Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera Especializada · 9 de julio de 2026
Deniega la tutela
El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, valoración de la prueba, legalidad ordinaria, derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva; así como, la garantía a la igualdad de partes y a los principios de seguridad jurídica, legalidad e imparcialidad; puesto que, los Vocales ahora accionados omitieron pronunciarse sobre los agravios formulados en el recurso de reposición con alternativa de apelación, no valoraron las pruebas aportadas y no aplicaron objetivamente la ley, además incurrieron en contradicción entre los fundamentos jurídicos y la determinación asumida en el Auto de Vista 455/2022 de 7 de noviembre, obviando considerar el perjuicio provocado al accionante por no ser incluido en el proceso reivindicatorio como demandado y tener la oportunidad de defenderse dentro del mismo. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso; ii) Sobre la nulidad de los actos procesales y los principios que la rigen; y, ii) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 67/2023 de 22 de mayo, cursante de fs. 159 a 162, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1131/2026-S1 Sucre, 9 de julio de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 55813-2023-112-AAC Departamento: Oruro En revisión la Resolución 67/2023 de 22 de mayo, cursante de fs. 159 a 162, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Dionisio Quispe Ciprian contra Primo Martínez Fuentes y Ricardo Edgar Flores Carvajal, Vocales de la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.
El accionante, por memorial presentado el 9 de mayo de 2023, cursante de fs. 18 a 30, manifestó lo siguiente:
En el fenecido proceso civil de reivindicación del bien inmueble ubicado en calle Alanes s/n entre calles Oruro y La Paz del municipio de Caracollo del departamento de Oruro, seguido por Eliseo Ventura Quispe -ahora tercero interesado- contra Víctor y Lorenzo ambos de apellidos Quispe Ciprian -hoy terceros interesados-, planteó incidente de nulidad de obrados por no haber sido incluido en dicho proceso como demandado; a pesar, de su condición de ocupante y poseedor del indicado predio; el cual, fue rechazado por Auto Interlocutorio de 16 de septiembre de 2022, emitido por la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Eucaliptus del departamento de Oruro; dicho Auto Interlocutorio fue impugnado a través del recurso de reposición con alternativa de apelación y habiéndose confirmado el indicado Auto Interlocutorio, a través del Auto de Vista 455/2022 de 7 de noviembre, emitido por los Vocales ahora accionados.
Al emitir el Auto de Vista 455/2022, los Vocales hoy accionados, no comprendieron los fundamentos y objeto del incidente formulado, omitieron pronunciarse sobre los agravios expuestos en el indicado medio recursivo, las pruebas aportadas y la explicación objetiva de la ley, habiéndose limitado a efectuar una relación de los antecedentes y los elementos probatorios; así mismo, incurrieron en contradicción; puesto que, citaron normas jurídicas relacionadas a la nulidad de actos procesales y al debido proceso; empero, de manera inconcebible determinaron la inexistencia de perjuicio en su contra, por no ser incluido en el proceso reivindicatorio; sin considerar que, su persona no pudo asumir defensa en dicho proceso civil y que a consecuencia de la Sentencia de 9 de septiembre de 2014, está a punto de ser desalojado y despojado del bien inmueble que adquirieron sus difuntos padres y que lamentablemente no pudieron registrar en la Oficina de Derechos Reales (DD.RR.).
El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, valoración de la prueba, legalidad ordinaria, derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva; así como, la garantía a la igualdad de partes y a los principios de seguridad jurídica, legalidad e imparcialidad; citando al efecto los arts. 115, 117, 119, 120, 178 y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga, dejar sin efecto el Auto de Vista 455/2022 de 7 de noviembre, emitido por los Vocales ahora accionados, debiendo dichos Vocales emitir un nuevo auto de vista restituyendo sus derechos y garantías vulnerados, determinando la nulidad de obrados hasta la admisión de la demanda reivindicatoria y ordenando su integración al proceso en calidad de demandado.
Celebrada la audiencia pública el 22 de mayo de 2023, según consta en acta cursante de fs. 155 a 158 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestó que, Eliseo Ventura Quispe -ahora tercero interesado- instauró demanda reivindicatoria únicamente contra sus hermanos Víctor y Lorenzo ambos de apellidos Quispe Ciprian -hoy terceros interesados-, a sabiendas que su persona también es poseedor del bien inmueble objeto de litigio, impidiendo que asuma defensa en dicho proceso; razón por la que, formuló incidente de nulidad de obrados.
Primo Martínez Fuentes y Ricardo Edgar Flores Carvajal, Vocales de la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante informe presentando el 18 de mayo de 2023, cursante a fs. 53 y vta., manifestaron que: a) No es evidente la vulneración de derechos fundamentales alegados por el accionante; ya que, en el Auto de Vista 455/2022, determinaron que no era posible que los efectos de la Sentencia de 9 de septiembre de 2014, del proceso reivindicatorio, le hubiesen causado agravio o indefensión, debido a que no fue demandado; de ahí que, la orden de entrega del bien inmueble objeto de la causa está dirigida únicamente contra sus hermanos Víctor y Lorenzo ambos de apellidos Quispe Ciprian hoy terceros interesados; y, b) El accionante no acreditó con prueba suficiente su posesión sobre el bien inmueble antes de la demanda de reivindicación, aspecto que desacredita su legitimación activa.
Eliseo Ventura Quispe a través de su abogado en audiencia, manifestó que: instauró el proceso civil de reivindicación solo contra Víctor y Lorenzo ambos de apellidos Quispe Ciprian ahora terceros interesados hermanos del accionante, porque el nombrado nunca fue poseedor del bien inmueble reclamado; asimismo, en una audiencia ocular se verificó que dicho predio era inhabitable debido a la precariedad de sus edificaciones; además, ese proceso tuvo una duración de más de nueve años, tiempo en el cual, el accionante no se apersonó al mencionado bien inmueble. Víctor y Lorenzo ambos de apellidos Quispe Ciprian, no asistieron a la audiencia de consideración de la acción de amparo constitucional, pese a su notificación cursante a fs. 109 y vta.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante Resolución 67/2023 de 22 de mayo, cursante de fs. 159 a 162, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: 1) El accionante planteó recurso de reposición con alternativa de apelación, formulando cinco agravios, los cuales fueron identificados y resueltos por los Vocales hoy accionados, sustentados en normas del Código Procesal Civil, doctrina y jurisprudencia; asimismo, alegaron las razones que les permitió arribar a la conclusión de confirmar el Auto Interlocutorio de 16 de septiembre de 2022; por lo que, el Auto de Vista 455/2022 se encuentra debidamente motivado y fundamentado; 2) Respecto a la valoración de la prueba y la legalidad ordinaria, el accionante no cumplió con la carga argumentativa para que la referida Sala Constitucional, efectúe la revisión de dicha labor exclusiva de la jurisdicción ordinaria, incurriendo de esa manera en las causas de autorestricciones establecidos por la jurisprudencia constitucional; y, 3) No es evidente la vulneración de los derechos a la defensa y a la tutela judicial efectiva, porque, el accionante desde que conoció el proceso civil tuvo la oportunidad de acudir ante la autoridad judicial, planteando el incidente de nulidad de obrados, el cual mereció pronunciamiento en primera y segunda instancia.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución a Comisión de Admisión de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados que se encontraban pendientes de resolución a efecto de que se realice nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal establecido. Mediante decreto constitucional de 13 de abril de 2026, cursante a fs. 175, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 8 de julio del citado año, cursante a fs. 179; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Auto de Vista 77/2014 de 16 de diciembre, emitido por el Juez de Partido Mixto Ordinario, de Sentencia Penal, Niñez y Adolescencia, Trabajo y Seguridad Social de Caracollo del departamento de Oruro, revocó la Sentencia de 9 de septiembre de 2014, emitida por el Juez de Instrucción Mixto y Cautelar Penal del municipio de Caracollo del mismo departamento, y declaró probada la demanda de reivindicación del bien inmueble ubicado en calle Alanes s/n entre calles Oruro y La Paz de dicho municipio, registrado en la Oficina de DD.RR. bajo matrícula 4.01.2.01.0001330, presentada por Eliseo Ventura Quispe -hoy tercero interesado- contra Víctor y Lorenzo ambos de apellidos Quispe Ciprian -ahora terceros interesados-; y, ordenó a los nombrados la entrega de la indicada propiedad, después de ser efectuado el reembolso de los dineros por la transferencia del predio, por las mejoras realizadas y el resarcimiento por el tiempo de permanencia de los actuales poseedores, previo cálculo en ejecución de sentencia (fs. 125 a 126 vta.).
II.2. Cursa memorial presentado el 22 de agosto de 2022, ante la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Eucaliptus del departamento de Oruro, Dionisio Quispe Ciprian -ahora accionante-, planteó incidente de nulidad de obrados hasta el Auto de Admisión de demanda del proceso reivindicatorio; alegando que, no fue consignado en la demanda como demandado; a pesar, que junto a sus hermanos Víctor y Lorenzo ambos de apellidos Quispe Ciprian -hoy terceros interesados- ocupaba el bien inmueble objeto del litigio, adquirido por sus difuntos padres; empero, por descuido de estos no fue registrado en DD.RR., impidiéndole que pueda asumir defensa dentro del señalado proceso civil (fs. 134 a 137 vta.). II.3. Por Auto Interlocutorio de 16 de septiembre de 2022, emitido por la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Eucaliptus del departamento de Oruro, mediante el cual se rechazó el incidente de nulidad de obrados formulado por el accionante (fs. 141 a 142 vta.). II.4. Consta memorial presentado el 23 de septiembre de 2022, ante la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Eucaliptus del departamento de Oruro, el accionante planteó recurso de reposición con alternativa de apelación contra el Auto Interlocutorio de 16 de septiembre (fs.144 a 145), mereciendo el Auto Interlocutorio de 7 de octubre de igual año, por el cual, la citada Jueza resolvió ratificar el Auto Interlocutorio de 16 de ese mes y año y rechazó el recurso de reposición, concediendo la apelación en efecto devolutivo (fs. 147 a 148). II.5. Mediante Auto de Vista 455/2022 de 7 de noviembre, emitido por Primo Martínez Fuentes y Ricardo Edgar Flores Carvajal, Vocales de la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -ahora accionados-, confirmaron el Auto Interlocutorio de 16 de septiembre de 2022 (fs. 149 a 154 vta.).
El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, valoración de la prueba, legalidad ordinaria, derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva; así como, la garantía a la igualdad de partes y a los principios de seguridad jurídica, legalidad e imparcialidad; puesto que, los Vocales ahora accionados omitieron pronunciarse sobre los agravios formulados en el recurso de reposición con alternativa de apelación, no valoraron las pruebas aportadas y no aplicaron objetivamente la ley, además incurrieron en contradicción entre los fundamentos jurídicos y la determinación asumida en el Auto de Vista 455/2022 de 7 de noviembre, obviando considerar el perjuicio provocado al accionante por no ser incluido en el proceso reivindicatorio como demandado y tener la oportunidad de defenderse dentro del mismo. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso; ii) Sobre la nulidad de los actos procesales y los principios que la rigen; y, ii) Análisis del caso concreto.
La SCP 0337/2020-S1 de 17 de agosto, sistematizando la jurisprudencia constitucional distinguió entre fundamentación y motivación -SC 1291/2011-R de 26 de septiembre-. Así, la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, señala que: “…todo acto de autoridad precisa encontrarse debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero la obligación de la autoridad que lo emite para citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos, en que se apoye la determinación adoptada; y por lo segundo, que exprese una serie de razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué considera que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa. Esta distinción jurisprudencial entre fundamentación y motivación desde la protección del contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada -Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 de 8 de noviembre y 0100/2013 de 17 de enero- no sólo visibiliza un uso diferenciado de términos, sino una distinción conceptual que incide en la exigencia de justificación de toda decisión; toda vez que: a) La fundamentación se refiere a la obligación de las autoridades, en especial de las jurisdiccionales, de citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos en los que se apoye su determinación, así como de justificar la utilización de dichas disposiciones normativas o de interpretarlas de una determinada manera; es decir, consiste en la justificación normativa de la decisión que da por resultado la construcción de la premisa normativa; en cambio; y, b) La motivación hace referencia a la serie de razonamientos lógico-jurídicos que permiten entender, por qué un determinado caso se ajusta a la hipótesis normativa planteada en el mismo, significa que la motivación es la manifestación de los razonamientos que llevaron a la autoridad a la conclusión que el acto concreto que se trate, se encuentra por una parte, probado, lo que supone que la autoridad judicial debe explicar las razones por las que considera que la premisa fáctica se encuentra probada, poniendo de manifiesto la valoración de la prueba efectuada, y por otra, explicando por qué el caso encuadra en la hipótesis prevista en el precepto legal, elementos con los cuales se realiza la justificación fáctica de la decisión y se construye la premisa fáctica” (las negrillas nos corresponden). Asimismo, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 1161/2025-S3 de 22 de septiembre, reiterando las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0349/2018-S2 y 0353/2018-S2, ambas de 18 de julio -entre otras-, establece que: “… el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: 1) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010 de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. La jurisprudencia contenida en la SCP 2221/2012 como en la SCP 0100/2013 citadas anteriormente fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció que: Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o cuando ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa, cuya tutela por vía de amparo procederá siempre y cuando tenga relevancia constitucional”.
Más adelante la citada Sentencia Constitucional, con respecto a la congruencia externa complementó: “En particular, la congruencia externa implica la necesaria adecuación entre lo resuelto por la autoridad y lo planteado por las partes dentro de la litis, en virtud de este principio, la decisión jurisdiccional o administrativa debe circunscribirse estrictamente a los términos de la pretensión, la oposición y las cuestiones sometidas a debate, de manera que la resolución no puede apartarse de lo pedido, ni otorgar más o menos de lo solicitado, ni pronunciarse sobre aspectos no introducidos al proceso. Así, se configura la prohibición de incurrir en decisiones ultra petita (cuando se concede más de lo pedido), extra petita (cuando se resuelve sobre cuestiones ajenas a lo planteado) e infra petita (cuando se omite pronunciamiento sobre puntos expresamente reclamados). La congruencia externa, en consecuencia, asegura que el juez o autoridad no altere los límites objetivos del litigio ni modifique unilateralmente el objeto del proceso, preservando el equilibrio procesal y la seguridad jurídica de las partes. La jurisprudencia constitucional ha sostenido que la vulneración de este principio se traduce en una afectación directa al debido proceso en su vertiente de fundamentación y motivación, pues se desconoce el derecho de las partes a obtener una respuesta motivada y coherente con los términos de su pretensión. En este entendido, la congruencia externa no solo es una exigencia formal, sino una garantía sustancial de justicia, en tanto preserva la correlación necesaria entre lo demandado, lo debatido y lo resuelto, consolidando la confianza de los justiciables en la imparcialidad y legalidad de la función jurisdiccional” (las negrillas nos corresponden).
La SCP 2504/2012 de 13 de diciembre, señala que: “…la nulidad no se puede declarar por que sí, sino cuando, en efecto, se haya puesto en riesgo la defensa de la otra parte. En tal consideración, la jurisprudencia en forma unánime considera que la nulidad procesal es un instrumento de última ratio que sólo debe ser aplicado cuando aparezca una infracción insubsanable de algún elemento esencial de un acto procesal o cuando se vulnere uno de los principios del debido proceso” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen).
En ese sentido, para que opere una declaratoria de nulidad, aun de oficio, deben presentarse los elementos consignados en la SC 0731/2010-R de 26 de julio, que son: “…a) Principio de especificidad o legalidad, referida a que el acto procesal se haya realizado en violación de prescripciones legales, sancionadas con nulidad, es decir, que no basta que la ley prescriba una determinada formalidad para que su omisión o defecto origine la nulidad del acto o procedimiento, por cuanto ella debe ser expresa, específica, porque ningún trámite o acto judicial será declarado nulo si la nulidad no está expresamente determinada por la ley, en otros términos ‘No hay nulidad, sin ley específica que la establezca’ (Eduardo Cuoture, ‘Fundamentos de Derecho Procesal Civil’, p. 386); b) Principio de finalidad del acto, ‘la finalidad del acto no debe interpretarse desde un punto de vista subjetivo, referido al cumplimiento del acto, sino en su aspecto objetivo, o sea, apuntando a la función del acto’ (Palacio, Lino Enrique, ‘Derecho Procesal Civil’, T. IV p. 145), dando a entender que no basta la sanción legal específica para declarar la nulidad de un acto, ya que ésta no se podrá declarar, si el acto, no obstante su irregularidad, ha logrado la finalidad a la que estaba destinada; c) Principio de trascendencia, este presupuesto nos indica que no puede admitirse el pronunciamiento de la nulidad por la nulidad misma, o para satisfacer pruritos formales, como señala Couture (op. cit. p. 390), esto significa que quien solicita nulidad debe probar que la misma le ocasionó perjuicio cierto e irreparable, que solo puede subsanarse mediante la declaración de nulidad, es decir demostrar cuál es el agravio que le causa el acto irregularmente cumplido y si éste es cierto e irreparable; y, d) Principio de convalidación, ‘en principio, en derecho procesal civil, toda nulidad se convalida por el consentimiento’ (Couture op. cit., p. 391), dando a conocer que aún en el supuesto de concurrir en un determinado caso los otros presupuestos de la nulidad, ésta no podrá ser declarada si es que el interesado consintió expresa o tácitamente el acto defectuoso, la primera cuando la parte que se cree perjudicada se presenta al proceso ratificando el acto viciado, y la segunda cuando en conocimiento del acto defectuoso, no lo impugna por los medios idóneos (incidentes, recursos, etc.), dentro del plazo legal (Antezana Palacios Alfredo, ‘Nulidades Procesales’ )”.
El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, valoración de la prueba, legalidad ordinaria, derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva; así como, la garantía a la igualdad de partes y los principios de seguridad jurídica, legalidad e imparcialidad; puesto que, los Vocales ahora accionados omitieron pronunciarse sobre los agravios formulados en el recurso de reposición con alternativa de apelación, no valoraron las pruebas aportadas y no aplicaron objetivamente la ley, además incurrieron en contradicción entre los fundamentos jurídicos y la determinación asumida en el Auto de Vista 455/2022 de 7 de noviembre, obviando considerar el perjuicio provocado al accionante por no ser incluido en el proceso reivindicatorio como demandado y tener la oportunidad de defenderse dentro del mismo.
Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se tiene que, por Auto de Vista 77/2014, emitido por el Juez de Partido Mixto Ordinario, de Sentencia Penal, Niñez y Adolescencia, Trabajo y Seguridad Social de Caracollo del departamento de Oruro, revocó la Sentencia de 9 de septiembre de 2014, emitida por el Juez de Instrucción Mixto y Cautelar Penal del municipio de Caracollo del mismo departamento, y declaró probada la demanda de reivindicación del inmueble ubicado en calle Alanes s/n entre calles Oruro y La Paz de dicho municipio, registrado en la Oficina de DD.RR. bajo matrícula 4.01.2.01.0001330, presentada por Eliseo Ventura Quispe hoy tercero interesado contra Víctor y Lorenzo ambos de apellidos Quispe Ciprian ahora terceros interesados; y, ordenó a los nombrados la entrega del bien inmueble ubicado en la Calle Alanes s/n entre Oruro y La Paz de dicho municipio del departamento de Oruro, registrado en DD.RR. bajo la matrícula 4.01.2.01.0001330, previo al reembolso de los dineros cancelados por la transferencia del predio, por las mejoras realizadas y el resarcimiento por el tiempo de permanencia de los actuales poseedores, montos a ser calculados en ejecución de sentencia (Conclusión II.1.). En ejecución de sentencia, el ahora accionante planteó incidente de nulidad de obrados hasta la admisión de la demanda reivindicatoria, alegando que; a pesar, de ser ocupante y poseedor junto a sus hermanos Víctor y Lorenzo ambos de apellidos Quispe Ciprian -hoy terceros interesados- del inmueble ubicado en calle Alanes s/n entre calles Oruro y La Paz del municipio de Caracollo del departamento de Oruro, no fue incluido en la demanda reivindicatoria; por lo que, no pudo asumir defensa dentro del referido proceso civil aspecto que le causa perjuicio; en ese sentido, la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Eucaliptus de ese departamento, por Auto Interlocutorio de 16 de septiembre de 2022, rechazó incidente de nulidad de obrados, dicho Auto Interlocutorio fue impugnado por el accionante a través del recurso de reposición con alternativa de apelación, la misma que fue confirmada por Auto de Vista 455/2022 (Conclusiones II.2., II.3., II.4. y II.5.). En ese contexto, el accionante identifica al Auto de Vista 455/2022, como el presunto acto lesivo de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, valoración de la prueba, legalidad ordinaria, derecho a la defensa y derecho a la tutela judicial efectiva; así como, la garantía a la igualdad de partes y los principios de seguridad jurídica, legalidad e imparcialidad; alegando que los Vocales ahora accionados omitieron pronunciarse sobre los agravios formulados en su recurso de reposición con alternativa de apelación, no valoraron la prueba y no aplicaron objetivamente la ley, además de incurrir en contradicciones entre sus fundamentos jurídicos y la determinación asumida, desconociendo el perjuicio provocado al nombrado por no asumir defensa dentro de la demanda reivindicatoria. En ese entendido, con la finalidad de resolver la problemática planteada respecto a la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba, se efectuará un análisis del contenido del recurso de reposición con alternativa de apelación y del Auto de Vista 455/2022, para luego contrastarlos. El accionante formuló recurso de reposición con alternativa de apelación contra el Auto Interlocutorio de 16 de septiembre de 2022, denunciando que la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Eucaliptus del departamento de Oruro: a) Omitió valorar la prueba que presentó para demostrar que su persona tiene su domicilio en el predio objeto del litigio; b) Que acreditó la concurrencia de los principios de trascendencia y de legalidad para la nulidad de obrados; c) Que el art. 115 de la CPE prevé la nulidad de obrados ante cualquier irregularidad en la sustanciación de los procesos; d) Demostró el perjuicio que le causó el indicado proceso; y, e) Identificó a la demanda de reivindicación como el acto procesal que le causó indefensión por no ser incluido en dicho proceso civil. Por su parte, los Vocales hoy accionados emitieron el Auto de Vista 455/2022, señalando que: 1) Para la admisibilidad del recurso de apelación, tienen que cumplirse inexcusablemente dos presupuestos procesales como son la exposición y fundamentación de los agravios sufridos con la resolución impugnada -Auto Interlocutorio de 16 de septiembre de 2022- y observar el plazo de su presentación; 2) El régimen de las nulidades, no se trata de una cuestión de defensa de meras formalidades, sino como verdaderas garantías que el proceso se desarrollara en orden y en resguardo de los derechos de las partes, observando los principios procesales como son el de especificidad, trascendencia, convalidación, finalidad del acto y preclusión; 3) De acuerdo a los arts. 115. I y II y 117 de la CPE, las acciones judiciales tramitadas contra una persona deben ser de su conocimiento a objeto de que sean oídos y puedan asumir defensa en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos y de no cumplirse esa formalidad, se ocasiona indefensión y amerita la declaratoria de nulidad; 4) La declaratoria de nulidad solo acontece cuando se causó indefensión a los sujetos procesales que concurren en la tramitación de la causa y en el caso, verificaron que la demanda ordinaria de reivindicación del bien inmueble fue planteada por Eliseo Ventura Quispe ahora tercero interesado contra los hermanos Víctor y Lorenzo ambos de apellidos Quispe Ciprian hoy terceros interesados, no siendo el incidentista -accionante- parte de la demanda; por lo tanto, no se lo citó o emplazó para su comparecencia al proceso civil, razón por la cual, la Sentencia de 9 de septiembre de 2014, que declaró probada la demanda, solo ordenó a los mencionados hermanos Quispe Ciprian hoy terceros interesados que el plazo de sesenta días entreguen el bien inmueble al demandante Eliseo Ventura Quispe ahora tercero interesado, decisión que en alzada fue revocada mediante Auto de Vista 77 de 16 de diciembre de igual año, donde se agregaron otros aspectos a cumplirse en ejecución de Sentencia; sin embargo, no se modificó la orden de entrega del bien inmueble por parte de los hermanos Quispe Ciprian hoy terceros interesados y no existe dicha orden en contra del accionante; y, 5) De acuerdo al art. 397.I del Código de Procedimiento Civil (CPC) las sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada se ejecutaran sin alterar o modificar su contenido por la autoridad de primera instancia; en ese sentido, al no concurrir el accionante como demandado, no se ordenó ninguna citación y no existe ninguna condena en su contra en la Sentencia ejecutoriada y con calidad de cosa juzgada emitida en el proceso de reivindicación, no se evidencia que se hubiese causado ningún perjuicio o indefensión al accionante que amerite considerar la declaratoria de nulidad de obrados, al no alcanzarle los efectos de la Sentencia de 9 de septiembre de 2014. En ese contexto, corresponde precisar que conforme a la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, estableció que la motivación y fundamentación de las resoluciones son un componente esencial del debido proceso, que en lo sustancial, consiste en la obligación que tienen las autoridades jurisdiccionales de justificar sus decisiones fáctica y jurídicamente; de manera que permitan advertir que sus determinaciones no son producto de arbitrariedad sino que responden a la aplicación objetiva del derecho a los planteamientos de las partes procesales; a ese efecto, no se requiere que sean extensas sino precisas y con argumentos razonables. Asimismo, determinó que la congruencia de las resoluciones, en su faceta externa no es más que la coincidencia que debe existir entre lo solicitado y lo resuelto, tratándose de resoluciones de segunda instancia, implica que la competencia de los Tribunales de apelación está delimitada a los agravios formulados en el recurso, evitando extralimitarse u omitir algún reclamo; y, en su faceta interna, es la coherencia que debe existir en la estructura de la resolución, tanto entre la parte considerativa como resolutiva; de manera que no existan contradicciones internas. En ese sentido, en el caso en análisis, se advierte que los Vocales hoy accionados en el Auto de Vista 455/2022, identificaron los cinco reclamos efectuados por el accionante en el recurso de reposición con alternativa de apelación, los cuales, como se consignó precedentemente fueron reducidos en su pronunciamiento al análisis del principio de trascendencia; puesto que, dichos Vocales abordaron la impugnación, con el propósito de verificar la existencia de estado de indefensión del accionante en el referido litigio y el perjuicio causado, como condición necesaria para declarar la nulidad de obrados; a cuyo efecto determinaron que, al interponerse la demanda de reivindicación únicamente contra Víctor y Lorenzo ambos de apellidos Quispe Ciprian ahora terceros interesados, los efectos de la Sentencia de 9 de septiembre de 2014, solo alcanza a los nombrados; de ahí que, se ordenó a esos la restitución del predio ubicado en calle Alanes s/n entre calles Oruro y La Paz del municipio de Caracollo del departamento de Oruro, en favor de Eliseo Ventura Quispe hoy tercero interesado; en razón a que, el art. 397.I del CPC establece que las sentencias se ejecutan sin alterar ni modificar su contenido; en ese sentido, concluyeron que, no concurren las condiciones requeridas para la declaración de nulidad de obrados. En ese contexto, si bien los Vocales ahora accionados, con la finalidad de cumplir el principio de congruencia, tenían la obligación de pronunciarse sobre todos los agravios expresados por el accionante; sin embargo, en el presente caso, debe tenerse presente que la controversia jurídica surge del rechazo a una petición de nulidad de obrados dentro de un proceso reivindicatorio; de manera que, los Vocales hoy accionados tenían el deber de verificar la concurrencia de los principios que rigen las nulidades procesales, tomando en cuenta que el accionante en el recurso de reposición con alternativa de apelación, reclamó la verificación de los principios de especificidad o legalidad y de trascendencia, en consecuencia, la competencia de los referidos Vocales quedó circunscrita a la verificación de dichos principios. Como se advierte, que la Resolución 67/2023 emitida por los Vocales ahora accionados respecto a la inconcurrencia del principio de trascendencia, está sustentada en una cuestión procesal derivada de los efectos de la Sentencia de 9 de septiembre de 2014, en la acción reivindicatoria; en ese sentido, considerando que esta acción es una figura jurídica que tiene como objetivo obtener una sentencia que ordene la devolución de un bien al propietario legítimo, por parte de quien lo posee de manera indebida -art. 1453 del Código Civil (CC)-, se entiende que el efecto principal de la sentencia que declara su procedencia, es la obligación del poseedor citado con la demanda de devolver el bien al propietario; de manera que, las consecuencias jurídicas de la decisión judicial solo afectan al demandante y demandado; es decir, crea derechos y obligaciones únicamente para quienes están involucrados en el proceso; ya que, quienes no fueron parte del proceso de ninguna manera pueden verse afectados o perjudicados con el fallo.
En ese sentido, en el marco del Fundamento Jurídico III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la determinación asumida por los Vocales hoy accionados respecto a la inconcurrencia del principio de trascendencia, se encuentra con la debida motivación y fundamentación; puesto que, contiene razonamientos jurídicos lógicos efectuados a partir de la aplicación del art. 397.I del CPC, la aplicación de la jurisprudencia constitucional y la doctrina jurídica, respecto a los efectos de la Sentencia de 9 de septiembre de 2014, en la acción reivindicatoria, sin necesidad de revisar la valoración de la prueba aportada, que como dijo el accionante estaba orientada a acreditar que tenía su domicilio en el predio ubicado en calle Alanes s/n entre calles Oruro y La Paz del municipio de Caracollo del departamento de Oruro; aspecto que, por el análisis efectuado por los referidos Vocales resulta intrascendente, al concluir que al no ser demandado los efectos de la indicada Sentencia no le alcanzan y por lo mismo no se puso en riesgo su derecho a la defensa. Respecto a los principios de especificidad o legalidad, los Vocales ahora accionados tampoco emitieron pronunciamiento alguno, inobservancia que desde un punto de vista formal implicaría la vulneración del principio de congruencia en su faceta externa; no obstante, es necesario considerar que la determinación asumida por los referidos Vocales se debe justamente a la inconcurrencia del principio de trascendencia como supuesto vicio que afectaba el derecho a la defensa del accionante; en ese sentido, no era necesario analizar el reclamo respecto al principio de especificidad o legalidad, por su intrascendencia; puesto que, resulta previsible que la decisión de fondo de los Vocales hoy accionados, si se determinará conceder la tutela por la omisión de pronunciamiento respecto del principio especificidad o legalidad, no se modificará; por ello, no se advierte su relevancia constitucional; ya que, no es evidente la vulneración del derecho a la congruencia, ameritando la denegatoria de tutela solicitada. Finalmente, respecto a la presunta vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de valoración de la prueba, legalidad ordinaria, derecho a la defensa y derecho a la tutela judicial efectiva; así como, la garantía a la igualdad de partes y a los principios de seguridad jurídica, legalidad e imparcialidad, el accionante a más de enunciarlos y en algunos casos desarrollar fragmentos de jurisprudencia constitucional de manera abstracta, no explicó la manera en que los Vocales ahora accionados incurrieron en dicha vulneración; por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada al respecto. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 67/2023 de 22 de mayo, cursante de fs. 159 a 162, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1131_2026-S1.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): 0da0c77ba9a35df54ad3b7726ad04d89dcf718053ea5b1f89c91c87cfe263f84
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