Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 19 de septiembre de 2025
Concede la tutela
Los accionantes denunciaron la vulneración de sus derechos a la libertad y debido proceso, por cuanto, en el proceso penal seguido en su contra por el delito de estafa con agravación de víctimas múltiples art. 346 Bis del CP, en audiencia de medida cautelar se dispuso su libertad pura y simple. Ante las apelaciones formuladas por las víctimas y el Ministerio Público, el Auto de Vista 09/2023-SP2 emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, determinó se señale nueva audiencia de medida cautelar; a objeto de que el Juez a quo se pronuncie sobre la probabilidad de autoría y riesgos procesales de forma clara objetiva y concreta. Posteriormente el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del mismo departamento, en la nueva audiencia de consideración de medida cautelar, en suplencia legal declaró su rebeldía sin tomar en cuenta las formalidades de notificación dispuestas por el art. 163 del CPP. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 36/2023 de 25 de abril, cursante de fs. 59 a 64, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y en consecuencia determina CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos que la citada Sala Constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1131/2025-S3 Sucre, 19 de septiembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 55163-2023-111-AL Departamento: Tarija En revisión la Resolución 36/2023 de 25 de abril, cursante de fs. 59 a 64, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Juan Carlos Barrios Arias y Claudio Bladimir Ortiz Romero, contra Gemma Marcela Baldiviezo Tavera, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y, Vladimir Gustavo Taboada Suarez, Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del mismo departamento.
Por memorial presentado el 24 de abril de 2023, cursante de fs. 20 a 29, los accionantes manifestaron que:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por el delito de estafa con agravación de víctimas múltiples art. 346 Bis del Código Penal (CP), en audiencia de medida cautelar se dispuso su libertad pura y simple. Ante las apelaciones formuladas por las víctimas y el Ministerio Público, el Auto de Vista 09/2023-SP2 de 5 de enero, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija determinó se realice nuevamente la audiencia de medidas cautelares; a objeto de que, el Juez a quo se pronuncie sobre la probabilidad de autoría y riesgos procesales de forma clara objetiva y concreta. Posteriormente el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del mismo departamento, en la audiencia de consideración de medida cautelar, en suplencia legal declaró su rebeldía sin tomar en cuenta las formalidades de notificación dispuestas por el art. 163 del Código de Procedimiento Penal (CPP).
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad y debido proceso, citando al efecto el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Se conceda la tutela y se disponga dejar sin efecto el Auto de Vista 09/2023-SP2 de 5 de enero y se ordene a la Sala Penal Segunda que dicte uno nuevo; de acuerdo al entendimiento de la SCP 0168/2021-S2 de 21 de mayo.
Celebrada la audiencia pública virtual el 25 de abril de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 56 a 58 vta., se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes, a través de su abogado reiteraron íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola señalaron que: debido a la inasistencia de la nueva audiencia de medida cautelar sustanciada por el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Tarija, se dispuso su declaratoria de rebeldía, sin embargo alegan que no fueron notificados para dicha audiencia, por lo que piden se deje sin efecto el Auto interlocutorio de declaratoria de rebeldía emitido en su contra.
Gemma Marcela Baldiviezo Tavera, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, por informe escrito presentado el 25 de abril de 2023, cursante a fs. 35 a 36 vta., impetró se deniegue la tutela argumentando que: El Juez a quo no realizó una valoración integral de los elementos de convicción existentes respecto de la probabilidad de autoría de los impetrantes de tutela, existiendo prueba testifical y documental que fue omitida en su valoración. Razón por la cual el Auto de Vista 09/2023-SP2 contiene la debida fundamentación y motivación. Vladimir Gustavo Taboada Suárez, Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del señalado departamento, por informe escrito presentado el 25 de abril de 2023 cursante a fs. 33 y vta., requirió se deniegue la tutela impetrada argumentando que: a) Los accionantes no establecieron la acción jurisdiccional vulneratoria de derechos; toda vez que, en el petitorio de la acción tutelar, impetró se deje sin efecto el Auto de Vista 09/2023-SP2 y no así el auto Interlocutorio dictado por la autoridad demandada, la cual solo dio continuidad al señalamiento de audiencia ordenada por el Juez titular de la causa antes de salir de vacación; b) La declaratoria de rebeldía fue determinada en virtud del art. 87 y siguientes del CPP, por inconcurrencia de los accionantes a la nueva audiencia de medida cautelar, de la cual tenían tácito conocimiento; ya que, consta en obrados la obtención de fotocopias de todos los actuados procesales, donde se encuentra el decreto de señalamiento.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, mediante Resolución 36/2023 de 25 de abril, cursante de fs. 59 a 64, concedió la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto de Vista 09/2023-SP2, los Autos interlocutorios por los que se declaró la rebeldía, en consecuencia se retrotrae al momento de la celebración de la audiencia de 05 de enero de 2023 y ordenó se convoque a nueva audiencia de consideración de apelación incidental en el plazo de tres días hábiles, argumentando que: Conocido el recurso de apelación, el Tribunal de alzada debió resolver el mismo conforme el art. 252 del CPP y no retrotraer actuados al Juez a quo para que se pronuncie sobre la probabilidad de autoría, la existencia o no de los peligros procesales de forma clara objetiva y concreta, por lo que dejó sin efecto el Auto de Vista 09/2023-SP2 y el Auto Interlocutorio emitido por el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Tarija, que en suplencia legal sustanció la nueva audiencia cautelar.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa acta de audiencia de medida cautelar de 29 de diciembre de 2022, sustanciada por la Juzgada de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Tarija (fs. 37 a 44 vta.) II.2. A través del auto Interlocutorio 0320/2022 de 29 de diciembre, la citada autoridad dispuso la libertad irrestricta de los impetrantes de tutela (fs. 44 vta. a 48 vta.) II.3. Auto de Vista 09/2023-SP2 de 5 de enero, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que resolvió la apelación de medidas cautelares (fs. 49 a 54 vta.) II.4. Se tiene Acta de audiencia de medida cautelar de 18 de enero instalada por el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Tarija en suplencia legal (fs. 55).
II.5. Mediante Auto interlocutorio de 18 de enero de 2023, el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital -codemandado- del señalado departamento, declaró la rebeldía de los accionantes (fs. 55).
Los accionantes denunciaron la vulneración de sus derechos a la libertad y debido proceso, por cuanto, en el proceso penal seguido en su contra por el delito de estafa con agravación de víctimas múltiples art. 346 Bis del CP, en audiencia de medida cautelar se dispuso su libertad pura y simple. Ante las apelaciones formuladas por las víctimas y el Ministerio Público, el Auto de Vista 09/2023-SP2 emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, determinó se señale nueva audiencia de medida cautelar; a objeto de que el Juez a quo se pronuncie sobre la probabilidad de autoría y riesgos procesales de forma clara objetiva y concreta. Posteriormente el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del mismo departamento, en la nueva audiencia de consideración de medida cautelar, en suplencia legal declaró su rebeldía sin tomar en cuenta las formalidades de notificación dispuestas por el art. 163 del CPP. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Respecto de las atribuciones establecidas para el tribunal de alzada al resolver la apelación incidental de medidas cautelares la SCP 1471/2012 de 24 de septiembre señaló que: “Ahora bien, lo analizado precedentemente nos permite concluir que los tribunales de alzada, cuando resuelven las apelaciones incidentales planteadas contra el establecimiento, revocatoria o sustitución de medidas cautelares, están sujetos al cumplimiento de varios requisitos; entre ellos, por imperio de lo preceptuado por el art. 251 del CPP, a fijar audiencia para su consideración, a desarrollarse dentro de los tres días siguientes a la recepción del recurso, sin recurso ulterior. Obligación que constituye una potestad reglada, es decir, que no queda a criterio de los administradores de justicia, el señalamiento o no, de la audiencia para la resolución del caso, sino que están constreñidos a celebrarla, en cumplimiento de lo estipulado por la precitada norma legal, que más allá de ser un simple postulado, persigue fines específicos, como es la materialización de los principios de oralidad, contradicción e inmediación, pilares fundamentales del actual sistema procesal penal; y, precisamente por ello, se debe asegurar a las partes, la oportunidad de que fundamenten sus alegatos o de que los amplíen si así lo desean, en la oportunidad reservada para el efecto, como es el verificativo indicado al efecto, dado que como se demostró en el Fundamento Jurídico III.4 de la presente Resolución, es perfectamente posible expresar o desarrollar los argumentos de la apelación, de manera oral, en la propia audiencia.
Al margen de lo afirmado, es importante recalcar que el señalamiento, instalación y celebración de estas audiencias, no puede ser comprendido como una mera formalidad, al contrario, debe concretizar el ejercicio de los principios, valores y valores ético morales instituidos en la Constitución Política del Estado que deberá impregnar a la función de impartir justicia, al encontrarse en tela de juicio un derecho de carácter primario para el desarrollo de la persona, como es la libertad física así como la de locomoción; por lo que, el constituyente boliviano dejó expresamente establecido que dicho derecho es inviolable y, respetarlo y protegerlo es un deber primordial del Estado (art. 6.II de la CPE); por ello, vía jurisprudencial se establecieron varias condiciones para garantizar su ejercicio, entre ellas, que deberá ser privado sólo en los casos expresamente dispuestos por ley, previo cumplimiento de las formalidades exigidas expresamente al efecto, así como la celeridad que debe cumplirse en las solicitudes vinculadas con el mismo, principio que debe saturar cada acto procesal de las autoridades jurisdiccionales. Desde esa perspectiva, ante la presentación de un incidente en materia penal o de su apelación, éstos deben ser tramitados conforme a los principios constitucionales y las normas procedimentales de la materia; entre ellos, seguridad jurídica, celeridad y legalidad (arts. 178 y 180 de la CPE).
Al respecto, la SCP 0507/2012 de 9 de julio, recalcó: “En ese orden de ideas, el principio de celeridad, comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones de la actuación judicial, y el subprincipio 'oportunidad' importa la conveniencia de tiempo y de lugar del acto judicial.
Conforme a lo desarrollado, el contenido del principio de celeridad, de un lado implica el cumplimiento de los plazos procesales evitando dilaciones; y de otro, comprende la actuación conveniente en tiempo y espacio de la autoridad judicial, lo que obliga a la evaluación de las circunstancias particulares de cada situación jurídica, para discernir una oportuna respuesta judicial; así como abreviar los plazos procesales de acuerdo a esas diferencias.
Conforme a lo afirmado, este Tribunal arriba al siguiente convencimiento: la aplicación del principio de celeridad, también obliga a las autoridades jurisdiccionales a otorgar pronta respuesta a la tramitación de incidentes procesales, actuando de forma oportuna de acuerdo a la necesidad que emerja de la evaluación de la situación particular de cada caso; la prontitud, necesariamente implica actuación antes del cumplimiento del plazo y a la brevedad posible; así, siendo una situación común que los jueces atiendan varios casos al mismo tiempo, deberán priorizar la atención de excepciones e incidentes de quienes se encuentren detenidos preventivamente, por la supresión del derecho a la libertad de que son objeto, siendo merecedores de que dicha autoridad abrevie los plazos procesales resolviendo sus peticiones y solicitudes.”
Entonces, en coherencia con lo sostenido, ante la interposición de una apelación incidental de medidas cautelares o su sustitución, previo a la celebración de la audiencia de consideración, deberá asegurarse la notificación efectiva a las partes implicadas en el proceso, lo que implica además, que si el imputado se encuentra privado de su libertad, el tribunal de alzada, deberá garantizar su presencia en el verificativo, corriendo con los trámites de rigor para el efecto. Luego y una vez verificada la presencia de las partes, se dará inicio al mismo, otorgándoles la oportunidad de fundamentar oralmente sus alegatos, para finalmente emitir una resolución debidamente motivada, en la que, las autoridades jurisdiccionales, de un lado, deben dar respuesta a todos los agravios denunciados en la apelación; no correspondiendo por tanto, pronunciarse sobre aquellos no apelados, salvo que se trate de defectos absolutos, al no ser, estos últimos, susceptibles de convalidación; y de otro, tratándose de medidas cautelares, fundamentar sobre la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, como es la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad autor o partícipe de un hecho punible; y la existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso y/u obstaculizará la averiguación de la verdad; sustento que imprescindiblemente deberán estar incluidos en la resolución de alzada; argumentos jurídicos que no pueden ser sustituidos por los relacionados por el a quo en el fallo impugnado; y menos dar lugar a la nulidad de obrados, por su falta de consideración.
En resumen, al tribunal de apelación no le está permitido anular obrados cuando verifique que el juez de instrucción omitió explicar los motivos que le llevaron a determinar, rechazar o modificar una medida cautelar, o que lo hizo, pero de manera insuficiente; puesto, que como se señaló, tratándose de la disputa del derecho a la libertad, en cumplimiento de los principios constitucionales señalados anteriormente, deberá resolver directamente el caso remitido en apelación, precisando las razones y los elementos de convicción que sustentaron su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva, o viceversa”.
A tiempo de resolver un caso similar, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 0339/2012 de 18 de junio, refirió: “Se evidencia que en distintas oportunidades, la Sala Penal Segunda, anuló la Resolución del Tribunal a quo, disponiendo la renovación del acto, sin considerar que la SC 1554/2004-R de 27 de septiembre, estableció que:
'Las Vocales recurridas, en el Auto de Vista impugnado, analizando la apelación, determinaron que el Juez Cautelar actuó en forma indebida, puesto que a más de no valorar la prueba, no fundamentó su determinación de disponer la detención preventiva de los imputados, ni examinó en forma individualizada las circunstancias de cada uno de ellos, declarando por ello la existencia de defectos absolutos para lo que invocaron el art. 169.3 del CPP que dispone que no serán susceptibles de convalidación los defectos que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y en ese Código; sin embargo, las autoridades recurridas no consideraron que el objeto del recurso de apelación contra la Resolución de medidas cautelares, es precisamente la aplicación de tales medidas, entonces, no podían dejar de pronunciarse sobre el objeto de la alzada, por cuanto ello importa denegación de justicia, que ligada a la libertad, importa a su vez la privación indebida de ese derecho, debiendo tomarse en cuenta que las vocales debieron resolver la apelación aprobando o revocando la Resolución -si es que existían elementos probatorios que determinaban que no le era aplicable al representado del recurrente la detención preventiva- pero en ningún momento podían anular obrados por defectos absolutos pues las autoridades demandadas tienen plena competencia para revisar y modificar la resolución revisada, ya que ése es justamente el objeto del recurso' . En el mismo sentido se refirió la SC 1824/2004-R.
En este marco, el Tribunal ad quem tiene la obligación de someterse a lo dispuesto por el art. 403 inc. 3) del CPP e ingresar al fondo del asunto apelado, aprobando o revocando el fallo del inferior, pues ese es el objetivo de dicha apelación incidental; sin embargo, en el presente proceso en distintas ocasiones los Vocales se limitaron a disponer que el Tribunal a quo proceda a dictar una nueva resolución en forma correcta, sin considerar que en ese momento inclusive el imputado gozaba de libertad en virtud a la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva; consiguientemente se evidencia que no hicieron uso de las facultades que tienen para revisar y modificar la resolución impugnada, para ese efecto les correspondía subsanar el error inmediatamente, puesto que si consideraron que el fallo dictado por el Tribunal de Sentencia contenía contradicciones, errores u otros, debieron revocarlo o aprobarlo previa valoración y análisis respectivo, emitiendo para ello la resolución debidamente fundamentada tal cual exige los art. 124 y 173 del CPP y no anular más de tres veces la resolución del referido Tribunal de Sentencia por defectos; al no hacerlo, han incurrido en una omisión contraria a los derechos del imputado; pues se considera contrario al ordenamiento jurídico, la concurrencia de una seguidilla viciosa de anulaciones por parte del Tribunal ad quem, conllevando a una inseguridad jurídica que nunca podría terminar, pese de que dicho Tribunal podía definir directamente la situación jurídica del procesado”. (las negrillas son añadidas)
Los accionantes denunciaron la vulneración de sus derechos a la libertad y debido proceso; toda vez que, en el proceso penal seguido en su contra por el delito de estafa con agravación de víctimas múltiples art. 346 Bis del CP, en audiencia de medida cautelar se dispuso su libertad pura y simple. Ante las apelaciones formuladas por las víctimas y el Ministerio Público, el Auto de Vista 09/2023-SP2 resolvió que se señale nueva audiencia de medida cautelar, a objeto de que el Juez a quo se pronuncie sobre la probabilidad de autoría y riesgos procesales de forma clara objetiva y concreta. Posteriormente el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del mismo departamento, en la nueva audiencia de consideración de medida cautelar, en suplencia legal, declaró su rebeldía sin tomar en cuenta las formalidades de notificación dispuestas por el art. 163 del CPP. De la revisión de los antecedentes adjuntos, y la acción tutelar interpuesta, se puede advertir que la solicitud de medida cautelar del Ministerio Público fue sustanciada conforme el Acta de audiencia de 29 de diciembre de 2022, por la Jueza de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Tarija (Conclusión II.1) y mediante el correspondiente Auto Interlocutorio 0320/2022 de 29 de diciembre se dispuso la libertad irrestricta de los impetrantes de tutela (Conclusión II.2). Ante los recursos de apelación interpuestos, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, emitió el Auto de Vista 09/2023-SP2 que en su parte resolutiva dispuso que se señale nueva audiencia de medidas cautelares, a objeto de que conforme lo establecido y las normas vigentes el Juez de mérito se pronuncie sobre la probabilidad de autoría y riesgos procesales de forma clara objetiva y concreta (Conclusión II.3). En consecuencia, de lo determinado por el referido Auto de Vista, el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del señalado departamento en suplencia legal da continuidad a la nueva audiencia señalada por el Juez titular conforme el Acta de audiencia de medida cautelar de 18 de enero de 2023 (Conclusión II.4) y ante la inconcurrencia de los impetrantes de tutela, mediante Auto interlocutorio de 18 del mismo mes y año, declaró su rebeldía (Conclusión II.5). De lo manifestado es evidente que el mencionado Auto de Vista, determinó declarar con lugar en parte el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, revocando parcialmente el Auto Interlocutorio, disponiendo que el Juez a quo, señale nueva audiencia para que se pronuncie sobre la probabilidad de autoría y la existencia o no de los peligros procesales de forma clara objetiva y concreta. Determinación que vulnera el art. 251 del CPP, que ordena que el Vocal de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá la apelación interpuesta. Esto en sentido de que la situación jurídica de los impetrantes de tutela debe ser resuelta en tal instancia asumiendo la determinación sobre mantener la libertad irrestricta o aplicar medidas cautelares correspondientes. Conforme los argumentos expuestos por la parte apelante, la respuesta y contrastación. De los fundamentos emitidos por el Juez a quo; toda vez que, la naturaleza misma de la apelación de medidas cautelares versa cobre la consideración de la libertad de los imputados o la restricción de la misma y en virtud de ello lo que se quiere conocer en alzada es, si se confirmará o revocará las determinaciones del juez de instancia lo cual no implica el ordenar al juzgado de origen que señale nueva audiencia para considerar y revalorizar aspectos que ya fueron determinados en una primera audiencia como lo es la probabilidad de autoría y los riesgos procesales. Aspecto que cobra importancia relevante al tratarse de la libertad de las personas que se encuentra en grado de apelación, quienes deben conocer la determinación del Tribunal de alzada respecto de si continuará su libertad irrestricta o al no haber sido correctamente asumida tal determinación por el juzgado de origen, esta deberá ser reemplazada por una medida más gravosa, debiendo realizar la fundamentación de su determinación basada en los aspectos de hecho y de derecho, así como los elementos probatorios por los que considera que la resolución del juez a quo, permanecerá firme o debería ser revocada. De esta manera en el primer supuesto al ser confirmado el Auto interlocutorio se dispondrá que se mantenga la libertad irrestricta y en el segundo supuesto dispondrá la aplicación de medidas cautelares que el Tribunal de alzada considere pertinente, debiendo señalarse la misma en el Auto de Vista emitido y aplicarse de forma inmediata. Aspecto que condice con los alcances del Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional la cual es taxativa al señalar que, al tribunal de apelación no le está permitido anular obrados cuando verifique que el juez de instrucción desarrolló una fundamentación insuficiente, pues tratándose de la disputa del derecho a la libertad, en aplicación de los principios constitucionales, deberá resolver directamente la causa remitida en apelación, precisando las razones y los elementos de convicción que sustentaron su decisión. Lo cual no ocurrió en el presente caso; ya que, la Vocal demandada advirtió insuficiente fundamentación en el Auto Interlocutorio 0320/2022 de 29 de diciembre, que determinó la libertad irrestricta de los solicitantes de tutela y dispuso que el Juez a quo señale nueva audiencia para que se pronuncie sobre la probabilidad de autoría, la existencia o no de los riesgos procesales de forma clara objetiva y concreta. Situación que lesionó el derecho al debido proceso vinculado a la libertad, al no cumplirse con el art. 251 del CPP, razón por la cual es posible otorgar la protección solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al haber concedido la tutela impetrada, obró en forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 36/2023 de 25 de abril, cursante de fs. 59 a 64, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y en consecuencia determina CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos que la citada Sala Constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1131_2025-S3.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 40de09f03164d9edce502d93d5eef9301246f748b5d5fdbd6b725b96f3f6d9fb
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