B.IA.LEGAL

SCP 1128/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 10 de septiembre de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
10 de septiembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
55045-2023-111-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El peticionante de tutela a través de su representantes sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de motivación, congruencia y valoración razonable de la prueba; así como, los principios de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de robo agravado previsto y sancionado por el art. 332 del CP, el Juez de Instrucción Penal y Liquidador Quinto de la Capital del departamento de Cochabamba emitió el Auto Interlocutorio de 28 de marzo de 2023, disponiendo su detención preventiva; no obstante, contra dicha resolución y conforme el art. 251 del CPP, interpuso recurso de apelación incidental, mismo que fue resuelto por el Vocal ahora demandado mediante Auto de Vista de 6 de abril del mismo año, declarando improcedente el mismo; sin embargo, sostiene que dicha resolución es incongruente, por cuanto omitió pronunciarse sobre los agravios expuestos por el imputado -ahora accionante-. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; a tal efecto, se analizarán las siguientes temáticas: i) La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso; i.a) La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares: Las resoluciones de los tribunales de apelación y la interpretación del art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 03/2023 de 19 de abril, cursante de fs. 21 a 29, pronunciada por el Juez Público de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Colcapirhua del departamento de Cochabamba; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada por el demandante de tutela, por la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de motivación y congruencia, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías y conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela impetrada respecto al derecho al debido proceso en su elemento de valoración razonable de la prueba, así como los principios de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad, conforme a lo desarrollado en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1128/2025-S1 Sucre, 10 de septiembre de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 55045-2023-111-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 03/2023 de 19 de abril, cursante de fs. 21 a 29, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ronald Raúl Orozco Rosales en representación sin mandato de Darwin Quinteros Verduguez contra Gonzalo Flores Céspedes, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 17 de abril de 2023, cursante de fs. 7 a 11 vta., el impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señala que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de robo agravado -previsto y sancionado por el art. 332 del Código Penal (CP)-, con Código Único de Denuncia (CUD) 301103012300370, se encuentra detenido preventivamente en el Centro Penitenciario de San Sebastián Varones de Cochabamba, en cumplimiento del Auto Interlocutorio de 28 de marzo de 2023, emitido por el Juez de Instrucción Penal y Liquidador Quinto de la Capital del mismo departamento; determinando su situación jurídica en atención a la concurrencia de la probabilidad de autoría, valorando los doce elementos de convicción presentados, especialmente la declaración de la única testigo del hecho, quien realizó el reconocimiento de persona y vehículo, acreditando el referido aspecto y la probable participación del ahora accionante en el hecho investigado.

Asimismo, el Juez cautelar estableció la concurrencia del riesgo procesal previsto por el art. 234.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), relativo al elemento trabajo, al no haber sido acreditado por el ahora demandante de tutela; de igual forma, no señaló de qué manera las otras medidas cautelares de carácter personal resultaban insuficientes para garantizar la averiguación de la verdad y la presencia del imputado -ahora solicitante de tutela- en el proceso, disponiendo directamente la medida cautelar de detención preventiva. Determinación que fue apelada conforme el art. 251 del citado Código, que fue conocida y resuelta por el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -ahora demandado-, quien mediante Auto de Vista de 6 de abril de 2023, declaró improcedente el recurso, emitiendo una Resolución totalmente incongruente entre los agravios planteados y los puntos efectivamente resueltos. En cuanto al primer agravio, sobre la construcción del presupuesto material previsto por el art. 233.1 del Código adjetivo penal, se vulneró el debido proceso en sus componentes de motivación, congruencia y valoración razonable de la prueba en aplicación de las reglas de la sana crítica, logicidad, no contradictorio -principio de no contradicción- y razonabilidad; ello, debido a que el Juez de la causa realizó una motivación omisiva e incongruente (incongruencia externa) al emitir el Auto Interlocutorio de 28 de marzo de 2023, al no referirse al agravio fundamentado en audiencia; limitándose a señalar que el imputado -ahora peticionante de tutela- sería con probabilidad autor del delito de robo agravado, sin precisar en cuál de los numerales del art. 332 del CP, enmarcó su acción ni de qué forma concurría la agravante. Posteriormente, el Vocal ahora demandado calificó dicha omisión como un lapsus y complementó -y subsanó- indebidamente la resolución del Juez a quo, extralimitando los alcances del art. 398 del CPP, al sostener que la imputación formal identificó el numeral de la agravante; dicha actuación, resulta indebida, ya que la precitada Resolución únicamente señaló la comisión del delito de robo agravado conforme el art. 332.1 en relación al art. 331 del CP. En consecuencia, tanto el Auto Interlocutorio de 28 de marzo de 2023, como el Auto de Vista de 6 de abril de 2023, no establecieron de manera congruente, precisa y correcta con suficientes elementos de convicción, a cuál de las agravantes del tipo penal se adecuó la conducta del imputado -ahora accionante-. Por otra parte, en cuanto a la motivación del Auto de Vista, el Vocal ahora demandado no realizó la labor descriptiva e intelectiva de las supuestas declaraciones informativas en las que sustentó la concurrencia del elemento de autoría; más aún, considerando que la única declaración informativa que cursa en antecedentes corresponde al imputado -ahora impetrante de tutela-, quien se abstuvo de declarar; es decir, resulta evidente que no existe una declaración informativa que constituya un elemento de convicción para sustentar la probabilidad de autoría; en ese sentido, el reconocimiento parcial o personal por sí solo, sin las declaraciones informativas, no constituye un elemento de convicción suficiente para acreditar la concurrencia del presupuesto material exigido por Ley. En cuanto al segundo agravio referido el peligro de fuga previsto por el art. 234.1 del CPP en su elemento de trabajo, se advierte la vulneración del debido proceso, en sus componentes de congruencia, así como el principio de legalidad; debido a que, el Vocal ahora demandado en el Considerando I del Auto de Vista de 6 de abril de 2023, sostuvo que, si bien es posible considerar elementos acreditados provenientes de otros informes, en este caso no correspondía hacerlo por tratarse de un proceso distinto; con relación al presupuesto del elemento trabajo, el imputado -ahora solicitante de tutela-presentó certificaciones que lo acreditaban como materife o faenador en una carnicería y conductor en una empresa de radiotaxi; sin embargo, el Vocal ahora demandado consideró que no se demostró la existencia real de dichas fuentes laborales, al no haberse acreditado la dirección de la carnicería ni la existencia del radio taxi; en consecuencia, concluyó que no se evidenció vulneración alguna de los derechos del imputado; toda vez que, la resolución impugnada contaría con una motivación y fundamentación adecuadas. Sin embargo, el Vocal ahora demandado incurrió en incongruencia externa, al omitir pronunciarse sobre los fundamentos del segundo agravio planteado en el recurso de apelación incidental, en el que denunció la exigencia al imputado -ahora peticionante de tutela- acreditar una actividad lícita mediante información precisa y no genérica, identificando calles y horarios de trabajo, lo cual vulneró el principio de legalidad conforme el último párrafo del art. 234 del CPP. Por ello, se advierte la vulneración de las reglas de la sana crítica, del “no contradictorio” -principio de no contradicción-, logicidad y equidad, al no haberse valorado de manera integral el informe referido a los arraigos naturales del imputado -ahora accionante- (domicilio, trabajo y familia) correspondiente a otro proceso a cargo de Edson Marcelo Requiz Céspedes, así como la resolución de imputación formal presentada por Juan Carlos Aguilar Chambi, ambos Fiscales de Materia. En ese entendido, el Vocal ahora demandado tergiversó el agravio formulado por el imputado -ahora impetrante de tutela- entendiendo de forma arbitraria que, el agravio planteado versaría sobre una inadecuada fundamentación y motivación de la Resolución, cuando los aspectos reclamados fueron totalmente diferentes, como se expuso anteriormente. Por otra parte, la autoridad ahora demandada vulneró nuevamente la garantía del derecho a la defensa, en su componente de valoración adecuada e integral de la prueba, vinculado al principio de favorabilidad protegido por la garantía de legalidad, al afirmar que ‘“…evidentemente se puede tomar unos aspectos de un informe y otros de otro…”’ (sic), justificó su decisión por tratarse de otro caso, sin comprender que el informe utilizado para acreditar domicilio y familia también acreditaba trabajo, ya que a esa prueba se otorgó un valor positivo a favor del imputado, no pudiendo otorgar un valor negativo para otros aspectos, conforme a las reglas de la sana crítica del “no contradictorio” -principio de no contradicción-; máxime, si el Ministerio Público mediante informe de 26 de marzo de 2023, dio por acreditado que el imputado tiene un trabajo lícito. En cuanto a la valoración integral de la prueba, el Vocal ahora demandado, señaló que, para acreditar la concurrencia del art. 234.6 del CPP (actividad delictiva anterior) se utilizó como medio probatorio la Resolución de imputación formal emitida por el Ministerio Público contra el ahora demandante de tutela, en la cual se consignó que este desempeñaba una actividad lícita, trabajando de manera independiente en la carnicería de “Don Edir” y como chofer con un vehículo Toyota Corolla. En cuanto al tercer agravio señala que se vulneró el principio de legalidad, en cuanto a lo establecido en el último párrafo del art. 235 ter. del CPP, respecto al test de proporcionalidad y razonabilidad.

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

El peticionante de tutela a través de su representante sin mandato alega la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de motivación, congruencia y valoración razonable de la prueba; así como los principios de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad, sin citar norma constitucional alguna que los contenga.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se deje sin efecto el Auto de Vista de 6 de abril de 2023, emitido por el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -ahora demandado-, disponiendo la emisión de una nueva resolución debidamente motivada y congruente, bajo los parámetros de razonabilidad, valoración integral y equidad.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual de acción de libertad, el 19 de abril de 2023, conforme consta en el acta cursante a fs. 20, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, se ratificó de manera íntegra en los términos de su memorial de acción tutelar y ampliando los mismos, en audiencia, señaló que el Auto de Vista de 6 de abril de 2023, es totalmente incongruente, ya que hasta esa fecha -se entiende de la celebración de la audiencia de esta acción tutelar- no se pudo identificar cuál fue la agravante que se alega a efectos de que asuma defensa; por lo que, pidió se conceda la tutela.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Gonzalo Flores Céspedes, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante informe escrito de 19 de abril de 2023, cursante de fs. 14 a 19 vta., manifestó lo siguiente: a) Respecto al primer agravio, el ahora demandante de tutela sostiene que la autoridad judicial consideró que la probabilidad de autoría no se basaba únicamente en el reconocimiento personal o parcial, sino también en las declaraciones informativas solicitadas por el Ministerio Público; con ese fundamento, el Vocal ahora demandado desestimó el primer agravio -de apelación-, vulnerando el debido proceso en sus elementos de motivación y congruencia, al incurrir en motivación omisiva e incongruente (congruencia externa), al no responder de forma expresa a los fundamentos expuestos por el recurrente; asimismo, alegó que no se valoró adecuadamente la prueba referida al reconocimiento efectuado por la testigo Marianela Hinojosa Cruz, ni el informe de 21 de marzo de 2023, elaborado por Sebastián Velarde Cardozo, investigador asignado al caso, en el que se señalaba que la testigo identificó un vehículo con placa 17 y no 11; además, de una persona de tez blanca y robusta, distinta a la del imputado, que es de tez morena; en el mismo sentido, observó que el Ministerio Público, mediante consulta al Servicio General de Identificación Personal (SEGIP), identificó como posibles autores a Michael Puma Rojas y Félix Luis Cadima Mejía, sin que exista vinculación con el ahora solicitante de tutela, lo que generaría una duda razonable sobre la autoría, debiendo aplicarse en caso de duda lo más favorable al imputado -el principio de favorabilidad-; b) De la misma manera, el peticionante de tutela denunció que el Juez cautelar incurrió en motivación omisiva al dictar el Auto Interlocutorio de 28 de marzo de 2023, señalando que el ahora accionante sería probablemente autor del delito de robo agravado previsto en el art. 332 del CP, sin precisar en cuál de los numerales se enmarcó su conducta ni cómo concurre la agravante; además que dicha autoridad demandada, al resolver la apelación, se extralimitó en los alcances del art. 398 del CPP y su labor de control de legalidad de la resolución impugnada, subsanando la labor del Juez a quo, al sostener que la imputación formal ya identificaba la agravante, lo cual resultaba ser incongruente internamente; c) Desde la imputación formal, pasando por el Auto Interlocutorio de 28 de marzo de 2023 y el Auto de Vista de 6 de abril de 2023, no se estableció de manera precisa, congruente ni correcta, con suficientes elementos de convicción, cuál de las agravantes del art. 332 del CP fue atribuida a su conducta; asimismo, señaló que la motivación del Vocal demandado fue meramente retórica, pues no realizó una labor descriptiva ni intelectiva de las supuestas declaraciones informativas en las que se habría sustentado la autoría, siendo que la única declaración existente en el cuaderno de antecedentes corresponde al propio impetrante de tutela; d) En cuanto al segundo agravio vinculado al art. 234.1 del CPP, referido al elemento trabajo dentro del peligro de fuga, el demandante de tutela sostiene que el Vocal ahora demandado incurrió en incongruencia externa, al omitir pronunciarse sobre los fundamentos del agravio debidamente identificados y delimitados en el recurso de apelación incidental; e) El ahora demandante de tutela también alega que no se dio respuesta a dos cuestiones esenciales: primero, si al imputado se le exigió indebidamente acreditar una actividad lícita con información precisa y detallada -como calles o horarios de trabajo-, lo cual vulneraría el principio de legalidad, conforme al último párrafo del art. 234 del citado Código; y segundo, si existió una valoración errónea de la prueba, contraria a las reglas de la sana crítica, particularmente a los principios de no contradicción, logicidad y equidad, al no valorarse integralmente el informe sobre los arraigos naturales (domicilio, trabajo y familia) del otro proceso a cargo de Edson Marcelo Requiz Céspedes, ni la resolución de imputación presentada por Juan Carlos Aguilar Chambi, ambos Fiscales de Materia; f) En el mismo sentido, el peticionante de tutela afirma que el Vocal ahora demandado tergiversó los alcances del agravio, entendiendo de manera arbitraria que se cuestionaba una inadecuada motivación y fundamentación, cuando los aspectos impugnados eran sustancialmente distintos; g) Sostiene que el criterio adoptado por el Vocal ahora demandado también vulneró la garantía del derecho a la defensa, en su componente de valoración adecuada e integral de la prueba, estrechamente vinculado con el principio de favorabilidad, protegido por el principio de legalidad; de igual forma, argumentó que el informe con el cual se acreditó domicilio y familia del imputado también demostraba la existencia de una fuente laboral, y que, conforme a la regla de la sana crítica del “no contradictorio” -principio de no contradicción-, no podía otorgársele un valor positivo para unos aspectos y negativo para otros; más aún, si el Ministerio Público, representado por Edson Marcelo Requiz Céspedes -Fiscal de Materia-, en el otro proceso, mediante informe de 26 de marzo de 2023 -dos días antes de la audiencia cautelar-, ya había dado por acreditado que el imputado contaba con un trabajo lícito; h) Con relación a la concurrencia del art. 234.6 del CPP, se empleó como medio probatorio una imputación formal emitida por el Fiscal de Materia prenombrado, en contra del ahora accionante, de la cual se desprende que el representante del Ministerio Público realizó preguntas sobre la actividad lícita, ya que el ahora impetrante de tutela trabajaría de forma libre en la carnicería de “Don Edir” y como chofer de un vehículo marca Toyota Corolla; i) No obstante, se recuerda que la acción de libertad, por su naturaleza, tiene como finalidad proteger derechos fundamentales cuando una persona considera que su vida, libertad o integridad se encuentran amenazadas o vulneradas de manera ilegal; por ello, antes de resolver una acción de esta naturaleza, corresponde observar la jurisprudencia constitucional, como la establecida en las SSCC “0165/2011-R” y “0025/2010-R”, que precisan que la jurisdicción constitucional no tiene competencia para ingresar a valorar la prueba, ya que dicha labor corresponde exclusivamente a la jurisdicción ordinaria, conforme a las atribuciones que la Constitución y las leyes le otorgan a los jueces y tribunales competentes; de igual manera, la SC “0662/2010-R de 19 de julio” reafirma que la valoración de la prueba es una facultad privativa de los órganos jurisdiccionales ordinarios, por lo que la jurisdicción constitucional no puede revisar ni modificar dicha valoración, salvo cuando se advierta que la misma fue realizada fuera de los parámetros de razonabilidad, equidad o legalidad, o cuando se haya omitido arbitrariamente efectuar la ponderación correspondiente; j) En aplicación de dicha jurisprudencia, se advierte que el ahora demandante de tutela se limitó a describir los hechos y a formular observaciones subjetivas, sin demostrar una lesión concreta a derechos fundamentales; situación que no refleja los verdaderos fundamentos expuestos en el Auto de Vista de 6 de abril de 2023, que fue emitido con una correcta valoración de los antecedentes, considerando los argumentos de las partes en la audiencia de fundamentación, cumpliendo con los requisitos de motivación, congruencia y legalidad establecidos en los art. 124 y 398 del CPP, así como con la jurisprudencia constitucional aplicable; en consecuencia, dicho Auto de Vista no vulneró el debido proceso ni la garantía de una Resolución debidamente fundamentada; k) En relación con el presupuesto material previsto en el art. 233.1 del CPP, referido a la probabilidad de autoría y participación, durante la audiencia de apelación incidental sobre medidas cautelares, la defensa del imputado -ahora solicitante de tutela- denunció una valoración probatoria omisiva; el abogado del ahora accionante, alegó que el único elemento que sustentaba la probabilidad de autoría era el reconocimiento efectuado por la testigo Marianela Hinojosa Cruz, quien inicialmente habría identificado un vehículo con los números “17” o “1-7”, lo que no coincidiría con el vehículo del imputado (placa 1199-NXB); además, la testigo describió al autor como una persona de tez blanca y contextura robusta, rasgos que no coincidirían con los del acusado, de tez morena; frente a esta denuncia, el Vocal ahora demandado refiere que coincidió con el criterio del Ministerio Público, señalando que la valoración de la prueba no se basó únicamente en el reconocimiento personal, sino también en declaraciones informativas y otros elementos de convicción, pues teniendo en cuenta que dicha autoridad demandada no puede revalorar la prueba que se consideró correcta en la decisión del Juez a quo al establecer la probabilidad de autoría y participación conforme al art. 233.1 del CPP; l) Asimismo, se fundamentó que existían indicios suficientes para acreditar la participación del imputado en el delito de robo agravado (art. 332 del CP); entre los elementos considerados se mencionaron, el acta de denuncia de la víctima Freddy Aguilar Chambi, el informe circunstancial del hecho delictivo del 17 de marzo de 2023, la declaración testifical de Marianela Hinojosa Cruz, quien identificó tanto a los presuntos autores como al vehículo involucrado, así como el informe de 26 de igual mes y año, donde el investigador asignado al caso estableció que Mariela Hinojosa Cruz identificó al ahora peticionante de tutela como la persona que hubiera ingresado al domicilio de la víctima y hubiera conducido el vehículo con los objetos robados; además de actas de registro del lugar del hecho, muestrario fotográfico del domicilio de la víctima e incluso un informe de acción directa -en relación al caso de tenencia o porte o portación ilícita de arma- de otro proceso donde los acusados fueron aprehendidos en posesión del mismo motorizado y armas de fuego; en virtud de esos antecedentes, el Vocal ahora demandado concluyó que no existió vulneración del debido proceso en sus componentes de motivación y congruencia; m) En relación con la denuncia sobre la no concurrencia del riesgo procesal previsto en el art. 234.1 del CPP (referido al elemento trabajo), la autoridad demandada explicó que no era viable el reclamo del recurrente, ratificando la decisión del Juez a quo, señaló que el imputado manifestó trabajar en el frial de “Don Edir Montaño” como matarife; sin embargo, dicha información fue considerada genérica e imprecisa, pues no especificó el lugar exacto, calles ni características del sitio de trabajo, tampoco los horarios laborales; además, de la certificación del SEGIP se evidenció que el imputado figura con la ocupación de estudiante; también, se presentó una certificación de la carnicería “Montaño”, firmada por “Edil Montaño Basto”, donde únicamente se menciona que el negocio está ubicado en la “OTB Joverancho, zona Apote” (sic), sin detallar dirección ni horarios de trabajo del imputado; a ello se sumó una certificación de trabajo del Radio Taxi “Sobre Ruedas”, donde se señala que el imputado conduciría un vehículo Toyota blanco, con placa 1199-NXB, el mismo en el que, en otro proceso, se encontraron armas de fuego, generando una contradicción respecto a la supuesta actividad lícita; asimismo, al momento de su declaración informativa el ahora impetrante de tutela señaló que se dedicaba a la actividad de carnicería, lo que contradice su certificado del SEGIP que establecería como ocupación estudiante; por lo que, no se acreditó la actividad lícita; en ese entendido, el Vocal ahora demandado consideró que estas inconsistencias impedían tener por acreditado el arraigo laboral; si bien reconoció que, conforme a la jurisprudencia constitucional, el trabajo independiente o informal puede acreditar arraigo, aclaró que en este caso las certificaciones presentadas carecen de respaldo suficiente, ya que no se probó la existencia real del “Radio Taxi” ni la dirección del frial, por lo que no se demostró una actividad lícita y estable. De la misma manera, se concluyó que no existió incongruencia externa ni vulneración del derecho a la defensa, pues la autoridad de alzada -ahora demandada- no puede revalorizar la prueba debido al principio de inmediación, y el recurrente no aportó elementos que demostraran una valoración defectuosa ni su impacto en la decisión judicial; n) Sobre la valoración integral de la prueba respecto a la concurrencia del art. 234.6 del citado Código, la autoridad ahora demandada señaló que dicho aspecto no fue planteado como agravio en la apelación incidental, motivo por el cual no correspondía emitir pronunciamiento al respecto, conforme a la competencia limitada prevista en el art. 398 del referido Código adjetivo penal; en ese sentido, actuó dentro de los márgenes de su atribución, tal como establece la SC “0077/2012”, que dispone que los Tribunales de alzada sólo pueden resolver los agravios expresamente expuestos por la parte apelante. El Tribunal de alzada enfatizó que, su labor se limita a controlar la correcta aplicación de las reglas de la sana crítica y no a revalorar la prueba, precisando que los agravios del apelante no cuestionaron de manera concreta los fundamentos esenciales del riesgo procesal previsto en el art. 234.1 del señalado Código; en consecuencia, se declaró improcedente la apelación incidental de medida cautelar, recordando que las medidas cautelares son provisionales y revisables conforme a la jurisprudencia constitucional;

o) Asimismo, citó la SCP “0909/2014”, que aclara que la apelación incidental tiene por objeto resolver incidentes y no cuestiones de fondo, limitando la competencia del Tribunal de alzada a cuestiones de derecho y prohibiendo la incorporación o nueva valoración de pruebas; la revisión, por tanto, debe circunscribirse exclusivamente a los puntos apelados y no constituye una nueva instancia de debate probatorio; y, p) El Vocal demandado sostuvo que los argumentos del ahora accionante en la acción de libertad se basan en razonamientos subjetivos, que no pueden ser revisados en sede constitucional, dado que la jurisdicción ordinaria ya resolvió la apelación conforme a las normas procesales y la jurisprudencia aplicable; asimismo, se ratificó que la decisión impugnada fue dictada respetando la legalidad, la competencia y los principios de instrumentalidad y provisionalidad, pudiendo el imputado solicitar su modificación si presenta nuevos elementos de convicción, conforme al art. 239 del Código adjetivo penal.

I.2.4. Resolución

El Juez Público de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Colcapirhua del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 03/2023 de 19 de abril, cursante de fs. 21 a 29, concedió la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto de Vista de 6 de abril de 2023, y disponiendo que el Vocal ahora demandado en el término no mayor a cuarenta y ocho horas, emita una nueva Resolución, respecto a la apelación incidental deducida por el imputado -ahora solicitante de tutela- en contra del Auto Interlocutorio de 28 de marzo de ese año, en base a los siguientes fundamentos: 1) La acción de libertad se centra en la presunta vulneración del debido proceso, particularmente en la falta de motivación, congruencia y valoración integral de la prueba, dentro del proceso penal de referencia en el que se dispuso la detención preventiva del ahora peticionante de tutela; asimismo, se identificó como acto lesivo el Auto de Vista de 6 de abril de dicha gestión, que confirmó el Auto Interlocutorio de 28 de marzo de igual año, emitido por el Juez de Instrucción Penal y Liquidador Quinto de la Capital del citado departamento; 2) En relación con la probabilidad de autoría, se constató que Juez de la causa basó su decisión en el informe sobre arraigos naturales y el acta de reconocimiento de persona y vehículo realizado por la testigo Mariela Hinojosa Cruz, quien reconoció al imputado -ahora accionante-, llegando a concluir que existían otros elementos probatorios adicionales que respaldan esa conclusión -autoría-; si bien el Auto de Vista de 6 de abril de igual gestión, hace referencia a la acreditación de probabilidad de autoría no responde únicamente a los aspectos observados por el imputado -ahora impetrante de tutela- como son las dos diligencias de reconocimiento de persona y vehículo, sino a otras declaraciones informativas, las cuales evidentemente no existen en antecedentes y tampoco fueron descritas por el Vocal ahora demandado, por lo que su reclamo con los fundamentos expuestos no tienen mérito en la vía constitucional. Sin embargo, se advirtió una motivación omisiva en el Auto Interlocutorio de 28 de marzo de mismo año, pues no se precisó qué tipo de robo agravado del art. 332 del CP se atribuía concretamente al imputado -demandante de tutela-, omisión relevante dado que la calificación del hecho incide directamente en la procedencia de la detención preventiva, conforme al art. 232.6 del CPP, puesto que la imputación formal en contra del solicitante de tutela, por un lado atribuye la agravante prevista por el numeral 1 del art. 332 del CP; y por otro lado, hace referencia al numeral 2 del indicado artículo, aspecto por el cual, el Juez a quo no pudo realizar la subsunción al numeral correspondiente en el Auto Interlocutorio de 28 de marzo de 2023; 3) Respecto a los riesgos procesales, se observó que la valoración del presupuesto “trabajo” fue parcial e insuficiente, ya que el Juez exigió al imputado una especificación excesiva sobre su actividad laboral, pese a que correspondía al Ministerio Público dirigir y profundizar esa verificación; además, no se tomó en cuenta que en un informe policial de otro caso -utilizado para acreditar domicilio y familia- también se encontraba acreditada su fuente laboral, lo que vulneró el principio de favorabilidad. Este error no fue corregido por el Vocal ahora demandado, quien incurrió en una motivación omisiva al no pronunciarse sobre el agravio planteado; 4) Por último, en cuanto al art. 235 ter del CPP, si bien la defensa del solicitante de tutela alegó de forma general la falta de razonabilidad y proporcionalidad de la detención preventiva, la autoridad ahora demandada debió examinar de oficio la necesidad, utilidad y suficiencia de la medida, explicando por qué no podían aplicarse otras menos gravosas. Al no hacerlo, tanto el Juez a quo como el Vocal ahora demandado incumplieron su deber de control judicial conforme a la Ley de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- y la jurisprudencia constitucional.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: II.1. Cursa “ACTA DE AUDIENCIA DE VISTA Y RESOLUCIÓN DE APELACIÓN INCIDENTAL DE MEDIDA CAUTELAR”, celebrada el 6 de abril de 2023, en la cual Gonzalo Flores Céspedes, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -ahora demandado-, emitió Auto de Vista de la misma fecha, resolviendo que:

“POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba en mérito a los argumentos y fundamentos expuestos declaraIMPROCEDENTEla apelación planteada por Darwin Quinteros Verduguez en contra de la decisión asumida en fecha 28 de marzo del 2023 por el Juzgado de Instrucción Penal y Liquidador N°5 de la Capital,manteniéndose la misma conforme a dicha determinación” (sic [fs. 1 a 6 vta.]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El peticionante de tutela a través de su representantes sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de motivación, congruencia y valoración razonable de la prueba; así como, los principios de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de robo agravado previsto y sancionado por el art. 332 del CP, el Juez de Instrucción Penal y Liquidador Quinto de la Capital del departamento de Cochabamba emitió el Auto Interlocutorio de 28 de marzo de 2023, disponiendo su detención preventiva; no obstante, contra dicha resolución y conforme el art. 251 del CPP, interpuso recurso de apelación incidental, mismo que fue resuelto por el Vocal ahora demandado mediante Auto de Vista de 6 de abril del mismo año, declarando improcedente el mismo; sin embargo, sostiene que dicha resolución es incongruente, por cuanto omitió pronunciarse sobre los agravios expuestos por el imputado -ahora accionante-. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; a tal efecto, se analizarán las siguientes temáticas: i) La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso; i.a) La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares: Las resoluciones de los tribunales de apelación y la interpretación del art. 398 del Código de Procedimiento Penal; y, ii) Análisis del caso concreto.

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por las SSCCPP 0349/2018-S2 y 0353/2018-S2 ambas de 18 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento: El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.

Posteriormente, en el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elementos configurativos del debido proceso, como ser:

a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre, se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la que desarrolla el contenido 2El FJ III.3, refiere: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”.

3El FJ III.2.3, señala: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cuál es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados.

En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”.

4El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”.

5El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: 1) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se da Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación:

(…)

(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia.

(…)

b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´.

(…)

c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”.

6El FJ III.2, establece: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo. 5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”.

razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. La jurisprudencia contenida en la SCP 2221/2012 como en la SCP 0100/2013 citadas anteriormente fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante 7El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”.

8El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.

9El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”.

10El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.

la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció que:

Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o cuando ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa, cuya tutela por vía de amparo procederá siempre y cuando tenga relevancia constitucional.

III.1.1. La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares: Las resoluciones de los tribunales de apelación y la interpretación del art. 398 del Código de Procedimiento Penal

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0447/2018-S2 de 27 de agosto, precedida por la SCP 0353/2018-S2 de 18 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento: Los estándares de fundamentación y motivación contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013 -citadas anteriormente-, son aplicables a las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares, conforme a las exigencias específicas en materia procesal penal y a lo dispuesto en los arts. 233.1 y 2; 234 y 235 del CPP; asimismo, la SCP 0077/2012 de 16 de abril, en una resolución judicial que resolvió una medida cautelar en apelación, interpretó el art. 398 del mismo Código. Ahora bien, la modulación efectuada por la SCP 0014/2018-S2, que analiza previamente la relevancia constitucional, para disponer la nulidad de la resolución cuando se denuncia arbitraria o insuficiente motivación, no alcanza a las resoluciones que imponen la medida cautelar de detención preventiva, en las que sí, es exigible disponer la nulidad y realizar el reenvío ante la autoridad jurisdiccional ordenando se emita nueva resolución; por cuanto en estos casos, aun se advierta que la corrección de una decisión con fundamentación o motivación arbitraria o insuficiente, no modificará la parte resolutiva, esto es, la decisión de la detención preventiva; sin embargo, es esencial que el imputado y el juez o tribunal conozcan las razones jurídicas que sustentaron la decisión de detención preventiva respecto a las condiciones establecidas en el art. 233.1 y 2 del CPP, vinculadas a los arts. 234 y 235 del citado cuerpo legal; es decir, es esencial que conozcan cuáles fueron los elementos de convicción y supuestos que determinaron la imposición de la medida, a efectos que: a) Por una parte, el imputado pueda solicitar en el futuro su cesación, aportando nuevos elementos de convicción que demuestren que ya no concurren los motivos que la determinaron, y por tanto, solicite medidas sustitutivas o su libertad irrestricta; y, b) Por otra, el juez o tribunal analice de manera ponderada, si los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado, demuestran que ya no concurren los motivos que determinaron la medida o la conveniencia que la misma sea sustituida por otra. En efecto, conforme destacó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador, en la Sentencia de 21 de noviembre de 2007 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, la motivación de la decisión judicial que restringe la libertad personal, garantiza el derecho a la defensa, por cuanto, evita que una falta de motivación impida que el imputado conozca las razones por las cuales permanece privado de libertad, además, que le dificulta su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr su liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante. Por lo que, tanto la resolución que impone la medida cautelar de detención preventiva, como la que resuelve la apelación deben tener, en palabras de la Corte IDH, una fundamentación suficiente, que permita al privado de libertad conocer los motivos por los cuales se mantiene su restricción a este derecho; y si la detención se ajusta a las condiciones necesarias para su aplicación -indicios razonables que vinculen al acusado, fines legítimos, aplicación excepcional y criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad-. En el marco de lo anotado, el art. 236 del CPP, exige que la resolución que disponga la detención preventiva, se encuentre debidamente motivada sobre los presupuestos que dieron lugar a su determinación. Por su parte, el Tribunal Constitucional en la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en el Fundamento Jurídico III.1.7, explicó la necesidad constitucional de motivar las resoluciones que disponen la detención preventiva, así como las que rechazan el pedido de su imposición, las que la modifican, sustituyen o revocan, al señalar lo siguiente:

La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla.

Más tarde, la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.4, sobre la motivación de las resoluciones judiciales, estableció que éstas deben expresar las razones de hecho y derecho en las cuales basa su convicción y el valor que otorga a los medios de prueba que presenten las partes, aclarando que esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes, señalando que:

…la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos mencionados por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes. Por otra parte, el deber de motivación de las resoluciones judiciales también ataña a los tribunales de apelación, sobre el particular la jurisprudencia constitucional recalcó la importancia de que los tribunales de segunda instancia fundamenten sus decisiones, debido a que en los hechos, hacen una revisión de la resolución del inferior, teniendo especial importancia la del tribunal de apelación, que revisa una decisión que impuso una medida cautelar, que la revoca, la modifica, la sustituye u ordena la cesación de una detención preventiva, por su vinculación con los derechos a la libertad y la presunción de inocencia. Al respecto, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, reiterada, entre otras, por la SCP 0166/2013 de 19 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.2, establece que:

…la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar.

Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva. Recogiendo dichos entendimientos, la SCP 0077/2012 de 16 de abril señala que el art. 398 del CPP establece que los tribunales de alzada deben circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución; lo que no implica, que estos se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución, por la cual, deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer la cesación; quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los presupuestos que la normativa legal prevé.

13El FJ III.3, refiere: “Finalmente, cabe remitirse a lo previsto en el 236 del CPP, entre cuyos requisitos del auto de detención preventiva se encuentran: `3) La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la detención, con cita de las normas legales aplicables´.

En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes.

En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP”.

En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP. Cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio del recurso de apelación de la medida cautelar, el análisis del tribunal de alzada, no puede reducirse a una mera formalidad, sino, debe examinar las razones invocadas por el recurrente y manifestarse expresamente sobre cada una de ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto anterior, debiendo expresar fundadamente los motivos por los que considera que efectivamente se dan los riesgos procesales previstos por el art. 233 del CPP. En todo caso, el tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que fundamenta el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir razonadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican que se mantenga la detención preventiva; no siendo posible un rechazo sistemático de la solicitud de revisión, limitándose a invocar, por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de fuga. El tribunal de apelación no puede limitarse a invocar presunciones legales relativas a los riesgos procesales o normas, que de una forma u otra, establecen la obligatoriedad del mantenimiento de la medida. Si a través del fundamento de la resolución, no se demuestra que la detención preventiva de la persona es necesaria y razonable, para el cumplimiento de sus fines legítimos, la misma deviene en arbitraria. En virtud a lo señalado, la fundamentación y motivación no exige que las resoluciones sean ampulosas, sino que contengan una explicación razonable de los motivos que llevaron a la autoridad judicial a decidir sobre la aplicación de una medida cautelar, en especial la detención preventiva; lo que implica que, se deberá razonar sobre el cumplimiento de los requisitos formales y materiales de legalidad, así como de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, siempre que corresponda; aclarándose que, respecto a la proporcionalidad, cuando se analice la necesidad de la medida, no es menester que la autoridad judicial exponga las razones por las cuales se desestima cada una de las medidas sustitutivas previstas en el Código de Procedimiento Penal, sino que explique, por qué resulta indispensable su aplicación en mérito a los riesgos procesales existentes, a partir de la argumentación realizada por el Ministerio Público o la parte acusadora.

III.2. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela a través de su representantes sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de motivación, congruencia y valoración razonable de la prueba; así como, los principios de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de robo agravado previsto y sancionado por el art. 332 del CP, el Juez de Instrucción Penal y Liquidador Quinto de la Capital del departamento de Cochabamba emitió el Auto Interlocutorio de 28 de marzo de 2023, disponiendo su detención preventiva; no obstante, contra dicha resolución y conforme el art. 251 del CPP, interpuso recurso de apelación incidental, mismo que fue resuelto por el Vocal ahora demandado mediante Auto de Vista de 6 de abril del mismo año, declarando improcedente el recurso; sin embargo, sostiene que dicha resolución es incongruente, por cuanto omitió pronunciarse sobre los agravios expuestos por el imputado -ahora accionante-. De la revisión de los antecedentes que cursan en el legajo constitucional, se verifica que por Auto Interlocutorio de 28 de marzo de 2023, el Juez de Instrucción Penal y Liquidador Quinto de la Capital del departamento de Cochabamba, dispuso la medida cautelar de detención preventiva de Darwin Quinteros Verduguez -ahora demandante de tutela- en el Centro Penitenciario de San Sebastián Varones del mismo departamento por el plazo de seis meses; no obstante, el ahora solicitante de tutela interpuso recurso de apelación incidental contra dicha decisión; en consecuencia, el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -ahora demandado-, por Auto de Vista de 6 de abril de ese año, declaró improcedente el recurso interpuesto, manteniendo vigente el Auto Interlocutorio impugnado y su detención preventiva (Conclusión II.1). En esas circunstancias, el ahora peticionante de tutela identifica al Auto de Vista de 6 de abril de 2023, como presunto acto vulnerador de sus derechos fundamentales alegando que el Vocal ahora demandado pronunció dicha Resolución sin la debida motivación, congruencia y valoración razonable de la prueba, así como los principios de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad, por cuanto omitió pronunciarse sobre los agravios expuestos por el imputado -ahora accionante-. En ese sentido, a efectos de abordar la problemática jurídica, corresponde desplegar los agravios expresados por el impetrante de tutela en el recurso de apelación incidental interpuesto contra el Auto Interlocutorio de 28 de marzo de 2023; así como, los fundamentos pronunciados por el Vocal ahora demandado en el Auto de Vista de 6 de abril de igual año, para posteriormente, evaluarlos y determinar si se encuentran dentro los cánones que exige una debida fundamentación, motivación y valoración razonable de la prueba. Respecto a los agravios expuestos por el demandante de tutela contra el Auto Interlocutorio de 28 de marzo de 2023, éstos fueron los siguientes:

a) En cuanto a la probabilidad de autoría y participación prevista por el art. 233.1 del CPP, el apelante -ahora accionante- en su primer agravio, sostuvo que:

“…al abrir la construcción o acreditación del presupuesto de posible autoría se ha incurrido en la vulneración de lo que denominamos la valoración de la prueba, porque considera que existe una incorrecta valoración de la prueba en el elemento de valoración omisiva ¿por qué razón? porque como podrá advertir y paso a identificar en el texto considerando I del Auto de 28 de marzo, señala que se toma en cuenta para la construcción de una posible autoría el reconocimiento realizado por la testigo Marianela Hinojosa, un reconocimiento que se habría dado y se acompaña como único elementodos actas de reconocimiento de personas y reconocimiento de vehículo,sin embargo de aquello han podido acreditar y acompañar en audiencia, que también el Ministerio Públicoacompañado, dos elementos que son muy importantes que han sido omitidos en la valoración de la prueba y ahí tenemos el elemento de un informe de 21 de marzo realizado por el investigador asignado al caso Sebastián Velarde Cardozo dirigido al Cnl. Fredy Medinaceli adjuntando una declaración de la testigo, precisamente que también realiza este reconocimiento la testigo Mariela Hinojosa, que demuestra esta prueba que fue omitida en su valoración, que el Investigador asignado al caso le dice que Mariela Hinojosa Cruz como testigo que habría reconocido la vagoneta del día del hecho, en el que se cometió ese robo de unas placas con las literales 17 eso lo dice en el tercer párrafo de ese informe de 21 de marzo del 2023,que se habría dado a la fuga y eso es lo que logra ver, también dice que reconoce a una persona de test blanca y gordo totalmente contrario a la fisonomía de su defendido, que es Moreno y en ese sentido va poder advertir precisamente que al haberse omitido esto, no se ha tomado en cuenta que la placa del vehículo secuestrado de su defendido no empieza con 17 sino con 11, entonces ahí se genera una duda razonable sobre la autoría, pero el Juez no ha ingresado a ese análisis se tiene en el informe precisamente que acompaña el mismo Ministerio Público que la placa del autosecuestrado de su defendido es 1199-NXP a ello se ve también en ese informe que la fotografía de su defendido es totalmente diferente, es Moreno al que se habría identificado en el día de los hechos y como esto también resulta relevante porque el Ministerio Públicorealiza una consulta al SEGIP sobre dos posibles autores y ese no es su cliente, es sobre Michael PumaRojas identificado en primera instancia como autor y el otro coautor Félix Luis Cadima Mejía y está dentro de la prueba que el Ministerio Público ha acompañado, pero esa prueba fue omitida en su valoración generando con eso un agravio a esta parte lo cual correspondía analizar desde el punto de vista del Art. 7 y 21 del CPP que es el principio de favorabilidad el cual no ha sido observado, pero a ello debe sumarse considerando I sobre el análisis de una posible autoría, último párrafo antes del considerando II, señala el JuezA-quo lo siguiente: por lo que se tiene que con estos elementos de convicción se tiene la existencia de indicios suficientes para acreditar que el imputado Darwin Quinteros Verduguez es con probabilidad autor delilícito de RoboAgravado tipificado en el Art. 332 del CP,esa es una grave y severa vulneración al debido proceso en su elemento de debida motivación, en su sub elemento de motivación omisiva, porque cuando habla del RoboAgravado no es solamente el Art. 332, el Sr.Juez tenía la obligación de decir 332 núm. 1),núm.2), núm. 3),núm.4) o los 4)numerales, y esa es una grosera vulneración a la debida fundamentación, en esé sentido no ha sido correctamente construido el elemento de una posible autoría bajo la argumentación señalada, identificando las partes del Sr.Juez por lo que al no existir esto,debió disponerse en todo caso la libertad pura y simple de su defendido.” (sic [fs. 1 vta. a 2]). b) En cuanto al peligro de fuga previsto por el art. 234.1 del CPP en relación al elemento de trabajo, el apelante -ahora accionante- en su segundo agravio, sostuvo que:

“…se ha vulnerado lo establecido por el legislador denominado constitucionalmente como principio de legalidad, el principio de legalidad nos dice que debemos obedecer las normas que rigen al Código de Procedimiento Penal, usted va poder advertir en el considerandoII, en el segundo párrafo que evidentemente el Sr.Juez tiene conocimiento de que el Art. 231 bis en su último párrafo señala que: la carga de la prueba para acreditar el peligro de fuga u obstaculización corresponde a la parte acusadora, no debiendo exigirse acreditar que se fugará o no obstaculizará la averiguación de la verdad al imputado y esto es concordante también con el 234 del CPP, cuando establece que las circunstancias respecto al peligro de fuga deben ser acreditadas por el fiscal y deben aportar prueba no se puede exigir para el tema trabajo la existencia de un contrato formal, no podrá ser entendida como que no existe un trabajo y vamos a ver cómo construye el elemento trabajo el Sr.Juez, esto ya a la vuelta del considerando II en elpárrafo quinto donde dice con relación al elemento trabajo dice:el imputado ha indicado que trabaja en el frial de don Edil Montaño, profesión y ocupación matarife, cabe indicar que este dato es totalmente genérico, ahí ya le están obligando al imputado a que él debe acreditar con mayores datos el elemento trabajo, la recepción y la toma de la declaración informativa es del fiscal no al contrario, si el fiscal quería más datos sobre el elemento trabajo debió preguntar dónde es la calle, haga croquis referencial, haga esto, haga el otro, como lo hacen los Sres. fiscales y ahora esa omisión del fiscal se le está cargando a su defendido a objeto de que él mismo debió acreditar con mayores datos, eso va en contra de lo que el legislador ha previsto dice o por lo menos el lugar, las calles, las características del lugar donderealiza la actividad laboral, tampoco ha identificado cuál sería su horario de trabajo y donde cumpliría dicha actividad, el imputado debió acreditar cuando era el Ministerio Público como parte acusadora que debió precisamente ver esos extremos, de esa forma esta parte considera que ha existido una vulneración en contra del principio de legalidad al exigirle al imputado que acredite esos aspectos que debieron ser propios de la declaración informativa en el que el fiscal le solicite mayores datos al imputado lo cual no lo hizo,a ello se suma también una vulneración a la valoración de la prueba y existe la valoración errónea también en esta construcción, porque existe dentro de la valoración de la prueba, dentro de las reglas de la sana crítica, la regla del contradictorio, la regla de la logicidad y la regla de la equidad/ entre otras, pero en este caso para ser puntuales considera esta parte que se ha vulnerado esas 3 reglas, ¿por qué la regla de lo contradictorio? porque va poder observar que para la construcción y dar por acreditado el elemento domicilio, el Ministerio Público dice no tiene domicilio y acompaña un informe del investigador asignado al caso y con eso pretende desvirtuar ese domicilio, pero el Sr.Juez agarra y dice un momento me han acompañado otro informe de otro caso que es de un día antes de este caso,que se lleva a cabo la audiencia de medidas cautelares en el cual ya se acreditó el domicilio, también por la policía, también por el Ministerio Público y en ese caso bajo el principio de favorabilidad le ha dado mayor consideración y relevancia a ese informe del anterior caso, informe que cursa en sus antecedentes, ese informe del 26 de marzo donde el asignado al caso Juan Ramón Mena dirigido también a Freddy Gonzalo Medinaceli le dice que se ha constituido en el domicilio del trabajo del Sr. Darwin, lo dice en el punto terceroreferente al trabajo del Sr. Darwin Quinteros Verduguez presentó un certificado de trabajo de la carnicería Montaño en cuyo documento refiere que el mencionado trabaja como faeneador de dicha carnicería, firmado por Edil Montaño, ¿porque se vulnera la regla del no en contrario o contradictorio que es lo que la doctrina ha desarrollado y el Tribunal Constitucional también así lo entiende?, porque una prueba irradia a todo, bajo el principio de la valoración integral de la prueba y si esta prueba ya ha demostrado también bajo la regla de la lógica y de la equidad que tiene trabajo su defendido, también corresponde acreditar que tiene trabajo, si no estamos usando para una cosa esa prueba y estamos negando para otra, eso es una errónea valoración de la prueba y también en su elemento de no haber valorado la prueba de manera integral, la prueba no solamente acredita domicilio, acredita trabajo y acredita familia, entonces si ya se ha tenido por acreditado en base a esta prueba el elemento domicilio también debe acreditarse el elemento trabajo, en ese sentido esta parte considera también que ha existido el agravio antes mencionado.” (sic [fs. 2 y vta.]). c) Respecto al peligro de fuga previsto por el art. 235 ter del CPP en relación al elemento de trabajo, el apelante -ahora accionante- en su segundo agravio, sostuvo que:

“Con relación al último agravio el 235 ter en su último párrafo establece que debe de oficio por el Sr.Juez, debe aplicarse un test de razonabilidad, de proporcionalidad, de necesidad y razonabilidad de un sentido estricto, que son 3 filtros del principio de razonabilidad que demanda a momento de aplicar la máxima medida que es la detención preventiva y si al Ministerio Público para pedir 6 meses de detención preventiva cuando lo hace en su imputación ha identificado que concurrían los peligros procesales 2341),2),6) y 7) y 235 núm.2); en la audiencia ha desvirtuado cuatro presupuestos, tres relativos a fuga y uno relativo a obstaculización, como se entiende bajo el principio de proporcionalidad que el Juez haya determinado sin justificar siquiera esta decisión que se siga manteniendo una detención de 6 meses, sí los peligros procesales que son los indicadores para aplicar estas medidas de carácter personal no resultan de un estándar tan elevado para asegurar los fines de las medidas cautelares como es la presencia del imputado, la investigación en esta última parte no ha existido el test de oficio y eso lo demuestra la parte última en la que señala precisamente el Juez, de manera genérica dice: respecto a la solicitud de detención preventiva solicitada por el Ministerio Público por el período de 6 meses, tiempo durante el cual va a realizar la búsqueda de esos otros partícipes del delito imputado, también va a realizar la inspección al lugar y reconstrucción de los hechos, la recuperación de los objetos sustraídos.Haciendo un análisis de lo fundamentado en la presente audiencia y la prueba presentada, conforme al Art. 221 del CPP, se tiene que es deber del suscrito juzgador asegurar que el imputado se someta al presente proceso, ni gramaticalmente se puede evidenciar que el Sr. Juez ha dicho, bajo uno de los filtros del test de proporcionalidad es necesario porque las otras medidas no aseguran la presencia del imputado, porque hay en fuga tantos numeraleso es bastante elevado el peligro de fuga o en obstaculización, no hay ese desarrollo ni gramatical, ni intelectivo en el que les pueda hacer ver por qué sigue dándole 6 meses de detención preventiva sin haber valorado las otras medidas que el legislador ha previsto, entonces no existe esa labor que de oficio debió realizar el Sr.Juez para demostrar que su resolución es razonable, es proporcional, es justa y se aplica, se allana a la necesidad y a la utilidad y no un anticipo de pena, por lo que bajo esos lineamientos solicita se declare la procedencia del presente recurso de apelación y que revoque la resolución de 28 de marzo del 2023, con un primer petitorio al hacer la compulsa de la no existencia de la autoría de manera que respete el debido proceso, debe disponerse la libertad irrestricta de su defendido, en caso que no comparta ese criterio, debe disponerse medidas de carácter personal diferentes a lade ultima ratio que es la detención preventiva, porque no se ha construido de manera correcta el presupuesto previsto en el 234 núm. 1) con relación al elemento trabajo y resulta totalmente desproporcional una imposición de una detención preventiva en estas condiciones debiendo optarse por otras medidas de posible cumplimiento.” (sic [fs. 2 vta. a 3]). Por su parte, el Vocal ahora demandado a través del Auto de Vista de 6 de abril de 2023, resolvió declarando la improcedencia del recurso de apelación planteado, manteniendo firme el Auto Interlocutorio de 28 de marzo de 2023, con base en los siguientes fundamentos:

1) Respecto a la probabilidad de autoría y participación prevista por el art. 233.1 del CPP, respondiendo al primer agravio, resolvió que:

“El Ministerio Publico sin embargo nos señala que en cuanto a la valoración de la prueba respecto a la probabilidad de autoría, no solamente fuereel aspecto de reconocimiento parcial o personal, sino que también se ha solicitado las declaraciones informativas y sea fundado en eso, es decir la probabilidad de autoría no está únicamente basada en lo que la parte apelante ha sostenido y hemos señalado previamente…” (sic [fs. 4 vta.]). 2) En cuanto a la probabilidad de autoría y participación prevista por el art. 233.1 del CPP, respondiendo al segundo agravio, resolvió que:

“Dentro de ese contexto ahora, para la consideración del caso y que reclama que para un caso se toma en cuenta la certificación de un proceso anterior y para el caso no se toma esa certificación en cuanto a este elemento de trabajoes evidente que puede tomarse un elemento de unou otro informe que esté debidamente acreditada pero en el caso presente no es el delito al que se está investigando en el del caso anterior, si no es otro caso respecto a que debe acreditarse ese elemento trabajo con una actividad lícita,por una actividad que denote que la persona ahora apelante tiene ese elemento arraigador, es cierto que las sentencias constitucionales han señalado que este elemento arraigador se puede demostrar con actividad lícita, ojo se debe demostrar con actividad lícita se ha señalado que en el caso por ejemplo de las personas que tienen trabajo a cuenta propia como las vendedoras a quienes respeto muchísimo, las ambulantes no tienen la necesidad de sacar un contrato de trabajo o una certificación de ninguna naturaleza, es la propia actividad de subsistencia la que determina, pero en este caso se ha presentado dos certificaciones de dependencia de ser matarife o faeneador deuna carnicería y por otra que maneja dentro de una empresa de Radio Taxi, así la existencia del Radio Taxi no se acredita,asícomo la dirección de la carnicería no se acredita a través de esa certificación y esos son los elementos contrarios a los cuales ha hecho referencia tanto el Ministerio Público como en esta situación, sin embargo de lo que estamos señalando, es en base a lo que la Autoridad Jurisdiccional ha señalado para sustentar la concurrencia de estos riesgos y la labor de esta autoridad de apelación circunscribe únicamente a verificar si esos riesgos procesales están adecuadamente sustentados o construidos en contraste con la denuncia que realiza en esta audiencia el apelante, en ese contexto no hay una circunstancia que denote que no se hubiera efectuado una adecuada primero motivación y segundo fundamentación, hay sentencias constitucionales que señalan que la motivación con la fundamentación no necesariamente debe ser ampulosa, grandilocuentes o llena de citas legales, sino que debe ser lo más claro, puntual, precisoy que haga entender la razón por la que se dispone una determinación en una decisión judicial…” (sic [fs. 5]). 3) Con relación al peligro de fuga previsto por el art. 235 ter del CPP en relación al elemento de trabajo, respondiendo al tercer agravio, resolvió que:

“…finalmente conforme se ha señalado respecto a que no se hubiera observado la determinación del Art.235 ter se hubiera señalado que es obligación de la Autoridad Jurisdiccional establecer o controlar el principio de oficio o el principio de legalidad y de razonabilidad de una decisión de oficio, pero tiene una finalidad y la finalidad es que esté vinculado a la solicitud de una medida cautelar y ese principio de legalidad y razonabilidad debe expresarse para si la solicitud en el caso presente vinculándolo al reclamo del apelante de los 6 meses de detención,era o no procedente o si eraimprocedente esa solicitud, en ese contexto la Autoridad Jurisdiccional señala que dadas las características y las circunstancias de la naturaleza del delito, los aspectos señalados por el Ministerio Público de actividadesa realizarse posteriormente son la búsqueda de los otros partícipes, la realización de inspecciones oculares o de inspección reconstrucción de los hechos, la recuperación de los objetos sustraídos y conforme manda el Art. 221 que son la finalidad y alcance de la detención preventiva, destinados a garantizar que se pueda hacer la investigación o asegurar la averiguación de la verdad, además de asegurar el desarrollo del proceso y obviamente como consecuencia de aquello si corresponde asegurar la aplicación de la ley, bajo esos parámetros la decisión de la Autoridad Jurisdiccional para disponer el tiempo de Detención Preventiva ha señalado en su fundamentación que de acuerdo al Art. 235 terse ha programado la consideración y situación jurídica o para consideración de la situación jurídica una fecha ya establecida, ahora bien a este razonamiento y conforme a lo que se ha vertido en la apelación planteada por el abogado apelante respecto a estas medidas que serían vulneratorios de la libertady que no correspondería la detención, por lo que solicita se disponga la libertad o la revocatoria de la decisión asumida, habrá que señalarque se debe tomar en cuenta también que las medidas cautelares que se imponen su característica es la variabilidad, su característica es la revisabilidad, su característica es la duración variable y que ante esas circunstancias está medida cautelar puede ser revocada, puede ser sustituida dejarla sin efecto,remedios jurídicos que la propia ley asignado a las partes para su observancia o su - aplicabilidad conforme el desarrollo de las investigaciones, por lo que tampoco en conexitud con la 235 tery la disposición emanada de la Autoridad Jurisdiccional no se contrapone aquello que la parte apelante ha señalado, la aplicación de algunas medidas menos gravosas o la libertad en caso de darse curso a su solicitud de falta de probabilidad o de haberse incurrido en una vulneración de la probabilidad de autoría en base aquella mala valoración de prueba, lo que no ocurre en el caso presente, en consecuencia el suscrito considera que los argumentos que nos trae la parte apelante no resultan evidentes en cuanto a reclamo efectuado.” (sic [fs. 5]). Descritos los agravios del recurso de apelación incidental interpuesto por el ahora accionante y los fundamentos del Auto de Vista cuestionado a través de la presente acción de defensa; cabe señalar que, la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1.1 de este fallo constitucional, estableció que los Tribunales de alzada a tiempo de resolver los recursos de apelación incidental vinculados a la aplicación, modificación o cesación de medidas cautelares, tienen la obligación de emitir sus resoluciones con la debida fundamentación y motivación como componentes del debido proceso, lo cual implica, que en el marco del art. 398 del CPP, su labor revisora debe circunscribirse a los agravios expresados por el o los recurrentes, resolviendo cada uno de éstos y explicando las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los presupuestos que la normativa legal prevé; en todo caso, el Tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del Juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que fundamenta el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir razonadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican que se mantenga la detención preventiva; extremos que serán verificados a continuación en relación a las alegaciones efectuadas por el impetrante de tutela en la presente acción de defensa. Motivos de vulneración planteados por el ahora accionante:

i) En cuanto al análisis de la probabilidad de autoría y participación prevista por el art. 233.1 del CPP, identificado como primer agravio:

Al respecto, el ahora demandante de tutela señaló que el Vocal ahora demandado se limitó a señalar que el imputado -ahora accionante- sería con probabilidad autor del delito de robo agravado, sin precisar en cuál de los numerales del art. 332 del CP enmarcó su acción ni de qué forma concurría la agravante, extralimitando los alcances del art. 398 del CPP, al sostener que la imputación formal identificó el numeral de la agravante, cuando únicamente señala la comisión del delito de robo agravado conforme el art. 332.1 en relación al art. 331 del CP; por ello, el Auto Interlocutorio de 28 de marzo de 2023, como el Auto de Vista de 6 de abril de 2023, no establecieron de manera congruente, precisa y correcta con suficientes elementos de convicción, a cuál de las agravantes del tipo penal se adecuó la conducta del imputado -ahora accionante-. Al respecto, en relación al primer agravio expresado por el apelante -ahora solicitante de tutela-, de la revisión de antecedentes que cursan en el legajo constitucional (Conclusión II.1), se verifica que el mismo sostuvo que, al momento de construir el presupuesto de probable autoría, el Juez a quo incurrió en una incorrecta valoración de la prueba, concretamente en una valoración omisiva, ya que el Juez tomó en cuenta únicamente el reconocimiento realizado por la testigo Marianela Hinojosa Cruz, apoyándose en dos actas de reconocimiento de personas y de vehículo, sin considerar otros elementos probatorios relevantes presentados en audiencia; entre las pruebas omitidas, se destaca el informe de 21 de marzo de 2023, elaborado por el investigador asignado al caso, en el que se adjuntó la declaración de la mencionada testigo, la cual describe al presunto autor como una persona de tez blanca y contextura gruesa, características contrarias a las de su defendido -ahora peticionante de tutela- quien es de tez morena; asimismo, señala que el vehículo reconocido por la indicada testigo tenía una placa que empezaba con los números 17, mientras que el vehículo de su defendido tenía la placa 1199-NXP, lo que genera una duda razonable sobre la autoría que no fue analizada por el Juez a quo. Además el Ministerio Público solicitó información al SEGIP sobre otros posibles autores, Michael Puna Rojas y Félix Luis Cadima Mejía, elementos que también fueron omitidos en la valoración judicial, pese a encontrase dentro de la prueba presentada por el Fiscal de materia; por último, se observa que en el Auto Interlocutorio de 28 de marzo de 2023, el Juez concluye que existen indicios suficientes para considerar a Darwin Quinteros Verduguez -ahora accionante- como probable autor del delito de robo agravado previsto en el art. 332 del CP, sin precisar cuál o cuáles numerales de dicho artículo serían aplicables. Esta omisión constituye, una vulneración al debido proceso, específicamente al deber de la debida motivación y fundamentación, por lo que, ante la deficiente construcción del elemento de autoría, correspondía disponer la libertad pura y simple del imputado.

En respuesta, el Vocal ahora demandado, a través del Auto de Vista de 6 de abril de 2023, en cuanto al primer agravio sobre el presupuesto de probable autoría, señaló que, el Ministerio Público sostuvo que la probabilidad de autoría no se fundamenta únicamente en el reconocimiento personal o parcial del acusado -ahora impetrante de tutela-, sino también en las declaraciones informativa; es decir, la probabilidad de autoría no está únicamente basada en lo que la parte apelante sostuvo. En ese entendido, se verifica que el Vocal ahora demandado justificó el primer agravio planteado por el acusado -ahora demandante de tutela-, señalando que el presupuesto de probable autoría y participación no se fundaría únicamente en el acta de declaración informativa del imputado -ahora solicitante de tutela-, que se abstuvo de declarar, sino que el mismo se acredita con las declaraciones informativas y otros elementos de prueba valorados en conjunto; sin embargo, se advierte que no identificó cuáles serían aquellos elementos de prueba que fueron valorados en conjunto fuera de las declaraciones informativas mencionadas; en ese sentido, es preciso señalar que la consideración del primer requisito, previsto por el art. 233.1 del CPP, debe responder a la existencia de evidencia física y material, que genere un mínimo de credibilidad, que permita al Juez o Tribunal inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga; lo cual, impide que la autoridad judicial funde su determinación en conjeturas o presunciones, pues deben existir indicios suficientes que permitan suponer razonablemente que el imputado participó en el ilícito que se investiga. Al respecto, conforme al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, se dejó claramente establecido que un fallo debe observar el principio de congruencia, entendiendo al mismo como a la correspondencia que debe existir entre lo peticionado, lo resuelto y la concordancia del fallo en todas sus partes; es decir, la existencia de un hilo conductor de principio a fin; por ello, se evidencia que el Vocal ahora demandado no resolvió el primer agravio planteado por el apelante -ahora accionante-, pues no se pronunció sobre la incorrecta valoración de la prueba realizada por el Juez a quo, referida concretamente a una valoración omisiva de las mismas, de las cuales, el apelante -ahora impetrante de tutela-, destacó el informe de 21 de marzo de 2023 elaborado por el investigador asignado al caso (en el que se adjuntó la declaración de la testigo Marianela Hinojosa Cruz, la cual describe al presunto autor como una persona de tez blanca y contextura gruesa, características contrarias a las del ahora demandante de tutela- quien es de tez morena, y que el vehículo reconocido por la misma testigo tenía una placa que empezaba con los números 17, mientras que el vehículo de su defendido tenía la placa 1199-NXP; tampoco, el informe del SEGIP sobre otros posibles autores, Michael Puna Rojas y Félix Luis Cadima Mejía -elementos que también fueron omitidos en la valoración judicial-; y por último, no precisó a cuál de los numerales del art. 332 del CP enmarcó su acción ni de qué forma concurría la agravante imputada por el Ministerio Público, situación que debió ser considerada, dado que la calificación del hecho permite determinar la procedencia o improcedencia de la detención preventiva (art. 232.6 del CPP). En consecuencia, se verifica que el Vocal ahora demandado no realizó el análisis del primer agravio planteado en el recurso de apelación incidental por parte del ahora solicitante de tutela, en cuanto a la denuncia de incorrecta valoración de la prueba realizada por el Juez a quo, referida concretamente a una valoración omisiva de las mismas, precisando las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión, expresando fundadamente los motivos por los que considera que efectivamente se acredita el presupuesto de probabilidad de autoría o participación, conforme a los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.1.1 del presente fallo constitucional, por lo que se verifica la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de motivación y congruencia; en consecuencia, respecto al presente motivo de vulneración planteado por el ahora accionante, corresponde conceder la tutela solicitada. ii) En cuanto al análisis del peligro de fuga previsto por el art. 234.1 del CPP, referido al elemento trabajo, identificado como segundo agravio:

Al respecto, el ahora peticionante de tutela señaló que el Vocal ahora demandado incurrió en incongruencia externa al omitir pronunciarse sobre los fundamentos planteados en el recurso de apelación incidental, en el que denunció que se exigió al imputado -ahora accionante-acreditar una actividad lícita mediante información precisa y no genérica, identificando calles y horarios de trabajo, lo cual vulnera el principio de legalidad conforme el último párrafo del art. 234 del CPP; situación que, pone de manifiesto la vulneración de las reglas de la sana crítica, del “no contradictorio” -principio de no contradicción-, logicidad y equidad, al no haberse valorado de forma integral el informe referido a los arraigos naturales del imputado -ahora accionante- (domicilio, trabajo y familia) correspondiente al otro proceso a cargo de Edson Marcelo Requiz Céspedes -Fiscal de Materia-, así como la resolución de imputación formal presentada por el Fiscal de Materia Juan Carlos Aguilar Chambi; lo cual evidencia que, el Vocal ahora demandado tergiversó el agravio formulado por el imputado -ahora impetrante de tutela- entendiendo de forma arbitraria que, el agravio planteado versaría sobre una inadecuada fundamentación y motivación de la resolución, cuando los aspectos reclamados fueron totalmente diferentes.

Al respecto, en relación al segundo agravio expresado por el apelante -ahora demandante de tutela-, de la revisión de antecedentes que cursan en el legajo constitucional (Conclusión II.1), se verifica que este sostuvo que, se ha vulnerado el principio de legalidad, previsto por la Constitución Política del Estado y por el Código Procesal Penal, al exigir al imputado acreditar extremos que correspondían al Ministerio Público; en ese entendido, señaló que conforme los arts. 231 Bis y 234 del CPP, la carga de la prueba para demostrar el peligro de fuga u obstaculización recae en la parte acusadora, y no en el imputado; sin embargo, el Juez a quo habría invertido esa carga al exigir que el procesado demuestre con información precisa su fuente laboral, cuando dicha información debió ser recabada por el Fiscal de Materia durante la toma de la declaración informativa; en ese sentido, el Juez de la causa señaló que los datos proporcionados por el imputado -ahora solicitante de tutela- sobre su trabajo en la carnicería de “Don Edir” Montaño son genéricos y exigió precisiones adicionales como ubicación, horarios y características del lugar, lo cual constituye una exigencia indebida contraria a lo previsto por la ley; dicha actuación, representa una afectación directa al principio de legalidad y al derecho al debido proceso, al imponerle al imputado una carga probatoria que no le corresponde. Asimismo, señaló que el Juez a quo realizó una valoración errónea y parcial de la prueba, en vulneración de las reglas de la sana crítica, especialmente las de contradicción, logicidad y equidad, debido a que el Ministerio Público presentó un informe policial afirmando que el imputado no tenía domicilio, pero que existía otro informe de 26 de marzo de 2023, del mismo investigador en otro proceso penal, donde se acreditó domicilio y trabajo adjuntando un certificado firmado por “Don Edir Montaño”, que confirmaba su ocupación como faenador en la carnicería; en ese entendido, el Juez de la causa omitió valorar integralmente la prueba, ya que ni con ese informe se tuvo por acreditado el domicilio, trabajo y que existía un entorno familiar; por ello, al valorar de manera contradictoria un mismo elemento de prueba, el Juez a quo incurrió en una vulneración a las reglas de la sana crítica y el principio de favorabilidad al emitir el Auto Interlocutorio de 28 de marzo de 2023. En respuesta, el Vocal ahora demandado, a través del Auto de Vista de 6 de abril de 2023, en cuanto al peligro de fuga previstos por el art. 234.1 -en su elemento trabajo- del citado Código, señaló que, en un caso se tomó en cuenta la certificación de un proceso anterior y para el proceso penal de referencia no se tomó en cuenta dicha certificación en cuanto al elemento arraigador de trabajo; en ese sentido, es posible tomar en cuenta un elemento probatorio -informe- proveniente de otro proceso anterior; sin embargo, en el presente caso el delito investigado difiere del anterior, en ese entendido, el elemento trabajo debe acreditarse con una actividad lícita que demuestre el arraigo del procesado -ahora peticionante de tutela-. Asimismo, señala que la jurisprudencia constitucional estableció que en el caso de trabajadores por cuenta propia no es necesario presentar un contrato o certificación de ninguna naturaleza para acreditar el elemento arraigador -trabajo-, sino que es la propia actividad de subsistencia la que determina dicha situación; no obstante, el imputado -ahora accionante- presentó dos certificados, uno que acredita su labor como matarife o faneador de una carnicería, y otro que lo identifica como conductor de un vehículo dentro de una empresa de radio taxi; sin embargo, no demostró la existencia de esa empresa y la dirección de la carnicería mediante una certificación. En ese contexto, la labor del Vocal ahora demandado se circunscribe únicamente a verificar si los riesgos procesales están sustentados y construidos en relación al agravio expuesto en apelación; en ese sentido, no se efectuó una adecuada motivación y fundamentación, la cual no necesariamente debe ser ampulosa o llena de citas legales, sino que debe ser lo más clara posible para explicar las razones que sustentan la decisión judicial adoptada. Ahora bien, del análisis del segundo agravio planteado por el apelante -ahora impetrante de tutela- y lo resuelto por el Vocal ahora demandado mediante Auto de Vista de 6 de abril de 2023, se evidencia que el apelante denunció la vulneración del principio de legalidad en relación a los arts. 231 Bis y 234 del CPP, al haberse invertido indebidamente la carga de la prueba, ya que corresponde al Ministerio Público acreditar el peligro de fuga u obstaculización, y no al imputado -ahora impetrante de tutela-, a quien el Juez a quo exigió precisar su fuente laboral indicado la ubicación, horarios y características del lugar, requisitos que no le correspondía demostrar y que debieron ser verificados por el Fiscal de Materia durante la toma de su declaración informativa; asimismo, señaló que el Juez de la causa omitió valorar integralmente la prueba al no considerar el informe de 26 de marzo de 2023, elaborado por el investigador asignado al caso en otro proceso penal, donde se acreditó domicilio y trabajo del imputado, adjuntando un certificado firmado por “Don Edil Montaño” que confirmaba su ocupación como faenador en la carnicería. Por su parte, el Vocal ahora demandado, en el citado Auto de Vista -de 6 de abril de 2023- señaló que si bien es posible valorar un elemento probatorio proveniente de otro proceso, en el proceso penal de referencia el delito investigado es distinto, por lo que el elemento trabajo debía acreditarse mediante una actividad lícita que evidencie el arraigo del procesado -ahora solicitante de tutela-; de igual forma, indicó que el imputado -ahora accionante-presentó dos certificados, uno que acredita su labor como matarife o faneador de una carnicería, y otro como conductor de radiotaxi; sin embargo, no demostró la existencia del radiotaxi ni la dirección de la carnicería mediante documentación de respaldo, concluyendo que no se realizó una motivación y fundamentación adecuada, la cual debió ser clara y suficiente para justificar la decisión judicial adoptada por el Juez a quo, cuando dichos elementos del debido proceso no fueron reclamados en el segundo agravio del recurso de apelación incidental planteado por el procesado -ahora peticionante de tutela-. En ese contexto, toda resolución judicial debe observar el principio de congruencia, entendido como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado, lo resuelto y la concordancia del fallo en todas sus partes; es decir, la existencia de un hilo conductor de principio a fin; sin embargo, se evidencia que el Vocal ahora demandado no resolvió el segundo agravio planteado por el apelante -impetrante de tutela-, pues, si bien señaló que es posible tomar en cuenta un elemento probatorio -informe- proveniente de otro proceso cuando el delito investigado no difiere, para acreditar trabajo como elemento del peligro de fuga previsto por el art. 234.1 del CPP, omitió pronunciarse sobre la presunta vulneración del principio de legalidad, en relación a los arts. 231 Bis y 234 del CPP, por la indebida inversión de la carga de la prueba, ya que el Juez de la causa exigió al imputado -demandante de tutela- precisar su fuente laboral, cuando dichos extremos debieron ser verificados por el Fiscal de Materia durante la toma de su declaración informativa, concluyendo erróneamente que el Juez a quo no realizó una motivación y fundamentación adecuada, cuando tales elementos del debido proceso no fueron objeto de reclamo en el recurso de apelación interpuesto por el ahora peticionante de tutela. En consecuencia, se verifica que el Vocal ahora demandado no consideró correctamente el segundo agravio formulado en el recurso de apelación incidental, emitiendo el Auto de Vista de 6 de abril de 2023, de forma incongruente y apartándose del entendimiento establecido en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.1.1 del presente fallo constitucional; por ello, se verifica la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de congruencia, por lo que respecto al presente motivo de vulneración planteado por el ahora accionante, corresponde conceder la tutela solicitada.

iii) En cuanto a la vulneración del principio de legalidad establecido en el último párrafo del art. 235 ter. del CPP respecto al test de proporcionalidad y razonabilidad:

Al respecto, el ahora impetrante de tutela señaló que el Vocal ahora demandado, vulneró el principio de legalidad, en cuanto a lo establecido en el último párrafo del art. 235 ter. del CPP, respecto al test de proporcionalidad y razonabilidad; sin embargo, se advierte que no explicó de manera precisa en qué medida ni de qué forma se hubieran vulnerado los mencionados principios, por lo que corresponde denegar la tutela solicitada al respecto. En consecuencia, el Juez de garantías al conceder la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 03/2023 de 19 de abril, cursante de fs. 21 a 29, pronunciada por el Juez Público de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Colcapirhua del departamento de Cochabamba; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada por el demandante de tutela, por la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de motivación y congruencia, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías y conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela impetrada respecto al derecho al debido proceso en su elemento de valoración razonable de la prueba, así como los principios de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad, conforme a lo desarrollado en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El Cuarto Considerando, indica: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. …consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”.

11 El párrafo 118, señala: “Por otro lado, la Corte destaca que la motivación de la decisión judicial es condición de posibilidad para garantizar el derecho de defensa. En efecto, la argumentación ofrecida por el juez debe mostrar claramente que han sido debidamente tomados en cuenta los argumentos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado rigurosamente, más aún en ámbitos en los que se comprometen derechos tan importantes como la libertad del procesado. Ello no ocurrió en el presente caso. La falta de motivación en las decisiones de la Jueza impidió que la defensa conociera las razones por la cuales las víctimas permanecían privadas de su libertad y dificultó su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr la liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante”.

12 El párrafo 107, indica: “El Tribunal recalca que son las autoridades nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no del mantenimiento de las medidas cautelares que emiten conforme a su propio ordenamiento. Al realizar esta tarea, las autoridades nacionales deben ofrecer la fundamentación suficiente que permita a los interesados conocer los motivos por los cuales se mantiene la restricción de la libertad (…)”. Del mismo modo, el párrafo 117, subraya: “De igual forma, ante cada solicitud de liberación del detenido, el juez tiene que motivar aunque sea en forma mínima las razones por las que considera que la prisión preventiva debe mantenerse (…)”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1128_2025-S1.pdf · páginas 1 a 34.

Huella digital del PDF (SHA-256): eb58abda1c2603e3ad940e504e524fcceb04424d067ccf5b5509476e27849c01

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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