Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 20 de septiembre de 2023
Concede la tutela
La impetrante de tutela, denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa y al debido proceso en sus elementos derecho de acceso a la justicia, a la impugnación, legalidad y tutela judicial efectiva; toda vez que los Vocales demandados en audiencia de consideración de la apelación incidental que presentó en relación al Auto Interlocutorio que declara infundada la excepción formuló; mediante Auto de Vista 08/2022 11 de enero, dispusieron la inadmisibilidad del recurso sin tomar en cuenta que fue interpuesto oportunamente en la misma audiencia en que se emitió la Resolución apelada y que los agravios los puede fundamentar en alzada; por lo que solicita se deje sin efecto el Auto de Vista referido y se ordene a las autoridades demandadas emitan nueva resolución, observando los derechos y garantías constitucionales, declarando admisible su recurso. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: a) El derecho a recurrir y el sistema de recursos en el derecho procesal penal boliviano: la apelación incidental; a.1) El recurso de apelación incidental; b) La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante; y, c) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 102/2022 de 23 de agosto, cursante de fs. 117 a 120 vta. pronunciada por los Vocales de la Sala Constitucional Primera del departamento de Chuquisaca; y, en consecuencia: CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y en los mismos términos dispositivos que la referida Sala.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1128/2023-S1 Sucre, 20 de septiembre de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 49546-2022-100-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 102/2022 de 23 de agosto, cursante de fs. 117 a 120 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Andrea Rose Mary Estrada Vedia contra Jaime René Conde Andrade e Iván Sandoval Fuentes, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.
Por memoriales presentados el 11 y 18 de julio de 2022, cursantes de fs. 53 a 57 y de 61 a 62 vta., respectivamente; la accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
En el proceso penal que el Ministerio Público lleva en su contra por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes agravado y conducta antieconómica, emergente de la suscripción de la minuta del contrato de ejecución del Centro Internacional de Convenciones y Culturas “D.A.G.I” 264/208 de 30 de diciembre de 2008; presentó una excepción de extinción de la acción penal por prescripción el 28 de junio de 2021, es decir, puesto que transcurrieron doce años hasta el planteamiento de la excepción.
Durante la audiencia de 22 de septiembre de 2021 el Juez de Instrucción Anticorrupción y Lucha Contra la Violencia Hacia La Mujer Primero de la Capital, desestimó la excepción mediante un Auto Interlocutorio. Consecuentemente, se interpuso un recurso de apelación incidental, reservando el derecho de argumentar los agravios en segunda instancia.
La apelación fue remitida por sorteo a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, cuyos Vocales ahora demandados señalaron audiencia de apelación incidental para el 11 de enero de 2022, audiencia en la cual mediante Auto de Vista 08/2022 rechazaron el recurso por inadmisible, con el argumento de que se debió interponer y fundamentar la apelación en la misma audiencia en que se emitió la Resolución impugnada.
Finalmente, indica que la interpretación errónea del art. 404 del Código de Procedimiento Penal (CPP) por parte de las autoridades demandadas ha vulnerado su derecho al debido proceso y a la defensa, impidiéndole exponer los fundamentos de su impugnación.
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la defensa y al debido proceso en sus elementos derecho de acceso a la justicia, a la impugnación, legalidad y tutela judicial efectiva; citando al efecto los arts. 60 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se le conceda la tutela; y, en consecuencia, se deje sin efecto el Auto de Vista 08/2022 de 11 de enero y se ordene a las autoridades demandadas emitan nuevo Auto de Vista observando los derechos y garantías constitucionales declarando admisible su recurso de apelación incidental.
Efectuada la audiencia pública desarrollada el 18 y 23 de agosto de 2022, según actas cursantes de fs. 92 a 113 vta. y de 115 a 116 vta., respectivamente, se produjeron los siguientes actuados:
El abogado de la accionante, en audiencia, procedió a ratificar el tenor de la demanda tutelar y ampliando los fundamentos señaló que el art. 404 del CPP, establece que cuando la resolución se dicta en audiencia se interpondrá el recurso inmediatamente y eso es lo que se ha efectuado en forma oral ante la autoridad que dictó el fallo apelado, y el mismo artículo señala que en los demás casos la apelación se interpondrá por escrito y aquí viene estos términos debidamente fundamentada dentro de los tres días de notificada la resolución, entonces existen dos maneras de interponer el recurso de apelación uno de forma oral que no exige de manera taxativa la fundamentación al momento de su interposición y en la segunda que sí se requiere.
A las aclaraciones solicitadas por los Vocales constitucionales refirió que no existe diferencia en la tramitación de la apelación incidental de las medidas cautelares y de los incidentes, ya que no se puede actuar con rigorismo jurídico, sino que se debe interpretar la norma bajo el principio de favorabilidad y pro homine.
Iván Sandoval Fuentes y Jaime René Conde Andrade, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, no presentaron informe escrito y tampoco se hicieron presentes en la audiencia de consideración de la presente acción de amparo constitucional pese a sus legales notificaciones realizadas 26 de julio y 1 de agosto de 2022, respectivamente, conforme se encuentra cursante a fs. 68 y 69.
Mary Jhoanna Acuña Aníbarro, Gerente Departamental de Chuquisaca de la Contraloría General del Estado, citada como tercero interesado, mediante informe escrito presentado el 16 de agosto de 2022, cursante a fs. 78 a 79 vta., señaló que no es suficiente el planteamiento de la apelación en plazo, si no que debe estar debidamente fundamentada. En la audiencia de acción de amparo constitucional se ratificó el informe escrito presentado. Álvaro Mauricio Nava Morales Carrasco, Fiscal Departamental citado como tercero interesado, mediante informe escrito presentado el 18 de agosto de 2022, cursante a fs. 80 a 82 vta. refiere: a) Respecto a la supuesta vulneración del debido proceso debe tomarse en cuenta que la reserva de fundamentación no está prevista en el marco normativo y que no se ha vulnerado el derecho a recurrir, ya que el derecho se ejerce de acuerdo a lo previsto en la norma; b) Respecto a la supuesta afectación del derecho a la defensa y acceso a la justicia; señala que el derecho a la defensa técnica y material se debe ejercer de acuerdo a las exigencias procesales determinadas por la ley; y, c) Respecto a la supuesta afectación al derecho a recurrir y a la tutela judicial efectiva, no se advierte argumentos claros que evidencien lesión y no se ha justificado la pertinencia de la concesión de tutela; concluye solicitando se deniegue la tutela. Zulma Mariela Duran Sandoval, Directora Departamental de Chuquisaca; y, Aideé Martínez Cuba, Profesional Abogada; ambas funcionarias de la Procuraduría General del Estado por informe escrito presentado el 17 de agosto de 2022, cursante a fs. 85 a 87 vta., solicitan denegar la tutela o declarar la improcedencia de la misma, debido a que en la audiencia una vez que el abogado refiere que hace uso del recurso de apelación, el Juez cautelar advertido de la omisión en la que incurría la defensa, le consulta específicamente si va plantear agravios y la defensa refiere que en alzada, por lo que renunció voluntariamente a efectuar esa expresión de agravios, situación que fue debidamente verificada por los Vocales. En la audiencia de acción de amparo constitucional agregaron que las apelaciones incidentales deben ser debidamente fundamentadas a efectos de que también las partes puedan asumir defensa del mismo en alzada y que además no existe contradicción entre lo establecido en el art. 396.3 y 404 del CPP. Posteriormente respondiendo a las aclaraciones solicitadas por los Vocales constitucionales las abogadas de la procuraduría refirieron que un razonamiento contrario al de los Vocales lesionaría sus derechos porque irían a la apelación sin conocer los fundamentos. Cristian Pablo Mina Aguilar, abogado apoderado del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca; en audiencia refirió que emergente de los hechos objeto del proceso, existe una multa por cobrar de más de catorce millones de bolivianos equivalentes a 132 días de retraso en la entrega del cumplimiento del contrato de ejecución del centro internacional de convención y cultura por lo cual conforme al art. 112 de la CPE, se considera imprescriptible lo que está ampliamente reforzado por la Ley de Fortalecimiento para la Lucha Contra la Corrupción -Ley 1390 de 27 de agosto de 2021-. A las aclaraciones solicitadas por los Vocales constitucionales el abogado apoderado del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, señaló que en la teoría de la defensa los hechos acontecieron el 2008, pero el incumplimiento del contrato aconteció más allá del 2009, por ello es aplicable la imprescriptibilidad al estar vigente entonces la actual Constitución Política del Estado.
Los Vocales de la Sala Constitucional Primera del departamento de Chuquisaca con el voto disidente del Vocal Gonzalo Flores Céspedes; mediante Resolución 102/2022 de 23 de agosto, cursante de fs. 117 a 120 vta.; conceden la tutela, dejan sin efecto el Auto de Vista 08/2022 de 11 de enero y disponen que las autoridades demandadas impriman el trámite establecido en el art. 406 del Código de Procedimiento Penal (CPP) conforme los fundamentos que expusieron.
Decisión asumida bajo los siguientes fundamentos: 1) Conforme lo establecido las SSCCPP 0015/2021-S3 y 935/2021-S2 acorde a lo establecido en art. 404 del CPP modificado Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, es posible la formulación del la apelación de forma oral en audiencia, luego de ser dictaminada la misma, fundamentación que será desarrollada posteriormente en alzada; 2) Si bien el art. 396.3 del CPP modificado por la Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente, -Ley 1443 4 de julio de 2022- establece que “Los recursos se interpondrán, en las condiciones de tiempo y forma que se determina en este Código, con indicación especifica de los aspectos cuestionados en la resolución”, pero estas normas se constituyen en reglas generales del derecho a recurrir y deben ser entendidas de manera sistemática con los diferentes tipos de recursos previstos, el caso, conforme el art. 404 del adjetivo penal, por lo que cuando la resolución se dicta en audiencia el recurso se interpondrá inmediatamente de forma oral ante el juez o tribunal que la dictó, debiendo constar en dicho actuado procesal de forma expresa su interposición y la fundamentación será desarrollada posteriormente en alzada; 3) No existe ninguna norma jurídica que exprese que los agravios deben fundamentarse ante el juez cuando se plantea la apelación de forma oral y además no condice con los principios de oralidad, inmediación, contradicción y concentración; y, 4) La inadmisibilidad dispuesta por las autoridades demandadas contraviene lo expresado en el art. 8 la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y 180 de la CPE.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta acta de audiencia de consideración de excepciones e incidentes de 22 de septiembre de 2021, desarrollada dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público y otros contra Andrea Rose Mary Estrada Vedia -accionante-; en el cual el Juez de Instrucción Anticorrupción y Lucha Contra la Violencia Hacia La Mujer Primero de la Capital, mediante Auto Interlocutorio de la misma fecha declaró infundada la excepción de prescripción de la acción penal planteada por la imputada, seguidamente la defensa interpuso apelación incidental y se reserva el derecho de fundamentar en alzada (fs. 45 a 48). II.2. Cursa acta de audiencia de apelación incidental de 11 de enero de 2022, desarrollada en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, en la cual los Vocales demandados mediante Auto de Vista 08/2022 de la misma fecha, rechazaron por inadmisible el recurso de apelación formulado por la imputada (fs. 49 a 52 vta.)
La impetrante de tutela, denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa y al debido proceso en sus elementos derecho de acceso a la justicia, a la impugnación, legalidad y tutela judicial efectiva; toda vez que los Vocales demandados en audiencia de consideración de la apelación incidental que presentó en relación al Auto Interlocutorio que declara infundada la excepción formuló; mediante Auto de Vista 08/2022 11 de enero, dispusieron la inadmisibilidad del recurso sin tomar en cuenta que fue interpuesto oportunamente en la misma audiencia en que se emitió la Resolución apelada y que los agravios los puede fundamentar en alzada; por lo que solicita se deje sin efecto el Auto de Vista referido y se ordene a las autoridades demandadas emitan nueva resolución, observando los derechos y garantías constitucionales, declarando admisible su recurso. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: a) El derecho a recurrir y el sistema de recursos en el derecho procesal penal boliviano: la apelación incidental; a.1) El recurso de apelación incidental; b) La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante; y, c) Análisis del caso concreto.
Respecto al derecho a recurrir y el sistema de recursos en el derecho procesal penal boliviano, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0064/2018-S2 de 15 de marzo asumió en siguiente entendimiento:
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el art. 8.2 inc. h), respecto a las garantías judiciales, dispone que toda persona tiene el derecho de recurrir del fallo ante el juez o tribunal superior. Nuestra Constitución Política del Estado instauró también el derecho a recurrir como parte de la garantía del debido proceso y como principio de la jurisdicción ordinaria en su art. 180.II, que sostiene: “Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales”. Cabe señalar que tanto el derecho a la defensa como el derecho a recurrir efectivamente son derechos fundamentales; en ese sentido, el derecho a la defensa es una garantía universal, general y permanente que constituye un presupuesto para la realización de la justicia como valor superior del ordenamiento jurídico, el ejercicio del mismo surge para el imputado, desde el momento que tiene conocimiento que existe un proceso en su contra -art. 5 del CPP- y culminará cuando finalice el proceso con la dictación de una sentencia que adquiera la calidad de cosa juzgada. Este derecho se debe ejercer de manera oportuna y por los cauces señalados en la ley. De ese modo, las facultades de las partes y las del Órgano Judicial en el proceso, están reguladas por ley, evitando de ese modo el abuso y la arbitrariedad, imponiendo comportamientos adecuados. Al legislador, conforme a la atribución de la competencia constitucional, le corresponde regular los procedimientos judiciales. En ejercicio de esa facultad, define las ritualidades de cada juicio, la competencia para su conocimiento, los recursos, los plazos, el régimen probatorio etc., pero para diseñar los diversos procesos judiciales, el derecho a la defensa debe encontrarse garantizado a lo largo de todas y cada una de las etapas que conforman el proceso penal. La importancia del derecho a la defensa, en el contexto de las garantías procesales radica en que, con su ejercicio se busca impedir la arbitrariedad y evitar una condena injusta, mediante la búsqueda de la verdad, con la activa participación de quien puede ser afectado por las decisiones que se adopten sobre la base de los actuados; en el contexto de los procesos penales, el derecho de impugnación es relevante, adquiriendo preeminencia esencial el derecho a impugnar; por lo que, el Estado tiene la obligación de garantizar su efectividad, asegurándose que la oportunidad para impugnar sea real, tanto normativa como empíricamente.
Nuestra norma procesal penal, en su Libro Tercero, desarrolla lo referido a los recursos, que son los medios establecidos por la ley, que permiten a las partes solicitar al mismo tribunal o al superior, la revisión total o parcial de lo determinado. Los recursos previstos por dicha norma son, el recurso de reposición, de apelación incidental, de apelación restringida, de casación y el de revisión; su interposición está limitada por la previsión contenida en el art. 394 del CPP, que establece:
Las resoluciones judiciales serán recurribles en los casos expresamente establecidos por este Código.
El derecho de recurrir corresponderá a quien le sea expresamente permitido por ley, incluida la víctima, aunque no se hubiere constituido en querellante. Esta disposición legal determina dos limitaciones generales a la interposición de recursos en materia penal, una objetiva y otra subjetiva. Por la primera, no todas las resoluciones son recurribles, sino aquellas en los casos expresamente establecidos. Por la segunda, el derecho a recurrir corresponderá a quien le sea expresamente permitido por ley, incluida la víctima, aunque no se hubiera constituido en querellante.
En relación a la apelación incidental, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0344/2021-S1 de 18 de agosto, asumió el siguiente razonamiento:
La apelación incidental, se concibe como un recurso para resolver incidentes, por ello, tienen un trámite sumario, pronto y efectivo, lo que conlleva a que interpuesto y admitido este recurso, se abra la competencia del Tribunal de alzada únicamente para la revisión sobre cuestiones que hubieran sido resueltas por la autoridad judicial a quo. En ese ámbito, es el Código de Procedimiento Penal que en sus arts. 403 al 406, regula la apelación incidental, inicialmente en el art. 403 se establece un catálogo de las resoluciones apelables y en el art. 404 se determina la oportunidad y forma de interposición del recurso de la siguiente manera:
Artículo 404. (Interposición). Cuando la resolución se dicte en audiencia, el recurso se interpondrá inmediatamente de forma oral ante la jueza, el juez o tribunal que la dictó. En los demás casos, la apelación se interpondrá por escrito, debidamente fundamentada, dentro de los tres (3) días de notificada la resolución al recurrente. Cuando el recurrente intente producir prueba en segunda instancia, la ofrecerá en audiencia de fundamentación ante el tribunal de apelación o por escrito cuando corresponda, señalando concretamente el agravio que pretende probar (negrillas añadidas).
En la interpretación de esta norma se debe tener presente que el derecho a recurrir admite el disenso con los fallos y permite a una autoridad de jerarquía superior evaluar, revisar, compulsar y en definitiva corregir los defectos existentes en la decisión pronunciada por la autoridad competente de menor jerarquía, con el fin de garantizar un acceso irrestricto a la justicia. De la lectura del artículo referido podemos advertir que la norma genera dos supuestos en la impugnación: a) Cuando la resolución se dicta en audiencia, el recurso se interpondrá inmediatamente de forma oral, lo que implica que por esa inmediatez el recurso debe interponerse en el misma audiencia, y debe existir una continuidad entre la emisión del fallo y la interposición del recurso debido a que las partes son notificadas con la propia emisión de la resolución; entendiendo que en este supuesto predomina la oralidad e inmediación, la fundamentación la podrá realizar en la audiencia de apelación incidental en la cual incluso podrá ofrecer prueba; y, b) En los demás casos, la apelación se interpondrá por escrito, debidamente fundamentada, dentro de los tres días de notificada la resolución al recurrente; se trata de un trámite distinto en el que se requiere que el planteamiento de la apelación sea debidamente fundamentado. La interpretación descrita, no es una interpretación aislada, sino que ha sido asumida por todas las Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional así podemos hacer referencia a la SCP 0935/2021-S2 de 3 de diciembre, SCP 1184/2022-S3 de 15 de septiembre y SCP 0494/2022-S4 de 6 de junio. El art. 405 del CPP modificado por la Ley 1173 establece cuál la labor del Juez para remitir el expediente al Tribunal superior y señala:
Artículo 405. (Remisión). La jueza, el juez o tribunal remitirá las actuaciones al Tribunal Departamental de Justicia dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes para que éste resuelva. Observando siempre que el derecho a recurrir, persigue la finalidad de permitir que las resoluciones pronunciadas por el inferior sean revisadas por una autoridad de superior jerarquía al que la emitió, así como proteger el derecho a la defensa, el juez o tribunal que emitió la resolución apelada, tiene la obligación de remitir las actuaciones ante el Tribunal de alzada en el plazo de 24 horas, no pudiendo pronunciarse sobre la admisibilidad o no del recurso.
El art. 406 de CPP, establece el trámite que se debe seguir por el tribunal de apelación:
Artículo 406. (Trámite). Recibidas las actuaciones, la Sala Penal a través de la Oficina Gestora de Procesos, señalará día y hora de audiencia y notificará a las partes dentro del plazo de veinticuatro (24) horas con el señalamiento de audiencia y, cuando corresponda, el recurso presentado por escrito. La audiencia de apelación se llevará a cabo dentro del plazo de cinco (5) días, y se desarrollará conforme a los principios y reglas previstas en el Artículo 113 del presente Código. Esta normativa ratifica la interpretación efectuada ut supra del art. 404 del CPP al indicar que una vez recibidas las actuaciones, la Sala Penal señalará día y hora de audiencia y notificará a las partes dentro del plazo de (24) horas con el señalamiento de audiencia y, cuando corresponda, el recurso presentado por escrito; es decir de forma literal reconoce los dos supuestos o formas de presentación del recurso de apelación incidental y sus diferencias entre ambos.
La Sentencia Constitucional Plurinacional SCP 0037/2018-S2 de 6 de marzo que sistematizó la jurisprudencia vinculante al principio de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante señala:
La SC 0650/2004-R de 4 de mayo, cuyo entendimiento fue confirmado por las SSCC 0245/2007-R de 10 de abril y 0478/2011-R de 18 de abril; y, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0872/2016-S1 de 20 de septiembre y 0989/2017-S2 de 25 de septiembre, entre otras, establece que:“…el funcionario recurrido, una vez citado legalmente con el recurso no comparece a la audiencia del hábeas corpus [ahora acción de libertad] y no presenta informe alguno, por lo mismo, no niega ni desvirtúa las denuncias formuladas por el recurrente; en ese caso, el silencio del recurrido será considerado como confesión de haber cometido el hecho ilegal o indebido denunciado en el recurso” (las negrillas son nuestras). Asimismo, la SC 0785/2010-R de 2 de agosto, reiterada por la SC 0038/2011-R de 7 de febrero; y, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0320/2016-S3 de 3 de marzo y 1054/2017-S1 de 11 de septiembre, entre otras, señala que: “…se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante su legal notificación no comparecen a la audiencia ni presten su informe de ley” (las negrillas nos corresponden).
En consecuencia, las autoridades demandadas en una acción de libertad, tienen la carga de la prueba y se hallan constreñidas a desvirtuar la lesión o amenaza de lesión del derecho, que se les atribuye, siempre que la denuncia haya sido puesta a su conocimiento y de acuerdo a las formalidades previstas por Ley, en su defecto se tendrían por probados los hechos consignados en la denuncia.
La accionante alega la lesión de sus derechos a la defensa y al debido proceso en sus elementos derecho de acceso a la justicia, a la impugnación, legalidad y tutela judicial efectiva; ya que los Vocales demandados en audiencia de consideración de la apelación incidental que presentó; mediante Auto de Vista 08/2022 11 de enero, dispusieron la inadmisibilidad del recurso sin tomar en cuenta que fue interpuesto oportunamente en la misma audiencia en que se emitió la Resolución apelada y que los agravios los puede fundamentar en alzada.
Con carácter previo al análisis de fondo de lo impetrado, corresponde precisar que conforme al Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, al no haber asistido las autoridades demandadas a la audiencia de la acción de amparo constitucional y tampoco haber formulado el informe respectivo, a fin de desvirtuar las denuncias efectuadas por la accionante, a pesar de haber sido legalmente notificados conforme se observa de las diligencias cursantes a fs. 68 y 69 de obrados, corresponde ante dicha omisión aplicar el principio de presunción de veracidad en el análisis de los argumentos presentados por la impetrante de tutela y los antecedentes arrimados.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente y conclusiones del presente fallo constitucional, se advierte que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y otros contra Andrea Rose Mary Estrada Vedia, el 22 de septiembre de 2021 se desarrolló la audiencia de consideración de excepciones e incidentes, el Juez de Instrucción Anticorrupción y Lucha Contra la Violencia Hacia La Mujer Primero de la Capital, mediante Auto Interlocutorio de la misma fecha declara infundada la excepción de prescripción de la acción penal planteada por la imputada –accionante-, seguidamente el abogado de la defensa refiere “…de conformidad al artículo 404 del CPP, vamos hacer el recurso de apelación, reservándonos el derecho a la fundamentación en alzada”, a lo que el Juez refiere “Creo que se tiene distintos entendimientos, por lo que le consulto si va a plantear agravios” y el abogado responde “En alzada Señor Juez”, en ese marco la autoridad jurisdiccional dispone la remisión en alzada conforme al procedimiento dejando constancia que se ha reservado a fundamentar en alzada (Conclusión II.1).
Por sorteo la apelación fue remitida en alzada a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca y en audiencia de 11 de enero de 2022 se desarrolló la audiencia pública de apelación incidental en la cual el abogado de la imputada solicitó suspensión de la audiencia y permiso para compartir un certificado médico en relación a la salud de la ahora accionante; sin embargo los Vocales proceden al juicio de admisibilidad señalando que si dispondrían el ingreso al fondo del asunto, se consideraría la solicitud de suspensión de la apelante; posteriormente se emite el Auto de Vista 08/2022 de 11 de enero, por el cual las autoridades demandadas rechazan por inadmisible el recurso de apelación formulado por la imputada; el fundamento que argumentan es que en la audiencia al momento de haber sido notificadas las partes con la emisión oral del Auto Interlocutorio de 22 de septiembre de 2021, debió formularse la apelación expresando los agravios respecto a la resolución y que la reserva para hacer la fundamentación en alzada no está establecido en el ritual de la materia (Conclusión II.2).
Ahora bien, conforme el entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, tanto el derecho a la defensa como el derecho a recurrir efectivamente son derechos fundamentales por lo que el Estado tiene la obligación de garantizar su efectividad, asegurándose que la oportunidad para impugnar sea real, tanto normativa como empíricamente; es así que el art. 404 del CPP modificado por la Ley 1173 establece dos formas de interposición del indicado recurso: a) Cuando la resolución se dicta de forma oral en audiencia, debe ser interpuesto de forma inmediata en la misma audiencia, en cuyo caso, la fundamentación y ofrecimiento de prueba la podrá realizar en la audiencia de apelación incidental que fijará el tribunal de apelación; y, b) En los demás casos, la apelación se interpondrá por escrito, debidamente fundamentada, dentro de los tres días de notificada la resolución al recurrente.
En el marco de lo descrito, se advierte que las autoridades demandadas no consideraron que el art. 404 del CPP, determina dos modalidades distintas en la interposición de la apelación incidental, siendo que en la primera, rige la oralidad, es decir cuando se dicta la resolución en audiencia, se debe interponer inmediatamente la apelación sin necesidad de fundamentar los agravios, ni de ofrecer la prueba, ya que puede realizarlo directamente en alzada en la audiencia de consideración de la apelación incidental; al no haber actuado los Vocales conforme este entendimiento, han lesionado el derecho a recurrir, a la defensa, al debido proceso y al acceso a la justicia, correspondiendo en consecuencia conceder la tutela impetrada.
Finalmente cabe resaltar que en el presente falló no se ingresó al análisis del fondo de la apelación presentada por la parte accionante, sino que simplemente se analizó el Auto de Vista 08/2022 de 11 de enero denunciado, en torno a la admisibilidad del recurso.
Por todo lo expuesto, los Vocales de la Sala Constitucional Primera del departamento de Chuquisaca, al conceder la tutela, obraron de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 102/2022 de 23 de agosto, cursante de fs. 117 a 120 vta. pronunciada por los Vocales de la Sala Constitucional Primera del departamento de Chuquisaca; y, en consecuencia: CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y en los mismos términos dispositivos que la referida Sala. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1128_2023-S1.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): 6913286b45628e6b01c9f394159dd3ffc3b5a577209da6e5e2a0089c8b53f261
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