Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 9 de julio de 2026
Deniega la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 11/2023 de 23 de marzo, cursante de fs. 22 a 28, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1129/2026-S1 Sucre, 9 de julio de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 54997-2023-110-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 11/2023 de 23 de marzo, cursante de fs. 22 a 28, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ernesto Luis Alcón Illanes en representación sin mandato de la menor de edad AA contra Leda Mirna Ojopi Rivero, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz.
La parte accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 22 de marzo de 2023, cursante de fs. 8 a 11 vta., manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra la menor de edad AA -accionante- por la presunta comisión del delito de asesinato previsto y sancionado por el art. 252 del Código Penal (CP), radicado en el Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz, se encuentra con detención preventiva en el Centro Educativo Piloto de Justicia Penal Juvenil “Nueva Vida Santa Cruz” (CENVICRUZ) del citado departamento, de manera ilegal por más de seis meses y más allá de los límites establecidos por el art. 291.I inc. d) del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA) -Ley 548 de 17 de julio de 2014-, en franca inobservancia del debido proceso. Indicó que, conforme a los antecedentes del cuaderno procesal, fue señalada la audiencia de cesación de la detención preventiva para el 21 de marzo de 2023;
en la que, una vez instalada la Secretaria del despacho judicial informó que no obstante haberse cumplido las diligencias y notificaciones, se encontraban ausentes la madre de la imputada -menor de edad AA- y la parte denunciante; por lo que, su abogado defensor, en uso de la palabra, hizo conocer a la Jueza ahora accionada que -el en la referida fecha-, fue notificada con el señalamiento de prosecución de juicio oral para el 24 del mismo mes y año, argumentando igualmente respecto a la multa que le fue impuesta por inasistencia a una audiencia de juicio oral, público y contradictorio; sin embargo, a pesar de que dichos fundamentos no tenían por objetivo exponer las razones del abogado defensor sobre la referida multa y la ausencia momentánea de la madre de la menor de edad, la Jueza ahora accionada, sin conceder la palabra al abogado de la defensa -de la menor de edad-, resolvió de manera inmediata suspender el verificativo hasta el 31 del indicado mes y año, durante las jornadas de descongestionamiento a llevarse a cabo en CENVICRUZ, sin señalar expresamente la hora. Dicha determinación resulta vulneratoria de normas constitucionales, leyes adjetivas y tratados y convenios internacionales, así como de la jurisprudencia constitucional que determina que las audiencias de cesación de la detención preventiva, deben señalarse dentro de los “tres días” siguientes de haberse presentado la solicitud; por ello, la actuación de la Jueza ahora accionada constituye un flagrante hecho de retardación de justicia que además de causarle indefensión, pone también en riesgo sus derechos a la vida y a la salud, habida cuenta que en CENVICRUZ, persiste la pandemia del Coronavirus (COVID-19) y dengue. Añade que la Jueza ahora accionada, a pesar de conocer los mandatos del Código Niña, Niño y Adolescente, pretende negar su libertad, suspendiendo intempestivamente la audiencia señalada para el 21 de marzo de 2023; esto, añadido a que en varias ocasiones, igualmente tuvo que esperar mucho tiempo para la instalación de otras audiencias, resultando extremadamente casual, que la referida audiencia objeto de la presente acción de defensa, fue suspendida sin esperar por lo menos cinco minutos desde que se instaló; razones que, motivan la interposición de la presente acción de libertad en su modalidad traslativa a efectos de sentar un precedente respecto a la juzgadora, de que la libertad está por encima de formalismos procesales y que, en consecuencia la tramitación de solicitudes vinculadas a dicho derecho, deben ser tramitadas con la mayor celeridad posible. Finalmente, agregó que, ante la impotencia de su madre y tutora frente a la decisión de la Jueza hoy accionada, aquella perdió el conocimiento en la puerta del Juzgado y que de no ser asistida por la funcionaria policial que la logró reanimar luego de treinta minutos, se estaría lamentando su deceso.
La parte accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, así como el principio de celeridad; citando al efecto los arts. 22, 178.1 y 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga que la Jueza ahora accionada, en el plazo máximo de veinticuatro horas de su notificación, “…señale nuevo día y hora de audiencia para los próximos dos días como máximo para señalar nueva audiencia de cesación y sea sin objeción alguna” (sic).
Celebrada la audiencia virtual el 23 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 18 a 22, se produjeron los siguientes actuados:
La parte accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: a) Cuenta con quince años de edad y dentro del proceso penal que se le sigue por la supuesta comisión del delito de asesinato, se encuentra detenida preventivamente en CENVICRUZ desde el 12 de julio de 2022; es decir por más de ocho meses; prolongándose su privación de libertad más allá de los límites estipulados por el art. 291.I inc. d) del CNNA, cuando por mandato del referido compilado normativo, la detención preventiva debe cesar cuando exceda de tres meses sin que exista sentencia inicial; b) Si bien el proceso se encuentra en etapa de juicio oral, público y contradictorio, el mandato contenido en el citado artículo; establece que, una vez instalada la audiencia de cesación de la detención preventiva, ésta debe ser deferida; empero, la Jueza ahora accionada, se ha extendido abismalmente en los plazos procesales, dilatando la cesación y anteponiendo el juicio para emitir fallo condenatorio contra la menor de edad, coartando así el derecho que le otorga el indicado art. 291.I inc. d) del referido Código; c) Es cierto que, como manifiesta la nombrada, la primera audiencia señalada para el 10 de marzo de 2023, se desarrolló a las 8:10 horas; sin embargo, el traslado desde CENVICRUZ no demora diez minutos y los funcionarios policiales y administrativos del dicho Centro Penitenciario, ingresan a sus funciones a las 8:00 horas, lo que evidencia que dicho señalamiento tuvo el único afán de evitar su instalación; esto, al margen de que en la fecha indicada llovió abundantemente; por ello, la audiencia fue suspendida para el 21 de igual mes y año a las 15:00 horas; d) En el verificativo de referencia -21 de marzo de 2023-, la Jueza ahora accionada, previo a instalar la audiencia, solicitó informe sobre la legalidad de las notificaciones a las partes procesales y el Auto sancionatorio -no consigna número ni fecha- al abogado de la defensa; habiendo la Secretaria del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz, puesto en conocimiento de la nombrada, sobre la ausencia de la parte denunciante y de la madre de la menor de edad AA que se encontraba en esos momentos fuera del despacho judicial; no obstante a pesar de que se le trató de explicar aquellos extremos, la citada Jueza, lejos de escuchar los motivos, sin concederle la palabra a la defensa, resolvió suspender la audiencia hasta la realización de las jornadas de descongestión a llevarse a cabo el 31 de marzo de 2023 en CENVICRUZ, dejando en absoluto estado de indefensión a la menor de edad procesada -ahora accionante-; e) Dentro de la causa penal, dos personas ya se declararon culpables del ilícito ante la misma Jueza que conoce la presente causa; por lo que, no es comprensible cuál es la razón para tratar de sancionar y condenar a la referida menor de edad; más aun si se toma en cuenta el principio de verdad material, en los informes de peritaje y sumisión, se hace evidente la confesión del delito por dos de los ya “condenados”, en ese sentido no existe fundamento para no deferir lo alegado por la menor de edad AA; y, f) De acuerdo a la SC 0475/2010-R de 5 de julio, en casos en los cuales no se observa el principio de celeridad para la concreción de libertad, se ha establecido la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, como medio idóneo para la reparación de vulneraciones emergentes de dilaciones indebidas; modalidad que resulta de plena aplicación al presente caso; debido a que, la Jueza hoy accionada, señaló audiencia para el 31 de marzo de 2023, incumpliendo lo dispuesto en la referida jurisprudencia respecto a que las audiencias de cesación de la detención preventiva, deben señalarse dentro de los tres días hábiles después de su solicitud; empero, en la especie, dicho señalamiento sobrepasa los diez días. Ante la consulta de la Jueza de garantías sobre si adjuntó el citado fallo constitucional, el abogado de la menor de edad AA contestó que sí, reiterando el contenido de la misma.
Leda Mirna Ojopi Rivero, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante informe presentado el 23 de marzo de 2023, cursante de fs. 16 a 17, manifestó que: 1) Dentro del proceso penal instaurado contra la menor de edad AA -accionante- y Jonathan Cabrera Salvatierra -hermano de la nombrada-, que se encuentra en etapa de juicio oral, público y contradictorio, durante la tramitación de la primera etapa, presentada la imputación y solicitud de aplicación de medidas cautelares, dispuso la detención preventiva de la referida menor de edad en el Centro Especializado CENVICRUZ-MUJERES de Santa Cruz de la Sierra; 2) El 6 del citado mes y año, la defensa de la menor presentó memorial solicitando la cesación de la detención preventiva, señalándose la misma en tiempo oportuno para las 8:10 horas del 10 de igual mes y año que, por razones no atribuibles al Órgano Judicial no se llevó a cabo; debido a que, la referida menor de edad no se presentó al verificativo, conforme consta en el Acta y actuados del cuaderno procesal de fs. 781 a 782; por lo que, en el acto, se fijó nueva audiencia para el 15 del referido mes y año a las 11:15 horas; sin embargo, el abogado de la defensa manifestó que no asistiría en la fecha y hora indicada; es así que, existiendo audiencias señaladas con anterioridad y que son también de prioridad, se determinó la celebración de audiencia para el 21 de igual mes y año a las 15:00 horas; determinación con la que fueron notificadas las partes procesales; 3) La audiencia de la indicada fecha -21 de marzo de 2023-, fue suspendida debido a la inasistencia de la responsable legal de la adolescente; eso, en mérito a lo dispuesto por el art. 262 inc. n) con relación al art. 194 del CNNA, que establece que en todos los procesos judiciales, los menores de edad deben estar legalmente representados por su madre, padre o tutor, según corresponda, salvo que resultare conflicto o fuere contrario a sus intereses; y, en el caso en el que se presente dicha excepción o que los menores carezcan de representación legal, deberán ser asistidos por un funcionario de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; siendo necesario aclarar que en el presente caso la menor se encontraba representada por su progenitora; 4) Con la finalidad de considerar la solicitud de cesación de la detención preventiva, cumplió con señalar audiencia para el 31 de marzo de 2023 a las 14:30 horas, considerando el principio de economía procesal y en acatamiento al Instructivo TDJ-SCZ 04/2023 de 17 de igual mes, emitido por la Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, sobre la Primeras Jornadas de Visitas y Descongestionamiento de Centros de Privación de Libertad CENVICRUZ Y FORTALEZA 2023; oportunidad en la que, el mencionado Tribunal Departamental juntamente con el Ministerio Público y defensores públicos y privados, padres o responsables legales y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, se trasladarán a dichos Centros, donde la pretensión de la menor de edad AA podrá ser atendida; 5) Las audiencias deben iniciarse el día y hora señalados, sin ser de responsabilidad de la juzgadora las situaciones que menciona el abogado de la accionante; y, 6) Conforme podrá advertirse de los antecedentes procesales, no se vulneró o lesionó ningún derecho de la nombrada; por lo expuesto, pide se deniegue la tutela solicitada.
La Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 11/2023 de 23 de marzo, cursante de fs. 22 a 28, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) De la revisión de antecedentes se observó que, ante una primera solicitud de cesación de la detención preventiva presentada por la menor de edad AA -accionante- el 6 del señalado mes y año, la Jueza ahora accionada, por decreto de 7 de igual mes y año, señaló audiencia de consideración para las 8:10 horas de 10 de ese mes y año, cumpliéndose en consecuencia los términos legales previstos en el ordenamiento jurídico; empero, el día indicado, no se hicieron presentes al acto la menor procesada ni su representante legal; situación que, motivó a la Jueza hoy accionada a suspender la audiencia y señalar en el momento, nuevo verificativo para el 15 del mismo mes y año; advirtiéndose nuevamente que la Jueza de la causa observó fielmente los términos procesales; no obstante, el abogado defensor de la menor de edad AA, argumentando tener una audiencia señalada para esa fecha, solicitó su reprogramación; razón por la cual, y teniéndose programadas con antelación en el juzgado otras audiencias; la Jueza ahora accionada, fijó audiencia para las 15:00 horas del 21 del indicado mes y año; ii) En la fecha citada -21 de marzo de 2023-, instalado el verificativo, se informó por Secretaría del despacho judicial que, a pesar de haberse cumplido con las notificaciones, la menor de edad AA y su madre -representante legal-, no se encontraban presentes; además, que el abogado de la adolescente, tampoco dio cumplimiento a la multa que se le había impuesto; por lo que, precautelándose los derechos de la justiciable, se determinó, en cumplimiento de la Instructivo -TDJ-SCZ 04/2023 de 17 de marzo-, emitida por el Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz y en aplicación del principio de economía procesal, que la audiencia tendría lugar el 31 de igual mes de 2023, durante las Jornadas de Descongestionamiento Procesal a ser desarrolladas en CENVICRUZ y a las que asistirían no solo autoridades jurisdiccionales, sino también el Ministerio Público, defensores públicos y privados, padres representantes y Defensoría de la Niñez y Adolescencia; evidenciándose que dicho señalamiento fue igualmente dispuesto dentro de los plazos legales; y, iii) De los elementos fácticos precitados, se tiene evidenciado que la audiencia de cesación de la detención preventiva fue dispuesta oportunamente; sin embargo, se observa también que las dos primeras suspensiones del verificativo no se debieron a la inacción de la Jueza ahora accionada, sino a la incomparecencia de la menor de edad AA -accionante- y su representante legal; puesto que, con referencia a la última, si bien fue señalada para el 31 de marzo de 2023, dicha determinación no puede ser considerada como lesiva; por el contrario, obedeció a disposiciones emanadas por Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz y tuvo como finalidad, garantizar los derechos de la accionante a través del principio de ‶inmediatez〞previsto por el art. 180 de la CPE en directa relación con el principio de economía procesal. En vía de explicación, complementación y enmienda, la accionantes a través de su representante en audiencia señaló que, se otorgó pleno valor probatorio al Informe de la Jueza ahora accionada, concluyendo que su inasistencia a la audiencia se debió a una sanción económica previamente impuesta; sin embargo, sostuvo que no se consideró que fue notificado con dicha sanción recién el 21 de marzo de 2023 a las 11:00 horas, es decir, con posterioridad a los hechos analizados. Asimismo, señaló que el Auto sancionatorio no establecía de manera expresa el plazo, fecha o modalidad para el pago de la multa impuesta; por lo que, considera que la resolución fue emitida sin un análisis integral de dicho actuado procesal; en consecuencia, solicitó la aclaración, complementación y enmienda de la decisión pronunciada. En respuesta a esa solicitud, el Juez de garantías señaló que, la resolución fue emitida con base en la valoración integral de todos los elementos remitidos por las partes, incluyendo la documentación presentada por la parte accionante, el informe de la Jueza hoy accionada y los antecedentes procesales del caso; asimismo, el objeto de análisis en una acción de libertad se circunscribe exclusivamente a verificar la existencia o no de vulneraciones a derechos constitucionales y no a revisar el fondo de las decisiones asumidas dentro del proceso penal. En ese entendido, aun considerando la resolución mediante la cual se impuso una multa al abogado defensor, la suspensión de la audiencia del 21 de marzo de 2023, no obedeció únicamente a dicha circunstancia, sino también a la ausencia de la representante legal de la adolescente, aspecto que consta en el acta respectiva y que justificó la decisión de la autoridad jurisdiccional de resguardar los derechos y garantías de la menor de edad. Por ello, cualquier cuestionamiento respecto a la legalidad o alcance de la multa impuesta debe ser planteado por las vías ordinarias correspondientes ante la misma autoridad judicial, no siendo competencia del Juez de garantías pronunciarse sobre el fondo de esa determinación; en consecuencia, dio por aclarada la resolución y concluyó la audiencia.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución, de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados los cuales se encontraban pendientes de resolución, a Comisión de Admisión, a efecto de que se realice un nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas. Mediante decreto constitucional de 13 de abril de 2026, cursante a fs. 36, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 8 de julio del citado año, cursante a fs. 40; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. En el contexto de los argumentos expuestos en el memorial de acción de libertad, sé advierte que fueron señaladas dos audiencias para consideración de cesación de la detención preventiva, que fueron suspendidas por Leda Mirna Ojopi Rivero, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora accionada-, siendo que la tercera, fue fijada fuera del término de tres días previstos desde su solicitud (fs. 8 a 11 vta.). II.2. Por Informe presentado el 23 de marzo de 2023, ante la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, la Jueza ahora accionada señaló que, las dos primeras audiencias de cesación a la detención preventiva, se suspendieron por inasistencia de la imputada menor de edad AA -accionante- y su representante legal, habiéndose señalado la tercera audiencia para el 31 de igual mes y año, a desarrollarse en CENVICRUZ durante las Jornadas de Descongestionamiento Procesal en dicho Centro y con participación de juzgadores, Ministerio Público, padres o tutores, defensores públicos o privados y Defensoría de la Niñez y Adolescencia (fs. 16 a 17).
FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO La parte accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, así como el principio de celeridad; puesto que, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de asesinato previsto y sancionado por el art. 252 del CP, la Jueza ahora accionada, en dos ocasiones suspendió las audiencias de cesación de su detención preventiva, siendo que, en una tercera ocasión, señaló el verificativo fuera del plazo de “tres días” previsto en el ordenamiento jurídico, computable desde su solicitud. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; b) Marco normativo y jurisprudencia aplicable respecto a la protección de la niñez y adolescencia; y, c) Análisis del caso concreto.
La SCP 0988/2015-S3 de 12 de octubre, citando a la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, señala que: ‶…La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesaria o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: ‘La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…’ (art. 180.I); por ende todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principio, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que sólo generen perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas.
En ese sentido, este tipo de acción se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante demoras injustificadas que perjudican a la persona privada de la misma, es así que la importancia de la acción de libertad de pronto despacho se encuentra, entre otras, en la SCP 0011/2014 de 3 de enero, que sobre el tema indicó que esta acción: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos”’ (las negrillas son nuestras).
Efectuando una compilación de la normativa concerniente a la protección de la niñez y adolescencia, la SC 1851/2011-R de 7 de noviembre, establece que: ‷La protección a los niños, niñas y adolescentes se traduce en una constante que hace a la actividad del Estado como ente jurídico necesario, pues es trascendental para la preservación y continuidad de la sociedad para cuyo servicio existe…ˊ (SC 0735/2010-R de 26 de julio); en ese marco jurisprudencial, es preciso resaltar que, en aplicación del principio de progresividad de los derechos fundamentales y derechos humanos, así como al constante proceso de constitucionalización de los últimos y la creciente especificidad de los primeros, la Constitución Política del Estado vigente, ampliando y precisando el catálogo de derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes, dedica una sección especial específicamente destinada a establecer y proteger los derechos de la niñez, adolescencia y juventud, mismos que se hallan contenidos en su Primera Parte, Titulo II, Capítulo Quinto, Sección V a partir del art. 58, que señala: ‘…Las niñas, niños y adolescentes son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución, con los límites establecidos en ésta, y de derechos específicos inherentes a su proceso de desarrollo; a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional; y a la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones’; por su parte, el art. 59.I de la misma norma, señala que: ‘Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo integralˊ; estableciendo en su parágrafo II que: ‘…tiene derecho a vivir y a crecer en el seno de su familia de origen o adoptiva. Cuando ello no sea posible, o sea contrario a su interés superior, tendrá derecho a una familia sustituta, de conformidad con la leyˊ, disposiciones complementadas por el art. 60 de la Ley Fundamental que a la letra prescribe: ‘Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado’; así, la Ley 054 de 8 de noviembre de 2010, de Protección Legal de Niñas, Niños y Adolescentes, en concordancia con los preceptos anotados en su art. 1 (Marco Constitucional y Objeto), señala: `La presente Ley tiene por fundamento constitucional los Artículos 60 y 61 de la Constitución Política del Estado en cuanto la función primordial del Estado de proteger a la niñez y la adolescenciaˊ.
Por su parte, el Código del Niño, Niña y Adolescente, como norma especial interna destinada a regular el régimen de prevención, protección y atención integral, está orientada a garantizar a todo niño, niña o adolescente, entendiendo como tal, conforme al primer párrafo del art. 2 del CNNA: ‘Se considera niño o niña a todo ser humano desde su concepción hasta cumplir los doce años y adolescentes desde los doce a los dieciocho años de edad cumplidosˊ, un desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y social en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia, estableciendo una serie de garantías institucionales y normativas; entre las cuales figuran la presunción de minoridad (art. 4), la favorabilidad interpretativa (art. 6), la prioridad social del respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (art. 7), la prioridad en el acceso a la justicia (art. 8), la limitación restrictiva de su derecho de locomoción (art. 102), del debido proceso (art. 214), etc., determinando en el primer párrafo del art. 100 del CNNA, que: `El niño, niña o adolescente tiene derecho a la libertad, al respeto y a la dignidad como persona en desarrollo‴. Asimismo, la necesidad de esta especial protección sobre ese grupo considerado como susceptible de atención prioritaria se encuentra establecido en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño, en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959 y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (arts. 23 y 24), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 10) y en los estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño, conforme se ha establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989; instrumentos -todos los previamente citados- de orden internacional que conforman el bloque de constitucionalidad descrito en el art. 410 de la CPE, aplicable con carácter prioritario en dicho grupo humano por previsión del art. 13.IV con relación al art. 60 de la Fundamental.
La parte accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, así como el principio de celeridad; puesto que, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de asesinato previsto y sancionado por el art. 252 del CP, la Jueza ahora accionada, en dos ocasiones suspendió las audiencias de cesación de su detención preventiva, siendo que, en una tercera ocasión, señaló el verificativo fuera del plazo de “tres días” previsto en el ordenamiento jurídico, computable desde su solicitud. De los argumentos expuestos en el memorial de acción de libertad y del Informe presentado por la Jueza ahora accionada, así como los antecedentes que cursan en el cuaderno procesal, se advierte que, el 6 de marzo de 2023, fue presentada la solicitud de cesación de la detención preventiva ante la citada Jueza, quien emitió decreto de 7 de igual mes y año, por el que señaló audiencia para el 10 del citado mes y año a las 8:10 horas; sin embargo, dicho acto fue suspendido en mérito a la inasistencia de la menor de edad AA accionante; es así que, en el acto, la referida Jueza, fijó nueva audiencia para el 15 del indicado mes y año; sin embargo, el abogado defensor de la mencionada menor de edad, advirtiendo tener fijada otra audiencia para esa fecha, solicitó se reprograme la misma; por esa razón, la Jueza hoy accionada, determinó establecer como nueva fecha el 21 del indicado mes y año; oportunidad en la cual, habiéndose instalado el acto, fue informado por la Secretaria de su despacho judicial, que no se encontraba presente la madre de la menor AA accionante; situación por la cual, la indicada Jueza, en resguardo de los derechos de la justiciable y siendo imperioso que se encontrara presente su madre como representante legal, señaló como nueva fecha para audiencia, el 31 de marzo de 2023, a ser llevada a cabo en CENVICRUZ, en ocasión de las Jornadas de Descongestionamiento Procesal, conforme a lo establecido a través del Instructivo TDJ-SCZ 04/2023 de 17 de marzo, emitido por la Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; dicha decisión, fue tomada en atención al principio de economía procesal, puesto que en esa oportunidad, participarían el Tribunal Departamental de Justicia juntamente con el Ministerio Público, defensores públicos y privados, padres o responsables legales y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, quienes se trasladarían a dichos recintos y donde la pretensión de la imputada sería atendida efectivamente. Ahora bien, conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se configura en un instrumento constitucional de naturaleza garantista reconocido jurisprudencialmente y que tiene por objeto remediar las dilaciones injustificadas en procesos judiciales que prolongan indebidamente la restricción del derecho a la libertad. Al respecto, si bien la protección integral de niñas, niños y adolescentes, consagrada como una prioridad absoluta del Estado, la sociedad y la familia en el marco constitucional boliviano (art. 60 CPE) y desarrollada por la Ley de Protección legal de Niñas, Niños y Adolescentes -Ley 054 de noviembre de 2010-, se sustenta en el principio del interés superior de la niña, niño y adolescente, el cual, entre sus múltiples dimensiones, impone la observancia y aplicación preferente del principio de celeridad; por ello, a efectos de abordar la problemática planteada, corresponde analizar si la Jueza ahora accionada incurrió en una dilación indebida atribuible a su propia actuación dentro del proceso penal de referencia. En ese entendido, de los antecedentes cursantes en obrados se advierte que la solicitud de cesación de la detención preventiva presentada por la menor de edad AA mereció atención por parte de la Jueza ahora accionada, quien señaló audiencia para el 10 de marzo de 2023. Asimismo, se evidencia que las posteriores suspensiones de audiencia no obedecieron a una conducta omisiva o negligente de la Jueza ahora accionada, sino a circunstancias ajenas a su voluntad, concretamente la inasistencia de la propia adolescente imputada y posteriormente de su madre en calidad de representante legal, cuya presencia resultaba indispensable para la validez del acto procesal y para la efectiva protección de los derechos de la menor de edad AA. En efecto, la primera suspensión fue a consecuencia de la inasistencia de la propia adolescente imputada, mientras que la segunda obedeció a la solicitud de reprogramación formulada por su defensa técnica. Posteriormente, en la audiencia instalada el 21 de marzo de 2023, se constató la ausencia de la madre de la menor de edad, quien ostenta la calidad de representante legal y cuya presencia resultaba necesaria para resguardar los derechos y garantías de la adolescente. En consecuencia, la decisión de suspender el acto y fijar una nueva fecha respondió a la obligación de la Jueza ahora accionada de preservar el debido proceso y el interés superior de la menor de edad AA. En ese contexto, si bien la jurisprudencia constitucional ha desarrollado criterios orientados a garantizar la celeridad en la resolución de solicitudes de cesación de la detención preventiva de adolescentes en conflicto con la ley penal, también ha establecido que no toda dilación procesal configura por sí misma una vulneración al derecho a la libertad, siendo necesario verificar que la dilación sea injustificada, negligente y atribuible exclusivamente a la Jueza hoy accionada; sin embargo, en el presente caso, los antecedentes evidencian que las sucesivas reprogramaciones obedecieron a circunstancias objetivas y razonables que impedían el desarrollo regular del acto procesal, sin que se advierta una conducta negligente o una inactividad injustificada por parte de la referida Jueza. Asimismo, se advierte que se fijó la audiencia de consideración para el 31 de marzo de 2023, en el marco de las Jornadas de Descongestionamiento Procesal dispuestas mediante Instructivo TDJ-SCZ 04/2023 de 17 de marzo, emitido por la Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mismo que se constituye en un mecanismo institucional orientado precisamente a brindar atención prioritaria a las personas privadas de libertad, garantizando la presencia coordinada de autoridades Jurisdiccionales, el Ministerio Público, defensores públicos y privados, padres o responsables legales, así como la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. En consecuencia, la determinación asumida por la Jueza ahora accionada no revela una intención dilatoria ni una actuación arbitraria, sino una medida orientada a optimizar la atención de las solicitudes pendientes de resolución en su Juzgado. En ese contexto, no se advierte la existencia de una dilación indebida atribuible a la Jueza ahora accionada ni una afectación ilegítima de los derechos a la libertad, al debido proceso o al principio de celeridad; ya que, las actuaciones cuestionadas encuentran justificación objetiva y razonable en circunstancias procesales ajenas a la actuación de la referida Jueza; puesto que, las suspensiones y reprogramaciones de las audiencias obedecieron a la inasistencia de la propia adolescente imputada, a la solicitud de reprogramación formulada por su defensa técnica y posteriormente, a la ausencia de la madre de la menor de edad AA, cuya presencia era necesaria en su condición de representante legal. En consecuencia, al no evidenciarse una conducta omisiva, negligente o arbitraria por parte de la mencionada Jueza ahora accionada, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 11/2023 de 23 de marzo, cursante de fs. 22 a 28, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1129_2026-S1.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): f45e7e8745d957be338dfc2307bf049daa3c4bb8badf4c6da84819dc5c9c4740
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