl Alfonso, ambos de apellidos Bustillos Durán, -accionantes-; así también, rechazó la nulidad de citación, formulada por los nombrados (fs. 1420 a 1422). II.3. Cursa memorial presentado el 8 de noviembre de 2022, ante el Juez hoy accionado, en el que los accionantes -Sergio Martín y Raúl Alfonso ambos de apellidos Bustillos Durán-, plantearon recurso de reposición contra el Auto Interlocutorio 219/2022 de 24 de octubre (fs. 1424 a 1427 vta.); el mismo que mereció el referido Auto Interlocutorio, por el que dicho recurso fue rechazado, manteniéndose incólume el Auto Interlocutorio 219/2022, sin lugar a alternativa de apelación conforme señala el art. 85 de la LSNRA (fs. 1490 a 1492 vta.).
La parte accionante, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la defensa en sus componentes pertinencia, congruencia, motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales, así como los principios de eficacia y eficiencia; puesto que, el Juez hoy accionado, en el proceso por avasallamiento, mejor derecho propietario o preferencia entre adquirientes, restitución de predio y nulidad de documentación, más pago de daños y perjuicios, seguido por el ahora tercero interesado, al emitir el Auto Interlocutorio 219/2022 de 24 de octubre, rechazó el incidente de extinción del proceso por inactividad. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso; y, b) Análisis del caso concreto.
La jurisprudencia constitucional ha desarrollado de manera uniforme que la fundamentación, motivación y congruencia constituyen elementos estructurales del debido proceso, dicha observancia resulta imprescindible para la validez de toda resolución judicial o administrativa. La SCP 0071/2018-S1 de 19 de marzo, citando a la SCP 0558/2016-S2 de 27 de mayo, establece que: La fundamentación implica que toda decisión debe contener razones claras, suficientes y coherentes, sustentadas en hechos y normas aplicables al caso concreto; puesto que, una resolución carente de razones, basada en afirmaciones genéricas o en simples enunciados, deviene en arbitraria. En esa línea, también señaló que la autoridad no solo debe exponer los hechos, sino desarrollar la base jurídica que sustenta su decisión, de modo que permita a las partes procesales comprender las razones del fallo y ejercer adecuadamente su derecho a la impugnación; criterio que guarda coherencia con lo sostenido en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0863/2007-R de 12 de diciembre, 0752/2002-R de 25 de junio y la Sentencia Constitucional 1369/2001-R de 19 de diciembre.
La SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, desarrolló el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, el cual señala que, persigue varias finalidades: 1) Garantizar el sometimiento de la decisión a la Constitución y al bloque de constitucionalidad, así como a la ley; 2) Generar convicción en las partes procesales, de que la decisión no es arbitraria, sino razonable y justa; 3) Permitir el control de la resolución por instancias superiores mediante los recursos previstos; y, 4) Posibilitar el control social de la actividad jurisdiccional en observancia del principio de publicidad. Este entendimiento fue complementado por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, que añadió como finalidad la observancia del principio dispositivo; es decir, la obligación de responder a las pretensiones planteadas por las partes procesales, conforme señala la SCP 0100/2013 de 17 de enero. En cuanto a la motivación, la SCP 0133/2020-S3 de 17 de marzo, con base a la SCP 0893/2014 de 14 de mayo, establece que, constituye una exigencia constitucional cuyo incumplimiento vulnera directamente el debido proceso; en ese marco, retomando el desarrollo efectuado por la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se identificaron tres formas de arbitrariedad vinculadas a la motivación: i) La decisión sin motivación, cuando no se expresan razones que sustenten el fallo; ii) La motivación arbitraria, cuando las razones expuestas son meramente retóricas, incongruentes o carentes de sustento probatorio o jurídico, incluyendo supuestos de valoración irrazonable u omisión de prueba (SC 0965/2006-R de 2 de octubre); y, iii) La motivación insuficiente, cuando la autoridad omite pronunciarse sobre aspectos relevantes o agravios planteados por las partes procesales. Ahora bien, la citada línea jurisprudencial fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, al señalar que, para efectos de la tutela constitucional, no es suficiente advertir una eventual deficiencia en la fundamentación o motivación, sino que resulta necesario analizar su relevancia constitucional; es decir, determinar si dicha deficiencia tiene incidencia real en el resultado de la decisión; por otra parte, aun verificada una irregularidad, corresponderá denegar la tutela, evitando así la emisión de fallos meramente formales que no modifiquen el fondo del asunto. Finalmente, respecto al principio de congruencia, la SCP 1083/2014 de 10 de junio, establece que, debe ser entendido en una doble dimensión. Por un lado, la congruencia externa, que exige la correspondencia entre lo solicitado por las partes procesales (demanda, respuesta e impugnación) y lo resuelto por la autoridad, prohibiendo considerar aspectos ajenos a la controversia; por otra parte, la congruencia interna, que impone coherencia lógica y estructural dentro de la propia resolución, evitando contradicciones entre sus fundamentos y la parte dispositiva. En ese sentido, la SC 0358/2010-R de 22 de junio, señala que la resolución debe mantener una armonía integral entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, sustentada en las disposiciones legales pertinentes. En síntesis, estos tres elementos -fundamentación, motivación y congruencia- no constituyen meros requisitos formales, sino garantías sustanciales del debido proceso, orientadas a asegurar que toda decisión sea racional, comprensible, controlable y ajustada a Derecho, permitiendo a las partes procesales conocer las razones del fallo, impugnarlo eficazmente y confiar en que la decisión adoptada responde a criterios jurídicos y no arbitrarios.
La parte accionante, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la defensa en sus componentes pertinencia, congruencia, motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales, así como los principios de eficacia y eficiencia; puesto que, el Juez hoy accionado, en el proceso por avasallamiento, mejor derecho propietario o preferencia entre adquirientes, restitución de predio y nulidad de documentación, más pago de daños y perjuicios, seguido el ahora tercero interesado, al emitir el Auto Interlocutorio 219/2022 de 24 de octubre, rechazó el incidente de extinción del proceso por inactividad.
De los antecedentes expuestos en la presente acción de amparo constitucional, se tiene que, los accionantes -Sergio Martín y Raúl Alfonso ambos de apellidos Bustillos Durán- mediante memorial presentado el 15 de septiembre de 2022, se apersonaron y plantearon la extinción del proceso por avasallamiento, mejor derecho propietario o preferencia entre adquirientes, restitución de predio y nulidad de documentación, más pago de daños y perjuicios, seguido por el ahora tercero interesado, contra los accionantes, identificado como “Expediente 137/2021” radicado en el Juzgado Agroambiental de la Capital del departamento de Santa Cruz, por el cual, manifestaron que fueron citados el 14 de igual mes y año, a pesar de que la demanda fue presentada el 11 de agosto de 2021, y admitida el 2 de septiembre de dicho año. Alegaron que las citaciones fueron practicadas fuera del plazo previsto por el art. 79.II de la LSNRA, y que hasta esa fecha -se entiende de la interposición de la presente acción de amparo constitucional- no se hubiese citado a Jorge Javier Bustillos Durán, quien tendría domicilio en la calle San Antonio 14, en Sangonera la Verde de Murcia, España. Asimismo, señalaron que el hoy tercero interesado no impulsó oportunamente el proceso; por lo que, los nombrados solicitaron la extinción de la instancia por inactividad procesal conforme al art. 247.I.1 del Código Procesal Civil (CPC), aplicable supletoriamente en materia agroambiental (Conclusión II.1.).
En consecuencia, mediante Auto Interlocutorio 219/2022, el Juez ahora accionado rechazó el incidente de extinción del proceso por inactividad y la nulidad de citación planteado por los accionantes -Sergio Martín y Raúl Alfonso, ambos de apellidos Bustillos Durán-, el indicado Juez sostuvo que las citaciones practicadas el 30 de septiembre de 2021, fueron realizadas dentro del plazo previsto por el art. 247.I.1 del CPC, si bien posteriormente fueron anuladas respecto de algunos accionantes, no constituía inactividad procesal, sino la realización de un acto procesal posteriormente dejado sin efecto. Asimismo, indicó que la falta de citación a Jorge Javier Bustillos Durán, obedecía a que el nombrado residía en España y no a negligencia de la parte actora. Respecto a la nulidad de citación, señaló que los nombrados no identificaron concretamente la diligencia observada ni explicaron la indefensión alegada; razón por la cual, el señalado Juez rechazó dicha solicitud, imponiendo una multa de Bs200.- (doscientos bolivianos) a los incidentistas (Conclusión II.2.).
Asimismo, mediante memorial presentado el 8 de noviembre de 2022, los accionantes -Sergio Martín y Raúl Alfonso ambos de apellidos Bustillos Durán- formularon recurso de reposición contra el Auto Interlocutorio 219/2022, cuestionando el rechazo del incidente de extinción del proceso por inactividad, dicho recurso fue resuelto mediante Auto Interlocutorio 244/2022, por el cual el Juez ahora accionado rechazó la reposición planteada y mantuvo incólume el Auto Interlocutorio 219/2022, sin conceder alternativa de apelación conforme establece el art. 85 de la Ley LSNRA.
En el Auto Interlocutorio 244/2022, el Juez hoy accionado, señaló inicialmente que, si bien el recurso de reposición fue presentado dentro del plazo legal, los accionantes -Sergio Martín y Raúl Alfonso ambos de apellidos Bustillos Durán- no adjuntaron el comprobante de pago de la multa impuesta mediante el Auto Interlocutorio 219/2022; razón por la cual, se otorgó un plazo extraordinario de veinticuatro horas para subsanar dicha observación; así también, indicó que los nombrados fueron notificados el 11 de noviembre de 2022, y cumplieron lo observado recién el 15 del mismo mes y año; no obstante, el mencionado Juez efectuó una interpretación integral y constitucional del caso, basada en los principios que rigen la materia agroambiental, el derecho de acceso a la justicia y el principio de impugnación previsto por los arts. 115 y 180.II de la CPE, decidió ingresar al análisis de fondo del recurso de reposición bajo una interpretación pro actione, considerando que una decisión contraria podría vulnerar el derecho a la impugnación. Ingresando al fondo del recurso de reposición, el Juez hoy accionado sostuvo que, si bien las citaciones practicadas el 30 de septiembre de 2021, fueron posteriormente declaradas nulas mediante Auto Interlocutorio 163/2022, dicha circunstancia no podía ser considerada como inactividad procesal; puesto que, la inactividad implica ausencia total de movimiento procesal o paralización absoluta de ese proceso, situación que no se hubiese configurado en el caso concreto; ya que, existió actividad procesal impulsada por la parte actora. Asimismo, señaló que la sanción prevista por el art. 247.I.1 del CPC está dirigida a sancionar el incumplimiento manifiesto de las obligaciones del demandante relativas a la citación de la parte demandada, concluyendo que en el presente caso no se evidenció una paralización procesal manifiesta que justifique la extinción del proceso. Con base a los fundamentos, resolvió rechazar el citado recurso y manteniendo incólume el Auto Interlocutorio 219/2022, sin lugar a alternativa de apelación conforme señala el art. 85 de la LSNRA (Conclusión II.3.).
Previamente, en cuanto al cumplimiento del presupuesto procesal de inmediatez, se advierte que el último actuado presuntamente lesivo constituye el Auto Interlocutorio 244/2022, mediante el cual el Juez hoy accionado rechazó el recurso de reposición interpuesto por los accionantes -Sergio Martín y Raúl Alfonso ambos de apellidos Bustillos Durán-, manteniendo incólume el Auto Interlocutorio 219/2022 y determinando que no existía lugar a la alternativa de apelación conforme al art. 85 de la LSNRA. En ese sentido, considerando que la presente acción de amparo constitucional fue interpuesta el 8 de marzo de 2023 y que la notificación con el mencionado Auto Interlocutorio a los accionantes fue el 6 de diciembre de 2022, se concluye que la misma fue promovida dentro del plazo de seis meses, previsto por la jurisprudencia constitucional para la activación de esta garantía jurisdiccional, encontrándose, por tanto, satisfecho el requisito de inmediatez.
Ahora bien, la problemática planteada en el presente caso identifica como el acto lesivo de derechos constitucionales, al Auto Interlocutorio 244/2022, que rechazó el recurso de reposición, planteado por los accionantes -Sergio Martín y Raúl Alfonso ambos de apellidos Bustillos Durán-, dentro del proceso de origen, señalando en dicho fallo que es sin recurso ulterior, conforme establece el art. 85 de la LSNRA; por lo que, la Resolución cuestionada a través de la presente acción de defensa, agotó los mecanismos intra procesales de impugnación, en el referido proceso. En ese sentido, corresponde analizar el contenido del citado Auto Interlocutorio, para verificar si los reclamos efectuados por los accionantes vulneraron los derechos invocados.
En ese marco, corresponde analizar si el Auto Interlocutorio 244/2022, resolvió las exigencias constitucionales de fundamentación, motivación y congruencia que integran el debido proceso, tomando en cuenta los agravios desarrollados por los accionantes -Sergio Martín y Raúl Alfonso ambos de apellidos Bustillos Durán-, en el recurso de reposición. Al respecto, de la revisión del memorial impugnatorio se advierte que los nombrados no se limitaron a reiterar su desacuerdo con el rechazo del incidente de extinción del proceso por inactividad, sino que formularon una crítica concreta al razonamiento contenido en el Auto Interlocutorio 219/2022, sosteniendo que las citaciones practicadas el 30 de septiembre de 2021, no podían ser consideradas válidas para demostrar actividad procesal; puesto que, las mismas fueron posteriormente anuladas mediante Auto Interlocutorio 163/2022. En ese sentido, desarrollaron una extensa argumentación doctrinal y jurisprudencial referida a los efectos de la nulidad procesal, sosteniendo que un acto declarado nulo carece de eficacia jurídica y no puede producir efecto alguno dentro del proceso; por consiguiente, a su criterio, las referidas citaciones debían ser consideradas como inexistentes para efectos del cómputo de la actividad procesal, lo que conduciría necesariamente a concluir que el demandante incumplió las cargas procesales destinadas a la citación de los demandados dentro del plazo legal, configurándose la causal de extinción prevista por el art. 247.I.1 del CPC.
En ese contexto, corresponde detallar que el derecho a una resolución fundamentada y motivada, no exige que la autoridad jurisdiccional adopte el criterio jurídico sostenido por la parte procesal, ni responda favorablemente a cada una de sus pretensiones. Lo que exige el debido proceso es que dicha autoridad identifique los agravios sometidos a su conocimiento, y exteriorice las razones fácticas y jurídicas que sustentan su decisión y establezca una conexión lógica entre los antecedentes del caso, las normas aplicables y la conclusión alcanzada. Desde esa perspectiva, se advierte que el Auto Interlocutorio 244/2022 cumplió con tales exigencias; puesto que, identificó expresamente cuál fue el agravio central formulado por los accionantes; es decir, la imposibilidad de considerar como actividad procesal las citaciones anuladas mediante el Auto Interlocutorio 163/2022 y a partir de eso, examinó si dicha circunstancia permitía concluir la existencia de inactividad procesal susceptible de generar la extinción de la instancia.
El Juez ahora accionado no omitió pronunciarse sobre el argumento principal desarrollado por los accionantes; por el contrario, ingresó expresamente a su análisis y explicó que, aun cuando las citaciones practicadas el 30 de septiembre de 2021, fueron posteriormente declaradas nulas, no implica necesariamente la configuración de inactividad procesal. Para sustentar dicha conclusión, realizó una interpretación del concepto de inactividad contenido en el art. 247.I.1 del CPC, señalando que la mencionada supone ausencia de movimiento procesal o paralización total del proceso, situación que no se produjo en el presente caso; debido a que, existieron actuaciones impulsadas por el hoy tercero interesado orientadas a lograr la citación de los accionantes, aun cuando algunas de esas hubiesen sido posteriormente invalidadas. Asimismo, detalló que la causal de extinción prevista en la norma procesal aplicable, sanciona aquellos casos en los que existe un incumplimiento manifiesto de las obligaciones procesales destinadas a viabilizar la citación de la parte demandada, extremo que consideró no acreditado en el presente caso.
De lo expuesto, se evidencia que el Juez ahora accionado no rechazó el recurso de reposición mediante afirmaciones genéricas o apodícticas, sino que exteriorizó una línea argumentativa concreta para explicar por qué no compartía la tesis jurídica propuesta por los accionantes -Sergio Martín y Raúl Alfonso ambos de apellidos Bustillos Durán-. En efecto, el fallo en cuestión contiene una interpretación específica respecto a la diferencia conceptual entre una actuación procesal nula y una situación de inactividad procesal, detallando que ambas categorías jurídicas no son equivalentes y que la existencia de una actuación posteriormente invalidada no implica necesariamente la ausencia absoluta de actividad en el proceso. Independientemente de que dicha interpretación pueda compartirse o no, desde el punto de vista del derecho ordinario; sin embargo, lo relevante para el control constitucional es que dicho Juez expuso las razones que lo condujeron a adoptar esa conclusión, permitiendo a las partes procesales conocer con claridad los fundamentos de la decisión y posibilitando su control posterior.
Asimismo, no se advierte vulneración del principio de congruencia; debido a que, existe una correspondencia objetiva entre los agravios expuestos en el recurso de reposición y la respuesta contenida en el Auto 244/2022. Los accionantes -Sergio Martín y Raúl Alfonso ambos de apellidos Bustillos Durán- sostuvieron que la nulidad de las citaciones demostraba la inexistencia de actividad procesal y que, por consiguiente, correspondía declarar la extinción del proceso; por lo que, el Juez hoy accionado respondió expresamente que la nulidad de una actuación, no equivale a la paralización total del proceso y que no se evidenciaba el incumplimiento manifiesto exigido por el art. 247.I.1 del CPC. En consecuencia, no existe incongruencia omisiva, ni falta de consideración de los argumentos esenciales planteados por los accionantes -Sergio Martín y Raúl Alfonso ambos de apellidos Bustillos Durán-, sino una respuesta expresa que, aunque contraria a sus intereses, guarda relación directa con la problemática jurídica sometida a decisión.
Debe resaltarse que el Juez ahora accionado efectuó un análisis previo destinado a garantizar el derecho a la impugnación de los accionantes -Sergio Martín y Raúl Alfonso ambos de apellidos Bustillos Durán-. En efecto, a pesar de advertir que el comprobante de pago de la multa fue presentado fuera del plazo extraordinario otorgado para su subsanación, decidió ingresar al examen de fondo del recurso de reposición bajo una interpretación pro actione, invocando los principios de acceso a la justicia, impugnación y tutela judicial efectiva reconocidos por los arts. 115 y 180.II de la CPE. Esa circunstancia evidencia que el Auto 244/2022, no estuvo orientado a restringir el acceso de los nombrados a una decisión de fondo, sino que, procuró garantizar el examen material de los agravios planteados.
Por consiguiente, del análisis integral del Auto 244/2022, se concluye que el Juez hoy accionado identificó los cuestionamientos formulados por los accionantes -Sergio Martín y Raúl Alfonso ambos de apellidos Bustillos Durán-, los examinó expresamente, interpretó las disposiciones legales que consideró aplicables, explicó las razones por las cuales entendía que no se configuraba la inactividad procesal alegada y exteriorizó una justificación suficiente para mantener firme el Auto Interlocutorio 219/2022. En consecuencia, no se evidencia vulneración al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación y congruencia; puesto que, la Resolución 5-29 contiene una explicación clara, comprensible y jurídicamente identificable de las razones que sustentaron el rechazo del recurso de reposición, siendo que la discrepancia de los nombrados con el criterio interpretativo asumido por el Juez ahora accionado constituye una cuestión de legalidad ordinaria que, por sí misma, no alcanza relevancia constitucional.
Finalmente, en cuanto a la presunta vulneración de los principios de eficacia y eficiencia, se advierte que los accionantes no desarrollaron una carga argumentativa mínima destinada a explicar de qué manera concreta tales principios hubiesen sido desconocidos por el Juez hoy accionado; sin que tampoco se evidencie de oficio, por parte de esta jurisdicción constitucional, actuación arbitraria, dilatoria o irrazonable que permita concluir la existencia de afectación constitucional vinculada a dichos principios. Por consiguiente, al no haberse acreditado vulneración alguna a los derechos y garantías invocados, corresponde denegar la tutela solicitada.
En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 5-29 de 6 de abril de 2023, cursante de fs. 1552 a 1554, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1132_2026-S1.pdf · páginas 1 a 15.
Huella digital del PDF (SHA-256): eaf62314d9d30b4c2e6516a9c546131aa9ce71bb2631077f0c124b5b920aed14
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